APRI fue una de las entidades designadas por el Congreso de los Diputados para intervenir en la presentación de su I Plan de Parlamento Abierto, celebrado ayer 12 de junio en la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados, con la presencia de la presidenta del Congreso, miembros de las entidades participantes, diputados y otras autoridades.
En su intervención, la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, agradeció a APRI el gran trabajo realizado en las aportaciones al Plan en materia de regulación de los grupos de interés, durante las consultas públicas abiertas el día 16 de enero y la aportación de APRI profesionalizando el sector.
Cuando tomó la palabra la vicepresidenta de APRI, Irene Matías Campano, destacó el esfuerzo realizado por el Comité de regulación de APRI, así como el empeño de otras entidades junto a las que impulsamos hace unos meses un manifiesto por la regeneración democrática de España. Desde APRI celebramos que parte de las propuestas incluidas en él, están hoy recogidas en el Plan presentado el día 12.
Asimismo, explicó que la interlocución público-privada es un derecho constitucional que requiere de un marco regulatorio sólido y garantista que permita avanzar en la transparencia y rendición de cuentas y en la mejora de la toma de decisiones de políticas públicas.
Puede consultar el texto del Plan, aprobado el 13 de mayo aquí y la nota de prensa de la Cámara aquí.
Esta semana tuvimos la oportunidad de participar en un encuentro en el Parlamento Europeo con el eurodiputado Nicolás González Casares, ponente del expediente de la Ley de Medicamentos Críticos (Critical Medicines Act) y uno de los principales impulsores del paquete farmacéutico europeo desde la Comisión ENVI. La sesión fue organizada en el marco de nuestro grupo de trabajo APRI Salud, y reunió a profesionales del ámbito institucional, sanitario e industrial para debatir los próximos pasos legislativos en este campo estratégico.
El encuentro tuvo lugar justo después de que el Consejo de la Unión Europea diera luz verde a su posición común sobre el paquete farmacéutico, desbloqueando así el inicio de las negociaciones interinstitucionales (trílogos) a partir del 17 de junio. Este acuerdo permitirá ahora avanzar en una legislación que necesitaba ser revisada para adaptarse al avance de la ciencia y garantizar la mejor atención sanitaria a los ciudadanos europeos.
El texto acordado por el Consejo establece 8 años de protección de datos regulatorios, en contraste con los 6 años propuestos por la Comisión y los 7,5 años planteados por el Parlamento Europeo. Esta protección va acompañada de un enfoque más flexible para la protección de mercado, condicionado al cumplimiento de requisitos como la atención a necesidades médicas no cubiertas o la realización de ensayos clínicos bien diseñados que se desarrollen con altos estándares científicos e incluyan su implementación en más de un Estado miembro.
Desde el Parlamento, Nicolás González Casares destaca que este acuerdo representa un avance hacia la vinculación de la innovación a los incentivos, y esta orientación queda reflejada en la postura común del Consejo, que se alinea con la del Parlamento en su defensa del apoyo a la investigación desarrollada en Europa, el fortalecimiento del ecosistema científico europeo, y la transferencia de conocimiento desde las universidades y centros de investigación al desarrollo de nuevos medicamentos.
En el centro del debate estuvo la Ley de Medicamentos Críticos, que tiene como objetivo reforzar la autonomía estratégica de la UE en el suministro de fármacos esenciales, diversificar las cadenas de valor y reducir la dependencia de terceros países. González Casares subrayó la necesidad de impulsar proyectos industriales estratégicos que permitan aumentar la capacidad de producción de principios activos farmacéuticos (API) en Europa, así como establecer mecanismos de seguimiento y alerta temprana sobre posibles interrupciones de suministro.
La industria farmacéutica no solo desempeña un papel clave en la salud pública y la innovación biomédica, sino que también actúa como motor de desarrollo para otros sectores industriales estratégicos. Su alta demanda tecnológica y normativa impulsa la modernización de sectores manufactureros como la ingeniería química, la automatización industrial, la producción de materiales avanzados, el envasado inteligente y la logística especializada.
Un aspecto especialmente relevante que se abordó durante la sesión fue el impacto ambiental del ciclo de vida de los medicamentos, una dimensión que la Critical Medicines Act incorpora.
España parte de una posición sólida para integrarse como actor clave en la transformación industrial que impulsa el sector farmacéutico a nivel europeo. Cuenta con un ecosistema que combina centros de excelencia en investigación biomédica, una industria farmacéutica competitiva y exportadora, y un tejido industrial diversificado con capacidad para adaptarse a las exigencias tecnológicas del sector salud.
Para consolidar este posicionamiento, será clave reforzar las sinergias entre la industria, el sistema científico-tecnológico y las políticas públicas, así como asegurar un acceso estable y competitivo a los instrumentos europeos de financiación e inversión estratégica. La estabilidad de la cadena de valor en Europa fue otro de los aspectos que se abordó.
Desde APRI valoramos muy positivamente estos espacios de intercambio directo con legisladores clave, especialmente en expedientes que combinan salud pública, industria, sostenibilidad y financiación europea. Agradecemos a Nicolás González Casares su cercanía y claridad, y al grupo APRI Salud por su compromiso en promover el diálogo entre los responsables políticos y los profesionales del ámbito sanitario e institucional.
Una de las situaciones más repetidas —y frustrantes— que he vivido en mi trayectoria en asuntos públicos es participar en reuniones donde, aunque todos los actores estén hablando del mismo tema, nadie parece estar en la misma conversación. Empresas, representantes de la sociedad civil y responsables políticos comparten mesa, pero cada uno llega con su propio marco mental, su urgencia, su lenguaje. Y lo más preocupante es que, muchas veces, no se hace ni el más mínimo esfuerzo por encontrar un punto de encuentro.
La consecuencia es un diálogo de sordos. Un cruce de monólogos donde lo importante se pierde, las oportunidades se diluyen y lo que podría ser el inicio de una solución compartida se convierte en una conversación estéril. Esto sigue ocurriendo a diario, y es una muestra clara de lo mucho que aún nos queda por avanzar en términos de cultura del diálogo.
Falta empatía. No la superficial, la de cortesía, sino la profunda: la que implica entender al otro desde su posición, su contexto y sus necesidades. Esa empatía es la base de cualquier construcción colectiva. Sin ella, el progreso se fragmenta, se ralentiza, o simplemente no llega.
Por eso sigo creyendo firmemente en el papel esencial del profesional de los asuntos públicos. No estamos solo para trasladar mensajes o representar intereses. Nuestra función es conectar mundos distintos, traducir lenguajes, anticipar bloqueos y, sobre todo, crear las condiciones para que el diálogo sea realmente productivo. Somos quienes, muchas veces, hilamos lo que parece imposible, construyendo puentes donde otros solo ven barreras.
He visto cómo posiciones aparentemente irreconciliables encontraban puntos de conexión cuando alguien se esforzaba en entender el “para qué” más allá del “qué”. Y muchas veces, ese punto de inflexión llega cuando alguien con experiencia y mirada amplia —un profesional de los asuntos públicos— asume el rol de facilitador con compromiso y visión.
En un momento donde la polarización amenaza con ocuparlo todo, y donde cada vez cuesta más construir consensos duraderos, reivindicar nuestro papel es también reivindicar una forma de hacer las cosas: más abierta, más empática, más útil.
El progreso no nace del enfrentamiento, sino del entendimiento. Escuchar, traducir, conectar y construir son verbos que deberían estar más presentes en las agendas de todos. Porque solo así dejaremos de hablar solos… y empezaremos, por fin, a avanzar juntos.
El pasado jueves 22 de mayo, la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) y la Fundación Fide celebraron en la sede del Instituto Cervantes en Bruselas el encuentro “España ante los retos europeos: objetivos y desafíos ante el nuevo ciclo institucional”, en el marco del acuerdo de colaboración que ambas entidades mantienen.
La sesión congregó a profesionales del ámbito diplomático, institucional, jurídico y empresarial con presencia en Bruselas, para analizar los principales retos que afronta España en el nuevo contexto europeo. El acto fue inaugurado por Cristina Jiménez Savurido, presidenta de Fide, y Carlos Parry Lafont, presidente de APRI, quienes destacaron la importancia de consolidar espacios de diálogo entre profesionales e instituciones tanto en Madrid como en Bruselas, promoviendo una reflexión compartida y rigurosa sobre las transformaciones que está viviendo la Unión Europea.
En el panel intervinieron Marcos Alonso, Embajador Representante Permanente de España ante la Unión Europea y Sonsoles Centeno, socia del despacho Pérez-Llorca gran experta en derecho europeo. Durante la sesión se abordaron asuntos estratégicos como el comercio, la seguridad, la transformación digital y la sostenibilidad, en un entorno marcado por la evolución institucional de la UE y los desafíos globales.
La sesión siguió la metodología habitual tanto de APRI como de FIDE, celebrándose bajo las Reglas de Chatham House, que garantizan un entorno de confianza para el intercambio de ideas entre los participantes.
La celebración del encuentro se enmarca en el desarrollo de la agenda de actividades de APRI Bruselas, delegación creada en 2024 y compuesta ya por cerca de 50 profesionales españoles de las relaciones institucionales que operan en diálogo con las instituciones europeas. Destinada a reforzar lazos entre profesionales y proveerles de información valiosa para su actividad, APRI Bruselas organiza encuentros con una periodicidad cada vez mayor.
Sobre APRI
La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) es la única asociación que representa a los profesionales del sector de las Relaciones Institucionales, los Asuntos Públicos y el Lobby en España. Agrupa a más de 300 profesionales y 25 organizaciones comprometidas con un diálogo público-privado ético, transparente y riguroso. APRI cuenta con una delegación en Bruselas formada por directivos españoles en interlocución permanente con las instituciones europeas y es fundadora de la Public Affairs Community of Europe (PACE), la plataforma que agrupa a las distintas asociaciones nacionales de profesionales.
Sobre la Fundación Fide
La Fundación Fide es un lugar de encuentro permanente para profesionales del ámbito jurídico, económico y de la administración pública. Cada año organiza cerca de 400 sesiones de debate que abordan los grandes temas que afectan a empresas, despachos e instituciones, tanto a nivel nacional como europeo e internacional.
Más información en la web de Fide
Madrid, 17 de julio de 2024
- El documento responde a la ausencia de participación ciudadana en el Plan de Acción por la Democracia que el Gobierno presenta esta semana
- El manifiesto se hace público ante la presentación por parte del presidente del Gobierno del Plan de Acción por la Democracia, hoy en el Pleno del Congreso de los Diputados
Las organizaciones firmantes del manifiesto, que nace del convencimiento de que la regeneración democrática sólo es posible si se elabora de manera democrática, reclaman que se tomen medidas urgentes y prioritarias en el Plan de Acción por la Democracia que el Gobierno presenta hoy en el Pleno del Congreso de los Diputados. Estas entidades expresan su profunda preocupación por la falta de consulta a la sociedad civil y a organizaciones especializadas durante la elaboración del plan, subrayando que la participación activa de estos actores es esencial para garantizar la transparencia y la legitimidad de las reformas propuestas.
El presidente del Gobierno, reconociendo la creciente desconfianza hacia las instituciones, calificó hace unas semanas de imperativa la renovación de las estructuras democráticas a través de un plan integral de regeneración democrática que se presentará hoy 17 de julio en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, las entidades firmantes recogen en el manifiesto áreas en las que el Gobierno debería implementar de manera prioritaria y urgente medidas. Medidas, que organismos europeos como la Comisión Europea, a través de su informe sobre el Estado de derecho en España, y el Consejo de Europa, mediante el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), han señalado reiteradamente áreas críticas donde nuestro país debe mejorar para asegurar el pleno respeto a los principios democráticos y la transparencia en la gestión pública.
Entre las principales medidas que propone el manifiesto se encuentra reforzar la transparencia y el acceso a la información, reconociendo el derecho de acceso a la información como derecho fundamental o regulando la transparencia y participación de los grupos de interés o lobbies en los procesos de elaboración de normas y políticas públicas. Asimismo, proponen medidas para mejorar la calidad normativa y la seguridad jurídica, evitando el abuso del decreto-ley y la promulgación de normas que generen incertidumbre, incoherencias o redundancias con otras existentes.
En el caso de la participación ciudadana, que la Constitución consagra en el artículo 23.1, el manifiesto propone la activación de mecanismos innovadores como paneles y asambleas ciudadanas o la reforma del derecho constitucional de petición ante las diferentes administraciones para convertirlo en una herramienta ágil y eficaz al servicio de la ciudadanía.
Dado que la integridad y la rendición de cuentas son fundamentales para el buen funcionamiento de la democracia, el manifiesto asimismo urge la adopción de un código ético obligatorio para funcionarios y políticos, así como mecanismos robustos para evaluar y resolver conflictos de interés, como la publicación proactiva de las declaraciones de bienes de altos cargos, funcionarios públicos y parlamentarios, así como la creación de una oficina independiente y con capacidad de imponer sanciones a quienes violen regulaciones sobre conflictos de interés.
En cuanto a la separación de poderes, piedra angular del sistema democrático, las entidades rubricantes insisten en la importancia de que cada institución actúe respetando el resto de poderes y autoridades. Para fortalecer la independencia del poder judicial proponen la mejora del sistema de nombramientos de puestos judiciales superiores reforzando criterios objetivos y transparentes que reduzcan la discrecionalidad, aseguren la independencia y refuercen la imparcialidad del sistema judicial.
Finalmente, el manifiesto llama a implementar acciones para preservar la salud informativa de la ciudadanía, combatiendo la desinformación mientras se respeta la libertad de información y se preserva el pluralismo de los medios. Esto incluye la promoción de la educación mediática, la garantía de transparencia en la financiación de los medios de comunicación, y la implementación de una buena gobernanza, y rendición de cuentas en los medios de titularidad pública. Así como garantizar el ejercicio pleno en España de los derechos a la libertad de expresión y los derechos de reunión y manifestación.
En un contexto donde la confianza ciudadana en las instituciones democráticas es fundamental, las organizaciones firmantes llaman a las instituciones democráticas a mejorar la democracia con la participación de todos y reafirman su compromiso de colaborar activamente con el Gobierno y otras instituciones para asegurar la implementación efectiva de estas medidas.
El manifiesto está disponible en el siguiente enlace.
Para la ilustración gráfica, los representantes de las organizaciones firmantes del manifiesto se tomarán una foto con el documento en la Puerta de los Leones del Congreso de los Diputados mañana, miércoles 17 de julio, a las 9:00 al inicio de la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso.
Para más información:
Jorge Aliende / APRI / 623176704 / @ Lobby_ES
jaliende@relacionesinstitucionales.es
Celia Zafra, Political Watch / 630033112 / @_PoliticalWatch
celia.zafra@politicalwatch.es
Cecilia de la Serna / Hay Derecho / 641018975 / @HayDerecho
cecilia@hayderecho.com
Carlos Cordero / Access Info / +34 676 98 70 10 / @Access_Info
carlos.cordero@sustentia.com
ENTIDADES FIRMANTES:
- Access Info
- Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI)
- Archiveros Españoles en la Función Pública
- Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales (ASANDA)
- Associació Ciutadania I Comunicació
- Asociación de Archiveros Gestores de Documentos de la Comunidad Valenciana
- Asociación de Prensa de Madrid
- Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC)
- Asociación para la Comunicación e Información Medioambiental
- Cámara Cívica
- Cátedra J.M Martín Patino de la Cultura del Encuentro
- Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunidad Valenciana (COBDCV)
- Consejo de la Juventud de España
- Deliberativa
- Demos Lab
- Equipo Europa
- Federación de Consumidores y Usuarios (CECU)
- Federación de Sindicatos de Periodistas
- Fundación Alternativas
- Fundación Global Nature
- Fundación NovaGob
- Gobierno Transparente
- Greenpeace España
- Hay Derecho
- Hexagonal
- Marea Deliberativa
- OSOIGO
- Platoniq
- Political Watch
- Red Académica de Gobierno Abierto (RAGA)
- Red de Abogadas y Abogados para la Defensa Ambiental (RADA)
- Sociedad Española de Documentación e Información Científica (SEDIC)
- SEO/BirdLife
- Talento para el Futuro
- Xnet
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