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Encuentro en el Parlamento Europeo con Nicolás González Casares sobre la Ley de Medicamentos Críticos y el paquete farmacéutico

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Esta semana tuvimos la oportunidad de participar en un encuentro en el Parlamento Europeo con el eurodiputado Nicolás González Casares, ponente del expediente de la Ley de Medicamentos Críticos (Critical Medicines Act) y uno de los principales impulsores del paquete farmacéutico europeo desde la Comisión ENVI. La sesión fue organizada en el marco de nuestro grupo de trabajo APRI Salud, y reunió a profesionales del ámbito institucional, sanitario e industrial para debatir los próximos pasos legislativos en este campo estratégico.

El encuentro tuvo lugar justo después de que el Consejo de la Unión Europea diera luz verde a su posición común sobre el paquete farmacéutico, desbloqueando así el inicio de las negociaciones interinstitucionales (trílogos) a partir del 17 de junio. Este acuerdo permitirá ahora avanzar en una legislación que necesitaba ser revisada para adaptarse al avance de la ciencia y garantizar la mejor atención sanitaria a los ciudadanos europeos.

El texto acordado por el Consejo establece 8 años de protección de datos regulatorios, en contraste con los 6 años propuestos por la Comisión y los 7,5 años planteados por el Parlamento Europeo. Esta protección va acompañada de un enfoque más flexible para la protección de mercado, condicionado al cumplimiento de requisitos como la atención a necesidades médicas no cubiertas o la realización de ensayos clínicos bien diseñados que se desarrollen con altos estándares científicos e incluyan su implementación en más de un Estado miembro.

Desde el Parlamento, Nicolás González Casares destaca que este acuerdo representa un avance hacia la vinculación de la innovación a los incentivos, y esta orientación queda reflejada en la postura común del Consejo, que se alinea con la del Parlamento en su defensa del apoyo a la investigación desarrollada en Europa, el fortalecimiento del ecosistema científico europeo, y la transferencia de conocimiento desde las universidades y centros de investigación al desarrollo de nuevos medicamentos.

En el centro del debate estuvo la Ley de Medicamentos Críticos, que tiene como objetivo reforzar la autonomía estratégica de la UE en el suministro de fármacos esenciales, diversificar las cadenas de valor y reducir la dependencia de terceros países. González Casares subrayó la necesidad de impulsar proyectos industriales estratégicos que permitan aumentar la capacidad de producción de principios activos farmacéuticos (API) en Europa, así como establecer mecanismos de seguimiento y alerta temprana sobre posibles interrupciones de suministro.

La industria farmacéutica no solo desempeña un papel clave en la salud pública y la innovación biomédica, sino que también actúa como motor de desarrollo para otros sectores industriales estratégicos. Su alta demanda tecnológica y normativa impulsa la modernización de sectores manufactureros como la ingeniería química, la automatización industrial, la producción de materiales avanzados, el envasado inteligente y la logística especializada.

Un aspecto especialmente relevante que se abordó durante la sesión fue el impacto ambiental del ciclo de vida de los medicamentos, una dimensión que la Critical Medicines Act incorpora.

España parte de una posición sólida para integrarse como actor clave en la transformación industrial que impulsa el sector farmacéutico a nivel europeo. Cuenta con un ecosistema que combina centros de excelencia en investigación biomédica, una industria farmacéutica competitiva y exportadora, y un tejido industrial diversificado con capacidad para adaptarse a las exigencias tecnológicas del sector salud.

Para consolidar este posicionamiento, será clave reforzar las sinergias entre la industria, el sistema científico-tecnológico y las políticas públicas, así como asegurar un acceso estable y competitivo a los instrumentos europeos de financiación e inversión estratégica. La estabilidad de la cadena de valor en Europa fue otro de los aspectos que se abordó.

Desde APRI valoramos muy positivamente estos espacios de intercambio directo con legisladores clave, especialmente en expedientes que combinan salud pública, industria, sostenibilidad y financiación europea. Agradecemos a Nicolás González Casares su cercanía y claridad, y al grupo APRI Salud por su compromiso en promover el diálogo entre los responsables políticos y los profesionales del ámbito sanitario e institucional.

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Cuando el diálogo se convierte en un diálogo de sordos

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Una de las situaciones más repetidas —y frustrantes— que he vivido en mi trayectoria en asuntos públicos es participar en reuniones donde, aunque todos los actores estén hablando del mismo tema, nadie parece estar en la misma conversación. Empresas, representantes de la sociedad civil y responsables políticos comparten mesa, pero cada uno llega con su propio marco mental, su urgencia, su lenguaje. Y lo más preocupante es que, muchas veces, no se hace ni el más mínimo esfuerzo por encontrar un punto de encuentro.

La consecuencia es un diálogo de sordos. Un cruce de monólogos donde lo importante se pierde, las oportunidades se diluyen y lo que podría ser el inicio de una solución compartida se convierte en una conversación estéril. Esto sigue ocurriendo a diario, y es una muestra clara de lo mucho que aún nos queda por avanzar en términos de cultura del diálogo.

Falta empatía. No la superficial, la de cortesía, sino la profunda: la que implica entender al otro desde su posición, su contexto y sus necesidades. Esa empatía es la base de cualquier construcción colectiva. Sin ella, el progreso se fragmenta, se ralentiza, o simplemente no llega.

Por eso sigo creyendo firmemente en el papel esencial del profesional de los asuntos públicos. No estamos solo para trasladar mensajes o representar intereses. Nuestra función es conectar mundos distintos, traducir lenguajes, anticipar bloqueos y, sobre todo, crear las condiciones para que el diálogo sea realmente productivo. Somos quienes, muchas veces, hilamos lo que parece imposible, construyendo puentes donde otros solo ven barreras.

He visto cómo posiciones aparentemente irreconciliables encontraban puntos de conexión cuando alguien se esforzaba en entender el “para qué” más allá del “qué”. Y muchas veces, ese punto de inflexión llega cuando alguien con experiencia y mirada amplia —un profesional de los asuntos públicos— asume el rol de facilitador con compromiso y visión.

En un momento donde la polarización amenaza con ocuparlo todo, y donde cada vez cuesta más construir consensos duraderos, reivindicar nuestro papel es también reivindicar una forma de hacer las cosas: más abierta, más empática, más útil.

El progreso no nace del enfrentamiento, sino del entendimiento. Escuchar, traducir, conectar y construir son verbos que deberían estar más presentes en las agendas de todos. Porque solo así dejaremos de hablar solos… y empezaremos, por fin, a avanzar juntos.

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APRI y FIDE celebran en Bruselas un encuentro con el embajador Marcos Alonso sobre los retos europeos

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El pasado jueves 22 de mayo, la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) y la Fundación Fide celebraron en la sede del Instituto Cervantes en Bruselas el encuentro “España ante los retos europeos: objetivos y desafíos ante el nuevo ciclo institucional”, en el marco del acuerdo de colaboración que ambas entidades mantienen.
La sesión congregó a profesionales del ámbito diplomático, institucional, jurídico y empresarial con presencia en Bruselas, para analizar los principales retos que afronta España en el nuevo contexto europeo. El acto fue inaugurado por Cristina Jiménez Savurido, presidenta de Fide, y Carlos Parry Lafont, presidente de APRI, quienes destacaron la importancia de consolidar espacios de diálogo entre profesionales e instituciones tanto en Madrid como en Bruselas, promoviendo una reflexión compartida y rigurosa sobre las transformaciones que está viviendo la Unión Europea.


En el panel intervinieron Marcos Alonso, Embajador Representante Permanente de España ante la Unión Europea y Sonsoles Centeno, socia del despacho Pérez-Llorca gran experta en derecho europeo. Durante la sesión se abordaron asuntos estratégicos como el comercio, la seguridad, la transformación digital y la sostenibilidad, en un entorno marcado por la evolución institucional de la UE y los desafíos globales.


La sesión siguió la metodología habitual tanto de APRI como de FIDE, celebrándose bajo las Reglas de Chatham House, que garantizan un entorno de confianza para el intercambio de ideas entre los participantes.


La celebración del encuentro se enmarca en el desarrollo de la agenda de actividades de APRI Bruselas, delegación creada en 2024 y compuesta ya por cerca de 50 profesionales españoles de las relaciones institucionales que operan en diálogo con las instituciones europeas. Destinada a reforzar lazos entre profesionales y proveerles de información valiosa para su actividad, APRI Bruselas organiza encuentros con una periodicidad cada vez mayor.


Sobre APRI
La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) es la única asociación que representa a los profesionales del sector de las Relaciones Institucionales, los Asuntos Públicos y el Lobby en España. Agrupa a más de 300 profesionales y 25 organizaciones comprometidas con un diálogo público-privado ético, transparente y riguroso. APRI cuenta con una delegación en Bruselas formada por directivos españoles en interlocución permanente con las instituciones europeas y es fundadora de la Public Affairs Community of Europe (PACE), la plataforma que agrupa a las distintas asociaciones nacionales de profesionales.

Sobre la Fundación Fide
La Fundación Fide es un lugar de encuentro permanente para profesionales del ámbito jurídico, económico y de la administración pública. Cada año organiza cerca de 400 sesiones de debate que abordan los grandes temas que afectan a empresas, despachos e instituciones, tanto a nivel nacional como europeo e internacional.
Más información en la web de Fide

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Más de 30 organizaciones lanzan un manifiesto con medidas urgentes para mejorar la salud democrática en España

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Madrid, 17 de julio de 2024

  • El documento responde a la ausencia de participación ciudadana en el Plan de Acción por la Democracia que el Gobierno presenta esta semana
  • El manifiesto se hace público ante la presentación por parte del presidente del Gobierno del Plan de Acción por la Democracia, hoy en el Pleno del Congreso de los Diputados

Las organizaciones firmantes del manifiesto, que nace del convencimiento de que la regeneración democrática sólo es posible si se elabora de manera democrática, reclaman que se tomen medidas urgentes y prioritarias en el Plan de Acción por la Democracia que el Gobierno presenta hoy en el Pleno del Congreso de los Diputados. Estas entidades expresan su profunda preocupación por la falta de consulta a la sociedad civil y a organizaciones especializadas durante la elaboración del plan, subrayando que la participación activa de estos actores es esencial para garantizar la transparencia y la legitimidad de las reformas propuestas.

El presidente del Gobierno, reconociendo la creciente desconfianza hacia las instituciones, calificó hace unas semanas de imperativa la renovación de las estructuras democráticas a través de un plan integral de regeneración democrática que se presentará hoy 17 de julio en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, las entidades firmantes recogen en el manifiesto áreas en las que el Gobierno debería implementar de manera prioritaria y urgente medidas. Medidas, que organismos europeos como la Comisión Europea, a través de su informe sobre el Estado de derecho en España, y el Consejo de Europa, mediante el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), han señalado reiteradamente áreas críticas donde nuestro país debe mejorar para asegurar el pleno respeto a los principios democráticos y la transparencia en la gestión pública.

Entre las principales medidas que propone el manifiesto se encuentra reforzar la transparencia y el acceso a la información, reconociendo el derecho de acceso a la información como derecho fundamental o regulando la transparencia y participación de los grupos de interés o lobbies en los procesos de elaboración de normas y políticas públicas. Asimismo, proponen medidas para mejorar la calidad normativa y la seguridad jurídica, evitando el abuso del decreto-ley y la promulgación de normas que generen incertidumbre, incoherencias o redundancias con otras existentes.

En el caso de la participación ciudadana, que la Constitución consagra en el artículo 23.1, el manifiesto propone la activación de mecanismos innovadores como paneles y asambleas ciudadanas o la reforma del derecho constitucional de petición ante las diferentes administraciones para convertirlo en una herramienta ágil y eficaz al servicio de la ciudadanía.

Dado que la integridad y la rendición de cuentas son fundamentales para el buen funcionamiento de la democracia, el manifiesto asimismo urge la adopción de un código ético obligatorio para funcionarios y políticos, así como mecanismos robustos para evaluar y resolver conflictos de interés, como la publicación proactiva de las declaraciones de bienes de altos cargos, funcionarios públicos y parlamentarios, así como la creación de una oficina independiente y con capacidad de imponer sanciones a quienes violen regulaciones sobre conflictos de interés.

En cuanto a la separación de poderes, piedra angular del sistema democrático, las entidades rubricantes insisten en la importancia de que cada institución actúe respetando el resto de poderes y autoridades. Para fortalecer la independencia del poder judicial proponen la mejora del sistema de nombramientos de puestos judiciales superiores reforzando criterios objetivos y transparentes que reduzcan la discrecionalidad, aseguren la independencia y refuercen la imparcialidad del sistema judicial.

Finalmente, el manifiesto llama a implementar acciones para preservar la salud informativa de la ciudadanía, combatiendo la desinformación mientras se respeta la libertad de información y se preserva el pluralismo de los medios. Esto incluye la promoción de la educación mediática, la garantía de transparencia en la financiación de los medios de comunicación, y la implementación de una buena gobernanza, y rendición de cuentas en los medios de titularidad pública. Así como garantizar el ejercicio pleno en España de los derechos a la libertad de expresión y los derechos de reunión y manifestación.

En un contexto donde la confianza ciudadana en las instituciones democráticas es fundamental, las organizaciones firmantes llaman a las instituciones democráticas a mejorar la democracia con la participación de todos y reafirman su compromiso de colaborar activamente con el Gobierno y otras instituciones para asegurar la implementación efectiva de estas medidas.

El manifiesto está disponible en el siguiente enlace.

Para la ilustración gráfica, los representantes de las organizaciones firmantes del manifiesto se tomarán una foto con el documento en la Puerta de los Leones del Congreso de los Diputados mañana, miércoles 17 de julio, a las 9:00 al inicio de la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso.

Para más información:

Jorge Aliende / APRI / 623176704 / @ Lobby_ES

jaliende@relacionesinstitucionales.es

Celia Zafra, Political Watch / 630033112 / @_PoliticalWatch

celia.zafra@politicalwatch.es

Cecilia de la Serna / Hay Derecho / 641018975 / @HayDerecho

cecilia@hayderecho.com

Carlos Cordero / Access Info / +34 676 98 70 10 / @Access_Info

carlos.cordero@sustentia.com

ENTIDADES FIRMANTES:

  1. Access Info
  2. Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI)
  3. Archiveros Españoles en la Función Pública
  4. Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales (ASANDA)
  5. Associació Ciutadania I Comunicació
  6. Asociación de Archiveros Gestores de Documentos de la Comunidad Valenciana
  7. Asociación de Prensa de Madrid
  8. Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC)
  9. Asociación para la Comunicación e Información Medioambiental
  10. Cámara Cívica
  11. Cátedra J.M Martín Patino de la Cultura del Encuentro
  12. Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunidad Valenciana (COBDCV)
  13. Consejo de la Juventud de España
  14. Deliberativa
  15. Demos Lab
  16. Equipo Europa
  17. Federación de Consumidores y Usuarios (CECU)
  18. Federación de Sindicatos de Periodistas
  19. Fundación Alternativas
  20. Fundación Global Nature
  21. Fundación NovaGob
  22. Gobierno Transparente
  23. Greenpeace España
  24. Hay Derecho
  25. Hexagonal
  26. Marea Deliberativa
  27. OSOIGO
  28. Platoniq
  29. Political Watch
  30. Red Académica de Gobierno Abierto (RAGA)
  31. Red de Abogadas y Abogados para la Defensa Ambiental (RADA)
  32. Sociedad Española de Documentación e Información Científica (SEDIC)
  33. SEO/BirdLife
  34. Talento para el Futuro
  35. Xnet
Nota de prensa
Manifiesto
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El Espacio Europeo de Datos de Salud, protagonista de un nuevo encuentro de APRI Salud

El grupo de APRI Salud se reunió para reflexionar sobre la participación de los distintos actores del Espacio Europeo de Datos de Salud; ¿Quién coordinará la gestión de casos de usos del EEDS?, ¿Quién financiará los organismos de acceso a datos?, ¿Cómo cooperarán los proveedores tecnológicos de salud con otros titulares de datos de salud, públicos o privados?¿Qué gobernanza habrá entre los organismos?

El primer Espacio de Datos que se impulsa en la UE es el Sanitario. El reto es inmenso y España sale en primeras posiciones con muchos deberes ya hechos. Una docena de socios/as de APRI tuvieron la oportunidad de conocer mejor los beneficios y oportunidades del Espacio Europeo de Datos de Salud (EEDS) de la mano de dos expertos como Ana Miquel y Jose Miguel Cacho quienes ofrecieron su punto de vista sobre los puntos claves de esta regulación pionera.

Empezaron explicando los conceptos clave;

  • Organismos de Acceso a los Datos de Salud: son las entidades designadas por los Estados miembros para regular y gestionar el acceso a los datos de salud electrónicos para su uso secundario.
  • Titulares de los Datos de Salud: son las entidades que poseen y custodian los datos de salud electrónicos.
  • Usuarios de los Datos de Salud: son las entidades o individuos que acceden y utilizan los datos de salud electrónicos para fines secundarios.
  • Ciudadanos y Pacientes: Son los individuos cuyos datos de salud electrónicos se utilizan para fines secundarios.

A continuación, quedó claro que España lleva ventaja en cuanto al uso primario de los datos en asistencia sanitaria, desde hace años se están digitalizando los sistemas para que se pueda compartir historia clínica electrónica con cualquier profesional sanitario, así como usar la receta electrónica en farmacias de cualquier CCAA. Queda pulir mecanismos de interoperabilidad y seguir mejorando los requisitos de calidad de los datos.

El reglamento propone un Modelo de Gobernanza con un organismo de acceso a los datos de salud en cada país miembro que podrán contar con los apoyos de organismos de confianza o “trusted bodies”, designados por los estados para desempeñar funciones como la emisión de permisos, supervisión de acceso, establecimiento de medidas de protección, etc. Los pacientes daremos nuestro consentimiento para el uso de los datos si somos capaces de hacer llegar a la gente los beneficios de compartir nuestros datos de salud para el uso secundario de los datos, así como del beneficio de disponer de nuestra historia clínica digital en la plataforma de servicios para uso primarios llamada Mi Salud @UE (versión española).

Algunos de los usos secundarios que contempla el reglamento aprobado el mes pasado son los siguientes:

  • Investigación Científica: con el fin de mejorar la atención médica, desarrollar nuevos tratamientos y avanzar en el conocimiento médico.
  • Mejora de la Calidad Asistencial: para evaluar y mejorar la calidad de la atención médica, identificar tendencias en la salud de la población y optimizar los servicios de salud.
  • Planificación Sanitaria: para la planificación y gestión de servicios de salud, la asignación de recursos y la toma de decisiones estratégicas en el ámbito sanitario.
  • Desarrollo de Políticas de Salud: basadas en evidencia, la evaluación de programas de salud y la implementación de medidas preventivas

Los usuarios que quieran solicitar acceso al Catálogo de datos tendrán que cumplir unos requisitos, pagar unas tasas y comprometerse con unos principios de transparencia y uso ético, aunque obviamente habrá mecanismos de control, de ciberseguridad y en todo momento se cumplirá la Ley de protección de Datos personales en cuanto al derecho de oposición y rectificación.

La Comunidad de Madrid ya está lista como muchas otras CCAA para presentarse a la Convocatoria del Ministerio de Transformación Digital que a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial va a destinar algunos fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para proyectos multicéntricos y empezar a validar y desarrollar organismos de acceso a datos sanitarios para su uso secundario.

Finalizando el encuentro todavía surgían consultas sobre el perfil del ingeniero de datos que se precisa en los centros de Salud, el valor de los datos para los proveedores técnicos, la plataforma para uso secundario HealthData@EU o los procesos de adopción de los dispositivos médicos tras ser validados y finalmente las posibilidades de copiar modelos como el software reembolsado de Alemania con los productos de terapias digitales DiGA (Aplicaciones Digitales de Atención Médica).

Gracias a mi compañera Ángeles Barrios, directora de asuntos corporativos del EITH Health, por la excelente moderación del encuentro.

Crónica de Irene Tato, Coordinadora de APRI Salud

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El papel crucial de los “outputs” en la estrategia de asuntos públicos

En el panorama en constante evolución de los asuntos públicos, nunca se insistirá lo suficiente en la necesidad de la planificación estratégica y la medición. A medida que las organizaciones navegan por entornos sociopolíticos complejos, el éxito de sus estrategias de asuntos públicos depende de la capacidad de ofrecer resultados tangibles. Sin embargo, en la búsqueda de demostrar el impacto, existe una tendencia predominante a dar prioridad a la cantidad sobre la calidad a la hora de medir el éxito. Este enfoque, aunque tentador, a menudo se queda corto a la hora de proporcionar información significativa sobre la eficacia de una estrategia de asuntos públicos.

Es imperativo reconocer que el verdadero valor de una estrategia de asuntos públicos no reside en el volumen de actividades realizadas, sino en los resultados concretos obtenidos. Los outputs concretos son los resultados tangibles que contribuyen directamente a los objetivos estratégicos de las actividades de asuntos públicos de una organización. Ya se trate de influir en las decisiones políticas, influir en la opinión pública o fomentar la participación de las partes interesadas, estos productos son la base sobre la que se construye el éxito.

La calidad debe primar sobre la cantidad a la hora de medir el éxito de una estrategia de asuntos públicos. En lugar de limitarse a contabilizar el número de reuniones celebradas, comunicados de prensa emitidos o mensajes publicados en las redes sociales, las organizaciones deben centrarse en la calidad y el impacto de estos esfuerzos. Por ejemplo, conseguir un cambio político favorable, obtener una cobertura mediática positiva o movilizar el apoyo público a una causa son indicadores de éxito mucho más significativos que el simple aumento del volumen de actividad.

Además, nunca se insistirá lo suficiente en la importancia de compartir estos resultados concretos dentro de las organizaciones. Con demasiada frecuencia, las funciones de asuntos públicos operan en silos, desconectadas de las metas y objetivos más amplios de la organización. Al mostrar los resultados tangibles de sus esfuerzos, los profesionales de los asuntos públicos pueden posicionarse como valiosos contribuyentes a la misión y el éxito general de la empresa.

Antes de diseñar tácticas o embarcarse en campañas de divulgación, es esencial identificar los resultados concretos que servirán de indicadores del éxito. Para ello es necesario conocer a fondo los objetivos de la organización, las prioridades de las partes interesadas y el panorama político y normativo imperante. Alineando desde el principio las actividades con los resultados deseados, las organizaciones pueden garantizar que sus esfuerzos en asuntos públicos tengan un propósito y un impacto.

Sin outputs concretos, una estrategia de asuntos públicos carece de dirección y responsabilidad. Es como jugar a un juego sin llevar la cuenta: no hay forma de medir el progreso o el éxito. Al dar prioridad a la calidad sobre la cantidad y dedicar tiempo a identificar y compartir resultados concretos, las organizaciones pueden elevar el papel de los asuntos públicos dentro de sus operaciones y demostrar su valor como función estratégica.

En conclusión, el principio rector debe ser la calidad por encima de la cantidad, y compartir estos resultados dentro de las organizaciones es crucial para reconocer el valor de los asuntos públicos como función estratégica. Al dar prioridad a los resultados tangibles y alinear las actividades con los objetivos de la organización, las empresas pueden garantizar que sus esfuerzos en asuntos públicos tengan impacto y significado en el complejo y dinámico entorno actual.

Carlos Parry Lafont

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La importancia de saber medir bien los resultados en la estrategia de Public Affairs

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La eterna discusión sobre la medición de resultados de las estrategias de public affairs. En esta era de cambios inmediatos y crisis permanentes que hacen evolucionar las sociedades de forma vertiginosa, las organizaciones se enfrentan continuamente a resolver problemas muy complejos.

Llevamos años discutiendo entre los profesionales que nos dedicamos a ejercer la profesión de lobista sobre cómo podemos medir el impacto de nuestro trabajo. Y tengo que reconocer que todavía queda mucho de show off, de demostrar hacia fuera que hacemos algo, y eso hace que a veces no prestemos la suficiente atención a explicar cuáles son los cambios reales que hemos logrado. 

Es de suma importancia que seamos transparentes a la hora de presentar los resultados. Una buena estrategia requiere tener una objetivos claros, concisos y concretos que se pueden medir eficazmente a través de outputs precisos. Es fundamental saber medir bien los resultados de las estrategias que llevamos de forma clara y transparente.

A veces esa métrica de rendición de resultados se plantea desde la parte más cuantitativa, por ejemplo, cuántas reuniones con representantes del poder legislativo hemos logramos mantener, y no desde la parte cualitativa e qué acciones han llevado a cabo los representantes legislativos desde que mantuvimos un encuentro con ellos. 

En mi opinión considero que es necesario que pongamos el foco en lo cualitativo y no en lo cuantitativo, porque podemos lograr más con menos. No es el número de reuniones o conversaciones que tengamos, es lo que consigamos de las reuniones que tengamos. 

Para acertar en la parte cualitativa, hay que tener una estrategia muy clara, por ejemplo, hay que saber porque vas a ver a una persona, qué mensaje vas a compartir y qué acción vas a plantear.

Y esa acción no es un favor, es algo realista y viable que se pueda llevar a cabo y sea en beneficio del interés general. Los profesionales de Public Affairs no nos dedicamos a pedir favores, nos dedicamos a proponer ideas que ayuden a mejorar el marco normativo o regulatorio aplicando nuestro conocimiento y experiencia.

Medir los resultados de una forma clara y transparente nos va a permitir corregir la estrategia en el caso que sea necesario, bien porque no esté funcionando o porque te encuentres desafíos inesperados.

Además, para hacer bien nuestro trabajo es importante tener recursos, y para obtener esos recursos como tiempo, presupuesto o poder de decisión, la medición del impacto de nuestros resultados es vital. Midiendo los resultados seremos capaces de calcular el valor de retorno de la inversión, y saber si el esfuerzo realizado merece la pena para el fin de la organización para la que trabajamos.

En definitiva, midiendo los resultados haremos que nuestro trabajo aporte más valor a las organizaciones y también ayudaremos en ese camino a la profesionalización de nuestro trabajo tan necesaria en España.

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¿Por qué el sector empresarial es el primer interesado en que se regule el lobby en España?

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Diego Bayón, Director Advocacy & Public Awareness en Harmon

Los profesionales que estamos especializados en la representación de intereses y en el diseño de estrategias de incidencia pública, tenemos el reto de sacar a la luz esta actividad y lograr que se regule. Nadie tiene dudas sobre ello. De hecho, según la última encuesta de APRI sobre la visión empresarial de las Relaciones Institucionales, el 94% de los profesionales que trabajan en empresa apoya la creación de un registro de lobbies de ámbito nacional que abarque tanto al poder legislativo, como al ejecutivo. Además, un 84% de las compañías encuestadas es partidaria de una “mayor regulación” de la actividad; y un 76% defiende la creación de un registro obligatorio.

Pero, ¿cuáles son los motores para que el sector empresarial apoye la regulación de los grupos de interés? ¿Y cuáles son los beneficios? Como pude explicar en un evento organizado por Open Government Partnership, en mi opinión, hay cinco motivos principales (además del interés público) para que el sector privado promueva una regulación específica del lobby:

  1. Impulso de la reputación para un sector “bajo sospecha”: Una mayor regulación de la actividad redundaría en una mayor transparencia, lo que podría contribuir a reparar su imagen, mejorar la percepción pública, y ganar legitimidad como sector. Tradicionalmente, el lobby ha estado “en la sombra”, pero una regulación adecuada permitiría normalizarlo como lo que es: la participación ciudadana en los asuntos públicos, recogida en la Constitución, como parte esencial de una democracia.
  • Profesionalización de la actividad: Una regulación específica y un registro de grupos de interés a nivel nacional podrá “poner cara y ojos” a todas aquellas personas y organizaciones que participan en el proceso de elaboración de las políticas públicas. Así, se contribuirá a fomentar la profesionalización de la actividad, lo que a su vez redundará en un mayor grado de cumplimiento de los estándares de transparencia establecidos por parte de decisores políticos y de grupos de interés. Además, permitirá señalar (y sancionar) a todos aquellos que no hayan actuado de manera transparente, limitando progresivamente la presencia de fuentes de influencia que no cumplan con estos estándares.
  • Inteligencia y anticipación empresarial a posibles riesgos y oportunidades: En la medida en que la actividad de los poderes públicos sea más transparente para todos, el sector privado podrá anticiparse mejor a la evolución de las políticas públicas y al desarrollo de nuevas regulaciones. Esta ventaja competitiva otorgará mayor margen para poder evaluar posibles impactos en los modelos de negocio.
  • Coordinación (o anticipación) de la labor de incidencia: Las normativas que incluyen una “huella legislativa” (un informe que detalla cada paso de la creación de una ley), permiten ver qué organizaciones y con qué intereses han participado en el debate sobre normativas concretas. Esto nos permite entender mejor lo que hacen otras partes interesadas (empresas de la competencia, por ejemplo), y garantizar una representación adecuada de los intereses (por ejemplo, realizando un seguimiento de la actividad de las asociaciones de nuestro sector, para evitar solapamientos o reforzar ámbitos poco cubiertos).
  • Promoción de la equidad de acceso, y mayor equilibrio en la relación con grupos de interés: Una regulación de la actividad de lobby que incluya la divulgación pública de las agendas de los diputados y responsables políticos, impulsará la igualdad de trato y la equidad de acceso a la hora de relacionarse con ellos. Esa transparencia favorece que los decisores públicos intenten lograr un “equilibrio” entre los grupos de interés a favor y en contra con los que se reúnen para cada regulación que estén desarrollando. En España, algunas formaciones políticas son más reticentes a reunirse con el sector privado; mientras que otras mantienen escaso contacto con movimientos sociales o tercer sector, especialmente en lo vinculado con la crisis climática o las políticas de igualdad. Este tipo de normativas, favorecen la participación de grupos de interés diversos en el desarrollo de todas las políticas públicas.

Entre tanto, los intentos por regular la actividad de los lobbies en España siguen estancados. La Propuesta de reforma del reglamento del Congreso presentada por el PSOE (que regularía la actividad en el poder legislativo), sufre continuos aplazamientos de su periodo de enmiendas, impidiendo que avance. Por otro lado, el Anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés impulsado por el gobierno (que regularía la actividad en la Administración General de Estado), permanece sin avances desde hace más de un año, y no parece probable que pueda llegar a aprobarse como ley antes del final de la legislatura.

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España contará con su propia Estrategia de Salud Global

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Irene Tato, Consultora de Comunicación y Asuntos Públicos en el sector SocioSanitario y Coordinadora de APRI Salud

El pasado 6 de mayo tuvo lugar en la sede del Grupo Thuban en Madrid el encuentro de socios del Grupo de APRI Salud con Borja Cabezón, Embajador en Misión Especial (EME[1]*) para la Crisis Internacional de la COVID-19 y la Salud Global, en su cargo desde mediados de marzo 2022. La sesión transcurrió en un ambiente muy cordial donde el embajador Cabezón, se destacó la importancia de un acercamiento entre los actores vinculados a la Salud Global para mejorar su mutua comprensión así como encontrar posibles vías cooperación; la administración pública, la industria privada con responsabilidades en la investigación y desarrollo de tecnología y medicamentos, y las organizaciones sanitarias del tercer sector enfocadas a la evaluación de necesidades e implementación de programas de intervención en prevención y asistencia sanitaria.

El Sr. Cabezón, recién llegado de tomar contacto con las tres capitales de la Salud Global (Ginebra, Washington y Nueva York),  expuso las tres líneas principales que él propuso dada su propia iniciativa y experiencia como asesor de altos cargos públicos, no en vano fue  director general de Asuntos Nacionales en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno y Secretario de Política Internacional del PSOE Madrid.

  1. A través de Diplomacia Científica se perseguirá mejorar la desinformación que es la causa de los bajos índices de vacunación frente a Covid19 en aquellos países donde España es un importante y destacado donante de vacunas. Por otra parte, hay que preparar la intervención de España en la próxima Asamblea de la OMS- con especial foco en la protección del personal sanitario, un colectivo del que se estima la pandemia se ha llevado 115.000 vidas en los países que han reportado.
  2. Es preciso también coordinar las contribuciones que se mantienen con los países en vías de desarrollo por acuerdo con la alianza COVAX, también hay que asistir a las reuniones del Plan de Acción Global COVID-19, convocado por el Secretario de Estado de EE.UU. Blinken para movilizar recursos y poner fin a la pandemia a finales de este año 2022.
  3. Finalmente, el Sr. Cabezón compartió su propuesta de disponer en España de una Estrategia Nacional de Salud Global que recoja el papel de nuestro país como conector de intereses en este campo, al igual que ya tienen otros países como Canadá, Alemania o Reino Unido. En este apartado se manifestó que sería oportuno poder contar con la colaboración o reflexiones de cuantos socios de APRI deseen participar en la preparación de algunas sugerencias o propuestas formales, bajo la coordinación del Grupo Apri-Salud. Los trabajos preliminares ya se han iniciado bajo la dirección IsGlobal (Instituto de Salud Global de Barcelona)

[1] (*) La figura de un EME, es la de un diplomático o personalidad relevante al que el Ministerio de Exteriores le encarga una misión especial sin necesidad de estar acreditado ante otros Estados u organismos internacionales. Existen otros EME trabajando en asuntos trascendentales para el Gobierno, como pueden ser, entre otros; las Misiones y Operaciones de Paz y Seguridad, la diversidad Intercultural, la Ciberseguridad, Estrategia para América Central, la Igualdad de Género, la Seguridad Marítima, el Plan África, la Cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Foros e Iniciativas Globales o la Lucha contra la Trata de Seres Humanos.

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