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El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, organismo creado por la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno para velar por su cumplimiento y asegurar el derecho que asiste a la ciudadanía de acceder a la información pública, tiene sobre su mesa más de cuarenta peticiones de ciudadanos, asociaciones y periodistas que demandan acceso al contenido de las agendas de altos cargos y miembros del Gobierno.

Es cierto, como ya se ha destacado reiteradamente, que facilitar las agendas no figura entre las obligaciones que legalmente tienen hoy los altos cargos. Pero no es menos cierto que, entre los principios de buen gobierno que deberán inspirar su actuación, figura, según recoge la Ley, “el desempeño de sus funciones con transparencia”.

El preámbulo de la Ley, que tras 40 años de democracia garantiza ¡por fin! el derecho a saber, especifica además que el objeto de la Ley no es otro que “poder someter a escrutinio la acción de los responsables públicos, conocer cómo se toman las decisiones que nos afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones”.

Estén obligados o no, es compatible con avanzar en un compromiso con la transparencia. No cabe duda que la agenda de trabajo de un responsable público es un elemento esencial para dar respuestas transparentes a las demandas ciudadanas. Nadie duda tampoco que, la agenda, es un mecanismo de rendición de cuentas de la actividad pública y que cumple con aquellos principios, ya antiguos, que inspiraron a Rousseau al afirmar que “la democracia es la gestión bajo los ojos del pueblo”.

No habría nada mejor, para alcanzar mayores cotas de transparencia, que saber y entender qué ocurre en la actividad de quien protagoniza la actividad pública y gestiona los intereses de la ciudadanía.

Hoy, tenemos claro, y queda fuera de toda controversia, que el dinero público debe estar sujeto a fiscalización, y que los actos públicos, como actividad ligada a la legalidad y al interés general, están sujetos a exigencia de responsabilidad.  ¿Y el tiempo de un alto cargo? Tan valioso, importante y público… ¿no debe rendir cuentas?

Es un interrogante para la reflexión. No hablamos de las actividades privadas de los responsables públicos, ni de medir los tiempos de su vida íntima y personal, sino de las actividades profesionales con responsabilidad y trascendencia,  de los encuentros donde se adoptan decisiones, de aquellos actos y reuniones con consecuencias para todos.

Las agendas deben pasar del simple y escueto comunicado oficial, respetando siempre la normativa en protección de datos, a ser una auténtica rendición de cuentas.

¿Qué hacen nuestros gestores durante su tiempo público? Si lo pudiéramos conocer, conseguiríamos una mayor confianza en nuestras instituciones, avanzaríamos en la prevención de actuaciones, ya conocidas, que nunca se debieron producir y haríamos de la actividad transparente un valor social, político y personal que serviría de revulsivo a una sociedad un tanto desencantada.

Hay precedentes, además, que nos deben hacer reflexionar. Cuando la agenda pública de un alto cargo se oculta, el tiempo acaba desvelándola y, en ocasiones, con una repercusión social negativa que no habría existido si hubiera sido conocida en su momento.

Aquel razonamiento de que “no hay mejor secreto que aquél que todos conocen” debe alentar la vida pública. Sería el mejor compromiso con la transparencia. Y en esa vía trabaja el Consejo, buscando líneas de consenso para conseguir, entre todos, que el tiempo público no continúe siendo un gran secreto para los ciudadanos.

Esther Arizmendi

Presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

images-1 @ConsejoTBG

 

 

Como una fruta madura, la idea del Registro de Grupos de Interés o de lobistas está a punto de caer del árbol. Si no fuera por la legislatura prematuramente finalizada, podríamos hablar de que ayer el Pleno del Congreso de los Diputados, por unanimidad con 329 votos a favor y ninguna abstención, estaría aprobando una modificación de su Reglamento a propuesta del Grupo ParlamentarioDemocràcia i Llibertat, creando el primer Registro de Grupos de Interés en sede parlamentaria en España.

La proposición de Democracia y Llibertat, además, es técnicamente impecable. Solicita la creación de un Registro de obligatoria inscripción, como APRI lleva reclamando nueve años. Una medida valiente y decidida que no todos han parecido preparados para afrontar. Además de obligatorio, el registro propuesto es universal, es decir, todo aquel que accede a los diputados o diputadas con el objeto de influir, debe registrarse independientemente del interés que represente. Y, por último, iba acompañado de una serie de normas de conducta justas y equilibradas, cuya aplicación hubiera aportado mayor seguridad a la labor parlamentaria, y favorecido la participación de la sociedad civil de manera transparente.

La parte buena es que, tras escuchar los argumentos, no queda duda alguna de que la idea ha madurado y que en la próxima legislatura, finalmente, podrá caer del árbol.

María Rosa Rotondo

Presidenta de APRI

 

 

 

@mrrotondo

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La palabra “lobby” está de moda. A la altura de vocablos como “hipster”, “trending topic” o “vintage”. La diferencia, no obstante, estriba en la connotación terriblemente negativa que tiene el término “lobby”. Ser “hipster” mola, pero un lobista genera más odio que Donald Trump en una convención de inmigrantes en EE.UU.

Recientemente, la Vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, destacaba que una de las principales medidas adoptadas por el Gobierno para luchar contra la corrupción había sido la de promover la regulación de los lobbies. Más recientemente, y en el marco de las negociaciones para la investidura del nuevo Gobierno, el PSOE y Ciudadanos incluían entre sus medidas la regulación del lobby para evitar, puntualizaban, “la influencia indebida y los riesgos de corrupción que derivan del tráfico de influencias”.

Y así es como, una vez más, los lobistas volvimos a convertimos en el alfa y el omega de la corrupción en España. Como si no tuviera ya suficiente con ser valenciana por todos los tópicos que ello conlleva, me cargan ahora también este muerto. Soy el mal en persona; Darth Vader. Y yo, sin saberlo.

La asimilación y correlación acrítica que se ha estado haciendo estas semanas de lobby = corrupción resulta tan equivocada como tendenciosa. Equivocada porque supone un manifiesto desconocimiento de lo que es el lobby. Y tendenciosa porque evidencia la incapacidad de ciertos sectores políticos de realizar un mayor ejercicio de autocrítica a la hora de dilucidar la verdadera y múltiple causalidad de la corrupción en España. Por ello, tan injusto es decir que todos los políticos son corruptos como que todos los lobbies forman parte del contubernio judeo-masónico-comunista. Tomar la parte por el todo tan sólo conduce al desprestigio del trabajo de todos aquellos que ejercen con diligencia su profesión, sea esta en el ámbito privado o en el público.

Buena parte del problema radica en ese desconocimiento, que equipara el lobby al maquiavelismo de un capítulo de House of Cards y no tanto a movimientos ecologistas para promover el uso de renovables. Ni tan siquiera existe consenso en el propio sector para denominar nuestra activida

d: desde relaciones institucionales, pasando por asuntos públicos, asuntos gubernamentales, asuntos corporativos, advocacy, incidencia o, mi preferida, cabildeo. Cualquier cosa menos lobby, que arrastra siempre una connotación negativa. Y, aunque decidiera emplear este término con orgullo y tesón, mi travestismo profesional me conduce a tal desconcierto que, en realidad, ya no sé si soy lobista, lobbista, o lobbysta.

Bajo semejante panorama, no resulta extraño la confusión generalizada que existe en la sociedad con respecto a nuestra profesión. Hace falta más pedagogía y, para ello, la mejor arma es la transparencia. La CNMC ha creado recientemente un registro de lobbies, siguiendo el camino que la Generalitat de Cataluña inició el pasado año. Una gran noticia, puesto que la normalización del lobby en España es el primer gran paso para lograr desmitificar el halo de misterio que rodea al sector.

Ello implica necesariamente que el lobby no sólo lo ejerzan las grandes empresas del Ibex 35 y las multinacionales, sino también ONGs, asociaciones y grupos de ciudadanos. Sin ir más lejos, la Iniciativa Legislativa Popular promovida por la PAH de Ada Colau en 2013 fue uno de los movimientos de presión más destacados de los últimos años, ya que logró colocar en la agenda política una realidad, la de los desahucios, silenciada hasta entonces. Greenpeace es otro de esos grupos de presión que emplea acciones menos ortodoxas para lograr sus objetivos políticos, como impedir la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana desplegando pancartas en las inmediaciones del Congreso de los Diputados.

El reto, por tanto, pasa no sólo por democratizar la práctica del lobby a toda la sociedad, sino también por profesionalizar su ejercicio. Llevo años explicando a mis allegados que una de mis principales tareas como lobista es leer con devoción el BOE y el BOCG cada mañana, escuchar las ruedas de prensa del Consejo de Ministros y los debates en sede parlamentaria, o seguir al segundo la formación de Gobiernos tras elecciones. Prácticas estas muy alejadas de la idea preconcebida de que, en realidad, los lobistas lo que hacemos es conspirar con los políticos para planear la dominación del mundo y, de paso, enriquecernos en el proceso.

Por ello esta profesionalización debe pasar por la instauración de un obligado código de buenas prácticas –ya adoptado por la inmensa mayoría de empresas y consultoras del sector– que censure aquellas actividades ilícitas atribuidas a lobistas y que, por lo general, son urdidas entre empresarios con la cartera ancha y la moral escasa, y políticos con nulo sentido y aprecio por el bien común.

Así que hoy romperé una lanza en favor de mi profesión y diré públicamente, y sin tapujos, que yo soy lobista. A pesar de que serlo no mole tanto como ser hipster. Pero, al menos, la mayor parte de mis compañeros y yo desempeñamos nuestro trabajo bajo las premisas de transparencia y profesionalidad, buscando el objetivo de hacer ver al lobby como una práctica necesaria para el desarrollo democrático de nuestras sociedades y no como un obstáculo al mismo.
Cristina Sayol

Consultora en Asuntos Públicos en Political Intelligence

 

 

 

@CristinaSayol

Por fin podemos afirmar sin ningún género de duda, que la voluntad de regular los lobbies –objetivo que APRI lleva persiguiendo desde su fundación en 2007–  está incluida en el programa electoral de los principales partidos.

Con matices, casi todas las propuestas programáticas para las elecciones del próximo 20 de diciembre incluyen la regulación de los lobbies y de su actividad.

A continuación, las propuestas detectadas en materia:

 

El Partido Popular, cuyo compromiso en regular los lobbies en la pasada legislatura nunca llegó a materializarse, bajo el lema Reivindicar la Política, Combatir la Corrupción, propone 18 medidas, entre las que destaca la número 11 en cuanto a lobbies:

 

11. Regularemos la actuación de los lobbies y pondremos en marcha un registro de lobbies o grupos de interés para identificar a todas aquellas personas físicas o jurídicas que desarrollan este tipo de actividades.

 

El PSOE de Pedro Sánchez abarca el tema en el capítulo La Defensa de lo Público, en el apartado Administraciones Públicas para Garantizar Servicios Públicos de Calidad, proponiendo –entre otras– la siguiente medida:

 

Buen Gobierno en las Administraciones Públicas: Participación, transparencia, ética pública y prevención contra la corrupción

Regular la actividad de lobby ante el Poder Legislativo, el Gobierno y la Administración. Crear un registro obligatorio de lobbies y lobistas. Los representantes públicos deberán dar cuenta de los contactos que mantienen con estos lobbies e informar del contenido de las pretensiones o propuestas formuladas. Todo lobista registrado deberá informar periódica y públicamente de sus actividades. Aprobar un código ético para la actividad de lobby y dotar a la Oficina de Conflictos de Intereses de las prerrogativas y los recursos necesarios para supervisar y sancionar los incumplimientos, tanto del sector público como del sector privado.

 

Ciudadanos ha decidido incluir esta materia en el Apartado VIII de su programa, La Administración al Servicio del Buen Gobierno, en la sección Reformas Institucionales yTransparencia Económica, con el siguiente compromiso:

 

Proceder a la regulación de los denominados lobbies estableciendo un registro de grupos de interés y garantizando la transparencia en el ejercicio del derecho que los representantes de la sociedad civil y las empresas tienen de acceder a las instituciones y en particular al Parlamento.

 

En los 394 puntos que vertebran el programa de Podemos, el partido de Pablo Iglesias se acerca al asunto a través de distintas medidas programáticas tal como:

 

227 Reglamentos parlamentarios para el debate democrático

 

Convertiremos los reglamentos parlamentarios de las cámaras generales del Estado en una herramienta para la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas de dichas instituciones.

 

• Mayor fuerza de la ciudadanía: participación de la sociedad civil en el proceso legislativo. Crearemos espacios mixtos de deliberación durante la tramitación legislativa donde participen representantes políticos, personal técnico y ciudadanía. Incluiremos el escaño ciudadano.

 

• Todas las actividades parlamentarias estarán regidas por los principios de transparencia y control político. Desarrollaremos herramientas web accesibles que hagan transparente la actividad en las cámaras.

 

 

238 Regulación de las incompatibilidades en los cargos públicos

• Prohibir que desde los lobbies se contrate a los diputados o a sus asistentes.

 

• Obligar a que, si desde los lobbies se emplea a antiguos miembros del Gobierno, estos lobbies informen sobre quiénes son sus clientes, a qué representantes políticos contactan, qué temas tratan y en qué gastos incurren durante su trabajo.

 

• Crear, a nivel estatal y en cada Comunidad Autónoma, una oficina de registro de conflictos de interés e incompatibilidades, que vele por el cumplimiento de estas normas y que esté dotada de independencia y capacidad inspectora.

 

También UPyD ha incluido el tema de la regulación de los lobbies en la sección deTransparencia y lucha contra la corrupción:

5.1. Transparencia, regeneración de la democracia y lucha contra la corrupción

171. Regulación de los lobbies, en los que se detallen las prácticas permitidas, la regulación de las actividades y la forma de publicar la influencia en el proceso legislativo.

 

172. Reforma de la Ley de Transparencia, claramente insuficiente, así como la adopción de las medidas necesarias para garantizar la publicidad accesible y comprensible de […] Registro de lobbies y grupos de interés de acuerdo a los estándares internacionales

 

A pesar de las sendas propuestas para fomentar la transparencia de las instituciones españolas, el programa de Izquierda Unida/Unidad Popular no hace referencia a la palabra lobby o grupo de interés y tampoco a la puesta en marcha de medidas para regularlo.

 

Entendemos que tratándose de programas electorales ningún partido haya podido detallar más sus propuestas al respecto, pero lo que sí es cierto es que cualquier sea el color político del próximo gobierno de la XI legislatura, la actividad del lobby tendrá su regulación. Como primera y única asociación en representación del colectivo de lobistas en España, nos felicitamos de que así sea.

 

Descarga el PDF con todas las propuestas

Comunicación y empresa responsable, recoge la colaboración de cerca de 40 autores de universidades públicas y privadas, así como profesionales de referencia en el mundo de la comunicación en España, quienes se encargan de explicar y desarrollar los aspectos concretos de la ética y la responsabilidad social en el contexto de la comunicación empresarial. Todo ello bajo la coordinación de Juan Benavides, Catedrático de Comunicación en la Universidad Complutense, y el profesor Abel Monfort.

El manual tiene como objetivo servir de material de trabajo y consulta para alumnos, profesores y profesionales que quieran profundizar en la dimensión ética y responsable de la gestión de intangibles, cuentas, creatividad o agencias de medios de empresas y organizaciones públicas o privadas.

La obra se divide en los siguientes bloques: ética y comunicación en un mundo globalizado; introducción a la ética empresarial; la presencia ética en la estrategia de marca corporativa; la ética en otros sectores de la profesión; y, por último, el profesional de la comunicación.

El consultor de comunicación y asuntos públicos, Santos Ortega, colabora con un capítulo titulado: “La ética de las relaciones públicas y la deontología de la profesión”. En este capítulo, Ortega, miembro de APRI, desgrana como cada vez más directivos y profesionales de la comunicación tienen a su cargo labores de representación institucional que tienen grandes implicaciones éticas. Como ejemplo para abordar esto nuevos retos éticos, el autor refleja el código de conducta de APRI dentro de las iniciativas que colaboran a la profesionalización de la representación de intereses en España.

Santos Ortega

Consultor en Comunicación y Asuntos Públicos y Socio de APRI

La función profesional de los lobistas no es en absoluto ajena al mundo de la comunicación. Las relaciones institucionales de una organización son claramente concomitantes e incluso coincidentes con el ámbito de desempeño de los profesionales del lobbying, y es frecuente y mutuamente beneficiosa la colaboración entre éstos y los directivos de comunicación.

Para Dircom, el acuerdo firmado con APRI implica un reconocimiento mutuo de esta realidad y de los puntos de intersección entre ambas funciones. Los directivos de comunicación coincidimos con los profesionales del lobbying en la necesidad de que su actividad se regule de una manera satisfactoria para todas las partes implicadas y para el conjunto de la sociedad, como en otros países de nuestro entorno.

Por ello Dircom se dispone, mediante este acuerdo, a colaborar con APRI en el desarrollo de esta reivindicación razonable de los lobistas, que sin duda redundará en una mayor transparencia y en un desempeño ético de su actividad.

Sebastián Cebrián

Director general de Dircom

 

 

 

 

 

 

@SebasCebrian

Transparencia y regulación del lobby: éstos son los temas que las asociaciones nacionales de lobistas procedentes de toda Europa discutieron en su quinta conferencia, celebrada en Viena el 7 y 8 de mayo de 2015.

El encuentro fue organizado por la Public Affairs Community of Europe (P.A.C.E), la única plataforma que reúne a las organizaciones nacionales europeas de asuntos públicos, profesionales y lobistas. La asociación Austríaca de Asuntos Públicos  (www.oepav.at) acogió la reunión de éste año, que contó con representantes de las  Asociaciones Nacionales de 16 países europeos, así como con portavoces de la OCDE, Transparencia Internacional y las organizaciones en Bruselas, SEAP y EPACA.

Los miembros de P.A.C.E debatieron activamente sobre la desproporcionada crítica al lobby en lugar de instar el necesario debate político sobre cómo establecer una democracia más moderna y abierta. Además, se considera que los Estados miembro de la UE deben tomar el Registro de Transparencia Europeo como base para potenciales regulaciones del lobby, y promover directrices adecuadas a tener en cuenta en su normativa nacional y en el desarrollo de buenas prácticas.

El objetivo de PACE es animar el debate público sobre esta actividad que, si es llevada a cabo por profesionales y bajo reglas limpias y claras, puede garantizar la participación democrática de los grupos de interés y de la sociedad en la toma de decisiones. En el ámbito europeo, nacional y regional, el lobby es un servicio profesional necesario para acompañar los procesos políticos de toma de decisiones.

Sobre P.A.C.E

La Comunidad de Asuntos Públicos de Europa (PACE) es, desde 2011, la única red que permite la consulta permanente entre las asociaciones profesionales de Relaciones Públicas en Europa, promoviendo la comparación entre diferentes experiencias en la representación de intereses a nivel nacional frente a las instituciones públicas. El objetivo de PACE es proporcionar apoyo a los profesionales europeos, con el fin de impulsar un marco más transparente en el que todos los grupos de presión, con sus deberes y derechos, sean tratados por igual. Las conferencias anteriores se han celebrado en Roma (Il Chiostro – 2011), Madrid (APRI – 2012), París (AFCL – 2013) y Berlín (DE’GE’POL – 2014).

 

 

 

 

@pace_eu

El escenario político está sujeto a cambios constantes. Los stakeholders que hoy son clave en la toma de decisiones que afectan a una compañía pueden dejar de serlo en el corto plazo, siendo reemplazados por nuevos actores.

Esta evolución natural es si cabe más relevante en el momento político actual, tan inestable y convulso, que anticipa cambios profundos en el mapa institucional.

Por un lado, las elecciones municipales y autonómicas a celebrar el próximo mes de mayo traerán probablemente cambios sustanciales y nuevas caras en los Ayuntamientos y gobiernos autonómicos de muchos de nuestros municipios y regiones. Por otro lado, las últimas encuestas muestran un cambio radical en el mapa político a nivel estatal tras las elecciones generales previstas  para finales de este año.

Por todas estas razones, el conocimiento y análisis de los distintos stakeholders con capacidad de actuar o influir sobre nuestro entorno de negocio cobra todavía más importancia, si queremos implementar una estrategia de public affairs sólida y de alcance.

Las empresas y asociaciones no pueden observar el juego político desde la barrera. Deben implicarse y reformular sus estrategias, estar preparadas para anticiparse a estos cambios.

En este sentido, el mapeo del nuevo entorno político se presenta como una necesidad ineludible en el contexto electoral para un tejido empresarial que, como es el caso del español, empieza a considerar las relaciones institucionales como un pilar fundamental de su estrategia.

Pero, ¿cómo hacer ese mapeo? Los directivos se encontrarán ante la disyuntiva de dedicar grandes esfuerzos a las relaciones institucionales partiendo de unos recursos materiales y, especialmente, temporales escasos, debido a la confluencia de diversas citas electorales. El reto entonces es saber priorizar y jerarquizar bien los contactos, diferenciando los stakeholders en función de atributos como sus competencias,  legitimidad y capacidad de influencia.

Y es que, de la correcta identificación de las necesidades y expectativas de los actores más relevantes dependerá en gran medida el éxito de la estrategia institucional de muchas empresas.

 

Javier Valiente

Socio Director de Political Intelligence y Miembro Fundador de APRI

 

 

 

@JValiente

 

En todos los Debates sobre el Estado de la Nación celebrados en esta legislatura ha aparecido la palabra lobby. Es el caso del DEN 2013 en el que el mismo Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hablando ante el Pleno del Congreso de medidas para fomentar la transparencia en la relación entre administración pública y ciudadanía, destacó la necesidad de regular esta profesión:
“Permítanme, Señorías, que como miembro de esta Cámara de representantes, les proponga también extender este tipo de medidas u otras similares a los Diputados y Senadores, a través de la pertinente reforma de las normas que regulan el funcionamiento de ambas Cámaras.Una reforma en la que creo que sería positivo incluir también la regulación parlamentaria de las organizaciones de intereses (los llamados “lobbies”), con medidas que clarifiquen cuáles pueden ser sus actividades y cuáles deben ser sus límites.” (M. Rajoy, Congreso de los Diputados, 20/02/2013)
Habrá que esperar un año más para que haya algo de compromiso respecto al tema. En el DEN 2014 los Grupos Parlamentarios Popular y de CiU pactan una resolución en la que el Congreso considera necesario impulsar, en el marco de la Reforma del Reglamento del Congreso, la regulación de los lobbies.

En este sentido, el pasado mes de octubre la Ponencia encargada de la Reforma del Reglamento del Congreso empezó a trabajar para la creación de un registro de los lobbies. El Grupo Parlamentario Popular (GPP) presentó una propuesta que refleja, con algunos matices, la que APRI presentó a los varios grupos parlamentarios durante el año 2014. Después de que el GPP presentara su propuesta la Ponencia se ha reunido tan solo dos veces y no consta que se haya avanzado mucho en esa dirección.

Lo que sí es cierto es que la semana pasada, por tercera vez, la palabra lobby entró en el Debate sobre el Estado de la Nación. De hecho, el DEN 2015 nos deja una segunda resolución de CiU, con enmienda del GPP, para que se avance en esta materia:

“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:

3. Avanzar en la regulación de manera precisa de los denominados LOBIS en el marco de los trabajos que se están llevando a cabo en el Parlamento, a partir de la definición de la propia comisión europea, garantizando la necesaria transparencia en el ejercicio legítimo del derecho que los representantes de la sociedad civil tienen de acceder a las instituciones con el objetivo de trasladar sus intereses, recabar información, defender su situación o solicitar cambios en la normativa que les afecta, especificando los límites de estas actividades.”

Ahora bien, es un hecho que el tema de la regulación de los lobbies ha entrado tres veces en el debate parlamentario más importante del año, demostrando así que el tema de la regulación tiene derecho a ser parte de la agenda parlamentaria. El siguiente paso, ahora, sería pasar de las palabras a la acción. Hay compromiso por parte de varios grupos parlamentarios para regular este tema, que está ya en la agenda política del país, y que es algo que hará que las relaciones entre el mundo empresarial y la administración pública sean más transparentes.

Por lo tanto, desde APRI, seguimos esperando con confianza que, también España tendrá en breve una correcta regulación en esta materia que aporte transparencia y profesionalidad a la representación de intereses.
Andrea Vota
Adjunto a la J. Directiva de APRI

Brussels is widely associated with policy-making, bureaucracy and lobbying. But what does that actually mean? Is it good or bad?

The good side of this EU policy concentration in Brussels is that it represents the result of a long process of European integration harmonizing rules in Europe and allowing for an easier and barrier-free exchange between the European member states. The bad side may be the distance to Brussels for most European citizens creating the perception of decisions taken without participation by the individual.

So where is the misunderstanding? Decisions are actually institutionally driven by the 28 European Union member states’ governments as well as by a European Parliament directly elected by European citizens, not by the alien force referred to as “Brussels”. The European Commission, the body proposing legislation, is also appointed in collaboration between the EU governments and the European Parliament. This allows the conclusion that the EU is driven from across the EU member states, not only from Brussels. Where do interest representatives come in? Participation by interest representatives in the decision-making is encouraged and expected by the European institutions.

Why do we need lobbying and lobbyists? Governments, and in this case the European Union Government, produce policy and laws. But who are the experts for producing these laws? Politicians, public officials, industry, NGOs, scientists, economists? Probably all groups who will be in some way affected by the laws have a share of expertise. A law not taking into account the impact on the groups affected, is most likely doomed to fail. Lobbying is something fully incorporated into European policy-making and there is no doubt about the need for the input of interest representatives.

Has lobbying always been obvious in the EU? The recognition of the need for consideration of interest representatives probably reaches far back. After all, the European Community for Steel and Coal was established on the basis of economic interests. However, the EU has constantly developed its structures and rules regarding participation by interest representatives. This ranges from the creation of the European Economic and Social Committee to the establishment of EU advisory bodies uniting different interest representatives, to civil society consultations, to impact assessments and to structured dialogues with interest representatives. The biggest breakthrough ensuring a level playing field for lobbyists was the creation of the European Commission Transparency Register in 2008, which was replaced by the Joint European Commission and Parliament Transparency Register in 2011.

Having been a lobbyist in Brussels, I consider lobbying to have been made easier operating under the Code of Conduct of the Transparency register than before. It sets equal rules to everyone registered by requiring the signature of the Code of Conduct. This ensures a level of trust on both sides when an interest representative approaches the EU institutions on a lobbying matter. While the register is currently voluntary, EU officials and politicians have become very aware of the register and may in some cases not be willing to speak to not registered lobbyists.

Would an obligatory register ensure a full level playing field? This is an ongoing discussion as it would create the same conditions for everyone. In the framework of his hearing by the responsible committee of the European Parliament, the new European Commission First Vice-President designate Frans Timmermans raised the issue, which has been an important call by the European Parliament throughout the years. The European Commission President designate Jean-Claude Juncker has set it as a priority issue to deal with by the new Commission. On the basis of this broad political will, it is very probable to lead into the direction of an obligatory register. While in principle it would probably serve lobbyists, the devil is in the detail and has to be carefully looked into.

So what is it we are actually aiming at? In my view, we are aiming at transparent cooperation between interest representatives and policy-makers considering all affected sides have a contribution to make to policy and law. We may be much further ahead than ten years ago, but there is room for improvement, going from the lobbyist being on the requesting side and the policy-maker on the receiving side to equal cooperation between the two.

What will happen in Spain? The Spanish Government is dealing with the question of transparency and a register. Taking the positive experience of the Transparency register in the EU and rules enhancing transparency in some other EU member states, Spain is likely to eventually move into the direction of clearer provisions for transparency and lobbying as well.

 

Sabine Wimpissinger

Consultora en Public Affairs y Socia de APRI

 


 

 

@SabineWimpissin