Listado de la categoría: Notas de Prensa

• Más de 350 profesionales participaron en el encuentro organizado por APRI en el Palacio de la Bolsa de Madrid, con la presencia de Elma Saiz, Cuca Gamarra y destacados representantes institucionales, empresariales y sociales.
• La Cumbre puso de relieve el papel de los asuntos públicos en la calidad democrática, la competitividad y la construcción de políticas públicas a través del diálogo, la transparencia y la profesionalización.

Madrid, 9 de octubre de 2026. El Palacio de la Bolsa de Madrid acogió ayer, jueves 8 de octubre, la I Cumbre de Asuntos Públicos de España, organizada por la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI).

Más de 350 profesionales se dieron cita en un encuentro que reunió a representantes de instituciones, empresas y sociedad civil, entre ellos Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno; Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular; Daniel Calleja, director de la Representación de la Comisión Europea en España; y Consuelo Sánchez Naranjo, secretaria de Estado de Función Pública.

Bajo el lema «Diálogo, influencia, futuro», la Cumbre se convirtió en un espacio de encuentro y reflexión sobre la contribución de los asuntos públicos a la calidad democrática, la mejora de las políticas públicas y la necesidad de avanzar hacia una interlocución más transparente, profesional y orientada al interés general.

El encuentro congregó a participantes y ponentes llegados desde distintos puntos de España, Reino Unido, Bruselas, Estados Unidos y diversos países de Iberoamérica. A lo largo de la jornada se abordaron cuestiones como la relación entre los asuntos públicos, el liderazgo corporativo y la competitividad; los desafíos y prioridades de la profesión; y el impacto de la inteligencia artificial, con la participación de expertos nacionales e internacionales.

Asimismo, se analizó la importancia del diálogo público-privado para impulsar los grandes proyectos de país y la contribución de las organizaciones sociales a la mejora de la sociedad. Este último ámbito contó con representantes del Grupo Social ONCE, la Asociación Española Contra el Cáncer, la Plataforma de Organizaciones de Pacientes y la Federación Española de Enfermedades Raras.

Un llamamiento institucional al diálogo, la transparencia y la regulación

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno de España, Elma Saiz, destacó la pertinencia de celebrar este encuentro, al que se refirió como «el lugar idóneo para hablar de la necesidad de interlocución entre distintos actores y buena política». Asimismo, subrayó la importancia de afrontar los desafíos de la sociedad mediante la colaboración entre las instituciones democráticas y los actores privados.

Por su parte, Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, defendió que «la transparencia y la regulación del lobby son fundamentales para la salud del sistema democrático y deben aprobarse desde el diálogo parlamentario». Asimismo, defendió la necesidad de avanzar desde el procedimiento parlamentario ordinario hacia un marco normativo que aporte seguridad jurídica, garantice la transparencia y reconozca el papel de los grupos de interés en su interlocución con las instituciones.

La inauguración institucional corrió a cargo de Carmen Navarro, vocal de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados y secretaria cuarta de la Mesa del Congreso durante la XV Legislatura, quien reconoció la labor de APRI en el impulso de la interlocución público-privada en España. Navarro puso en valor la contribución de los profesionales de los asuntos públicos a la formulación de políticas públicas mediante el diálogo con los representantes de las instituciones, especialmente en el ámbito parlamentario.

La dimensión europea y el futuro de la profesión

En el ámbito europeo, Daniel Calleja, director de la Representación de la Comisión Europea en España, destacó la trascendencia histórica del proyecto comunitario para nuestro país: «La adhesión a la UE fue el hito más importante del siglo XX porque cambió España».

Calleja también puso en valor los mecanismos europeos de transparencia, entre ellos el Registro de Transparencia común de las instituciones de la Unión Europea, que permite a los ciudadanos conocer qué organizaciones y grupos de interés participan en los procesos de influencia sobre las decisiones comunitarias.

La clausura institucional estuvo a cargo de Consuelo Sánchez Naranjo, secretaria de Estado de Función Pública, quien subrayó el papel de los profesionales de las relaciones institucionales y señaló que «el valor de la profesionalización y la transparencia de esta actividad puede generar un impacto positivo en la sociedad».

Por su parte, Carlos Parry, presidente de APRI, definió la Cumbre como «el lugar ideal donde hacer visible la profesión de los asuntos públicos y donde reivindicar que la confianza no se construye de un día para otro».

Parry incidió, además, en la posición de APRI «como interlocutor de referencia del sector en España y comodefensor de una regulación equilibrada que aporte transparencia y visibilidad a la interlocución entre la sociedad civil y las administraciones públicas».

Con esta primera edición, APRI refuerza su compromiso con la profesionalización de los asuntos públicos y con el reconocimiento de una actividad esencial para conectar las demandas de la sociedad con la toma de decisiones públicas, fomentar la participación y contribuir al fortalecimiento de la calidad democrática.

Organizaciones que han hecho posible la I Cumbre de Asuntos Públicos de España

La celebración de la I Cumbre de Asuntos Públicos de España ha sido posible gracias al compromiso y la colaboración de numerosas organizaciones que comparten la importancia de promover una interlocución profesional, transparente y responsable.

La Cumbre ha contado con el apoyo de sus colaboradores principales: BME, Grupo Social ONCE, ING, Italfarmaco, Mutualidad y Naturgy; así como de las entidades colaboradoras: Foro Interalimentario, Marcas de Restauración y Spaak.

También ha recibido el respaldo de las consultoras supporter Burson, Evercom, LLYC, Political Intelligence, Roman, SEC Newgate y Silverback Advocacy.

Asimismo, ha contado con el apoyo de las siguientes entidades aliadas: ACOP, ADC, AP Institute, Access Info, Corporate Excellence, Dircom, DIRSE, EJE&CON, Foro de Marcas Renombradas Españolas, Fundación NovaGob, Fundación Princesa de Girona, Hay Derecho, Multinacionales con España, Political Watch y Transparency International España.

Sobre APRI

Fundada en 2008, la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales es la organización de referencia de los profesionales de los asuntos públicos en España. 

Con cerca de 350 socios y más de 30 empresas y entidades en su Foro de Organizaciones, APRI impulsa el reconocimiento, la regulación y la profesionalización de las relaciones institucionales, promoviendo un diálogo abierto y responsable entre las instituciones, las empresas y la sociedad civil.

Contacto de prensa 

Dircom: Montse Cerro

Correo electrónico: cumbre@relacionesinstitucionales.es 

Teléfono: 685 081 083

Web: https://relacionesinstitucionales.es/cumbre-asuntos-publicos/

• Las organizaciones firmantes reclaman la convalidación del Real Decreto-ley para regular los grupos de interés y su posterior tramitación como Proyecto de Ley para mejorar el texto, incorporar nuevas
  aportaciones y reforzar el consenso parlamentario.
• El texto incorpora numerosas enmiendas planteadas por los distintos grupos parlamentarios.

Madrid, 15 de septiembre de 2026. Coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Democracia, 13 organizaciones firmantes hacemos un llamamiento a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados para que apoyen este miércoles 16, la convalidación del Real Decreto-ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, conocida como el Real Decreto Ley de Lobbies, y acuerden, al mismo tiempo, su posterior tramitación como Proyecto de Ley.

La democracia no consiste únicamente en votar: también exige saber cómo se toman las decisiones públicas y quién participa e influye en ellas. En el Día Internacional de la Democracia, España tiene ante sí la oportunidad de cerrar una asignatura pendiente y dotarse, por fin, de reglas que hagan esa interlocución más transparente, íntegra y sometida a rendición de cuentas.

Esta regulación supone un avance largamente esperado para reforzar la transparencia, la integridad institucional y la calidad democrática en España. Ello no impide reconocer que tanto el procedimiento seguido para su aprobación como determinados aspectos de su contenido son susceptibles de mejora. Precisamente por este motivo, entendemos que la opción más adecuada es convalidar la norma para preservar sus avances y abrir posteriormente su tramitación parlamentaria para perfeccionarla y ampliar el consenso.

La regulación de los grupos de interés constituye una pieza esencial de cualquier democracia avanzada. Su finalidad no es limitar la participación de empresas, asociaciones, organizaciones sociales y profesionales, entidades académicas o ciudadanía en la elaboración de las políticas públicas, sino garantizar que esa interlocución entre intereses privados, sociedad civil e instituciones públicas se desarrolle con reglas claras, transparencia, integridad, rendición de cuentas y seguridad jurídica.

La norma cierra una laguna estructural de nuestro sistema de integridad pública: España ha sido hasta hoy uno de los pocos Estados miembros de la Unión Europea sin un registro obligatorio de grupos de interés de alcance estatal, una carencia señalada de forma reiterada por el GRECO del Consejo de Europa en sus Rondas de Evaluación Cuarta y Quinta y por los sucesivos Informes sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea.

Convalidar no significa asumir el texto como definitivo

Ante las críticas planteadas en los últimos días, las organizaciones firmantes consideramos necesario diferenciar entre las reservas sobre el vehículo jurídico utilizado y la necesidad de contar con una regulación.

La utilización del Real Decreto-ley puede suscitar legítimas objeciones. Sin embargo, su convalidación y posterior tramitación como Proyecto de Ley permite precisamente superar esas reservas, abriendo el texto al debate parlamentario, a las enmiendas y a las aportaciones de empresas, asociaciones, profesionales, organizaciones de la sociedad civil y del ámbito académico incluyendo las mejoras técnicas que resulten necesarias.

Además, buena parte de las medidas que incorpora el Real Decreto-ley responden a las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios en el Congreso sobre el Proyecto de Ley en tramitación, así como a los estándares y mecanismos ya presentes en las regulaciones de grupos de interés en la Unión Europea y otros países de nuestro entorno y en distintas comunidades autónomas españolas. No se trata, por tanto, de configurar un modelo excepcional, sino de avanzar hacia un marco homologable al de otras administraciones y democracias avanzadas.

Por ello, las posibles discrepancias sobre el procedimiento utilizado o sobre determinados contenidos de la norma no deberían conducir a su rechazo.

Las obligaciones de transparencia no deben confundirse con burocracia innecesaria. Los registros y deberes de información son instrumentos habituales en los sistemas de transparencia de nuestro entorno y, en todo caso, su aplicación podrá mejorarse y simplificarse durante la tramitación parlamentaria. La proporcionalidad de estas obligaciones y estas cargas son exactamente una de las cuestiones que la tramitación parlamentaria permite calibrar.

Votar en contra de esta regulación supondría mantener un marco que favorece la opacidad, dificulta la rendición de cuentas y deja sin respuesta riesgos como las puertas giratorias y la falta de transparencia en la toma de decisiones públicas.

Una oportunidad para preservar el avance y mejorar la norma

Tras años de debate, propuestas y trabajo parlamentario, existe ahora una vía que permite compatibilizar ambos objetivos: preservar el avance normativo alcanzado y, al mismo tiempo, perfeccionar el texto a través de su tramitación como Proyecto de Ley.

España tiene así la oportunidad de avanzar hacia un marco de gobernanza más abierto, transparente y participativo, alineado con los estándares europeos e internacionales de transparencia, integridad y buen gobierno.

Después de años de recomendaciones, demandas de la sociedad civil y trabajo previo, resultaría difícil justificar que España vuelva a quedarse sin una regulación de los grupos de interés cuando existe una fórmula que permite preservarla y, al mismo tiempo, mejorarla.

Por todo ello, las organizaciones firmantes reiteramos nuestro llamamiento a los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados para que apoyen la convalidación del Real Decreto-ley y su posterior tramitación como Proyecto de Ley. Al mismo tiempo, las entidades firmantes nos ofrecemos a aportar análisis técnico y evidencia comparada en ese proceso de la tramitación de Ley.

Organizaciones firmantes

Access Info Europe
www.access-info.org

Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI)
www.relacionesinstitucionales.es

Asociación Más Democracia, Mejor Política (+Democracia)
www.mas-democracia.org

España Mejor
https://esmejor.eu

Federación de Consumidores y Usuarios CECU
www.cecu.es

Fundación Ciudadana Civio
www.civio.es

Fundación Hay Derecho
www.hayderecho.com

Gobierno Transparente
https://gobiernotransparente.com/

Political Watch
www.politicalwatch.es

Public Affairs Community of Europe (PACE)
https://www.paceurope.eu

Red Académica de Gobierno Abierto (RAGA)
https://ragaesp.org/

Talento para el Futuro
www.talentoparaelfuturo.com

Transparency International España
www.transparencia.org.es

• La Asociación valora positivamente el contenido de la regulación, que recoge buena parte de las demandas históricas del sector, aunque no comparte la fórmula elegida para su aprobación
• El Real Decreto-ley incorpora buena parte de las aportaciones y cambios planteados por los grupos parlamentarios durante la tramitación del anterior proyecto de ley
• APRI considera que dejar decaer la norma supondría perder una oportunidad única para mejorar la transparencia, la participación y la calidad democrática

Madrid, 3 de septiembre de 2026. La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) pide a los grupos parlamentarios que apoyen en el Congreso de los Diputados la convalidación del Real Decreto-ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, aprobado por el Gobierno el pasado 25 de agosto, y eviten que España vuelva a quedarse sin una regulación estatal del lobby. APRI, que lleva más de una década defendiendo la necesidad de una regulación, considera que el texto incorpora una parte muy significativa de los postulados que el sector reclama desde hace años y buena parte de las aportaciones y enmiendas formuladas por los distintos grupos parlamentarios durante la tramitación del anterior proyecto de ley.

Entre los principales avances de la regulación, APRI destaca la creación de un registro público y obligatorio; la supervisión por una autoridad administrativa independiente, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno; el establecimiento de normas de conducta; la incorporación de la huella normativa para mejorar la trazabilidad de la toma de decisiones; y la existencia de un régimen sancionador que garantice el cumplimiento efectivo de las obligaciones establecidas.

Estos elementos permiten equiparar la regulación estatal de la representación de intereses con la existente en Bruselas y con la de numerosas comunidades autónomas que ya cuentan con normas en esta materia, avanzando hacia estándares compartidos de transparencia, integridad y profesionalización.

Convalidar ahora y mejorar después

APRI valora positivamente el contenido de la regulación y, en las actuales circunstancias, considera que lo más conveniente es garantizar su continuidad mediante la convalidación. Aunque la Asociación no comparte la fórmula elegida para su aprobación mediante Real Decreto-ley y hubiera preferido que una regulación de esta relevancia se tramitara por la vía parlamentaria ordinaria, con el correspondiente debate y consenso entre los grupos, entiende que dejar decaer ahora la norma supondría perder los avances alcanzados y volver a una situación de ausencia de regulación estatal. Por ello, APRI defiende su convalidación, sin perjuicio de que en el futuro puedan introducirse las mejoras o modificaciones que resulten necesarias.

“España necesitaba desde hace demasiado tiempo una regulación del lobby que estableciera unas reglas claras para todos y contribuyera a acabar con la confusión que todavía existe en torno a una actividad profesional y legítima. No compartimos la fórmula utilizada, pero hoy tenemos una norma en vigor que recoge los elementos básicos que el sector lleva años reclamando y creemos que debe mantenerse vigente”, señala Carlos Parry, presidente de APRI.

La Asociación subraya que su apoyo a la convalidación no implica considerar que el texto sea definitivo. APRI continuará trabajando para impulsar aquellas mejoras y perfeccionamientos que sean necesarios, pero considera que esas reformas deben realizarse sobre un marco regulatorio existente y no volviendo al punto de partida.

Ante la próxima decisión del Congreso de los Diputados, APRI ya está manteniendo conversaciones con los distintos grupos parlamentarios para trasladar su posición y defender la continuidad de la norma, desde la absoluta neutralidad política de la Asociación y la defensa de la profesión.

Una reforma necesaria para mejorar la calidad democrática 

Para APRI, la regulación del lobby es, ante todo, una cuestión de transparencia y calidad democrática.

Contar con una regulación clara permite conocer quién participa en los procesos de elaboración de políticas públicas, qué intereses representa y qué aportaciones realiza a los procesos de decisión. También contribuye a normalizar la interlocución entre las instituciones y la sociedad civil, las empresas, las asociaciones, las organizaciones sociales y el repto de actores que legítimamente tratan de trasladar sus posiciones a los poderes públicos.

Los grupos políticos afrontarán la convalidación desde sus respectivas posiciones y circunstancias parlamentarias, pero creemos que esta regulación debe analizarse desde una perspectiva más amplia, ya que mejora la participación democrática, aporta transparencia a la toma de decisiones y fortalece la calidad de nuestras instituciones”, señala Irene Matías, vicepresidenta de APRI y coordinadora de su Comité de Regulación.

Tras más de una década de trabajo para conseguir una regulación estatal, APRI considera que sería difícil entender que una norma largamente reclamada por la profesión y que incorpora numerosas aportaciones realizadas durante su tramitación parlamentaria decayera ahora.

“Estamos ante una oportunidad única para consolidar el reconocimiento, la transparencia y la profesionalización de nuestra actividad. Desde APRI vamos a seguir trabajando activamente para favorecer la convalidación y para que esta regulación pueda seguir mejorándose en el futuro”, concluye el presidente de APRI.

Sobre APRI

Fundada en 2008, la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales representa a los profesionales de los asuntos públicos, las relaciones institucionales y el lobby en España.

Con más de 300 socios y más de 30 organizaciones de distintos sectores económicos y sociales en su seno, y con actividad en Madrid, Bruselas, Cataluña y Canarias, la asociación trabaja para promover una actividad transparente, ética y profesional, basada en estándares de buenas prácticas y reglas claras en la relación entre la sociedad civil, las empresas, las organizaciones y los poderes públicos.

• Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados, y Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, figuran entre los representantes institucionales confirmados.
• La cita reunirá el 8 de octubre a responsables públicos, líderes empresariales, entidades sociales y profesionales de las relaciones institucionales.
• La Cumbre nace con la vocación de convertirse en el gran espacio anual de referencia de los asuntos públicos en España.

Madrid, 23 de julio de 2026. La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) celebrará el próximo 8 de octubre, en el Palacio de la Bolsa de Madrid, la I Cumbre de Asuntos Públicos de España, la primera gran cita profesional de ámbito nacional concebida para reunir a las principales voces del diálogo entre las instituciones, las empresas y la sociedad civil.

Bajo el lema «Diálogo, influencia, futuro», la Cumbre congregará a representantes institucionales, líderes empresariales, entidades sociales, expertos nacionales e internacionales y profesionales de los asuntos públicos. Con el objetivo de reflexionar sobre los principales desafíos políticos, económicos y sociales y sobre la contribución del sector a la mejora de las políticas públicas.

Entre los participantes confirmados se encuentran perfiles institucionales como Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados, y Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno de España. También altos representantes corporativos como Juan Ramón Flames, CEO de BME, y profesionales de relevancia internacional, como Ana García Robles, responsable del Laboratorio de Gobernanza de la IA para la Humanidad de Naciones Unidas.

La jornada contará también con representantes de organizaciones como el Grupo Social ONCE, la Asociación Española Contra el Cáncer, la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, FEDER y otras entidades de la sociedad civil.

La dimensión internacional estará representada, entre otros, por Gustavo Almaraz, presidente de PROCAB, organización de referencia del sector en México, y Nicola del Valle, presidente de Serving Europe, entidad vinculada al ecosistema europeo de los asuntos públicos en Bruselas.

A lo largo de la jornada se celebrarán conversaciones y paneles sobre la dimensión europea de la agenda pública española, el liderazgo social, la inteligencia artificial, los desafíos del sector y la importancia del diálogo público-privado en la construcción de una sociedad más cohesionada.

El encuentro busca favorecer el intercambio de experiencias, identificar oportunidades de colaboración y avanzar hacia un modelo de diálogo público-privado más transparente, eficaz y alineado con las necesidades de la sociedad.

La Cumbre cuenta con el respaldo de colaboradores principales como BME, Grupo Social ONCE, Naturgy, ING e Italfarmaco, además de empresas, consultoras, medios de comunicación y organizaciones comprometidas con el desarrollo y la profesionalización de los asuntos públicos en España.

Para Carlos Parry, presidente de APRI, “la I Cumbre de Asuntos Públicos de España nace de la necesidad de generar más diálogo, más entendimiento y una mayor profesionalización del sector”. “Queremos poner de manifiesto que los asuntos públicos, ejercidos con ética, transparencia y rigor, contribuyen a mejorar las políticas públicas, fortalecer las instituciones y favorecer decisiones más informadas y sólidas”, añade.

La I Cumbre de Asuntos Públicos de España aspira a convertirse en un espacio estable de encuentro entre responsables públicos, empresas, profesionales, universidades y organizaciones de la sociedad civil. Una jornada para compartir experiencias y propuestas concretas, pero también para reflexionar sobre la forma en la que se construye, se ejerce y se explica la influencia legítima en una democracia avanzada.

La inscripción ya está abierta a través de la web de la I Cumbre de Asuntos Públicos de España, donde puede consultarse el programa, los participantes confirmados y las distintas modalidades de inscripción y colaboración.

Sobre APRI

Fundada en 2008, la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales es la organización de referencia de los profesionales de los asuntos públicos en España. 

Con más de 300 socios y de 30 empresas y organizaciones miembro, APRI impulsa el reconocimiento, la regulación y la profesionalización de la actividad, promoviendo un diálogo abierto y responsable entre las instituciones, las empresas y la sociedad civil.