• Los lobistas llevan años autorregulándose ante la falta de interés institucional por hacerlo, pese a que existen suficientes precedentes, contenido y experiencias para aprobar una regulación.
  • En todo caso, las Cortes Generales cuentan con un Código de Conducta que debería ser suficiente para abordar el escándalo.

APRI, la asociación que agrupa y defiende los intereses de los lobistas españoles, quiere manifestar su preocupación por las declaraciones de algunos responsables políticos que establecen una relación causal entre los presuntos delitos cometidos en el conocido como “caso Berni” y la falta de regulación de los lobbies en las Cortes Generales.


La regulación de los lobbies o grupos de interés en las distintas instituciones públicas es algo que APRI viene reclamando desde hace más de una década y tiene el objetivo de introducir transparencia, aumentar la rendición de cuentas, y mejorar la calidad de las normas a través de la participación de la sociedad civil en los asuntos públicos, en desarrollo de los artículos 9.3 y 23 de la Constitución. No es el objetivo de esta regulación prevenir la corrupción política, asunto reservado, como es lógico, al Código Penal.


Autorregulación y código de conducta
Somos los propios lobistas los que nos venimos autorregulando desde hace años y, en el caso de APRI, la Asociación cuenta con un exigente código de conducta que marca las pautas deontológicas de la actividad de sus asociados así como con una propuesta de regulación amplia, completa y perfectamente adaptada a nuestro entorno institucional, que ha puesto a disposición y ha explicado a todas las instituciones que han mostrado interés en ello.


En todo caso, y ante la ausencia de una regulación específica sobre los grupos de interés, debería aplicarse el Código de Conducta de las Cortes Generales, que languidece debido a la ausencia de interés por parte de las Cámaras en su aplicación. Sus artículos 2 y 6 habrían prevenido las acciones presuntamente desarrolladas por el exdiputado Curbelo, y en lugar de una Comisión de Investigación, con los costes que supone y la detracción de recursos a otras actividades que redunden en el interés general, podría sustituirse con una actuación por parte de la Presidencia del Congreso conforme al citado Código de Conducta.


Lobby es transparencia
El lobby es una actividad profesional, que favorece la transparencia del sistema y la igualdad de acceso a los poderes públicos, que está institucionalizada en nuestro país y en los de nuestro entorno, y en la que están involucrados miles de profesionales en España y en Europa cuyas acciones no merecen ser confundidas bajo ningún concepto con las que estamos viendo en el llamado “Caso Bernie”
APRI, en todo caso, no se sorprende de este empeño en esconderse tras la ausencia de regulación de las relaciones de la sociedad civil con los poderes públicos y en satanizar la palabra lobby y lo que representa. Se vio también en días pasados en relación con otros casos recientes que, como el presente, no tienen nada que ver con el lobby sino con la corrupción.
Del mismo modo que sería inadecuado acusar a todos los políticos de realizar determinadas actividades ilegales, inmorales o ilícitas, los profesionales del lobby exigen el mismo respeto hacia su actividad. Lobby es participación y su regulación busca incrementar la transparencia del sistema, no evitar conductas delictivas, para actuar contra las cuales ya existe el Código Penal, así como el referido Código de Conducta de las Cortes Generales y los códigos éticos de los diferentes grupos parlamentarios.

Sobre APRI
Fundada en el año 2007 por profesionales de las relaciones institucionales y asuntos públicos en España, APRI nació para cubrir un vacío en la representación y asociacionismo de esta profesión. Su objetivo es hacer de las relaciones instituciones y lobby una profesión de reconocido prestigio y valor para toda la sociedad y, en especial, para los responsables de todo tipo de organización, como compañías, ONG o asociaciones empresariales. Una profesión que sirva como nexo más eficaz entre los legítimos intereses de la sociedad civil y las decisiones de interés general que toman los responsables políticos y los restantes poderes públicos de la Administración Central y de sus Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.
APRI cuenta con más de 200 profesionales y 20 organizaciones que abogan por la normalización de la actividad a través de la creación de un registro de grupos de interés, similar al Registro de Transparencia que ya existe ante el Parlamento y la Comisión Europea. APRI es, además, fundador y miembro de la Plataforma Europea de Asuntos Públicos (Public Affairs Community of Europe- PACE-) creada en el 2018 como plataforma de todas las organizaciones nacionales de profesionales de asuntos públicos europeos.

Para más información:

Marián Casado, directora general de APRI: mcasado@relacionesinstitucionales.es +34 607 356 820


Juan Torres, vocal de Comunicación de APRI: juantorresji@gmail.com + 34 666 582 837