• APRI celebró su XVI Asamblea General, donde anunció la aprobación del primer diploma de lobistas certificado por una universidad pública.
  • La Asamblea aprobó la incorporación a la Junta Directiva de Borja de la Torre y ratificó los nombramientos de Yolanda Vega y Juan Herrero como secretaria y tesorero.
  • Asimismo, APRI informó de las actividades que realizará próximamente como fruto de sus convenios con el Parlamento Europeo y la Asociación Española de Protocolo.

Madrid, 24 de abril de 2024.

La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) celebró ayer en Madrid su XVI Asamblea General, presidida por su presidente, Carlos Parry, con la participación de más de sesenta socios. Durante la reunión, que tuvo lugar en el campus La Matriz, se ratificó el nombramiento de Yolanda Vega (directora de Asuntos Públicos de BCW España) como Secretaria y de Juan Herrero (director de Asuntos Europeos en Mercadona) como tesorero de la entidad. Asimismo, se aprobó la incorporación de Borja de la Torre (experto en Relaciones Institucionales en MAPFRE) como miembro de la Junta directiva de APRI.

Diploma APRI-UAM

En la Asamblea se anunció la reciente aprobación del Diploma de Experto en Asuntos Públicos, Relaciones Institucionales y Lobby por parte de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). El programa se impartirá entre septiembre 2024 y junio 2025 en el campus del centro universitario. Esta iniciativa refuerza uno de los principales objetivos de la Asociación, que es promover la profesionalización y el reconocimiento del lobby.

A través de este programa académico, APRI eleva los estándares de formación en este campo crucial para las relaciones público–privadas y el funcionamiento de la sociedad democrática. Su objetivo es proporcionar una visión metodológica de la actividad y fomentar prácticas profesionales responsables y sólidas entre sus miembros y otros profesionales del sector.

El diploma, con más de medio centenar de docentes académicos y profesionales, consta de tres módulos fundamentales para la profesión: “Claves de la colaboración público-privada”, “Metodología del lobby” y “Aplicación por sectores”. Además, los participantes tendrán la oportunidad de profundizar a través de un Trabajo de Fin de Título en el que podrán aplicar de forma práctica los contenidos adquiridos durante el curso.

Impulso de las alianzas

Además, durante la Asamblea se ha informado de que el acuerdo de colaboración entre APRI y la Asociación Española de Protocolo se va a concretar en la celebración en las próximas semanas de la primera actividad de intercambio formativo entre ambas entidades, que comparten el deseo de contribuir al prestigio y profesionalización de dos sectores colindantes.

Asimismo, la Asamblea pudo conocer la puesta en marcha de las actividades que APRI va a desarrollar para impulsar la participación en las elecciones europeas en el marco de su convenio con el Parlamento Europeo. De esta manera, a mediados de mayo tendrá lugar en Madrid un encuentro con varios eurodiputados sobre la situación actual de la Unión Europea.

La vicepresidenta de APRI, Irene Matías, lideró la exposición de la hoja de ruta para los siguientes cuatro años. Finalmente, el presidente, Carlos Parry, clausuró el evento enfatizando en el compromiso continuo de la asociación con la promoción de estándares de excelencia y ética en el ámbito de las relaciones institucionales, los asuntos públicos y el lobby. Además, resaltó la importancia de la formación, comunicación, regulación, alianzas y mentorizacion para la profesionalización y la legitimación del sector.

Sobre APRI

Fundada en el 2007, APRI representa a los profesionales de las relaciones institucionales y los asuntos públicos en España con el objetivo de prestigiar la profesión y concienciar acerca de su valor a toda la sociedad, especialmente a los responsables de organizaciones como empresas, ONGs o asociaciones empresariales.

Las relaciones institucionales deben ser el nexo más eficaz entre los legítimos intereses de la sociedad civil y las decisiones de interés general que toman los responsables políticos y los poderes públicos.

APRI cuenta con más de 200 profesionales y 20 organizaciones de todo el país y aboga por la regulación de la actividad mediante medidas similares al Registro de Transparencia existente en las instituciones europeas.

Además, APRI es entidad fundadora y miembro de la Plataforma Europea de Asuntos Públicos (Public Affairs Community of Europe -PACE-), creada en 2018 para agrupar a todas las organizaciones nacionales de profesionales de asuntos públicos del continente.

Para más información

Jorge Aliende, director general de APRI

Correo electrónico: jaliende@relacionesinstitucionales.es

Teléfono: +34 623 176 704.

  • APRI y el Parlamento Europeo suscriben un convenio para promover una mayor participación en las elecciones europeas.
  • APRI se compromete a acercar la actividad política y regulatoria europea a los ciudadanos españoles.
  • Mediante el acuerdo, APRI se compromete a desarrollar un plan de actividades y acciones de comunicación que ayuden a multiplicar la repercusión de las campañas puestas en marcha por el Parlamento Europeo para visibilizar la importancia y el impacto de las políticas europeas en España.

Bruselas, 15 de abril de 2024

El presidente de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), Carlos Parry, y el director general de Comunicación y portavoz del Parlamento Europeo, Jaume Duch, han firmado en Bruselas un acuerdo de colaboración encaminado a fortalecer el compromiso democrático en la Unión y animar al mayor número posible de ciudadanos a implicarse en el proceso democrático europeo.

El acuerdo entre APRI y el Parlamento Europeo para fomentar la participación en las elecciones europeas pretende contribuir al fortalecimiento de la democracia en la Unión Europea amplificando el impacto de las campañas destinadas a involucrar a los ciudadanos en el proceso democrático europeo.

La participación de los españoles en el proceso democrático europeo es fundamental por varias razones importantes: permite que España tenga una voz influyente en la formulación de políticas y la toma de decisiones a nivel de la UE, y es esencial para garantizar una UE democrática, representativa y sólida, así como para promover la cooperación y la protección de los derechos e intereses de los ciudadanos españoles en toda Europa.

APRI, una organización que representa a profesionales de las relaciones institucionales y los asuntos públicos en España, se compromete a acercar la actividad política y regulatoria europea a los ciudadanos españoles. Esta iniciativa contribuye a estrechar los vínculos entre la sociedad civil y las instituciones europeas, promoviendo un diálogo más transparente y participativo.

El compromiso de APRI con la transparencia y la integridad en el ámbito de las relaciones institucionales es evidente en su propuesta de establecer un Registro de Transparencia similar al de las instituciones europeas en España, para normalizar la actividad de lo lobby y asuntos públicos y dotarla de un marco transparente de actuación. Esta propuesta demuestra un firme compromiso con los más altos estándares éticos en su campo.

Mediante el acuerdo, que ha entrado en vigor en el momento de su firma, APRI se compromete a desarrollar un plan de actividades y acciones de comunicación que ayuden a multiplicar la repercusión de las campañas puestas en marcha por el Parlamento Europeo para visibilidad la importación y el impacto de las políticas europeas en España. De hecho, el Plan Anual Normativo de 2024 de la Administración General del Estado contempla la integración de 62 iniciativas normativas de la Unión Europea en el ordenamiento jurídico interno, lo que representa un 31% del total. Este hecho subraya la notable influencia de las regulaciones europeas en las políticas nacionales.

El presidente de APRI, Carlos Parry, ha definido el acuerdo como “una muestra del compromiso de APRI y su junta directiva con el fortalecimiento de las instituciones europeas, donde se regulan una gran cantidad de asuntos que impactan en la vida de los ciudadanos. APRI trabaja para construir un escenario institucional en el que el diálogo público-privado se lleve a cabo bajo los más altos estándares de transparencia, integridad y profesionalidad”.

Las actividades contempladas en el acuerdo permitirán a APRI acercar la actividad política y regulatoria europea a los ciudadanos y fortalecer los vínculos de la asociación con el Parlamento Europeo, institución que cuenta con Registro de Transparencia similar al que APRI propone para la regulación del sector en España.

Sobre APRI

Fundada en 2007, APRI representa a los profesionales de las relaciones institucionales y los asuntos públicos en España con el objetivo de prestigiar la profesión y concienciar acerca de su valor a toda la sociedad, especialmente a los responsables de organizaciones como empresas, ONGs o asociaciones empresariales.

Las relaciones institucionales deben ser el nexo más eficaz entre los legítimos intereses de la sociedad civil y las decisiones de interés general que toman los responsables políticos y los poderes públicos.

APRI cuenta con más de 200 profesionales y 20 organizaciones de todo el país y aboga por la regulación de la actividad mediante medidas similares al Registro de Transparencia existente en las instituciones europeas.

Además, APRI es entidad fundadora y miembro de la Plataforma Europea de Asuntos Públicos (Public Affairs Community of Europe- PACE), creada en 2018 para agrupar a todas las organizaciones nacionales de profesionales de asuntos públicos del continente.

Para más información 

Director general de APRI, Jorge Aliende.

Correo electrónico: jaliende@relacionesinstitucionales.es

Madrid, 4 de abril de 2024


La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), que representa a los profesionales del sector de las relaciones institucionales, los asuntos públicos y el lobby en España, ha nombrado director general a Jorge Aliende, quien desde diciembre de 2021 era director de socios y desarrollo de la Cámara de Comercio Británica en España.


Con una dilatada experiencia en desarrollo de negocio, comunicación y gestión reputacional, Aliende ha centrado sus diez años de carrera profesional en el ámbito de la las relaciones institucionales y la comunicación, liderando proyectos como la puesta en marcha de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra en Madrid o el crecimiento de la organización comercial hispano-británica. En su incorporación a APRI, el nuevo director ha afirmado los profesionales de las relaciones institucionales y los asuntos públicos “viven un momento clave. Nos encontramos en medio de un período de crecimiento y valor de la profesión, impulsado por la creciente complejidad de un entorno económico, social y político cambiante”. Además, ha añadido “Para mí es un honor contribuir al desarrollo, al fortalecimiento y a la reputación de esta importante área profesional para las organizaciones y el sistema democrático en su conjunto. El sector público y privado deben fortalecer lazos y los profesionales de las relaciones institucionales y los asuntos públicos cumplen aquí un importante papel”.

Jorge Aliende, nacido en Pamplona, ha cursado el Máster Ejecutivo en Reputación Corporativa de la Universidad de Navarra y es graduado en Relaciones Internacionales, Periodismo e Historia. Asimismo, ha completado su formación con programas internacionales en el Kings College de Londres y la Universidad de Boston.

El nombramiento de la nueva dirección general de APRI coincide con la reciente renovación de su junta directiva, liderada por su presidente Carlos Parry, la vicepresidenta, Irene Matías, la secretaria, Yolanda Vega, y el tesorero, Juan Herrero. Este equipo, compuesto por doce destacados profesionales del sector, se ha comprometido a fortalecer la profesión de las relaciones institucionales y los asuntos públicos en España. Su enfoque incluye reforzar el conocimiento y la legitimidad las relaciones institucionales, los asuntos públicos y el lobby; crear una comunidad de profesionales de referencia; promover la formación y la excelencia profesional y trabajar para poner en valor de la profesión ante el sector público, político, empresarial y social.


A pesar de la falta de regulación transparente para cuantificar los profesionales y organizaciones en relaciones institucionales y asuntos públicos en España, se estima que hay miles de ellos. Durante más de 15 años, APRI ha promovido un modelo ético y transparente en esta profesión. Con el tiempo, el papel de estas relaciones como herramienta democrática ha se ha incrementado y es reconocido por los poderes públicos. Un estudio reciente de APRI destaca la utilidad del contacto con estos profesionales para detectar necesidades y medir el impacto de políticas públicas. Los resultados del informe subrayan la importancia de estos profesionales para comprender y abordar las necesidades sociales y mejorar la calidad democrática.


Sobre APRI

Fundada en el 2007, APRI representa a los profesionales de las relaciones institucionales y los asuntos públicos en España con el objetivo de prestigiar la profesión y concienciar acerca de su valor a toda la sociedad, especialmente a los responsables de organizaciones como empresas, ONGs o asociaciones empresariales. Las relaciones institucionales deben ser el nexo más eficaz entre los legítimos intereses de la sociedad civil y las decisiones de interés general que toman los responsables políticos y los poderes públicos.

APRI cuenta con más de 200 profesionales y 20 organizaciones de todo el país y aboga por la regulación de la actividad mediante medidas similares al Registro de Transparencia existente en las instituciones europeas. Además, APRI es entidad fundadora y miembro de la Plataforma Europea de Asuntos Públicos (Public Affairs Community of Europe -PACE-), creada en 2018 para agrupar a todas las organizaciones nacionales de profesionales de asuntos públicos del continente.


Para más información
Vocal de Comunicación de APRI, Elia Ferrer (+34 616 58 48 43)

  • APRI pide proteger el derecho de participación de todos los ciudadanos y organizaciones con intereses económicos o sociales en la vida pública y política como una responsabilidad constitucional de los poderes públicos.
  • Los lobistas urgen normalizar y regular el lobby en España, la ausencia de una regulación de la interacción entre los ciudadanos y los poderes públicos socava la integridad, independencia y trato igualitario de nuestras instituciones democráticas.

Madrid, 20 de marzo de 2024

Los profesionales de las relaciones institucionales, los asuntos públicos y el lobby integrados en Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales (APRI) piden proteger el derecho de participación y urgen regular el lobby en España para normalizar su actividad y garantizar un proceso de participación pública transparente, equitativo y responsable, contribuyendo al fortalecimiento de la democracia.

Los profesionales de los asuntos públicos y el lobby subrayan la responsabilidad constitucional de los poderes públicos de fomentar y facilitar la participación de todos los ciudadanos y organizaciones con intereses económicos o sociales, en la vida pública y política, garantizando la igualdad de condiciones y eliminando barreras al acceso a las instituciones públicas. Estos encuentros no comprometen la independencia en la formulación de políticas públicas; por el contrario, promueven un proceso más inclusivo y democrático enriqueciendo la diversidad de información disponible para la toma de decisiones.

APRI recuerda que el derecho de participación es un pilar fundamental de cualquier democracia, ya que garantiza la legitimidad y la efectividad de las políticas públicas. Todos los actores, ya sean ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, empresas u ONGs, deben tener igualdad de acceso y oportunidades para contribuir en la toma de decisiones relacionadas con los asuntos de interés público.

Limitar la participación a los grupos de interés no solo va en contra de múltiples leyes y directrices europeas de participación efectiva de los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil en los procesos de elaboración de políticas públicas, sino que también vulnera los principios constitucionales de participación ciudadana recogidos en el artículo 23 y 9.2 de la Constitución Española, que establece el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos y en la vida política, económica, cultural y social, ya sea directamente o a través de representantes, promoviendo así la democracia participativa.

En palabras de Irene Matías, vicepresidenta de APRI “Promover  que los ciudadanos, organizaciones con o sin intereses económicos participen en la vida pública y políticas, a través de consultas públicas, audiencias, foros de discusión o reuniones con los responsables públicos y políticos, no solo fortalece la legitimidad de las decisiones públicas y políticas, sino que también enriquece el proceso democrático al incorporar una diversidad de perspectivas, experiencias y puntos de vista en la elaboración de políticas públicas”.

A nivel Europeo, el Tratado de Lisboa, además, refuerza el principio de participación ciudadana en la Unión Europea. En particular, establece disposiciones para promover la democracia participativa y la ciudadanía activa a través de un diálogo abierto y transparente. Esto implica consultar a las partes interesadas y a los ciudadanos en la elaboración de políticas.  Sin ir muy lejos, en Bruselas las instituciones de la UE realizan procesos participativos y transparentes para cualquier reforma legislativa.

Para promover la participación efectiva, APRI urge normalizar y regular el lobby en España, una reivindicación unida a la propia fundación de la asociación hace 15 años. La ausencia de una regulación de la interacción entre los ciudadanos y los poderes públicos socava la integridad, independencia y trato igualitario de nuestras instituciones democráticas.

La transparencia en la toma de decisiones políticas y legislativas es fundamental para garantizar la rendición de cuentas y la confianza en las instituciones democráticas. Cuando los procesos de toma de decisiones son transparentes, los ciudadanos pueden entender mejor cómo y por qué se toman ciertas decisiones, lo que promueve una mayor participación y confianza en el sistema político y democrático.

Para Elia Ferrer, responsable de regulación de APRI: “Ante un contexto cada vez más complejo, se hace más crucial que nunca establecer normativas que promuevan la transparencia en la toma de decisiones políticas y legislativas. La colaboración público-privada se vuelve cada vez más necesaria para el desarrollo de políticas públicas efectivas”.

Sobre APRI    

Fundada en el año 2007 por profesionales de las relaciones institucionales y asuntos públicos en España, APRI nació para cubrir un vacío en la representación y asociacionismo de esta profesión. Su objetivo es hacer de las relaciones instituciones y lobby una profesión de reconocido prestigio y valor para toda la sociedad y, en especial, para los responsables de todo tipo de organización, como compañías, ONG o asociaciones empresariales. Una profesión que sirva como nexo más eficaz entre los legítimos intereses de la sociedad civil y las decisiones de interés general que toman los responsables políticos y los restantes poderes públicos de la Administración Central y de sus Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.

APRI dispone de un código de conducta de autorregulación que todos sus asociados están obligados a firmar para asociarse. APRI cuenta con cerca de 200 profesionales y 21 organizaciones, que abogan por la regulación de la actividad a través de la creación de un registro de grupos de interés, similar al Registro de Transparencia que ya existe ante el Parlamento y la Comisión Europea. APRI es, además, fundador y miembro de la Plataforma Europea de Asuntos Públicos (Public Affairs Community of Europe- PACE-) creada en el 2018 como plataforma de todas las organizaciones nacionales de profesionales de asuntos públicos europeos.

Para más información:

 informacion@relacionesinstitucionales.es

+34 616 58 48 43

+34 609 12 82 87

Profesionales de las Relaciones Institucionales y del Protocolo firman un acuerdo de colaboración para fortalecer y profesionalizar las relaciones con las instituciones

           Madrid, 13 de marzo 2024

La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) y la Asociación Española de Protocolo (AEP) han firmado un acuerdo de colaboración con el objeto de fortalecer y mejorar las interacciones institucionales en el ámbito nacional y trabajar conjuntamente por el desarrollo, formación y divulgación sobre la importancia de las relaciones institucionales, asuntos públicos y el protocolo profesional.

En la firma de este acuerdo, participaron las presidencias y vicepresidencias de ambas organizaciones, contando con la presencia de Ramón Peche, presidente de la AEP, y su vicepresidenta, Gema Martos; así como Carlos Parry, presidente de APRI, y su vicepresidenta, Irene Matías.

Ambas disciplinas comparten el objetivo común de gestionar la comunicación con instituciones, mejorando su posicionamiento y reputación ante los distintos stakeholders. Entre los objetivos de las relaciones institucionales se encuentra mantener relaciones sólidas y eficaces con diversos actores, como gobierno, asociaciones, empresas, medios de comunicación y la sociedad en general; el en cambio protocolo asegura que estas interacciones se realicen de manera formal y respetuosa, contribuyendo al fortalecimiento de la reputación. De esta manera, la colaboración entre ambas entidades se presenta como una oportunidad para reforzar ambas disciplinas.

Así, ambas organizaciones han acordado apoyar y colaborar en el desarrollo de formaciones que ambas instituciones consideren de interés para sus socios, así como poner en práctica una línea de asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con la actividad de ambas entidades. Además, colaborarán para explicar la importancia de profesionalizar ambas disciplinas y explicar el valor de las mismas.

Tanto APRI como la AEP promoverán el desarrollo y la profesionalización de las relaciones institucionales, el protocolo y la organización de eventos; realizarán cursos, seminarios, conferencias y talleres de formación, así como se podrá facilitar el intercambio de libros, documentos y demás material bibliográfico.

Este acuerdo, de carácter indefinido, supone beneficios para los socios de ambas organizaciones, como pueden ser condiciones económicas ventajosas en servicios de asesoría en materias de Protocolo y en la organización de eventos y cursos ofrecidos por la AEP. Por su parte, los socios de la AEP podrán acceder a las actividades de APRI con descuentos de asociados.

Todas las actividades propiciadas desde este acuerdo de comunicación, se darán a conocer a través de los medios de comunicación de ambas asociaciones, así como en redes sociales foros, eventos y congresos en los que participen.

“El acuerdo firmado es crucial para ambas organizaciones, ya que ambas disciplinas se complementan y trabajan de la mano para mejorar la imagen institucional de las organizaciones antes las instituciones públicas y políticas” ha dicho Carlos Parry, Presidente de APRI.

Por su parte, Ramón Peche, Presidente de AEP, ha asegurado que “la colaboración entre ambas asociaciones es fundamental para que se profundice en el conocimiento y formación de ambas profesiones de forma eficiente”.

Sobre APRI    

Fundada en el año 2007 por profesionales de las relaciones institucionales y asuntos públicos en España, APRI nació para cubrir un vacío en la representación y asociacionismo de esta profesión. Su objetivo es hacer de las relaciones instituciones y lobby una profesión de reconocido prestigio y valor para toda la sociedad y, en especial, para los responsables de todo tipo de organización, como compañías, ONG o asociaciones empresariales. Una profesión que sirva como nexo más eficaz entre los legítimos intereses de la sociedad civil y las decisiones de interés general que toman los responsables políticos y los restantes poderes públicos de la Administración Central y de sus Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.

APRI dispone de un código de conducta de autorregulación que todos sus asociados están obligados a firmar para asociarse. APRI cuenta con cerca de 200 profesionales y una veintena de organizaciones, que abogan por la regulación de la actividad a través de la creación de un registro de grupos de interés, similar al Registro de Transparencia que ya existe ante el Parlamento y la Comisión Europea. APRI es, además, fundador y miembro de la Plataforma Europea de Asuntos Públicos (Public Affairs Community of Europe- PACE-) creada en el 2018 como plataforma de todas las organizaciones nacionales de profesionales de asuntos públicos europeos.

Sobre AEP

AEP fue fundada en 1992 con el objeto de agrupar y defender los intereses de los profesionales vinculados al mundo del protocolo, la organización de eventos, el ceremonial y otras disciplinas de este ámbito, uniendo competencias y recursos y coordinando acciones comunes para el beneficio del conjunto de sus asociados. Tiene como misión poner en valor la función del protocolo en las organizaciones, de tal forma que sus responsables sean considerados como parte estratégica en el desarrollo de la actividad corporativa.

AEP agrupa a más de 300 profesionales y técnicos de protocolo de las más importantes empresas e instituciones de España, así 15 como entidades académicas y profesionales en calidad de socios corporativos, poniendo de manifiesto que el asociacionismo permite superar las limitaciones individuales para hacer frente a desafíos comunes mayores, acrecentando la representatividad ante las instituciones y la sociedad. Entre estos grandes desafíos, destaca la creación de un Colegio Profesional tras la aprobación en el año 2011 de los estudios oficiales de Grado en Protocolo y Organización de Eventos y Relaciones Institucionales que permita amparar y regular la profesión.

AEP es fundadora y miembro de la Organización Internacional de Ceremonial y Protocolo (OICP), organización sin ánimo de lucro que agrupa asociaciones profesionales y entidades de distintos países cuyos objetos sociales principales se centran en el desarrollo del protocolo y el ceremonial, de la profesión y de sus profesionales.

Para más información:

Elia Ferrer, informacion@relacionesinstitucionales.es +34 616 584 843

Raquel Peche, secretariatecnica@aeprotocolo.org +34 639 511 849

El martes 7 de marzo LLYC acogió en su oficina de Madrid el encuentro organizado por el grupo de trabajo de APRI Salud con Elena Mantilla, Directora General de Inspección, Ordenación y Estrategia Sanitaria de la Comunidad de Madrid y Secretaria de Sanidad del PP de Madrid, quien expuso el estado de la Sanidad madrileña reflejado en cifras de su actividad asistencial, así como el cambio importante en la agilización de los plazos de los visados de los medicamentos que debe hacer la inspección médica, sin afectar a la seguridad de los casi millón y medio de pacientes crónicos que han salido beneficiados con el visado por autocontrol donde el inspector médico evalúa el visado en la primera prescripción y las sucesivas son automáticas. El visado tradicional, donde interviene un inspector en cada prescripción, sigue vigente para otras muchas prescripciones.

Es de significar que, para potenciar la calidad asistencial y la seguridad del paciente, en este último año se han incrementado significativamente el número de actuaciones inspectoras, proponiendo la adopción de las medidas adecuadas para preservar la salud de los ciudadanos, en aquellos supuestos en los que se detectó la existencia de un riesgo en la actividad asistencial de los centros sanitarios de la Comunidad de Madrid. Y ello porque, sólo a través de la vigilancia del cumplimiento de la legislación sanitaria, puede asegurarse la calidad de las prestaciones y servicios sanitarios y la efectividad de los derechos de los ciudadanos en el ámbito sanitario.

Elena Mantilla puso también en valor todos los avances conseguidos al impulsar nuevos e importantes cambios normativos propiciados por las mejoras en los últimos años en las técnicas diagnósticas y terapéuticas, los progresos tecnológicos y los cambios culturales y sociales producidos, que han modificado la forma de entender la asistencia sanitaria mientras que, paralelamente, se ha producido un incremento de la preocupación por la calidad asistencial, por la seguridad clínica y por el trato dispensado a los pacientes.

Entre estos logros se encuentran:

El Decreto de Seguridad del Paciente, cuyo objetivo es la protección de la salud de los ciudadanos que asegura la calidad y seguridad de la asistencia que se presta a los mismos, consolidando la cultura de seguridad en todos los centros sanitarios públicos y privados de la Comunidad de Madrid

La actualización del Decreto 51/2006 de autorización de centros y servicios sanitarios, actualmente pendiente del informe solicitado a la Abogacía de la Comunidad de Madrid, que:

Elimina trabas administrativas incrementando las renovaciones por declaración responsable y, salvo regulación específica, aumentando el plazo para las mismas de 5 a 8 años. Mejora la seguridad y la calidad en los servicios que ofrecen los centros en cuya oferta asistencial dispongan de bancos de tejidos, gametos y embriones. Simplifica los trámites de autorización de los centros y servicios de Reproducción Humana Asistida. Establece la obligatoriedad de la subscripción de un seguro, que asegure la solvencia frente a posibles accidentes que afecten a la crioconservación de gametos y embriones y, como novedad, cubre la cesión de los bancos de gametos y embriones a otro centro autorizado, en el supuesto de cese de actividad del centro tanto provisional como definitiva. Y, por último, ofrece nuevas ofertas asistenciales a domicilio.

La LEY 13/2022, de 21 de diciembre, de Ordenación y Atención Farmacéutica de la Comunidad de Madrid que regula, entre otras medidas, la atención farmacéutica domiciliaria, la creación del Registro de establecimientos y servicios farmacéuticos, con especial apoyo a la farmacia rural, y la actualización de la regulación de la publicidad de las oficinas de farmacia. 

Dentro de la Estrategia 2022-2026 de Protección a la Maternidad y Paternidad y de Fomento de la Natalidad, entre las 80 medidas que se implementaran antes de 2026 se encuentra la elaboración, en este momento por parte de la Dirección General, de una nueva Orden de requisitos técnicos y funcionales de los centros y servicios de reproducción humana asistida en la Comunidad de Madrid. Su objetivo principal es dar una mayor seguridad jurídica en esta materia, con la finalidad de mejorar la calidad de la asistencia que se proporciona a los ciudadanos, garantizando que todos los centros y servicios cuenten con los medios técnicos, instalaciones y profesionales necesarios para desarrollar las actividades a las que van destinados.

Finalmente, se presentaron algunos de los proyectos futuros que están previstos en la Dirección General para optimizar tiempos y mejorar la utilización de recursos, como es la implementación del proyecto piloto para la emisión de bajas médicas en centros hospitalarios, con el fin de disminuir la carga asistencial en Atención Primaria.

Durante el turno de preguntas, los socios de APRI querían conocer cómo se organizaba la ponente para simultanear sus obligaciones como alto cargo de la administración sanitaria con las de Secretaría de Sanidad del PP de Madrid, respondiendo que son tareas a las que dedica todas las horas necesarias, habiendo realizado ya más de 60 reuniones, desde mayo 2022 a febrero 2023, con los agentes más relevantes del sector sanitario con el propósito de elaborar el programa sanitario del futuro de la Sanidad de Madrid. 

  • Los lobistas llevan años autorregulándose ante la falta de interés institucional por hacerlo, pese a que existen suficientes precedentes, contenido y experiencias para aprobar una regulación.
  • En todo caso, las Cortes Generales cuentan con un Código de Conducta que debería ser suficiente para abordar el escándalo.

APRI, la asociación que agrupa y defiende los intereses de los lobistas españoles, quiere manifestar su preocupación por las declaraciones de algunos responsables políticos que establecen una relación causal entre los presuntos delitos cometidos en el conocido como “caso Berni” y la falta de regulación de los lobbies en las Cortes Generales.


La regulación de los lobbies o grupos de interés en las distintas instituciones públicas es algo que APRI viene reclamando desde hace más de una década y tiene el objetivo de introducir transparencia, aumentar la rendición de cuentas, y mejorar la calidad de las normas a través de la participación de la sociedad civil en los asuntos públicos, en desarrollo de los artículos 9.3 y 23 de la Constitución. No es el objetivo de esta regulación prevenir la corrupción política, asunto reservado, como es lógico, al Código Penal.


Autorregulación y código de conducta
Somos los propios lobistas los que nos venimos autorregulando desde hace años y, en el caso de APRI, la Asociación cuenta con un exigente código de conducta que marca las pautas deontológicas de la actividad de sus asociados así como con una propuesta de regulación amplia, completa y perfectamente adaptada a nuestro entorno institucional, que ha puesto a disposición y ha explicado a todas las instituciones que han mostrado interés en ello.


En todo caso, y ante la ausencia de una regulación específica sobre los grupos de interés, debería aplicarse el Código de Conducta de las Cortes Generales, que languidece debido a la ausencia de interés por parte de las Cámaras en su aplicación. Sus artículos 2 y 6 habrían prevenido las acciones presuntamente desarrolladas por el exdiputado Curbelo, y en lugar de una Comisión de Investigación, con los costes que supone y la detracción de recursos a otras actividades que redunden en el interés general, podría sustituirse con una actuación por parte de la Presidencia del Congreso conforme al citado Código de Conducta.


Lobby es transparencia
El lobby es una actividad profesional, que favorece la transparencia del sistema y la igualdad de acceso a los poderes públicos, que está institucionalizada en nuestro país y en los de nuestro entorno, y en la que están involucrados miles de profesionales en España y en Europa cuyas acciones no merecen ser confundidas bajo ningún concepto con las que estamos viendo en el llamado “Caso Bernie”
APRI, en todo caso, no se sorprende de este empeño en esconderse tras la ausencia de regulación de las relaciones de la sociedad civil con los poderes públicos y en satanizar la palabra lobby y lo que representa. Se vio también en días pasados en relación con otros casos recientes que, como el presente, no tienen nada que ver con el lobby sino con la corrupción.
Del mismo modo que sería inadecuado acusar a todos los políticos de realizar determinadas actividades ilegales, inmorales o ilícitas, los profesionales del lobby exigen el mismo respeto hacia su actividad. Lobby es participación y su regulación busca incrementar la transparencia del sistema, no evitar conductas delictivas, para actuar contra las cuales ya existe el Código Penal, así como el referido Código de Conducta de las Cortes Generales y los códigos éticos de los diferentes grupos parlamentarios.

Sobre APRI
Fundada en el año 2007 por profesionales de las relaciones institucionales y asuntos públicos en España, APRI nació para cubrir un vacío en la representación y asociacionismo de esta profesión. Su objetivo es hacer de las relaciones instituciones y lobby una profesión de reconocido prestigio y valor para toda la sociedad y, en especial, para los responsables de todo tipo de organización, como compañías, ONG o asociaciones empresariales. Una profesión que sirva como nexo más eficaz entre los legítimos intereses de la sociedad civil y las decisiones de interés general que toman los responsables políticos y los restantes poderes públicos de la Administración Central y de sus Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.
APRI cuenta con más de 200 profesionales y 20 organizaciones que abogan por la normalización de la actividad a través de la creación de un registro de grupos de interés, similar al Registro de Transparencia que ya existe ante el Parlamento y la Comisión Europea. APRI es, además, fundador y miembro de la Plataforma Europea de Asuntos Públicos (Public Affairs Community of Europe- PACE-) creada en el 2018 como plataforma de todas las organizaciones nacionales de profesionales de asuntos públicos europeos.

Para más información:

Marián Casado, directora general de APRI: mcasado@relacionesinstitucionales.es +34 607 356 820


Juan Torres, vocal de Comunicación de APRI: juantorresji@gmail.com + 34 666 582 837

  • Para APRI la regulación debe basarse en un principio fundamental: lobista es quien hace lobby.
  • La Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales (APRI) ha presentado sus observaciones al Anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad de los Grupos de Interés al Ministerio de Hacienda y Función Pública y solicita que se tramite por el procedimiento de urgencia.
  • A la luz de lo sucedido en el Parlamento Europeo con el caso Qatargate, insisten en la importancia de regular la actividad en tiempo y de forma adecuada.
  • Les preocupan tres grandes aspectos de la norma: la falta de obligatoriedad de registrarse para algunos colectivos de lobistas; la falta de equiparación de derechos y obligaciones para lobistas y servidores públicos y la adscripción del registro de grupos de interés a un órgano independiente.

Madrid, 21 de diciembre de 2022

Con motivo de la aprobación en primera lectura por el Consejo de Ministros del Anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés, los profesionales de las relaciones institucionales, los asuntos públicos y el colectivo que representa a los lobistas en España, integrados en Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales (APRI), ha presentado sus observaciones al Anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad de los Grupos de Interés al Ministerio de Hacienda y Función Pública, solicitando que se tramite por el procedimiento de urgencia. Aseguran que de nada servirá el esfuerzo del Gobierno de regular la actividad si no se actúa con la suficiente celeridad para que se apruebe por las Cortes Generales antes de que finalice la legislatura.

Además, los profesionales del lobby en España, a la luz de lo sucedido en el Parlamento Europeo con el caso Qatargate, insisten en la importancia de regular la actividad no solo en tiempo, sino también de una forma adecuada. Les preocupan tres grandes aspectos del texto adelantado por el Gobierno: las exclusiones en la obligatoriedad de registrarse para determinados grupos de interés; la falta de equiparación de derechos y obligaciones para lobistas y servidores públicos y la existencia de un órgano más independiente para mayor control de las obligaciones, salvaguardar derechos y resolver de modo más efectivo la aplicación de la ley.

Todo agente que desarrolle actividades de influencia debe considerarse grupo de interés y estar sujeto a los mismos derechos y obligaciones de la norma

Para APRI, el principio básico de toda regulación de lobbies es que es lobista quien hace lobby. Consideran que todo agente que desarrolle actividades de influencia por cuenta propia, a través de intermediarios o en representación de terceros debe considerarse grupo de interés y estar sujeto a los mismos derechos y obligaciones de la norma; ya sean patronales, sindicatos, asociaciones empresariales o colegios profesionales.

APRI considera que la inclusión de los mismos no limita sus derechos, sino que es un instrumento que añade transparencia y normas de conducta a sus actividades de influencia. De hecho, actualmente, muchas de estas organizaciones se encuentran ya inscritas desde hace tiempo en muchos de los registros de transparencia o grupos de interés ya existentes tanto en la UE, como en las Comunidades Autónomas u organismos públicos como la CNMC. En palabras del secretario de APRI, Esteban Egea “excluir del registro a un tipo de grupo de interés cuando este grupo realiza actividades de influencia, solo conlleva que estas actividades se desarrollen en la opacidad y sin tener que responder al compromiso ético que establece la ley”.     

Registro de Transparencia adscrito a un órgano independiente

Para APRI, otro aspecto importante de la norma es que el Registro debería estar adscrito a un órgano independiente funcional y orgánicamente, con potestad sancionadora propia para dotarlo de suficiente credibilidad desde el punto de vista funcional y administrativo, para que, en ningún caso, el órgano de control pueda entenderse que actúa como juez y parte resolviendo infracciones y sanciones del mismo Ejecutivo. La necesidad de esta supervisión independiente se ha puesto claramente de manifiesto en el Qatargate y es ahora mismo una de las prioridades de mejora que proponen las más altas instancias de la Unión.

Obligaciones éticas equilibradas tanto para grupos de interés cómo para los empleados públicos sujetos a la influencia

Asimismo, el Anteproyecto de Ley no equilibra las responsabilidades de grupos de interés y de los empleados públicos sujetos a la influencia, y reclama que, al igual que se establecen obligaciones a los grupos de interés, se deberían establecer las obligaciones legales de los empleados públicos, por ejemplo, en relación con el cumplimiento de transparencia de sus propias agendas y el registro de sus contactos con los grupos de interés. Dolores González Pastor, vocal del Comité de Regulación de APRI subraya “las obligaciones éticas han de ser equilibradas y aplicadas por ambas partes en el ámbito de su responsabilidad, tanto por parte del lobista o grupo de interés como por parte del responsable público sujeto de influencia”.

Régimen sancionador equilibrado para ambas partes

Así, la asociación profesional pide que la norma desarrolle un régimen sancionador equilibrado para ambas partes, ya que sin una adecuado marco de definición de las infracciones y sanciones, las obligaciones impuestas tanto para lobistas como el personal público no se cumplirán y la ley quedará sin efecto en los objetivos que se propone.

  • Durante la celebración de la mesa de análisis sobre los profesionales de las relaciones institucionales, los asuntos públicos y el lobby organizado por el Foro de Organizaciones de APRI, se ha analizado este perfil estratégico, cada vez más demandado por todo tipo de organizaciones.
  • Una de las principales barreras para estos profesionales es el estigma social alrededor del lobby por el desconocimiento y la falta de regulación de la actividad en España.
  • Los expertos coinciden que una regulación de los grupos de interés junto con una mejor divulgación sobre la actividad ayudaría a rebajar estigma negativo del lobby y a conocer mejor la labor que desempeñan estos profesionales.

Madrid, 15 de noviembre de 2022

Con motivo de la reciente aprobación del Anteproyecto de ley de transparencia de los grupos de interés, la Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales (APRI) ha celebrado una mesa de análisis sobre el perfil profesional de las relaciones institucionales, los asuntos y el lobby.  Durante la mesa de debate moderada por la Directora General de APRI, Irene Matías, se ha concluido que la profesión en España se encuentra en plena fase de desarrollo, y aunque no se ha llegado a un consenso para una denominación común de estos profesionales, todos los ponentes han coincidido en señalar que el perfil de este tipo de profesionales es multidisciplinar, con amplios conocimientos del funcionamiento de la política, la estructura de gobierno y el proceso de elaboración de normas. Tienen amplias dotes comunicativas gracias a su “escucha activa”, una visión estratégica y la capacidad de articular consensos. Son profesionales proactivos, defensores de los intereses de las organizaciones, pero comprometidos con el interés particular de la ciudadanía ya sean pacientes, consumidores o ciudadanos.

Además, los expertos son de la importancia de la ética, integridad, transparencia y rigurosidad que tiene que acompañar su trabajo, de ahí la importancia de que se regule la profesión. En palabras Carlos Parry, Head of Government Affair en AstraZeneca y coordinador del Foro de Organizaciones de APRI, “la ética, la transparencia y la profesionalización de la actividad debe convertirse en la esencia de nuestra profesión, para liberarlas del estigma negativo asociado a la palabra lobby y se conozca en profundidad el verdadero valor que desempeña nuestra labor”. 

El acto, organizado por el Foro de Organizaciones de APRI, un medio de colaboración de organizaciones que apoyan los objetivos y valores de APRI, nacido con la finalidad de poner en valor una interlocución público-privada ética, transparente y profesionalizada, ha reunido a experto en el ámbito académico, expertos en selección de personal y a profesionales del sector, como Javier Cantera, Presidente en Auren Consultores; Pablo Gutierrez-Jodrá, Director de Gestión de Talento en Asuntos Públicos de Political Intelligence; Euprepio Padula, Presidente en Padula & Partners; Eulalia Tort, Profesora de Public Affairs en la UOC y la URLL; Marc Francés, Managing Director en Sarah Marlex y Carlos Parry, Head of Government Affair en AstraZeneca y coordinador del Foro de Organizaciones de APRI.

Todos han coincidido en señalar que existen muchas maneras de dominar a estos profesionales, ya que se trata de una posición adaptada a las necesidades de la organizaciones. En palabras de Marc Francés, “su denominación depende de la estrategia que tenga cada organización”. Pablo Gutierrez-Jodrá, Director de Gestión de Talento en Asuntos Públicos de Political Intelligence en cambio, ha señalado que en Political Intelligence han optado por denominarla “Chief Policy Officer”, “término que permite señalar la función estratégica y transversal que tiene la posición”. Eulalia Tort, Profesora de Public Affairs en la UOC y la URLL, prefiere denominar esta actividad Asuntos Públicos, ya que “es un término más generalista, que invita a que el ámbito público y privado se sienten en una mesa y sean capaces de articular consensos”.

En cuanto a la formación, al no haber una disciplina concreta, estos profesionales emergen de todo tipo de estudios que les sirve como base para desempeñar su trabajo: ciencias políticas, jurídicas, económicas, ciencias de la información etc., pero reconocen que se trata de una profesión multidisciplinar que requiere formarse en varias áreas a lo largo de la vida laboral. Así, Javier Cantera, Presidente en Auren Consultores, ha resaltado “la importancia de formarse en la metodología”. También ha resaltado que “la profesión tiene que llegar a las escuelas de negocios, para que los equipos de dirección conozcan esta actividad tan fundamental y estratégica para las organizaciones”.

Asimismo, se ha resaltado el profundo desconocimiento de la actividad. Los expertos coinciden que se debe a que el trabajo no está regulado. Según Carlos Parry, Head of Government Affair en AstraZeneca y coordinador del Foro de Organizaciones de APRI “una regulación de los grupos de interés y una mejor divulgación sobre la actividad ayudaría a rebajar el estigma negativo de la profesión y a conocer mejor la labor que desempeñan estos profesionales”. Euprepio Padula, Presidente en Padula & Partners, ha concluido “además de la regulación, las organizaciones poseen la enorme responsabilidad de comunicar adecuadamente la importancia de esta función”.