Diego Bayón, Director Advocacy & Public Awareness en Harmon

Los profesionales que estamos especializados en la representación de intereses y en el diseño de estrategias de incidencia pública, tenemos el reto de sacar a la luz esta actividad y lograr que se regule. Nadie tiene dudas sobre ello. De hecho, según la última encuesta de APRI sobre la visión empresarial de las Relaciones Institucionales, el 94% de los profesionales que trabajan en empresa apoya la creación de un registro de lobbies de ámbito nacional que abarque tanto al poder legislativo, como al ejecutivo. Además, un 84% de las compañías encuestadas es partidaria de una “mayor regulación” de la actividad; y un 76% defiende la creación de un registro obligatorio.

Pero, ¿cuáles son los motores para que el sector empresarial apoye la regulación de los grupos de interés? ¿Y cuáles son los beneficios? Como pude explicar en un evento organizado por Open Government Partnership, en mi opinión, hay cinco motivos principales (además del interés público) para que el sector privado promueva una regulación específica del lobby:

  1. Impulso de la reputación para un sector “bajo sospecha”: Una mayor regulación de la actividad redundaría en una mayor transparencia, lo que podría contribuir a reparar su imagen, mejorar la percepción pública, y ganar legitimidad como sector. Tradicionalmente, el lobby ha estado «en la sombra», pero una regulación adecuada permitiría normalizarlo como lo que es: la participación ciudadana en los asuntos públicos, recogida en la Constitución, como parte esencial de una democracia.
  • Profesionalización de la actividad: Una regulación específica y un registro de grupos de interés a nivel nacional podrá “poner cara y ojos” a todas aquellas personas y organizaciones que participan en el proceso de elaboración de las políticas públicas. Así, se contribuirá a fomentar la profesionalización de la actividad, lo que a su vez redundará en un mayor grado de cumplimiento de los estándares de transparencia establecidos por parte de decisores políticos y de grupos de interés. Además, permitirá señalar (y sancionar) a todos aquellos que no hayan actuado de manera transparente, limitando progresivamente la presencia de fuentes de influencia que no cumplan con estos estándares.
  • Inteligencia y anticipación empresarial a posibles riesgos y oportunidades: En la medida en que la actividad de los poderes públicos sea más transparente para todos, el sector privado podrá anticiparse mejor a la evolución de las políticas públicas y al desarrollo de nuevas regulaciones. Esta ventaja competitiva otorgará mayor margen para poder evaluar posibles impactos en los modelos de negocio.
  • Coordinación (o anticipación) de la labor de incidencia: Las normativas que incluyen una «huella legislativa» (un informe que detalla cada paso de la creación de una ley), permiten ver qué organizaciones y con qué intereses han participado en el debate sobre normativas concretas. Esto nos permite entender mejor lo que hacen otras partes interesadas (empresas de la competencia, por ejemplo), y garantizar una representación adecuada de los intereses (por ejemplo, realizando un seguimiento de la actividad de las asociaciones de nuestro sector, para evitar solapamientos o reforzar ámbitos poco cubiertos).
  • Promoción de la equidad de acceso, y mayor equilibrio en la relación con grupos de interés: Una regulación de la actividad de lobby que incluya la divulgación pública de las agendas de los diputados y responsables políticos, impulsará la igualdad de trato y la equidad de acceso a la hora de relacionarse con ellos. Esa transparencia favorece que los decisores públicos intenten lograr un «equilibrio» entre los grupos de interés a favor y en contra con los que se reúnen para cada regulación que estén desarrollando. En España, algunas formaciones políticas son más reticentes a reunirse con el sector privado; mientras que otras mantienen escaso contacto con movimientos sociales o tercer sector, especialmente en lo vinculado con la crisis climática o las políticas de igualdad. Este tipo de normativas, favorecen la participación de grupos de interés diversos en el desarrollo de todas las políticas públicas.

Entre tanto, los intentos por regular la actividad de los lobbies en España siguen estancados. La Propuesta de reforma del reglamento del Congreso presentada por el PSOE (que regularía la actividad en el poder legislativo), sufre continuos aplazamientos de su periodo de enmiendas, impidiendo que avance. Por otro lado, el Anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés impulsado por el gobierno (que regularía la actividad en la Administración General de Estado), permanece sin avances desde hace más de un año, y no parece probable que pueda llegar a aprobarse como ley antes del final de la legislatura.