El día 15 de octubre tuvo lugar el webinar de APRI Salud “El futuro de las vacunas: retos institucionales. El acto contó con la participación de Pedro Alsina, Public Affairs Lead en Sanofi Pasteur, Mario Arias Oliva, profesor titular de la UCM e investigador en innovación en Marketing y Federico de Montalvo, Presidente del Comité de Bioética de España y profesor de la Universidad de Comillas. Durante el encuentro de habló sobre el papel de los profesionales de las relaciones institucionales en esa labor de información, los debates éticos que se producen entorno a la vacunación o la aceptación por parte de la población.

Las vacunas son una de las intervenciones sanitarias que permite garantizar la prevención de la salud pública mundial haciendo frente infecciones graves. Aun así, la vacunación ha sido tema de diversas controversias éticas desde hace mucho tiempo. Por lo general, los debates éticos clave relacionados con la reglamentación, el desarrollo y el uso de las vacunas gira entorno a mandatos, investigación y pruebas, consentimiento informado y acceso. Por ello, los gobiernos y las empresas sanitarias, especialmente los profesionales de las relaciones institucionales tienen como reto de desarrollar nuevas políticas de comunicación, información y sensibilización que transmitan y eduquen a los ciudadanos acerca de los programas de vacunación. 

Pedro Alsina comenzó subrayando que las vacunas son la base de todos los programas institucionales ya que han servido para erradicar enfermedades como la viruela, la peste bobina africana o la poliomielitis. Según Alsina, en la actualidad, factores como el bioterrorismo y el cambio climático han convertido a las vacunas  en una necesidad de alcance global, y la gran lección de la pandemia causada por la Covid-19 ha sido la necesidad de estrechar y reforzar la colaboración público-privada. Pedro Alsina remarcó que nunca en la historia ha habido tanta colaboración publico-privada, inversión e intercambio de información entre compañías y apeló a que la colaboración continúe como hasta ahora para salir adelante con el desarrollo y posterior distribución de la vacuna.

Por otro lado, Mario Arias adelantó alguno de los resultados sobre el estudio sobre la aceptación de vacunas que han desarrollado desde la universidad. Expuso 4 factores que determinan la aceptación de la vacuna por parte de la población:la eficacia de la vacuna, la influencia social, el miedo al virus y el miedo a los efectos de la vacuna. Según Arias, los dos primeros factores  son los que más peso tienen en la mente de la persona a la hora de decidir si vacunarse o no, en este sentido, subrayó la necesidad de desarrollar campañas de información que permitan a la ciudadanía concienciarse. Por ello, la acción institucional debe jugar un papel relevante para aportar información para poder hacer frente a la pandemia. 

Por último, Federico de Montalvo, comentó que uno de los mayor es éxitos de la medicina han sido las vacunas y paradójicamente, su aceptación es uno de los temas más discutidos en la actualidad. A juicio de Federico de Montalvo, la regulación en materias de salud pública es deficitaria. En España las vacunas no son obligatorias, sólo lo son en caso de pandemia y en el caso de su aplicación a menores. Para el presidente del Comité de Bioética, el debate ético y priorización de las vacunas es y será uno de los temas más controvertidos ya que la logística de la vacunación requeriría meses para lograr llegar a un alto porcentaje de la población. 

Sobre APRI Salud

APRI Salud surge como iniciativa de un grupo de profesionales de las relaciones institucionales y asuntos públicos cuyo objetivo es el de poner en valor a los profesionales de los asuntos públicos (public affairs) en el sector de la salud y estrechar lazos entre los intereses públicos y privados en el ámbito de la salud, entendiendo como salud todo aquello que afecta al estado de bienestar o al equilibrio del ciudadano (alimentación, consumo, nutrición, políticas sociales, sanidad, deporte, investigación, etc.).

APRI ha puesto en marcha dos grupos de trabajo muy demandados por nuestros socios: APRI Asociaciones y APRI Agroalimentario. APRI Asociaciones nace ante la necesidad de profundizar en el conocimiento del perfil, competencias y habilidades directores y profesionales de las relaciones institucionales que trabajan en las Asociaciones. Así los objetivos serán elaborar y definir el papel de las relaciones institucionales y buenas prácticas; definir y potenciar el perfil del profesional de las Asociaciones; profesionalizar el sector; estandarizar la transparencia en el ámbito de trabajo; crear un espacio para compartir experiencias e información; poner en valor y defender el asociacionismo como vehículo de participación; promover medidas que favorezcan el adecuado desarrollo de las asociaciones; y organizar seminarios formativos en la materia. El grupo lo coordinará nuestro socio Santiago Parras, Secretario General de Asociación de empresas de control de calidad y control técnico independientes.

Por otra parte, APRI Agroalimentario es el resultado del consenso alcanzado entre varios socios de APRI especializados en el sector de la cadena agroalimentaria, componente esencial de la economía y la sociedad española, tal y como ha quedado de manifiesto durante la pandemia. Los objetivos del grupo serán compartir experiencias en el ámbito del desarrollo profesional; debatir temas de actualidad del sector;  elaborar notas o documentos de interés para la asociación; apoyar a los jóvenes que quieran dedicarse al sector; poner en valor el papel de las relaciones institucionales en el ámbito; y acercar la profesión a la universidad en busca de nuevos talentos. El coordinador de este grupo será. Juan Herrero, Responsable de Asuntos Europeos de Mercadona, miembro de la Junta Directiva y socio de APRI.

El Grupo Social ONCE se ha adherido a APRI como nuevo miembro corporativo, entrando así a formar parte del foro de entidades jurídicas de APRI. Con esta incorporación entra a formar parte de la asociación la primera organización del tercer sector alineada con los objetivos de APRI que busca mejorar la transparencia y buenas prácticas en la interlocución ante las instituciones y la sociedad en su conjunto

El Grupo Social ONCE está formado por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), la Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, ILUNION, y otras Entidades relacionadas, que, bajo la coordinación del Consejo General de la ONCE, trabajan por un lado para mejorar la autonomía personal y favorecer la plena inclusión social de las personas afiliadas a la ONCE, atendiendo las necesidades derivadas de su ceguera o deficiencia visual grave, a través de la prestación de Servicios Sociales especializados; y por otro, para realizar una  inmensa labor de solidaridad con personas con todo tipo de discapacidades, mediante la formación y el empleo, y las acciones para promover la accesibilidad universal.

El equipo de Relaciones Institucionales del Grupo Social de la ONCE está conformado  por:

Fernando Riaño Riaño

Fernando Riaño es Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra. Ha desarrollado parte de su carrera en el mundo de la asesoría jurídica, consultoría, formación y sector financiero. Cuenta con experiencia en la pequeña, mediana y gran empresa; especialmente en el ámbito internacional. En agosto de 2016 fue elegido Vicepresidente de la Unión Mundial de Ciegos en la asamblea general celebrada en Orlando. Es también MBA (Master in Business Administration) por ICADE, y Worldwide Associate en The Employers Forum on Disability/ Business Disability Forum. En la actualidad es el Director de Relaciones Institucionales y Responsabilidad Social del Grupo Social ONCE, responsabilidad que compatibiliza con la presidencia de la agencia de noticias y de comunicación SERVIMEDIA.

Sandra Torres  Mensat

Sandra Torres es Licenciada de Filología Anglogermánica por la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Viena. Especializada en asuntos europeos, Sandra ha desarrollado su carrera profesional en el extranjero durante 13 años en organismos internacionales como las Naciones Unidas y la Comisión Europea. En España ha trabajado en Fundación ONCE en la gestión de fondos europeos y actualmente trabaja en la Dirección de Relaciones Institucionales y Responsabilidad Social del Grupo Social ONCE.

En 2018 un grupo de científicos planteó, por primera vez, la necesidad de dotar al Parlamento español de una oficina permanente de asesoramiento científico para facilitar de manera efectiva asesoramiento en la decisiones políticas sobre materias donde la ciencia y la investigación juega un papel crucial. En mayo de 2020 la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) apoyo la iniciativa firmando el manifiesto fundacional de Ciencia en el Parlamento al que se han adherido ya más de 200 instituciones.

Con motivo de esta colaboración, el jueves 17 de septiembre del 2020 tuvo lugar el evento online “Lobby Hour: El Papel de la Ciencia en el Parlamento”, presentado por la Directora General de APRI, Irene Matías, y moderado por Luís Carlos Ramírez, Secretario General de la Asociación de Periodistas Parlamentarios. Entre los ponentes se encontraban Ana Elorza, Coordinadora de Asesoramiento Científico y Diplomacia en FECYT; Jorge Barrero, Director General de la Fundación Cotec para la Innovación; y Cristina Portalés vocal de Relaciones Institucionales de la Asociación Ciencia en el Parlamento. 

La Directora General de APRI, Irene Matías explicó que en mayo de 2020 APRI se sumó al manifiesto de Ciencia en el Parlamento para apoyar la iniciativa, ya que los lobistas y profesionales de la relaciones institucionales creen firmemente que es fundamental que exista una toma de decisiones informada por parte de las instituciones públicas de cara a que la aprobación e implementación de iniciativas legislativas sea altamente eficaz. Irene Matías, subrayó que el proceso de toma de decisiones es complejo; los diputados, senadores y altos cargos del Gobierno tiene que tomar importantes decisiones que marcan el rumbo del país. En este sentido al igual que los profesionales de las relaciones institucionales tratan de hacer llegar las preocupaciones e intereses empresariales o sociales a los decisores políticos, estos también deben contar con un asesoramiento riguroso, íntegro y contrastado y quién mejor que los investigadores y científicos de nuestro país que cuentan con conocimiento y datos objetivos.

En el evento se discutió la manera en la que la comunidad científica puede llegar y aportar a la política española. España va retrasada en este sentido respecto a sus Parlamentos vecinos, pues la oficina de ciencia ya es una realidad en algunos países europeos como Alemania, Francia o Reino Unido.

Esta disfunción ha sido estudiada por la Asociación Parlamento, quien también ha estudiado el funcionamiento de estos comités científicos en los parlamentos de otros países. Hasta el momento en el caso español, las propuestas de crear una oficina permanente no han prosperado, únicamente han conseguido allanar el camino con la esperanza de que en el menor tiempo posible, esta asesoría sea una realidad. En España en particular, la asociación Ciencia en el Parlamento describió el exceso de información al que se ven sometidos los políticos, y como aunque ya tienen muchos y buenos expertos los políticos, sigue siendo necesario la oficina. La oficina es necesaria, según los miembros de Ciencia en el Parlamento, para coordinar desde el mismo parlamento el asesoramiento que pueden proporcionar las asociaciones o expertos independientes sobre un tema o materia especifica para hacer prospectiva.

Jorge Barrero, Director General de la Fundación Cotec para la Innovación

Desde la Ciencia en el Parlamento se recordó que el objetivo no es que las leyes sigan un criterio exclusivamente basado en la ciencia, pero sí que el factor científico y tecnológico sea tomado en cuenta. Todos los ponentes coincidieron que la función del asesor es asesorar, no legislar y el asesoramiento científico además que debe llegar también a la sociedad para transmitir conocimiento, pues se debe crear un triangulo interconectado donde exista flujos de información entre los tres estamentos, la ciencia, la política y la sociedad. Pese a todas las barreras, la Asociación Ciencia en el Parlamento seguirá persiguiendo su objetivo de que el Parlamento cuente con una oficina de ciencia que asesore en la toma de decisiones.  

Luis Carlos Ramirez, Secretario General de la Asociación de Periodistas Parlamentarios.

Luís Carlos Ramírez, Secretario General de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, concluyó que la crisis sanitaria ha demostrado la importancia del conocimiento científico y no podemos esperar más para que este forme parte de la toma de decisiones en el seno de las Cortes Generales (Congreso y Parlamento).

Siguiendo la aprobación la pasada semana del Registro de Transparencia de la Comunidad de Madrid, APRI se ha inscrito ya. Este Registro de Transparencia, sobre el que informamos en el pasado newsletter, es obligatorio tanto para aquellas personas físicas o jurídicas que buscan influir en alguna decisión pública.  

El proceso de inscripción resulta muy fácil e intuitivo, además de ser un procedimiento íntegramente a distancia que puede realizarse con la firma electronica.

 A continuación, detallamos los aspectos más relevantes del Registro de Transparencia de la Comunidad de Madrid. 

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL REGISTRO 

El Registro de Transparencia de la Comunidad de Madrid tiene como finalidad la inscripción de quienes lleven a cabo cualquier actividad con objeto de influir directa o indirectamente en la elaboración de normas jurídicas y disposiciones generales y en la elaboración y aplicación de las políticas públicas de los sujetos de la Administración pública de la Comunidad de Madrid comprendidos artículo 2.1 de la Ley de Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid. 

La recepción, remisión y notificación de solicitudes, declaraciones y comunicaciones se harán a través de medios exclusivamente electrónicos con firma electrónica habilitada en la Comunidad de Madrid. 

Los formularios electrónicos para la solicitud de inscripción, renovación de la información y la cancelación de la inscripción en el registro se publicarán en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid  ( https://www.comunidad.madrid/transparencia/ ) 

El Registro de Transparencia deberá incluir una relación ordenada de las siguientes categorías de las personas o entidades inscritas: 

A) Personas físicas. 

B) Entidades sin ánimo de lucro. 

Subcategoría: Resumen Decreto por el que se crea el Registro de Transparencia de la Comunidad Madrid 

  • i. Entidades privadas sin ánimo de lucro. 
  • ii. Entidades representativas de intereses colectivos. 
  • iii. Agrupaciones de personas que se conformen como plataformas, movimientos, foros o redes ciudadanas sin personalidad jurídica, incluso las constituidas circunstancialmente. 
  • iv. Organizaciones empresariales, colegios profesionales y demás entidades representativas de intereses colectivos. 
  • v. Entidades organizadoras de actos sin ánimo lucrativo. 
  • vi. Organizaciones no gubernamentales. 
  • vii. Grupos de reflexión e instituciones académicas y de investigación. 
  • viii. Organizaciones que representan a comunidades religiosas. 
  • ix. Organizaciones que representan a autoridades municipales. 
  • x. Organizaciones que representan a autoridades regionales. 
  • xi. Organismos públicos o mixtos. 

C) Entidades con ánimo de lucro. 

Subcategoría: 

  1. i. Empresas y agrupaciones comerciales, empresariales, y profesionales. 
  2. ii. Consultorías profesionales. 
  3. iii. Asociaciones comerciales, empresariales y profesionales. 
  4. iv. Coaliciones y estructuras temporales con fines de lucro. 
  5. v. Entidades organizadoras de actos con ánimo de lucro. 
  6. vi. Cualquier otra entidad con ánimo de lucro. 
  7. En el primer trimestre de cada año, la dirección general competente en materia de transparencia elevará al Consejo de Gobierno un informe sobre la gestión, la actividad y el funcionamiento del registro, el resultado de las actuaciones de verificación y las denuncias recibidas. 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 

La solicitud de inscripción en el Registro de Transparencia se presentará con anterioridad a llevar a cabo alguna de las siguientes actividades dirigidas influir directa o indirectamente en la elaboración de normas jurídicas y disposiciones generales y en la elaboración y aplicación de las políticas públicas: 

a) Los contactos con cargos, directivos, profesionales, personal estatutario, asesores u otros sujetos de las Administraciones públicas autonómica y local. 

b) La preparación y difusión de comunicados, material informativo o documentos de debate y toma de posición. 

c) La organización de actos, reuniones, actividades promocionales, conferencias o actos sociales si se envían invitaciones a cargos, directivos, profesionales, personal estatutario u otros sujetos de las Administraciones públicas autonómica y local. 

d) Las contribuciones voluntarias y la participación en consultas oficiales o audiencias sobre disposiciones normativas, políticas públicas u otras consultas abiertas. 

e) La prestación de asesoramiento profesional, mediante la representación y la mediación, y el suministro de material promocional, incluidos la argumentación y redacción, cuando estén destinadas a influir en las Administraciones públicas, sus cargos, directivos, profesionales, personal estatutario, asesores u otros sujetos de las Administraciones públicas autonómica y local. 

f) La prestación de asesoría táctica o estratégica, incluidas cuestiones cuyo alcance y calendario de comunicación estén dirigidos a influir en las Administraciones públicas, cargos, directivos, profesionales, personal estatutario, asesores u otros sujetos de las Administraciones públicas autonómica y local. 

La inscripción en el Registro de Transparencia de la Comunidad de Madrid se formaliza mediante la presentación del formulario electrónico disponible en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid que contendrá la siguiente información

1. DATOS IDENTIFICATIVOS 

a) Nombre, apellidos, NIF o razón social de la persona o entidad obligada a inscribirse, dirección, número de teléfono, dirección de correo electrónico y sitio web si lo tuvieran. 

b) Nombre y apellidos de la persona legalmente responsable de la organización y, en su caso, de la persona de contacto principal para las actividades del ámbito del registro. 

c) Nombre y apellidos de las personas autorizadas para, en nombre y representación de las personas o entidades obligadas a inscribirse, acceder y reunirse en las dependencias públicas o tener contacto con cargos directivos, profesionales, personal estatutario, asesores u otros sujetos de las administraciones públicas. 

d) Miembros de la entidad, si entre los miembros hay otras entidades o personas jurídicas. 

e) Aquellos solicitantes que desarrollen su actividad de influencia por cuenta de terceros, deben informar sobre sus clientes, personas u organizaciones para las que desarrollan actividades incluidas en el registro y de las cantidades económicas que reciben. 

2. INFORMACIÓN SINGULAR SOBRE LA ACTIVIDAD DE LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA

a) Actividades cubiertas por el registro, que incluirá las principales políticas públicas y propuestas normativas objeto de la actividad del mismo. 

b) Categoría a la que pertenecen las personas y entidades obligadas a inscribirse y registro. 

c) Ámbito de interés o intereses sectoriales. 

d) Pertenencia a algún grupo de trabajo, mesa sectorial o consejo de naturaleza consultiva relacionada con alguna Administración Pública. 

e) Información financiera relacionada con las actividades cubiertas por el registro: 

– El importe y la fuente de los fondos públicos recibidos, si procede. 

– Estimación de los costes anuales vinculados a las actividades cubiertas por el registro. 

i) Quienes soliciten la inscripción en la categoría de entidades con ánimo de lucro deben además indicar: 

  1. a. Volumen de negocios imputable a las actividades cubiertas por el registro, según las siguientes categorías: Menos de 100.000 euros; de 100.000 euros a 499.999 euros; de 500.000 euros a 1.000.000 de euros, y de más de 1.000.000 de euros. 
  2. b. Relación de los clientes en cuyo nombre se realizan las actividades cubiertas por el registro. 

ii) Quienes soliciten la inscripción en la categoría de entidades sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, deben además indicar: 

  1. a. Presupuesto total de la organización. 
  2. b. Desglose de las principales cuantías y fuentes de financiación. 
  3. La suscripción del formulario de solicitud requiere la aceptación expresa del código ético. En el espacio del Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid se publicará información sobre el código ético que deben asumir los sujetos y entidades inscritas, así como del sistema de reclamaciones o denuncias. 

La resolución de inscripción la realiza el órgano competente ex post, dentro de diez días hábiles o por silencio administrativo. 

La información requerida para la inscripción deberá renovarse cada dos años, actualizando los datos y en concreto los financieros al objeto de hacerlos coincidir con el ejercicio financiero o año natural más reciente. Estos datos financieros deberán cubrir un ejercicio de funcionamiento completo. En caso de no renovación se entenderá caducada la inscripción. 

La Administración se reserva el derecho de realizar actuaciones de verificación sobre el Registro, pudiendo iniciar trámites de subsanación, en su caso, e investigación que pueda ser remitida al Consejo Transparencia de la Comunidad de Madrid (PENDIENTE CONSTITUCIÓN) para la incoación e instrucción de un expediente sancionador. El Consejo (CUANDO SE CONSTITUYA) podrá recibir también denuncias de oficio de cualquier ciudadano para iniciar de oficio un expediente sancionador. 

En el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid se habilitará el fichero de participación y colaboración ciudadana de la Comunidad de Madrid, un espacio en el que las personas y entidades que lo deseen puedan inscribirse para recibir información sobre los diferentes instrumentos específicos que la Comunidad de Madrid pone a su disposición para hacer efectivo su derecho a la participación. Tiene carácter voluntario y podrán inscribirse los previamente inscritos en el Registro de Transparencia o cualquier interesado en participar en los mecanismos de participación específicos de la Ley, de carácter consultivo no vinculante. 

Para inscribirse ha de accederse al Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid, accesible mediante el link inferior.

El jueves 9 de julio la presidenta de APRI, María Rosa Rotondo, participó en un webinar organizado por Il Chiostro de Milán, donde presentó la Plataforma Europea de Asuntos Públicos (PACE) y habló sobre su labor en el desempeño de los asuntos públicos y el lobby a nivel europeo, con un recorrido de diez años. Destacó la importancia de una plataforma como PACE, la cual conoce perfectamente la actividad profesional y puede ayudar a otras organizaciones y empresas a ejercer el lobby y los asuntos públicos de la manera más efectiva, ética y transparente. De hecho, recordó que cada país europeo tiene un contexto político, social y legal diferente y que, por lo tanto, para realizar un buen lobby es de gran importancia conocerlos bien. Además, PACE ayudó al Consejo de Europa a redactar la actual legislación sobre lobbies a nivel europeo.

Inevitablemente, comentó cómo ha afectado la Covid-19 en el sector del lobby y los asuntos públicos. Por un lado, disminuyeron los ingresos para los lobbies como consecuencia de la cuarentena; en algunos países, la legislación se relajó y se perdió calidad comunicativa entre los gobiernos y los lobbies; los lobbies se vieron obligados a cambiar la perspectiva de trabajo y, por lo tanto, la hoja de ruta, centrándose más en asegurar que hubiera financiación pública en algunos sectores en vez de en conseguir transparencia y una mejor legislación. Por otro lado, la Covid-19 también ha traído consecuencias beneficiosas al sector: ha impulsado la digitalización en todos los ámbitos; las administraciones públicas y los gobiernos han mejorado su digitalización; las reuniones online han aumentado y han permitido agilizar la frecuencia de dichos encuentros; los políticos han recibido los mensajes del sector de una manera más eficaz y han estado más cerca del lobby que nunca; y, en resumen, ha abierto nuevas oportunidades en el sector, el cual debe aprovecharlas.

Específicamente, en España el foco general tras la pandemia recaído en recuperar la economía. Por lo tanto, María Rosa recordó que los lobistas y PACE están ahí para ayudar y para aprovechar la oportunidad que se les presenta. Para ello, los profesionales del sector debemos ser más ágiles y veloces; si hubiera un segundo confinamiento, la población no aceptaría una respuesta tardía de las empresas ni de las asociaciones. Tras el anuncio del registro voluntario de la CNMC, María Rosa señaló que debería existir un registro de lobbies obligatorio en España, que garantice la actividad del sector con una transparencia total.

El jueves 9 de julio los socios de APRI tuvieron la oportunidad de asistir al segundo debate #ConciliaciónAPRI, esta vez centrado en la perspectiva empresarial. Los ponentes que participaron fueron Rafael Fuentes, director general de la Fundación MásFamilia; Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas; Andrés Ortega, Head of Employee Experience de ING España y Portugal; y Gloria Juste, directora de proyectos de la Fundación Endesa y presidenta de Mujer, Familia y Trabajo.

Primero, Rafael Fuentes afirmó que, efectivamente, la Covid nos ha demostrado que sí se puede trabajar de una manera distinta; el teletrabajo permite la conciliación, gracias a la flexibilidad espacial y horaria y, como novedad debido a la pandemia, el trabajo en remoto supone un beneficio para trabajadores y empresas también por motivos de salud. De todas maneras, las empresas deben continuar aprendiendo a facilitar la conciliación, lo que conlleva un reto especialmente destacable para las pymes y micropymes por motivo de la plantilla que emplean.

Ana Gómez centró su intervención en el anteproyecto de ley del trabajo a distancia que se está redactando actualmente. Recordó que el teletrabajo antes era una opción por la que casi ningún trabajador optaba, pero que, debido al coronavirus, ha aumentado considerablemente, pero de manera improvisada y poco precisa. Dicha prisa también ha repercutido en el anteproyecto, que sigue sin ser claro y preciso; es muy rígido para las empresas, ahonda en el intervencionismo (según el borrador, las empresas deberían sufragar todos los gastos, incluidos otros que antes caían por cuenta del trabajador, y no tiene en cuenta los gastos que se ahorra el propio trabajador, como la gasolina), y, además, no define con precisión lo que es el teletrabajo. No obstante, recordó que el anteproyecto aún está en fase de diálogo social, y es optimista en que no caerá en un decreto ley, sino que llevará el tiempo necesario para conseguir un consenso y, por lo tanto, una ley precisa.

Andrés Ortega, por su experiencia trabajando en una empresa holandesa, comparó la regulación para el trabajo a distancia entre España y Países Bajos, estando el primero aún a la cola. Recordó que ya hubo intentos de regular el teletrabajo en España entre 2016 y 2017, pero no recibieron el esfuerzo necesario y no tuvieron unos resultados tan veloces como se están viendo tras la Covid, que ha acelerado notablemente los intentos previos y que, como destacó, incluye la perspectiva y experiencia de las nuevas generaciones, más digitalizadas. Además, defendió que una regulación del trabajo a distancia supondría un aumento de medidas beneficiosas para las empresas y los trabajadores, lo que repercutiría directamente en un mayor impacto positivo en los clientes. En resumen, para lograr una legislación moderna, se debe seguir la hoja de ruta que ya se buscaba, pero incorporando lo aprendido durante la pandemia.

Gloria Juste, desde la Fundación Mujer, Familia y Trabajo, defendió que la conciliación laboral siempre ha sido un desafío para las mujeres, por lo que se debe aprovechar esta nueva oportunidad, más que nueva normalidad, para conseguir una buena legislación del teletrabajo que facilite la flexibilidad horaria y espacial y, por lo tanto, la conciliación. De hecho, la flexibilidad horaria no se limita únicamente al cuidado de menores y mayores, que es donde se suele poner la atención, sino que también es un efecto más de la globalización: cada vez es más normal que las empresas trabajen con otras de distinto huso horario.

Finalmente, María Rosa Rotondo destacó que la Covid ha supuesto en España un avance cultural y digital de seis años y que repercutirá favorablemente en las empresas. De hecho, estamos empezando a aprender a trabajar en remoto y a utilizar todas las herramientas que dicha modalidad nos ofrece.

El pasado martes 2 de julio tuvo lugar el nuevo coloquio de APRI Salud en el que Sergio Hinchado, Business Manager en Life Science Hays, David Reyero, Senior HR Business Partner en Sanofi, y Pablo Maderuelo, Associate Director Health Policy en Kreab, dieron su visión sobre el perfil de los profesionales de las relaciones institucionales en el sector sanitario bajo la perspectiva de las consultoras, head-hunters y empresas.
 
En orden de intervenciones, Sergio Hinchado comenzó explicando que el área de las relaciones institucionales es un campo muy valorado por las compañías y que ha sufrido una evolución de sus funciones en los últimos 10 años. De este modo expuso la falta de definición del profesional de las RRII ya que no existe un quorum sobre su terminología ni sobre su contexto académico, haciendo de los profesionales de este sector perfiles muy polivalentes.
 
David Reyero fue el siguiente en tomar el turno de palabra dando su visión desde el mundo de la empresa. Coincidió con los puntos del anterior ponente y añadió que el área de las RRII es un área de presente y de futuro con resultados a medio – largo plazo. Reyero explicó que el factor de éxito en este sector depende más de la persona que de su bagaje académico ya que la clave se encuentra en la capacidad de entender la empresa privada con una visión estratégica y de negocio. Finalmente, resumió en cuatro las características principales del profesional de las relaciones institucionales; los conocimientos, las competencias, los valores y el propósito.

El último ponente en intervenir fue Pablo Maderuelo quien se enfocó en el valor que se puede aportar desde las consultoras al sector salud. Habló de un doble contexto político – sanitario debido a la alta politización del sector que a su vez se encuentra en transformación. Maderuelo encontró así 5 características esenciales para reforzar la labor de la consultoría en el ámbito de la salud. En primer lugar, el dominio de la conversación pública que nos permita detectar riesgos y oportunidades a través de la monitorización. Segundo, el conocimiento de la técnica parlamentaria ya que entender dicho proceso permite arrojar certidumbre. Finalmente, el dominio del funcionamiento de las instituciones junto a la capacidad de comunicación y el Market Access. Sin embargo, es muy difícil encontrar un profesional que reúna los 5 puntos. En conclusión, los tres ponentes coincidían en que el perfil del profesional de las relaciones institucionales es multidisciplinar, en ebullición y no definido
 


Para finalizar el coloquio, tras las aportaciones de los tres invitados se abrió una ronda de preguntas en la que se trataron asuntos como las puertas giratorias, las relaciones con las patronales y asociaciones, los presupuestos o la labor de la Comisión para la Reconstrucción en el Congreso.El pasado martes 2 de julio tuvo lugar el nuevo coloquio de APRI Salud en el que Sergio Hinchado, Business Manager en Life Science Hays, David Reyero, Senior HR Business Partner en Sanofi, y Pablo Maderuelo, Associate Director Health Policy en Kreab, dieron su visión sobre el perfil de los profesionales de las relaciones institucionales (RRII) en el sector sanitario bajo la perspectiva de las consultoras, head-hunters y empresas. Los tres ponentes coincidieron en señalar que el perfil del profesional de las relaciones institucionales es multidisciplinar, en ebullición y estratégico para las organizaciones.
 
En orden de intervenciones, Sergio Hinchado comenzó explicando que el área de las relaciones institucionales es un campo muy valorado por las compañías y que ha sufrido una evolución de sus funciones en los últimos 10 años. De este modo expuso la falta de definición del profesional de las RRII ya que no existe un quorum sobre su terminología ni sobre su contexto académico, haciendo de los profesionales de este sector perfiles muy polivalentes.
 
David Reyero fue el siguiente en tomar el turno de palabra dando su visión desde el mundo de la empresa. Coincidió con los puntos del anterior ponente y añadió que el área de las RRII es un área de presente y de futuro con resultados a medio – largo plazo, y por lo tanto estratégico. Reyero explicó que el factor de éxito en este sector depende más de la persona que de su bagaje académico ya que la clave se encuentra en la capacidad de entender la empresa privada con una visión estratégica y de negocio. Finalmente, resumió en cuatro las características principales del profesional de las relaciones institucionales; los conocimientos, las competencias, los valores y el propósito.
 
El último ponente en intervenir fue Pablo Maderuelo quien se enfocó en el valor que se puede aportar desde las consultoras al sector salud. Habló de un doble contexto político – sanitario debido a la alta politización del sector que a su vez se encuentra en transformación. Maderuelo encontró así 5 características esenciales para reforzar la labor de la consultoría en el ámbito de la salud. En primer lugar, el dominio de la conversación pública que permite detectar riesgos y oportunidades a través de la monitorización. Segundo, el conocimiento de la técnica parlamentaria ya que entender dicho proceso permite arrojar certidumbre. Finalmente, el dominio del funcionamiento de las instituciones junto a la capacidad de comunicación y el Market Access.
 
Para finalizar el coloquio, tras las aportaciones de los tres invitados se abrió una ronda de preguntas en la que se trataron entre otros asuntos como el de las puertas giratorias, las relaciones con las patronales y asociaciones o la ética y transparencia en el ejercicio de las funciones de los profesionales de las relaciones institucionales o asuntos públicos. El pasado martes 2 de julio tuvo lugar el nuevo coloquio de APRI Salud en el que Sergio Hinchado, Business Manager en Life Science Hays, David Reyero, Senior HR Business Partner en Sanofi, y Pablo Maderuelo, Associate Director Health Policy en Kreab, dieron su visión sobre el perfil de los profesionales de las relaciones institucionales en el sector sanitario bajo la perspectiva de las consultoras, head-hunters y empresas.
 
En orden de intervenciones, Sergio Hinchado comenzó explicando que el área de las relaciones institucionales es un campo muy valorado por las compañías y que ha sufrido una evolución de sus funciones en los últimos 10 años. De este modo expuso la falta de definición del profesional de las RRII ya que no existe un quorum sobre su terminología ni sobre su contexto académico, haciendo de los profesionales de este sector perfiles muy polivalentes.
 
David Reyero fue el siguiente en tomar el turno de palabra dando su visión desde el mundo de la empresa. Coincidió con los puntos del anterior ponente y añadió que el área de las RRII es un área de presente y de futuro con resultados a medio – largo plazo. Reyero explicó que el factor de éxito en este sector depende más de la persona que de su bagaje académico ya que la clave se encuentra en la capacidad de entender la empresa privada con una visión estratégica y de negocio. Finalmente, resumió en cuatro las características principales del profesional de las relaciones institucionales; los conocimientos, las competencias, los valores y el propósito.
 
El último ponente en intervenir fue Pablo Maderuelo quien se enfocó en el valor que se puede aportar desde las consultoras al sector salud. Habló de un doble contexto político – sanitario debido a la alta politización del sector que a su vez se encuentra en transformación. Maderuelo encontró así 5 características esenciales para reforzar la labor de la consultoría en el ámbito de la salud. En primer lugar, el dominio de la conversación pública que nos permita detectar riesgos y oportunidades a través de la monitorización. Segundo, el conocimiento de la técnica parlamentaria ya que entender dicho proceso permite arrojar certidumbre. Finalmente, el dominio del funcionamiento de las instituciones junto a la capacidad de comunicación y el Market Access. Sin embargo, es muy difícil encontrar un profesional que reúna los 5 puntos. En conclusión, los tres ponentes coincidían en que el perfil del profesional de las relaciones institucionales es multidisciplinar, en ebullición y no definido
 
Para finalizar el coloquio, tras las aportaciones de los tres invitados se abrió una ronda de preguntas en la que se trataron asuntos como las puertas giratorias, las relaciones con las patronales y asociaciones, los presupuestos o la labor de la Comisión para la Reconstrucción en el Congreso.

El jueves 25 de junio los socios de APRI tuvieron la oportunidad de tener una sesión de formación sobre transparencia en la Unión Europea con el director de la Society of European Affairs Professionals (SEAP), João Teixeira de Freitas, en el que se habló sobrecómo se gestiona la transparencia y la actividad del lobby en la Unión Europea. João Teixeira de Freitas explicó los distintos avances en este campo. En 2011 se fundó el Registro de Transparencia en el Parlamento y la Comisión Europea; se publicaron los Códigos de Conducta; y se garantizó el acceso a los documentos legislativos de la Comisión y del Parlamento, excepto aquellos en materia de seguridad pública o actividad militar. 

El director de SEAP también repasó los principales desafíos a los que se enfrentan el sector en Bruselas: lograr una transparencia total de las instituciones europeas, definir claramente qué es el lobby y de qué manera deben registrarse las interacciones de los lobistas con las instituciones europeas, ejercer el lobby con ética profesional, perseguir la corrupción y los conflictos de intereses, y definir una postura común sobre las puertas giratorias.

Por último, repasó, el panorama profesional tras la crisis sanitaria, resaltando las oportunidades que presenta el entorno digital; como por ejemplo, la posibilidad de registrar las reuniones y publicarlas en la web, o mantener reuniones online para agilizar el trabajo.

El miércoles 10 de junio, los miembros de APRI Salud se reunieron con Antonio Ciardo, socio de APRI y presidente de la OCOE (Organización Colegial de Osteópatas de España), organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo actual es la regulación de la osteopatía como práctica profesional en España. Cirado, además de osteópata, es jefe de estudios del Grupo Thuban y coordinador y profesor del Master en Osteopatía y Evidencia Científica de la Escuela Superior de Osteopatía del Grupo Thuban acreditado por la Universidad Europea del Atlántico.

Durante el coloquio, Antonio aclaró qué es y qué no es la osteopatía, y habló sobre su situación a nivel formativo y legislativo en España. Según Ciardo, actualmente, la osteopatía se considera como actividad parasanitaria y no cuenta con ninguna normativa clara sobre su práctica profesional en el país. En cambio, la Unión Europea cuenta con la norma 16686/2015, que regula la práctica osteópata como prestación sanitaria. La normativa define la actividad y regula aspectos como su formación, los estándares sanitarios y éticos, la seguridad del paciente, los tratamientos, etc. A raíz de esta normativa, numerosos Estados miembros redactaron su propia normativa, entre los que se encuentran Reino Unido, Portugal y Francia. Por lo tanto, Antonio resaltó que ya existen varias normativas a nivel europeo de las que tomar ejemplo y, no habría que desarrollar la legislación desde cero en España. Ciardo también recalcó que si existiese una normativa española, estaría definido claramente el perfil profesional del osteópata, inclusive su formación profesional y código deontológico, y añadió que actualmente, al carecer de una legislación, ­«cualquiera» puede ser osteópata con una formación de un curso de unos seis meses. Esto conlleva un peligro a la profesión y al paciente y conduce a confusión a la sociedad cuando se habla de osteopatía.

Una normativa similar a la europea pondría al paciente en valor, asegurándole un tratamiento osteópata de calidad cuando necesite acudir a él. En palabras del ponente, no hay que olvidar utilizar el término «persona» como sinónimo de «paciente» y ser empático y compasivo. Asimismo, como profesional, debe aportarle valor y saber cuándo derivar si se requiere otra tratamiento sustitutivo o complementario, pero evitar que ambos se repitan.

Otro argumento para la legislación, según Antonio Cirado sería el aspecto económico. Un buen tratamiento osteópata, en los casos idóneos, sería preventivo ante posteriores complicaciones en el paciente y, por ejemplo, quitaría saturación a los centros hospitalarios y a otros especialistas sanitarios. Asimismo, subrayó que la experiencia de los osteópatas ha demostrado que un buen tratamiento, además de ser curativo y complementario, también puede ser paliativo. La evidencia científica muestra que los tratamientos osteopáticos son idóneos en numerosos casos.

Por otro lado, Antonio recordó la dificultad que existe para acceder a las administraciones públicas para hablar sobre osteopatía. Buscar su regulación es una tarea ardua y llena de escepticismo de otros sanitarios y de la población en general.

En definitiva, la osteopatía es una terapia manual, que pone especial atención al contacto físico con la persona y que, llevada a cabo por un profesional, aporta valor a la salud física y emocional del paciente. Por ello, la Organización Colegial de Osteópatas de España persigue que haya una regulación en España y que la ponga en valor como actividad sanitaria. En palabras del ponente, «hay espacio de reconocimiento para todos los profesionales sanitarios».