Diego Bayón, Director Advocacy & Public Awareness en Harmon y vocal de la Junta Directiva de APRI

Carlos Parry, Government Affairs Head de AstraZeneca, Director Fundacion AstraZeneca y socios de APRI

El papel de las relaciones institucionales y los asuntos públicos ha ido adquiriendo mayor relevancia durante los últimos años en España, lo que ha derivado en que comience a regularse en distintos ámbitos, así como en una mayor profesionalización de la actividad. Ahora mismo, nos encontramos en un momento histórico de desarrollo de nuestro trabajo: cada vez somos más los que nos podemos dedicar a esta profesión, y eso nos debe empujar a poder ir trazando entre todos el camino a seguir para que nuestro trabajo sea cada vez más reconocido.

Seguramente no vamos a descubriros nada nuevo. Pero, en un contexto de creciente escrutinio a nuestra actividad, tanto los nuevos profesionales que se incorporarán a la práctica de esta actividad en los próximos años, como los profesionales que estamos en activo, debemos responder a una serie de cualidades, que hemos resumido de forma breve. Porque a veces es bueno que nosotros, los que nos dedicamos a las relaciones institucionales, hagamos un análisis de cuáles son nuestras cualidades, para analizar nuestros ámbitos de mejora e invertir en desarrollarlos.

  1. Empatía: Es la clave de toda relación humana. El éxito de cualquier relación está en la capacidad de escucha y de ponerse en el lugar del otro. A través de la empatía podemos adaptar nuestras estrategias y nuestro relato a las prioridades de cada una de las audiencias a las que necesitamos dirigirnos.
  • Visión estratégica y metodología: Construir una estrategia que aglutine las actividades existentes, viendo más allá de cada proyecto, y ser capaz de unir todo bajo un relato único orientado a la búsqueda del interés general, es clave en nuestro trabajo. No basta con una buena agenda de contactos. El mayor reto no es conseguir una reunión institucional, si no determinar qué mensajes queremos trasladar, cómo y a quién, para ser capaces de contribuir al debate y a la elaboración de las políticas públicas. Para todo ello, la estrategia es fundamental: si no sabemos ver a dónde queremos llegar, difícilmente lograremos construir una historia de éxito.
  • Conocimiento del sector público: Para que las propuestas que defendemos formen parte de la agenda pública es importante conocer bien los procesos de toma decisión, las distintas herramientas que usan los decisores institucionales en su día a día, o los distintos actores que intervienen en la elaboración de la regulación, desde el ámbito legislativo al ejecutivo.
  • Comunicación eficaz: Como en la vida, lo que no sabes comunicar no existe. Para tener impacto con nuestro trabajo, resulta fundamental conocer bien cómo funcionan los medios de comunicación y la configuración de la opinión pública, saber expresarse de forma clara y sintética de forma oral y escrita, o dominar los distintos canales y formatos de comunicación que existen para elegir los más adecuados en función de la audiencia y el mensaje.
  • Principios éticos: La transparencia y la honestidad son clave para lograr establecer y desarrollar relaciones profesionales a largo plazo y superar cualquier desafío que podamos encontrarnos. Actuar con valores es la base para tener confianza con nuestros interlocutores, especialmente en un trabajo sensible como el nuestro. Por ello, en APRI contamos con un estricto código de conducta que todos los socios estamos obligados a firmar y cumplir para poder ser miembros de la asociación.
  • Adaptación al cambio: Nuestro oficio está pegado a la actualidad y depende en gran medida de la actividad política, por lo que cualquier estrategia puede cambiar en unas horas en función de las agendas institucionales, las prioridades políticas, el ciclo informativo o la percepción pública. Además, las prioridades de negocio o los objetivos de nuestra organización pueden variar también. Por todo ello, siempre hay que estar preparado para reaccionar de forma ágil y para reorientar nuestro plan de acción.

Seguramente hay más cualidades que debamos tener en cuenta, pero estas nos han parecido clave para realizar nuestro trabajo con profesionalidad y garantizar que cada vez sea más reconocido por la sociedad.

El Máster Universitario en Acción Política es un Máster Oficial, con más de 14 ediciones de historia, impartido por la Universidad Francisco de Vitoria (UFV), con la colaboración del Instituto Atlántico de Gobierno (IADG). El objetivo de este Máster es formar profesionales entrenados en el conocimiento de la realidad para afrontar los desafíos institucionales, económicos, políticos y sociales de las democracias contemporáneas, desde los ámbitos público y privado. Los matriculados en este Máster tendrán acceso libre al Aula de Liderazgo, un foro exclusivo formado por varias sesiones magistrales en las que participan líderes políticos y sociales de primer nivel internacional. En este programa han participado líderes como José María Aznar, Nicolás Sarkozy y Pablo Casado. Los socios de APRI podrán beneficiarse de las becas con un 50% de descuento sobre el Master. 

Máster oficial  Modalidades presencial y semipresencialUna experiencia única en Madrid  
Modalidad Presencial
Lugar de estudios/modalidad: Presencial en Madrid    
Fecha del programa de estudios: noviembre 2021 – junio 2022  
Número de becas: 10  
Importe del curso: 8.500€  
Porcentaje de la beca: 50%  
IMPORTE A PAGAR: 4.250€  
Fecha límite para postular a la Beca GYLF-IADG-UFV: 31 de agosto de 2021  
Fecha de respuesta de la beca: 7 de septiembre de 2021
Modalidad Semipresencial
Lugar de estudios/modalidad: online con una semana presencial en Madrid (junio 2022)  
Fecha de inicio de los programas de estudios: noviembre 2021  
Número de becas: 10  
Importe del curso: 4.990€  
Porcentaje de la beca: 50%  
IMPORTE A PAGAR: 2.495€  
Fecha límite para postular a la Beca GYLF-IADG-UFV: 31 agosto de 2021  
Fecha de respuesta de la beca: 7 de septiembre de 2021

Según Rafa Rubio, Doctor en Derecho Constitucional y profesor titular de la UCM; Luis Marañón, politólogo y consultor en Asuntos Públicos y Comunicación Estratégica y Miguel Ángel Gonzalo, archivero-bibliotecario de las Cortes Generales; en su artículo “¿Existe el lobby ciudadano? Una experiencia de participación en el congreso de los diputados.publicado en la Revista de las Cortes Generales el 30 de junio de 2021; en España, en los últimos tiempos, se han perfeccionado las vías a nivel autonómico y nacional para fomentar la participación de los ciudadanos en la actividad parlamentaria. Las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas han abierto distintos procesos de participación ciudadana, muchos de ellos a través de instrumentos tecnológicos y el Congreso de los Diputados y el Senado recopilan distintas formas de contacto con los representantes. Esto responde al creciente interés que existe, tanto en las instituciones como entre los propios ciudadanos; de que los individuos puedan enviar sus aportaciones a los procesos parlamentarios y participen en el proceso de toma de decisiones, convirtiendo al ciudadano en un actor político de relevancia y surgiendo así lo que se conoce como el “lobby ciudadano”.

Este concepto busca que los ciudadanos se incorporen de manera individual al funcionamiento de las instituciones representativas, contribuyendo en las tareas legislativas y de control a través de aportaciones y contribuciones. Además, el “lobby ciudadano” pretende equiparar la actividad y el alcance de la influencia en la vida política de los individuos con otros actores que realizan estas tareas a modo profesional que cuentan con una amplia experiencia, organización y financiación, como asociaciones o grupos de presión.

El objetivo de aumentar la relación entre los representantes e individuos y del desarrollo del “lobby ciudadano”, ha impulsado la aparición de dinámicas de participación en varios Parlamentos a nivel internacional. En España, este tipo de dinámicas se impulsaron con el canal de participación ciudadana que abrió la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social del Congreso de los Diputados durante la crisis del COVID-19. Este canal de comunicación con los partidos con representación parlamentaria que se desarrolló vía online, tenía como objetivo orientar las medidas de reconstrucción  económica y social que se implementarán en los próximos años a raíz de la crisis ocasionada por el COVID-19 y dio cabida a que los ciudadanos manifestaran sus propuestas de forma colectiva (en grupos o asociaciones) o individual. En este sentido, el análisis que realiza el artículo de Rafa Rubio, Luis Marañón, y Miguel Ángel Gonzalo, sobre las aportaciones que se realizaron al canal de participación de la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social del Congreso de los Diputados durante la crisis del COVID-19, ha permitido llegar a diversas conclusiones sobre la existencia (o no) de un “lobby ciudadano” en España, su efectividad, puntos de mejora y la comparación con el nivel de influencia de organizaciones profesionales.

Por un lado, la experiencia ha demostrado que la colaboración ciudadana permite obtener mejores resultados en términos de aportación de conocimiento. La participación de los individuos permite el acercamiento a realidades desconocidas y complejas para los representantes públicos, sobre las que muchas veces carecen de información. En este canal de participación, las propuestas de expertos independientes facilitaron el entendimiento y la toma en consideración de muchos factores. Además, el grado de participación ciudadana fue muy elevado por el gran interés que suscitó el objeto de debate. Así, se demuestra también que si el objeto de participación resulta relevante para los ciudadanos, se garantizará una participación elevada y exitosa.

Sin embargo, se ha demostrado que todavía existen muchas carencias para que el “lobby ciudadano” no profesional pueda influir decisivamente en España. Todavía existe una gran ausencia de mecanismos de seguimiento y respuesta de las aportaciones realizadas así como una gran precariedad de los sistemas de transparencia. Tampoco hay un sistema que informe al ciudadano sobre la aceptación o no de las contribuciones recibidas ni un buscador para encontrar las propuestas. Además, los ciudadanos individualmente cuentan con menos experiencia que los grupos de interés profesionales, lo que se traduce en formatos de presentación, contextos de las propuestas menos elaborados que pueden generar lagunas y deficiencias y resultar menos atractivos para su toma en consideración por las autoridades públicas.  En este sentido, concluye el artículo con la idea de que resulta necesario que la participación ciudadana individual cuente con un gran apoyo institucional que instaure mecanismos como medidas para mejorar la información y las habilidades de los ciudadanos para que puedan presentar aportaciones consistentes y completas que ejerzan influencia en el proceso de elaboración de las políticas públicas de igual manera que los organismos y grupos de presión profesionales. Finalmente, para que todo esto resulte realmente efectivo, es necesario que las medidas se incorporen en los Reglamentos Parlamentarios, como muestra del compromiso de las Instituciones Públicas con la participación ciudadana y para garantizar su perdurabilidad en el tiempo.

Alicia Azaña, Gerente de la Asociación Nacional de Empresas Socioculturales y socia de APRI

JFK decía que “La ignorancia de un votante en democracia perjudica la seguridad de todos”, yo pienso que la ignorancia de un político sobre una materia que desconoce perjudica la seguridad de todos, si además pretende bien intencionadamente regularla sin escuchar a los que saben de ella, estamos ante una temeridad.

La toma de decisiones, aunque responsabilidad individual de aquellos políticos, a los que con nuestro voto delegamos la capacidad de administrar nuestra sociedad y normas de convivencia, no impide que ésta sea lo más transparente posible y abierto a la participación activa de los ciudadanos.

El camino hacia la regulación de un Lobby profesional transparente y ético, parte en nuestro país de los inicios constitucionales, mucho ha llovido desde entonces, y a pesar de la profusión legislativa que la democracia trajo consigo, sucesivamente hemos ido relegando la regulación de un sector profesional al que se ha mirado bajo la lupa de la sospecha.

Nada más lejano a la realidad, ya que se compone de buenos profesionales que aportan información y expertisse a los reguladores en la materia que le es afín, para que nuestras leyes, reglamentos y regulaciones sean lo más eficaces y eficientes.

La sola presencia de España en escenarios multilaterales y su incorporación a la UE ya hubiera requerido de una regulación al respecto, para caminar acompasados a otros países de nuestro entorno, ya que cualquier político encargado de legislar debe contar con la mayor información, no sólo la que les facilitan sus asesores, sino aquella que pueden proporcionarle empresas, grupos de interés y sector, para conocer los inputs necesarios que deberá establecer en la reglamentación de una materia concreta y dimensionar el impacto que causará en los ciudadanos y en el conjunto de la sociedad.

Cuanto más completa sea esta información, menor posibilidad de error y parcialidad.  El lobby por tanto sirve como herramienta imprescindible para administraciones, empresas y grupos de interés, al proporcionar al legislador toda la información necesaria para regular en el buen camino, acompañándole si es preciso, para que pueda actuar de forma acertada.

Este caudal de información veraz, ha de proporcionarse de manera profesional y transparente, no sólo con un Registro de “quien recibe a quien y para que, y cuál es el destino del presupuesto que maneja en esa área” o un Código de Conducta de nuestros Diputados y Senadores, es además conveniente aplicar, el lema germánico de que “todo aquello que no está permitido, queda rigurosamente prohibido”.

Y eso es precisamente lo que se ha aplicado en la Unión Europea, desde 2011 el Registro de Transparencia identifica a todo aquel que se relaciona con miembros de sus organismos, bien sea Parlamento, Comisión, o Consejo de la Unión _incorporado en diciembre de 2020_ a nivel de Diputado, funcionario o alto cargo.  Cuenta con 6 categorías y 12.606 registrados _ datos del último informe 2020_,  de los que sólo el 6% son españoles, frente al 18% belgas, 13% alemanes, 10% franceses u 8% británicos.

Aunque la inscripción al Registro es voluntaria, se cuenta con una serie de ventajas que la hacen recomendable, tales como: accesos de larga duración a las instituciones, realizar intervenciones como oradores en audiencias públicas, suscribirse a notificaciones electrónicas, apoyar actividades de las agrupaciones no oficiales del Parlamento, o solicitar el patrocinio del presidente del Parlamento.

En el caso de la Comisión Europea es obligatoria la inscripción en el Registro para poder reunirse con miembros del gabinete, directores generales o jefes de servicio y se revisa su inscripción en el caso de solicitar contacto con otros funcionarios, se les notifican automáticamente consultas públicas y hojas de ruta de las materias de su interés o pueden ser nombrados miembros del grupo de expertos, o solicitar patrocinio de la Comisión.

El Registro de Transparencia cuenta con una Secretaría Común encargada de la gestión (asistencia técnica y control de calidad del mismo) y que recibe alertas (errores en materia de Registro) y denuncias de terceros (alegaciones sobre un supuesto incumplimiento del Código de conducta). Resulta de igual interés la formación que se presta a funcionarios sobre como tratar a los grupos de interés.

En España debiéramos inspirarnos en estas herramientas de la UE, algunas administraciones autonómicas y locales ya cuentan con Registros similares, tales como el del Ayuntamiento de Madrid, es capital extenderlos por toda nuestra geografía, y que culmine la regulación a nivel nacional que ya parece inminente.

  • La Asociación francesa de consultores de lobby se suma a una organización que ya agrupa a asociaciones nacionales de lobistas de 13 países europeos y representantes de otros 2.
  • El PACE ha vuelto a poner en valor la necesidad de cooperar para contribuir al desarrollo y normalización de la profesión de los lobistas en Europa.

Madrid, 11 de junio de 2021

María Rosa Rotondo ha sido reelegida por unanimidad como presidenta de la Asociación Europea de asociaciones nacionales de lobistas (Public Affairs Community of Europe -PACE-) en la Asamblea General celebrada esta semana. María Rosa preside desde hace 3 años la organización europea, cargo que compagina con la presidencia de los lobistas españoles agrupados en APRI.

De esta manera, la Asociación Europea de asociaciones nacionales de Asuntos Públicos (PACE) continuará defendiendo la profesión de los lobistas a nivel europeo con una Junta Directiva en la que acompañan a la Presidenta, Dominik Meier (de´ge´pol, Alemania); Micol Bertoni (Il Chiostro, Italia); Laura Florea (RLRA, Rumanía), Vaclav Nekvapil (APAA, República Checa) y Stefaan Fiers (Bepact, Bélgica).

En palabras de María Rosa Rotondo “la renovación de la Junta permitirá continuar con el objetivo del PACE de fortalecer una comunidad de profesionales de las relaciones institucionales, asuntos públicos y lobby a nivel europeo, donde compartir experiencias sobre la profesión y la consolidación del sector. Asimismo, seguiremos, respaldando la creación de asociaciones nacionales de lobistas, pues creemos que ejercen una labor fundamental en la normalización del sector en Europa”.

La Asamblea General del PACE, también ha aprobado la entrada de la asociación de lobistas de Francia, Association Française des Conseils en Lobbying et Affairs Publiques (AFCL), con lo que ya son trece los países integrados en esta organización que representa a las asociaciones de los principales países europeos.

La Asamblea General Ordinaria de PACE 2021, ha vuelto a poner en valor la necesidad de trabajar conjuntamente para contribuir al desarrollo de la regulación, normalización y profesionalización del lobby en toda Europa para impulsar procedimientos transparentes que fomenten la presencia y reconocimiento de la profesión.

Carlos Parry, Head of Government Affairs de Astrazeneca España y socio de APRI

Gracias de nuevo a APRI por darme la oportunidad de poder compartir una breve reflexión con los compañeros que nos dedicamos, con pasión, a transformar las sociedades de las que formamos parte, a través de nuestro trabajo, como profesionales de las relaciones institucionales.

En los últimos meses, hemos tenido buenas noticias los profesionales de las relaciones institucionales en España con el inicio del proceso legislativo para regular nuestra actividad, por ser una pieza clave en el camino a seguir profesionalizando la actividad que desarrollamos.

Aunque el proceso legislativo no es la única vía para seguir avanzando, ya hemos dado grandes pasos, en los últimos años, con iniciativas tan importantes como la creación de APRI o la firma de todos sus socios del código de conducta que nos compromete con una forma de actuar transparente y ética.

Hasta aquí bien, pero aún nos queda mucho camino por recorrer y poder decir que hemos llegado donde queríamos llegar. En España seguimos estando a años luz, si lo comparamos con el reconocimiento y la regulación de los lobbies en Bruselas o Washington.

En nuestro país sigue predominando esa visión de que un buen profesional de las relaciones institucionales es aquel que tiene una super agenda de contactos, y todavía sigue habiendo muchas personas que así se venden. Pero en este sentido, me vais a permitir decir que, en mi modesta opinión, es un gran error que puede lastrar nuestra imagen y nuestra profesionalidad.

Es importante tener una buena agenda de contactos, por supuesto, pero no solo para un profesional de las relaciones institucionales, también lo es para un CEO, un DIRCOM o cualquier función estratégica de una empresa. Pero no solo podemos ser valorados por nuestra agenda, ya que eso nos limita a quién podemos llamar o ver para hacerle llegar nuestro propósito.

La clave está en la estrategia, en definir claramente el objetivo de nuestra labor en el que proyecto laboral en el que estamos inmersos. Es la base que determinará nuestra influencia y poder transformador. Porque sin una estrategia que nos permita definir a qué publico queremos dirigirnos, quienes van a ser nuestros aliados o simplemente, un buen mensaje, no vamos a lograr nunca ninguno de nuestros objetivos.

El mundo está en un proceso de transformación constante, los cambios incluso en el poder cada vez más frecuentes, y la agenda va perdiendo su valor. Estamos en el momento de la estrategia, ese es realmente nuestra contribución y valor.

Esta es una reflexión que quiero compartir con vosotros y quiero hacer en voz alta, porque en gran parte de la percepción que se tiene de nosotros solo la podremos cambiar con nuestro trabajo. Nosotros somos responsables de lo que vendemos como valor añadido.

Hace unos meses en este mismo foro publique otro artículo en el que explicaba el valor añadido que aportábamos a nuestras empresas, es necesario más que nunca que seamos conscientes de que con nuestro trabajo y nuestro buen hacer podemos ayudar a nuestras empresas, pero también podemos ayudar a profesionalizar nuestra labor.

Y esta profesionalización debería ser parte de nuestro propósito diario para que además de valorar nuestra experiencia o nuestra capacidad de relacionamiento, seamos valorados por nuestra visión estratégica.

Sin visión estratégica no hay éxito.

  • Los lobistas españoles satisfechos por la aprobación de la propuesta de reforma del reglamento sobre relaciones de grupos de interés y diputados
  • María Rosa Rotondo: “El diálogo entre intereses públicos y privados es fundamental y su regulación garantiza la transparencia del debate democrático

Madrid, 26 de mayo de 2021

La Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales (APRI) – la entidad que representa a los profesionales españoles del sector del lobby y asuntos públicos -, acoge con satisfacción la toma en consideración de la propuesta de reforma del Reglamento del Congreso que prevé regular las relaciones de los lobistas o grupos de interés con los diputados, regulación que APRI viene demandando desde hace más de una década en España, para tener una regulación similar al Registro de Transparencia que ya existe en el Parlamento, la Comisión Europea y el Consejo de la UE.

A la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista que se ha debatido en el Pleno del Congreso de esta semana, y ha salido aprobada 207 votos a favor, 53 en contra y 88 abstenciones, se suma también la propuesta presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Ambos textos coinciden ampliamente con las posición de APRI, que define como lobista o grupo de interés a todo aquel que trate de influir sobre el proceso de adopción de una decisión pública. Proponen igualmente, el establecimiento de un registro de grupos de interés público y obligatorio en el Congreso, que incluya el compromiso de cumplir con un código conducta y cuyo incumplimiento derivará en la aplicación del régimen sancionador. Ambas propuestas también prevén las existencia de una huella normativa pública que muestre los cambios ocurridos durante el proceso de tramitación de una norma o política pública.

Para los lobistas, la regulación de las relaciones entre los poderes públicos y lo grupos de interés en el poder legislativo traerá un impacto positivo, ya que garantizará la transparencia en la toma de decisiones, reforzará la seguridad jurídica de las normas y facilitará la igualdad de trato y acceso a los representantes públicos bajo unos mismos criterios éticos para todos los grupos de interés.

María Rosa Rotondo, presidenta de APRI, ha declarado: “El diálogo entre intereses públicos y privados es fundamental, y tanto la iniciativa del PSOE como la del PP cuyo objeto es regular las relaciones entre diputados y los grupos de interés, garantiza la transparencia del debate democrático y disminuye el efecto de desafección ciudadana hacia las instituciones públicas y los políticos”.

APRI recuerda que la Constitución Española diseña un proyecto de democracia no solo basada en la representación, sino también en la participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos. Por este motivo, la Asociación desde sus inicios, ha abogado por regular la participación de los grupos que representan ideas e intereses en el proceso de toma de decisiones públicas y de elaboración de normativa, una cuestión que, además, la mayoría de las democracias modernas han considerado necesario implementar.

Sobre APRI

Fundada en el año 2007 por profesionales de las relaciones institucionales y asuntos públicos en España, APRI nació para cubrir un vacío en la representación y asociacionismo en esta profesión. Su objetivo es hacer de las relaciones instituciones y el lobby una profesión de reconocido prestigio y valor para toda la sociedad y, en especial, para los responsables de todo tipo de organización, como compañías, ONG o asociaciones empresariales. Una profesión que sirva como nexo más eficaz entre los legítimos intereses de la sociedad civil y las decisiones de interés general que toman los decisores políticos y los restantes poderes públicos de la Administración Central y de sus Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.

APRI cuenta con más de 150 profesionales y 14 organizaciones que abogan por la normalización de la actividad a través de la creación de un registro de grupos de interés, similar al Registro de Transparencia que ya existe ante el Parlamento y la Comisión Europea. APRI es, además, fundador y miembro de la Plataforma Europea de Asuntos Públicos (Public Affairs Community of Europe- PACE-) creada en el 2018 como plataforma de todas las organizaciones nacionales de profesionales de asuntos públicos europeos.

Anexo 1: Propuesta de regulación de APRI

El pasado viernes 23 de abril el Comité Económico y Social Europeo (CESE) organizó un coloquio online para que los socios de APRI conociesen de cerca el funcionamiento de esta institución europea. Durante el coloquio virtual, los miembros de APRI tuvieron la oportunidad de familiarizarse con el funcionamiento del CESE y el papel que juega en el proceso de toma de decisiones de la UE.

El Comité Económico y Social Europeo (CESE o EESC por sus siglos en inglés) es una de las instituciones más antiguas de la UE y se creó para representar los intereses económicos en Europa. Hoy en día funciona como una asamblea con representantes de cada país—España tiene 21 representantes. Las instituciones de la UE no tienen obligación de escuchar a los representantes, sino tener en cuenta el consenso que se alcanzan en estas asambleas. Los representantes de la asamblea trabajan para llegar a un consenso respecto a los diferentes intereses en la UE, para que los legisladores sepan dónde están los intereses europeos comunes y qué tipo de oposición esperar. Hay varios representantes del APRI en los comités del CESE.

La conferencia comenzó con Beatriz Porres, Jefa de la Unidad de Visitas y Publicaciones del CESE, que explicó la institución y presentó a varios participantes.

El siguiente ponente, Juan Alfonso Herrero, vocal de la Junta Directiva del APRI y Director de Asuntos Europeos de Mercadona, habló sobre APRI y su misión, antes de dar la palabra a dos ponentes del CESE.

Georgios Meleas presentó algunos elementos sobre los planes de recuperación Post-COVID y la importancia de la democracia participativa. El CESE realizó una encuesta en todos los Estados miembros y comprobó que las organizaciones de la sociedad civil no participan al grado que esperaba la Comisión. El CESE ha sido muy activo últimamente para reunirse con los stakeholders.

Tatiana Adamisova, destacó que el CESE se trata de un órgano consultivo, y no de un grupo de presión, cuya función principal es asesorar a las tres instituciones principales de la UE: la Comisión, el Parlamento y el Consejo. Estas relaciones se formalizan mediante acuerdos y protocolos de cooperación. La pandemia no ha afectado tanto a las actividades del CESE debido a que la mayoría de los representantes viven en los Estados miembros y tienen fuertes conexiones con grupos locales de la sociedad civil. En este sentido, subrayó la importancia de una fuerte conexión con la sociedad civil y los comités nacionales de los Estados miembros.

En la segunda parte de la conferencia, los ponentes destacaron la importancia de ejercer presión en todas las fases de la legislación en la Unión Europea, de encontrar un consenso dentro de las organizaciones y de inscribirse en el Registro de Transparencia de la UE.

Benedikt Wiedenhofer, de la organización de empresarios de la UE Business Europe, explicó que hay varias herramientas de abogacía que una organización puedan utilizar. Business Europe está formada de 40 miembros en 35 países, incluidos los 27 Estados miembros, y representan a las pequeñas, medianas y grandes empresas. Entre sus prioridades se encuentran las relaciones internacionales, centradas en la política de comercio interior e inversiones de la UE, con grupos de trabajo dedicados a la OMC con diferentes prioridades regionales. Los stakeholders con las que trabajan principalmente son instituciones con sedes en Bruselas, también trabajan con embajadas y confederaciones de terceros países.

Jean-Baptiste Boucher subrayó la importancia de distinguir entre la abogacía y el lobbying antes de presentar la misión y los objetivos del Copa-Cogeca. El Copa representa los intereses de los agricultores europeos, mientras que la Cogeca representa los intereses de las cooperativas agrarias. Afirmó que es importante encontrar el nivel de consenso más alto dentro un lobby o grupo de interés y que es importante comunicar el consenso a otros para encontrar aliados comunes. Este proceso del lobbying generalmente comienza con una consulta pública en la Comisión de manera que dar “dirección a la grada en la ballesta.”

Desde el punto de vista de la Comisión Europea, Tzonka Iotzova explicó cómo se trata a los consumidores y a los lobbies, así como los procesos que se utilizan en la Comisión. Según sus comentarios, es imprescindible inscribirse en el Registro de Transparencia si un lobby o grupo de interés quiere ser escuchado o unirse a un grupo de expertos.  

Lorenzo Repetti, en representación de Confederación de Sindicatos de la UE, que representa a más de 45 millones de trabajadores, volvió a destacar en la importancia de negociar a todos los niveles.

Por ultimo, Felipe Medina, miembro del CESE concluyó con comentarios sobre la comunicación, el consenso y la búsqueda de puntos comunes. En Bruselas, “si no eres una de las personas que almuerza en la mesa, eres la comida” de esta manera el CESE puede permitir un espacio para comprometerse con los temas que se sirven en la mesa.

La mayoría de los representantes y cargos públicos se relaciona con lobistas de forma natural y frecuente. Un 96,7% ha tratado en algún momento con ellos, mientras el 74,6% mantiene un contacto frecuente. Según un estudio sobre La visión de los poderes públicos sobre las relaciones institucionales en España, impulsado por el Foro Empresarial de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) y elaborado por Deusto Business School, los políticos consideran que la actividad de representación y defensa de intereses ante las instituciones es un pilar fundamental en las democracias modernas. Además, el lobby es visto como un derecho por los grupos de interés afectados y como una necesidad por los representantes públicos y políticos para tomar decisiones sobre una realidad que les resulta compleja y, a menudo, desconocida.

Así, el estudio revela que el lobby profesional y transparente es una actividad útil para el legislador y para el sistema democrático en su conjunto, al demostrar que tiene alta eficacia en España, sobre todo el ejercido directamente por las organizaciones. Un 89,8% de los encuestados considera útil o muy útil la participación de los grupos de interés en la detección de necesidades en la sociedad y el 83,9% en la identificación de preferencias de actuación pública. Sólo un 1,7% de los decisores políticos encuestados señala que las actuaciones públicas no se ven modificadas nunca o casi nunca como resultado de la actuación de los lobbies.

Los recelos hacia la actividad del lobista que todavía existen en determinados sectores de la opinión pública son atribuidos, principalmente, a malas prácticas del pasado; a ciertos prejuicios respecto a la clase política y empresarial, y a la falta de transparencia que aún impera en los procesos decisorios. Únicamente el 22% de los encuestados ve adecuada la normativa actual de los lobbies y más de la mitad (el 68,4%) es partidario de mejorar los mecanismos para la participación de los lobistas en la definición de las políticas públicas con una legislación a nivel nacional que integre o complemente la que ya se ha aprobado de manera dispersa en el ámbito autonómico o local.

El informe, asimismo, evidencia que el lobby no es una actividad exclusiva del sector empresarial; también hacen lobby las ONG, las asociaciones de vecinos e incluso los partidos políticos.  El 83,9% de los representantes y cargos públicos encuestado admite que ha tratado con organizaciones sin ánimo de lucro representativas de intereses empresariales y colegios profesionales, aunque reconocen que las organizaciones empresariales son los lobbies más exitosos.

A la hora de evaluar la relación que mantienen con los profesionales del lobby, un 85,6% considera la reunión presencial como una vía de contacto idónea para relacionarse con los lobbies, aunque prácticamente la totalidad de los encuestados coincide en que la crisis de la COVID-19 ha tenido un impacto profundo en la forma en que se relacionan con los lobbies, sustituyendo total o parcialmente la presencialidad por la videoconferencia y otras vías de contacto en remoto.

Para la presidenta de APRI, María Rosa Rotondo, “Este estudio viene a confirmar que los lobistas profesionales estamos bien asentados y en diálogo con los poderes públicos, y que lo que falta es regular definitivamente la actividad. Como decía un gran político en la inminente democratización de España, hay que elevar a la categoría política de normal lo que a nivel de calle es simplemente normal”.

La investigación se ha nutrido de una encuesta a más de 120 políticos y de una serie de focus groups y entrevistas abiertas con representantes de todos los niveles territoriales y partidos políticos. Esta metodología ha servido no solo para exponer ampliamente las prácticas y el estado de opinión de la clase política respecto a la actividad lobista, sino también para confeccionar un decálogo para el ejercicio de un lobby eficaz, ético y transparente ante las instituciones. Algunas de las recomendaciones que desde las propias instituciones se han formulado son planificar la comunicación con un objetivo claro y bien definido; identificar al interlocutor adecuado dentro del órgano político o administrativo; conocer exhaustivamente el marco jurídico-administrativo en el que se desenvuelven los poderes públicos; presentar argumentos o propuestas que conecten con los de otros agentes afectados o la propia sociedad, y ser muy transparente en cuanto a los intereses representados y los objetivos pretendidos. 

Este estudio es la segunda fotografía del sector del lobby en España. La primera se realizó en 2016 y analizaba la visión de la actividad por parte de las empresas, y se completa con este segundo informe que analiza, la visión sobre el lobby por parte los poderes públicos a través de 120 encuestas y cinco grupos enfocados y entrevistas en profundidad a cargos públicos desarrolladas de junio a diciembre de 2020.

Sobre el Foro Empresarial de APRI

El Foro Empresarial de APRI nace con el objetivo de reforzar la representatividad de APRI para defender y representar al sector de las relaciones institucionales, asuntos públicos y lobby en nuestro país, apoyando los trabajos de APRI mediante la visión de empresas y otras entidades con experiencia en el sector. Reúne a las organizaciones socias de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) que apuestan por el ejercicio transparente y profesional de la actividad de relaciones institucionales, asuntos públicos y lobby en España, y cuyo objeto es impulsar proyectos y actuaciones de sensibilización y análisis de tendencias en el campo de las relaciones institucionales y asuntos públicos en nuestro país. Entre los proyectos impulsados por el Foro, figura la elaboración del primer libro sobre el lobby en España, así como el primer estudio del sector de las relaciones institucionales o el video explicativo de cómo funciona la actividad profesional del lobby en España.

Actualmente, el Foro está conformado por 14 organizaciones entre las que se encuentran APD, BWC, Deva, Evercom, FTI Consulting, Grupo Social ONCE, ING, OmnicomPublicRelationsGroup, Political Intelligence, PKF Attest, 19N, Reti España, Roman y Weber Shandwick.

Sobre Deusto Business School

Deusto Business School es la escuela de negocios de la Universidad de Deusto. En 2016 cumplió su primer centenario, siendo la decana de las business schools en España. Es un referente en la formación de líderes empresariales y en egresar emprendedores; sus alumni están en las más importantes empresas del mundo o liderando startups exitosas. Tiene tres ejes de diferenciación que impregnan de manera transversal toda su oferta educativa y su actividad de transferencia de conocimiento: estrategia digital; humanismo y competitividad; y emprendimiento e innovación.

  • APRI aprueba un nuevo código de conducta para impulsar la profesionalización y buenas prácticas del sector del lobby en España
  • María Rosa Rotondo: “Este código viene a establecer el marco de referencia del ejercicio del lobby”

Madrid, 23 de marzo de 2021

La Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales (APRI) -la entidad que representa a los profesionales españoles del sector del lobby, los asuntos públicos y las relaciones institucionales-, ha aprobado un nuevo código de conducta en el que se refuerzan las exigencias de transparencia y comportamiento ético para los lobistas asociados. Con este paso, APRI busca, ante la ausencia de una regulación de la actividad en España, y a través de la autorregulación, una herramienta eficaz para asentar el ejercicio del lobby en nuestro país y lanza un mensaje al Gobierno sobre la necesidad de su definitiva regulación.

El nuevo código de conducta de APRI se ha venido trabajando a lo largo de los últimos meses por parte de un comité deontológico de APRI, presidido por Javier Valiente, y que ha contado con el asesoramiento externo de Rafa Rubio, uno de los mayores expertos españoles en la materia y actual vocal del Consejo de Gobierno Abierto de la Comunidad de Madrid que ha afirmado que “El sector ha madurado y requiere una revisión de su código de conducta. Ya tenemos perspectiva sobre cómo se comporta el sector del lobby y ante la ausencia de regulación el código de conducta de APRI es la mejor referencia.”

El Código, que sustituye al vigente desde 2011, fue aprobado por unanimidad en la Asamblea General de APRI del pasado día 3 de marzo y deberá ser firmado por cada uno de los socios, tanto profesionales como empresas, para poder seguir formando parte de la asociación.

El Comité que ha trabajado en su elaboración ha estudiado detalladamente los mecanismos de regulación y autorregulación existentes en Europa. Para Javier Valiente, presidente del comité deontológico de APRI “Hemos optado por sustanciar en nueve grandes principios la casuística derivada de una actividad que a fin de cuentas se sustenta en dos conceptos: ética y transparencia”. Por su parte, la Presidenta, María Rosa Rotondo, ha sido tajante: “Este código viene a establecer el marco de referencia del lobby en España” 

Sobre APRI

Fundada en el año 2007 por profesionales de las relaciones institucionales y asuntos públicos en España, APRI nació para cubrir un vacío en la representación y asociacionismo de esta profesión. Su objetivo es hacer de las relaciones instituciones y lobby una profesión de reconocido prestigio y valor para toda la sociedad y, en especial, para los responsables de todo tipo de organización, como compañías, ONG o asociaciones empresariales. Una profesión que sirva como nexo más eficaz entre los legítimos intereses de la sociedad civil y las decisiones de interés general que toman los decisores políticos y los restantes poderes públicos de la Administración Central y de sus Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.

APRI cuenta con más de 130 profesionales y 10 organizaciones que abogan por la normalización de la actividad a través de la creación de un registro de grupos de interés, similar al Registro de Transparencia que ya existe ante el Parlamento y la Comisión Europea. APRI es, además, fundador y miembro de la Plataforma Europea de Asuntos Públicos (Public Affairs Community of Europe- PACE-) creada en el 2018 como plataforma de todas las organizaciones nacionales de profesionales de asuntos públicos europeos.

Anexo 1: Código de Conducta de APRI

Anexo 2: Foto de la Presidenta de APRI

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Directora General de APRI, Irene Matías imatias@relacionesinstitucionales.es +34 609 128 287

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