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• Para APRI la regulación debe basarse en un principio fundamental: lobista es quien hace lobby.

• La Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales (APRI) ha presentado sus observaciones al Anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad de los Grupos de Interés al Ministerio de Hacienda y Función Pública y solicita que se tramite por el procedimiento de urgencia.

• A la luz de lo sucedido en el Parlamento Europeo con el caso Qatargate, insisten en la importancia de regular la actividad en tiempo y de forma adecuada.

• Les preocupan tres grandes aspectos de la norma: la falta de obligatoriedad de registrarse para algunos colectivos de lobistas; la falta de equiparación de derechos y obligaciones para lobistas y servidores públicos y la adscripción del registro de grupos de interés a un órgano independiente.

Madrid, 21 de diciembre de 2022

Con motivo de la aprobación en primera lectura por el Consejo de Ministros del Anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés, los profesionales de las relaciones institucionales, los asuntos públicos y el colectivo que representa a los lobistas en España, integrados en Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales (APRI), ha presentado sus observaciones al Anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad de los Grupos de Interés al Ministerio de Hacienda y Función Pública, solicitando que se tramite por el procedimiento de urgencia. Aseguran que de nada servirá el esfuerzo del Gobierno de regular la actividad si no se actúa con la suficiente celeridad para que se apruebe por las Cortes Generales antes de que finalice la legislatura.

Además, los profesionales del lobby en España, a la luz de lo sucedido en el Parlamento Europeo con el caso Qatargate, insisten en la importancia de regular la actividad no solo en tiempo, sino también de una forma adecuada. Les preocupan tres grandes aspectos del texto adelantado por el Gobierno: las exclusiones en la obligatoriedad de registrarse para determinados grupos de interés; la falta de equiparación de derechos y obligaciones para lobistas y servidores públicos y la existencia de un órgano más independiente para mayor control de las obligaciones, salvaguardar derechos y resolver de modo más efectivo la aplicación de la ley.

Todo agente que desarrolle actividades de influencia debe considerarse grupo de interés y estar sujeto a los mismos derechos y obligaciones de la norma

Para APRI, el principio básico de toda regulación de lobbies es que es lobista quien hace lobby. Consideran que todo agente que desarrolle actividades de influencia por cuenta propia, a través de intermediarios o en representación de terceros debe considerarse grupo de interés y estar sujeto a los mismos derechos y obligaciones de la norma; ya sean patronales, sindicatos, asociaciones empresariales o colegios profesionales.

APRI considera que la inclusión de los mismos no limita sus derechos, sino que es un instrumento que añade transparencia y normas de conducta a sus actividades de influencia. De hecho, actualmente, muchas de estas organizaciones se encuentran ya inscritas desde hace tiempo en muchos de los registros de transparencia o grupos de interés ya existentes tanto en la UE, como en las Comunidades Autónomas u organismos públicos como la CNMC. En palabras del secretario de APRI, Esteban Egea “excluir del registro a un tipo de grupo de interés cuando este grupo realiza actividades de influencia, solo conlleva que estas actividades se desarrollen en la opacidad y sin tener que responder al compromiso ético que establece la ley”.     

Registro de Transparencia adscrito a un órgano independiente

Para APRI, otro aspecto importante de la norma es que el Registro debería estar adscrito a un órgano independiente funcional y orgánicamente, con potestad sancionadora propia para dotarlo de suficiente credibilidad desde el punto de vista funcional y administrativo, para que, en ningún caso, el órgano de control pueda entenderse que actúa como juez y parte resolviendo infracciones y sanciones del mismo Ejecutivo. La necesidad de esta supervisión independiente se ha puesto claramente de manifiesto en el Qatargate y es ahora mismo una de las prioridades de mejora que proponen las más altas instancias de la Unión.

Obligaciones éticas equilibradas tanto para grupos de interés cómo para los empleados públicos sujetos a la influencia

Asimismo, el Anteproyecto de Ley no equilibra las responsabilidades de grupos de interés y de los empleados públicos sujetos a la influencia, y reclama que, al igual que se establecen obligaciones a los grupos de interés, se deberían establecer las obligaciones legales de los empleados públicos, por ejemplo, en relación con el cumplimiento de transparencia de sus propias agendas y el registro de sus contactos con los grupos de interés. Dolores González Pastor, vocal del Comité de Regulación de APRI subraya “las obligaciones éticas han de ser equilibradas y aplicadas por ambas partes en el ámbito de su responsabilidad, tanto por parte del lobista o grupo de interés como por parte del responsable público sujeto de influencia”.

Régimen sancionador equilibrado para ambas partes

Así, la asociación profesional pide que la norma desarrolle un régimen sancionador equilibrado para ambas partes, ya que sin una adecuado marco de definición de las infracciones y sanciones, las obligaciones impuestas tanto para lobistas como el personal público no se cumplirán y la ley quedará sin efecto en los objetivos que se propone.

• Durante la celebración de la mesa de análisis sobre los profesionales de las relaciones institucionales, los asuntos públicos y el lobby organizado por el Foro de Organizaciones de APRI, se ha analizado este perfil estratégico, cada vez más demandado por todo tipo de organizaciones.

• Una de las principales barreras para estos profesionales es el estigma social alrededor del lobby por el desconocimiento y la falta de regulación de la actividad en España.

• Los expertos coinciden que una regulación de los grupos de interés junto con una mejor divulgación sobre la actividad ayudaría a rebajar estigma negativo del lobby y a conocer mejor la labor que desempeñan estos profesionales.

Madrid, 15 de noviembre de 2022

Con motivo de la reciente aprobación del Anteproyecto de ley de transparencia de los grupos de interés, la Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales (APRI) ha celebrado una mesa de análisis sobre el perfil profesional de las relaciones institucionales, los asuntos y el lobby.  Durante la mesa de debate moderada por la Directora General de APRI, Irene Matías, se ha concluido que la profesión en España se encuentra en plena fase de desarrollo, y aunque no se ha llegado a un consenso para una denominación común de estos profesionales, todos los ponentes han coincidido en señalar que el perfil de este tipo de profesionales es multidisciplinar, con amplios conocimientos del funcionamiento de la política, la estructura de gobierno y el proceso de elaboración de normas. Tienen amplias dotes comunicativas gracias a su “escucha activa”, una visión estratégica y la capacidad de articular consensos. Son profesionales proactivos, defensores de los intereses de las organizaciones, pero comprometidos con el interés particular de la ciudadanía ya sean pacientes, consumidores o ciudadanos.

Además, los expertos son de la importancia de la ética, integridad, transparencia y rigurosidad que tiene que acompañar su trabajo, de ahí la importancia de que se regule la profesión. En palabras Carlos Parry, Head of Government Affair en AstraZeneca y coordinador del Foro de Organizaciones de APRI, “la ética, la transparencia y la profesionalización de la actividad debe convertirse en la esencia de nuestra profesión, para liberarlas del estigma negativo asociado a la palabra lobby y se conozca en profundidad el verdadero valor que desempeña nuestra labor”. 

El acto, organizado por el Foro de Organizaciones de APRI, un medio de colaboración de organizaciones que apoyan los objetivos y valores de APRI, nacido con la finalidad de poner en valor una interlocución público-privada ética, transparente y profesionalizada, ha reunido a experto en el ámbito académico, expertos en selección de personal y a profesionales del sector, como Javier Cantera, Presidente en Auren Consultores; Pablo Gutierrez-Jodrá, Director de Gestión de Talento en Asuntos Públicos de Political Intelligence; Euprepio Padula, Presidente en Padula & Partners; Eulalia Tort, Profesora de Public Affairs en la UOC y la URLL; Marc Francés, Managing Director en Sarah Marlex y Carlos Parry, Head of Government Affair en AstraZeneca y coordinador del Foro de Organizaciones de APRI.

Todos han coincidido en señalar que existen muchas maneras de dominar a estos profesionales, ya que se trata de una posición adaptada a las necesidades de la organizaciones. En palabras de Marc Francés, “su denominación depende de la estrategia que tenga cada organización”. Pablo Gutierrez-Jodrá, Director de Gestión de Talento en Asuntos Públicos de Political Intelligence en cambio, ha señalado que en Political Intelligence han optado por denominarla “Chief Policy Officer”, “término que permite señalar la función estratégica y transversal que tiene la posición”. Eulalia Tort, Profesora de Public Affairs en la UOC y la URLL, prefiere denominar esta actividad Asuntos Públicos, ya que “es un término más generalista, que invita a que el ámbito público y privado se sienten en una mesa y sean capaces de articular consensos”.

En cuanto a la formación, al no haber una disciplina concreta, estos profesionales emergen de todo tipo de estudios que les sirve como base para desempeñar su trabajo: ciencias políticas, jurídicas, económicas, ciencias de la información etc., pero reconocen que se trata de una profesión multidisciplinar que requiere formarse en varias áreas a lo largo de la vida laboral. Así, Javier Cantera, Presidente en Auren Consultores, ha resaltado “la importancia de formarse en la metodología”. También ha resaltado que “la profesión tiene que llegar a las escuelas de negocios, para que los equipos de dirección conozcan esta actividad tan fundamental y estratégica para las organizaciones”.

Asimismo, se ha resaltado el profundo desconocimiento de la actividad. Los expertos coinciden que se debe a que el trabajo no está regulado. Según Carlos Parry, Head of Government Affair en AstraZeneca y coordinador del Foro de Organizaciones de APRI “una regulación de los grupos de interés y una mejor divulgación sobre la actividad ayudaría a rebajar el estigma negativo de la profesión y a conocer mejor la labor que desempeñan estos profesionales”. Euprepio Padula, Presidente en Padula & Partners, ha concluido “además de la regulación, las organizaciones poseen la enorme responsabilidad de comunicar adecuadamente la importancia de esta función”.