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APRI inaugura la actividad de 2026 en Bruselas con su tradicional Cóctel

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APRI ha inaugurado su agenda de actividades de 2026 en Bruselas con la celebración de su tradicional Cóctel de Año Nuevo, que tuvo lugar en las oficinas de FTI Consulting en Bruselas, entidad miembro del Foro de Organizaciones de APRI y colaboradora del evento.

La cita reunió a unos 40 socios y socias y se consolidó como un espacio de encuentro, reflexión y networking para la comunidad de profesionales españoles de los asuntos públicos en el ámbito europeo. La cita permitió, además, hacer balance del trabajo desarrollado por APRI en Bruselas a lo largo de 2025, un año marcado por la consolidación de la delegación y el fortalecimiento de su papel como punto de referencia para los profesionales españoles que desarrollan su labor en las instituciones europeas.

Durante el pasado ejercicio, APRI impulsó una agenda continuada de encuentros de carácter mensual en Bruselas, que contaron con la participación de más de 400 profesionales, más de una decena de eurodiputados y representantes de distintas instituciones europeas. Esta actividad refleja el compromiso de la asociación con el fomento de un diálogo público-privado transparente, estructurado y de calidad, así como con el avance y la profesionalización del sector de las relaciones institucionales.

La apertura del acto corrió a cargo de Carlos Ochoa, Senior Managing Director de FTI Consulting Spain, quien dio la bienvenida a los asistentes y puso en valor la colaboración entre organizaciones y profesionales como palanca para fortalecer el ecosistema de los asuntos públicos. Ochoa subrayó también la importancia de impulsar prácticas basadas en la transparencia, la ética y la responsabilidad, y destacó la estrecha colaboración entre FTI Consulting y APRI, tanto en España como en Bruselas. Además, puso a disposición de los asistentes el recién publicado informe Risks and Priorities in Public Affairs: 2025 Versus 2023.

El eurodiputado Jonás Fernández (Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo) intervino para resaltar la relevancia del diálogo público-privado en el proceso de toma de decisiones europeo y el papel que desempeñan los profesionales de las relaciones institucionales para mejorar la calidad democrática. En su intervención, destacó la labor de APRI como espacio de referencia para los profesionales españoles en Bruselas y como actor comprometido con el impulso de una profesión cada vez más reconocida, transparente y alineada con el interés general.

Por su parte, Susana Garayoa, coordinadora de APRI Bruselas, presentó los principales proyectos y líneas de trabajo de la delegación para 2026. Actualmente, APRI Bruselas cuenta con cerca de 70 miembros y afronta el nuevo año con una ambiciosa programación que incluirá eventos temáticos, encuentros con responsables institucionales y acciones formativas de alto valor. Estas iniciativas estarán orientadas a reforzar el desarrollo profesional, el intercambio de conocimiento y la consolidación de una comunidad comprometida con los más altos estándares de transparencia, profesionalización y buenas prácticas en el ámbito de los asuntos públicos.

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Profesionales de los Asuntos Públicos lanzan un manifiesto por la regulación del Lobby en España

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  • Profesionales del sector impulsan reclaman la aprobación urgente de la ley que regule la actividad de los grupos de interés en España.
  • El manifiesto se lanza en un momento clave de tramitación parlamentaria y advierte de que retrasar la regulación mantendría a España como una excepción en Europa.
  • El texto defiende normas claras y transparentes —como la huella normativa y la publicidad de agendas y reuniones— para reforzar la confianza ciudadana y mejorar la calidad de las políticas públicas.

Madrid, 13 de enero de 2026

Profesionales de los asuntos públicos, las relaciones institucionales y el lobby han lanzado un manifiesto, abierto a la adhesión de todo el sector, para reclamar la aprobación urgente de la ley que regule la actividad de los grupos de interés en España y garantice mayor transparencia, integridad institucional y confianza ciudadana.

El Manifiesto por una regulación urgente, justa y necesaria de la actividad de los grupos de interés en España nace como una iniciativa impulsada desde la propia profesión, con el objetivo de contribuir al debate público en un momento clave de tramitación parlamentaria. El texto cuenta con el respaldo de la Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales (APRI), aunque se trata de un llamamiento abierto a todo el sector. En sus primeras horas, el texto ha sido firmado por más de medio centenar de directivos y profesionales.

Los impulsores subrayan que España se encuentra ante una oportunidad histórica para dejar de ser una excepción en Europa y dotarse de una regulación que ordene de forma clara la relación entre la sociedad civil y los poderes públicos. A su juicio, retrasar nuevamente la aprobación de esta norma supondría prolongar la falta de seguridad jurídica y la desconfianza en los procesos de toma de decisiones públicas.

El documento defiende que la participación organizada de empresas, asociaciones, universidades, ONG, sindicatos y otros actores sociales es una garantía democrática, ya que aporta conocimiento experto y mejora la calidad de las políticas públicas. Para que esta participación sea legítima y genere confianza, señalan, debe desarrollarse en un marco regulado, transparente y con reglas claras.

Entre las principales propuestas del manifiesto se encuentran la creación de normas homogéneas para regular la interacción entre grupos de interés y responsables públicos, la transparencia en agendas y reuniones, el establecimiento de una huella normativa que permita conocer quién ha participado en la elaboración de las leyes y la puesta en marcha de mecanismos de supervisión independientes.

El texto también reivindica el lobby como una actividad profesional legítima y necesaria en las democracias avanzadas y rechaza cualquier práctica opaca o contraria a la legalidad y la ética. Los firmantes subrayan su compromiso con una actuación ética, responsable y orientada al interés general.

La iniciativa se lanza con una clara vocación inclusiva, con el objetivo de llegar al mayor número posible de profesionales del sector. Así, las adhesiones al manifiesto se irán incorporando y haciendo públicas de forma progresiva.

Con este llamamiento, los impulsores instan a los grupos parlamentarios a actuar con responsabilidad y aprobar una regulación que refuerce la transparencia, la rendición de cuentas y la calidad democrática en nuestro país.

El manifiesto puede ser consultado y firmado en este enlace.

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Manifiesto por una regulación urgente, justa y necesaria de la actividad de los grupos de interés en España

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España se encuentra en un momento decisivo. Tras años de debates, recomendaciones internacionales y avances incompletos, nuestro país tiene ante sí la oportunidad —probablemente la última en décadas— de dotarse por fin de una Ley de Transparencia y de Actividades de los Grupos de Interés capaz de garantizar reglas claras, integridad institucional y una participación ordenada de la sociedad civil en los asuntos públicos.

La regulación está siendo tramitada en el Congreso y su aprobación no puede demorarse ni un día más. Por ello, los profesionales de los asuntos públicos, relaciones institucionales y lobby exhortamos a todos los grupos parlamentarios a actuar con responsabilidad y sentido de Estado para ofrecer a España la regulación que nuestra democracia merece: una norma que aporte transparencia y conocimiento a la actividad de participación de los grupos de interés en la vida pública. Es una oportunidad histórica para nuestra democracia. Si no se aprovecha ahora, pasarán años —incluso décadas— hasta que vuelva a presentarse. 

La participación organizada de empresas, asociaciones, universidades, organizaciones sociales, sindicatos, ONG, fundaciones y otros actores es una garantía democrática. El diálogo entre sociedad civil y poderes públicos aporta conocimiento experto, identifica problemas reales y mejora la calidad de las decisiones públicas. Esa participación necesita reglas. Necesita seguridad jurídica. Y necesita un marco transparente que genere confianza en nuestra sociedad.

Los profesionales de los asuntos públicos somos el puente entre estos intereses legítimos y las instituciones. Ejercemos esta labor con ética, honradez y un profundo compromiso democrático. El sector de los asuntos públicos se consolida como un pilar del funcionamiento de las democracias contemporáneas gracias a este desempeño ético y responsable de los profesionales, pero también a la intensa labor investigadora y docente de universidades y centros de investigación especializados, que generan conocimiento y estándares en ámbitos como la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas, cuestiones capitales para el correcto funcionamiento de las democracias y para la mejora de la toma de decisiones de políticas públicas.

Por ello, juntos, reclamamos, con espíritu constructivo pero también con firmeza, que la puesta en marcha de la regulación aporta garantías a todos: ciudadanos, instituciones, sociedad civil y profesionales.

1. Urgimos a aprobar una regulación clara y efectiva

España no puede seguir siendo una excepción en Europa. La ausencia de una ley específica alimenta la confusión, la desconfianza y la incertidumbre en la relación entre sociedad civil y poderes públicos. El proyecto actualmente en tramitación representa una oportunidad histórica para situar a nuestro país al nivel de los estándares internacionales de transparencia, integridad pública y buen gobierno. La regulación debe aprobarse sin demora y debe estructurarse de forma equilibrada, garantizando tanto la transparencia en la actuación de los grupos de interés como la integridad y responsabilidad de los cargos públicos, que aseguren un marco claro, accesible y plenamente alineado con los estándares internacionales entre los que se encuentran:

  • Normas claras, homogéneas y comprensibles para ordenar la interacción entre representantes de intereses y responsables públicos.
  • Transparencia en agendas y reuniones, con obligaciones proporcionalmente similares para actores privados y públicos.
  • La creación de una “huella normativa”, que permita rastrear qué actores han participado en la elaboración de una ley o norma y qué aportaciones se han realizado.
  • Mecanismos de supervisión independientes, con capacidad sancionadora y criterios objetivos.
  • Garantías para que la participación sea plural, accesible y equilibrada, evitando sesgos o privilegios.

2. Trabajamos con honradez y defendemos con orgullo nuestra profesión

Somos profesionales que actuamos con legalidad, ética y rigor. Nuestra labor consiste en trasladar a las administraciones públicas el punto de vista de nuestras organizaciones y de las entidades y colectivos que confían en nuestra capacidad para hacer oír sus necesidades. Lo hacemos con transparencia, honradez y convicción de que nuestra labor ayuda a mejorar la calidad del proceso democrático.

3. Una actividad necesaria que mejora las políticas públicas

El diálogo entre sociedad civil y poderes públicos permite leyes y políticas más realistas y eficaces. El artículo 9.2 de la Constitución exige que los poderes públicos faciliten la participación de la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social. Para lograrlo, son necesarios canales ordenados, accesibles y regulados.

4. Una parte esencial de cualquier proceso democrático avanzado

Las actividades de influencia de los grupos de interés son un mecanismo legítimo de participación. No es un atajo, ni un privilegio, sino la expresión organizada de la pluralidad social. Nuestra labor ayuda a que los responsables públicos conozcan las implicaciones técnicas, sociales y económicas de sus decisiones.

5. Solo podemos hablar de lobby profesional cuando se ejerce con transparencia y rigor

Condenamos cualquier práctica opaca, ilícita o contraria a la ética. Esas conductas no forman parte de la práctica profesional  y deben ser perseguidas. La regulación contribuirá a diferenciar la práctica profesional legítima -que contribuye al buen funcionamiento democrático-  de las conductas que distorsionan la  actividad y dañan la confianza pública.

6. El lobby es una profesión legítima, necesaria y plenamente integrada en las democracias avanzadas

Contribuye a mejorar las políticas públicas al aportar información, experiencia y perspectivas diversas a la toma de decisiones. Nuestra actividad se basa en valores claros, códigos de conducta exigentes y una función democrática clara. Una regulación adecuada reforzará esta comprensión y dignificará aún más nuestra labor.

7. Defender intereses legítimos es parte de la democracia

La representación de intereses — ya sean empresariales, sociales, sectoriales o ciudadanos— es un elemento legítimo y necesario de cualquier democracia plural. El legislador es quien debe ponderarlos y decidir, pero su trabajo mejora cuando dispone de información precisa, diversa y contrastada. Nuestra tarea es facilitar esa escucha responsable y contribuir a que las decisiones públicas se tomen con el mayor conocimiento posible.

8. Queremos que la sociedad valore nuestro papel

Trabajamos con transparencia, profesionalidad y vocación de servicio para que la ciudadanía comprenda el valor democrático de nuestra profesión. La regulación que pedimos no solo nos dignifica, sino que fortalece la rendición de cuentas, aumenta la confianza institucional y mejora la calidad democrática.Por todo ello, los firmantes de este manifiesto reiteramos nuestra voluntad de trabajar con integridad y de impulsar una regulación que España necesita ahora. Apelamos al sentido común y a la responsabilidad de los representantes públicos para que dejen a un lado cálculos o estrategias partidistas en una reforma puramente estructural de nuestra democracia, y den el paso decisivo que la ciudadanía y en especial los profesionales esperan, aprueben la Ley de Transparencia y de Actividades de los Grupos de Interés. Es una decisión sencilla, necesaria y beneficiosa para todos. Por una actividad de representación de intereses regulada y digna, al servicio de una democracia más participativa, plural y robusta.

Este manifiesto es una iniciativa de profesionales del lobby en España, muchos de los cuales forman parte de la Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales (APRI). Aunque la iniciativa cuenta con el respaldo de la asociación, su vocación es aglutinar a todos los colegas del sector comprometidos con la consecución de una regulación que refuerce el valor y posicionamiento de la profesión. Los firmantes se van añadiendo cuando llegan 5 nuevas firmas.

FIRMANTES (26 de enero, 2026):

FIRMANTES:

  • Carlos Parry, Europe Healthcare Lead, Public Affairs en LLYC
  • Irene Matías, socia directora de Advocacy Academy
  • Nicolás Rodríguez-García, catedrático de Derecho Procesal en la Universidad de Salamanca
  • Joan Navarro, Presidente del Instituto Europeo de Asuntos Públicos y Gobierno, AP institute – Universidad Nebrija
  • Nuria Masana, directora corporativa de Asuntos Publicos, Comunicación y Marketing de la Asociación Española contra el Cáncer
  • Gerard Guiu, director general de ANDEMA
  • David Álvaro, director general de ACENTO Public Affairs
  • Carmen Muñoz, directora en Silverback Advocacy
  • Jorge Aliende, director general de APRI
  • Juan José Rastrollo Suárez, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Salamanca
  • Adriana Bonezzi, directora general de Marcas de Restauración
  • Yolanda Vega, VP director Public Affairs en Burson
  • Carlos Ruiz Mateos, director general adjunto de ACENTO Public Affairs
  • Elia Ferrer, directora de Políticas Públicas en Just Eat España
  • Miguel Ángel Villanueva, director de Relaciones Institucionales en Legálitas
  • Andrea Vota, director de Public Policy & Regulatory Affairs para el Sur de Europa en Bolt
  • Borja de la Torre, vocal de la junta directiva de APRI
  • Horacio González Alemán, director en Thoffood
  • Alicia Azaña, directora de Relaciones Institucionales en CM Alcor
  • Montserrat Escudero, directora en OMNICOM Public Affairs
  • Víctor Rodríguez, técnico de Asuntos Públicos del Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España
  • Jorge Hernández, manager de la EC2U Alliance en la Universidad de Salamanca 
  • Diego Bayón Mendoza, socio Incidencia Pública, Harmon Corporate Affairs
  • Carolina González Zabala, consultora senior de Relaciones Institucionales
  • Esteban Egea, socio fundador de APRI
  • José Luis Ortiz, director de relaciones institucionales en ZTE España
  • Amir Campos, director de Schuman Associates para España y Portugal
  • Laia Bosch, responsable de Asuntos Públicos en España de eDreams ODIGEO
  • Pilar Martínez, directora de Asuntos Públicos en Bolsas y Mercados BME-Six Group
  • Javier Ballina, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Oviedo
  • Eliezer Santana, director de Asuntos Corporativos en 22Grados
  • Marc Martínez, responsable de Políticas Públicas en Glovo España
  • Verónica Somodevilla, directora de relaciones institucionales en Italfarmaco
  • Joaquín Mouriz, director de marca, comunicación y experiencia cliente en BNP Paribas Personal Finance España
  • Agustín Baeza, director de Advocacy Academy
  • Alejandro Manso, Public Affairs Director en LLYC
  • José Portilla, director general de Sernauto 
  • José Manuel Garrido , director de Relaciones Institucionales de Cajasiete
  • Roxana Iliescu , Business Support and RRII
  • Luis Suárez de Lezo, vicepresidente Ejecutivo en la Asociación de Empresarios de Alcobendas – AICA
  • Abel Morales, abogado en Am-Asociados
  • Ángel Guillén, profesor de Derecho la Universitat de València
  • Lidia Curto, directora de Comunicación y Asuntos Públicos en Nostrum Group
  • Mariano Guillén, director de Asuntos Públicos en Leidar
  • Alberto Domingo Bayarri, Global Health Partnerships & Policy MA, Thermo Fisher Scientific
  • Martí Vidal, director Public Affairs
  • Marcos Caviró, director de Asuntos Públicos de CRECEMOS
  • Rubén Hernández, gerente en IFMA España
  • Manuel I. García Ortega, Senior Managing Partner de London 4 Group
  • Eduardo Pérez,  director  de Relaciones  Institucionales en Makro
  • Jacobo Truan, socio de EPPA
  • Basel Duran, especialista en Enoxia 
  • Pilar Martínez, especialista en Comunicación Externa y Asuntos Públicos en Grupo Mutualidad
  • Jose María Ramírez Cárdenas, Director de Asuntos públicos 
  • Benito G. Carril, director de Comunicación y Asuntos Públicos en ITE Ambiental
  • Julio César Gutiérrez, director de Comunicación en Sedigas
  • Paloma Barja, directora de Asuntos Públicos en Italfármaco
  • Isabel Aizpún, directora de Comunicación y Fundraising en Rescate Internacional
  • Juan Pedro Auriol, director general de Pharma &
  • Rita Bau, gerente de relaciones institucionales en Abbvie
  • Pedro Claver, director de Estrategia y Comunicación de CEAPI
  • Jorge Juan Pascau, asociado de Acento Asuntos Públicos 
  • Pablo Grande, Public Affaris trainee en Rud Pedersen
  • José María Castellano, profesor de Políticas Públicas, Regulación y Transformación Digital en Universitat Pompeu Fabra
  • Luisa López Leza, lobista en López Leza Consultores
  • Ignacio Francisco Álvarez, consultor independiente
  • David Martin, Senior Advisor independiente 
  • Ángel Rebollo, CEO en ARPA EU Affairs & Communications 
  • Marisa Toro, Co Fundadora- Managing Partner en MARLOW
  • Roberto García, director de actualidad media en Grupo Aragón Digital
  • Javier Ramírez, director en ACENTO Public Affairs
  • David Redoli, director de Relaciones Institucionales de Solaria 
  • Víctor Rodríguez Campos, especialista en Redfarma 
  • Daniel Amor,  Industrial, Tech & Digital Policy Senior Lobbyist at KREAB Worldwide
  • Julia Menéndez, Public Affairs Associate en FGS Global
  • Laura García, especialista en comunicación corporativa en NTT data
  • Caterina Salvà, consultora en AAPP
  • Sebastián Duarte, consultor externo en APRI
  • José Andrés de Lorenzo-Cáceres, CEO en Maska
  • Luis Gallés, consultor en ASAJA
  • Santiago Urbina, gerente senior de Asuntos Públicos Internacionales en Cigna Healthcare 
FIRMA

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Comunicado sobre la ley de grupos de interés

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Madrid, 26 de noviembre de 2025

La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), que agrupa a los profesionales de los asuntos públicos, las relaciones institucionales y el lobby en España, expresa su profunda decepción con el rumbo que ha tomado la tramitación parlamentaria de la Ley de Transparencia e Integridad en la Actividad de los Grupos de Interés, conocida como Ley de Lobbies.

Tras más de una década de debates, recomendaciones de organismos europeos e internacionales y reiteradas llamadas a dotar a España de un marco regulatorio claro, homogéneo y exigente de las actividades de los grupos de interés, asistimos de nuevo a un escenario en el que las legítimas diferencias partidistas se imponen sobre la responsabilidad compartida de modernizar nuestras instituciones y reforzar la democracia para hacerla más transparente, plural y participativa.

APRI lamenta la falta de altura de miras demostrada por las dos principales fuerzas políticas del país. La sana discrepancia en torno al tiempo y la forma en que debe organizarse la creación de la autoridad independiente que gestione el registro de transparencia previsto en la Ley no puede ser la causa de una nueva oportunidad perdida para España.

Las opciones propuestas por PP y PSOE coinciden en que las funciones administrativas, sancionadoras y de control recaigan finalmente en una autoridad independiente específica, siendo la principal divergencia una cuestión de plazos y configuración transitoria.

Del mismo modo, se ha planteado como punto de desencuentro la cuestión de dotar -de manera inmediata o posterior- de interoperabilidad al registro de grupos de interés con otros registros ya existentes, algo que la experiencia europea demuestra que se puede implementar desde el inicio o posteriormente y que fortalece la eficiencia del sistema.

Estas diferencias, de carácter esencialmente técnico, procedimental y temporal, no pueden ser suficientes para impedir el avance de la ley. El resultado de estas decisiones es que España volverá a “perder el tren” de una regulación sólida, coherente y ambiciosa de la actividad de lobby. Esta regulación ha sido reclamada reiteradamente por los propios profesionales del sector y por instituciones como la Comisión Europea, el GRECO o la OCDE. No se trata de un debate secundario, sino de una pieza estructural para la calidad democrática, la transparencia, la participación y la rendición de cuentas.

No acordar esta regulación reflejaría una falta de voluntad política injustificable y nos invitaría a pensar que los partidos se escudan en cuestiones menores para evitar una normativa que permita diferenciar claramente la actividad profesional, ética y honorable de los lobistas de los múltiples casos de corrupción protagonizados por distintos políticos y que nada tienen que ver con los asuntos públicos.

Desde APRI hacemos un nuevo llamamiento a todas las fuerzas parlamentarias, y en particular a los dos grandes partidos, para que retomen la lógica del acuerdo y del interés general en esta materia, trabajando para lograr una regulación exigente, rigurosa y alineada con las mejores prácticas internacionales.

APRI reitera, finalmente, su plena disposición a colaborar —desde un enfoque técnico, profesional y no partidista— con el Gobierno y con todos los grupos parlamentarios en la mejora del marco normativo, con la única finalidad de que España deje de ir a remolque y pase a situarse entre los países que abordan con seriedad, transparencia y responsabilidad democrática la regulación de los grupos de interés.

Más información:

Informacion@relacionesinstitucionales.es

 (+34) 623 176 704

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APRI analiza la financiación de la defensa europea en el Parlamento Europeo

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Bruselas, 6 de noviembre de 2025.


El Parlamento Europeo ha acogido el desayuno de trabajo “El Big Bang de la financiación en Defensa”, organizado por la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) con la colaboración de FTI Consulting. La cita reunió a más de 30 profesionales españoles de los Asuntos Públicos en Bruselas y sirvió como espacio de diálogo sobre los desafíos y oportunidades que afronta Europa en materia de defensa común y financiación del sector.

El encuentro fue inaugurado por Susana Garayoa, miembro del equipo de coordinación de APRI Bruselas, y Marina Cubedo Vicén, directora senior de Asuntos Públicos en FTI Consulting, quienes destacaron la relevancia de crear foros de debate que permitan intercambiar experiencias entre representantes institucionales, empresas y expertos del ámbito público y privado.

Durante la apertura, ambas subrayaron que la defensa se ha convertido en uno de los ejes prioritarios de la agenda europea, impulsada por un contexto geopolítico complejo que exige mayor coordinación, inversión e innovación tecnológica por parte de los Estados miembros y las instituciones europeas.

El programa se estructuró en dos diálogos complementarios sobre la Defensa de Europa y su financiación.

En el primero de ellos, los eurodiputados Juan Ignacio Zoido (Partido Popular) y José Cepeda García de León (Partido Socialista Obrero Español), moderados por Beatriz Cózar Murillo, PhD, abordaron la necesidad de priorizar la innovación de las empresas europeas frente a las externas y el papel de España en el fortalecimiento de la política de defensa común.

Los ponentes coincidieron en que la defensa es una herramienta clave para la estabilidad y la seguridad del continente, y señalaron la importancia de reforzar la base industrial y tecnológica europea. Además, destacaron el papel del Parlamento Europeo como espacio de consenso para avanzar hacia una financiación más sostenible y orientada a la competitividad.

En el segundo diálogo, participaron José Bayón López, director de Relaciones Institucionales de GDELS Santa Bárbara Sistemas, y Fernando Miguélez García, representante de Navantia, S.A., S.M.E. ante la Unión Europea y la OTAN. La conversación, moderada por Susana Garayoa, puso el foco en la necesidad de una mayor colaboración público-privada y en el reto de posicionar a España dentro de la cadena de valor europea de la defensa.

Los participantes coincidieron en que la cooperación entre instituciones, empresas y centros de investigación es esencial para mantener la autonomía estratégica europea y aprovechar el impulso de los nuevos fondos comunitarios destinados a defensa e innovación.

Este encuentro se enmarca en las actividades que APRI Bruselas impulsa de forma periódica para fomentar el diálogo entre instituciones europeas, representantes políticos y profesionales de los Asuntos Públicos. Con iniciativas como esta, APRI refuerza su compromiso con la transparencia, la profesionalización y la generación de conocimiento, contribuyendo a fortalecer la voz de los profesionales españoles en el ámbito europeo.

La asociación reafirma así su objetivo de consolidar foros de alto valor en los que se aborden temas estratégicos para Europa, promoviendo la colaboración público-privada y el intercambio de buenas prácticas que fortalezcan la toma de decisiones en un entorno democrático, transparente y competitivo.

Sobre APRI

Fundada en 2007, APRI representa a los profesionales de las relaciones institucionales, los asuntos públicos y el lobby en España, con el objetivo de dignificar la profesión y concienciar a la sociedad sobre su valor, especialmente ante los poderes públicos y políticos, así como ante responsables de organizaciones como empresas, ONG o asociaciones empresariales. Las relaciones institucionales deben ser el vínculo más eficaz entre los intereses legítimos de la sociedad civil y las decisiones de interés general que toman los responsables políticos y los poderes públicos. APRI agrupa a más de 300 profesionales y 24 organizaciones de todo el país, y aboga por la regulación de esta actividad mediante medidas similares al Registro de Transparencia que ya existe en las instituciones europeas. Además, APRI es miembro fundador de la Plataforma Europea de Asuntos Públicos (Public Affairs Community of Europe –PACE), creada en 2018 para reunir a todas las organizaciones nacionales de profesionales de asuntos públicos en Europa.

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APRI celebra en el Congreso de los Diputados el encuentro “España–Unión Europea: lecciones compartidas para la calidad legislativa”

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Madrid, 31 de octubre de 2025.


El Congreso de los Diputados ha acogido el encuentro “España–Unión Europea: lecciones compartidas para la calidad legislativa”, organizado por la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI). La cita ha reunido a más de 70 profesionales del ámbito de las Relaciones Institucionales y los Asuntos Públicos, que han participado en una jornada de reflexión sobre el presente y futuro de la calidad normativa tanto en España como en la Unión Europea.


La sesión ha sido inaugurada por María Andrés Marín, directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España, quien ha subrayado la importancia de fortalecer la democracia europea para construir una sociedad “más justa, igualitaria y libre”. En sus palabras, ha destacado el papel clave que desempeñan tanto las instituciones europeas como los agentes sociales en el impulso de políticas transparentes y participativas que respondan a los desafíos actuales del continente.


El debate principal ha estado moderado por Juan Herrero Pascual, vocal de la Junta Directiva de APRI y miembro del equipo de coordinación de APRI Bruselas, y ha contado con la participación de los diputados Milagros Marcos Ortega, portavoz del Partido Popular en la Comisión Mixta para la Unión Europea, y Sergio Gutiérrez Prieto, vocal de la misma comisión y portavoz del PSOE en la de Asuntos Exteriores.Durante la conversación, ambos parlamentarios han abordado los principales retos de la política legislativa europea, poniendo el foco en la importancia de la Unión Europea en la agenda nacional y en la necesidad de prestar mayor atención a sectores estratégicos como la defensa y la industria. También han coincidido en la relevancia de mejorar la coordinación entre instituciones europeas y nacionales para avanzar hacia una legislación más eficaz, coherente y adaptada a los nuevos desafíos económicos, sociales y tecnológicos.


La jornada ha sido clausurada por Daniel Calleja, director del Servicio Jurídico de la Comisión Europea y recientemente nombrado director de la Representación de la Comisión Europea en España. En su intervención, Calleja ha destacado las prioridades de la Comisión Europea para los próximos años, centradas en la transición digital y verde, la competitividad industrial, la defensa común y el fortalecimiento de la cohesión social. Asimismo, ha señalado los principales retos de la Unión Europea hasta 2030, entre los que figuran la necesidad de garantizar una gobernanza más cercana al ciudadano y de reforzar la cooperación entre los Estados miembros.


El encuentro se enmarca en la labor de APRI por fomentar el debate, la transparencia y la profesionalización de los Asuntos Públicos, promoviendo espacios de diálogo entre instituciones, representantes políticos y profesionales del sector.


Con esta iniciativa, APRI reafirma su compromiso con la calidad legislativa, la ética y la colaboración público-privada, pilares esenciales para fortalecer la democracia y mejorar el proceso de toma de decisiones en España y en la Unión Europea.

Sobre APRI

Fundada en 2007, APRI representa a los profesionales de las relaciones institucionales, los asuntos públicos y el lobby en España, con el objetivo de dignificar la profesión y concienciar a la sociedad sobre su valor, especialmente ante los poderes públicos y políticos, así como ante responsables de organizaciones como empresas, ONG o asociaciones empresariales. Las relaciones institucionales deben ser el vínculo más eficaz entre los intereses legítimos de la sociedad civil y las decisiones de interés general que toman los responsables políticos y los poderes públicos. APRI agrupa a más de 300 profesionales y 24 organizaciones de todo el país, y aboga por la regulación de esta actividad mediante medidas similares al Registro de Transparencia que ya existe en las instituciones europeas. Además, APRI es miembro fundador de la Plataforma Europea de Asuntos Públicos (Public Affairs Community of Europe –PACE), creada en 2018 para reunir a todas las organizaciones nacionales de profesionales de asuntos públicos en Europa.

Para más información

Jorge Aliende, director general de APRI:
jaliende@relacionesinstitucionales.es, (+34) 623 176 704

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APRI participa en la presentación del Plan de Parlamento Abierto en el Congreso de los Diputados

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APRI fue una de las entidades designadas por el Congreso de los Diputados para intervenir en la presentación de su I Plan de Parlamento Abierto, celebrado ayer 12 de junio en la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados, con la presencia de la presidenta del Congreso, miembros de las entidades participantes, diputados y otras autoridades.

En su intervención, la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, agradeció a APRI el gran trabajo realizado en las aportaciones al Plan en materia de regulación de los grupos de interés, durante las consultas públicas abiertas el día 16 de enero y la aportación de APRI profesionalizando el sector.

Cuando tomó la palabra la vicepresidenta de APRI, Irene Matías Campano, destacó el esfuerzo realizado por el Comité de regulación de APRI, así como el empeño de otras entidades junto a las que impulsamos hace unos meses un manifiesto por la regeneración democrática de España. Desde APRI celebramos que parte de las propuestas incluidas en él, están hoy recogidas en el Plan presentado el día 12.

Asimismo, explicó que la interlocución público-privada es un derecho constitucional que requiere de un marco regulatorio sólido y garantista que permita avanzar en la transparencia y rendición de cuentas y en la mejora de la toma de decisiones de políticas públicas.

Puede consultar el texto del Plan, aprobado el 13 de mayo aquí y la nota de prensa de la Cámara aquí.

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APRI celebra la aprobación de la toma en consideración de la reforma del Reglamento del Congreso para regular el lobby

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  • La propuesta, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y aprobada con 175 votos a favor (PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, Podemos y BNG), 136 abstenciones (PP) y 33 en contra (Vox), establece un marco normativo para regular la actividad de lobby en el Congreso de los Diputados.
  • La iniciativa da cumplimiento a los compromisos asumidos en el I Plan de Parlamento Abierto, dotando de transparencia y reglas claras a la interlocución entre los representantes públicos de la Cámara baja  y los grupos de interés o lobbies.
  • APRI insta a las distintas fuerzas parlamentarias a dar un paso decidido y aprobar de forma definitiva una regulación clara y transparente sobre las actividades de influencia tanto en el Congreso como en la Administración General del Estado.

Madrid, 11 de junio de 2025

APRI, la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales, acoge con satisfacción la toma en consideración de la modificación del Reglamento del Congreso de los Diputados, aprobada con 175 votos a favor (PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, Podemos y BNG), 136 abstenciones (PP) y 33 en contra (Vox) y que permite avanzar en la regulación de las actividades de influencia o lobby en el Congreso para dar cumplimiento a varias medidas exigidas por organismos internacionales como el GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa) y recogidas en el I Plan de Parlamento Abierto de la Cámara Baja.

APRI lleva más de una década impulsando una regulación que normalice la actividad profesional del lobby en España y dote a lobistas y responsables públicos de un marco normativo que garantice que la representación de intereses legítimos se realice de manera transparente, equitativa y responsable. El respeto a los principios de integridad y rendición de cuentas es clave para mejorar la toma de decisiones legislativas y de políticas públicas en el Legislativo. Por esta razón, los lobistas celebraron en marzo que el I Plan de Parlamento Abierto incluyera medidas propuestas por APRI, como la regulación de la huella legislativa, de los grupos de interés o la agenda pública, así como de un régimen sancionador que garantice el cumplimiento de estas medidas tanto para los grupos de interés como para los diputados. 

Tal y como APRI venía sosteniendo desde la aprobación del I Plan de Parlamento Abierto, era crucial la aprobación de una reforma del reglamento del Congreso que materializarse las medidas recogidas en el texto. Ante esta iniciativa presentada en esta dirección por el grupo parlamentario socialista, la asociación celebra que el Congreso tome la determinación de regular la actividad del lobby. Sin embargo, APRI subraya la necesidad de que esta reforma se apruebe sin más dilación. En palabras de Irene Matías, vicepresidenta y miembro del comité de regulación de APRI: “Una regulación del lobby bien diseñada es fundamental para el Parlamento, porque lejos de limitar el diálogo entre lo público y lo privado, lo ordena, lo profesionaliza y le otorga legitimidad. Contribuye a evitar la opacidad y garantiza un acceso igualitario, transparente e informado a los representantes públicos. Por ello, ha llegado el momento de que los grupos parlamentarios tomen la decisión de aprobar esta regulación con responsabilidad, determinación y compromiso democrático.”

Pese a la satisfacción por este nuevo avance, APRI recuerda que sigue también pendiente —y resulta urgente— la aprobación de una ley que regule las actividades de influencia también ante el poder ejecutivo. Aunque la Ley de Transparencia e Integridad de las Actividades de los Grupos de Interés está ya en trámite parlamentario, su periodo de enmiendas continúa ampliándose indefinidamente, reflejando una preocupante falta de voluntad política por parte de los grupos parlamentarios de sacar adelante estas medidas.

Sobre APRI

Fundada en 2007, APRI representa a los profesionales de las relaciones institucionales, los asuntos públicos y lobbies en España, con el objetivo de dignificar la profesión y concienciar a la sociedad sobre su valor, especialmente ante los poderes públicos y políticos, así como ante responsables de organizaciones como empresas, ONGs o asociaciones 

APRI agrupa a más de 300 profesionales y 24 organizaciones de todo el país, y aboga por la regulación de esta actividad mediante medidas similares al Registro de Transparencia que ya existe en las instituciones europeas.

Además, APRI es miembro fundador de la Plataforma Europea de Asuntos Públicos (Public Affairs Community of Europe – PACE), creada en 2018 para reunir a todas las organizaciones nacionales de profesionales de asuntos públicos en Europa.

Para más información

Jorge Aliende, Director general de APRI

jaliende@relacionesinstitucionales.es

(+34) 623 176 704

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Encuentro en el Parlamento Europeo con Nicolás González Casares sobre la Ley de Medicamentos Críticos y el paquete farmacéutico

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Esta semana tuvimos la oportunidad de participar en un encuentro en el Parlamento Europeo con el eurodiputado Nicolás González Casares, ponente del expediente de la Ley de Medicamentos Críticos (Critical Medicines Act) y uno de los principales impulsores del paquete farmacéutico europeo desde la Comisión ENVI. La sesión fue organizada en el marco de nuestro grupo de trabajo APRI Salud, y reunió a profesionales del ámbito institucional, sanitario e industrial para debatir los próximos pasos legislativos en este campo estratégico.

El encuentro tuvo lugar justo después de que el Consejo de la Unión Europea diera luz verde a su posición común sobre el paquete farmacéutico, desbloqueando así el inicio de las negociaciones interinstitucionales (trílogos) a partir del 17 de junio. Este acuerdo permitirá ahora avanzar en una legislación que necesitaba ser revisada para adaptarse al avance de la ciencia y garantizar la mejor atención sanitaria a los ciudadanos europeos.

El texto acordado por el Consejo establece 8 años de protección de datos regulatorios, en contraste con los 6 años propuestos por la Comisión y los 7,5 años planteados por el Parlamento Europeo. Esta protección va acompañada de un enfoque más flexible para la protección de mercado, condicionado al cumplimiento de requisitos como la atención a necesidades médicas no cubiertas o la realización de ensayos clínicos bien diseñados que se desarrollen con altos estándares científicos e incluyan su implementación en más de un Estado miembro.

Desde el Parlamento, Nicolás González Casares destaca que este acuerdo representa un avance hacia la vinculación de la innovación a los incentivos, y esta orientación queda reflejada en la postura común del Consejo, que se alinea con la del Parlamento en su defensa del apoyo a la investigación desarrollada en Europa, el fortalecimiento del ecosistema científico europeo, y la transferencia de conocimiento desde las universidades y centros de investigación al desarrollo de nuevos medicamentos.

En el centro del debate estuvo la Ley de Medicamentos Críticos, que tiene como objetivo reforzar la autonomía estratégica de la UE en el suministro de fármacos esenciales, diversificar las cadenas de valor y reducir la dependencia de terceros países. González Casares subrayó la necesidad de impulsar proyectos industriales estratégicos que permitan aumentar la capacidad de producción de principios activos farmacéuticos (API) en Europa, así como establecer mecanismos de seguimiento y alerta temprana sobre posibles interrupciones de suministro.

La industria farmacéutica no solo desempeña un papel clave en la salud pública y la innovación biomédica, sino que también actúa como motor de desarrollo para otros sectores industriales estratégicos. Su alta demanda tecnológica y normativa impulsa la modernización de sectores manufactureros como la ingeniería química, la automatización industrial, la producción de materiales avanzados, el envasado inteligente y la logística especializada.

Un aspecto especialmente relevante que se abordó durante la sesión fue el impacto ambiental del ciclo de vida de los medicamentos, una dimensión que la Critical Medicines Act incorpora.

España parte de una posición sólida para integrarse como actor clave en la transformación industrial que impulsa el sector farmacéutico a nivel europeo. Cuenta con un ecosistema que combina centros de excelencia en investigación biomédica, una industria farmacéutica competitiva y exportadora, y un tejido industrial diversificado con capacidad para adaptarse a las exigencias tecnológicas del sector salud.

Para consolidar este posicionamiento, será clave reforzar las sinergias entre la industria, el sistema científico-tecnológico y las políticas públicas, así como asegurar un acceso estable y competitivo a los instrumentos europeos de financiación e inversión estratégica. La estabilidad de la cadena de valor en Europa fue otro de los aspectos que se abordó.

Desde APRI valoramos muy positivamente estos espacios de intercambio directo con legisladores clave, especialmente en expedientes que combinan salud pública, industria, sostenibilidad y financiación europea. Agradecemos a Nicolás González Casares su cercanía y claridad, y al grupo APRI Salud por su compromiso en promover el diálogo entre los responsables políticos y los profesionales del ámbito sanitario e institucional.

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