El grupo de APRI Salud se reunió para reflexionar sobre la participación de los distintos actores del Espacio Europeo de Datos de Salud; ¿Quién coordinará la gestión de casos de usos del EEDS?, ¿Quién financiará los organismos de acceso a datos?, ¿Cómo cooperarán los proveedores tecnológicos de salud con otros titulares de datos de salud, públicos o privados?¿Qué gobernanza habrá entre los organismos?

El primer Espacio de Datos que se impulsa en la UE es el Sanitario. El reto es inmenso y España sale en primeras posiciones con muchos deberes ya hechos. Una docena de socios/as de APRI tuvieron la oportunidad de conocer mejor los beneficios y oportunidades del Espacio Europeo de Datos de Salud (EEDS) de la mano de dos expertos como Ana Miquel y Jose Miguel Cacho quienes ofrecieron su punto de vista sobre los puntos claves de esta regulación pionera.

Empezaron explicando los conceptos clave;

  • Organismos de Acceso a los Datos de Salud: son las entidades designadas por los Estados miembros para regular y gestionar el acceso a los datos de salud electrónicos para su uso secundario.
  • Titulares de los Datos de Salud: son las entidades que poseen y custodian los datos de salud electrónicos.
  • Usuarios de los Datos de Salud: son las entidades o individuos que acceden y utilizan los datos de salud electrónicos para fines secundarios.
  • Ciudadanos y Pacientes: Son los individuos cuyos datos de salud electrónicos se utilizan para fines secundarios.

A continuación, quedó claro que España lleva ventaja en cuanto al uso primario de los datos en asistencia sanitaria, desde hace años se están digitalizando los sistemas para que se pueda compartir historia clínica electrónica con cualquier profesional sanitario, así como usar la receta electrónica en farmacias de cualquier CCAA. Queda pulir mecanismos de interoperabilidad y seguir mejorando los requisitos de calidad de los datos.

El reglamento propone un Modelo de Gobernanza con un organismo de acceso a los datos de salud en cada país miembro que podrán contar con los apoyos de organismos de confianza o «trusted bodies», designados por los estados para desempeñar funciones como la emisión de permisos, supervisión de acceso, establecimiento de medidas de protección, etc. Los pacientes daremos nuestro consentimiento para el uso de los datos si somos capaces de hacer llegar a la gente los beneficios de compartir nuestros datos de salud para el uso secundario de los datos, así como del beneficio de disponer de nuestra historia clínica digital en la plataforma de servicios para uso primarios llamada Mi Salud @UE (versión española).

Algunos de los usos secundarios que contempla el reglamento aprobado el mes pasado son los siguientes:

  • Investigación Científica: con el fin de mejorar la atención médica, desarrollar nuevos tratamientos y avanzar en el conocimiento médico.
  • Mejora de la Calidad Asistencial: para evaluar y mejorar la calidad de la atención médica, identificar tendencias en la salud de la población y optimizar los servicios de salud.
  • Planificación Sanitaria: para la planificación y gestión de servicios de salud, la asignación de recursos y la toma de decisiones estratégicas en el ámbito sanitario.
  • Desarrollo de Políticas de Salud: basadas en evidencia, la evaluación de programas de salud y la implementación de medidas preventivas

Los usuarios que quieran solicitar acceso al Catálogo de datos tendrán que cumplir unos requisitos, pagar unas tasas y comprometerse con unos principios de transparencia y uso ético, aunque obviamente habrá mecanismos de control, de ciberseguridad y en todo momento se cumplirá la Ley de protección de Datos personales en cuanto al derecho de oposición y rectificación.

La Comunidad de Madrid ya está lista como muchas otras CCAA para presentarse a la Convocatoria del Ministerio de Transformación Digital que a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial va a destinar algunos fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para proyectos multicéntricos y empezar a validar y desarrollar organismos de acceso a datos sanitarios para su uso secundario.

Finalizando el encuentro todavía surgían consultas sobre el perfil del ingeniero de datos que se precisa en los centros de Salud, el valor de los datos para los proveedores técnicos, la plataforma para uso secundario HealthData@EU o los procesos de adopción de los dispositivos médicos tras ser validados y finalmente las posibilidades de copiar modelos como el software reembolsado de Alemania con los productos de terapias digitales DiGA (Aplicaciones Digitales de Atención Médica).

Gracias a mi compañera Ángeles Barrios, directora de asuntos corporativos del EITH Health, por la excelente moderación del encuentro.

Crónica de Irene Tato, Coordinadora de APRI Salud

En el panorama en constante evolución de los asuntos públicos, nunca se insistirá lo suficiente en la necesidad de la planificación estratégica y la medición. A medida que las organizaciones navegan por entornos sociopolíticos complejos, el éxito de sus estrategias de asuntos públicos depende de la capacidad de ofrecer resultados tangibles. Sin embargo, en la búsqueda de demostrar el impacto, existe una tendencia predominante a dar prioridad a la cantidad sobre la calidad a la hora de medir el éxito. Este enfoque, aunque tentador, a menudo se queda corto a la hora de proporcionar información significativa sobre la eficacia de una estrategia de asuntos públicos.

Es imperativo reconocer que el verdadero valor de una estrategia de asuntos públicos no reside en el volumen de actividades realizadas, sino en los resultados concretos obtenidos. Los outputs concretos son los resultados tangibles que contribuyen directamente a los objetivos estratégicos de las actividades de asuntos públicos de una organización. Ya se trate de influir en las decisiones políticas, influir en la opinión pública o fomentar la participación de las partes interesadas, estos productos son la base sobre la que se construye el éxito.

La calidad debe primar sobre la cantidad a la hora de medir el éxito de una estrategia de asuntos públicos. En lugar de limitarse a contabilizar el número de reuniones celebradas, comunicados de prensa emitidos o mensajes publicados en las redes sociales, las organizaciones deben centrarse en la calidad y el impacto de estos esfuerzos. Por ejemplo, conseguir un cambio político favorable, obtener una cobertura mediática positiva o movilizar el apoyo público a una causa son indicadores de éxito mucho más significativos que el simple aumento del volumen de actividad.

Además, nunca se insistirá lo suficiente en la importancia de compartir estos resultados concretos dentro de las organizaciones. Con demasiada frecuencia, las funciones de asuntos públicos operan en silos, desconectadas de las metas y objetivos más amplios de la organización. Al mostrar los resultados tangibles de sus esfuerzos, los profesionales de los asuntos públicos pueden posicionarse como valiosos contribuyentes a la misión y el éxito general de la empresa.

Antes de diseñar tácticas o embarcarse en campañas de divulgación, es esencial identificar los resultados concretos que servirán de indicadores del éxito. Para ello es necesario conocer a fondo los objetivos de la organización, las prioridades de las partes interesadas y el panorama político y normativo imperante. Alineando desde el principio las actividades con los resultados deseados, las organizaciones pueden garantizar que sus esfuerzos en asuntos públicos tengan un propósito y un impacto.

Sin outputs concretos, una estrategia de asuntos públicos carece de dirección y responsabilidad. Es como jugar a un juego sin llevar la cuenta: no hay forma de medir el progreso o el éxito. Al dar prioridad a la calidad sobre la cantidad y dedicar tiempo a identificar y compartir resultados concretos, las organizaciones pueden elevar el papel de los asuntos públicos dentro de sus operaciones y demostrar su valor como función estratégica.

En conclusión, el principio rector debe ser la calidad por encima de la cantidad, y compartir estos resultados dentro de las organizaciones es crucial para reconocer el valor de los asuntos públicos como función estratégica. Al dar prioridad a los resultados tangibles y alinear las actividades con los objetivos de la organización, las empresas pueden garantizar que sus esfuerzos en asuntos públicos tengan impacto y significado en el complejo y dinámico entorno actual.

Carlos Parry Lafont

La eterna discusión sobre la medición de resultados de las estrategias de public affairs. En esta era de cambios inmediatos y crisis permanentes que hacen evolucionar las sociedades de forma vertiginosa, las organizaciones se enfrentan continuamente a resolver problemas muy complejos.

Llevamos años discutiendo entre los profesionales que nos dedicamos a ejercer la profesión de lobista sobre cómo podemos medir el impacto de nuestro trabajo. Y tengo que reconocer que todavía queda mucho de show off, de demostrar hacia fuera que hacemos algo, y eso hace que a veces no prestemos la suficiente atención a explicar cuáles son los cambios reales que hemos logrado. 

Es de suma importancia que seamos transparentes a la hora de presentar los resultados. Una buena estrategia requiere tener una objetivos claros, concisos y concretos que se pueden medir eficazmente a través de outputs precisos. Es fundamental saber medir bien los resultados de las estrategias que llevamos de forma clara y transparente.

A veces esa métrica de rendición de resultados se plantea desde la parte más cuantitativa, por ejemplo, cuántas reuniones con representantes del poder legislativo hemos logramos mantener, y no desde la parte cualitativa e qué acciones han llevado a cabo los representantes legislativos desde que mantuvimos un encuentro con ellos. 

En mi opinión considero que es necesario que pongamos el foco en lo cualitativo y no en lo cuantitativo, porque podemos lograr más con menos. No es el número de reuniones o conversaciones que tengamos, es lo que consigamos de las reuniones que tengamos. 

Para acertar en la parte cualitativa, hay que tener una estrategia muy clara, por ejemplo, hay que saber porque vas a ver a una persona, qué mensaje vas a compartir y qué acción vas a plantear.

Y esa acción no es un favor, es algo realista y viable que se pueda llevar a cabo y sea en beneficio del interés general. Los profesionales de Public Affairs no nos dedicamos a pedir favores, nos dedicamos a proponer ideas que ayuden a mejorar el marco normativo o regulatorio aplicando nuestro conocimiento y experiencia.

Medir los resultados de una forma clara y transparente nos va a permitir corregir la estrategia en el caso que sea necesario, bien porque no esté funcionando o porque te encuentres desafíos inesperados.

Además, para hacer bien nuestro trabajo es importante tener recursos, y para obtener esos recursos como tiempo, presupuesto o poder de decisión, la medición del impacto de nuestros resultados es vital. Midiendo los resultados seremos capaces de calcular el valor de retorno de la inversión, y saber si el esfuerzo realizado merece la pena para el fin de la organización para la que trabajamos.

En definitiva, midiendo los resultados haremos que nuestro trabajo aporte más valor a las organizaciones y también ayudaremos en ese camino a la profesionalización de nuestro trabajo tan necesaria en España.


Diego Bayón, Director Advocacy & Public Awareness en Harmon

Los profesionales que estamos especializados en la representación de intereses y en el diseño de estrategias de incidencia pública, tenemos el reto de sacar a la luz esta actividad y lograr que se regule. Nadie tiene dudas sobre ello. De hecho, según la última encuesta de APRI sobre la visión empresarial de las Relaciones Institucionales, el 94% de los profesionales que trabajan en empresa apoya la creación de un registro de lobbies de ámbito nacional que abarque tanto al poder legislativo, como al ejecutivo. Además, un 84% de las compañías encuestadas es partidaria de una “mayor regulación” de la actividad; y un 76% defiende la creación de un registro obligatorio.

Pero, ¿cuáles son los motores para que el sector empresarial apoye la regulación de los grupos de interés? ¿Y cuáles son los beneficios? Como pude explicar en un evento organizado por Open Government Partnership, en mi opinión, hay cinco motivos principales (además del interés público) para que el sector privado promueva una regulación específica del lobby:

  1. Impulso de la reputación para un sector “bajo sospecha”: Una mayor regulación de la actividad redundaría en una mayor transparencia, lo que podría contribuir a reparar su imagen, mejorar la percepción pública, y ganar legitimidad como sector. Tradicionalmente, el lobby ha estado «en la sombra», pero una regulación adecuada permitiría normalizarlo como lo que es: la participación ciudadana en los asuntos públicos, recogida en la Constitución, como parte esencial de una democracia.
  • Profesionalización de la actividad: Una regulación específica y un registro de grupos de interés a nivel nacional podrá “poner cara y ojos” a todas aquellas personas y organizaciones que participan en el proceso de elaboración de las políticas públicas. Así, se contribuirá a fomentar la profesionalización de la actividad, lo que a su vez redundará en un mayor grado de cumplimiento de los estándares de transparencia establecidos por parte de decisores políticos y de grupos de interés. Además, permitirá señalar (y sancionar) a todos aquellos que no hayan actuado de manera transparente, limitando progresivamente la presencia de fuentes de influencia que no cumplan con estos estándares.
  • Inteligencia y anticipación empresarial a posibles riesgos y oportunidades: En la medida en que la actividad de los poderes públicos sea más transparente para todos, el sector privado podrá anticiparse mejor a la evolución de las políticas públicas y al desarrollo de nuevas regulaciones. Esta ventaja competitiva otorgará mayor margen para poder evaluar posibles impactos en los modelos de negocio.
  • Coordinación (o anticipación) de la labor de incidencia: Las normativas que incluyen una «huella legislativa» (un informe que detalla cada paso de la creación de una ley), permiten ver qué organizaciones y con qué intereses han participado en el debate sobre normativas concretas. Esto nos permite entender mejor lo que hacen otras partes interesadas (empresas de la competencia, por ejemplo), y garantizar una representación adecuada de los intereses (por ejemplo, realizando un seguimiento de la actividad de las asociaciones de nuestro sector, para evitar solapamientos o reforzar ámbitos poco cubiertos).
  • Promoción de la equidad de acceso, y mayor equilibrio en la relación con grupos de interés: Una regulación de la actividad de lobby que incluya la divulgación pública de las agendas de los diputados y responsables políticos, impulsará la igualdad de trato y la equidad de acceso a la hora de relacionarse con ellos. Esa transparencia favorece que los decisores públicos intenten lograr un «equilibrio» entre los grupos de interés a favor y en contra con los que se reúnen para cada regulación que estén desarrollando. En España, algunas formaciones políticas son más reticentes a reunirse con el sector privado; mientras que otras mantienen escaso contacto con movimientos sociales o tercer sector, especialmente en lo vinculado con la crisis climática o las políticas de igualdad. Este tipo de normativas, favorecen la participación de grupos de interés diversos en el desarrollo de todas las políticas públicas.

Entre tanto, los intentos por regular la actividad de los lobbies en España siguen estancados. La Propuesta de reforma del reglamento del Congreso presentada por el PSOE (que regularía la actividad en el poder legislativo), sufre continuos aplazamientos de su periodo de enmiendas, impidiendo que avance. Por otro lado, el Anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés impulsado por el gobierno (que regularía la actividad en la Administración General de Estado), permanece sin avances desde hace más de un año, y no parece probable que pueda llegar a aprobarse como ley antes del final de la legislatura.

Irene Tato, Consultora de Comunicación y Asuntos Públicos en el sector SocioSanitario y Coordinadora de APRI Salud

El pasado 6 de mayo tuvo lugar en la sede del Grupo Thuban en Madrid el encuentro de socios del Grupo de APRI Salud con Borja Cabezón, Embajador en Misión Especial (EME[1]*) para la Crisis Internacional de la COVID-19 y la Salud Global, en su cargo desde mediados de marzo 2022. La sesión transcurrió en un ambiente muy cordial donde el embajador Cabezón, se destacó la importancia de un acercamiento entre los actores vinculados a la Salud Global para mejorar su mutua comprensión así como encontrar posibles vías cooperación; la administración pública, la industria privada con responsabilidades en la investigación y desarrollo de tecnología y medicamentos, y las organizaciones sanitarias del tercer sector enfocadas a la evaluación de necesidades e implementación de programas de intervención en prevención y asistencia sanitaria.

El Sr. Cabezón, recién llegado de tomar contacto con las tres capitales de la Salud Global (Ginebra, Washington y Nueva York),  expuso las tres líneas principales que él propuso dada su propia iniciativa y experiencia como asesor de altos cargos públicos, no en vano fue  director general de Asuntos Nacionales en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno y Secretario de Política Internacional del PSOE Madrid.

  1. A través de Diplomacia Científica se perseguirá mejorar la desinformación que es la causa de los bajos índices de vacunación frente a Covid19 en aquellos países donde España es un importante y destacado donante de vacunas. Por otra parte, hay que preparar la intervención de España en la próxima Asamblea de la OMS- con especial foco en la protección del personal sanitario, un colectivo del que se estima la pandemia se ha llevado 115.000 vidas en los países que han reportado.
  2. Es preciso también coordinar las contribuciones que se mantienen con los países en vías de desarrollo por acuerdo con la alianza COVAX, también hay que asistir a las reuniones del Plan de Acción Global COVID-19, convocado por el Secretario de Estado de EE.UU. Blinken para movilizar recursos y poner fin a la pandemia a finales de este año 2022.
  3. Finalmente, el Sr. Cabezón compartió su propuesta de disponer en España de una Estrategia Nacional de Salud Global que recoja el papel de nuestro país como conector de intereses en este campo, al igual que ya tienen otros países como Canadá, Alemania o Reino Unido. En este apartado se manifestó que sería oportuno poder contar con la colaboración o reflexiones de cuantos socios de APRI deseen participar en la preparación de algunas sugerencias o propuestas formales, bajo la coordinación del Grupo Apri-Salud. Los trabajos preliminares ya se han iniciado bajo la dirección IsGlobal (Instituto de Salud Global de Barcelona)

[1] (*) La figura de un EME, es la de un diplomático o personalidad relevante al que el Ministerio de Exteriores le encarga una misión especial sin necesidad de estar acreditado ante otros Estados u organismos internacionales. Existen otros EME trabajando en asuntos trascendentales para el Gobierno, como pueden ser, entre otros; las Misiones y Operaciones de Paz y Seguridad, la diversidad Intercultural, la Ciberseguridad, Estrategia para América Central, la Igualdad de Género, la Seguridad Marítima, el Plan África, la Cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Foros e Iniciativas Globales o la Lucha contra la Trata de Seres Humanos.

Carlos Parry Lafont, Government Affairs Head y Director Fundación Astrazeneca

Para todo hay que tener un plan, el éxito no llega porque sí. Llega porque existe un camino definido, una hoja de ruta a seguir.

Hace pocos días, se ha estrenado en los cines la película que explica el éxito de la carrera de las Williams, Serena y Venus. No llegaron donde llegaron solo por su talento, llegaron porque su controvertido padre siempre tuvo un plan y logró que sus hijas tuvieran éxito aplicando las estrategias y los valores sobre los que se asentaba. Un plan basado en el sacrificio y la disciplina, pero también en el cuidado de la felicidad de sus hijas. Dicho plan, sin duda, triunfó.

No solo ellas lo tienen, Fernando Alonso también suele ser noticia por su plan, que le hace seguir siendo uno de los pilotos más competitivos de la Fórmula 1 a sus 40 años. O el que seguramente será uno de los mejores deportistas españoles de la historia, Rafa Nadal, ha tenido una trayectoria diseñada desde pequeño por su tío y entrenador Toni Nadal. Una trayectoria basada en el sacrificio y la dura disciplina que hace sacar lo mejor del deportista en los momentos más complicados, demostrando esa resiliencia y capacidad de sufrimiento tan característica de él.

Estos son ejemplos claros de la necesidad de tener un estrategia para tener éxito y quiero aprovechar estos ejemplos para hablar de la necesidad de tener un plan en Public Affairs. Anteriormente, he escrito sobre la importancia de la estrategia, de la metodología, de los principios o incluso de los valores a seguir para poder ejercer nuestro trabajo como profesionales de las relaciones institucionales con profesionalidad y garantía de éxito. Sin embargo, al final todo esto debe estar incluido en una hoja de ruta. El éxito sin planificación no existe, las casualidades no suelen llevar al éxito: pueden darnos a veces alguna satisfacción puntual, pero nunca el éxito global.

Tener un plan estratégico, que siga una metodología, basado en valores y en principios es el camino del éxito para todo en la vida, también para nuestro trabajo como lobistas.

Es difícil poder influir en algo solo tirando de contactos o de ocurrencias si no hay diseño de un propósito claro.

Los miembros de APRi tenemos un plan con propósito claro: profesionalizar nuestro trabajo, demostrar nuestra capacidad de influir en positivo para transformar y mejorar la sociedad en la que vivimos, así como erradicar las malas praxis y el intrusismo en nuestra profesión. Por ello, abogamos por una regulación de nuestra profesión que establezca unas reglas de juego y fomenten la transparencia y certidumbre.

¿Y tú? ¿Tienes un plan?

Pedro Claver, Responsable de Asuntos Públicos Consejo General de Colegios Farmacéuticos

Carlos Parry, Head of Government Affairs en AstraZeneca

El pasado enero el Gobierno aprobaba su Plan Anual Normativo para este 2022[i], y en él se incluía una buena noticia para los profesionales de las relaciones institucionales: la Ley de transparencia e integridad en las actividades de los grupos de interés.

Esta inclusión en el plan normativo abre la esperanza para que este año vea la luz la nueva norma; al tiempo que demuestra el interés del Gobierno por dotar de una mayor transparencia el trabajo que realizamos quienes nos dedicamos a defender los intereses legítimos de las organizaciones que representamos.

Según el texto incluido en el propio Plan Normativo del Gobierno, se pretende: Regular las relaciones de los grupos de interés con los responsables públicos. Definir “grupo de interés” y derechos y obligaciones de sus miembros; establecer la publicidad de las agendas de los altos cargos; crear un registro público y obligatorio de grupos de interés; establecer un régimen sancionador para altos cargos, empleados públicos y «lobistas».

Hay más buenas noticias dentro Plan. Es el caso de la inclusión de una propuesta de Ley de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado. Una positiva iniciativa porque en España no hay costumbre de medir el impacto de las leyes que se aprueban; de la misma forma que se modifican las ya existentes sin tan siquiera saber que ha funcionado o no de la norma anterior.

Por lo tanto, ya tenemos dos buenas noticias para este año y debemos celebrarlo. Si se cumplen las previsiones, podremos tener un marco bajo el que trabajar; y el Gobierno se dotará de un instrumento para evaluar el impacto de sus normas. Pero aún nos queda un campo abierto por mejorar en España. Esa asignatura pendiente es la mejora de la transparencia y la participación en la creación y elaboración de nuevas de leyes.

Es necesario establecer cauces de comunicación y participación con el Gobierno. No solo se trata de hacer transparentes los intereses de los lobistas y hacer públicas las reuniones con los cargos del sector público. Hay que ir más allá. El desafío pasa por contar con canales de comunicación abiertos que nos permitan un mayor acceso y una mayor información.

No puede ser que, conforme a la actual Ley 50/97 del Gobierno, los periodos de consulta pública -cuando no se conoce ni el borrador de la norma- puedan suprimirse por razones de interés público o urgencia; o que los periodos de audiencia pública -cuando ya se conoce una primera propuesta de texto articulado- pueda reducirse a 7 días, incluidos el fin de semana, como ha pasado recientemente con el Anteproyecto de ley de modificación de la de la Ciencia, la Tecnología y la Innovaciónii. Si mejoramos los mecanismos de comunicación y participación de los grupos de interés e, incluso, de los ciudadanos en la elaboración de las leyes, estaremos también mejorando la participación democrática y dotando de una mayor solidez y calidad a las propuestas del Gobierno.

No hay que inventar mucho, en Bruselas funciona así. Existe una regulación para la actividad del Lobby, pero también existen procesos regulados de participación en la elaboración de las leyes con absoluta transparencia. Es bastante anacrónico querer seguir legislando sin evaluar y escuchar a todas las partes. Más allá de los partidos políticos, es preciso facilitar el debate y el intercambio de ideas serio y riguroso con la sociedad civil, incluidas las empresas, las asociaciones y el conjunto de los ciudadanos.

Aboguemos por unas normas de transparencia y de mejora de la participación para todos. Una meta que nos ayudará a potenciar la colaboración público-privada, a alinear objetivos y a sumar esfuerzos. Si partimos de que a mayor participación, mayor compromiso; el resultado será hacer de España un país con mejor futuro para todos.


[i] Plan Anual Normativo 2022 https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2022/PAN%20202.pdf

ii Tramite de audiencia pública Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación

https://www.ciencia.gob.es/Convocatorias/Participacion-Publica/Audiencia-e-informacion-publica/Audiencia-e-informacion-publica-sobre-el-anteproyecto-de-ley-de-modificacion-de-la-Ley-14-2011-de-1-de-junio-de-la-Ciencia-la-Tecnologia-y-la-Innovacion.html

Javier Herrero, Director de Asuntos Públicos y Relaciones Corporativas en Evercom

Carlos Parry, Head of Government Affairs en AstraZeneca

Cada vez son más las consultoras de comunicación que se han abierto camino en el campo de los asuntos públicos, creando equipos específicos dedicados al lobby. Esta transformación no es una moda pasajera, está definiendo el presente y futuro de esta profesión: no se puede entender el lobby sin la comunicación.

Un profesional de la comunicación, a la hora de plantear cualquier plan, se hará una serie de preguntas, sobre el qué, el cómo, quién, cuándo o por qué. Pues bien, un profesional del lobby se hará las mismas preguntas cuando diseñe su estrategia de asuntos públicos y la única diferencia entre ambos profesionales será el público al que se dirigen. De este razonamiento radica la imperativa necesidad de mejorar la coordinación entre ambas disciplinas.

El profesional de la comunicación tiene bien definidas sus metodologías de trabajo, a pesar de los cambios que los nuevos canales de comunicación han supuesto para ellos; en cambio, el profesional del lobby está todavía en una fase de profesionalización importante.

En este viaje que estamos haciendo los que nos dedicamos a las relaciones institucionales, uno de los primeros objetivos que tenemos para dar valor a nuestro trabajo es, precisamente, incluir una metodología de trabajo consistente, para diferenciarnos de aquel lobista que no tiene más que una buena agenda de contactos.

La importancia de trabajar ambas disciplinas deriva de la importancia de saber comunicar bien a la hora de hacer lobby. El profesional de Public Affairs es un experto en el sector público, sabe analizar bien el contexto y elaborar estrategias de éxito para influir ante sus interlocutores públicos, pero tiene la necesidad de trabajar junto con el equipo de comunicación para tener éxito e impacto real.

Un buen profesional de Public Affairs debe tener la capacidad de elaborar buenos mensajes para influir, pero si estos están alejados de la estrategia de comunicación de la organización que representa resultarán poco creíbles y abocarán su estrategia de influencia al fracaso.

La participación de las empresas y organizaciones en la elaboración de las políticas públicas, además de ser un derecho, es una necesidad para que los legisladores puedan tomar las mejores decisiones sobre temáticas complicadas y desconocidas para ellos, en muchos casos. Acompañar esta relación entre el sector público y el sector privado con una estrategia coherente de comunicación permitirá explicar con transparencia, tanto a los interlocutores como a la sociedad en general, los objetivos legítimos que hay detrás de cualquier acción en el ámbito de las relaciones institucionales.

Por eso, igual que observamos la transformación de las clásicas consultoras de comunicación entrando en el mercado de los asuntos públicos, internamente en las empresas también estamos viendo cambios dirigidos a mejorar las estrategias corporativas y coordinar las estrategias de comunicación y lobby de forma integral.

Sin comunicación no hay lobby.

Javier Corrales Director de Government Affairs y Public Policy en Kiatt Group y Coordinador del Grupo APRI Sostenibilidad

Los negociadores de casi 200 países cerraron un acuerdo que pretende mantener vivo el Acuerdo de París.

El 12 de noviembre finalizó en Glasgow la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP-26), que bajo el lema “Uniendo al mundo para hacer frente al cambio climático” reunió a representantes de más de 200 gobiernos de todo el mundo.

Los acuerdos más significativos de la Cumbre

Independientemente de las polémicas imágenes de algún presidente dormido y de las críticas por los viajes en coches y aviones contaminantes desde todos los rincones del planeta, lo cierto es que durante la convención se trataron asuntos de máxima trascendencia. Estas son los 5 acuerdos más significativos de la COP-26.

  1. Declaración Conjunta China – EE.UU. La declaración reconoce que los esfuerzos actuales son insuficientes, por lo que se comprometen a mantener el aumento de la temperatura media de la superficie de la Tierra «muy por debajo» de 2℃, e idealmente no más de 1,5℃, en comparación con los niveles preindustriales”, que coincide con el objetivo fijado en la COP de París hace seis años. El pacto es clave para preservar la confianza de los inversores privados que financiarán la mayor parte de la descarbonización.
  • Emisiones de metano. Más de 100 países suscribieron el compromiso mundial que pretende frenar sus emisiones de metano en un 30% para 2030. Las investigaciones parecen evidenciar que esta reducción podría reducir hasta 0,5°C la temperatura global en 2100.
  • Carbón y combustibles fósiles. Se llegó a un acuerdo para “acelerar los esfuerzos para la reducción progresiva de la energía del carbón» y acelerar la eliminación de «los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles». Es la primera vez que los combustibles fósiles se incluyen explícitamente en un acuerdo climático de la ONU. Esto se suma al acuerdo de eliminar progresivamente el uso del carbón y dejar de financiar nuevos proyectos de combustibles fósiles. Podría ser el principio del fin de los combustibles fósiles.
  • El objetivo de cero emisiones de la India. La India tratará de alcanzar las emisiones netas cero para 2070. El compromiso incluye objetivos cuantificables a corto plazo, como la promesa de suministrar el 50% de la energía del país mediante energías renovables y la reducción de las emisiones de carbono previstas en mil millones de toneladas de dióxido de carbono para 2030.
  • Fondos para el clima. Más de 450 organizaciones del sector financiero de 45 países sellaron su compromiso de transferir 130 billones de dólares de fondos bajo su control a inversiones en las que el beneficiario se comprometa a lograr emisiones netas nulas para 2050.

Los profesionales de las relaciones institucionales ante los acuerdos de Glasgow

Los responsables de las relaciones institucionales desempeñan un papel clave del proceso democrático: un derecho a poder exponer sus posiciones a los responsables de la toma de decisiones. Y este derecho debe ser protegido. Las Asociaciones Profesionales de las Relaciones Instituciones a nivel global (tal y como hace APRI) velan por difundir y promover una ética profesional basadas en la transparencia, el igual acceso y las buenas prácticas de lobby, alejadas de algunas críticas recurrentes como el tráfico de influencias, los conflictos de intereses y las puertas giratorias.

En el caso de los compromisos alcanzados en la cumbre de la COP26, los responsables de relaciones institucionales han jugado, y jugarán, un papel fundamental para alcanzar los objetivos planteados. Un ejemplo de ello es la promoción de iniciativas como “Science Based Targets initiative” (SBTi), que cuenta con la mayor base de datos mundial de información corporativa sobre cambio climático, cuyos objetivos son la reducción de emisiones acordes con los escenarios de calentamiento de 1,5 °C.

Un total de 52 empresas españolas forman parte de dicha iniciativa y además, en el año 2020, creció de 7 a 16 el número de empresas españolas con la máxima calificación en gestión del cambio climático. Otro dato interesante en este sentido es que España se sitúa en el puesto número 11 a nivel mundial de empresas con objetivos fijados según la CDP (la entidad que coordina la iniciativa SBTi).

Las principales gestoras financieras también han promovido iniciativas como la Net Zero Asset Managers (NZAM), donde más de 200 entidades financieras están comprometidas con el objetivo de cero emisiones netas de GEI para el 2050, apoyando inversiones alineadas con ese fin. Y un 77% de las empresas del Ibex 35 se han comprometido con la disminución de emisiones.

Las cuestiones de financiación de los acuerdos de Glasgow incluyen en gran medida la especificidad de las políticas relacionadas con el clima. ¿Qué tipos de proyectos renovables deben favorecerse y qué incentivos deben adoptarse para promoverlos? ¿Cómo se puede reducir el consumo de energía y qué incentivos son los mejores para promoverlo? ¿Cuáles son las mejores opciones de transporte con bajas emisiones de carbono para un país concreto? ¿Cómo puede la transición energética garantizar el empleo y unos medios de vida dignos? Y, posiblemente la pregunta más importante, ¿cuál debe ser el ritmo y el alcance de la transición ecológica?

El reciente grupo de trabajo impulsado en APRI sobre Sostenibilidad y políticas de ASG deberán trabajar en dar respuesta a todas estas cuestiones, impulsando además iniciativas beneficiosas para el tejido económico nacional, así como velando por garantizar un acceso justo y equitativo a los responsables de la toma de decisiones.

Algunas sombras en el horizonte…

A pesar de los avances y las positivas declaraciones de intenciones, todavía quedan problemas por resolver, y no son pocos. El panorama del G7 no parece halagüeño: Estados Unidos está bloqueado por el Congreso; Alemania aún no tiene gobierno; Francia se enfrenta a una de sus elecciones más inciertas; el Reino Unido, a través de su tesorería, acaba de embarcarse en la austeridad fiscal; el gobierno japonés sólo tiene dos semanas de vida, y el de Canadá no es mucho más antiguo.

Además, si se mantienen los compromisos actuales, las emisiones de carbono aumentarán un 13,7% de aquí a 2030. Por lo tanto, si se quiere limitar el calentamiento global a 1,5ºC para finales de este siglo, el resultado aconsejado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) requiere un esfuerzo mayor. Estamos hablando de que, para cumplir con dicha reducción de calentamiento, sería necesario reducir las emisiones en un 45% para 2030, y llegar a cero a mediados de siglo.  Porque, como reza el eslogan, “no tenemos que adaptarnos al cambio, sino crearlo”.