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APRI celebra la presentación de la propuesta de reforma del reglamento del Congreso de los Diputados para regular la interlocución público-privada

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  • La propuesta, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, busca establecer un marco normativo para regular la actividad de lobby en el Congreso de los Diputados.
  • Esta iniciativa pretende dar cumplimiento a los compromisos asumidos en el I Plan de Parlamento Abierto, dotando de transparencia y reglas claras a la interlocución entre representantes públicos y grupos de interés.
  • APRI insta a las distintas fuerzas parlamentarias a impulsar una reforma del reglamento que homologue el funcionamiento de la Cámara Baja al de otras democracias avanzadas.

Madrid, 4 de junio de 2025

APRI, la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales, representante de 300 profesionales de las Relaciones Institucionales, los Asuntos Públicos y el Lobby y de 24 organizaciones en España, comprometidos con la profesionalización de un  diálogo público-privado basado en el rigor, la transparencia y la ética, acoge con satisfacción la propuesta de modificación del Reglamento del Congreso de los Diputados realizada por el Grupo Parlamentario Socialista y encaminada a avanzar en la regulación del lobby en el Congreso para  dar cumplimiento a una de las medidas recogidas en el I Plan de Parlamento Abierto de la Cámara Baja.

APRI, lleva más de una década impulsando una regulación que normalice la actividad profesional del lobby en España y dote a lobistas y responsables públicos de un marco normativo que garantice la transparencia, la ética e igualdad de condiciones en una interlocución necesaria para la mejora de la toma de decisiones legislativas y de políticas públicas. Por esta razón, los lobistas celebraron en marzo que el I Plan de Parlamento Abierto incluyera medidas propuestas por APRI, como la creación de un registro de interés público, obligatorio y gratuito que permita trazar la huella legislativa de los grupos de interés en el procedimiento legislativo, y la obligatoriedad de publicar las agendas de los diputados. Además, los profesionales de APRI consideraron clave el establecimiento de un código de conducta que garantice estándares éticos en la relación entre lobistas y representantes públicos al incluir como requisito para operar en el Congreso que los grupos de interés cumplan con los principios de integridad, transparencia y equidad.

Tal y como APRI sostiene desde la aprobación del Plan de Parlamento Abierto, es fundamental la aprobación de una reforma del reglamento del Congreso que materialice las medidas recogidas en el texto. Ante la presentación de la primera iniciativa en esta dirección, la asociación insta a todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria a impulsar una reforma que regule definitivamente las actividades de los grupos de interés en el Parlamento.

En palabras de Irene Matías, vicepresidenta de APRI: “Regular la actividad de los grupos de interés en el Parlamento es un paso clave para profesionalizar y mejorar el diálogo entre lo público y lo privado. Establecer un marco normativo claro no solo fortalece la transparencia del Parlamento y de nuestra democracia, sino que también reconoce la labor de quienes ejercemos el lobby con responsabilidad, rigor y vocación de servicio público”.

APRI ha trasladado en sus recientes reuniones con los grupos parlamentarios popular y socialista, y lo trasladará a los demás grupos parlamentarios, su visión sobre la regulación de la actividad. La asociación considera que el contexto actual, con la aprobación de este Plan de Parlamento Abierto del Congreso y la tramitación del Proyecto de Ley de Transparencia e Integridad de las Actividades de los Grupos de interés ofrece una extraordinaria oportunidad para regular la interlocución privada tanto con la Administración General del Estado como con el Parlamento. Además, en vísperas de la celebración de la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto que se tendrá lugar en octubre en Vitoria, España debe ser un ejemplo de apuesta decidida por la transparencia.

Contar con un marco regulatorio sólido para la interlocución entre grupos de interés y representantes públicos y políticos en España significará la homologación de nuestro país a las democracias más sólidas y al funcionamiento de las instituciones europeas. Además, disponer de una buena regulación de la actividad del lobby supondrá un claro avance en calidad democrática, transparencia y acceso a la información por parte de la ciudadanía.

Sobre APRI

Fundada en 2007, APRI representa a los profesionales de las relaciones institucionales, los asuntos públicos y lobbies en España, con el objetivo de dignificar la profesión y concienciar a la sociedad sobre su valor, especialmente ante los poderes públicos y políticos, así como ante responsables de organizaciones como empresas, ONGs o asociaciones 

APRI agrupa a más de 300 profesionales y 24 organizaciones de todo el país, y aboga por la regulación de esta actividad mediante medidas similares al Registro de Transparencia que ya existe en las instituciones europeas.

Además, APRI es miembro fundador de la Plataforma Europea de Asuntos Públicos (Public Affairs Community of Europe – PACE), creada en 2018 para reunir a todas las organizaciones nacionales de profesionales de asuntos públicos en Europa.

Para más información

Jorge Aliende, Director general de APRI

jaliende@relacionesinstitucionales.es

(+34) 623 176 704

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APRI y AP Institute | Universidad Nebrija firman una alianza estratégica para fortalecer la formación en asuntos públicos en España

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La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) y AP Institute han firmado un acuerdo estratégico con el objetivo de impulsar una formación de excelencia y seguir avanzando en la profesionalización del sector de los asuntos públicos en España.

Esta alianza, enmarcada en las colaboraciones que APRI está desarrollando junto a distintas universidades españolas para contribuir a la profesionalización de la actividad de Relaciones Institucionales, Asuntos Públicos y Lobby, refuerza el compromiso de la asociación con un buen desarrollo del sector y abre la puerta a nuevos proyectos compartidos

El acuerdo de colaboración firmado por los presidentes de APRI, Carlos Parry y AP Institute, Joan Navarro, marca un paso decisivo en la construcción de un ecosistema sólido, ético y preparado para afrontar los retos regulatorios, sociales y políticos que impactan a empresas, organizaciones y ciudadanía

El acuerdo contempla el desarrollo de actividades conjuntas y se prevé la creación de condiciones preferentes para socios de APRI que deseen acceder a la oferta académica de AP Institute, centro de la Universidad Nebrija.

Con esta alianza, APRI y AP Institute unen esfuerzos para seguir dignificando y fortaleciendo la profesión de los asuntos públicos en España. Ambas entidades comparten la visión de un sector más preparado, transparente y comprometido con el interés general, y trabajarán conjuntamente para impulsar una comunidad profesional capaz de influir con rigor, ética y conocimiento en la toma de decisiones públicas.

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APRI y la Fundación Fide firman un acuerdo de colaboración para promover el conocimiento y la excelencia en las relaciones institucionales y el ámbito jurídico

Diego Bayón, vocal de formación de APRI, Cristina Jiménez Savurido, presidenta de FIDE, Jorge Aliende, director de APRI, y David Álvaro, vocal de Talento de APRI, durante la firma del convenio.

Madrid, 26 de noviembre de 2024

Decididas a forjar una alianza que permita cubrir el servicio a áreas tangentes entre ambas entidades, la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) y la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (Fide) han firmado un convenio de colaboración. Este acuerdo busca potenciar la formación, el debate y el intercambio de conocimientos entre los sectores de los asuntos públicos, el lobby, las relaciones institucionales y el ámbito jurídico, fortaleciendo el liderazgo de ambos sectores en el ámbito nacional e internacional.

El convenio, firmado por Cristina Jiménez Savurido, presidenta de Fide, y Jorge Aliende Rodríguez, director general de APRI, establece una base para desarrollar actividades conjuntas que promuevan la excelencia profesional y la reflexión crítica en áreas de interés común. Jorge Aliende ha destacado que el convenio “es posible gracias al impulso realizado por Juan Antonio Orgaz, socio de ambas entidades que ha sabido detectar una sinergia que nos permitirá enriquecer la propuesta de valor a nuestros asociados”, en tanto que Cristina Jiménez ha puesto en valor el hecho de que dos organizaciones de referencia en sus ámbitos de actuación sellen un compromiso guiadas por la excelencia y el afán de alcanzar nuevos hitos.

Entre los beneficios destacados, los asociados de ambas entidades podrán acceder a actividades regulares de la otra, disfrutar de descuentos en eventos formativos y participar en grupos de trabajo interdisciplinarios que enriquecerán las perspectivas y propuestas en ambos sectores. Además, se diseñarán iniciativas conjuntas, como sesiones de debate y programas formativos, que aborden temas de relevancia nacional e internacional, incluyendo una actividad sobre asuntos europeos y una sesión sobre el impacto de las relaciones institucionales en el ámbito jurídico.

Con una duración inicial de tres años, esta alianza refuerza el compromiso de ambas instituciones con la excelencia, creando un espacio único para el diálogo, la innovación y el fortalecimiento profesional, en beneficio tanto de sus miembros como de la sociedad en general.

Al acto de firma, que se ha celebrado en la sede madrileña de la Fundación Jorge Padilla Blanco, ha seguido una formación presencial impartida por Diego Bayón y David Álvaro, vocales de formación y talento en la junta directiva de APRI, respectivamente. Durante el debate formativo, que ha durado dos horas, Bayón y Álvaro han recorrido junto a los socios de FIDE cuestiones como la identidad del lobby y su ámbito de actuación, el panorama regulatorio español y europeo o los retos que enfrenta el sector en los próximos años.

Próximamente se darán a conocer nuevas iniciativas impulsadas en el marco de esta colaboración.

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APRI lanza su actividad en Bruselas consolidando la presencia de lobistas españoles en Europa

●  La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) ha dado comienzo a su actividad en Bruselas ante casi 200 profesionales del sector y representantes de instituciones europeas.

●  Carlos Parry, presidente de APRI, afirma que la creación de APRI Bruselas es un hito para una profesión que tiene en Bruselas uno de sus centros neurálgicos.

●  El evento inaugural incluye reuniones con funcionarios y eurodiputados en la Comisión Europea y el Parlamento Europeo.

Bruselas, 16 de octubre de 2024.

APRI, la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales, que representa a cerca de trescientos profesionales y organizaciones de las relaciones institucionales, los asuntos públicos y el lobby, ha iniciado oficialmente su actividad en Bruselas, marcando un paso histórico para la representación de los profesionales españoles del lobby y los asuntos públicos en Europa. El acto inaugural, se ha celebrado ante casi dos centenares de profesionales del sector y representantes institucionales, como el vicepresidente de Parlamento Europeo, Javier López (PSOE), varios eurodiputados del Partido Popular, en cuyo nombre ha intervenido Antonio López-Istúriz, y la eurodiputada de Vox, Mireia Borrás. En sus intervenciones, los eurodiputados han agradecido el paso que ha dado APRI con el comienzo de su actividad en Bruselas y puesto en valor el trabajo de los profesionales de los asuntos públicos para mejorar los procesos de toma de decisiones regulatorias y de políticas públicas. Carlos Parry, presidente de APRI, ha calificado el lanzamiento de APRI Bruselas como un hito para la profesión. “Bruselas es el origen de más de la mitad de las normativas que influyen en la vida cotidiana de los ciudadanos. La creación de APRI Bruselas responde a una demanda creciente de los profesionales del sector, tanto en España como en Bruselas, de facilitar una mejor interlocución público-privada y una mayor participación de las organizaciones que operan en España en los asuntos europeos”, ha apuntado. APRI Bruselas nace con el objetivo de ser el espacio de encuentro, diálogo y desarrollo del creciente colectivo de profesionales españoles de los asuntos públicos en la ciudad. El coordinador del grupo y vocal de Asuntos Europeos de APRI, Juan Herrero, ha afirmado que “somos muchos, cada vez más, los profesionales que desarrollamos nuestra actividad en interlocución con las instituciones europeas, cuestión fundamental para la defensa de intereses de las organizaciones españolas, y APRI Bruselas aspira a convertirse en un espacio clave para fortalecer el posicionamiento y la interacción de estos profesionales con las instituciones de la UE”.

La actividad reguladora de las instituciones en Bruselas ha impulsado que cada vez más empresas y organizaciones dediquen recursos a gestionar mejor sus relaciones con éstas para defender sus intereses. David Gallardo, director de Asuntos Públicos Internacionales de Naturgy, entidad colaboradora del evento, ha afirmado que “las empresas españolas somos conscientes de la necesidad de impulsar, en España y en Bruselas, una interlocución institucional ética y transparente que mejore una colaboración público-privada beneficiosa para la sociedad. Este tipo de iniciativas ayudan a reforzar esa colaboración”.

En la misma línea, Mariano Guillén, Manager de la oficina de Political Intelligence en Bruselas, organización colaboradora del acto, ha resaltado el crecimiento del sector en los últimos años: “llevamos casi 25 años generando sinergias en el ámbito de los asuntos públicos entre España y las instituciones europeas. Esta visión dual que refuerza nuestra presencia en ambos territorios nos permite entender las complejidades de un sector en crecimiento que se construye con información veraz, transparente y de calidad. Aplaudimos el desembarco de APRI en la capital de Europa porque el hecho de que una asociación que apuesta por la ética y la integridad de los asuntos públicos en España opere en Bruselas supone un paso de gigante en la profesionalización de un sector cada vez más demandado y relevante”.

Durante el evento, APRI ha recordado su propósito de construir un modelo de profesión basado en los más altos estándares de ética, transparencia, profesionalidad e integridad. Además, ha remarcado la necesidad de regular la actividad en España mediante la creación de un Registro de transparencia similar al que ya tienen las instituciones europeas. Esta medida se incluye la propuesta de regulación del lobby de la asociación, cuyo objetivo es garantizar una mayor transparencia y rigor en las relaciones entre los grupos de interés y los poderes públicos.

La agrupación bruselense de APRI está formada ya por más de veinte profesionales procedentes de diversos sectores económicos y sociales, y se reunirán mañana en la Comisión Europea con varios funcionarios de la institución para, a continuación, compartir un almuerzo en el Parlamento Europeo junto a los eurodiputados Adrián Vázquez y Hana Jalloul.

Sobre APRI

Fundada en 2007, APRI representa a los profesionales de las relaciones institucionales, los asuntos públicos y lobbies en España, con el objetivo de dignificar la profesión y concienciar a la sociedad sobre su valor, especialmente ante los poderes públicos y políticos, así como ante responsables de organizaciones como empresas, ONGs o asociaciones empresariales.

Las relaciones institucionales deben ser el vínculo más eficaz entre los intereses legítimos de la sociedad civil y las decisiones de interés general que toman los responsables políticos y los poderes públicos. APRI agrupa a más de 300 profesionales y 24 organizaciones de todo el país, y aboga por la regulación de esta actividad mediante medidas similares al Registro de Transparencia que ya existe en las instituciones europeas.

Además, APRI es miembro fundador de la Plataforma Europea de Asuntos Públicos (Public Affairs Community of Europe – PACE), creada en 2018 para reunir a todas las organizaciones nacionales de profesionales de asuntos públicos en Europa.

Más información

Jorge Aliende, director general de APRI (jaliende@relacionesinstitucionales.es)

Teléfono: +34 623 176 704.

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¿Por qué el sector empresarial es el primer interesado en que se regule el lobby en España?

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Diego Bayón, Director Advocacy & Public Awareness en Harmon

Los profesionales que estamos especializados en la representación de intereses y en el diseño de estrategias de incidencia pública, tenemos el reto de sacar a la luz esta actividad y lograr que se regule. Nadie tiene dudas sobre ello. De hecho, según la última encuesta de APRI sobre la visión empresarial de las Relaciones Institucionales, el 94% de los profesionales que trabajan en empresa apoya la creación de un registro de lobbies de ámbito nacional que abarque tanto al poder legislativo, como al ejecutivo. Además, un 84% de las compañías encuestadas es partidaria de una “mayor regulación” de la actividad; y un 76% defiende la creación de un registro obligatorio.

Pero, ¿cuáles son los motores para que el sector empresarial apoye la regulación de los grupos de interés? ¿Y cuáles son los beneficios? Como pude explicar en un evento organizado por Open Government Partnership, en mi opinión, hay cinco motivos principales (además del interés público) para que el sector privado promueva una regulación específica del lobby:

  1. Impulso de la reputación para un sector “bajo sospecha”: Una mayor regulación de la actividad redundaría en una mayor transparencia, lo que podría contribuir a reparar su imagen, mejorar la percepción pública, y ganar legitimidad como sector. Tradicionalmente, el lobby ha estado “en la sombra”, pero una regulación adecuada permitiría normalizarlo como lo que es: la participación ciudadana en los asuntos públicos, recogida en la Constitución, como parte esencial de una democracia.
  • Profesionalización de la actividad: Una regulación específica y un registro de grupos de interés a nivel nacional podrá “poner cara y ojos” a todas aquellas personas y organizaciones que participan en el proceso de elaboración de las políticas públicas. Así, se contribuirá a fomentar la profesionalización de la actividad, lo que a su vez redundará en un mayor grado de cumplimiento de los estándares de transparencia establecidos por parte de decisores políticos y de grupos de interés. Además, permitirá señalar (y sancionar) a todos aquellos que no hayan actuado de manera transparente, limitando progresivamente la presencia de fuentes de influencia que no cumplan con estos estándares.
  • Inteligencia y anticipación empresarial a posibles riesgos y oportunidades: En la medida en que la actividad de los poderes públicos sea más transparente para todos, el sector privado podrá anticiparse mejor a la evolución de las políticas públicas y al desarrollo de nuevas regulaciones. Esta ventaja competitiva otorgará mayor margen para poder evaluar posibles impactos en los modelos de negocio.
  • Coordinación (o anticipación) de la labor de incidencia: Las normativas que incluyen una “huella legislativa” (un informe que detalla cada paso de la creación de una ley), permiten ver qué organizaciones y con qué intereses han participado en el debate sobre normativas concretas. Esto nos permite entender mejor lo que hacen otras partes interesadas (empresas de la competencia, por ejemplo), y garantizar una representación adecuada de los intereses (por ejemplo, realizando un seguimiento de la actividad de las asociaciones de nuestro sector, para evitar solapamientos o reforzar ámbitos poco cubiertos).
  • Promoción de la equidad de acceso, y mayor equilibrio en la relación con grupos de interés: Una regulación de la actividad de lobby que incluya la divulgación pública de las agendas de los diputados y responsables políticos, impulsará la igualdad de trato y la equidad de acceso a la hora de relacionarse con ellos. Esa transparencia favorece que los decisores públicos intenten lograr un “equilibrio” entre los grupos de interés a favor y en contra con los que se reúnen para cada regulación que estén desarrollando. En España, algunas formaciones políticas son más reticentes a reunirse con el sector privado; mientras que otras mantienen escaso contacto con movimientos sociales o tercer sector, especialmente en lo vinculado con la crisis climática o las políticas de igualdad. Este tipo de normativas, favorecen la participación de grupos de interés diversos en el desarrollo de todas las políticas públicas.

Entre tanto, los intentos por regular la actividad de los lobbies en España siguen estancados. La Propuesta de reforma del reglamento del Congreso presentada por el PSOE (que regularía la actividad en el poder legislativo), sufre continuos aplazamientos de su periodo de enmiendas, impidiendo que avance. Por otro lado, el Anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés impulsado por el gobierno (que regularía la actividad en la Administración General de Estado), permanece sin avances desde hace más de un año, y no parece probable que pueda llegar a aprobarse como ley antes del final de la legislatura.

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El Consejo de Europa vuelve a llamar la atención a España por la falta de avances en materia de regulación de los grupos de interés

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El informe publicado este martes por el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco) afirma que el país no ha cumplido totalmente con ninguna de las 19 recomendaciones que la institución sugirió al Gobierno en junio de 2019.  Tampoco se considera cumplido, siquiera parcialmente, la recomendación para un mejor control de los grupos de interés. El Greco proponía que España adoptara normas “sobre la manera en que el personal con altas funciones ejecutivas entabla contactos con los grupos de interés y otros terceros que buscan influir en el trabajo legislativo o de otro tipo del Gobierno”, así como que hiciera pública “información suficiente sobre la finalidad de estos contactos”, incluyendo la identidad de quienes mantenían las reuniones y los temas tratados. El informe indica que la explicación de España sobre la puesta en marcha un registro de grupos de interés solo refleja “trabajos preparatorios” y anota la recomendación como no cumplida. “Se puede hacer más”, dice.

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Comunicación y Public Affairs, una pareja de hecho

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Javier Herrero, Director de Asuntos Públicos y Relaciones Corporativas en Evercom

Carlos Parry, Head of Government Affairs en AstraZeneca

Cada vez son más las consultoras de comunicación que se han abierto camino en el campo de los asuntos públicos, creando equipos específicos dedicados al lobby. Esta transformación no es una moda pasajera, está definiendo el presente y futuro de esta profesión: no se puede entender el lobby sin la comunicación.

Un profesional de la comunicación, a la hora de plantear cualquier plan, se hará una serie de preguntas, sobre el qué, el cómo, quién, cuándo o por qué. Pues bien, un profesional del lobby se hará las mismas preguntas cuando diseñe su estrategia de asuntos públicos y la única diferencia entre ambos profesionales será el público al que se dirigen. De este razonamiento radica la imperativa necesidad de mejorar la coordinación entre ambas disciplinas.

El profesional de la comunicación tiene bien definidas sus metodologías de trabajo, a pesar de los cambios que los nuevos canales de comunicación han supuesto para ellos; en cambio, el profesional del lobby está todavía en una fase de profesionalización importante.

En este viaje que estamos haciendo los que nos dedicamos a las relaciones institucionales, uno de los primeros objetivos que tenemos para dar valor a nuestro trabajo es, precisamente, incluir una metodología de trabajo consistente, para diferenciarnos de aquel lobista que no tiene más que una buena agenda de contactos.

La importancia de trabajar ambas disciplinas deriva de la importancia de saber comunicar bien a la hora de hacer lobby. El profesional de Public Affairs es un experto en el sector público, sabe analizar bien el contexto y elaborar estrategias de éxito para influir ante sus interlocutores públicos, pero tiene la necesidad de trabajar junto con el equipo de comunicación para tener éxito e impacto real.

Un buen profesional de Public Affairs debe tener la capacidad de elaborar buenos mensajes para influir, pero si estos están alejados de la estrategia de comunicación de la organización que representa resultarán poco creíbles y abocarán su estrategia de influencia al fracaso.

La participación de las empresas y organizaciones en la elaboración de las políticas públicas, además de ser un derecho, es una necesidad para que los legisladores puedan tomar las mejores decisiones sobre temáticas complicadas y desconocidas para ellos, en muchos casos. Acompañar esta relación entre el sector público y el sector privado con una estrategia coherente de comunicación permitirá explicar con transparencia, tanto a los interlocutores como a la sociedad en general, los objetivos legítimos que hay detrás de cualquier acción en el ámbito de las relaciones institucionales.

Por eso, igual que observamos la transformación de las clásicas consultoras de comunicación entrando en el mercado de los asuntos públicos, internamente en las empresas también estamos viendo cambios dirigidos a mejorar las estrategias corporativas y coordinar las estrategias de comunicación y lobby de forma integral.

Sin comunicación no hay lobby.

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Los profesionales de las relaciones institucionales ante los acuerdos de la Cumbre de Glasgow

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Javier Corrales Director de Government Affairs y Public Policy en Kiatt Group y Coordinador del Grupo APRI Sostenibilidad

Los negociadores de casi 200 países cerraron un acuerdo que pretende mantener vivo el Acuerdo de París.

El 12 de noviembre finalizó en Glasgow la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP-26), que bajo el lema “Uniendo al mundo para hacer frente al cambio climático” reunió a representantes de más de 200 gobiernos de todo el mundo.

Los acuerdos más significativos de la Cumbre

Independientemente de las polémicas imágenes de algún presidente dormido y de las críticas por los viajes en coches y aviones contaminantes desde todos los rincones del planeta, lo cierto es que durante la convención se trataron asuntos de máxima trascendencia. Estas son los 5 acuerdos más significativos de la COP-26.

  1. Declaración Conjunta China – EE.UU. La declaración reconoce que los esfuerzos actuales son insuficientes, por lo que se comprometen a mantener el aumento de la temperatura media de la superficie de la Tierra “muy por debajo” de 2℃, e idealmente no más de 1,5℃, en comparación con los niveles preindustriales”, que coincide con el objetivo fijado en la COP de París hace seis años. El pacto es clave para preservar la confianza de los inversores privados que financiarán la mayor parte de la descarbonización.
  • Emisiones de metano. Más de 100 países suscribieron el compromiso mundial que pretende frenar sus emisiones de metano en un 30% para 2030. Las investigaciones parecen evidenciar que esta reducción podría reducir hasta 0,5°C la temperatura global en 2100.
  • Carbón y combustibles fósiles. Se llegó a un acuerdo para “acelerar los esfuerzos para la reducción progresiva de la energía del carbón” y acelerar la eliminación de “los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles”. Es la primera vez que los combustibles fósiles se incluyen explícitamente en un acuerdo climático de la ONU. Esto se suma al acuerdo de eliminar progresivamente el uso del carbón y dejar de financiar nuevos proyectos de combustibles fósiles. Podría ser el principio del fin de los combustibles fósiles.
  • El objetivo de cero emisiones de la India. La India tratará de alcanzar las emisiones netas cero para 2070. El compromiso incluye objetivos cuantificables a corto plazo, como la promesa de suministrar el 50% de la energía del país mediante energías renovables y la reducción de las emisiones de carbono previstas en mil millones de toneladas de dióxido de carbono para 2030.
  • Fondos para el clima. Más de 450 organizaciones del sector financiero de 45 países sellaron su compromiso de transferir 130 billones de dólares de fondos bajo su control a inversiones en las que el beneficiario se comprometa a lograr emisiones netas nulas para 2050.

Los profesionales de las relaciones institucionales ante los acuerdos de Glasgow

Los responsables de las relaciones institucionales desempeñan un papel clave del proceso democrático: un derecho a poder exponer sus posiciones a los responsables de la toma de decisiones. Y este derecho debe ser protegido. Las Asociaciones Profesionales de las Relaciones Instituciones a nivel global (tal y como hace APRI) velan por difundir y promover una ética profesional basadas en la transparencia, el igual acceso y las buenas prácticas de lobby, alejadas de algunas críticas recurrentes como el tráfico de influencias, los conflictos de intereses y las puertas giratorias.

En el caso de los compromisos alcanzados en la cumbre de la COP26, los responsables de relaciones institucionales han jugado, y jugarán, un papel fundamental para alcanzar los objetivos planteados. Un ejemplo de ello es la promoción de iniciativas como “Science Based Targets initiative” (SBTi), que cuenta con la mayor base de datos mundial de información corporativa sobre cambio climático, cuyos objetivos son la reducción de emisiones acordes con los escenarios de calentamiento de 1,5 °C.

Un total de 52 empresas españolas forman parte de dicha iniciativa y además, en el año 2020, creció de 7 a 16 el número de empresas españolas con la máxima calificación en gestión del cambio climático. Otro dato interesante en este sentido es que España se sitúa en el puesto número 11 a nivel mundial de empresas con objetivos fijados según la CDP (la entidad que coordina la iniciativa SBTi).

Las principales gestoras financieras también han promovido iniciativas como la Net Zero Asset Managers (NZAM), donde más de 200 entidades financieras están comprometidas con el objetivo de cero emisiones netas de GEI para el 2050, apoyando inversiones alineadas con ese fin. Y un 77% de las empresas del Ibex 35 se han comprometido con la disminución de emisiones.

Las cuestiones de financiación de los acuerdos de Glasgow incluyen en gran medida la especificidad de las políticas relacionadas con el clima. ¿Qué tipos de proyectos renovables deben favorecerse y qué incentivos deben adoptarse para promoverlos? ¿Cómo se puede reducir el consumo de energía y qué incentivos son los mejores para promoverlo? ¿Cuáles son las mejores opciones de transporte con bajas emisiones de carbono para un país concreto? ¿Cómo puede la transición energética garantizar el empleo y unos medios de vida dignos? Y, posiblemente la pregunta más importante, ¿cuál debe ser el ritmo y el alcance de la transición ecológica?

El reciente grupo de trabajo impulsado en APRI sobre Sostenibilidad y políticas de ASG deberán trabajar en dar respuesta a todas estas cuestiones, impulsando además iniciativas beneficiosas para el tejido económico nacional, así como velando por garantizar un acceso justo y equitativo a los responsables de la toma de decisiones.

Algunas sombras en el horizonte…

A pesar de los avances y las positivas declaraciones de intenciones, todavía quedan problemas por resolver, y no son pocos. El panorama del G7 no parece halagüeño: Estados Unidos está bloqueado por el Congreso; Alemania aún no tiene gobierno; Francia se enfrenta a una de sus elecciones más inciertas; el Reino Unido, a través de su tesorería, acaba de embarcarse en la austeridad fiscal; el gobierno japonés sólo tiene dos semanas de vida, y el de Canadá no es mucho más antiguo.

Además, si se mantienen los compromisos actuales, las emisiones de carbono aumentarán un 13,7% de aquí a 2030. Por lo tanto, si se quiere limitar el calentamiento global a 1,5ºC para finales de este siglo, el resultado aconsejado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) requiere un esfuerzo mayor. Estamos hablando de que, para cumplir con dicha reducción de calentamiento, sería necesario reducir las emisiones en un 45% para 2030, y llegar a cero a mediados de siglo.  Porque, como reza el eslogan, “no tenemos que adaptarnos al cambio, sino crearlo”.

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