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En un panorama como el actual, es cada vez más importante conocer bien el contexto y saber planificar escenarios. Una correcta gestión de los asuntos públicos, ayuda a anticipar los cambios en el marco legislativo y regulatorio, a detectar amenazas y oportunidades y facilita el acceso y permanencia de la organización en el mercado.

Es innegable que el entorno en el que nos movemos es cada vez más complejo, cambiante y altamente competitivo. Las empresas tienen que operar en un contexto de gran incertidumbre internacional, sometido a fuertes cambios geopolíticos, regulatorios y jurídicos. Es fundamental para su supervivencia saberse adaptar y reaccionar de manera continua e inmediata a nuevas exigencias, oportunidades  y riesgos.

En mis más de diez años al frente de una asociación empresarial he podido constatar como la gestión de los asuntos públicos se ha convertido en una herramienta de alto nivel estratégico para las organizaciones ya que impacta directamente en la estrategia de negocio y, por tanto, es clave de cara a garantizar su sostenibilidad, mejorar su competitividad, posicionarse en nuevos mercados y disminuir el riesgo de exposición; y no solo para las multinacionales, sino también para las pequeñas y medianas empresas.

En la actualidad estamos asistiendo a dos grandes disputas globales muy significativas y de vital importancia estratégica para las empresas, las del acceso y control de los recursos naturales (sean estos limitados o no) y la información.

También, en este contexto, empresas como Google, Amazon o Facebook se están posicionando como nuevos grupos de presión, pasando de no tener presencia en la esfera política a destinar importantes cantidades de sus presupuestos a la gestión de los asuntos públicos. Estas empresas, que muchas veces operan en entornos no regulados, suponen una amenaza y un desafío para los sectores económicos tradicionales, que cuentan con mucha influencia política y una red consolidada en materia de relaciones institucionales. Ante esta realidad, en los últimos años y en diferentes ámbitos, estas nuevas empresas se están enfrentando a muchas batallas legales con el objetivo de conseguir acceso a mercados muy competitivos y regulados.  Casos como el de Airbnb y la industria hotelera, Uber y Cabify y el sector del taxi, el Gobierno de los Estados Unidos y los drones de Amazon o el disputado, durante más de diez años, fin del roaming en Europa, ponen de manifiesto la creciente complejidad del ecosistema empresarial actual y la relevancia estratégica que tiene para las organizaciones la función de asuntos públicos.

Además, en esta compleja madeja por desenredar, las empresas no son inmunes a la actividad política. Al contrario, forman parte de ese complejo mapa de intereses, objetivos, decisiones e influencias que la conforman. No podemos olvidar que las decisiones políticas, muchas veces influidas por otras empresas o sectores que alinean sus intereses con el interés general (que es el del político), repercuten directamente en la actividad de una empresa y, por tanto, en sus perspectivas de futuro, pudiendo cambiar el entorno o las reglas del juego en el que se mueve. Un proyecto de Ley puede hacer que caiga su cuenta de resultados o trastocar sus balances, un trámite administrativo puede ralentizar o bloquear un proyecto en el que se han invertido millones de euros. Por eso la gestión de lo público es un elemento esencial para su éxito y supervivencia, ya que les permite anticiparse, actuar y gestionar la capacidad de influencia.

NebulosaPor otra parte, desde el punto de vista de la creación y posicionamiento en nuevos mercados, una correcta estrategia de asuntos públicos puede influir y encontrar el apoyo político necesario para generar el camino legal que provoque su apertura. Sirva como ejemplo el curioso caso de la acción planteada en 2013 por un grupo de empresas estadounidenses (Deep Space Industries y Planetary Resources) que anunciaron su intención de explotar los recursos de miles de asteroides cercanos a la Tierra en las próximas décadas. Dos años después, y prácticamente al final de su mandato, Obama firmaba una ley histórica, que reconoce el derecho de ciudadanos estadounidenses de ser propietarios de recursos de cuerpos celestes, y de venderlos, salvando las barreras legales que en materia de propiedad espacial promulgó en 1967 el Tratado del Espacio Exterior, que prohibía la reivindicación de cuerpos celestes por parte de los gobiernos. Para conseguirlo la administración Obama argumentó que lo mismo no se puede aplicar a las empresas privadas o a los posibles derechos de explotación. Esto supuso el pistoletazo de salida de la llamada economía espacial…

Cristina Afán de Ribera

 

Cristina es experta en Asuntos Públicos y Lobbying, cuenta con más de 15 años de experiencia en el Sector Medioambiental y es también socia de APRI.

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@Cristina_Afan

 

 

 

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El pasado 1 de octubre entró en vigor la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, aprobada el año pasado por el Gobierno español.

La Ley tiene el objetivo de “establecer una regulación completa y sistemática de las relaciones «ad extra» entre las Administraciones y los administrados” recogiendo algunos principios de “Smart Regulation” (regulación inteligente), es decir un marco jurídico de calidad, que permite el cumplimiento de un objetivo regulatorio a la vez que ofrece los incentivos adecuados para dinamizar la actividad económica, simplificar procesos y reducir cargas administrativas.

Para ello, será esencial un adecuado análisis de impacto de las normas de forma continua, tanto ex ante como ex post, así como la participación de los ciudadanos y empresas en la toma de decisiones.

El artículo 133 de la nueva Ley  permite ir avanzando en la mejora de la producción normativa, intentando reforzar la participación ciudadana en el proceso de elaboración de las normas y cumpliendo con algunas de las recomendaciones contenidas en el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) emitido en 2014: «Spain: From Administrative Reform to Continous Improvement».

En este sentido, el Consejo de Ministros del pasado 30 de septiembre aprobó un acuerdo por el que se dictan instrucciones para habilitar la participación pública en el proceso de elaboración normativa a través de los portales web de los departamentos ministeriales. Asimismo, la participación ciudadana podrá también iniciarse a través del Portal de Transparencia, que canalizará a cada departamento ministerial competente las correspondientes propuestas.

Sin embargo, el artículo 133.4 contempla algunas excepciones sobre la posibilidad o no de involucrar los ciudadanos en la elaboración de las normas con rango de Ley y reglamentos:

4. Podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas previstos en este artículo en el caso de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General del Estado, la Administración autonómica, la Administración local o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, o cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen.

Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia, podrá omitirse la consulta pública regulada en el apartado primero. Si la normativa reguladora del ejercicio de la iniciativa legislativa o de la potestad reglamentaria por una Administración prevé la tramitación urgente de estos procedimientos, la eventual excepción del trámite por esta circunstancia se ajustará a lo previsto en aquella.

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Yo sí soy lobista,

Y créanme, no me dedico a promover contratos, amañar concursos, cobrar comisiones, hacer regalos… Mi respeto por la profesión, ética personal y códigos deontológicos que he suscrito con mi asociación profesional y mi empresa me lo impiden.

Yo sí soy lobista: me dedico al sano y democrático ejercicio de hacer que mis puntos de vista o los de mis clientes sean tenidos en cuenta por las instituciones públicas antes de que adopten una decisión. Porque creo que deben conocer todas las perspectivas para tomar decisiones informadas. Y eso, ni más ni menos, es el lobby, la representación de intereses, hablo en nombre de todos los colegas que formamos parte de esta profesión.

Muchos hablan de grupos de presión, pero no presionamos con sobres, promesas de contratos o cualquier otro favor; como mucho, ejercemos la presión que los datos y los argumentos basados en razones contrastadas nos permiten.

Los miembros de APRI, asociación que en España representa a los profesionales de las relaciones institucionales, estamos indignados no solo por la apelación inadecuada de personas que intentan defenderse en un banquillo enturbiando nuestra profesión, sino por el daño que se hace a la profesión al albur de esta situación, con intención o sin ella.

María Rosa Rotondo

Presidenta de APRI

images-1 @mrrotondo

 

 

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El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, organismo creado por la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno para velar por su cumplimiento y asegurar el derecho que asiste a la ciudadanía de acceder a la información pública, tiene sobre su mesa más de cuarenta peticiones de ciudadanos, asociaciones y periodistas que demandan acceso al contenido de las agendas de altos cargos y miembros del Gobierno.

Es cierto, como ya se ha destacado reiteradamente, que facilitar las agendas no figura entre las obligaciones que legalmente tienen hoy los altos cargos. Pero no es menos cierto que, entre los principios de buen gobierno que deberán inspirar su actuación, figura, según recoge la Ley, “el desempeño de sus funciones con transparencia”.

El preámbulo de la Ley, que tras 40 años de democracia garantiza ¡por fin! el derecho a saber, especifica además que el objeto de la Ley no es otro que “poder someter a escrutinio la acción de los responsables públicos, conocer cómo se toman las decisiones que nos afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones”.

Estén obligados o no, es compatible con avanzar en un compromiso con la transparencia. No cabe duda que la agenda de trabajo de un responsable público es un elemento esencial para dar respuestas transparentes a las demandas ciudadanas. Nadie duda tampoco que, la agenda, es un mecanismo de rendición de cuentas de la actividad pública y que cumple con aquellos principios, ya antiguos, que inspiraron a Rousseau al afirmar que “la democracia es la gestión bajo los ojos del pueblo”.

No habría nada mejor, para alcanzar mayores cotas de transparencia, que saber y entender qué ocurre en la actividad de quien protagoniza la actividad pública y gestiona los intereses de la ciudadanía.

Hoy, tenemos claro, y queda fuera de toda controversia, que el dinero público debe estar sujeto a fiscalización, y que los actos públicos, como actividad ligada a la legalidad y al interés general, están sujetos a exigencia de responsabilidad.  ¿Y el tiempo de un alto cargo? Tan valioso, importante y público… ¿no debe rendir cuentas?

Es un interrogante para la reflexión. No hablamos de las actividades privadas de los responsables públicos, ni de medir los tiempos de su vida íntima y personal, sino de las actividades profesionales con responsabilidad y trascendencia,  de los encuentros donde se adoptan decisiones, de aquellos actos y reuniones con consecuencias para todos.

Las agendas deben pasar del simple y escueto comunicado oficial, respetando siempre la normativa en protección de datos, a ser una auténtica rendición de cuentas.

¿Qué hacen nuestros gestores durante su tiempo público? Si lo pudiéramos conocer, conseguiríamos una mayor confianza en nuestras instituciones, avanzaríamos en la prevención de actuaciones, ya conocidas, que nunca se debieron producir y haríamos de la actividad transparente un valor social, político y personal que serviría de revulsivo a una sociedad un tanto desencantada.

Hay precedentes, además, que nos deben hacer reflexionar. Cuando la agenda pública de un alto cargo se oculta, el tiempo acaba desvelándola y, en ocasiones, con una repercusión social negativa que no habría existido si hubiera sido conocida en su momento.

Aquel razonamiento de que “no hay mejor secreto que aquél que todos conocen” debe alentar la vida pública. Sería el mejor compromiso con la transparencia. Y en esa vía trabaja el Consejo, buscando líneas de consenso para conseguir, entre todos, que el tiempo público no continúe siendo un gran secreto para los ciudadanos.

Esther Arizmendi

Presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

images-1 @ConsejoTBG

 

 

Como una fruta madura, la idea del Registro de Grupos de Interés o de lobistas está a punto de caer del árbol. Si no fuera por la legislatura prematuramente finalizada, podríamos hablar de que ayer el Pleno del Congreso de los Diputados, por unanimidad con 329 votos a favor y ninguna abstención, estaría aprobando una modificación de su Reglamento a propuesta del Grupo ParlamentarioDemocràcia i Llibertat, creando el primer Registro de Grupos de Interés en sede parlamentaria en España.

La proposición de Democracia y Llibertat, además, es técnicamente impecable. Solicita la creación de un Registro de obligatoria inscripción, como APRI lleva reclamando nueve años. Una medida valiente y decidida que no todos han parecido preparados para afrontar. Además de obligatorio, el registro propuesto es universal, es decir, todo aquel que accede a los diputados o diputadas con el objeto de influir, debe registrarse independientemente del interés que represente. Y, por último, iba acompañado de una serie de normas de conducta justas y equilibradas, cuya aplicación hubiera aportado mayor seguridad a la labor parlamentaria, y favorecido la participación de la sociedad civil de manera transparente.

La parte buena es que, tras escuchar los argumentos, no queda duda alguna de que la idea ha madurado y que en la próxima legislatura, finalmente, podrá caer del árbol.

María Rosa Rotondo

Presidenta de APRI

 

 

 

@mrrotondo

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La palabra “lobby” está de moda. A la altura de vocablos como “hipster”, “trending topic” o “vintage”. La diferencia, no obstante, estriba en la connotación terriblemente negativa que tiene el término “lobby”. Ser “hipster” mola, pero un lobista genera más odio que Donald Trump en una convención de inmigrantes en EE.UU.

Recientemente, la Vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, destacaba que una de las principales medidas adoptadas por el Gobierno para luchar contra la corrupción había sido la de promover la regulación de los lobbies. Más recientemente, y en el marco de las negociaciones para la investidura del nuevo Gobierno, el PSOE y Ciudadanos incluían entre sus medidas la regulación del lobby para evitar, puntualizaban, “la influencia indebida y los riesgos de corrupción que derivan del tráfico de influencias”.

Y así es como, una vez más, los lobistas volvimos a convertimos en el alfa y el omega de la corrupción en España. Como si no tuviera ya suficiente con ser valenciana por todos los tópicos que ello conlleva, me cargan ahora también este muerto. Soy el mal en persona; Darth Vader. Y yo, sin saberlo.

La asimilación y correlación acrítica que se ha estado haciendo estas semanas de lobby = corrupción resulta tan equivocada como tendenciosa. Equivocada porque supone un manifiesto desconocimiento de lo que es el lobby. Y tendenciosa porque evidencia la incapacidad de ciertos sectores políticos de realizar un mayor ejercicio de autocrítica a la hora de dilucidar la verdadera y múltiple causalidad de la corrupción en España. Por ello, tan injusto es decir que todos los políticos son corruptos como que todos los lobbies forman parte del contubernio judeo-masónico-comunista. Tomar la parte por el todo tan sólo conduce al desprestigio del trabajo de todos aquellos que ejercen con diligencia su profesión, sea esta en el ámbito privado o en el público.

Buena parte del problema radica en ese desconocimiento, que equipara el lobby al maquiavelismo de un capítulo de House of Cards y no tanto a movimientos ecologistas para promover el uso de renovables. Ni tan siquiera existe consenso en el propio sector para denominar nuestra activida

d: desde relaciones institucionales, pasando por asuntos públicos, asuntos gubernamentales, asuntos corporativos, advocacy, incidencia o, mi preferida, cabildeo. Cualquier cosa menos lobby, que arrastra siempre una connotación negativa. Y, aunque decidiera emplear este término con orgullo y tesón, mi travestismo profesional me conduce a tal desconcierto que, en realidad, ya no sé si soy lobista, lobbista, o lobbysta.

Bajo semejante panorama, no resulta extraño la confusión generalizada que existe en la sociedad con respecto a nuestra profesión. Hace falta más pedagogía y, para ello, la mejor arma es la transparencia. La CNMC ha creado recientemente un registro de lobbies, siguiendo el camino que la Generalitat de Cataluña inició el pasado año. Una gran noticia, puesto que la normalización del lobby en España es el primer gran paso para lograr desmitificar el halo de misterio que rodea al sector.

Ello implica necesariamente que el lobby no sólo lo ejerzan las grandes empresas del Ibex 35 y las multinacionales, sino también ONGs, asociaciones y grupos de ciudadanos. Sin ir más lejos, la Iniciativa Legislativa Popular promovida por la PAH de Ada Colau en 2013 fue uno de los movimientos de presión más destacados de los últimos años, ya que logró colocar en la agenda política una realidad, la de los desahucios, silenciada hasta entonces. Greenpeace es otro de esos grupos de presión que emplea acciones menos ortodoxas para lograr sus objetivos políticos, como impedir la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana desplegando pancartas en las inmediaciones del Congreso de los Diputados.

El reto, por tanto, pasa no sólo por democratizar la práctica del lobby a toda la sociedad, sino también por profesionalizar su ejercicio. Llevo años explicando a mis allegados que una de mis principales tareas como lobista es leer con devoción el BOE y el BOCG cada mañana, escuchar las ruedas de prensa del Consejo de Ministros y los debates en sede parlamentaria, o seguir al segundo la formación de Gobiernos tras elecciones. Prácticas estas muy alejadas de la idea preconcebida de que, en realidad, los lobistas lo que hacemos es conspirar con los políticos para planear la dominación del mundo y, de paso, enriquecernos en el proceso.

Por ello esta profesionalización debe pasar por la instauración de un obligado código de buenas prácticas –ya adoptado por la inmensa mayoría de empresas y consultoras del sector– que censure aquellas actividades ilícitas atribuidas a lobistas y que, por lo general, son urdidas entre empresarios con la cartera ancha y la moral escasa, y políticos con nulo sentido y aprecio por el bien común.

Así que hoy romperé una lanza en favor de mi profesión y diré públicamente, y sin tapujos, que yo soy lobista. A pesar de que serlo no mole tanto como ser hipster. Pero, al menos, la mayor parte de mis compañeros y yo desempeñamos nuestro trabajo bajo las premisas de transparencia y profesionalidad, buscando el objetivo de hacer ver al lobby como una práctica necesaria para el desarrollo democrático de nuestras sociedades y no como un obstáculo al mismo.
Cristina Sayol

Consultora en Asuntos Públicos en Political Intelligence

 

 

 

@CristinaSayol

Por fin podemos afirmar sin ningún género de duda, que la voluntad de regular los lobbies –objetivo que APRI lleva persiguiendo desde su fundación en 2007–  está incluida en el programa electoral de los principales partidos.

Con matices, casi todas las propuestas programáticas para las elecciones del próximo 20 de diciembre incluyen la regulación de los lobbies y de su actividad.

A continuación, las propuestas detectadas en materia:

 

El Partido Popular, cuyo compromiso en regular los lobbies en la pasada legislatura nunca llegó a materializarse, bajo el lema Reivindicar la Política, Combatir la Corrupción, propone 18 medidas, entre las que destaca la número 11 en cuanto a lobbies:

 

11. Regularemos la actuación de los lobbies y pondremos en marcha un registro de lobbies o grupos de interés para identificar a todas aquellas personas físicas o jurídicas que desarrollan este tipo de actividades.

 

El PSOE de Pedro Sánchez abarca el tema en el capítulo La Defensa de lo Público, en el apartado Administraciones Públicas para Garantizar Servicios Públicos de Calidad, proponiendo –entre otras– la siguiente medida:

 

Buen Gobierno en las Administraciones Públicas: Participación, transparencia, ética pública y prevención contra la corrupción

Regular la actividad de lobby ante el Poder Legislativo, el Gobierno y la Administración. Crear un registro obligatorio de lobbies y lobistas. Los representantes públicos deberán dar cuenta de los contactos que mantienen con estos lobbies e informar del contenido de las pretensiones o propuestas formuladas. Todo lobista registrado deberá informar periódica y públicamente de sus actividades. Aprobar un código ético para la actividad de lobby y dotar a la Oficina de Conflictos de Intereses de las prerrogativas y los recursos necesarios para supervisar y sancionar los incumplimientos, tanto del sector público como del sector privado.

 

Ciudadanos ha decidido incluir esta materia en el Apartado VIII de su programa, La Administración al Servicio del Buen Gobierno, en la sección Reformas Institucionales yTransparencia Económica, con el siguiente compromiso:

 

Proceder a la regulación de los denominados lobbies estableciendo un registro de grupos de interés y garantizando la transparencia en el ejercicio del derecho que los representantes de la sociedad civil y las empresas tienen de acceder a las instituciones y en particular al Parlamento.

 

En los 394 puntos que vertebran el programa de Podemos, el partido de Pablo Iglesias se acerca al asunto a través de distintas medidas programáticas tal como:

 

227 Reglamentos parlamentarios para el debate democrático

 

Convertiremos los reglamentos parlamentarios de las cámaras generales del Estado en una herramienta para la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas de dichas instituciones.

 

• Mayor fuerza de la ciudadanía: participación de la sociedad civil en el proceso legislativo. Crearemos espacios mixtos de deliberación durante la tramitación legislativa donde participen representantes políticos, personal técnico y ciudadanía. Incluiremos el escaño ciudadano.

 

• Todas las actividades parlamentarias estarán regidas por los principios de transparencia y control político. Desarrollaremos herramientas web accesibles que hagan transparente la actividad en las cámaras.

 

 

238 Regulación de las incompatibilidades en los cargos públicos

• Prohibir que desde los lobbies se contrate a los diputados o a sus asistentes.

 

• Obligar a que, si desde los lobbies se emplea a antiguos miembros del Gobierno, estos lobbies informen sobre quiénes son sus clientes, a qué representantes políticos contactan, qué temas tratan y en qué gastos incurren durante su trabajo.

 

• Crear, a nivel estatal y en cada Comunidad Autónoma, una oficina de registro de conflictos de interés e incompatibilidades, que vele por el cumplimiento de estas normas y que esté dotada de independencia y capacidad inspectora.

 

También UPyD ha incluido el tema de la regulación de los lobbies en la sección deTransparencia y lucha contra la corrupción:

5.1. Transparencia, regeneración de la democracia y lucha contra la corrupción

171. Regulación de los lobbies, en los que se detallen las prácticas permitidas, la regulación de las actividades y la forma de publicar la influencia en el proceso legislativo.

 

172. Reforma de la Ley de Transparencia, claramente insuficiente, así como la adopción de las medidas necesarias para garantizar la publicidad accesible y comprensible de […] Registro de lobbies y grupos de interés de acuerdo a los estándares internacionales

 

A pesar de las sendas propuestas para fomentar la transparencia de las instituciones españolas, el programa de Izquierda Unida/Unidad Popular no hace referencia a la palabra lobby o grupo de interés y tampoco a la puesta en marcha de medidas para regularlo.

 

Entendemos que tratándose de programas electorales ningún partido haya podido detallar más sus propuestas al respecto, pero lo que sí es cierto es que cualquier sea el color político del próximo gobierno de la XI legislatura, la actividad del lobby tendrá su regulación. Como primera y única asociación en representación del colectivo de lobistas en España, nos felicitamos de que así sea.

 

Descarga el PDF con todas las propuestas

Comunicación y empresa responsable, recoge la colaboración de cerca de 40 autores de universidades públicas y privadas, así como profesionales de referencia en el mundo de la comunicación en España, quienes se encargan de explicar y desarrollar los aspectos concretos de la ética y la responsabilidad social en el contexto de la comunicación empresarial. Todo ello bajo la coordinación de Juan Benavides, Catedrático de Comunicación en la Universidad Complutense, y el profesor Abel Monfort.

El manual tiene como objetivo servir de material de trabajo y consulta para alumnos, profesores y profesionales que quieran profundizar en la dimensión ética y responsable de la gestión de intangibles, cuentas, creatividad o agencias de medios de empresas y organizaciones públicas o privadas.

La obra se divide en los siguientes bloques: ética y comunicación en un mundo globalizado; introducción a la ética empresarial; la presencia ética en la estrategia de marca corporativa; la ética en otros sectores de la profesión; y, por último, el profesional de la comunicación.

El consultor de comunicación y asuntos públicos, Santos Ortega, colabora con un capítulo titulado: “La ética de las relaciones públicas y la deontología de la profesión”. En este capítulo, Ortega, miembro de APRI, desgrana como cada vez más directivos y profesionales de la comunicación tienen a su cargo labores de representación institucional que tienen grandes implicaciones éticas. Como ejemplo para abordar esto nuevos retos éticos, el autor refleja el código de conducta de APRI dentro de las iniciativas que colaboran a la profesionalización de la representación de intereses en España.

Santos Ortega

Consultor en Comunicación y Asuntos Públicos y Socio de APRI

La función profesional de los lobistas no es en absoluto ajena al mundo de la comunicación. Las relaciones institucionales de una organización son claramente concomitantes e incluso coincidentes con el ámbito de desempeño de los profesionales del lobbying, y es frecuente y mutuamente beneficiosa la colaboración entre éstos y los directivos de comunicación.

Para Dircom, el acuerdo firmado con APRI implica un reconocimiento mutuo de esta realidad y de los puntos de intersección entre ambas funciones. Los directivos de comunicación coincidimos con los profesionales del lobbying en la necesidad de que su actividad se regule de una manera satisfactoria para todas las partes implicadas y para el conjunto de la sociedad, como en otros países de nuestro entorno.

Por ello Dircom se dispone, mediante este acuerdo, a colaborar con APRI en el desarrollo de esta reivindicación razonable de los lobistas, que sin duda redundará en una mayor transparencia y en un desempeño ético de su actividad.

Sebastián Cebrián

Director general de Dircom

 

 

 

 

 

 

@SebasCebrian

Transparencia y regulación del lobby: éstos son los temas que las asociaciones nacionales de lobistas procedentes de toda Europa discutieron en su quinta conferencia, celebrada en Viena el 7 y 8 de mayo de 2015.

El encuentro fue organizado por la Public Affairs Community of Europe (P.A.C.E), la única plataforma que reúne a las organizaciones nacionales europeas de asuntos públicos, profesionales y lobistas. La asociación Austríaca de Asuntos Públicos  (www.oepav.at) acogió la reunión de éste año, que contó con representantes de las  Asociaciones Nacionales de 16 países europeos, así como con portavoces de la OCDE, Transparencia Internacional y las organizaciones en Bruselas, SEAP y EPACA.

Los miembros de P.A.C.E debatieron activamente sobre la desproporcionada crítica al lobby en lugar de instar el necesario debate político sobre cómo establecer una democracia más moderna y abierta. Además, se considera que los Estados miembro de la UE deben tomar el Registro de Transparencia Europeo como base para potenciales regulaciones del lobby, y promover directrices adecuadas a tener en cuenta en su normativa nacional y en el desarrollo de buenas prácticas.

El objetivo de PACE es animar el debate público sobre esta actividad que, si es llevada a cabo por profesionales y bajo reglas limpias y claras, puede garantizar la participación democrática de los grupos de interés y de la sociedad en la toma de decisiones. En el ámbito europeo, nacional y regional, el lobby es un servicio profesional necesario para acompañar los procesos políticos de toma de decisiones.

Sobre P.A.C.E

La Comunidad de Asuntos Públicos de Europa (PACE) es, desde 2011, la única red que permite la consulta permanente entre las asociaciones profesionales de Relaciones Públicas en Europa, promoviendo la comparación entre diferentes experiencias en la representación de intereses a nivel nacional frente a las instituciones públicas. El objetivo de PACE es proporcionar apoyo a los profesionales europeos, con el fin de impulsar un marco más transparente en el que todos los grupos de presión, con sus deberes y derechos, sean tratados por igual. Las conferencias anteriores se han celebrado en Roma (Il Chiostro – 2011), Madrid (APRI – 2012), París (AFCL – 2013) y Berlín (DE’GE’POL – 2014).

 

 

 

 

@pace_eu