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La palabra “lobby” está de moda. A la altura de vocablos como “hipster”, “trending topic” o “vintage”. La diferencia, no obstante, estriba en la connotación terriblemente negativa que tiene el término “lobby”. Ser “hipster” mola, pero un lobista genera más odio que Donald Trump en una convención de inmigrantes en EE.UU.

Recientemente, la Vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, destacaba que una de las principales medidas adoptadas por el Gobierno para luchar contra la corrupción había sido la de promover la regulación de los lobbies. Más recientemente, y en el marco de las negociaciones para la investidura del nuevo Gobierno, el PSOE y Ciudadanos incluían entre sus medidas la regulación del lobby para evitar, puntualizaban, “la influencia indebida y los riesgos de corrupción que derivan del tráfico de influencias”.

Y así es como, una vez más, los lobistas volvimos a convertimos en el alfa y el omega de la corrupción en España. Como si no tuviera ya suficiente con ser valenciana por todos los tópicos que ello conlleva, me cargan ahora también este muerto. Soy el mal en persona; Darth Vader. Y yo, sin saberlo.

La asimilación y correlación acrítica que se ha estado haciendo estas semanas de lobby = corrupción resulta tan equivocada como tendenciosa. Equivocada porque supone un manifiesto desconocimiento de lo que es el lobby. Y tendenciosa porque evidencia la incapacidad de ciertos sectores políticos de realizar un mayor ejercicio de autocrítica a la hora de dilucidar la verdadera y múltiple causalidad de la corrupción en España. Por ello, tan injusto es decir que todos los políticos son corruptos como que todos los lobbies forman parte del contubernio judeo-masónico-comunista. Tomar la parte por el todo tan sólo conduce al desprestigio del trabajo de todos aquellos que ejercen con diligencia su profesión, sea esta en el ámbito privado o en el público.

Buena parte del problema radica en ese desconocimiento, que equipara el lobby al maquiavelismo de un capítulo de House of Cards y no tanto a movimientos ecologistas para promover el uso de renovables. Ni tan siquiera existe consenso en el propio sector para denominar nuestra activida

d: desde relaciones institucionales, pasando por asuntos públicos, asuntos gubernamentales, asuntos corporativos, advocacy, incidencia o, mi preferida, cabildeo. Cualquier cosa menos lobby, que arrastra siempre una connotación negativa. Y, aunque decidiera emplear este término con orgullo y tesón, mi travestismo profesional me conduce a tal desconcierto que, en realidad, ya no sé si soy lobista, lobbista, o lobbysta.

Bajo semejante panorama, no resulta extraño la confusión generalizada que existe en la sociedad con respecto a nuestra profesión. Hace falta más pedagogía y, para ello, la mejor arma es la transparencia. La CNMC ha creado recientemente un registro de lobbies, siguiendo el camino que la Generalitat de Cataluña inició el pasado año. Una gran noticia, puesto que la normalización del lobby en España es el primer gran paso para lograr desmitificar el halo de misterio que rodea al sector.

Ello implica necesariamente que el lobby no sólo lo ejerzan las grandes empresas del Ibex 35 y las multinacionales, sino también ONGs, asociaciones y grupos de ciudadanos. Sin ir más lejos, la Iniciativa Legislativa Popular promovida por la PAH de Ada Colau en 2013 fue uno de los movimientos de presión más destacados de los últimos años, ya que logró colocar en la agenda política una realidad, la de los desahucios, silenciada hasta entonces. Greenpeace es otro de esos grupos de presión que emplea acciones menos ortodoxas para lograr sus objetivos políticos, como impedir la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana desplegando pancartas en las inmediaciones del Congreso de los Diputados.

El reto, por tanto, pasa no sólo por democratizar la práctica del lobby a toda la sociedad, sino también por profesionalizar su ejercicio. Llevo años explicando a mis allegados que una de mis principales tareas como lobista es leer con devoción el BOE y el BOCG cada mañana, escuchar las ruedas de prensa del Consejo de Ministros y los debates en sede parlamentaria, o seguir al segundo la formación de Gobiernos tras elecciones. Prácticas estas muy alejadas de la idea preconcebida de que, en realidad, los lobistas lo que hacemos es conspirar con los políticos para planear la dominación del mundo y, de paso, enriquecernos en el proceso.

Por ello esta profesionalización debe pasar por la instauración de un obligado código de buenas prácticas –ya adoptado por la inmensa mayoría de empresas y consultoras del sector– que censure aquellas actividades ilícitas atribuidas a lobistas y que, por lo general, son urdidas entre empresarios con la cartera ancha y la moral escasa, y políticos con nulo sentido y aprecio por el bien común.

Así que hoy romperé una lanza en favor de mi profesión y diré públicamente, y sin tapujos, que yo soy lobista. A pesar de que serlo no mole tanto como ser hipster. Pero, al menos, la mayor parte de mis compañeros y yo desempeñamos nuestro trabajo bajo las premisas de transparencia y profesionalidad, buscando el objetivo de hacer ver al lobby como una práctica necesaria para el desarrollo democrático de nuestras sociedades y no como un obstáculo al mismo.
Cristina Sayol

Consultora en Asuntos Públicos en Political Intelligence

@CristinaSayol

Comunicación y empresa responsable, recoge la colaboración de cerca de 40 autores de universidades públicas y privadas, así como profesionales de referencia en el mundo de la comunicación en España, quienes se encargan de explicar y desarrollar los aspectos concretos de la ética y la responsabilidad social en el contexto de la comunicación empresarial. Todo ello bajo la coordinación de Juan Benavides, Catedrático de Comunicación en la Universidad Complutense, y el profesor Abel Monfort.

El manual tiene como objetivo servir de material de trabajo y consulta para alumnos, profesores y profesionales que quieran profundizar en la dimensión ética y responsable de la gestión de intangibles, cuentas, creatividad o agencias de medios de empresas y organizaciones públicas o privadas.

La obra se divide en los siguientes bloques: ética y comunicación en un mundo globalizado; introducción a la ética empresarial; la presencia ética en la estrategia de marca corporativa; la ética en otros sectores de la profesión; y, por último, el profesional de la comunicación.

El consultor de comunicación y asuntos públicos, Santos Ortega, colabora con un capítulo titulado: “La ética de las relaciones públicas y la deontología de la profesión”. En este capítulo, Ortega, miembro de APRI, desgrana como cada vez más directivos y profesionales de la comunicación tienen a su cargo labores de representación institucional que tienen grandes implicaciones éticas. Como ejemplo para abordar esto nuevos retos éticos, el autor refleja el código de conducta de APRI dentro de las iniciativas que colaboran a la profesionalización de la representación de intereses en España.

Santos Ortega

Consultor en Comunicación y Asuntos Públicos y Socio de APRI

Transparencia y regulación del lobby: éstos son los temas que las asociaciones nacionales de lobistas procedentes de toda Europa discutieron en su quinta conferencia, celebrada en Viena el 7 y 8 de mayo de 2015.

El encuentro fue organizado por la Public Affairs Community of Europe (P.A.C.E), la única plataforma que reúne a las organizaciones nacionales europeas de asuntos públicos, profesionales y lobistas. La asociación Austríaca de Asuntos Públicos  (www.oepav.at) acogió la reunión de éste año, que contó con representantes de las  Asociaciones Nacionales de 16 países europeos, así como con portavoces de la OCDE, Transparencia Internacional y las organizaciones en Bruselas, SEAP y EPACA.

Los miembros de P.A.C.E debatieron activamente sobre la desproporcionada crítica al lobby en lugar de instar el necesario debate político sobre cómo establecer una democracia más moderna y abierta. Además, se considera que los Estados miembro de la UE deben tomar el Registro de Transparencia Europeo como base para potenciales regulaciones del lobby, y promover directrices adecuadas a tener en cuenta en su normativa nacional y en el desarrollo de buenas prácticas.

El objetivo de PACE es animar el debate público sobre esta actividad que, si es llevada a cabo por profesionales y bajo reglas limpias y claras, puede garantizar la participación democrática de los grupos de interés y de la sociedad en la toma de decisiones. En el ámbito europeo, nacional y regional, el lobby es un servicio profesional necesario para acompañar los procesos políticos de toma de decisiones.

Sobre P.A.C.E

La Comunidad de Asuntos Públicos de Europa (PACE) es, desde 2011, la única red que permite la consulta permanente entre las asociaciones profesionales de Relaciones Públicas en Europa, promoviendo la comparación entre diferentes experiencias en la representación de intereses a nivel nacional frente a las instituciones públicas. El objetivo de PACE es proporcionar apoyo a los profesionales europeos, con el fin de impulsar un marco más transparente en el que todos los grupos de presión, con sus deberes y derechos, sean tratados por igual. Las conferencias anteriores se han celebrado en Roma (Il Chiostro – 2011), Madrid (APRI – 2012), París (AFCL – 2013) y Berlín (DE’GE’POL – 2014).

@pace_eu