La Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales firma un acuerdo con la Universidad Francisco de Victoria (UFV) y el Instituto Atlántico de Gobierno (IADG) mediante el cual se lanzan 10 becas destinadas a los socios de APRI para cursar el Máster en Acción Política (de forma online o presencial) destinado a jóvenes que quieran desarrollar su carrera profesional como futuros líderes de la sociedad en cualquier sector, dedicarse al sector público o a las relaciones institucionales entre otras muchas salidas profesionales.

El Máster Universitario en Acción Política  forma profesionales cuya vocación se oriente al servicio público en el ámbito político, administrativo o del tercer sector, tanto nacional como internacional. Su amplio plan de estudios permite a los alumnos desarrollar competencias de liderazgo, toma de decisiones y análisis crítico para afrontar los desafíos públicos de una sociedad global, interconectada y altamente especializada.

El Máster Universitario en Acción Política es un Máster Oficial, con más de 13 ediciones de historia, impartido por la Universidad Francisco de Vitoria (UFV), con la colaboración del Instituto Atlántico de Gobierno (IADG). Entre los egresados de este Máster contamos con senadores, congresistas y alcaldes de grandes ciudades de toda Iberoamérica.

El objetivo de este Máster es formar profesionales entrenados en el conocimiento de la realidad para afrontar los desafíos institucionales, económicos, políticos y sociales de las democracias contemporáneas, desde los ámbitos público y privado.

El éxito del máster radica en que está diseñado para que sus alumnos disfruten de una experiencia completa académica y de vida, tanto por la pluralidad formativa de los participantes como por su programa modular teórico-práctico.

Los matriculados en este Máster tendrán acceso libre al Aula de Liderazgo, un foro exclusivo formado por varias sesiones magistrales en las que participan líderes políticos y sociales de primer nivel internacional. En este programa han participado líderes como José María Aznar, Nicolás Sarkozy y Pablo Casado.

Modalidades del Master

Modalidad Presencial

Lugar de estudios/modalidad: Presencial en Madrid

Fecha del programa de estudios: noviembre 2020 – junio 2021

Número de becas: 10

Importe del curso: 8.500€

Porcentaje de la beca: 50%

IMPORTE A PAGAR: 4.250€

Modalidad Semipresencial

Lugar de estudios/modalidad: online con una semana

Presencial en Madrid (junio 2021)

Fecha de inicio de los programas de estudios: noviembre 2020

Número de becas: 10

Importe del curso: 4.990€

Porcentaje de la beca: 50%

IMPORTE A PAGAR: 2.495€

Requisitos de admisión

Para poder acceder a la beca se deberá acreditar la membresía en APRI.

Para más información sobre el Máster: www.accionpoliticaufv.com

Eduardo Hernández-Aznar Ripoll, Consultor internacional de relaciones institucionales y diplomacia corporativa y Director Ejecutivo de Crib Consulting

La palabra confianza que utilizaban los romanos “FIDES”, pertenecía a una de las tres virtudes públicas esenciales que para su cultura deberían ser compartidas por toda la sociedad. Ese pilar de hace más de dos mil años pronunciado en latín se reproduce hoy en nuestras lenguas actuales. Los anglosajones utilizan Trust, más acorde a su pragmatismo. Es corta, directa, efectiva, la latina evolucionó a confianza, la raíz del verbo fiar que a su vez procede de fidere – fides (lealtad, fe y confianza). Lo cierto es que la confianza sigue siendo hoy en día uno de los valores fundamentales no solo en nuestra vida cotidiana, sino también en nuestros quehaceres y negocios.

El desarrollo de la tecnología y el contexto tecnológico en constante innovación nos ha invitado a conformar un ecosistema imaginario donde aparentemente personas conectadas en todo el mundo, en base a segmentación de gustos, género o ingresos puede demandar y acceder a un conjunto casi ilimitado de productos y servicios. Un globalismo llevado al extremo. Un idealismo ambicionado especialmente por liberales para vender mejor, y, sobretodo vender más.

La confianza en ese contexto ideal, por supuesto no desaparece, está traducida al lenguaje universal de nuestro tiempo: El digital. De hecho, existe incluso una criptomoneda basada en un sistema contractual perfecto, denominada Ethereum donde se cumple un contrato de manera automática remunerando el servicio tan pronto es ejecutado. El activo reputacional de las organizaciones también juega un papel importante en aras de anhelar el milenario valor de la confianza, que se traduce en compromiso, fidelidad a largo plazo de clientes, consumidores, usuarios, acreedores y votantes.

La tendencia parece indicar que la tecnología va unida a la percepción de los demandantes sobre los oferentes. Muchos emprendedores plantean sus propuestas en base a ello, teniendo en cuenta la exponencialidad de sus iniciativas. Piensan que si un producto o servicio es lo suficientemente bueno y competitivo, el negocio será un éxito. 

Sin embargo, considero que ese aspecto puede servir… un tiempo. El largo plazo requiere de una confianza superlativa, basada en el trato humano, no somos robots que adquieren bienes y servicios, somos personas que confían en otras.

Aquí entra también el rol de las relaciones institucionales, un papel mucho más artesanal, alejado del automatismo pragmático, una faceta basada en el confidere clásico capaz de interpretar una realidad ajena a cualquier contexto o coyuntura y que permita una clarividencia humana combinada con la experiencia profesional previa. Una actividad fundamental que no conecta objetos o servicios sino que cultiva relaciones, contribuye a fortalecer el valor de la confianza y consolida nuevas vías de entendimiento que extrapolan cualquier momento histórico actual.

Como consultor internacional, especialmente vinculado a España y a América Latina, sé perfectamente que no todo es tecnológico, las oportunidades de inversión, la propia internacionalización de las organizaciones de un continente a otro, para la adquisición de servicios, propiedades, acciones, no basta sencillamente con las propuestas anteriores, sino requieren de la esencia etimológica de confianza, de FIDES, de la virtud pública esencial que ha vertebrado el comportamiento humano durante milenios. No somos más listos que los romanos, solo vivimos en otra época.

Pensamos a estas alturas del siglo XXI que inventamos la rueda cada día, que somos más sabios que nunca, más dinámicos, más acelerados, más innovadores y creativos, pero quizá estemos yendo demasiado deprisa. Posiblemente carezcamos de virtudes milenarias como la prudencia, la cautela o la reflexión necesaria para darnos cuenta que la confianza es un activo que se potencia con la coherencia en el día a día, la perseverancia, el rigor, la ejemplaridad como virtud imitable y la aportación de valor constante. Eso, no lo puede hacer un click, tampoco una promesa de valor eternamente virtual, pero si el contacto cercano de un profesional que hace lo que dice. Un semejante, otro ser humano que se esfuerza cada día por ser confiable para ganar el  compromiso de hoy y de mañana.

El jueves 9 de julio la presidenta de APRI, María Rosa Rotondo, participó en un webinar organizado por Il Chiostro de Milán, donde presentó la Plataforma Europea de Asuntos Públicos (PACE) y habló sobre su labor en el desempeño de los asuntos públicos y el lobby a nivel europeo, con un recorrido de diez años. Destacó la importancia de una plataforma como PACE, la cual conoce perfectamente la actividad profesional y puede ayudar a otras organizaciones y empresas a ejercer el lobby y los asuntos públicos de la manera más efectiva, ética y transparente. De hecho, recordó que cada país europeo tiene un contexto político, social y legal diferente y que, por lo tanto, para realizar un buen lobby es de gran importancia conocerlos bien. Además, PACE ayudó al Consejo de Europa a redactar la actual legislación sobre lobbies a nivel europeo.

Inevitablemente, comentó cómo ha afectado la Covid-19 en el sector del lobby y los asuntos públicos. Por un lado, disminuyeron los ingresos para los lobbies como consecuencia de la cuarentena; en algunos países, la legislación se relajó y se perdió calidad comunicativa entre los gobiernos y los lobbies; los lobbies se vieron obligados a cambiar la perspectiva de trabajo y, por lo tanto, la hoja de ruta, centrándose más en asegurar que hubiera financiación pública en algunos sectores en vez de en conseguir transparencia y una mejor legislación. Por otro lado, la Covid-19 también ha traído consecuencias beneficiosas al sector: ha impulsado la digitalización en todos los ámbitos; las administraciones públicas y los gobiernos han mejorado su digitalización; las reuniones online han aumentado y han permitido agilizar la frecuencia de dichos encuentros; los políticos han recibido los mensajes del sector de una manera más eficaz y han estado más cerca del lobby que nunca; y, en resumen, ha abierto nuevas oportunidades en el sector, el cual debe aprovecharlas.

Específicamente, en España el foco general tras la pandemia recaído en recuperar la economía. Por lo tanto, María Rosa recordó que los lobistas y PACE están ahí para ayudar y para aprovechar la oportunidad que se les presenta. Para ello, los profesionales del sector debemos ser más ágiles y veloces; si hubiera un segundo confinamiento, la población no aceptaría una respuesta tardía de las empresas ni de las asociaciones. Tras el anuncio del registro voluntario de la CNMC, María Rosa señaló que debería existir un registro de lobbies obligatorio en España, que garantice la actividad del sector con una transparencia total.

El jueves 9 de julio los socios de APRI tuvieron la oportunidad de asistir al segundo debate #ConciliaciónAPRI, esta vez centrado en la perspectiva empresarial. Los ponentes que participaron fueron Rafael Fuentes, director general de la Fundación MásFamilia; Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas; Andrés Ortega, Head of Employee Experience de ING España y Portugal; y Gloria Juste, directora de proyectos de la Fundación Endesa y presidenta de Mujer, Familia y Trabajo.

Primero, Rafael Fuentes afirmó que, efectivamente, la Covid nos ha demostrado que sí se puede trabajar de una manera distinta; el teletrabajo permite la conciliación, gracias a la flexibilidad espacial y horaria y, como novedad debido a la pandemia, el trabajo en remoto supone un beneficio para trabajadores y empresas también por motivos de salud. De todas maneras, las empresas deben continuar aprendiendo a facilitar la conciliación, lo que conlleva un reto especialmente destacable para las pymes y micropymes por motivo de la plantilla que emplean.

Ana Gómez centró su intervención en el anteproyecto de ley del trabajo a distancia que se está redactando actualmente. Recordó que el teletrabajo antes era una opción por la que casi ningún trabajador optaba, pero que, debido al coronavirus, ha aumentado considerablemente, pero de manera improvisada y poco precisa. Dicha prisa también ha repercutido en el anteproyecto, que sigue sin ser claro y preciso; es muy rígido para las empresas, ahonda en el intervencionismo (según el borrador, las empresas deberían sufragar todos los gastos, incluidos otros que antes caían por cuenta del trabajador, y no tiene en cuenta los gastos que se ahorra el propio trabajador, como la gasolina), y, además, no define con precisión lo que es el teletrabajo. No obstante, recordó que el anteproyecto aún está en fase de diálogo social, y es optimista en que no caerá en un decreto ley, sino que llevará el tiempo necesario para conseguir un consenso y, por lo tanto, una ley precisa.

Andrés Ortega, por su experiencia trabajando en una empresa holandesa, comparó la regulación para el trabajo a distancia entre España y Países Bajos, estando el primero aún a la cola. Recordó que ya hubo intentos de regular el teletrabajo en España entre 2016 y 2017, pero no recibieron el esfuerzo necesario y no tuvieron unos resultados tan veloces como se están viendo tras la Covid, que ha acelerado notablemente los intentos previos y que, como destacó, incluye la perspectiva y experiencia de las nuevas generaciones, más digitalizadas. Además, defendió que una regulación del trabajo a distancia supondría un aumento de medidas beneficiosas para las empresas y los trabajadores, lo que repercutiría directamente en un mayor impacto positivo en los clientes. En resumen, para lograr una legislación moderna, se debe seguir la hoja de ruta que ya se buscaba, pero incorporando lo aprendido durante la pandemia.

Gloria Juste, desde la Fundación Mujer, Familia y Trabajo, defendió que la conciliación laboral siempre ha sido un desafío para las mujeres, por lo que se debe aprovechar esta nueva oportunidad, más que nueva normalidad, para conseguir una buena legislación del teletrabajo que facilite la flexibilidad horaria y espacial y, por lo tanto, la conciliación. De hecho, la flexibilidad horaria no se limita únicamente al cuidado de menores y mayores, que es donde se suele poner la atención, sino que también es un efecto más de la globalización: cada vez es más normal que las empresas trabajen con otras de distinto huso horario.

Finalmente, María Rosa Rotondo destacó que la Covid ha supuesto en España un avance cultural y digital de seis años y que repercutirá favorablemente en las empresas. De hecho, estamos empezando a aprender a trabajar en remoto y a utilizar todas las herramientas que dicha modalidad nos ofrece.

El pasado martes 2 de julio tuvo lugar el nuevo coloquio de APRI Salud en el que Sergio Hinchado, Business Manager en Life Science Hays, David Reyero, Senior HR Business Partner en Sanofi, y Pablo Maderuelo, Associate Director Health Policy en Kreab, dieron su visión sobre el perfil de los profesionales de las relaciones institucionales en el sector sanitario bajo la perspectiva de las consultoras, head-hunters y empresas.
 
En orden de intervenciones, Sergio Hinchado comenzó explicando que el área de las relaciones institucionales es un campo muy valorado por las compañías y que ha sufrido una evolución de sus funciones en los últimos 10 años. De este modo expuso la falta de definición del profesional de las RRII ya que no existe un quorum sobre su terminología ni sobre su contexto académico, haciendo de los profesionales de este sector perfiles muy polivalentes.
 
David Reyero fue el siguiente en tomar el turno de palabra dando su visión desde el mundo de la empresa. Coincidió con los puntos del anterior ponente y añadió que el área de las RRII es un área de presente y de futuro con resultados a medio – largo plazo. Reyero explicó que el factor de éxito en este sector depende más de la persona que de su bagaje académico ya que la clave se encuentra en la capacidad de entender la empresa privada con una visión estratégica y de negocio. Finalmente, resumió en cuatro las características principales del profesional de las relaciones institucionales; los conocimientos, las competencias, los valores y el propósito.

El último ponente en intervenir fue Pablo Maderuelo quien se enfocó en el valor que se puede aportar desde las consultoras al sector salud. Habló de un doble contexto político – sanitario debido a la alta politización del sector que a su vez se encuentra en transformación. Maderuelo encontró así 5 características esenciales para reforzar la labor de la consultoría en el ámbito de la salud. En primer lugar, el dominio de la conversación pública que nos permita detectar riesgos y oportunidades a través de la monitorización. Segundo, el conocimiento de la técnica parlamentaria ya que entender dicho proceso permite arrojar certidumbre. Finalmente, el dominio del funcionamiento de las instituciones junto a la capacidad de comunicación y el Market Access. Sin embargo, es muy difícil encontrar un profesional que reúna los 5 puntos. En conclusión, los tres ponentes coincidían en que el perfil del profesional de las relaciones institucionales es multidisciplinar, en ebullición y no definido
 


Para finalizar el coloquio, tras las aportaciones de los tres invitados se abrió una ronda de preguntas en la que se trataron asuntos como las puertas giratorias, las relaciones con las patronales y asociaciones, los presupuestos o la labor de la Comisión para la Reconstrucción en el Congreso.El pasado martes 2 de julio tuvo lugar el nuevo coloquio de APRI Salud en el que Sergio Hinchado, Business Manager en Life Science Hays, David Reyero, Senior HR Business Partner en Sanofi, y Pablo Maderuelo, Associate Director Health Policy en Kreab, dieron su visión sobre el perfil de los profesionales de las relaciones institucionales (RRII) en el sector sanitario bajo la perspectiva de las consultoras, head-hunters y empresas. Los tres ponentes coincidieron en señalar que el perfil del profesional de las relaciones institucionales es multidisciplinar, en ebullición y estratégico para las organizaciones.
 
En orden de intervenciones, Sergio Hinchado comenzó explicando que el área de las relaciones institucionales es un campo muy valorado por las compañías y que ha sufrido una evolución de sus funciones en los últimos 10 años. De este modo expuso la falta de definición del profesional de las RRII ya que no existe un quorum sobre su terminología ni sobre su contexto académico, haciendo de los profesionales de este sector perfiles muy polivalentes.
 
David Reyero fue el siguiente en tomar el turno de palabra dando su visión desde el mundo de la empresa. Coincidió con los puntos del anterior ponente y añadió que el área de las RRII es un área de presente y de futuro con resultados a medio – largo plazo, y por lo tanto estratégico. Reyero explicó que el factor de éxito en este sector depende más de la persona que de su bagaje académico ya que la clave se encuentra en la capacidad de entender la empresa privada con una visión estratégica y de negocio. Finalmente, resumió en cuatro las características principales del profesional de las relaciones institucionales; los conocimientos, las competencias, los valores y el propósito.
 
El último ponente en intervenir fue Pablo Maderuelo quien se enfocó en el valor que se puede aportar desde las consultoras al sector salud. Habló de un doble contexto político – sanitario debido a la alta politización del sector que a su vez se encuentra en transformación. Maderuelo encontró así 5 características esenciales para reforzar la labor de la consultoría en el ámbito de la salud. En primer lugar, el dominio de la conversación pública que permite detectar riesgos y oportunidades a través de la monitorización. Segundo, el conocimiento de la técnica parlamentaria ya que entender dicho proceso permite arrojar certidumbre. Finalmente, el dominio del funcionamiento de las instituciones junto a la capacidad de comunicación y el Market Access.
 
Para finalizar el coloquio, tras las aportaciones de los tres invitados se abrió una ronda de preguntas en la que se trataron entre otros asuntos como el de las puertas giratorias, las relaciones con las patronales y asociaciones o la ética y transparencia en el ejercicio de las funciones de los profesionales de las relaciones institucionales o asuntos públicos. El pasado martes 2 de julio tuvo lugar el nuevo coloquio de APRI Salud en el que Sergio Hinchado, Business Manager en Life Science Hays, David Reyero, Senior HR Business Partner en Sanofi, y Pablo Maderuelo, Associate Director Health Policy en Kreab, dieron su visión sobre el perfil de los profesionales de las relaciones institucionales en el sector sanitario bajo la perspectiva de las consultoras, head-hunters y empresas.
 
En orden de intervenciones, Sergio Hinchado comenzó explicando que el área de las relaciones institucionales es un campo muy valorado por las compañías y que ha sufrido una evolución de sus funciones en los últimos 10 años. De este modo expuso la falta de definición del profesional de las RRII ya que no existe un quorum sobre su terminología ni sobre su contexto académico, haciendo de los profesionales de este sector perfiles muy polivalentes.
 
David Reyero fue el siguiente en tomar el turno de palabra dando su visión desde el mundo de la empresa. Coincidió con los puntos del anterior ponente y añadió que el área de las RRII es un área de presente y de futuro con resultados a medio – largo plazo. Reyero explicó que el factor de éxito en este sector depende más de la persona que de su bagaje académico ya que la clave se encuentra en la capacidad de entender la empresa privada con una visión estratégica y de negocio. Finalmente, resumió en cuatro las características principales del profesional de las relaciones institucionales; los conocimientos, las competencias, los valores y el propósito.
 
El último ponente en intervenir fue Pablo Maderuelo quien se enfocó en el valor que se puede aportar desde las consultoras al sector salud. Habló de un doble contexto político – sanitario debido a la alta politización del sector que a su vez se encuentra en transformación. Maderuelo encontró así 5 características esenciales para reforzar la labor de la consultoría en el ámbito de la salud. En primer lugar, el dominio de la conversación pública que nos permita detectar riesgos y oportunidades a través de la monitorización. Segundo, el conocimiento de la técnica parlamentaria ya que entender dicho proceso permite arrojar certidumbre. Finalmente, el dominio del funcionamiento de las instituciones junto a la capacidad de comunicación y el Market Access. Sin embargo, es muy difícil encontrar un profesional que reúna los 5 puntos. En conclusión, los tres ponentes coincidían en que el perfil del profesional de las relaciones institucionales es multidisciplinar, en ebullición y no definido
 
Para finalizar el coloquio, tras las aportaciones de los tres invitados se abrió una ronda de preguntas en la que se trataron asuntos como las puertas giratorias, las relaciones con las patronales y asociaciones, los presupuestos o la labor de la Comisión para la Reconstrucción en el Congreso.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) publicó el pasado viernes 26 de junio la revisión parcial prevista del Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas. Una medida que actualiza y adapta varias recomendaciones del Código a diversas modificaciones legales aprobadas desde su publicación y aclara el alcance de otras que habían suscitado ciertas dudas, la atención a aspectos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo, o las remuneraciones. En el nuevo código se refuerzan los criterios de transparencia como la relación de las sociedades cotizadas con los grupos de interés gracias a las aportaciones de APRI.
 
El pasado mes de febrero APRI participó en el proceso de participación pública con un documento de aportaciones en el que APRI proponía incluir principios relativos a la transparencia en la relación de las sociedades cotizadas con los poderes públicos, es decir, la acción de la empresa cotizada como grupo de interés que ejerce su influencia ante organizaciones públicas y políticas con el objeto de defender sus intereses. En este sentido, proponíamos incluir en la recomendación 54 y 55 la acción de las empresas como grupo de interés.
 
Asimismo, sugerimos la inclusión de la recomendación de creación, por parte de las empresas cotizadas, de Códigos de Conducta específicos para su relación con los responsables públicos, la implementación de políticas de lobby o incidencia política, o bien que se adscriban a otro ya existente en su actuación como grupos de interés.
 
La CNMV recogía todas nuestras propuestas menos la creación de Códigos de Conducta específicos para su relación con los responsables públicos.
 
Desde APRI consideramos que el ejercicio de la transparencia de las sociedades cotizados es cada vez más necesario. Los ejemplos, hasta la fecha, son poco alentadores. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha criticado en varias ocasiones la reticencia de empresas del Ibex a inscribirse en el Registro de Grupo de Interés creado por el regulador en 2016. Si bien el Registro hasta ahora es voluntario, solo tres empresas del Ibex 35 han decidido inscribirse. Estas reticencias contrastan con la actuación de las empresas cotizadas fuera de España, en el Registro de Transparencia de la Unión Europea figuran inscritas la mayor parte de las mismas.
 
Desde su fundación, APRI ha entendido la importancia de la transparencia en el desarrollo de las relaciones con la administración del Estado. La transparencia, es un valor al alza que las sociedades demanda por igual a las administraciones y empresas. Por ello, desde APRI abogamos por la inclusión de principios relativos a la transparencia en la relación con los poderes públicos de las sociedades cotizadas en sus Códigos de Conducta.

El jueves 25 de junio los socios de APRI tuvieron la oportunidad de tener una sesión de formación sobre transparencia en la Unión Europea con el director de la Society of European Affairs Professionals (SEAP), João Teixeira de Freitas, en el que se habló sobrecómo se gestiona la transparencia y la actividad del lobby en la Unión Europea. João Teixeira de Freitas explicó los distintos avances en este campo. En 2011 se fundó el Registro de Transparencia en el Parlamento y la Comisión Europea; se publicaron los Códigos de Conducta; y se garantizó el acceso a los documentos legislativos de la Comisión y del Parlamento, excepto aquellos en materia de seguridad pública o actividad militar. 

El director de SEAP también repasó los principales desafíos a los que se enfrentan el sector en Bruselas: lograr una transparencia total de las instituciones europeas, definir claramente qué es el lobby y de qué manera deben registrarse las interacciones de los lobistas con las instituciones europeas, ejercer el lobby con ética profesional, perseguir la corrupción y los conflictos de intereses, y definir una postura común sobre las puertas giratorias.

Por último, repasó, el panorama profesional tras la crisis sanitaria, resaltando las oportunidades que presenta el entorno digital; como por ejemplo, la posibilidad de registrar las reuniones y publicarlas en la web, o mantener reuniones online para agilizar el trabajo.

Juan Fran Cuello de Oro, Director y Asesor en la industria sanitaria y socio de APRI

Durante estas semanas, de obligado confinamiento, el grupo de Salud hemos tenido el gran privilegio de asistir a webminars donde hemos podido abordar diferentes temas, desde conocer cómo fue posible construir el hospital de campaña de Ifema, el impacto ético de las tecnologías para el control del covid19 o la nueva arquitectura de las oficinas tras la pandemia.

El pasado 4 de junio tuvimos la suerte de conocer de primera mano los trabajos sobre la comisión para la reconstrucción social y económica en el congreso gracias a Mario Garcés Sangustin.  

Entre otras cuestiones, la crisis del covid 19 ha situado en primer plano el debate necesario del diseño y transformación del ecosistema de salud, donde se vuelve inaplazable un pacto de Estado que garantice un sistema de salud eficaz, ágil y sostenible.  La gestión de la pandemia del covid 19 ha exacerbado y hecho visibles problemas estructurales existentes como su capacidad operativa, agilidad, eficiencia y su sostenibilidad, tan sólo sostenida por la elevada profesionalidad y compromiso que han demostrado y siguen demostrando los profesionales de la Salud.

Entre otros cambios el sistema debe abrazar de forma definitiva su digitalización, para equilibrar la atención y la salud, su sostenibilidad y su operatividad. Ello cambiará las dimensiones del debate que evolucionará de la operatividad y sostenibilidad del ecosistema (imprescindible) a su dimensión política, como las condiciones de acceso, obligaciones y derechos, que necesariamente llevará a un debate ético.

Como escribí a principios de abril, la pandemia del COVID-19 es una de esas crisis que moldean la historia, un catalizador que acelerará tanto la magnitud como la velocidad de los cambios. Las pandemias han sido un elemento transformador de nuestras sociedades a lo largo de la historia. La peste de Justiniano (siglo VI), la peste negra (siglo XIV) o la Viruela (Siglo XVI-1977) trasfiguraron las sociedades en las que aparecieron, cambiando o influyendo decisivamente el curso de la historia[1].

Pero más recientemente, como escribió Peter Baker en su artículo publicado en The Guardian: “La epidemia global de gripe de 1918 ayudó a crear los servicios nacionales de salud en varios países europeos, que junto a la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial sentaron las bases para el moderno estado de bienestar[2]”. O los cambios en salud y comportamiento social que ha provocado el VIH[3].

Lo que podemos estar seguros es que elSARS-CoV-2 puede ser y será un motor de cambio, de hecho, lo está siendo ya, en muchos aspectos de nuestra vida. Sin más, el confinamiento obligatorio de la población, llevó a que casi todas nuestras relaciones pasen del mundo físico al mundo digital.  Así, el pasado martes 10 de marzo, DE-CIX Frankfurt, el mayor punto de intercambio de internet a nivel global, alcanzó la cifra récord de 9,1 Terabit por segundo[4], gracias a la explosión del teletrabajo, el e-learning, el giro del consumo a la compra on-line o al ocio electrónico.

Si hay un sector que ha estado ampliamente impactado por esta calamidad, es el ecosistema de Salud. Hemos visto a diario la situación de los hospitales y el heroico compromiso de los profesionales de la salud. Pero a la vez observamos, forzados por la situación, hemos adelantado más de 10 años en la incorporación de elementos tecnológicos que deberían generar cambios definitivos en cómo nos relacionamos con la Salud y en como se transforma nuestro maltrecho sistema sanitario.

Quizás uno de los cambios más visibles es la explosión clara de la Telemedicina. El miedo a ir a los hospitales, que haya centros de salud cerrados y en paralelo el gran volumen de demanda de los servicios sanitarios, han superado las barreras regulatorias y sociales para que confiemos en que un profesional de la salud nos pueda atender a través de una pantalla de un móvil, tableta u ordenador. Los mismos pacientes con COVID19, están siendo seguidos a domicilio a través de telemedicina, pero otras especialidades como, por ejemplo, ciertas consultas ambulatorias, atención primaria, dermatología o pediatría entre otras, la han incorporado o piensan incorporarla como una práctica habitual, dependiendo de los casos.

Existe una gran diferencia entre la sanidad pública y privada, pero en el corto plazo, la total adopción de la telemedicina podría tener un alto impacto en los sistemas de salud permitiendo que sean más ágiles, eficaces y sostenibles. Tan sólo en los USA, la Asociación Médica Americana afirma que «casi el 75% de todas las visitas al médico, y a los servicios de urgencia son innecesarias o podrían ser manejadas de manera segura y efectiva por teléfono o videoconferencia[5]». Pero si miramos un poco más cerca, un estudio de la Fundació TIC Salut Social y la Oficina eSalut (CatSalut. Servei Català de la Salut de la Generalitat de Catalunya) concluye que casi el 80% de las teleconsultas con la atención primaria (eConsulta) evitan una visita presencial[6].

Otra de las tendencias implacables que estamos viendo, debido a la alta transmisibilidad del virus, es la implementación de la robótica o droides de forma extensiva en los hospitales. Hemos visto robots que ejercían como una extensión del equipo médico o de enfermería, como el robot Vici[7] desarrollado por la empresa InTouch Health, que permite la comunicación con el paciente a través una pantalla, altavoces y un micrófono, pero, además, también posee un fonendoscopio y permite realizar pruebas básicas como la medición de temperatura.

Pero sin duda alguna, el uso de nuestros teléfonos móviles como elemento de salud está siendo un pilar fundamental en el control de la pandemia. Establecerá un precedente y hábitos que tendrán un impacto definitivo en el futuro. Desde el control epidemiológico de la misma, ya sea a través de la geolocalización o del uso de Bluetooth, para saber si se ha estado cerca de un foco de contagio, como ha utilizado el gobierno de Singapur, o la alianza de Google y Apple[8] que, según ellos mismos, quieren realizar para ayudar a gobiernos y a los organismos de salud a reducir la propagación del virus. Hay muchos ejemplos disponibles, como la utilización de APPs que traqueen los síntomas para acelerar el triaje de posibles pacientes, como son las utilizadas por los gobiernos regionales de la Comunidad de Madrid, Cataluña[9] o Euskadi.

Aunque controvertido, nuestro móvil se ha convertido, como en el caso de China[10], en un posible pasaporte biológico, con el que poder vigilar, vía geolocalización, que los ciudadanos en contacto con casos positivos cumplan la cuarentena domiciliaria impuesta, notificando alertas a las autoridades de los movimientos de éste, o el acceso o no a diferentes lugares.

Evidentemente se nos abre delante el debate sobre como nuestra privacidad puede verse invadida en estos casos. Y este es un punto clave ya que cualquier transformación del ecosistema de la salud pasa por colocar al paciente en el centro del mismo. Uno de los mayores retos es ofrece empoderamiento a los pacientes,  ofrecerles  con capacidad para decidir, satisfacer necesidades y resolver problemas, con pensamiento crítico y control sobre su vida, y esto pasa por garantizar la preparación y conocimiento de los mismos. 

Se trata de un modelo menos paternalista, pero que ofrece al paciente la capacidad de poder tomar decisiones sobre su salud, ya sea a nivel de autocuidado, como en coordinación con los profesionales de la salud, como hemos podido comprobar en esta crisis.

Al mismo tiempo se ha producido una tremenda ebullición del uso rápido y colaborativo de los datos médicos y el uso del Big Data para analizar los datos que ha generado el COVID-19 para entender a un agente infeccioso que apareció a finales de 2019, que nos permita lograr agentes terapéuticos y el descubrimiento de una vacuna.  Ejemplos como el uso que hace la compañía Quibim[11] del Deep Learning para la ayuda radiológica en el diagnóstico de pacientes con COVID-19, o diferentes estudios, o la toma de decisiones epidemiológicas basados en modelos matemáticos, o el lanzamiento del ambicioso ensayo clínico “Solidarity[12]” por parte de la OMS[13] tan sólo 60 días después de que la secuencia genética del coronavirus fuese compartida.

Como hemos escrito con el profesor de ESADE Javier Busquests[14],[15] la incorporación definitiva de estas tecnologías se debe unir a otros elementos que permita debatir la sostenibilidad del sistema de salud considerando la situación de deuda acumulada y las futuras dificultades de financiación es una cuestión que nos llevamos realizando desde la pasada crisis financiera. El reto de la sostenibilidad del sistema se centra en su consideración de derecho básico (sistema sanitario público, universal y gratuito) e introduce la corresponsabilidad para asegurar su mantenimiento.

En los momentos actuales nadie cuestiona el modelo de sanidad publica, pero podría aparecer, una vez superada la crisis del COVID19, el debate sobre la introducción de sistemas pagos compartidos (los impuestos son una forma de pago), sistemas mixtos público-privados, o la evolución del sistema será tecnológico, por la vía de Venture Capital y la explotación de innovaciones y patentes.

Sin duda alguna, en esta transformación del ecosistema sanitario es necesario la construcción de puentes que aumenten la colaboración publico-privada que permita la consolidación de estos avances tecnológicos, además de establecer un dialogo con todos los agentes que participan del ecosistema de salud que garantice el futuro de un sistema de salud con un incremento continuo de la demanda y presión.

No debemos perder la oportunidad de reconstruir una de los grades victorias de nuestro estado del bienestar.


[1] https://historia.nationalgeographic.com.es/a/grandes-pandemias-historia_15178/4

[2] https://www.theguardian.com/world/2020/mar/31/how-will-the-world-emerge-from-the-coronavirus-crisis

[3] Virus de Inmunodeficiencia Humana

[4] https://www.abc.es/tecnologia/redes/abci-estado-alarma-provoca-record-consumo-internet-madrid-202003171241_noticia.html

[5] https://www.ama-assn.org/practice-management/digital/ama-quick-guide-telemedicine-practice

[6] https://ticsalutsocial.cat/es/actualitat/estudi_econsulta/

[7] https://intouchhealth.com/telehealth-devices/intouch-vici/?gdprorigin=true

[8] https://www.lavanguardia.com/tecnologia/20200410/48406931043/apple-google-asociados-crear-apps-contra-covid19.html

[9] https://web.gencat.cat/es/actualitat/detall/Nova-app-per-detectar-la-Covid-19-a-Catalunya

[10]https://edition.cnn.com/videos/world/2020/04/10/china-coronavirus-covid-19-tracking-app-culver-townhall-intl-hnk-vpx.cnn

[11] https://quibim.com/

[12] https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/solidarity-clinical-trial-for-covid-19-treatments

[13] Organización Mundial de la Salud

[14] https://www.harvard-deusto.com/el-futuro-ecosistema-de-la-salud-explorando-posibles-escenarios

[15] https://www.expansion.com/blogs/sociedad-empresa-digital/2020/05/28/la-transformacion-digital-y-el.html

El jueves 11 de junio, APRI organizó un coloquio sobre la conciliación antes y después de la crisis sanitaria. Esta sesión moderada por la presidenta de APRI María Rosa Rotondo, contó con la presencia de Ariane Aumaitre, investigadora en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, Esteban Álvarez, presidente de la Asociación de Directores de Centros Públicos Madrid (ADIMAD), Begoña Ladrón de Guevara, presidenta de la Confederación de Padres de Alumnos (COFAPA), y Mayte Sancho, miembro del Comité Técnico de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG).

En orden de intervenciones, Ariane comenzó mostrando las dificultades en materia de conciliación durante el estado de alarma. A lo largo de estos casi tres meses, ha habido una carga repentina de cuidados que ha recaído en su totalidad en las familias, que se han visto obligadas a reducir jornadas laborales sin prestaciones económicas o a dejar a los niños al cuidado de los abuelos con lo que ese riesgo conllevaba. Ahora que estamos a punto de entrar en la nueva normalidad, Ariane resaltó que sigue sin haber políticas públicas al respecto, un hecho que podría tener un impacto muy negativo en cuestión de igualdad de género, incrementando la brecha salarial, y en la infancia ya que programas clave para el desarrollo de los niños se han paralizado.

El siguiente ponente, Esteban Álvarez, expuso el debate de la conciliación desde la perspectiva de los centros educativos y resaltó la necesidad de que poderes públicos y empresas colaboren de una forma muy activa. Álvarez señaló que en la nueva normalidad la actividad lectiva debe ser presencial pero que la dificultad llega al intentar combinarlo con un problema de salud pública. De ese modo, destacó la importancia de adoptar medidas excepcionales y una mayor implicación y esfuerzo por parte de la administración, lo cual supondría un incremento de hasta un 30% del presupuesto en educación.

Begoña Ladrón de Guevara tomó el turno de palabra en siguiente lugar, con un discurso optimista en el que describió la nueva normalidad como una oportunidad para manifestar las dificultades en el sistema educativo. Resaltó en varias ocasiones la importancia de la unión entre la familia y la escuela siendo estas, dos instituciones complementarias, indivisibles y de gran relevancia. Además, manifestó que esta es una oportunidad para adoptar medidas con visión de futuro, reforzando el sistema educativo y permitiendo la conciliación entre la empresa, la familia y las escuelas.

Finalmente, Mayte Sancho representó al colectivo de los mayores, uno de los más vulnerables y afectados por la crisis sanitaria. Durante su intervención, expuso la realidad que han sufrido los mayores y personas dependientes a lo largo de esta pandemia que en muchas ocasiones se han visto sin la atención necesaria. Es por eso que el discurso de Mayte tuvo un matiz más negativo en el que destacaba la situación de precariedad en los cuidados que hay que reformular. Por otro lado, llamó a la reflexión sobre la escala de valor dentro de nuestra sociedad, en la que el colectivo de mayores carece de poder, concluyendo con la necesidad de generar conciencia para que la sociedad no se reduzca simplemente al sistema productivo.

Como conclusión del coloquio todos coincidieron en la importancia de crear grupos de trabajo con la participación de todos los colectivos afectados para buscar soluciones conjuntas.

Finalmente abrió una ronda de preguntas y un debate entre los ponentes, donde se matizaron temas como que la crisis sanitaria ha supuesto en los estudiantes un problema psicosocial más que educativo, las nuevas técnicas y herramientas de enseñanza que han surgido a raíz del estado de alarma o la necesidad de la tele-asistencia en el colectivo de personas mayores.

El miércoles 10 de junio, los miembros de APRI Salud se reunieron con Antonio Ciardo, socio de APRI y presidente de la OCOE (Organización Colegial de Osteópatas de España), organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo actual es la regulación de la osteopatía como práctica profesional en España. Cirado, además de osteópata, es jefe de estudios del Grupo Thuban y coordinador y profesor del Master en Osteopatía y Evidencia Científica de la Escuela Superior de Osteopatía del Grupo Thuban acreditado por la Universidad Europea del Atlántico.

Durante el coloquio, Antonio aclaró qué es y qué no es la osteopatía, y habló sobre su situación a nivel formativo y legislativo en España. Según Ciardo, actualmente, la osteopatía se considera como actividad parasanitaria y no cuenta con ninguna normativa clara sobre su práctica profesional en el país. En cambio, la Unión Europea cuenta con la norma 16686/2015, que regula la práctica osteópata como prestación sanitaria. La normativa define la actividad y regula aspectos como su formación, los estándares sanitarios y éticos, la seguridad del paciente, los tratamientos, etc. A raíz de esta normativa, numerosos Estados miembros redactaron su propia normativa, entre los que se encuentran Reino Unido, Portugal y Francia. Por lo tanto, Antonio resaltó que ya existen varias normativas a nivel europeo de las que tomar ejemplo y, no habría que desarrollar la legislación desde cero en España. Ciardo también recalcó que si existiese una normativa española, estaría definido claramente el perfil profesional del osteópata, inclusive su formación profesional y código deontológico, y añadió que actualmente, al carecer de una legislación, ­«cualquiera» puede ser osteópata con una formación de un curso de unos seis meses. Esto conlleva un peligro a la profesión y al paciente y conduce a confusión a la sociedad cuando se habla de osteopatía.

Una normativa similar a la europea pondría al paciente en valor, asegurándole un tratamiento osteópata de calidad cuando necesite acudir a él. En palabras del ponente, no hay que olvidar utilizar el término «persona» como sinónimo de «paciente» y ser empático y compasivo. Asimismo, como profesional, debe aportarle valor y saber cuándo derivar si se requiere otra tratamiento sustitutivo o complementario, pero evitar que ambos se repitan.

Otro argumento para la legislación, según Antonio Cirado sería el aspecto económico. Un buen tratamiento osteópata, en los casos idóneos, sería preventivo ante posteriores complicaciones en el paciente y, por ejemplo, quitaría saturación a los centros hospitalarios y a otros especialistas sanitarios. Asimismo, subrayó que la experiencia de los osteópatas ha demostrado que un buen tratamiento, además de ser curativo y complementario, también puede ser paliativo. La evidencia científica muestra que los tratamientos osteopáticos son idóneos en numerosos casos.

Por otro lado, Antonio recordó la dificultad que existe para acceder a las administraciones públicas para hablar sobre osteopatía. Buscar su regulación es una tarea ardua y llena de escepticismo de otros sanitarios y de la población en general.

En definitiva, la osteopatía es una terapia manual, que pone especial atención al contacto físico con la persona y que, llevada a cabo por un profesional, aporta valor a la salud física y emocional del paciente. Por ello, la Organización Colegial de Osteópatas de España persigue que haya una regulación en España y que la ponga en valor como actividad sanitaria. En palabras del ponente, «hay espacio de reconocimiento para todos los profesionales sanitarios».