Notas de prensa

  • APRI pide proteger el derecho de participación de todos los ciudadanos y organizaciones con intereses económicos o sociales en la vida pública y política como una responsabilidad constitucional de los poderes públicos.
  • Los lobistas urgen normalizar y regular el lobby en España, la ausencia de una regulación de la interacción entre los ciudadanos y los poderes públicos socava la integridad, independencia y trato igualitario de nuestras instituciones democráticas.

Madrid, 20 de marzo de 2024

Los profesionales de las relaciones institucionales, los asuntos públicos y el lobby integrados en Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales (APRI) piden proteger el derecho de participación y urgen regular el lobby en España para normalizar su actividad y garantizar un proceso de participación pública transparente, equitativo y responsable, contribuyendo al fortalecimiento de la democracia.

Los profesionales de los asuntos públicos y el lobby subrayan la responsabilidad constitucional de los poderes públicos de fomentar y facilitar la participación de todos los ciudadanos y organizaciones con intereses económicos o sociales, en la vida pública y política, garantizando la igualdad de condiciones y eliminando barreras al acceso a las instituciones públicas. Estos encuentros no comprometen la independencia en la formulación de políticas públicas; por el contrario, promueven un proceso más inclusivo y democrático enriqueciendo la diversidad de información disponible para la toma de decisiones.

APRI recuerda que el derecho de participación es un pilar fundamental de cualquier democracia, ya que garantiza la legitimidad y la efectividad de las políticas públicas. Todos los actores, ya sean ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, empresas u ONGs, deben tener igualdad de acceso y oportunidades para contribuir en la toma de decisiones relacionadas con los asuntos de interés público.

Limitar la participación a los grupos de interés no solo va en contra de múltiples leyes y directrices europeas de participación efectiva de los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil en los procesos de elaboración de políticas públicas, sino que también vulnera los principios constitucionales de participación ciudadana recogidos en el artículo 23 y 9.2 de la Constitución Española, que establece el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos y en la vida política, económica, cultural y social, ya sea directamente o a través de representantes, promoviendo así la democracia participativa.

En palabras de Irene Matías, vicepresidenta de APRI “Promover  que los ciudadanos, organizaciones con o sin intereses económicos participen en la vida pública y políticas, a través de consultas públicas, audiencias, foros de discusión o reuniones con los responsables públicos y políticos, no solo fortalece la legitimidad de las decisiones públicas y políticas, sino que también enriquece el proceso democrático al incorporar una diversidad de perspectivas, experiencias y puntos de vista en la elaboración de políticas públicas”.

A nivel Europeo, el Tratado de Lisboa, además, refuerza el principio de participación ciudadana en la Unión Europea. En particular, establece disposiciones para promover la democracia participativa y la ciudadanía activa a través de un diálogo abierto y transparente. Esto implica consultar a las partes interesadas y a los ciudadanos en la elaboración de políticas.  Sin ir muy lejos, en Bruselas las instituciones de la UE realizan procesos participativos y transparentes para cualquier reforma legislativa.

Para promover la participación efectiva, APRI urge normalizar y regular el lobby en España, una reivindicación unida a la propia fundación de la asociación hace 15 años. La ausencia de una regulación de la interacción entre los ciudadanos y los poderes públicos socava la integridad, independencia y trato igualitario de nuestras instituciones democráticas.

La transparencia en la toma de decisiones políticas y legislativas es fundamental para garantizar la rendición de cuentas y la confianza en las instituciones democráticas. Cuando los procesos de toma de decisiones son transparentes, los ciudadanos pueden entender mejor cómo y por qué se toman ciertas decisiones, lo que promueve una mayor participación y confianza en el sistema político y democrático.

Para Elia Ferrer, responsable de regulación de APRI: «Ante un contexto cada vez más complejo, se hace más crucial que nunca establecer normativas que promuevan la transparencia en la toma de decisiones políticas y legislativas. La colaboración público-privada se vuelve cada vez más necesaria para el desarrollo de políticas públicas efectivas».

Sobre APRI    

Fundada en el año 2007 por profesionales de las relaciones institucionales y asuntos públicos en España, APRI nació para cubrir un vacío en la representación y asociacionismo de esta profesión. Su objetivo es hacer de las relaciones instituciones y lobby una profesión de reconocido prestigio y valor para toda la sociedad y, en especial, para los responsables de todo tipo de organización, como compañías, ONG o asociaciones empresariales. Una profesión que sirva como nexo más eficaz entre los legítimos intereses de la sociedad civil y las decisiones de interés general que toman los responsables políticos y los restantes poderes públicos de la Administración Central y de sus Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.

APRI dispone de un código de conducta de autorregulación que todos sus asociados están obligados a firmar para asociarse. APRI cuenta con cerca de 200 profesionales y 21 organizaciones, que abogan por la regulación de la actividad a través de la creación de un registro de grupos de interés, similar al Registro de Transparencia que ya existe ante el Parlamento y la Comisión Europea. APRI es, además, fundador y miembro de la Plataforma Europea de Asuntos Públicos (Public Affairs Community of Europe- PACE-) creada en el 2018 como plataforma de todas las organizaciones nacionales de profesionales de asuntos públicos europeos.

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Profesionales de las Relaciones Institucionales y del Protocolo firman un acuerdo de colaboración para fortalecer y profesionalizar las relaciones con las instituciones

           Madrid, 13 de marzo 2024

La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) y la Asociación Española de Protocolo (AEP) han firmado un acuerdo de colaboración con el objeto de fortalecer y mejorar las interacciones institucionales en el ámbito nacional y trabajar conjuntamente por el desarrollo, formación y divulgación sobre la importancia de las relaciones institucionales, asuntos públicos y el protocolo profesional.

En la firma de este acuerdo, participaron las presidencias y vicepresidencias de ambas organizaciones, contando con la presencia de Ramón Peche, presidente de la AEP, y su vicepresidenta, Gema Martos; así como Carlos Parry, presidente de APRI, y su vicepresidenta, Irene Matías.

Ambas disciplinas comparten el objetivo común de gestionar la comunicación con instituciones, mejorando su posicionamiento y reputación ante los distintos stakeholders. Entre los objetivos de las relaciones institucionales se encuentra mantener relaciones sólidas y eficaces con diversos actores, como gobierno, asociaciones, empresas, medios de comunicación y la sociedad en general; el en cambio protocolo asegura que estas interacciones se realicen de manera formal y respetuosa, contribuyendo al fortalecimiento de la reputación. De esta manera, la colaboración entre ambas entidades se presenta como una oportunidad para reforzar ambas disciplinas.

Así, ambas organizaciones han acordado apoyar y colaborar en el desarrollo de formaciones que ambas instituciones consideren de interés para sus socios, así como poner en práctica una línea de asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con la actividad de ambas entidades. Además, colaborarán para explicar la importancia de profesionalizar ambas disciplinas y explicar el valor de las mismas.

Tanto APRI como la AEP promoverán el desarrollo y la profesionalización de las relaciones institucionales, el protocolo y la organización de eventos; realizarán cursos, seminarios, conferencias y talleres de formación, así como se podrá facilitar el intercambio de libros, documentos y demás material bibliográfico.

Este acuerdo, de carácter indefinido, supone beneficios para los socios de ambas organizaciones, como pueden ser condiciones económicas ventajosas en servicios de asesoría en materias de Protocolo y en la organización de eventos y cursos ofrecidos por la AEP. Por su parte, los socios de la AEP podrán acceder a las actividades de APRI con descuentos de asociados.

Todas las actividades propiciadas desde este acuerdo de comunicación, se darán a conocer a través de los medios de comunicación de ambas asociaciones, así como en redes sociales foros, eventos y congresos en los que participen.

“El acuerdo firmado es crucial para ambas organizaciones, ya que ambas disciplinas se complementan y trabajan de la mano para mejorar la imagen institucional de las organizaciones antes las instituciones públicas y políticas” ha dicho Carlos Parry, Presidente de APRI.

Por su parte, Ramón Peche, Presidente de AEP, ha asegurado que “la colaboración entre ambas asociaciones es fundamental para que se profundice en el conocimiento y formación de ambas profesiones de forma eficiente”.

Sobre APRI    

Fundada en el año 2007 por profesionales de las relaciones institucionales y asuntos públicos en España, APRI nació para cubrir un vacío en la representación y asociacionismo de esta profesión. Su objetivo es hacer de las relaciones instituciones y lobby una profesión de reconocido prestigio y valor para toda la sociedad y, en especial, para los responsables de todo tipo de organización, como compañías, ONG o asociaciones empresariales. Una profesión que sirva como nexo más eficaz entre los legítimos intereses de la sociedad civil y las decisiones de interés general que toman los responsables políticos y los restantes poderes públicos de la Administración Central y de sus Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.

APRI dispone de un código de conducta de autorregulación que todos sus asociados están obligados a firmar para asociarse. APRI cuenta con cerca de 200 profesionales y una veintena de organizaciones, que abogan por la regulación de la actividad a través de la creación de un registro de grupos de interés, similar al Registro de Transparencia que ya existe ante el Parlamento y la Comisión Europea. APRI es, además, fundador y miembro de la Plataforma Europea de Asuntos Públicos (Public Affairs Community of Europe- PACE-) creada en el 2018 como plataforma de todas las organizaciones nacionales de profesionales de asuntos públicos europeos.

Sobre AEP

AEP fue fundada en 1992 con el objeto de agrupar y defender los intereses de los profesionales vinculados al mundo del protocolo, la organización de eventos, el ceremonial y otras disciplinas de este ámbito, uniendo competencias y recursos y coordinando acciones comunes para el beneficio del conjunto de sus asociados. Tiene como misión poner en valor la función del protocolo en las organizaciones, de tal forma que sus responsables sean considerados como parte estratégica en el desarrollo de la actividad corporativa.

AEP agrupa a más de 300 profesionales y técnicos de protocolo de las más importantes empresas e instituciones de España, así 15 como entidades académicas y profesionales en calidad de socios corporativos, poniendo de manifiesto que el asociacionismo permite superar las limitaciones individuales para hacer frente a desafíos comunes mayores, acrecentando la representatividad ante las instituciones y la sociedad. Entre estos grandes desafíos, destaca la creación de un Colegio Profesional tras la aprobación en el año 2011 de los estudios oficiales de Grado en Protocolo y Organización de Eventos y Relaciones Institucionales que permita amparar y regular la profesión.

AEP es fundadora y miembro de la Organización Internacional de Ceremonial y Protocolo (OICP), organización sin ánimo de lucro que agrupa asociaciones profesionales y entidades de distintos países cuyos objetos sociales principales se centran en el desarrollo del protocolo y el ceremonial, de la profesión y de sus profesionales.

Para más información:

Elia Ferrer, informacion@relacionesinstitucionales.es +34 616 584 843

Raquel Peche, secretariatecnica@aeprotocolo.org +34 639 511 849

El martes 7 de marzo LLYC acogió en su oficina de Madrid el encuentro organizado por el grupo de trabajo de APRI Salud con Elena Mantilla, Directora General de Inspección, Ordenación y Estrategia Sanitaria de la Comunidad de Madrid y Secretaria de Sanidad del PP de Madrid, quien expuso el estado de la Sanidad madrileña reflejado en cifras de su actividad asistencial, así como el cambio importante en la agilización de los plazos de los visados de los medicamentos que debe hacer la inspección médica, sin afectar a la seguridad de los casi millón y medio de pacientes crónicos que han salido beneficiados con el visado por autocontrol donde el inspector médico evalúa el visado en la primera prescripción y las sucesivas son automáticas. El visado tradicional, donde interviene un inspector en cada prescripción, sigue vigente para otras muchas prescripciones.

Es de significar que, para potenciar la calidad asistencial y la seguridad del paciente, en este último año se han incrementado significativamente el número de actuaciones inspectoras, proponiendo la adopción de las medidas adecuadas para preservar la salud de los ciudadanos, en aquellos supuestos en los que se detectó la existencia de un riesgo en la actividad asistencial de los centros sanitarios de la Comunidad de Madrid. Y ello porque, sólo a través de la vigilancia del cumplimiento de la legislación sanitaria, puede asegurarse la calidad de las prestaciones y servicios sanitarios y la efectividad de los derechos de los ciudadanos en el ámbito sanitario.

Elena Mantilla puso también en valor todos los avances conseguidos al impulsar nuevos e importantes cambios normativos propiciados por las mejoras en los últimos años en las técnicas diagnósticas y terapéuticas, los progresos tecnológicos y los cambios culturales y sociales producidos, que han modificado la forma de entender la asistencia sanitaria mientras que, paralelamente, se ha producido un incremento de la preocupación por la calidad asistencial, por la seguridad clínica y por el trato dispensado a los pacientes.

Entre estos logros se encuentran:

El Decreto de Seguridad del Paciente, cuyo objetivo es la protección de la salud de los ciudadanos que asegura la calidad y seguridad de la asistencia que se presta a los mismos, consolidando la cultura de seguridad en todos los centros sanitarios públicos y privados de la Comunidad de Madrid

La actualización del Decreto 51/2006 de autorización de centros y servicios sanitarios, actualmente pendiente del informe solicitado a la Abogacía de la Comunidad de Madrid, que:

Elimina trabas administrativas incrementando las renovaciones por declaración responsable y, salvo regulación específica, aumentando el plazo para las mismas de 5 a 8 años. Mejora la seguridad y la calidad en los servicios que ofrecen los centros en cuya oferta asistencial dispongan de bancos de tejidos, gametos y embriones. Simplifica los trámites de autorización de los centros y servicios de Reproducción Humana Asistida. Establece la obligatoriedad de la subscripción de un seguro, que asegure la solvencia frente a posibles accidentes que afecten a la crioconservación de gametos y embriones y, como novedad, cubre la cesión de los bancos de gametos y embriones a otro centro autorizado, en el supuesto de cese de actividad del centro tanto provisional como definitiva. Y, por último, ofrece nuevas ofertas asistenciales a domicilio.

La LEY 13/2022, de 21 de diciembre, de Ordenación y Atención Farmacéutica de la Comunidad de Madrid que regula, entre otras medidas, la atención farmacéutica domiciliaria, la creación del Registro de establecimientos y servicios farmacéuticos, con especial apoyo a la farmacia rural, y la actualización de la regulación de la publicidad de las oficinas de farmacia. 

Dentro de la Estrategia 2022-2026 de Protección a la Maternidad y Paternidad y de Fomento de la Natalidad, entre las 80 medidas que se implementaran antes de 2026 se encuentra la elaboración, en este momento por parte de la Dirección General, de una nueva Orden de requisitos técnicos y funcionales de los centros y servicios de reproducción humana asistida en la Comunidad de Madrid. Su objetivo principal es dar una mayor seguridad jurídica en esta materia, con la finalidad de mejorar la calidad de la asistencia que se proporciona a los ciudadanos, garantizando que todos los centros y servicios cuenten con los medios técnicos, instalaciones y profesionales necesarios para desarrollar las actividades a las que van destinados.

Finalmente, se presentaron algunos de los proyectos futuros que están previstos en la Dirección General para optimizar tiempos y mejorar la utilización de recursos, como es la implementación del proyecto piloto para la emisión de bajas médicas en centros hospitalarios, con el fin de disminuir la carga asistencial en Atención Primaria.

Durante el turno de preguntas, los socios de APRI querían conocer cómo se organizaba la ponente para simultanear sus obligaciones como alto cargo de la administración sanitaria con las de Secretaría de Sanidad del PP de Madrid, respondiendo que son tareas a las que dedica todas las horas necesarias, habiendo realizado ya más de 60 reuniones, desde mayo 2022 a febrero 2023, con los agentes más relevantes del sector sanitario con el propósito de elaborar el programa sanitario del futuro de la Sanidad de Madrid. 

  • Los lobistas llevan años autorregulándose ante la falta de interés institucional por hacerlo, pese a que existen suficientes precedentes, contenido y experiencias para aprobar una regulación.
  • En todo caso, las Cortes Generales cuentan con un Código de Conducta que debería ser suficiente para abordar el escándalo.

APRI, la asociación que agrupa y defiende los intereses de los lobistas españoles, quiere manifestar su preocupación por las declaraciones de algunos responsables políticos que establecen una relación causal entre los presuntos delitos cometidos en el conocido como “caso Berni” y la falta de regulación de los lobbies en las Cortes Generales.


La regulación de los lobbies o grupos de interés en las distintas instituciones públicas es algo que APRI viene reclamando desde hace más de una década y tiene el objetivo de introducir transparencia, aumentar la rendición de cuentas, y mejorar la calidad de las normas a través de la participación de la sociedad civil en los asuntos públicos, en desarrollo de los artículos 9.3 y 23 de la Constitución. No es el objetivo de esta regulación prevenir la corrupción política, asunto reservado, como es lógico, al Código Penal.


Autorregulación y código de conducta
Somos los propios lobistas los que nos venimos autorregulando desde hace años y, en el caso de APRI, la Asociación cuenta con un exigente código de conducta que marca las pautas deontológicas de la actividad de sus asociados así como con una propuesta de regulación amplia, completa y perfectamente adaptada a nuestro entorno institucional, que ha puesto a disposición y ha explicado a todas las instituciones que han mostrado interés en ello.


En todo caso, y ante la ausencia de una regulación específica sobre los grupos de interés, debería aplicarse el Código de Conducta de las Cortes Generales, que languidece debido a la ausencia de interés por parte de las Cámaras en su aplicación. Sus artículos 2 y 6 habrían prevenido las acciones presuntamente desarrolladas por el exdiputado Curbelo, y en lugar de una Comisión de Investigación, con los costes que supone y la detracción de recursos a otras actividades que redunden en el interés general, podría sustituirse con una actuación por parte de la Presidencia del Congreso conforme al citado Código de Conducta.


Lobby es transparencia
El lobby es una actividad profesional, que favorece la transparencia del sistema y la igualdad de acceso a los poderes públicos, que está institucionalizada en nuestro país y en los de nuestro entorno, y en la que están involucrados miles de profesionales en España y en Europa cuyas acciones no merecen ser confundidas bajo ningún concepto con las que estamos viendo en el llamado “Caso Bernie”
APRI, en todo caso, no se sorprende de este empeño en esconderse tras la ausencia de regulación de las relaciones de la sociedad civil con los poderes públicos y en satanizar la palabra lobby y lo que representa. Se vio también en días pasados en relación con otros casos recientes que, como el presente, no tienen nada que ver con el lobby sino con la corrupción.
Del mismo modo que sería inadecuado acusar a todos los políticos de realizar determinadas actividades ilegales, inmorales o ilícitas, los profesionales del lobby exigen el mismo respeto hacia su actividad. Lobby es participación y su regulación busca incrementar la transparencia del sistema, no evitar conductas delictivas, para actuar contra las cuales ya existe el Código Penal, así como el referido Código de Conducta de las Cortes Generales y los códigos éticos de los diferentes grupos parlamentarios.

Sobre APRI
Fundada en el año 2007 por profesionales de las relaciones institucionales y asuntos públicos en España, APRI nació para cubrir un vacío en la representación y asociacionismo de esta profesión. Su objetivo es hacer de las relaciones instituciones y lobby una profesión de reconocido prestigio y valor para toda la sociedad y, en especial, para los responsables de todo tipo de organización, como compañías, ONG o asociaciones empresariales. Una profesión que sirva como nexo más eficaz entre los legítimos intereses de la sociedad civil y las decisiones de interés general que toman los responsables políticos y los restantes poderes públicos de la Administración Central y de sus Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.
APRI cuenta con más de 200 profesionales y 20 organizaciones que abogan por la normalización de la actividad a través de la creación de un registro de grupos de interés, similar al Registro de Transparencia que ya existe ante el Parlamento y la Comisión Europea. APRI es, además, fundador y miembro de la Plataforma Europea de Asuntos Públicos (Public Affairs Community of Europe- PACE-) creada en el 2018 como plataforma de todas las organizaciones nacionales de profesionales de asuntos públicos europeos.

Para más información:

Marián Casado, directora general de APRI: mcasado@relacionesinstitucionales.es +34 607 356 820


Juan Torres, vocal de Comunicación de APRI: juantorresji@gmail.com + 34 666 582 837

  • Para APRI la regulación debe basarse en un principio fundamental: lobista es quien hace lobby.
  • La Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales (APRI) ha presentado sus observaciones al Anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad de los Grupos de Interés al Ministerio de Hacienda y Función Pública y solicita que se tramite por el procedimiento de urgencia.
  • A la luz de lo sucedido en el Parlamento Europeo con el caso Qatargate, insisten en la importancia de regular la actividad en tiempo y de forma adecuada.
  • Les preocupan tres grandes aspectos de la norma: la falta de obligatoriedad de registrarse para algunos colectivos de lobistas; la falta de equiparación de derechos y obligaciones para lobistas y servidores públicos y la adscripción del registro de grupos de interés a un órgano independiente.

Madrid, 21 de diciembre de 2022

Con motivo de la aprobación en primera lectura por el Consejo de Ministros del Anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés, los profesionales de las relaciones institucionales, los asuntos públicos y el colectivo que representa a los lobistas en España, integrados en Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales (APRI), ha presentado sus observaciones al Anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad de los Grupos de Interés al Ministerio de Hacienda y Función Pública, solicitando que se tramite por el procedimiento de urgencia. Aseguran que de nada servirá el esfuerzo del Gobierno de regular la actividad si no se actúa con la suficiente celeridad para que se apruebe por las Cortes Generales antes de que finalice la legislatura.

Además, los profesionales del lobby en España, a la luz de lo sucedido en el Parlamento Europeo con el caso Qatargate, insisten en la importancia de regular la actividad no solo en tiempo, sino también de una forma adecuada. Les preocupan tres grandes aspectos del texto adelantado por el Gobierno: las exclusiones en la obligatoriedad de registrarse para determinados grupos de interés; la falta de equiparación de derechos y obligaciones para lobistas y servidores públicos y la existencia de un órgano más independiente para mayor control de las obligaciones, salvaguardar derechos y resolver de modo más efectivo la aplicación de la ley.

Todo agente que desarrolle actividades de influencia debe considerarse grupo de interés y estar sujeto a los mismos derechos y obligaciones de la norma

Para APRI, el principio básico de toda regulación de lobbies es que es lobista quien hace lobby. Consideran que todo agente que desarrolle actividades de influencia por cuenta propia, a través de intermediarios o en representación de terceros debe considerarse grupo de interés y estar sujeto a los mismos derechos y obligaciones de la norma; ya sean patronales, sindicatos, asociaciones empresariales o colegios profesionales.

APRI considera que la inclusión de los mismos no limita sus derechos, sino que es un instrumento que añade transparencia y normas de conducta a sus actividades de influencia. De hecho, actualmente, muchas de estas organizaciones se encuentran ya inscritas desde hace tiempo en muchos de los registros de transparencia o grupos de interés ya existentes tanto en la UE, como en las Comunidades Autónomas u organismos públicos como la CNMC. En palabras del secretario de APRI, Esteban Egea “excluir del registro a un tipo de grupo de interés cuando este grupo realiza actividades de influencia, solo conlleva que estas actividades se desarrollen en la opacidad y sin tener que responder al compromiso ético que establece la ley”.     

Registro de Transparencia adscrito a un órgano independiente

Para APRI, otro aspecto importante de la norma es que el Registro debería estar adscrito a un órgano independiente funcional y orgánicamente, con potestad sancionadora propia para dotarlo de suficiente credibilidad desde el punto de vista funcional y administrativo, para que, en ningún caso, el órgano de control pueda entenderse que actúa como juez y parte resolviendo infracciones y sanciones del mismo Ejecutivo. La necesidad de esta supervisión independiente se ha puesto claramente de manifiesto en el Qatargate y es ahora mismo una de las prioridades de mejora que proponen las más altas instancias de la Unión.

Obligaciones éticas equilibradas tanto para grupos de interés cómo para los empleados públicos sujetos a la influencia

Asimismo, el Anteproyecto de Ley no equilibra las responsabilidades de grupos de interés y de los empleados públicos sujetos a la influencia, y reclama que, al igual que se establecen obligaciones a los grupos de interés, se deberían establecer las obligaciones legales de los empleados públicos, por ejemplo, en relación con el cumplimiento de transparencia de sus propias agendas y el registro de sus contactos con los grupos de interés. Dolores González Pastor, vocal del Comité de Regulación de APRI subraya “las obligaciones éticas han de ser equilibradas y aplicadas por ambas partes en el ámbito de su responsabilidad, tanto por parte del lobista o grupo de interés como por parte del responsable público sujeto de influencia”.

Régimen sancionador equilibrado para ambas partes

Así, la asociación profesional pide que la norma desarrolle un régimen sancionador equilibrado para ambas partes, ya que sin una adecuado marco de definición de las infracciones y sanciones, las obligaciones impuestas tanto para lobistas como el personal público no se cumplirán y la ley quedará sin efecto en los objetivos que se propone.

  • Durante la celebración de la mesa de análisis sobre los profesionales de las relaciones institucionales, los asuntos públicos y el lobby organizado por el Foro de Organizaciones de APRI, se ha analizado este perfil estratégico, cada vez más demandado por todo tipo de organizaciones.
  • Una de las principales barreras para estos profesionales es el estigma social alrededor del lobby por el desconocimiento y la falta de regulación de la actividad en España.
  • Los expertos coinciden que una regulación de los grupos de interés junto con una mejor divulgación sobre la actividad ayudaría a rebajar estigma negativo del lobby y a conocer mejor la labor que desempeñan estos profesionales.

Madrid, 15 de noviembre de 2022

Con motivo de la reciente aprobación del Anteproyecto de ley de transparencia de los grupos de interés, la Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales (APRI) ha celebrado una mesa de análisis sobre el perfil profesional de las relaciones institucionales, los asuntos y el lobby.  Durante la mesa de debate moderada por la Directora General de APRI, Irene Matías, se ha concluido que la profesión en España se encuentra en plena fase de desarrollo, y aunque no se ha llegado a un consenso para una denominación común de estos profesionales, todos los ponentes han coincidido en señalar que el perfil de este tipo de profesionales es multidisciplinar, con amplios conocimientos del funcionamiento de la política, la estructura de gobierno y el proceso de elaboración de normas. Tienen amplias dotes comunicativas gracias a su «escucha activa», una visión estratégica y la capacidad de articular consensos. Son profesionales proactivos, defensores de los intereses de las organizaciones, pero comprometidos con el interés particular de la ciudadanía ya sean pacientes, consumidores o ciudadanos.

Además, los expertos son de la importancia de la ética, integridad, transparencia y rigurosidad que tiene que acompañar su trabajo, de ahí la importancia de que se regule la profesión. En palabras Carlos Parry, Head of Government Affair en AstraZeneca y coordinador del Foro de Organizaciones de APRI, “la ética, la transparencia y la profesionalización de la actividad debe convertirse en la esencia de nuestra profesión, para liberarlas del estigma negativo asociado a la palabra lobby y se conozca en profundidad el verdadero valor que desempeña nuestra labor”. 

El acto, organizado por el Foro de Organizaciones de APRI, un medio de colaboración de organizaciones que apoyan los objetivos y valores de APRI, nacido con la finalidad de poner en valor una interlocución público-privada ética, transparente y profesionalizada, ha reunido a experto en el ámbito académico, expertos en selección de personal y a profesionales del sector, como Javier Cantera, Presidente en Auren Consultores; Pablo Gutierrez-Jodrá, Director de Gestión de Talento en Asuntos Públicos de Political Intelligence; Euprepio Padula, Presidente en Padula & Partners; Eulalia Tort, Profesora de Public Affairs en la UOC y la URLL; Marc Francés, Managing Director en Sarah Marlex y Carlos Parry, Head of Government Affair en AstraZeneca y coordinador del Foro de Organizaciones de APRI.

Todos han coincidido en señalar que existen muchas maneras de dominar a estos profesionales, ya que se trata de una posición adaptada a las necesidades de la organizaciones. En palabras de Marc Francés, “su denominación depende de la estrategia que tenga cada organización”. Pablo Gutierrez-Jodrá, Director de Gestión de Talento en Asuntos Públicos de Political Intelligence en cambio, ha señalado que en Political Intelligence han optado por denominarla “Chief Policy Officer”, “término que permite señalar la función estratégica y transversal que tiene la posición”. Eulalia Tort, Profesora de Public Affairs en la UOC y la URLL, prefiere denominar esta actividad Asuntos Públicos, ya que “es un término más generalista, que invita a que el ámbito público y privado se sienten en una mesa y sean capaces de articular consensos”.

En cuanto a la formación, al no haber una disciplina concreta, estos profesionales emergen de todo tipo de estudios que les sirve como base para desempeñar su trabajo: ciencias políticas, jurídicas, económicas, ciencias de la información etc., pero reconocen que se trata de una profesión multidisciplinar que requiere formarse en varias áreas a lo largo de la vida laboral. Así, Javier Cantera, Presidente en Auren Consultores, ha resaltado “la importancia de formarse en la metodología”. También ha resaltado que “la profesión tiene que llegar a las escuelas de negocios, para que los equipos de dirección conozcan esta actividad tan fundamental y estratégica para las organizaciones”.

Asimismo, se ha resaltado el profundo desconocimiento de la actividad. Los expertos coinciden que se debe a que el trabajo no está regulado. Según Carlos Parry, Head of Government Affair en AstraZeneca y coordinador del Foro de Organizaciones de APRI “una regulación de los grupos de interés y una mejor divulgación sobre la actividad ayudaría a rebajar el estigma negativo de la profesión y a conocer mejor la labor que desempeñan estos profesionales”. Euprepio Padula, Presidente en Padula & Partners, ha concluido “además de la regulación, las organizaciones poseen la enorme responsabilidad de comunicar adecuadamente la importancia de esta función”.

Desde Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) llevamos alguna década reclamando este proyecto, y también haciendo propuestas concretas y constructivas, basadas en nuestro conocimiento y respeto profundo a la profesión y al colectivo de profesionales que representamos.



Por ello, valoramos el esfuerzo del Gobierno en elaborar un anteproyecto que supone un muy buen punto de partida para la regulación de la actividad de representación de intereses. Esperamos que ahora sean capaces de imprimir la celeridad necesaria para aprobarlo antes del final de la legislatura, o nos volveremos a encontrar con otros 4 años de vacío en una cuestión tan importante para nuestra democracia.



La sociedad está preparada para este cambio, los lobistas profesionales también, ahora solo queda remar todos juntos para lograr un cambio tan necesario para nuestras instituciones y para la calidad de la participación democrática de la sociedad civil en los asuntos públicos.

  • El lobby es una actividad de representación y participación de la sociedad civil, ante distintos ámbitos de la toma de decisiones pública ampliamente consolidada y respaldada por los poderes públicos
  • En APRI llevamos más de una década reclamando una regulación de los grupos de interés o lobbies en España que no ha prosperado, a pesar de los numerosos intentos

Madrid, 12 de julio de 2022

La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), que representa el colectivo de los profesionales de relaciones institucionales, asuntos públicos y lobistas, cuya misión es divulgar un modelo de profesión basado en los valores de transparencia, integridad, ética y responsabilidad en la interlocución público-privada, con motivo de la reciente investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) sobre los Uber Files, quiere aclarar algunos aspectos sobre la profesión de los lobistas, una profesión ejercida desde la ética, transparencia y profesionalidad en España que beneficia a la elaboración de políticas públicas.

El lobby es una actividad de representación y participación de la sociedad civil, ante distintos ámbitos de la toma de decisiones pública ampliamente consolidada y respaldada por los poderes públicos. Los lobistas profesionales desempeñan un papel fundamental en el sistema democrático ya que ayudan a los poderes públicos, a comprender y entender las necesidades reales de las organizaciones de todo tipo, especialmente ante inminentes cambios regulatorios con el objeto de mejorarlos.

Los asuntos públicos o el lobby, es una actividad que beneficia a la sociedad en su conjunto, ya que si se efectúa de manera ética, profesional y transparente permite mejorar la interlocución público – privada y, por lo tanto, el proceso de elaboración de las normas y políticas públicas. Desde APRI, defendemos tanto el derecho de todas las empresas y organizaciones de participar en las políticas públicas que les afectan, como la obligación de los poderes públicos de establecer las normas para que esta participación sea transparente.

En España hemos logrado alcanzar importantes avances en la profesionalización y autorregulación del lobby. La gran mayoría de las organizaciones han incorporado en sus normas de control interno sus políticas de lobby o relaciones institucionales, en las que asumen el principio de respeto a la legalidad y los principios de integridad y transparencia de aplicación a todas las interlocuciones de la organización con las autoridades, funcionarios públicos y partidos políticos.

Además, ante la ausencia de una regulación, APRI cuenta con un código de autorregulación de la actividad que firman todos nuestros asociados. Sin embargo, España carece de un marco regulatorio de referencia nacional, pese a que hay Comunidades Autónomas que han avanzado en el asunto.

Uno de los objetivos de APRI es mejorar las relaciones entre los ciudadanos y los poderes públicos a través de una regulación de la actividad del lobby. Ha habido varios intentos en las sucesivas legislaturas, pero no han llegado a materializarse por la falta de voluntad política.

Actualmente hay dos iniciativas en marcha, un Anteproyecto de Ley de regulación de los grupos de interés en el Ministerio de Hacienda y Función Pública, y una toma en consideración aprobada en el Congreso para la reforma del reglamento con el objeto de regular los lobbies, cuya aprobación esperamos se produzca antes de que acabe la legislatura en curso.

  • Durante la presentación del estudio “La visión de las relaciones institucionales por parte de los poderes públicos” se ha llegado a la conclusión de que urge legislar y regular la actividad de los lobistas en España
  • El acto se realizó en el contexto de la Semana de Administración Abierta 2022, una iniciativa impulsada a nivel nacional por el Ministerio de Hacienda y Función Pública

Madrid, 30 de junio de 2022

La urgente regulación de los grupos de interés en España ha sido una de las principales conclusiones del acto organizado por la  Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales (APRI) en el Senado con motivo de la Semana de la Administración Abierta 2022,  “Hacia una profesionalización y regulación de la transparencia de los grupos de interés en España: el ejemplo europeo y autonómico”.

En el acto han participado representantes de instituciones europeas, autonómicas y locales que ya cuentan con una regulación sobre la materia. El objetivo del encuentro ha sido exponer a la ciudadanía la importancia de la interlocución público-privada, y de profesionalización y transparencia de las relaciones institucionales y asuntos públicos en España.

La profesionalización del lobby

La apertura del acto corrió a cargo de Cristina Ayala, secretaria cuarta de la Mesa y viceportavoz de la Comisión del Reglamento del Senado y la directora general de APRI, Irene Matías. En su bienvenida institucional, la secretaria cuarta de la Mesa del Senado puso de manifiesto “las relaciones entre el sector público y privado constituyen la piedra que construye nuestro estado democrático. Se hace camino al andar y con estas jornadas, eso se hace caminar.”. 

Tras la bienvenida, Yolanda Vega, directora de Asuntos Públicos de BCW, presentó el estudio desarrollado por el Foro Empresarial de APRI sobre “La visión de las relaciones institucionales por parte de los poderes públicos”, estudio que concluye que una mayoría (70%) de los cargos públicos es partidario de una regulación nacional de los lobbies que integre o complemente la que ya se ha aprobado de manera dispersa en el ámbito europeo, autonómico o local.

Yolanda Vega hizo hincapié en la importancia de la profesionalización y regulación de las relaciones institucionales. “El estudio constata una realidad: la interlocución entre los poderes públicos y las entidades privadas o los agentes sociales no solo está normalizado, sino que se valora como una herramienta útil para ambas partes. Por lo tanto, es hora de evolucionar y regular el ejercicio del lobby sin prejuicios”. A continuación, se abrió una mesa redonda sobre la regulación de los lobbies con representantes de instituciones europeas, autonómicas y locales, que ya cuentan con una regulación sobre la materia, moderada por Diego Bayón, director de Public Awareness en Harmon y vocal de la Junta Directiva de APRI.

La regulación de la actividad ya cuenta con una amplia experiencia

Durante el transcurso de la mesa, Lucas González de Ojeda, Director adjunto de la Representación y Jefe de Análisis Político de la Comisión Europea en España señaló que  “es una error tener una concepción maligna de los grupos de interés, puesto que se busca enriquecer el proceso legislativo, las normas de transparencia y las normas de registros son necesarias. En Bruselas operan más de 30.000 partes interesadas y es algo normal y bueno para el proceso decisorio”. Por su parte, Pablo García-Valdecasas, Director General de Transparencia de la Comunidad de Madrid ofreció la experiencia de la Comunidad de Madrid y resaltó que “la representación de intereses es algo innato en la Administración Pública en un caso de éxito siempre va a haber una comunicación público-privada. No es una carga de la administración sino una actividad de retroalimentación. Las leyes de transparencia han avanzado bastante, y en la Comunidad Madrid ha habido un cumplimiento estricto de la norma de transparencia de los grupos de interés, pero es importante unificar y simplificar la norma y que el poder legislativo y el poder ejecutivo regulen la actividad para que haya una dirección conjunta”. ElDirector General de Transparencia y Calidad del Ayuntamiento de Madrid, Antonio Relaño, en cambio ofreció la experiencia del Ayuntamiento de Madrid con el registro de grupos de interés, Antonio Relaño, explicó “cada vez la transparencia es más indefinida, el término es muy amplio y acaba de iniciarse, pero tiene por objeto dar un impulso de legitimación. Esto no ha hecho más que empezar”.

El encuentro se clausuró con las declaraciones de Javier Valiente, socio director de Political Intelligence y presidente de la Comisión Deontológica de APRI que concluyó que  “los plazos establecidos por el Gobierno para la regulación nacional de los lobbies no se están cumpliendo, y los ejemplos europeos, autonómicos y locales de participación en la vida pública de manera regulada y normalizada demuestran que no solo es bueno para mejorar la elaboración de leyes, sino para la democracia en su conjunto.”

Sobre APRI

Fundada en el año 2007 por profesionales de las relaciones institucionales y asuntos públicos en España, APRI nació para cubrir un vacío en la representación y asociacionismo de esta profesión. Su objetivo es hacer de las relaciones instituciones y lobby una profesión de reconocido prestigio y valor para toda la sociedad y, en especial, para los responsables de todo tipo de organización, como compañías, ONG o asociaciones empresariales. Una profesión que sirva como nexo más eficaz entre los legítimos intereses de la sociedad civil y las decisiones de interés general que toman los responsables políticos y los restantes poderes públicos de la Administración Central y de sus Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.

APRI cuenta con cerca de 200 profesionales y 20 organizaciones que abogan por la normalización de la actividad a través de la creación de un registro de grupos de interés, similar al Registro de Transparencia que ya existe ante el Parlamento y la Comisión Europea. APRI es, además, fundador y miembro de la Plataforma Europea de Asuntos Públicos (Public Affairs Community of Europe- PACE-) creada en el 2018 como plataforma de todas las organizaciones nacionales de profesionales de asuntos públicos europeos.