Madrid, 21 de julio 2025
Ante las informaciones conocidas en las últimas semanas relativas a presuntos casos de corrupción y malas prácticas protagonizadas por representantes y exrepresentantes públicos de distintos partidos políticos, y ante la confusión creciente sobre qué es y qué no es el lobby, desde la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) queremos subrayar que:
El lobby es una actividad profesional legítima, necesaria y plenamente reconocida en los sistemas democráticos avanzados, que consiste en la interlocución de la sociedad civil con los poderes públicos. El desarrollo adecuado y transparente de esta actividad —que contribuye de forma directa a mejorar la calidad de las políticas públicas y el proceso de toma de decisiones— requiere que se deje de generalizar y se dote de un marco normativo claro y exigente para todas las partes implicadas: tanto para los poderes públicos como el grupo de interés o lobby que pretende hacerle llegar al Gobierno o parlamentario sus propuestas.
¿Qué es el lobby?
El lobby es una actividad profesional legítima y necesaria que consiste en la interlocución estructurada, transparente y ética entre la sociedad civil y los poderes públicos, con el objetivo de trasladar propuestas, datos y argumentos que mejoren las políticas públicas. Esta práctica responde a un derecho fundamental recogido en el artículo 23 de la Constitución Española: el derecho a participar en los asuntos públicos.
¿Qué no es lobby?
El lobby no es corrupción, ni tráfico de influencias, ni uso indebido de relaciones personales. Todo esto constituye un delito y está tipificado así en el código penal. Tampoco es una práctica oscura, reservada a élites o intereses opacos. Confundir lobby con malas prácticas o escándalos políticos distorsiona el debate público, criminaliza una actividad legítima y perjudica el ejercicio responsable de un derecho esencial en el sistema democrático.
Regular para fortalecer la democracia
Mientras las instituciones de la Unión Europea y otras democracias consolidadas llevan años aplicando marcos normativos sobre lobby, España sigue sin avanzar hacia una regulación clara, perpetuando una situación anómala que solo alimenta la opacidad, la desconfianza y el descrédito, tanto entre instituciones, medios de comunicación o incluso la sociedad civil.
En APRI llevamos 17 años reclamando una regulación del lobby en España, que incluya:
- Un registro obligatorio y gratuito de lobistas
- La publicación de las agendas de los cargos públicos
- Un sistema que permita hacer seguimiento de la huella normativa permitiendo conocer quién influye y en qué
- Una oficina independiente al Gobierno que regule y evalúe los conflictos de interés
- Y un régimen sancionador para quienes vulneren los principios éticos que deben regir esta actividad.
Los profesionales de las relaciones institucionales, asuntos públicos y lobby reclamamos con urgencia una ley que ponga luz y taquígrafos a la interlocución público-privada y ayude a restaurar la confianza ciudadana en las instituciones.
Una regulación clara, transparente y eficaz, como la que solicitan para España instituciones como la Comisión Europea y el GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción) servirá también para delimitar con precisión qué es y qué no es el lobby, aportando seguridad jurídica, protegiendo el derecho a participar en los asuntos públicos y liberando esta actividad profesional de la sombra de sospecha que a menudo proyectan sobre ella algunos medios de comunicación, la opinión pública e incluso algunos representantes políticos.
Solo desde la transparencia, la trazabilidad y el reconocimiento normativo podremos construir un espacio de interlocución legítimo, ético y abierto al conjunto de la sociedad.
