Diego Bayón, Director Advocacy & Public Awareness en Harmon

Los profesionales que estamos especializados en la representación de intereses y en el diseño de estrategias de incidencia pública, tenemos el reto de sacar a la luz esta actividad y lograr que se regule. Nadie tiene dudas sobre ello. De hecho, según la última encuesta de APRI sobre la visión empresarial de las Relaciones Institucionales, el 94% de los profesionales que trabajan en empresa apoya la creación de un registro de lobbies de ámbito nacional que abarque tanto al poder legislativo, como al ejecutivo. Además, un 84% de las compañías encuestadas es partidaria de una “mayor regulación” de la actividad; y un 76% defiende la creación de un registro obligatorio.

Pero, ¿cuáles son los motores para que el sector empresarial apoye la regulación de los grupos de interés? ¿Y cuáles son los beneficios? Como pude explicar en un evento organizado por Open Government Partnership, en mi opinión, hay cinco motivos principales (además del interés público) para que el sector privado promueva una regulación específica del lobby:

  1. Impulso de la reputación para un sector “bajo sospecha”: Una mayor regulación de la actividad redundaría en una mayor transparencia, lo que podría contribuir a reparar su imagen, mejorar la percepción pública, y ganar legitimidad como sector. Tradicionalmente, el lobby ha estado «en la sombra», pero una regulación adecuada permitiría normalizarlo como lo que es: la participación ciudadana en los asuntos públicos, recogida en la Constitución, como parte esencial de una democracia.
  • Profesionalización de la actividad: Una regulación específica y un registro de grupos de interés a nivel nacional podrá “poner cara y ojos” a todas aquellas personas y organizaciones que participan en el proceso de elaboración de las políticas públicas. Así, se contribuirá a fomentar la profesionalización de la actividad, lo que a su vez redundará en un mayor grado de cumplimiento de los estándares de transparencia establecidos por parte de decisores políticos y de grupos de interés. Además, permitirá señalar (y sancionar) a todos aquellos que no hayan actuado de manera transparente, limitando progresivamente la presencia de fuentes de influencia que no cumplan con estos estándares.
  • Inteligencia y anticipación empresarial a posibles riesgos y oportunidades: En la medida en que la actividad de los poderes públicos sea más transparente para todos, el sector privado podrá anticiparse mejor a la evolución de las políticas públicas y al desarrollo de nuevas regulaciones. Esta ventaja competitiva otorgará mayor margen para poder evaluar posibles impactos en los modelos de negocio.
  • Coordinación (o anticipación) de la labor de incidencia: Las normativas que incluyen una «huella legislativa» (un informe que detalla cada paso de la creación de una ley), permiten ver qué organizaciones y con qué intereses han participado en el debate sobre normativas concretas. Esto nos permite entender mejor lo que hacen otras partes interesadas (empresas de la competencia, por ejemplo), y garantizar una representación adecuada de los intereses (por ejemplo, realizando un seguimiento de la actividad de las asociaciones de nuestro sector, para evitar solapamientos o reforzar ámbitos poco cubiertos).
  • Promoción de la equidad de acceso, y mayor equilibrio en la relación con grupos de interés: Una regulación de la actividad de lobby que incluya la divulgación pública de las agendas de los diputados y responsables políticos, impulsará la igualdad de trato y la equidad de acceso a la hora de relacionarse con ellos. Esa transparencia favorece que los decisores públicos intenten lograr un «equilibrio» entre los grupos de interés a favor y en contra con los que se reúnen para cada regulación que estén desarrollando. En España, algunas formaciones políticas son más reticentes a reunirse con el sector privado; mientras que otras mantienen escaso contacto con movimientos sociales o tercer sector, especialmente en lo vinculado con la crisis climática o las políticas de igualdad. Este tipo de normativas, favorecen la participación de grupos de interés diversos en el desarrollo de todas las políticas públicas.

Entre tanto, los intentos por regular la actividad de los lobbies en España siguen estancados. La Propuesta de reforma del reglamento del Congreso presentada por el PSOE (que regularía la actividad en el poder legislativo), sufre continuos aplazamientos de su periodo de enmiendas, impidiendo que avance. Por otro lado, el Anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés impulsado por el gobierno (que regularía la actividad en la Administración General de Estado), permanece sin avances desde hace más de un año, y no parece probable que pueda llegar a aprobarse como ley antes del final de la legislatura.

El informe publicado este martes por el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco) afirma que el país no ha cumplido totalmente con ninguna de las 19 recomendaciones que la institución sugirió al Gobierno en junio de 2019.  Tampoco se considera cumplido, siquiera parcialmente, la recomendación para un mejor control de los grupos de interés. El Greco proponía que España adoptara normas «sobre la manera en que el personal con altas funciones ejecutivas entabla contactos con los grupos de interés y otros terceros que buscan influir en el trabajo legislativo o de otro tipo del Gobierno», así como que hiciera pública «información suficiente sobre la finalidad de estos contactos», incluyendo la identidad de quienes mantenían las reuniones y los temas tratados. El informe indica que la explicación de España sobre la puesta en marcha un registro de grupos de interés solo refleja «trabajos preparatorios» y anota la recomendación como no cumplida. «Se puede hacer más», dice.

Javier Herrero, Director de Asuntos Públicos y Relaciones Corporativas en Evercom

Carlos Parry, Head of Government Affairs en AstraZeneca

Cada vez son más las consultoras de comunicación que se han abierto camino en el campo de los asuntos públicos, creando equipos específicos dedicados al lobby. Esta transformación no es una moda pasajera, está definiendo el presente y futuro de esta profesión: no se puede entender el lobby sin la comunicación.

Un profesional de la comunicación, a la hora de plantear cualquier plan, se hará una serie de preguntas, sobre el qué, el cómo, quién, cuándo o por qué. Pues bien, un profesional del lobby se hará las mismas preguntas cuando diseñe su estrategia de asuntos públicos y la única diferencia entre ambos profesionales será el público al que se dirigen. De este razonamiento radica la imperativa necesidad de mejorar la coordinación entre ambas disciplinas.

El profesional de la comunicación tiene bien definidas sus metodologías de trabajo, a pesar de los cambios que los nuevos canales de comunicación han supuesto para ellos; en cambio, el profesional del lobby está todavía en una fase de profesionalización importante.

En este viaje que estamos haciendo los que nos dedicamos a las relaciones institucionales, uno de los primeros objetivos que tenemos para dar valor a nuestro trabajo es, precisamente, incluir una metodología de trabajo consistente, para diferenciarnos de aquel lobista que no tiene más que una buena agenda de contactos.

La importancia de trabajar ambas disciplinas deriva de la importancia de saber comunicar bien a la hora de hacer lobby. El profesional de Public Affairs es un experto en el sector público, sabe analizar bien el contexto y elaborar estrategias de éxito para influir ante sus interlocutores públicos, pero tiene la necesidad de trabajar junto con el equipo de comunicación para tener éxito e impacto real.

Un buen profesional de Public Affairs debe tener la capacidad de elaborar buenos mensajes para influir, pero si estos están alejados de la estrategia de comunicación de la organización que representa resultarán poco creíbles y abocarán su estrategia de influencia al fracaso.

La participación de las empresas y organizaciones en la elaboración de las políticas públicas, además de ser un derecho, es una necesidad para que los legisladores puedan tomar las mejores decisiones sobre temáticas complicadas y desconocidas para ellos, en muchos casos. Acompañar esta relación entre el sector público y el sector privado con una estrategia coherente de comunicación permitirá explicar con transparencia, tanto a los interlocutores como a la sociedad en general, los objetivos legítimos que hay detrás de cualquier acción en el ámbito de las relaciones institucionales.

Por eso, igual que observamos la transformación de las clásicas consultoras de comunicación entrando en el mercado de los asuntos públicos, internamente en las empresas también estamos viendo cambios dirigidos a mejorar las estrategias corporativas y coordinar las estrategias de comunicación y lobby de forma integral.

Sin comunicación no hay lobby.

Javier Corrales Director de Government Affairs y Public Policy en Kiatt Group y Coordinador del Grupo APRI Sostenibilidad

Los negociadores de casi 200 países cerraron un acuerdo que pretende mantener vivo el Acuerdo de París.

El 12 de noviembre finalizó en Glasgow la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP-26), que bajo el lema “Uniendo al mundo para hacer frente al cambio climático” reunió a representantes de más de 200 gobiernos de todo el mundo.

Los acuerdos más significativos de la Cumbre

Independientemente de las polémicas imágenes de algún presidente dormido y de las críticas por los viajes en coches y aviones contaminantes desde todos los rincones del planeta, lo cierto es que durante la convención se trataron asuntos de máxima trascendencia. Estas son los 5 acuerdos más significativos de la COP-26.

  1. Declaración Conjunta China – EE.UU. La declaración reconoce que los esfuerzos actuales son insuficientes, por lo que se comprometen a mantener el aumento de la temperatura media de la superficie de la Tierra «muy por debajo» de 2℃, e idealmente no más de 1,5℃, en comparación con los niveles preindustriales”, que coincide con el objetivo fijado en la COP de París hace seis años. El pacto es clave para preservar la confianza de los inversores privados que financiarán la mayor parte de la descarbonización.
  • Emisiones de metano. Más de 100 países suscribieron el compromiso mundial que pretende frenar sus emisiones de metano en un 30% para 2030. Las investigaciones parecen evidenciar que esta reducción podría reducir hasta 0,5°C la temperatura global en 2100.
  • Carbón y combustibles fósiles. Se llegó a un acuerdo para “acelerar los esfuerzos para la reducción progresiva de la energía del carbón» y acelerar la eliminación de «los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles». Es la primera vez que los combustibles fósiles se incluyen explícitamente en un acuerdo climático de la ONU. Esto se suma al acuerdo de eliminar progresivamente el uso del carbón y dejar de financiar nuevos proyectos de combustibles fósiles. Podría ser el principio del fin de los combustibles fósiles.
  • El objetivo de cero emisiones de la India. La India tratará de alcanzar las emisiones netas cero para 2070. El compromiso incluye objetivos cuantificables a corto plazo, como la promesa de suministrar el 50% de la energía del país mediante energías renovables y la reducción de las emisiones de carbono previstas en mil millones de toneladas de dióxido de carbono para 2030.
  • Fondos para el clima. Más de 450 organizaciones del sector financiero de 45 países sellaron su compromiso de transferir 130 billones de dólares de fondos bajo su control a inversiones en las que el beneficiario se comprometa a lograr emisiones netas nulas para 2050.

Los profesionales de las relaciones institucionales ante los acuerdos de Glasgow

Los responsables de las relaciones institucionales desempeñan un papel clave del proceso democrático: un derecho a poder exponer sus posiciones a los responsables de la toma de decisiones. Y este derecho debe ser protegido. Las Asociaciones Profesionales de las Relaciones Instituciones a nivel global (tal y como hace APRI) velan por difundir y promover una ética profesional basadas en la transparencia, el igual acceso y las buenas prácticas de lobby, alejadas de algunas críticas recurrentes como el tráfico de influencias, los conflictos de intereses y las puertas giratorias.

En el caso de los compromisos alcanzados en la cumbre de la COP26, los responsables de relaciones institucionales han jugado, y jugarán, un papel fundamental para alcanzar los objetivos planteados. Un ejemplo de ello es la promoción de iniciativas como “Science Based Targets initiative” (SBTi), que cuenta con la mayor base de datos mundial de información corporativa sobre cambio climático, cuyos objetivos son la reducción de emisiones acordes con los escenarios de calentamiento de 1,5 °C.

Un total de 52 empresas españolas forman parte de dicha iniciativa y además, en el año 2020, creció de 7 a 16 el número de empresas españolas con la máxima calificación en gestión del cambio climático. Otro dato interesante en este sentido es que España se sitúa en el puesto número 11 a nivel mundial de empresas con objetivos fijados según la CDP (la entidad que coordina la iniciativa SBTi).

Las principales gestoras financieras también han promovido iniciativas como la Net Zero Asset Managers (NZAM), donde más de 200 entidades financieras están comprometidas con el objetivo de cero emisiones netas de GEI para el 2050, apoyando inversiones alineadas con ese fin. Y un 77% de las empresas del Ibex 35 se han comprometido con la disminución de emisiones.

Las cuestiones de financiación de los acuerdos de Glasgow incluyen en gran medida la especificidad de las políticas relacionadas con el clima. ¿Qué tipos de proyectos renovables deben favorecerse y qué incentivos deben adoptarse para promoverlos? ¿Cómo se puede reducir el consumo de energía y qué incentivos son los mejores para promoverlo? ¿Cuáles son las mejores opciones de transporte con bajas emisiones de carbono para un país concreto? ¿Cómo puede la transición energética garantizar el empleo y unos medios de vida dignos? Y, posiblemente la pregunta más importante, ¿cuál debe ser el ritmo y el alcance de la transición ecológica?

El reciente grupo de trabajo impulsado en APRI sobre Sostenibilidad y políticas de ASG deberán trabajar en dar respuesta a todas estas cuestiones, impulsando además iniciativas beneficiosas para el tejido económico nacional, así como velando por garantizar un acceso justo y equitativo a los responsables de la toma de decisiones.

Algunas sombras en el horizonte…

A pesar de los avances y las positivas declaraciones de intenciones, todavía quedan problemas por resolver, y no son pocos. El panorama del G7 no parece halagüeño: Estados Unidos está bloqueado por el Congreso; Alemania aún no tiene gobierno; Francia se enfrenta a una de sus elecciones más inciertas; el Reino Unido, a través de su tesorería, acaba de embarcarse en la austeridad fiscal; el gobierno japonés sólo tiene dos semanas de vida, y el de Canadá no es mucho más antiguo.

Además, si se mantienen los compromisos actuales, las emisiones de carbono aumentarán un 13,7% de aquí a 2030. Por lo tanto, si se quiere limitar el calentamiento global a 1,5ºC para finales de este siglo, el resultado aconsejado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) requiere un esfuerzo mayor. Estamos hablando de que, para cumplir con dicha reducción de calentamiento, sería necesario reducir las emisiones en un 45% para 2030, y llegar a cero a mediados de siglo.  Porque, como reza el eslogan, “no tenemos que adaptarnos al cambio, sino crearlo”.

En APRI  nos sumamos el 8 de marzo de este año al «Día Internacional de la Mujer» bajo el lema de la Naciones Unidas  “Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de la Covid-19” para apoyar a todas la mujeres, profesionales de las  las relaciones institucionales, asuntos públicos y lobby en España. Las mujeres líderes y las organizaciones de mujeres han demostrado sus habilidades, conocimientos y redes para liderar eficazmente los esfuerzos de respuesta y recuperación ante la Covid-19. Actualmente las mujeres aportan experiencias, perspectivas y habilidades diferentes, y que contribuyen de manera indispensable en las decisiones, políticas y leyes que funcionan mejor para todos. En APRI la presidencia y dirección general la ostentan mujeres, y nuestra Junta Directiva está compuesta un 50% de mujeres. 

El asociacionismo y el lobby son dos herramientas fundamentales para dar voz a las mujeres, según la cuarta edición del Foro Lobby y Mujer, celebrada este martes 19 de enero en Madrid organizada por la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) y el abogado y experto en Liderazgo Femenino Martin Hernández-Palacios. APRI y ocho asociaciones de mujeres ejecutivas en otros tantos sectores resaltaron en el evento la importancia del asociacionismo y el lobby al exponer sus propios casos, demostraron la relevancia y emergencia de la influencia, igualdad y el liderazgo femenino en las corporaciones Women in a Legal World, Women in Real Estate, Inspiring Girls, EjE&CON, Women Angels for STEAM, Iberian Women Business Anges Club, Fundación Women Forward y U&C.

La apertura corrió a cargo de la Presidenta de APRI, María Rosa Rotondo, quien destacó la relevancia que va adquiriendo la igualdad entre hombres y mujeres y el liderazgo femenino en el seno de las organizaciones.

En la primera mesa, moderada por Martin Hernández-Palacios, experto en Liderazgo Femenino, sobre “Lobby, Mujer y Asociacionismo” se recogieron testimonios de varias presidentas y vicepresidentas de asociaciones de mujeres.

Marlén Estévez, Presidenta Women in a Legal World, asociación cuyo objeto es fomentar el talento femenino dentro del sector jurídico, destacó que la educación es una de las piedras angulares para alcanzar el liderazgo y hacer visible el talento por medio de la meritocracia. Marlén Estévez también resaltó la importancia de los datos como el petróleo del siglo XXI, y en lo relativo a la participación de mujeres en distintos cargos muestran un aumento del 3% en el número de socias de despachos de abogados respecto al año anterior.

En segundo lugar, Carmen Panadero, Presidenta de Women in Real Estate, asociación de mujeres en el mundo inmobiliario, resaltó la importancia de las redes: “La unión y el networking ayudan a visibilizar el talento femenino”. También abogó por romper la barrera de la exigencia femenina y el mito de que entre las mujeres no hay solidaridad. La Asociación, según Panadero, nació hace 6 años para ayudarse entre mujeres a entra, subir e influir en las decisiones de la capa de mando por medio del acercamiento entre el experto y las administraciones publicas y/o organismos.”

En tercer lugar, Marta Pérez, Presidenta de Inspiring Girls, comentó que las niñas están influenciadas desde pequeñas por estereotipos, y la Asociación pretende aumentar su autoestima e incrementar su panorama profesional. Destacó que “las profesiones no tienen género; es importante conectar a las mujeres con las niñas para enseñarles las distintas salidas profesionales y romper estereotipos y horizontes” y añadió “que cada niña sea lo que quiera ser sabiendo todas las opciones que tienen”.

Por otro lado, Ana Lorenzo, vicepresidenta de EJE&CON, Asociación Española de Ejecutiv@s y Consejer@s, recordó que el artículo 23 de la Constitución Española reconoce el derecho de las personas a participar en los asuntos públicos, abogó por un cambio cultural contando con el mejor talento, sin discriminación de género: «incorporamos el talento masculino como elemento diferenciador de la asociación para no discriminar y resaltar la necesidad de fomentar la cartera de talentos”

En el segundo panel, “Empoderando a la Mujer”, destacaron ejemplos de buenas prácticas en el ámbito empresarial y el de las asociaciones de mujeres.

Rita Gasalla, Socia Women Angels for STEAM, asociación internacional de mujeres que invierte en start ups lideradas por mujeres, resaltó que “en Europa el capital riesgo dirigido a proyectos liderados por mujeres es del 7% y en España solo 1 de cada 10 Business Angels es mujer. Women Angels for STEAM destaca la necesidad de incrementar el número de mujeres inversoras, mejorar el acceso a financiación de mujeres emprendedoras y aumentar su presencia en este ámbito.

Isabel Ariza, Fundadora y CEO de Iberian Women Business Ángesl Club  subrayó que el liderazgo femenino solo puede llegar si existe un modelo integrador entre hombres y mujeres: “La mujer empezó posicionándose en los sectores humanísticos, sin embargo, siempre ha sido más complicado en sectores como el científico. Empoderar a la mujer desde el liderazgo es fundamental para abarcar sectores donde hay más presencia masculina, no se debe sucumbir al miedo”

Miriam Izquierdo, Presidenta Fundación Women Forward  dijo que «la investigación ofrece datos objetivos acerca del valor que crean las mujeres en las empresas y las barreras a que se enfrentan. La Fundación quiere difundir toda esta investigación y busca abrir las puertas a empresas y empresarios que todavía no ven el valor de la diversidad de género, por lo que organiza un curso para mujeres en gobierno corporativo ligado a la diversidad.

Por último, Cristina Ruiz, Socia Directora en U&C Abogados, y experta en mentoring, habló de la importancia del mentoring para liderar el talento propio y el liderazgo emocional para el desarrollo profesional de la mujer. 

Al clausurar el Foro, la Directora General de APRI, Irene Matías, destacó que “las panelistas han demostrado ser excelentes lobistas del liderazgo femenino”, además de subrayar la importancia del asociacionismo femenino como herramienta fundamental de lobby para romper estereotipos y barreras y dar voz a las mujeres.

El pasado 5 de noviembre, María Rosa Rotondo, socia fundadora de Political Intelligence y presidenta de APRI, participó en el evento «El nuevo talento para la nueva normalidad», organizado por Deusto Business School en el marco de la presentación del VIII Seminario de Asuntos Públicos y Relaciones Gubernamentales donde además se contó con la presencia de exministro de Fomento, Iñigo de la Serna.

De la Serna resaltó que, en el contexto actual de pandemia causante de grandes incertidumbres las empresas están buscando nuevas competencias en sus trabajadores en un momento en el que hay una clara aceleración en el proceso de digitalización de las compañías. En las empresas se le esta dando prioridad a las soft skills, destacando la búsqueda de personas que sean resilientes, con “liderazgo sistémico” debido a que las nuevas formas de teletrabajo requieren confianza, motivación y un alto grado de creatividad.

Para el ex ministro hay muchas oportunidades en el terreno digital, financiero, de recursos humanos, managment y en los consejos de administración de las empresas ya que muchas tendrán que transformarse.

Por otro lado, la presidenta de APRI, Maria Rosa Rotondo indicó que bajo el actual panorama de cambio y de incertidumbre, la consultoría de asuntos públicos esta creciendo. Para la presidenta de APRI la dificultad actual, no el aspecto empresarial sino la gestión de los recursos humanos. Recalcó la necesidad de incorporar profesionales cada vez más digitales, sobretodo en el sector de las relaciones institucionales donde “No existen barreras entre lo digital y la realidad”. Para Rotondo las conversaciones ahora mismo son más accesibles que nunca gracias a las redes sociales, “Ya no se puede trabajar en la profesión, si no se tienen en cuenta las redes sociales”.

La presidenta de APRI explicó que social listening es fundamental, pero «no todo lo que se dice en la conversación digital es verdad, se debe escuchar, analizar la conversación y separarla para luego integrarla en las estrategias de asuntos públicos«. En esta labor es fundamental alinear los interesas de las empresas con los intereses de los políticos, los cuales suelen estar alineados con los intereses de la sociedad. Por otra parte, subrayó que el profesional de los asuntos públicos debe tener conocimiento exhaustivo de la realidad y contexto político para identificar dónde pueden estar las barreras o frenos de los proyectos que promueve, » para trabajar en asuntos públicos se debe conocer el funcionamiento interno de la Administración».

La presidenta de APRI explicó que el estudio de la asociación sobre «La visión profesional de los asuntos públicos en las empresas» arrojó que el 94% de los encuestados consideraban que la función del profesional de los asuntos públicos era fundamental para mejorar el entorno de negocio en el que se mueven las compañías. Otro de los aspectos que se considera relevante de esta función es que mejora la relación entre las empresas y la sociedad civil con los partidos políticos. Además, se evidenció como ventaja la regulación de los grupos de interés que ayudan a fortalecer la democracia.

Los que nos dedicamos a este trabajo siempre hemos estado en la obligación de analizar la realidad para los clientes y ahora más que nunca somos conductores en la niebla ya que nadie ve nada debido a la incertidumbre”. Aquí el rol de los profesionales de asuntos públicos es especialmente importante porque a nadie le gusta conducir en la niebla y es adicionalmente difícil hacerlo, por lo que se debe tratar de percibir las señales para ayudar a nuestros clientes y empleadores para suministrarles información debidamente analizada que les sirva en la toma de decisiones

En cuanto a la implantación del teletrabajo en el sector de los asuntos públicos, explicó que el experimento masivo de teletrabajo ha mostrado que es una herramienta de flexibilización, pero tiene su ámbito de mayor aplicación. En un trabajo creativo como el de consultoría, la interacción del equipo es fundamental y es difícil de sustituir este aspecto. Lo digital está muy presente en lo público como medio de intercambio y los funcionarios del sector publico han trabajado de forma extraordinaria durante la pandemia. Sin embargo, los profesionales de las relaciones institucionales entienden que la socialización es fundamental para poder sostener relaciones de confianza con el sector publico concluyó.

Esther Colino, Directora de Public Affairs Iberia de Alliance for Beverage Cartons and the Environment y socia de APRI.

El 14 de abril apareció una noticia publicada en los medios que me gustaría compartir con vosotros: “Nace una gran alianza europea para defender una salida verde a la crisis económica del coronavirus”. Esta es la propuesta parte de la recién nacida Alianza Europea para una Recuperación Verde que, a través de un manifiesto firmado por 180 responsables políticos, directivos de grandes multinacionales, sindicatos, ONG y expertos, pide a la Comisión Europea que utilice el Pacto Verde como herramienta para salir de esta crisis económica.

En los últimos años la UE ha asumido el rol de liderazgo en la lucha contra el Cambio Climático impulsando desarrollos estratégicos y legislativos orientados a convertir a Europa en el primer continente que alcance la neutralidad climática en 2050. Un dato para tener en cuenta: de las emisiones generadas un 55% corresponden a aspectos relacionados con la energía, mientras que un 45% corresponde a los productos que consumimos. El Pacto Verde publicado por la Comisión a finales de 2019 es una herramienta esencial para abordar este reto.

El primer paso después de este tsunami social debe pasar por reconstruir: recuperar la actividad económica, reducir la tasa de paro… en definitiva, recuperar la normalidad que es lo que todos estamos deseando. Este periodo de “hibernación obligatoria” es una oportunidad para la reflexión sobre nuestro concepto de “normalidad pre-Covid” y para definir de qué manera debemos hacer las cosas a partir de ahora para minimizar el impacto de esta crisis y para que de esta crisis salgamos reforzados como sociedad. Posiblemente ahora somos mucho más sensibles y estamos más abiertos a entender que hay que hacer algo más que seguir como hasta ahora.

Está claro que nuestro modelo económico necesita un giro para hacerlo más sostenible y una ambición política que lidere y oriente al conjunto de la sociedad en la dirección adecuada. Ese papel hasta ahora lo estaba jugando Europa. Pero, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Habrá muchas voces que aboguen por dejar para más adelante las cuestiones ambientales para centrarnos en las económicas. Ese es un discurso que los que trabajamos en el mundo de la sostenibilidad llevamos muchos años escuchando. Por supuesto que lo primero es reconstruir la economía, eso no es cuestionable, lo que tenemos que poner encima de la mesa es cómo queremos hacerlo.

¿Es una oportunidad para estimular la transición hacia una economía más sostenible o debemos dejar esto para un momento más favorable? Creo que es el momento de hacer compatible lo económico y lo ambiental, dejar de verlos como elementos opuestos y apostar por integrarlos definitivamente. El momento actual no debería ser una excusa para rebajar la ambición, el planeta sigue esperando un cambio, la crisis del Covid pasará y volveremos a producir, consumir…, la pregunta es si queremos seguir haciéndolo como hasta ahora o no.

No podemos olvidar que los recursos son limitados y hay muchas necesidades que atender porque una parte de la sociedad que va a sufrir duramente las consecuencias de esta crisis. En este contexto, los políticos deben liderar esta nueva etapa con sensibilidad y responsabilidad para impulsar las políticas adecuadas en el seno de la UE, e implantar las políticas a nivel nacional sin perder el foco y el compromiso ambiental. 

La Comisión Europea ha confirmado recientemente que sus prioridades siguen siendo la sostenibilidad y la digitalización. El compromiso de los Ministros de Medio Ambiente y la iniciativa de la Alianza para la recuperación verde, son señales muy claras de que ni la UE ni los Estados Miembros quieren rebajar el nivel de ambición.

En estos momentos, se hace más necesario que nunca que las políticas ambientales sean proporcionadas y eficientes para hacer el máximo aprovechamiento de los recursos y apostar por medidas concretas que realmente sean relevantes para el objetivo de convertirnos en una economía baja en carbono. En este sentido, desde la política se deben mandar señales claras a los mercados para que las inversiones se orienten hacia el impuso de los modelos de negocio que nos van a situar donde queremos estar para ser más competitivos y más sostenibles. Nuestra contribución como profesionales del Public Affairs y de las Relaciones Institucionales, debe pasar por impulsar los debates y establecer canales de diálogo para poner nuestro granito de arena para que las políticas sean las adecuadas para alcanzar los objetivos. 

Por último, quiero compartir con vosotros la charla “Nos comemos el planeta” realizada por Alejandro Moreno en el último TEDxUPValencia, a la que tuve la fortuna de asistir. Una reflexión pre-covid muy interesante y oportuna sobre el modelo económico mundial, nuestra adicción al crecimiento del PIB y los parámetros de medición del bienestar como sociedad.

En definitiva, si la alianza europea para una salida verde es la herramienta necesaria para que las políticas ambientales sean un elemento relevante para la salir de esta crisis, sólo el tiempo lo dirá. Ojalá que sí. Mientras tanto, al menos nos ha servido para hacernos reflexionar al respecto.

La gestión de los asuntos públicos y las relaciones institucionales están ganando protagonismos ante esta crisis sanitaria, económica y social. Esta nueva actividad puede coger un nuevo impulso y recobrar importancia. Así lo han manifestado los miembros del Foro Empresarial en el debate de APRI celebrado el pasado 23 de abril sobre ‘Asuntos Públicos y Relaciones Institucionales ante la crisis Covid-19’ en el que han participado Yolanda Vega, Directora Asuntos Públicos en Burson Cohn & Wolfe;  Marian Casado, Directora General de Deva; Javier Herrero, Director del Área de Asuntos Públicos y Relaciones Corporativas de Evercom; Carlos Ochoa, Responsable de Asuntos Públicos FTI Consulting; Montse Escudero, Directora de Asuntos Públicos en Omnicom; Javier Valiente, Socio Director de Political Intelligence; Diego Bayón, Director Asociado del área de Asuntos Públicos en Kreab y Javier Dorado, Director de Asuntos Públicos de Weber Shandwick.

FTI Consulting Spain comunica hoy dos incorporaciones a su equipo, que refuerzan la oferta de servicios de FTI en la práctica de energía, liderada por Blanca Perea.

Yeray Pérez se incorpora como Senior Director y cuenta con más de 15 años de experiencia en consultoría económica en empresas como The Brattle Group, AFRY y NERA. Tiene una amplia experiencia en los sectores de electricidad y gas dentro y fuera de España, asesorando a utilities, fondos de inversión y entidades reguladoras. Yeray se ha especializado a lo largo de su carrera en la aplicación del análisis económico a la regulación, al análisis de riesgos, al diseño del mercado, a la política de competencia y a procesos de arbitraje. Es licenciado en Economía y estudió el Máster de Organización Industrial de la Carlos III.

Igualmente, Carlos Ochoa, viene a reforzar la práctica de Energía como responsable de Public Affairs en el equipo de Comunicación Estratégica, que dirige Juan Rivera. Carlos se incorporó a FTI en Madrid hace más de medio año, si bien dedica una parte importante de su tiempo a liderar proyectos de corte regulatorio en Bruselas, donde ha trabajado los últimos 10 años.

Ochoa combina su excelente conocimiento de las políticas europeas y de los procesos políticos e institucionales de la UE con su experiencia asesorando a clientes españoles y globales relacionados con la Energía, el Clima, el Transporte y el Medio Ambiente. Carlos es licenciado en Derecho y cuenta con un Máster en Estudios Europeos por la Universidad ULB de Bruselas, así como un Máster en Administración de Empresas por la Universidad CEU de Madrid.

Blanca Perea ha comentado “Yeray y Carlos son dos profesionales que han dedicado su carrera al sector energético y medioambiental y aportan ángulos complementarios a nuestra oferta global. En la actualidad el sector energético está viviendo una profunda transformación y la resiliencia será un factor determinante, especialmente en ámbitos regulados como este sector. Nuestra vocación y misión persigue precisamente apoyar a las empresas a gestionar el riesgo, el cambio o la litigiosidad desde una perspectiva financiera, regulatoria, económica, legal y reputacional, todo ello de forma integrada”

Sobre FTI Consulting

FTI Consulting, Inc. es una firma global de consultoría dedicada a ayudar a las organizaciones a gestionar el cambio, mitigar el riesgo y resolver disputas: financieras, legales, operativas, políticas y regulatorias, de reputación y transaccionales. Con más de 5.000 empleados en 27 países, los profesionales de FTI Consulting trabajan en estrecha colaboración con los clientes para anticipar, asesorar y superar los complejos desafíos empresariales y aprovechar al máximo las oportunidades. La Compañía generó $2,353 millones en ingresos durante el año fiscal 2019. Para más información, visite www.fticonsulting.com y en Twitter (@FTIConsulting), Facebook y Linkedin.