El pasado jueves 24 la Delegación de APRI Cataluña ha organizado el primer encuentro en materia de relaciones institucionales, asuntos públicos y lobby. 
 
Un encuentro moderado por Ángel Mesado (Delegado Apri en Catalunya y partner 19N Strategies) en el que se ha podido debatir con expertos sobre el estado del sector de los asuntos públicos en Cataluña, así como su potencial y oportunidades de desarrollo. 
 
Gracias a Albert Castellanos Maduell (Secretario de Empresa y Competitividad), Eulàlia Tort Bodro (Profesora Asuntos Públicos UOC y IRL), Jordi Bacardit (Senior Manager Public Policy Spain en Tier Mobility) y Jaume López (DG de Buen Gobierno, Innovación y Calidad Democrática de la Generalitat) por participar en este encuentro de APRI Cataluña, así como, a la treintena de profesionales de los asuntos públicos con los que tuvimos la oportunidad de debatir y hacer red alrededor de nuestra profesión. También, un especial agradecimientos al apoyo al acto: 19N Strategies por organizar el acto y a Tech Barcelona y a Damm por su apoyo.

En un ambiente muy ameno tuvo lugar el pasado lunes un encuentro organizado por el grupo de Salud de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales  a pocos pasos del Congreso, para trasladarle a la Presidenta de la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados, algunas de las actividades que este Grupo ha venido desempeñando hasta la actualidad.

La invitada, Doña Rosa Romero Sánchez, Presidenta de la Comisión de Sanidad y Consumo y Diputada del Grupo Popular, fue presentada por los coordinadores Irene Tato y Juan Francisco Iniesta, siendo la primera diputada en aceptar la invitación extendida por el Grupo de Salud de APRI a miembros de la Mesa de la Comisión de Sanidad para establecer una serie de encuentros entre socios y representantes públicos con el fin de dialogar sobre cuestiones comunes del trabajo de ambos. El encuentro transcurrió de forma distendida y con un toque muy personal en las presentaciones individuales, mientras se relataba la intensa actividad de esta comisión, repasando su calendario de sesiones (73 es un récord en cualquiera de las Legislaturas hasta el momento)así  como todo el trabajo del Grupo de Sanidad dentro de la Comisión de Reconstrucción que siguió al esfuerzo hecho durante el Estado de Alarma y la gestión de la pandemia del Covid 19, una “experiencia triste por la solemnidad vivida en las sesiones más solitarias que ha vivido nunca esta Cámara”

La Presidenta de la Comisión, expuso en qué consisten sus funciones principales, el esfuerzo y proactividad que aportan los diversos  grupos parlamentarios, “todos ellos importantes”. La Presidenta también explicó el funcionamiento de la propia Comisión: trabajo legislativo de los proyectos y proposiciones de Ley, trabajo de control a través de las preguntas a altos cargos así como Proposiciones No de Ley que instan al Gobierno a realizar determinadas acciones; comparecencias de las entidades que traen su voz y propuestas, además de la realización de jornadas en diferentes asuntos: Salud mental, Enfermedades raras, especialidades médicas, ELA, Atención Primaria, One Heath…

“Los políticos trabajamos desde la vocación del servicio público y estamos encantados de colaborar con las organizaciones en acciones que aporten valor a la sociedad. Agradecemos que se nos venga a ver con propuestas de valor” Rosa Romero

Finalmente, también hubo tiempo para plantearle preguntas, donde la Presidenta se mostró abierta a responder entre ellos:

1.     Tomar más medidas estructurales para afrontar los retos que el Sistema Nacional de Salud necesita y no estar solo en medidas coyunturales.

2.     Habría que intentar sacar a la Sanidad al margen de debates ideológicos.

3.     Las ventajas de estar en conexión con la agenda de los eurodiputados y de la necesidad de trasladar a lo local las políticas transversales de Salud.

4.     Avanzar en el trabajo de consenso en el ámbito de la salud.

5.    La agenda legislativa en la Comisión en proceso de presentación de enmiendas está la Ley de Equidad, Universalidad y la Cohesión del Sistema Nacional de Salud.

6.     Es necesario una  evaluación independente de la gestión de la pandemia del COVID como ya han hecho otros países y se comprometió el Gobierno.

“Como ciudadana, sé que los asuntos públicos también son asunto mío, por eso me interesa tanto acercarme a los profesionales que ejercen la responsabilidad de legislar buscando dar respuesta a las necesidades que la sociedad demanda” Irene Tato

Confiamos cada mes podamos celebrar más reuniones similares para ir conociendo más en profundidad el perfil humano de nuestros diputados más activos en Sanidad. Para APRI SALUD ha sido un placer tener la oportunidad de disfrutar de este encuentro tan fructífero en ideas y creación de relaciones. 

  • Durante la celebración de la mesa de análisis sobre los profesionales de las relaciones institucionales, los asuntos públicos y el lobby organizado por el Foro de Organizaciones de APRI, se ha analizado este perfil estratégico, cada vez más demandado por todo tipo de organizaciones.
  • Una de las principales barreras para estos profesionales es el estigma social alrededor del lobby por el desconocimiento y la falta de regulación de la actividad en España.
  • Los expertos coinciden que una regulación de los grupos de interés junto con una mejor divulgación sobre la actividad ayudaría a rebajar estigma negativo del lobby y a conocer mejor la labor que desempeñan estos profesionales.

Madrid, 15 de noviembre de 2022

Con motivo de la reciente aprobación del Anteproyecto de ley de transparencia de los grupos de interés, la Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales (APRI) ha celebrado una mesa de análisis sobre el perfil profesional de las relaciones institucionales, los asuntos y el lobby.  Durante la mesa de debate moderada por la Directora General de APRI, Irene Matías, se ha concluido que la profesión en España se encuentra en plena fase de desarrollo, y aunque no se ha llegado a un consenso para una denominación común de estos profesionales, todos los ponentes han coincidido en señalar que el perfil de este tipo de profesionales es multidisciplinar, con amplios conocimientos del funcionamiento de la política, la estructura de gobierno y el proceso de elaboración de normas. Tienen amplias dotes comunicativas gracias a su “escucha activa”, una visión estratégica y la capacidad de articular consensos. Son profesionales proactivos, defensores de los intereses de las organizaciones, pero comprometidos con el interés particular de la ciudadanía ya sean pacientes, consumidores o ciudadanos.

Además, los expertos son de la importancia de la ética, integridad, transparencia y rigurosidad que tiene que acompañar su trabajo, de ahí la importancia de que se regule la profesión. En palabras Carlos Parry, Head of Government Affair en AstraZeneca y coordinador del Foro de Organizaciones de APRI, “la ética, la transparencia y la profesionalización de la actividad debe convertirse en la esencia de nuestra profesión, para liberarlas del estigma negativo asociado a la palabra lobby y se conozca en profundidad el verdadero valor que desempeña nuestra labor”. 

El acto, organizado por el Foro de Organizaciones de APRI, un medio de colaboración de organizaciones que apoyan los objetivos y valores de APRI, nacido con la finalidad de poner en valor una interlocución público-privada ética, transparente y profesionalizada, ha reunido a experto en el ámbito académico, expertos en selección de personal y a profesionales del sector, como Javier Cantera, Presidente en Auren Consultores; Pablo Gutierrez-Jodrá, Director de Gestión de Talento en Asuntos Públicos de Political Intelligence; Euprepio Padula, Presidente en Padula & Partners; Eulalia Tort, Profesora de Public Affairs en la UOC y la URLL; Marc Francés, Managing Director en Sarah Marlex y Carlos Parry, Head of Government Affair en AstraZeneca y coordinador del Foro de Organizaciones de APRI.

Todos han coincidido en señalar que existen muchas maneras de dominar a estos profesionales, ya que se trata de una posición adaptada a las necesidades de la organizaciones. En palabras de Marc Francés, “su denominación depende de la estrategia que tenga cada organización”. Pablo Gutierrez-Jodrá, Director de Gestión de Talento en Asuntos Públicos de Political Intelligence en cambio, ha señalado que en Political Intelligence han optado por denominarla “Chief Policy Officer”, “término que permite señalar la función estratégica y transversal que tiene la posición”. Eulalia Tort, Profesora de Public Affairs en la UOC y la URLL, prefiere denominar esta actividad Asuntos Públicos, ya que “es un término más generalista, que invita a que el ámbito público y privado se sienten en una mesa y sean capaces de articular consensos”.

En cuanto a la formación, al no haber una disciplina concreta, estos profesionales emergen de todo tipo de estudios que les sirve como base para desempeñar su trabajo: ciencias políticas, jurídicas, económicas, ciencias de la información etc., pero reconocen que se trata de una profesión multidisciplinar que requiere formarse en varias áreas a lo largo de la vida laboral. Así, Javier Cantera, Presidente en Auren Consultores, ha resaltado “la importancia de formarse en la metodología”. También ha resaltado que “la profesión tiene que llegar a las escuelas de negocios, para que los equipos de dirección conozcan esta actividad tan fundamental y estratégica para las organizaciones”.

Asimismo, se ha resaltado el profundo desconocimiento de la actividad. Los expertos coinciden que se debe a que el trabajo no está regulado. Según Carlos Parry, Head of Government Affair en AstraZeneca y coordinador del Foro de Organizaciones de APRI “una regulación de los grupos de interés y una mejor divulgación sobre la actividad ayudaría a rebajar el estigma negativo de la profesión y a conocer mejor la labor que desempeñan estos profesionales”. Euprepio Padula, Presidente en Padula & Partners, ha concluido “además de la regulación, las organizaciones poseen la enorme responsabilidad de comunicar adecuadamente la importancia de esta función”.

Desde Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) llevamos alguna década reclamando este proyecto, y también haciendo propuestas concretas y constructivas, basadas en nuestro conocimiento y respeto profundo a la profesión y al colectivo de profesionales que representamos.



Por ello, valoramos el esfuerzo del Gobierno en elaborar un anteproyecto que supone un muy buen punto de partida para la regulación de la actividad de representación de intereses. Esperamos que ahora sean capaces de imprimir la celeridad necesaria para aprobarlo antes del final de la legislatura, o nos volveremos a encontrar con otros 4 años de vacío en una cuestión tan importante para nuestra democracia.



La sociedad está preparada para este cambio, los lobistas profesionales también, ahora solo queda remar todos juntos para lograr un cambio tan necesario para nuestras instituciones y para la calidad de la participación democrática de la sociedad civil en los asuntos públicos.

Pedro Claver, Responsable de Asuntos Públicos Consejo General de Colegios Farmacéuticos

Carlos Parry, Head of Government Affairs en AstraZeneca

El pasado enero el Gobierno aprobaba su Plan Anual Normativo para este 2022[i], y en él se incluía una buena noticia para los profesionales de las relaciones institucionales: la Ley de transparencia e integridad en las actividades de los grupos de interés.

Esta inclusión en el plan normativo abre la esperanza para que este año vea la luz la nueva norma; al tiempo que demuestra el interés del Gobierno por dotar de una mayor transparencia el trabajo que realizamos quienes nos dedicamos a defender los intereses legítimos de las organizaciones que representamos.

Según el texto incluido en el propio Plan Normativo del Gobierno, se pretende: Regular las relaciones de los grupos de interés con los responsables públicos. Definir “grupo de interés” y derechos y obligaciones de sus miembros; establecer la publicidad de las agendas de los altos cargos; crear un registro público y obligatorio de grupos de interés; establecer un régimen sancionador para altos cargos, empleados públicos y “lobistas”.

Hay más buenas noticias dentro Plan. Es el caso de la inclusión de una propuesta de Ley de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado. Una positiva iniciativa porque en España no hay costumbre de medir el impacto de las leyes que se aprueban; de la misma forma que se modifican las ya existentes sin tan siquiera saber que ha funcionado o no de la norma anterior.

Por lo tanto, ya tenemos dos buenas noticias para este año y debemos celebrarlo. Si se cumplen las previsiones, podremos tener un marco bajo el que trabajar; y el Gobierno se dotará de un instrumento para evaluar el impacto de sus normas. Pero aún nos queda un campo abierto por mejorar en España. Esa asignatura pendiente es la mejora de la transparencia y la participación en la creación y elaboración de nuevas de leyes.

Es necesario establecer cauces de comunicación y participación con el Gobierno. No solo se trata de hacer transparentes los intereses de los lobistas y hacer públicas las reuniones con los cargos del sector público. Hay que ir más allá. El desafío pasa por contar con canales de comunicación abiertos que nos permitan un mayor acceso y una mayor información.

No puede ser que, conforme a la actual Ley 50/97 del Gobierno, los periodos de consulta pública -cuando no se conoce ni el borrador de la norma- puedan suprimirse por razones de interés público o urgencia; o que los periodos de audiencia pública -cuando ya se conoce una primera propuesta de texto articulado- pueda reducirse a 7 días, incluidos el fin de semana, como ha pasado recientemente con el Anteproyecto de ley de modificación de la de la Ciencia, la Tecnología y la Innovaciónii. Si mejoramos los mecanismos de comunicación y participación de los grupos de interés e, incluso, de los ciudadanos en la elaboración de las leyes, estaremos también mejorando la participación democrática y dotando de una mayor solidez y calidad a las propuestas del Gobierno.

No hay que inventar mucho, en Bruselas funciona así. Existe una regulación para la actividad del Lobby, pero también existen procesos regulados de participación en la elaboración de las leyes con absoluta transparencia. Es bastante anacrónico querer seguir legislando sin evaluar y escuchar a todas las partes. Más allá de los partidos políticos, es preciso facilitar el debate y el intercambio de ideas serio y riguroso con la sociedad civil, incluidas las empresas, las asociaciones y el conjunto de los ciudadanos.

Aboguemos por unas normas de transparencia y de mejora de la participación para todos. Una meta que nos ayudará a potenciar la colaboración público-privada, a alinear objetivos y a sumar esfuerzos. Si partimos de que a mayor participación, mayor compromiso; el resultado será hacer de España un país con mejor futuro para todos.


[i] Plan Anual Normativo 2022 https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2022/PAN%20202.pdf

ii Tramite de audiencia pública Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación

https://www.ciencia.gob.es/Convocatorias/Participacion-Publica/Audiencia-e-informacion-publica/Audiencia-e-informacion-publica-sobre-el-anteproyecto-de-ley-de-modificacion-de-la-Ley-14-2011-de-1-de-junio-de-la-Ciencia-la-Tecnologia-y-la-Innovacion.html

El pasado viernes 23 de abril el Comité Económico y Social Europeo (CESE) organizó un coloquio online para que los socios de APRI conociesen de cerca el funcionamiento de esta institución europea. Durante el coloquio virtual, los miembros de APRI tuvieron la oportunidad de familiarizarse con el funcionamiento del CESE y el papel que juega en el proceso de toma de decisiones de la UE.

El Comité Económico y Social Europeo (CESE o EESC por sus siglos en inglés) es una de las instituciones más antiguas de la UE y se creó para representar los intereses económicos en Europa. Hoy en día funciona como una asamblea con representantes de cada país—España tiene 21 representantes. Las instituciones de la UE no tienen obligación de escuchar a los representantes, sino tener en cuenta el consenso que se alcanzan en estas asambleas. Los representantes de la asamblea trabajan para llegar a un consenso respecto a los diferentes intereses en la UE, para que los legisladores sepan dónde están los intereses europeos comunes y qué tipo de oposición esperar. Hay varios representantes del APRI en los comités del CESE.

La conferencia comenzó con Beatriz Porres, Jefa de la Unidad de Visitas y Publicaciones del CESE, que explicó la institución y presentó a varios participantes.

El siguiente ponente, Juan Alfonso Herrero, vocal de la Junta Directiva del APRI y Director de Asuntos Europeos de Mercadona, habló sobre APRI y su misión, antes de dar la palabra a dos ponentes del CESE.

Georgios Meleas presentó algunos elementos sobre los planes de recuperación Post-COVID y la importancia de la democracia participativa. El CESE realizó una encuesta en todos los Estados miembros y comprobó que las organizaciones de la sociedad civil no participan al grado que esperaba la Comisión. El CESE ha sido muy activo últimamente para reunirse con los stakeholders.

Tatiana Adamisova, destacó que el CESE se trata de un órgano consultivo, y no de un grupo de presión, cuya función principal es asesorar a las tres instituciones principales de la UE: la Comisión, el Parlamento y el Consejo. Estas relaciones se formalizan mediante acuerdos y protocolos de cooperación. La pandemia no ha afectado tanto a las actividades del CESE debido a que la mayoría de los representantes viven en los Estados miembros y tienen fuertes conexiones con grupos locales de la sociedad civil. En este sentido, subrayó la importancia de una fuerte conexión con la sociedad civil y los comités nacionales de los Estados miembros.

En la segunda parte de la conferencia, los ponentes destacaron la importancia de ejercer presión en todas las fases de la legislación en la Unión Europea, de encontrar un consenso dentro de las organizaciones y de inscribirse en el Registro de Transparencia de la UE.

Benedikt Wiedenhofer, de la organización de empresarios de la UE Business Europe, explicó que hay varias herramientas de abogacía que una organización puedan utilizar. Business Europe está formada de 40 miembros en 35 países, incluidos los 27 Estados miembros, y representan a las pequeñas, medianas y grandes empresas. Entre sus prioridades se encuentran las relaciones internacionales, centradas en la política de comercio interior e inversiones de la UE, con grupos de trabajo dedicados a la OMC con diferentes prioridades regionales. Los stakeholders con las que trabajan principalmente son instituciones con sedes en Bruselas, también trabajan con embajadas y confederaciones de terceros países.

Jean-Baptiste Boucher subrayó la importancia de distinguir entre la abogacía y el lobbying antes de presentar la misión y los objetivos del Copa-Cogeca. El Copa representa los intereses de los agricultores europeos, mientras que la Cogeca representa los intereses de las cooperativas agrarias. Afirmó que es importante encontrar el nivel de consenso más alto dentro un lobby o grupo de interés y que es importante comunicar el consenso a otros para encontrar aliados comunes. Este proceso del lobbying generalmente comienza con una consulta pública en la Comisión de manera que dar “dirección a la grada en la ballesta.”

Desde el punto de vista de la Comisión Europea, Tzonka Iotzova explicó cómo se trata a los consumidores y a los lobbies, así como los procesos que se utilizan en la Comisión. Según sus comentarios, es imprescindible inscribirse en el Registro de Transparencia si un lobby o grupo de interés quiere ser escuchado o unirse a un grupo de expertos.  

Lorenzo Repetti, en representación de Confederación de Sindicatos de la UE, que representa a más de 45 millones de trabajadores, volvió a destacar en la importancia de negociar a todos los niveles.

Por ultimo, Felipe Medina, miembro del CESE concluyó con comentarios sobre la comunicación, el consenso y la búsqueda de puntos comunes. En Bruselas, “si no eres una de las personas que almuerza en la mesa, eres la comida” de esta manera el CESE puede permitir un espacio para comprometerse con los temas que se sirven en la mesa.

La mayoría de los representantes y cargos públicos se relaciona con lobistas de forma natural y frecuente. Un 96,7% ha tratado en algún momento con ellos, mientras el 74,6% mantiene un contacto frecuente. Según un estudio sobre La visión de los poderes públicos sobre las relaciones institucionales en España, impulsado por el Foro Empresarial de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) y elaborado por Deusto Business School, los políticos consideran que la actividad de representación y defensa de intereses ante las instituciones es un pilar fundamental en las democracias modernas. Además, el lobby es visto como un derecho por los grupos de interés afectados y como una necesidad por los representantes públicos y políticos para tomar decisiones sobre una realidad que les resulta compleja y, a menudo, desconocida.

Así, el estudio revela que el lobby profesional y transparente es una actividad útil para el legislador y para el sistema democrático en su conjunto, al demostrar que tiene alta eficacia en España, sobre todo el ejercido directamente por las organizaciones. Un 89,8% de los encuestados considera útil o muy útil la participación de los grupos de interés en la detección de necesidades en la sociedad y el 83,9% en la identificación de preferencias de actuación pública. Sólo un 1,7% de los decisores políticos encuestados señala que las actuaciones públicas no se ven modificadas nunca o casi nunca como resultado de la actuación de los lobbies.

Los recelos hacia la actividad del lobista que todavía existen en determinados sectores de la opinión pública son atribuidos, principalmente, a malas prácticas del pasado; a ciertos prejuicios respecto a la clase política y empresarial, y a la falta de transparencia que aún impera en los procesos decisorios. Únicamente el 22% de los encuestados ve adecuada la normativa actual de los lobbies y más de la mitad (el 68,4%) es partidario de mejorar los mecanismos para la participación de los lobistas en la definición de las políticas públicas con una legislación a nivel nacional que integre o complemente la que ya se ha aprobado de manera dispersa en el ámbito autonómico o local.

El informe, asimismo, evidencia que el lobby no es una actividad exclusiva del sector empresarial; también hacen lobby las ONG, las asociaciones de vecinos e incluso los partidos políticos.  El 83,9% de los representantes y cargos públicos encuestado admite que ha tratado con organizaciones sin ánimo de lucro representativas de intereses empresariales y colegios profesionales, aunque reconocen que las organizaciones empresariales son los lobbies más exitosos.

A la hora de evaluar la relación que mantienen con los profesionales del lobby, un 85,6% considera la reunión presencial como una vía de contacto idónea para relacionarse con los lobbies, aunque prácticamente la totalidad de los encuestados coincide en que la crisis de la COVID-19 ha tenido un impacto profundo en la forma en que se relacionan con los lobbies, sustituyendo total o parcialmente la presencialidad por la videoconferencia y otras vías de contacto en remoto.

Para la presidenta de APRI, María Rosa Rotondo, “Este estudio viene a confirmar que los lobistas profesionales estamos bien asentados y en diálogo con los poderes públicos, y que lo que falta es regular definitivamente la actividad. Como decía un gran político en la inminente democratización de España, hay que elevar a la categoría política de normal lo que a nivel de calle es simplemente normal”.

La investigación se ha nutrido de una encuesta a más de 120 políticos y de una serie de focus groups y entrevistas abiertas con representantes de todos los niveles territoriales y partidos políticos. Esta metodología ha servido no solo para exponer ampliamente las prácticas y el estado de opinión de la clase política respecto a la actividad lobista, sino también para confeccionar un decálogo para el ejercicio de un lobby eficaz, ético y transparente ante las instituciones. Algunas de las recomendaciones que desde las propias instituciones se han formulado son planificar la comunicación con un objetivo claro y bien definido; identificar al interlocutor adecuado dentro del órgano político o administrativo; conocer exhaustivamente el marco jurídico-administrativo en el que se desenvuelven los poderes públicos; presentar argumentos o propuestas que conecten con los de otros agentes afectados o la propia sociedad, y ser muy transparente en cuanto a los intereses representados y los objetivos pretendidos. 

Este estudio es la segunda fotografía del sector del lobby en España. La primera se realizó en 2016 y analizaba la visión de la actividad por parte de las empresas, y se completa con este segundo informe que analiza, la visión sobre el lobby por parte los poderes públicos a través de 120 encuestas y cinco grupos enfocados y entrevistas en profundidad a cargos públicos desarrolladas de junio a diciembre de 2020.

Sobre el Foro Empresarial de APRI

El Foro Empresarial de APRI nace con el objetivo de reforzar la representatividad de APRI para defender y representar al sector de las relaciones institucionales, asuntos públicos y lobby en nuestro país, apoyando los trabajos de APRI mediante la visión de empresas y otras entidades con experiencia en el sector. Reúne a las organizaciones socias de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) que apuestan por el ejercicio transparente y profesional de la actividad de relaciones institucionales, asuntos públicos y lobby en España, y cuyo objeto es impulsar proyectos y actuaciones de sensibilización y análisis de tendencias en el campo de las relaciones institucionales y asuntos públicos en nuestro país. Entre los proyectos impulsados por el Foro, figura la elaboración del primer libro sobre el lobby en España, así como el primer estudio del sector de las relaciones institucionales o el video explicativo de cómo funciona la actividad profesional del lobby en España.

Actualmente, el Foro está conformado por 14 organizaciones entre las que se encuentran APD, BWC, Deva, Evercom, FTI Consulting, Grupo Social ONCE, ING, OmnicomPublicRelationsGroup, Political Intelligence, PKF Attest, 19N, Reti España, Roman y Weber Shandwick.

Sobre Deusto Business School

Deusto Business School es la escuela de negocios de la Universidad de Deusto. En 2016 cumplió su primer centenario, siendo la decana de las business schools en España. Es un referente en la formación de líderes empresariales y en egresar emprendedores; sus alumni están en las más importantes empresas del mundo o liderando startups exitosas. Tiene tres ejes de diferenciación que impregnan de manera transversal toda su oferta educativa y su actividad de transferencia de conocimiento: estrategia digital; humanismo y competitividad; y emprendimiento e innovación.

El pasado 17 de marzo tuvo lugar el segundo encuentro de APRI Agroalimentario sobre la Estrategia Europea de la Granja a la Mesa en el marco del ciclo de conversaciones que está organizando la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) con interlocutores del sector público para debatir temas de actualidad en el sector de la agroalimentación, tanto a nivel a nacional como europeo.

La Estrategia Europea de la Granja a la Mesa involucra a toda la cadena de valor del sector agroalimentario y la colaboración público-privada y la interlocución institucional es esencial. Por este motivo, el grupo de trabajo de APRI Agroalimentario, compuesto por directores de relaciones institucionales y asuntos públicos de importantes organizaciones y empresas agroalimentarias de nuestro país,  se reunió con María José Alonso Moya, Coordinadora de Aire Limpio del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para abordar la Estrategia europea desde el punto de vista de la sostenibilidad.

La Coordinadora de Aire Limpio del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico apeló a la coordinación entre las administraciones públicas y toda la cadena agroalimentaria para alcanzar los compromiso ambientales y objetivos sostenibles de la Estrategia de la Granja a la Mesa España, trabajando desde una visión holística y general. Comenzó contextualizando la Estrategia en el marco de la Agenda 2030 y objetivos sostenibles, y cuyo objeto es movilizar la industria agroalimentaria para conseguir una economía limpia y circular. Explicó que la Estrategia de la Granja a la Mesa entra de lleno en lograr una contaminación 0 y libre de tóxicos para acelerar el cambio económico y garantizar la llegada de alimentos sostenibles con la menor contaminación e impacto sobre el medioambiente.

Para María José Alonso Moya, la Estrategia de la Granja a la Mesa supone una oportunidad económica y de innovación para implementar nuevas tecnologías y la digitalización en toda la cadena de valor del sistema agroalimentario garantizando su sostenibilidad. Sin embargo, reconoció que, para alcanzar este objetivo tan ambicioso, se requiere la participación todos los actores de la cadena de valor del sistema agroalimentario y los ministerios competentes en materias como agricultura, alimentación, transición ecológica, transporte, industria o comercio. Para ello, es necesario que exista un marco integrado que no aumente la carga administrativa para los eslabones de cadena agroalimentaria. Asimismo, destacó que la Estrategia va acompañada de otras políticas europeas como la Política Agrícola Común (PAC), lo que supone un primer paso para que los agricultores cambien su manera de producir y empiecen a trabajar gradualmente con ayudas que permitan alcanzar los objetivos de sostenibilidad en la cadena de valor agroalimentaria. Entre las medidas a acometer para alcanzar los objetivos sostenibles en el terreno agrícola y ganadero citó, entre otras, la gestión de nutrientes, la reducción de emisiones y pesticidas, la reducción de gases de efecto invernadero en la ganadería y agricultura o medidas de mitigación reducción efectiva de fertilizantes. Desde el punto de vista de la alimentación, resaltó la necesidad de centrarnos en sistemas de alimentación más sostenibles y dietas más saludables, lo que supone una oportunidad para España con su dieta mediterránea.

Por su parte, los miembros del grupo de APRI Agroalimentario, mostraron su apoyo a los objetivos perseguidos por la estrategia si bien trasladaron sus inquietudes sobre los tiempos, los cambios y la inversión que supone partes de la Estrategia de la Granja a la Mesa para el sector agroalimentario en España, en un momento económicamente delicado para España. De este modo, apelaron a que, para alcanzar los objetivos medioambientales y sostenibles de manera eficiente, es necesario apoyarse en la colaboración público-privada para evitar que su implementación disminuya la competitividad y eficiencia del sector y lograr el consenso de todos los eslabones de la cadena de valor para trasladar una posición conjunta.

Sobre la ponente

María José Alonso Moya es Ingeniera Agrónoma por la Universidad de Politécnica de Madrid y Master de Agricultura Ecológica por la Universidad de Wageningen (Países Bajos). Ha desempeñado su carrera profesional tanto en el ámbito privado como en la Administración Pública. Actualmente es Coordinadora de Aire Limpio en la Subdirección General de Aire Limpio y Sostenibilidad Industrial de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Anteriormente ha desempeñado diversos puestos en la Administración tanto en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación donde fue Subdirectora Adjunta de Cultivos Herbáceos, Industriales y Aceite de Oliva, como en la Oficina Española de Cambio Climático donde trabajó 9 años como responsable de los sectores de Agricultura, Ganadería, Suelos y Alimentación en las vertientes de mitigación y adaptación al cambio climático.

Sobre APRI Agroalimentario

APRI Agroalimentario es uno de los grupo de trabajo de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) que tienen como objeto poner en valor la profesión de las relaciones institucionales, asuntos públicos y lobby en el sector agroalimentario, promoviendo la interlocución público-privada y el diálogo abierto en la representación de intereses.