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Alicia Azaña, Gerente de la Asociación Nacional de Empresas Socioculturales y socia de APRI

JFK decía que “La ignorancia de un votante en democracia perjudica la seguridad de todos”, yo pienso que la ignorancia de un político sobre una materia que desconoce perjudica la seguridad de todos, si además pretende bien intencionadamente regularla sin escuchar a los que saben de ella, estamos ante una temeridad.

La toma de decisiones, aunque responsabilidad individual de aquellos políticos, a los que con nuestro voto delegamos la capacidad de administrar nuestra sociedad y normas de convivencia, no impide que ésta sea lo más transparente posible y abierto a la participación activa de los ciudadanos.

El camino hacia la regulación de un Lobby profesional transparente y ético, parte en nuestro país de los inicios constitucionales, mucho ha llovido desde entonces, y a pesar de la profusión legislativa que la democracia trajo consigo, sucesivamente hemos ido relegando la regulación de un sector profesional al que se ha mirado bajo la lupa de la sospecha.

Nada más lejano a la realidad, ya que se compone de buenos profesionales que aportan información y expertisse a los reguladores en la materia que le es afín, para que nuestras leyes, reglamentos y regulaciones sean lo más eficaces y eficientes.

La sola presencia de España en escenarios multilaterales y su incorporación a la UE ya hubiera requerido de una regulación al respecto, para caminar acompasados a otros países de nuestro entorno, ya que cualquier político encargado de legislar debe contar con la mayor información, no sólo la que les facilitan sus asesores, sino aquella que pueden proporcionarle empresas, grupos de interés y sector, para conocer los inputs necesarios que deberá establecer en la reglamentación de una materia concreta y dimensionar el impacto que causará en los ciudadanos y en el conjunto de la sociedad.

Cuanto más completa sea esta información, menor posibilidad de error y parcialidad.  El lobby por tanto sirve como herramienta imprescindible para administraciones, empresas y grupos de interés, al proporcionar al legislador toda la información necesaria para regular en el buen camino, acompañándole si es preciso, para que pueda actuar de forma acertada.

Este caudal de información veraz, ha de proporcionarse de manera profesional y transparente, no sólo con un Registro de “quien recibe a quien y para que, y cuál es el destino del presupuesto que maneja en esa área” o un Código de Conducta de nuestros Diputados y Senadores, es además conveniente aplicar, el lema germánico de que “todo aquello que no está permitido, queda rigurosamente prohibido”.

Y eso es precisamente lo que se ha aplicado en la Unión Europea, desde 2011 el Registro de Transparencia identifica a todo aquel que se relaciona con miembros de sus organismos, bien sea Parlamento, Comisión, o Consejo de la Unión _incorporado en diciembre de 2020_ a nivel de Diputado, funcionario o alto cargo.  Cuenta con 6 categorías y 12.606 registrados _ datos del último informe 2020_,  de los que sólo el 6% son españoles, frente al 18% belgas, 13% alemanes, 10% franceses u 8% británicos.

Aunque la inscripción al Registro es voluntaria, se cuenta con una serie de ventajas que la hacen recomendable, tales como: accesos de larga duración a las instituciones, realizar intervenciones como oradores en audiencias públicas, suscribirse a notificaciones electrónicas, apoyar actividades de las agrupaciones no oficiales del Parlamento, o solicitar el patrocinio del presidente del Parlamento.

En el caso de la Comisión Europea es obligatoria la inscripción en el Registro para poder reunirse con miembros del gabinete, directores generales o jefes de servicio y se revisa su inscripción en el caso de solicitar contacto con otros funcionarios, se les notifican automáticamente consultas públicas y hojas de ruta de las materias de su interés o pueden ser nombrados miembros del grupo de expertos, o solicitar patrocinio de la Comisión.

El Registro de Transparencia cuenta con una Secretaría Común encargada de la gestión (asistencia técnica y control de calidad del mismo) y que recibe alertas (errores en materia de Registro) y denuncias de terceros (alegaciones sobre un supuesto incumplimiento del Código de conducta). Resulta de igual interés la formación que se presta a funcionarios sobre como tratar a los grupos de interés.

En España debiéramos inspirarnos en estas herramientas de la UE, algunas administraciones autonómicas y locales ya cuentan con Registros similares, tales como el del Ayuntamiento de Madrid, es capital extenderlos por toda nuestra geografía, y que culmine la regulación a nivel nacional que ya parece inminente.

Carlos Parry, Head of Government Affairs de Astrazeneca España y socio de APRI

Gracias de nuevo a APRI por darme la oportunidad de poder compartir una breve reflexión con los compañeros que nos dedicamos, con pasión, a transformar las sociedades de las que formamos parte, a través de nuestro trabajo, como profesionales de las relaciones institucionales.

En los últimos meses, hemos tenido buenas noticias los profesionales de las relaciones institucionales en España con el inicio del proceso legislativo para regular nuestra actividad, por ser una pieza clave en el camino a seguir profesionalizando la actividad que desarrollamos.

Aunque el proceso legislativo no es la única vía para seguir avanzando, ya hemos dado grandes pasos, en los últimos años, con iniciativas tan importantes como la creación de APRI o la firma de todos sus socios del código de conducta que nos compromete con una forma de actuar transparente y ética.

Hasta aquí bien, pero aún nos queda mucho camino por recorrer y poder decir que hemos llegado donde queríamos llegar. En España seguimos estando a años luz, si lo comparamos con el reconocimiento y la regulación de los lobbies en Bruselas o Washington.

En nuestro país sigue predominando esa visión de que un buen profesional de las relaciones institucionales es aquel que tiene una super agenda de contactos, y todavía sigue habiendo muchas personas que así se venden. Pero en este sentido, me vais a permitir decir que, en mi modesta opinión, es un gran error que puede lastrar nuestra imagen y nuestra profesionalidad.

Es importante tener una buena agenda de contactos, por supuesto, pero no solo para un profesional de las relaciones institucionales, también lo es para un CEO, un DIRCOM o cualquier función estratégica de una empresa. Pero no solo podemos ser valorados por nuestra agenda, ya que eso nos limita a quién podemos llamar o ver para hacerle llegar nuestro propósito.

La clave está en la estrategia, en definir claramente el objetivo de nuestra labor en el que proyecto laboral en el que estamos inmersos. Es la base que determinará nuestra influencia y poder transformador. Porque sin una estrategia que nos permita definir a qué publico queremos dirigirnos, quienes van a ser nuestros aliados o simplemente, un buen mensaje, no vamos a lograr nunca ninguno de nuestros objetivos.

El mundo está en un proceso de transformación constante, los cambios incluso en el poder cada vez más frecuentes, y la agenda va perdiendo su valor. Estamos en el momento de la estrategia, ese es realmente nuestra contribución y valor.

Esta es una reflexión que quiero compartir con vosotros y quiero hacer en voz alta, porque en gran parte de la percepción que se tiene de nosotros solo la podremos cambiar con nuestro trabajo. Nosotros somos responsables de lo que vendemos como valor añadido.

Hace unos meses en este mismo foro publique otro artículo en el que explicaba el valor añadido que aportábamos a nuestras empresas, es necesario más que nunca que seamos conscientes de que con nuestro trabajo y nuestro buen hacer podemos ayudar a nuestras empresas, pero también podemos ayudar a profesionalizar nuestra labor.

Y esta profesionalización debería ser parte de nuestro propósito diario para que además de valorar nuestra experiencia o nuestra capacidad de relacionamiento, seamos valorados por nuestra visión estratégica.

Sin visión estratégica no hay éxito.