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Notas de prensa

Madrid, noviembre de 2025.


El Foro de Organizaciones de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) continúa creciendo con la incorporación de Mutualidad, entidad aseguradora sin ánimo de lucro con más de 75 años de historia. Esta adhesión refuerza el compromiso del Foro con la promoción de los Asuntos Públicos como herramienta estratégica para la construcción de una sociedad más ética, transparente y colaborativa.

Mutualidad, con más de 210.000 mutualistas y un volumen de ahorro gestionado que supera los 10.800 millones de euros, se sitúa entre las cinco primeras aseguradoras de España.

En el acto de incorporación, Idoia Revuelta Marañón, directora de Comunicación y Sostenibilidad de Mutualidad, destacó el valor de esta alianza como una oportunidad de crecimiento conjunto:

“Esta incorporación representa una oportunidad de colaboración, aprendizaje y desarrollo de alianzas con otras organizaciones que entienden los Asuntos Públicos como una herramienta de desarrollo y mejora de la sociedad. Sumarnos a APRI es un paso natural que se enmarca en la apuesta corporativa por una colaboración público-privada basada en la ética, la integridad y la transparencia”, afirmó.

Por parte de APRI, la firma del acuerdo estuvo representada por Elia Ferrer, vocal de la Junta Directiva, quien subrayó la relevancia de esta incorporación para el fortalecimiento del Foro:

“Mutualidad es una gran organización que cuenta con 77 años de historia y una importante representatividad en nuestro país. Su incorporación marca un nuevo hito para el Foro de Organizaciones de APRI y refuerza su posición como espacio de referencia para la conversación del sector privado en torno a los Asuntos Públicos. Con cerca de 30 entidades adheridas, el Foro refleja cada vez mejor la realidad plural y diversa del ecosistema de las relaciones institucionales en España”, señaló.

El Foro de Organizaciones de APRI reúne a empresas, ONG, consultoras, asociaciones y entidades comprometidas con la práctica ética y profesional de los Asuntos Públicos. Su objetivo es fomentar el intercambio de experiencias, promover la transparencia y consolidar un marco de relaciones institucionales responsable y orientado al interés general.

Con esta nueva incorporación, APRI refuerza su misión de impulsar la profesionalización del sector, fortalecer la colaboración entre el ámbito público y el privado, y consolidar una comunidad de referencia en el diálogo institucional en España.

Mutualidad, fundada en 1947, continúa así ampliando su red de colaboración con entidades e instituciones clave, reafirmando su propósito de generar impacto positivo en la sociedad y su apuesta por la sostenibilidad, la innovación y la confianza mutua.

Sobre APRI

Fundada en 2007, APRI representa a los profesionales de las relaciones institucionales, los asuntos públicos y el lobby en España, con el objetivo de dignificar la profesión y concienciar a la sociedad sobre su valor, especialmente ante los poderes públicos y políticos, así como ante responsables de organizaciones como empresas, ONG o asociaciones empresariales. Las relaciones institucionales deben ser el vínculo más eficaz entre los intereses legítimos de la sociedad civil y las decisiones de interés general que toman los responsables políticos y los poderes públicos. APRI agrupa a más de 300 profesionales y 24 organizaciones de todo el país, y aboga por la regulación de esta actividad mediante medidas similares al Registro de Transparencia que ya existe en las instituciones europeas. Además, APRI es miembro fundador de la Plataforma Europea de Asuntos Públicos (Public Affairs Community of Europe –PACE), creada en 2018 para reunir a todas las organizaciones nacionales de profesionales de asuntos públicos en Europa.

Bruselas, 6 de noviembre de 2025.


El Parlamento Europeo ha acogido el desayuno de trabajo “El Big Bang de la financiación en Defensa”, organizado por la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) con la colaboración de FTI Consulting. La cita reunió a más de 30 profesionales españoles de los Asuntos Públicos en Bruselas y sirvió como espacio de diálogo sobre los desafíos y oportunidades que afronta Europa en materia de defensa común y financiación del sector.

El encuentro fue inaugurado por Susana Garayoa, miembro del equipo de coordinación de APRI Bruselas, y Marina Cubedo Vicén, directora senior de Asuntos Públicos en FTI Consulting, quienes destacaron la relevancia de crear foros de debate que permitan intercambiar experiencias entre representantes institucionales, empresas y expertos del ámbito público y privado.

Durante la apertura, ambas subrayaron que la defensa se ha convertido en uno de los ejes prioritarios de la agenda europea, impulsada por un contexto geopolítico complejo que exige mayor coordinación, inversión e innovación tecnológica por parte de los Estados miembros y las instituciones europeas.

El programa se estructuró en dos diálogos complementarios sobre la Defensa de Europa y su financiación.

En el primero de ellos, los eurodiputados Juan Ignacio Zoido (Partido Popular) y José Cepeda García de León (Partido Socialista Obrero Español), moderados por Beatriz Cózar Murillo, PhD, abordaron la necesidad de priorizar la innovación de las empresas europeas frente a las externas y el papel de España en el fortalecimiento de la política de defensa común.

Los ponentes coincidieron en que la defensa es una herramienta clave para la estabilidad y la seguridad del continente, y señalaron la importancia de reforzar la base industrial y tecnológica europea. Además, destacaron el papel del Parlamento Europeo como espacio de consenso para avanzar hacia una financiación más sostenible y orientada a la competitividad.

En el segundo diálogo, participaron José Bayón López, director de Relaciones Institucionales de GDELS Santa Bárbara Sistemas, y Fernando Miguélez García, representante de Navantia, S.A., S.M.E. ante la Unión Europea y la OTAN. La conversación, moderada por Susana Garayoa, puso el foco en la necesidad de una mayor colaboración público-privada y en el reto de posicionar a España dentro de la cadena de valor europea de la defensa.

Los participantes coincidieron en que la cooperación entre instituciones, empresas y centros de investigación es esencial para mantener la autonomía estratégica europea y aprovechar el impulso de los nuevos fondos comunitarios destinados a defensa e innovación.

Este encuentro se enmarca en las actividades que APRI Bruselas impulsa de forma periódica para fomentar el diálogo entre instituciones europeas, representantes políticos y profesionales de los Asuntos Públicos. Con iniciativas como esta, APRI refuerza su compromiso con la transparencia, la profesionalización y la generación de conocimiento, contribuyendo a fortalecer la voz de los profesionales españoles en el ámbito europeo.

La asociación reafirma así su objetivo de consolidar foros de alto valor en los que se aborden temas estratégicos para Europa, promoviendo la colaboración público-privada y el intercambio de buenas prácticas que fortalezcan la toma de decisiones en un entorno democrático, transparente y competitivo.

Sobre APRI

Fundada en 2007, APRI representa a los profesionales de las relaciones institucionales, los asuntos públicos y el lobby en España, con el objetivo de dignificar la profesión y concienciar a la sociedad sobre su valor, especialmente ante los poderes públicos y políticos, así como ante responsables de organizaciones como empresas, ONG o asociaciones empresariales. Las relaciones institucionales deben ser el vínculo más eficaz entre los intereses legítimos de la sociedad civil y las decisiones de interés general que toman los responsables políticos y los poderes públicos. APRI agrupa a más de 300 profesionales y 24 organizaciones de todo el país, y aboga por la regulación de esta actividad mediante medidas similares al Registro de Transparencia que ya existe en las instituciones europeas. Además, APRI es miembro fundador de la Plataforma Europea de Asuntos Públicos (Public Affairs Community of Europe –PACE), creada en 2018 para reunir a todas las organizaciones nacionales de profesionales de asuntos públicos en Europa.


Madrid, 31 de octubre de 2025.


El Congreso de los Diputados ha acogido el encuentro “España–Unión Europea: lecciones compartidas para la calidad legislativa”, organizado por la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI). La cita ha reunido a más de 70 profesionales del ámbito de las Relaciones Institucionales y los Asuntos Públicos, que han participado en una jornada de reflexión sobre el presente y futuro de la calidad normativa tanto en España como en la Unión Europea.


La sesión ha sido inaugurada por María Andrés Marín, directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España, quien ha subrayado la importancia de fortalecer la democracia europea para construir una sociedad “más justa, igualitaria y libre”. En sus palabras, ha destacado el papel clave que desempeñan tanto las instituciones europeas como los agentes sociales en el impulso de políticas transparentes y participativas que respondan a los desafíos actuales del continente.


El debate principal ha estado moderado por Juan Herrero Pascual, vocal de la Junta Directiva de APRI y miembro del equipo de coordinación de APRI Bruselas, y ha contado con la participación de los diputados Milagros Marcos Ortega, portavoz del Partido Popular en la Comisión Mixta para la Unión Europea, y Sergio Gutiérrez Prieto, vocal de la misma comisión y portavoz del PSOE en la de Asuntos Exteriores.Durante la conversación, ambos parlamentarios han abordado los principales retos de la política legislativa europea, poniendo el foco en la importancia de la Unión Europea en la agenda nacional y en la necesidad de prestar mayor atención a sectores estratégicos como la defensa y la industria. También han coincidido en la relevancia de mejorar la coordinación entre instituciones europeas y nacionales para avanzar hacia una legislación más eficaz, coherente y adaptada a los nuevos desafíos económicos, sociales y tecnológicos.


La jornada ha sido clausurada por Daniel Calleja, director del Servicio Jurídico de la Comisión Europea y recientemente nombrado director de la Representación de la Comisión Europea en España. En su intervención, Calleja ha destacado las prioridades de la Comisión Europea para los próximos años, centradas en la transición digital y verde, la competitividad industrial, la defensa común y el fortalecimiento de la cohesión social. Asimismo, ha señalado los principales retos de la Unión Europea hasta 2030, entre los que figuran la necesidad de garantizar una gobernanza más cercana al ciudadano y de reforzar la cooperación entre los Estados miembros.


El encuentro se enmarca en la labor de APRI por fomentar el debate, la transparencia y la profesionalización de los Asuntos Públicos, promoviendo espacios de diálogo entre instituciones, representantes políticos y profesionales del sector.


Con esta iniciativa, APRI reafirma su compromiso con la calidad legislativa, la ética y la colaboración público-privada, pilares esenciales para fortalecer la democracia y mejorar el proceso de toma de decisiones en España y en la Unión Europea.

Sobre APRI

Fundada en 2007, APRI representa a los profesionales de las relaciones institucionales, los asuntos públicos y el lobby en España, con el objetivo de dignificar la profesión y concienciar a la sociedad sobre su valor, especialmente ante los poderes públicos y políticos, así como ante responsables de organizaciones como empresas, ONG o asociaciones empresariales. Las relaciones institucionales deben ser el vínculo más eficaz entre los intereses legítimos de la sociedad civil y las decisiones de interés general que toman los responsables políticos y los poderes públicos. APRI agrupa a más de 300 profesionales y 24 organizaciones de todo el país, y aboga por la regulación de esta actividad mediante medidas similares al Registro de Transparencia que ya existe en las instituciones europeas. Además, APRI es miembro fundador de la Plataforma Europea de Asuntos Públicos (Public Affairs Community of Europe –PACE), creada en 2018 para reunir a todas las organizaciones nacionales de profesionales de asuntos públicos en Europa.

Para más información

Jorge Aliende, director general de APRI:
jaliende@relacionesinstitucionales.es, (+34) 623 176 704

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  • El acuerdo, articulado con el Centro de Investigación para la Gobernanza Global (CIGG), promoverá la colaboración en programas formativos, la investigación aplicada y la transferencia de conocimiento en el ámbito de los Asuntos Públicos, con foco en España y América Latina.

Salamanca, 21 de octubre de 2025.

La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) y la Universidad de Salamanca (USAL) han suscrito hoy un convenio de colaboración académica para fortalecer la formación, la investigación y la profesionalización del ámbito de los Asuntos Públicos.

El acto fue presidido por José Miguel Mateos Roco, vicerrector de Investigación de la USAL, y Carlos Parry Lafont, presidente de APRI. También estuvieron presentes el director y el subdirector del CIGG, Nicolás Rodríguez y Juan José Rastrollo, y su secretaria, Ana Carrillo. Por parte de APRI asistió su director general, Jorge Aliende.

“En APRI creemos esencial construir, junto a las universidades más prestigiosas de nuestro país, la profesión de los asuntos públicos. Solo mediante una investigación y una formación de calidad, de vanguardia y sólidas, fortaleceremos una práctica que aporte soluciones a los retos de nuestro tiempo y mejore el funcionamiento de nuestra sociedad democrática desde la ética y la transparencia”, ha señalado Carlos Parry, presidente de APRI, durante el acto de firma.

La colaboración prevé el impulso conjunto de estudios, publicaciones y programas de posgrado, así como proyectos que acerquen la práctica profesional al entorno universitario e integren estándares de transparencia, integridad y rendición de cuentas.

La firma se produce en un momento relevante para el sector, en pleno debate parlamentario sobre la futura ley de lobbies en España y sobre la reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, textos encaminados a regular la interlocución de los lobbies con los poderes ejecutivo y legislativo, respectivamente. Tras la rúbrica, los representantes de APRI participaron en la conferencia “El arte de influir: la nueva regulación de las relaciones institucionales en España”, celebrada en la Facultad de Derecho y a la que asistieron más de cuarenta alumnos de posgrado.

Con este acuerdo, APRI reafirma su compromiso con el desarrollo de talento y la consolidación de una comunidad académico-profesional que contribuya a mejorar las políticas públicas y a fortalecer la calidad democrática mediante la consolidación de la profesión de los Asuntos Públicos.

Sobre la Universidad de Salamanca

Fundada en 1218 por el rey Alfonso IX de León, la Universidad de Salamanca es la universidad más antigua de España y una de las más antiguas de Europa, además de un referente internacional en docencia e investigación. Actualmente cuenta con más de 30.000 estudiantes y una amplia oferta de grados, másteres y doctorados, con una marcada proyección internacional.

  • APRI participó en la IX Cumbre de Gobierno Abierto de la Open Government Partnership, celebrada en Vitoria e intervino sobre Ética, Integridad y Rendición de Cuentas
  • El presidente de la asociación, Carlos Parry, compartió la visión de los profesionales españoles de las relaciones institucionales acerca de la necesaria regulación del diálogo entre los grupos de interés y los parlamentos.

Vitoria-Gasteiz, 8 de octubre de 2025.


APRI ha participado en la IX Cumbre de Gobierno Abierto (OGP), organizada por la Open Government Partnership y celebrada en Vitoria-Gazteiz. En el marco de esta cumbre, el lunes el Parlamento Vasco acogió el Open Parliament Day, un encuentro internacional de parlamentarios y miembro de la sociedad civil de todos los rincones del mundo.

En el marco este evento, APRI intervino en el panel “Ética, Integridad y Rendición de Cuentas”, donde el presidente de la asociación, Carlos Parry, compartió la visión de los profesionales españoles de las relaciones institucionales acerca de la necesaria regulación del diálogo entre los grupos de interés y los parlamentos.

Durante su intervención, subrayó la importancia de establecer normas equilibradas para ambas partes de la interlocución público-privada, así como de implantar códigos éticos vinculantes y sistemas sancionadores que contribuyan a reforzar la calidad normativa y la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. “La regulación del lobby no debe entenderse como una restricción, sino como una herramienta que mejora la transparencia y fortalece la democracia”, señaló.

En el mismo panel intervinieron también otros expertos internacionales como Kristen Sample (National Democratic Institute – NDI), María Baron (Directorio Legislativo), APRI defiende en el Open Parliament Day la regulación de la interlocución entre la sociedad civil y los parlamentarios(Asamblea de Macedonia del Norte) y Silvina Bacigalupo (Transparency International).

Sobre APRI

Fundada en 2007, APRI representa a los profesionales de las relaciones institucionales, los asuntos públicos y el lobby en España, con el objetivo de dignificar la profesión y concienciar a la sociedad sobre su valor, especialmente ante los poderes públicos y políticos, así como ante responsables de organizaciones como empresas, ONG o asociaciones empresariales. Las relaciones institucionales deben ser el vínculo más eficaz entre los intereses legítimos de la sociedad civil y las decisiones de interés general que toman los responsables políticos y los poderes públicos. APRI agrupa a más de 300 profesionales y 24 organizaciones de todo el país, y aboga por la regulación de esta actividad mediante medidas similares al Registro de Transparencia que ya existe en las instituciones europeas. Además, APRI es miembro fundador de la Plataforma Europea de Asuntos Públicos (Public Affairs Community of Europe –PACE), creada en 2018 para reunir a todas las organizaciones nacionales de profesionales de asuntos públicos en Europa.

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Jorge Aliende, director general de APRI:
jaliende@relacionesinstitucionales.es, (+34) 623 176 704

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  • El presidente de la asociación de lobistas, Carlos Parry, ha defendido en la Comisión para la Auditoría de la Calidad Democrática, la Lucha contra la Corrupción y las Reformas Institucionales y Legales del Congreso de los Diputados la necesidad de que la aprobación de la Ley de Lobbies coincida en el tiempo con la implementación del Plan de Parlamento Abierto.
  • Los lobistas han trasladado a los grupos políticos que no quieren ser rehenes de los intereses partidistas y la necesidad de impulsar la regulación desde el consenso.

Madrid, 23 de septiembre de 2025

El presidente de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), Carlos Parry, ha defendido hoy en la Comisión para la Auditoría de la Calidad Democrática, la Lucha contra la Corrupción y las Reformas Institucionales y Legales del Congreso de los Diputados la necesidad de avanzar de manera simultánea en la aprobación de la futura Ley de Lobby y en la implementación del I Plan de Parlamento Abierto.

Durante su intervención, Parry ha destacado que ambas iniciativas son complementarias y que únicamente su desarrollo conjunto garantizará un marco sólido de transparencia y participación ciudadana: “Un Parlamento más abierto solo será posible si existe una regulación clara de la actividad de lobby; y una ley que regule los asuntos públicos solo será eficaz si el Congreso ofrece la transparencia necesaria para hacerla viable”.

Ante la urgente necesidad de una regulación del lobby en España, Parry ha trasladado a los diputados que esta no puede convertirse en objeto de disputa partidista ni quedar atrapada en la negociación política. “Aprobarla es importante para nuestro sector, pero sobre todo es esencial para la democracia. Los profesionales no queremos ser rehenes de ningún interés partidista o de algún partido”, ha señalado.

En esta línea, los profesionales del lobby han reclamado que los grupos parlamentarios dialoguen alejados de intereses partidistas, ya que la regulación de los grupos de interés y la modificación del reglamento del Congreso deben abordarse desde el consenso para situar a España junto a las democracias más avanzadas de nuestro entorno.

APRI ha subrayado la importancia de medidas como la creación de un registro obligatorio de lobbies, la publicación de agendas de los diputados, la huella legislativa o la existencia de normas claras para prevenir conflictos de intereses. Asimismo, ha recordado a sus señorías que países como el Reino Unido, Canadá, Estados Unidos o las instituciones europeas cuentan desde hace años con marcos regulatorios consolidados y que España “no puede permitirse más retrasos” en esta materia.

La asociación ha insistido en que la regulación del lobby no responde a una reivindicación corporativa, sino a una exigencia democrática. Entre los beneficios de esta regulación, ha destacado la igualdad de acceso a los decisores públicos, la normalización de la interlocución bajo criterios de transparencia y la mejora de la calidad de las políticas públicas mediante información y conocimiento especializado.

Finalmente, el presidente de APRI ha incidido en la necesidad de consenso de todos los grupos parlamentarios para que la democracia española avance en transparencia y calidad normativa.

Sobre APRI

Fundada en 2007, APRI representa a los profesionales de las relaciones institucionales, los asuntos públicos y el lobby en España, con el objetivo de dignificar la profesión y concienciar a la sociedad sobre su valor, especialmente ante los poderes públicos y políticos, así como ante responsables de organizaciones como empresas, ONG o asociaciones empresariales. Las relaciones institucionales deben ser el vínculo más eficaz entre los intereses legítimos de la sociedad civil y las decisiones de interés general que toman los responsables políticos y los poderes públicos. APRI agrupa a más de 300 profesionales y 24 organizaciones de todo el país, y aboga por la regulación de esta actividad mediante medidas similares al Registro de Transparencia que ya existe en las instituciones europeas. Además, APRI es miembro fundador de la Plataforma Europea de Asuntos Públicos (Public Affairs Community of Europe –PACE), creada en 2018 para reunir a todas las organizaciones nacionales de profesionales de asuntos públicos en Europa.

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Jorge Aliende, director general de APRI:
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  • La ministra de Inclusión se reúne con más de 80 profesionales de las Relaciones Institucionales y los Asuntos Públicos en un encuentro de APRI y el Grupo Social ONCE.
  • Las entidades sociales consolidan su papel como grupo de interés clave en la interlocución público-privada y en la mejora de las políticas públicas.
  • Las organizaciones sociales se consolidan como un grupo de interés de creciente relevancia. Alrededor del 20% de los socios de APRI son profesionales del lobby en más de 40 entidades sociales.

Madrid, 15 de septiembre de 2025

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha participado esta mañana en el desayuno “Inclusión y relaciones institucionales: retos compartidos”, organizado por la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) en el centro educativo de la Fundación ONCE Por Talento Digital.

Ante más de ochenta directivos y profesionales de las relaciones institucionales, los asuntos públicos y el lobby de sectores como la inclusión, la salud y la educación, la ministra ha expuesto las líneas de trabajo de su departamento en un momento marcado por el intenso debate social y los retos en materia migratoria y de inclusión.

En su intervención, Saiz ha señalado que “el diálogo público-privado es una palanca de progreso que nos permite construir respuestas colectivas a desafíos que, por su dimensión, no pueden abordarse en solitario”. Tras afirmar que “en la lucha contra la desigualdad no sobra nadie”, insistió en que la cooperación entre la Administración y las organizaciones de la sociedad civil “no solo genera confianza, sino que también refuerza la capacidad de anticipar cambios y acompañar a la ciudadanía en procesos de transformación”.

La ministra ha puesto en valor el papel de las organizaciones representadas en el encuentro como agentes estratégicos en la búsqueda de consensos y en la articulación de propuestas para el bienestar común: “La inclusión, la cohesión social y la igualdad de oportunidades requieren del esfuerzo conjunto y de una interlocución eficaz y transparente. Muchos de vosotros nos trasladáis información valiosa y pegada al terreno que mejora la elaboración de políticas públicas”.

El evento ha puesto de manifiesto que las organizaciones sociales constituyen un grupo de interés de creciente relevancia, que promueve una interlocución público-privada cada vez más profesionalizada. En APRI, alrededor del 20% de sus socios son profesionales de los asuntos públicos y el lobby en el tercer sector en más de 40 organizaciones. Además, cuatro entidades sociales apoyan los objetivos y propósito de la asociación, reconociéndose plenamente como especialistas en relaciones institucionales, asuntos públicos y lobby. Un ejemplo claro de esta evolución es el Grupo Social ONCE, que participa de manera activa en APRI desde 2018 y representa la visión de un lobby con valores éticos, profesionales y comprometidos con la inclusión.

El presidente de APRI, Carlos Parry, ha apuntado: “Las entidades sociales constituyen un grupo de interés fundamental que influye activamente en la toma de decisiones públicas; basta observar el cambio normativo impulsado en la Unión Europea y en España en favor de los derechos de las personas con discapacidad para entender el impacto real de su labor”.

Tras recordar que los profesionales reclaman una regulación de la actividad desde hace más de quince años, Parry ha señalado que la tramitación en el Congreso de los Diputados del Proyecto de Ley de Transparencia e Integridad de las Actividades de los Grupos de Interés es una oportunidad histórica para el sector: “Solo a través de una regulación que establezca una interlocución profesionalizada y transparente podremos contribuir al diseño de políticas que respondan a los retos sociales y económicos de nuestro tiempo. Contamos con profesionales altamente cualificados que quieren ser parte activa en la construcción de soluciones desde la ética, la transparencia y el compromiso con el interés general”.

En este contexto, la ministra de Inclusión ha reiterado que los avances impulsados por el Gobierno en la regulación del sector se alinean con las mejores prácticas europeas. Así, ha asegurado que dotar de un marco normativo claro a todas las partes implicadas en el diálogo social permitirá mejorar la igualdad de condiciones, reforzar la transparencia y la confianza ciudadana, dignificar y mejorar la profesión y contribuir a mejorar la calidad democrática y la eficacia de las políticas públicas.

Al cierre del encuentro, Saiz ha remarcado que espacios como este desayuno de trabajo son esenciales para fortalecer los vínculos entre instituciones y tejido social y para avanzar en una agenda compartida que sitúe a las personas en el centro de las políticas públicas.

Sobre APRI

Fundada en 2007, APRI representa a los profesionales de las relaciones institucionales, los asuntos públicos y el lobby en España, con el objetivo de dignificar la profesión y concienciar a la sociedad sobre su valor, especialmente ante los poderes públicos y políticos, así como ante responsables de organizaciones como empresas, ONG o asociaciones empresariales. Las relaciones institucionales deben ser el vínculo más eficaz entre los intereses legítimos de la sociedad civil y las decisiones de interés general que toman los responsables políticos y los poderes públicos. APRI agrupa a más de 300 profesionales y 24 organizaciones de todo el país, y aboga por la regulación de esta actividad mediante medidas similares al Registro de Transparencia que ya existe en las instituciones europeas. Además, APRI es miembro fundador de la Plataforma Europea de Asuntos Públicos (Public Affairs Community of Europe –PACE), creada en 2018 para reunir a todas las organizaciones nacionales de profesionales de asuntos públicos en Europa.

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Jorge Aliende, director general de APRI:
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  • La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales ha creado una delegación territorial en Cataluña para reforzar la representatividad y posicionamiento de los profesionales que operan en la región.
  • El Conseller de Empresa y Trabajo ha puesto en valor la importancia de una interlocución público-privada orientada a la creación de oportunidades en el largo plazo, mejorando la competitividad de las empresas catalanas en el ámbito internacional.

La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) ha dado comienzo al nuevo curso con un encuentro que ha tenido como protagonista a Miquel Sàmper, conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Cataluña. El evento, celebrado en Barcelona, es el primero que la asociación de profesionales de los Asuntos Públicos de ámbito estatal celebra en la región en una nueva etapa en la que Cataluña ocupa un lugar destacado. El presidente de APRI, Carlos Parry, ha explicado: “El número de profesionales que se dedican a mejorar la interlocución público-privada no deja de crecer en Cataluña. Por esta razón, la nueva delegación generará actividades de alto valor en Barcelona para prestar a nuestros colegas de Cataluña un servicio como el que tanto aprecian nuestros socios en ciudades como Madrid y Bruselas”.

La asociación ha puesto en valor el ejemplo de Cataluña como primera comunidad autónoma en regular el lobby hace ya más de diez años, creando un registro de transparencia público y obligatorio en el que los lobistas deben inscribirse para interactuar con cargos públicos en defensa de sus intereses. Este modelo, muy similar a la regulación estatal que APRI reclama y existe también en las instituciones europeas, fue el punto de partida para otras regulaciones autonómicas posteriores.

Ante más de una veintena de profesionales de las relaciones institucionales, los asuntos públicos y el lobby en Cataluña, el conseller Miquel Sàmper ha recorrido los principales retos de su departamento y de Cataluña, haciendo hincapié en cuestiones como la competitividad de las empresas, la demanda de una mayor simplificación burocrática por parte de las compañías o el impacto en la economía catalana de las tensiones arancelarias internacionales.

Asimismo, Sàmper ha incidido en la importancia de un diálogo público-privado sólido y estratégico orientado a la creación de oportunidades a largo plazo que redunden en una mejora de la competitividad de Cataluña en la arena internacional.

Tras la conversación, moderada por Laia Bosch, lobista miembro de APRI, los participantes han podido trasladar su visión y preguntas al conseller, dando pie a un interesante diálogo centrado en el desarrollo estratégico de Cataluña.

En las próximas semanas, APRI anunciará los siguientes pasos de su delegación en Cataluña, cuyas puertas están abiertas a todos los profesionales del sector en la región comprometidos con un modelo de profesión centrado en la ética, la transparencia y la eficacia de la interlocución entre los poderes públicos y los representantes de los legítimos intereses de la sociedad civil, como empresas, ONG y asociaciones.

Sobre APRI

Fundada en 2007, APRI representa a los profesionales de las relaciones institucionales, los asuntos públicos y el lobby en España, con el objetivo de dignificar la profesión y concienciar a la sociedad sobre su valor, especialmente ante los poderes públicos y políticos, así como ante responsables de organizaciones como empresas, ONG o asociaciones empresariales. Las relaciones institucionales deben ser el vínculo más eficaz entre los intereses legítimos de la sociedad civil y las decisiones de interés general que toman los responsables políticos y los poderes públicos. APRI agrupa a más de 300 profesionales y 24 organizaciones de todo el país, y aboga por la regulación de esta actividad mediante medidas similares al Registro de Transparencia que ya existe en las instituciones europeas. Además, APRI es miembro fundador de la Plataforma Europea de Asuntos Públicos (Public Affairs Community of Europe –PACE), creada en 2018 para reunir a todas las organizaciones nacionales de profesionales de asuntos públicos en Europa.

Para más información

Jorge Aliende, director general de APRI:
jaliende@relacionesinstitucionales.es, (+34) 623 176 704

Madrid, 21 de julio 2025

Ante las informaciones conocidas en las últimas semanas relativas a presuntos casos de corrupción y malas prácticas protagonizadas por representantes y exrepresentantes públicos de distintos partidos políticos, y ante la confusión creciente sobre qué es y qué no es el lobby, desde la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) queremos subrayar que:

El lobby es una actividad profesional legítima, necesaria y plenamente reconocida en los sistemas democráticos avanzados, que consiste en la interlocución de la sociedad civil con los poderes públicos. El desarrollo adecuado y transparente de esta actividad —que contribuye de forma directa a mejorar la calidad de las políticas públicas y el proceso de toma de decisiones— requiere que se deje de generalizar y se dote de un marco normativo claro y exigente para todas las partes implicadas: tanto para los poderes públicos como el grupo de interés o lobby que pretende hacerle llegar al Gobierno o parlamentario sus propuestas.

¿Qué es el lobby?

El lobby es una actividad profesional legítima y necesaria que consiste en la interlocución estructurada, transparente y ética entre la sociedad civil y los poderes públicos, con el objetivo de trasladar propuestas, datos y argumentos que mejoren las políticas públicas. Esta práctica responde a un derecho fundamental recogido en el artículo 23 de la Constitución Española: el derecho a participar en los asuntos públicos.

¿Qué no es lobby?

El lobby no es corrupción, ni tráfico de influencias, ni uso indebido de relaciones personales. Todo esto constituye un delito y está tipificado así en el código penal. Tampoco es una práctica oscura, reservada a élites o intereses opacos. Confundir lobby con malas prácticas o escándalos políticos distorsiona el debate público, criminaliza una actividad legítima y perjudica el ejercicio responsable de un derecho esencial en el sistema democrático.

Regular para fortalecer la democracia

Mientras las instituciones de la Unión Europea y otras democracias consolidadas llevan años aplicando marcos normativos sobre lobby, España sigue sin avanzar hacia una regulación clara, perpetuando una situación anómala que solo alimenta la opacidad, la desconfianza y el descrédito, tanto entre instituciones, medios de comunicación o incluso la sociedad civil.

En APRI llevamos 17 años reclamando una regulación del lobby en España, que incluya:

  • Un registro obligatorio y gratuito de lobistas
  • La publicación de las agendas de los cargos públicos
  • Un sistema que permita hacer seguimiento de la huella normativa permitiendo conocer quién influye y en qué
  • Una oficina independiente al Gobierno que regule y evalúe los conflictos de interés
  • Y un régimen sancionador para quienes vulneren los principios éticos que deben regir esta actividad.

Los profesionales de las relaciones institucionales, asuntos públicos y lobby reclamamos con urgencia una ley que ponga luz y taquígrafos a la interlocución público-privada y ayude a restaurar la confianza ciudadana en las instituciones.

Una regulación clara, transparente y eficaz, como la que solicitan para España instituciones como la Comisión Europea y el GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción) servirá también para delimitar con precisión qué es y qué no es el lobby, aportando seguridad jurídica, protegiendo el derecho a participar en los asuntos públicos y liberando esta actividad profesional de la sombra de sospecha que a menudo proyectan sobre ella algunos medios de comunicación, la opinión pública e incluso algunos representantes políticos.

Solo desde la transparencia, la trazabilidad y el reconocimiento normativo podremos construir un espacio de interlocución legítimo, ético y abierto al conjunto de la sociedad.

  • Ante la comparecencia hoy del presidente del Gobierno en el Congreso, las organizaciones expertas Access Info Europe, APRI, Civio, Hay Derecho y Political Watch alertan sobre la falta de avances en materia de regeneración democrática.
  • La Comisión Europea publicó ayer su Informe sobre el Estado de Derecho en 2025, que incluye un capítulo sobre España con nuevas recomendaciones sobre el registro obligatorio de grupo de interés, la reforma de la Ley de Secretos Oficiales o sobre nombramientos en el sistema judicial.

Madrid, 9 de julio de 2025

Las organizaciones Access Info Europe, Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), Civio, Hay Derecho y Political Watch muestran su enorme preocupación por la parálisis del Gobierno de España en lo que a regeneración democrática se refiere.

Hace ya un año, en julio de 2024, estas entidades volcadas en la construcción de un sistema democrático más transparente y sólido, lideramos la creación del manifiesto “Medidas en materia de regeneración democrática urgentes y necesarias” al que se adhirieron más de 40 organizaciones de la sociedad civil.


Lejos de haber registrado avances, España atraviesa una crisis institucional que se agrava cada día, con un marco de corrupción generalizada y de espaldas a la ciudadanía.


Ante la ausencia de un compromiso real del gobierno por tomar decisiones en materia de regeneración democrática, las entidades firmantes proponemos que se adopten cinco reformas urgentes antes de que termine la legislatura:

1- Reforzar y blindar los mecanismos contra la corrupción: deben fortalecerse organismos clave como la Autoridad Independiente de Protección del Informante, que hoy carece de autonomía funcional y medios para cumplir su mandato. Es urgente dotarla de independencia real, recursos adecuados y capacidad sancionadora frente a represalias.

La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon) debe ser reforzada, contar con independencia orgánica y presupuestaria y con capacidad efectiva para prevenir e investigar la corrupción en la contratación pública.

Debe garantizarse el acceso al registro de beneficiarios reales —clave para combatir el blanqueo de capitales— por parte de periodistas, sociedad civil y otros actores legítimos, alineando la normativa española con las directivas europeas más recientes.

2- Actualizar la Ley de Transparencia y garantizar el acceso a la información como derecho fundamental: el derecho de acceso a la información sigue sin estar reconocido como derecho fundamental en España. Proponemos reformar la Ley 19/2013 como ley orgánica, vinculándola expresamente al artículo 20.1.d) de la Constitución, para asegurar que ninguna norma de rango inferior pueda limitarlo.

Exigimos transformar el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en un órgano independiente, con capacidad sancionadora, autoridad real y medios suficientes. Sus miembros deben ser elegidos por el Congreso mediante concurso público, con independencia política garantizada.

Proponemos establecer un marco nacional obligatorio de transparencia algorítmica, con registro público de algoritmos, evaluaciones de impacto ético y jurídico, y garantías para que cualquier ciudadano pueda saber cómo influyen los sistemas automatizados en decisiones que les afectan.

3- Regular de forma integral los grupos de interés y reforzar el control de los conflictos de intereses: España sigue sin una legislación eficaz sobre lobbies,
pese a las reiteradas recomendaciones de organismos como la OCDE o GRECO. Exigimos una regulación que defina claramente quién es un grupo de interés, establezca un registro público y obligatorio, un código de conducta común, y la trazabilidad de su influencia en las decisiones públicas.

Reclamamos un régimen sancionador efectivo tanto para representantes de intereses como para responsables públicos.

Proponemos crear una Oficina de Conflictos de Intereses verdaderamente independiente y con competencias amplias para regular y supervisar cuestiones como puertas giratorias, declaraciones de intereses, y la rendición de cuentas de altos cargos. Esta visión de la integridad pública debe incluir también a asesores, técnicos y otros decisores más allá del núcleo político.

4- Consolidar mecanismos de participación ciudadana real y deliberativa: Frente a la creciente desafección ciudadana, proponemos reformas concretas que amplíen y hagan más accesibles los cauces de participación pública:

– Modernizar la Iniciativa Legislativa Popular, para que deje de ser una herramienta simbólica y permita influir de verdad en la agenda legislativa.

– Reformar el derecho de petición, haciéndolo más ágil, eficaz y accesible en la práctica.

– Institucionalizar formas de democracia deliberativa, como Paneles o Convenciones Ciudadanas, que permitan a la sociedad civil formar parte del debate y las decisiones sobre los principales desafíos del país.

5- Mejorar la calidad normativa y reforzar el papel del Parlamento: alertamos sobre el uso abusivo del Real Decreto-ley, especialmente en forma de “leyes ómnibus” que agrupan medidas muy heterogéneas, eludiendo el debate parlamentario y reduciendo la transparencia legislativa.


Proponemos limitar esta figura a los supuestos estrictamente definidos en la Constitución (art. 86) y reforzar el papel de las Cortes Generales como espacio clave de deliberación democrática, transparencia y control.

Estas cinco reformas se consideran mínimos indispensables para frenar el deterioro institucional y reconstruir la confianza ciudadana. Las organizaciones instamos al Ejecutivo a cumplir sus compromisos en materia de transparencia e integridad pública y a impulsar estas medidas antes de que termine la legislatura actual.

Documento de referencia

En este enlace se encuentra el documento que desgrana las cinco medidas urgentes y necesarias que organizaciones firmantes consideramos fundamentales.

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