El pasado jueves 27 de abril, tuvo lugar la XV Asamblea General de Socios de APRI en la sede de EDP Renewables. Fue un buen momento para repasar juntos los distintos aspectos de la Asociación, qué se ha hecho en 2022 y cómo, entre todos, podemos seguir haciéndola crecer y trabajando por la transparencia e integridad de nuestra actividad. 

El número de socios de APRI continúa creciendo tanto en personas físicas como jurídicas y aumentando su deslocalización. La Junta Directiva puso en valor las iniciativas realizadas por los distintos grupos de trabajo de APRI. En términos de Regulación, a pesar de todas las reuniones, consultas públicas y de la promesa de la aprobación de la ley de regulación de los grupos de interés, tenemos que lamentar que tanto esta ley como el reglamento de la cámara hayan quedado pendientes en esta legislatura. APRI Salud mantuvo una alta actividad durante todo el año y Agroalimentación, Sostenibilidad y Asociaciones siguen sus pasos. Destacamos también especialmente el trabajo realizado en Cataluña, los debates y foros que se han llevado a cabo y el éxito del programa de mentoring iniciado. Por su parte el Foro de Organizaciones subrayó la grabación de los vídeos para la divulgación sobre Qué es el Lobby así como la mesa de análisis de sobre el perfil de los profesionales de las RRII, Asuntos Públicos y el Lobby.

Hacemos también una mención especial a la incorporación de Irene Matías a la Junta Directiva, en reconocimiento a su labor estos años en la dirección de la asociación. 

Esperamos poder contar con la asistencia de todos los socios el año que viene. Es un buen momento para ver qué se ha hecho, los planes para el año en curso y celebrar vernos de nuevo.

El martes 7 de marzo LLYC acogió en su oficina de Madrid el encuentro organizado por el grupo de trabajo de APRI Salud con Elena Mantilla, Directora General de Inspección, Ordenación y Estrategia Sanitaria de la Comunidad de Madrid y Secretaria de Sanidad del PP de Madrid, quien expuso el estado de la Sanidad madrileña reflejado en cifras de su actividad asistencial, así como el cambio importante en la agilización de los plazos de los visados de los medicamentos que debe hacer la inspección médica, sin afectar a la seguridad de los casi millón y medio de pacientes crónicos que han salido beneficiados con el visado por autocontrol donde el inspector médico evalúa el visado en la primera prescripción y las sucesivas son automáticas. El visado tradicional, donde interviene un inspector en cada prescripción, sigue vigente para otras muchas prescripciones.

Es de significar que, para potenciar la calidad asistencial y la seguridad del paciente, en este último año se han incrementado significativamente el número de actuaciones inspectoras, proponiendo la adopción de las medidas adecuadas para preservar la salud de los ciudadanos, en aquellos supuestos en los que se detectó la existencia de un riesgo en la actividad asistencial de los centros sanitarios de la Comunidad de Madrid. Y ello porque, sólo a través de la vigilancia del cumplimiento de la legislación sanitaria, puede asegurarse la calidad de las prestaciones y servicios sanitarios y la efectividad de los derechos de los ciudadanos en el ámbito sanitario.

Elena Mantilla puso también en valor todos los avances conseguidos al impulsar nuevos e importantes cambios normativos propiciados por las mejoras en los últimos años en las técnicas diagnósticas y terapéuticas, los progresos tecnológicos y los cambios culturales y sociales producidos, que han modificado la forma de entender la asistencia sanitaria mientras que, paralelamente, se ha producido un incremento de la preocupación por la calidad asistencial, por la seguridad clínica y por el trato dispensado a los pacientes.

Entre estos logros se encuentran:

El Decreto de Seguridad del Paciente, cuyo objetivo es la protección de la salud de los ciudadanos que asegura la calidad y seguridad de la asistencia que se presta a los mismos, consolidando la cultura de seguridad en todos los centros sanitarios públicos y privados de la Comunidad de Madrid

La actualización del Decreto 51/2006 de autorización de centros y servicios sanitarios, actualmente pendiente del informe solicitado a la Abogacía de la Comunidad de Madrid, que:

Elimina trabas administrativas incrementando las renovaciones por declaración responsable y, salvo regulación específica, aumentando el plazo para las mismas de 5 a 8 años. Mejora la seguridad y la calidad en los servicios que ofrecen los centros en cuya oferta asistencial dispongan de bancos de tejidos, gametos y embriones. Simplifica los trámites de autorización de los centros y servicios de Reproducción Humana Asistida. Establece la obligatoriedad de la subscripción de un seguro, que asegure la solvencia frente a posibles accidentes que afecten a la crioconservación de gametos y embriones y, como novedad, cubre la cesión de los bancos de gametos y embriones a otro centro autorizado, en el supuesto de cese de actividad del centro tanto provisional como definitiva. Y, por último, ofrece nuevas ofertas asistenciales a domicilio.

La LEY 13/2022, de 21 de diciembre, de Ordenación y Atención Farmacéutica de la Comunidad de Madrid que regula, entre otras medidas, la atención farmacéutica domiciliaria, la creación del Registro de establecimientos y servicios farmacéuticos, con especial apoyo a la farmacia rural, y la actualización de la regulación de la publicidad de las oficinas de farmacia. 

Dentro de la Estrategia 2022-2026 de Protección a la Maternidad y Paternidad y de Fomento de la Natalidad, entre las 80 medidas que se implementaran antes de 2026 se encuentra la elaboración, en este momento por parte de la Dirección General, de una nueva Orden de requisitos técnicos y funcionales de los centros y servicios de reproducción humana asistida en la Comunidad de Madrid. Su objetivo principal es dar una mayor seguridad jurídica en esta materia, con la finalidad de mejorar la calidad de la asistencia que se proporciona a los ciudadanos, garantizando que todos los centros y servicios cuenten con los medios técnicos, instalaciones y profesionales necesarios para desarrollar las actividades a las que van destinados.

Finalmente, se presentaron algunos de los proyectos futuros que están previstos en la Dirección General para optimizar tiempos y mejorar la utilización de recursos, como es la implementación del proyecto piloto para la emisión de bajas médicas en centros hospitalarios, con el fin de disminuir la carga asistencial en Atención Primaria.

Durante el turno de preguntas, los socios de APRI querían conocer cómo se organizaba la ponente para simultanear sus obligaciones como alto cargo de la administración sanitaria con las de Secretaría de Sanidad del PP de Madrid, respondiendo que son tareas a las que dedica todas las horas necesarias, habiendo realizado ya más de 60 reuniones, desde mayo 2022 a febrero 2023, con los agentes más relevantes del sector sanitario con el propósito de elaborar el programa sanitario del futuro de la Sanidad de Madrid. 

  • Para APRI la regulación debe basarse en un principio fundamental: lobista es quien hace lobby.
  • La Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales (APRI) ha presentado sus observaciones al Anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad de los Grupos de Interés al Ministerio de Hacienda y Función Pública y solicita que se tramite por el procedimiento de urgencia.
  • A la luz de lo sucedido en el Parlamento Europeo con el caso Qatargate, insisten en la importancia de regular la actividad en tiempo y de forma adecuada.
  • Les preocupan tres grandes aspectos de la norma: la falta de obligatoriedad de registrarse para algunos colectivos de lobistas; la falta de equiparación de derechos y obligaciones para lobistas y servidores públicos y la adscripción del registro de grupos de interés a un órgano independiente.

Madrid, 21 de diciembre de 2022

Con motivo de la aprobación en primera lectura por el Consejo de Ministros del Anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés, los profesionales de las relaciones institucionales, los asuntos públicos y el colectivo que representa a los lobistas en España, integrados en Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales (APRI), ha presentado sus observaciones al Anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad de los Grupos de Interés al Ministerio de Hacienda y Función Pública, solicitando que se tramite por el procedimiento de urgencia. Aseguran que de nada servirá el esfuerzo del Gobierno de regular la actividad si no se actúa con la suficiente celeridad para que se apruebe por las Cortes Generales antes de que finalice la legislatura.

Además, los profesionales del lobby en España, a la luz de lo sucedido en el Parlamento Europeo con el caso Qatargate, insisten en la importancia de regular la actividad no solo en tiempo, sino también de una forma adecuada. Les preocupan tres grandes aspectos del texto adelantado por el Gobierno: las exclusiones en la obligatoriedad de registrarse para determinados grupos de interés; la falta de equiparación de derechos y obligaciones para lobistas y servidores públicos y la existencia de un órgano más independiente para mayor control de las obligaciones, salvaguardar derechos y resolver de modo más efectivo la aplicación de la ley.

Todo agente que desarrolle actividades de influencia debe considerarse grupo de interés y estar sujeto a los mismos derechos y obligaciones de la norma

Para APRI, el principio básico de toda regulación de lobbies es que es lobista quien hace lobby. Consideran que todo agente que desarrolle actividades de influencia por cuenta propia, a través de intermediarios o en representación de terceros debe considerarse grupo de interés y estar sujeto a los mismos derechos y obligaciones de la norma; ya sean patronales, sindicatos, asociaciones empresariales o colegios profesionales.

APRI considera que la inclusión de los mismos no limita sus derechos, sino que es un instrumento que añade transparencia y normas de conducta a sus actividades de influencia. De hecho, actualmente, muchas de estas organizaciones se encuentran ya inscritas desde hace tiempo en muchos de los registros de transparencia o grupos de interés ya existentes tanto en la UE, como en las Comunidades Autónomas u organismos públicos como la CNMC. En palabras del secretario de APRI, Esteban Egea “excluir del registro a un tipo de grupo de interés cuando este grupo realiza actividades de influencia, solo conlleva que estas actividades se desarrollen en la opacidad y sin tener que responder al compromiso ético que establece la ley”.     

Registro de Transparencia adscrito a un órgano independiente

Para APRI, otro aspecto importante de la norma es que el Registro debería estar adscrito a un órgano independiente funcional y orgánicamente, con potestad sancionadora propia para dotarlo de suficiente credibilidad desde el punto de vista funcional y administrativo, para que, en ningún caso, el órgano de control pueda entenderse que actúa como juez y parte resolviendo infracciones y sanciones del mismo Ejecutivo. La necesidad de esta supervisión independiente se ha puesto claramente de manifiesto en el Qatargate y es ahora mismo una de las prioridades de mejora que proponen las más altas instancias de la Unión.

Obligaciones éticas equilibradas tanto para grupos de interés cómo para los empleados públicos sujetos a la influencia

Asimismo, el Anteproyecto de Ley no equilibra las responsabilidades de grupos de interés y de los empleados públicos sujetos a la influencia, y reclama que, al igual que se establecen obligaciones a los grupos de interés, se deberían establecer las obligaciones legales de los empleados públicos, por ejemplo, en relación con el cumplimiento de transparencia de sus propias agendas y el registro de sus contactos con los grupos de interés. Dolores González Pastor, vocal del Comité de Regulación de APRI subraya “las obligaciones éticas han de ser equilibradas y aplicadas por ambas partes en el ámbito de su responsabilidad, tanto por parte del lobista o grupo de interés como por parte del responsable público sujeto de influencia”.

Régimen sancionador equilibrado para ambas partes

Así, la asociación profesional pide que la norma desarrolle un régimen sancionador equilibrado para ambas partes, ya que sin una adecuado marco de definición de las infracciones y sanciones, las obligaciones impuestas tanto para lobistas como el personal público no se cumplirán y la ley quedará sin efecto en los objetivos que se propone.

La presidenta del PACE, María Rosa Rotondo, junto con el Secretario de la Asociación Europea de Consultorías de Asuntos Públicos (EPACA) Matti Van Hecke, comparecieron ante el Comité Constitucional del Parlamento Británico el martes 6 de diciembre para informar sobre la regulación del lobby en Europa con motivo de la revisión de la regulación del lobby en el Reino Unido.


Durante la comparecencia, varios miembros del Parlamento Británico hicieron varias preguntas a María Rosa Rotondo y Matti Van Hecke sobre la regulación actual del lobby en la UE para entender cómo funciona. Durante la comparecencia, Matti Van Hecke resaltó que el Registro de Transparencia de la UE, aunque mantiene un carácter voluntario, funciona bien porque crea un incentivo no sólo para los representantes de las instituciones europea, sino también para las empresas, organizaciones y otros grupos de interés para actuar con ética y transparencia en la interlocución público-privada. Para registrarse hay que cumplir con ciertos derechos y obligaciones. En las palabras de Matti Van Hecke, «estar en el registro es una condición que permite reunirte con los eurodiputados, por ejemplo, y te hace la vida más fácil”.

En cuanto a las obligaciones de los registrados, Matti Van Hecke destacó la obligación de uso de una información veraz por parte del grupo de interés y cumplimiento al código de conducta. Según Matti Van Hecke, “el código de conducta es bastante estándar, si actúas de manera responsable, no hay riesgo de infringirlo». Por otra parte, María Rosa Rotondo destacó la importancia de contar con un cuerpo independiente para la supervisión y establecimiento de sanciones correspondientes.

Asimismo, María Rosa Rotondo insistió que para que regulación del lobby sea eficaz debe contar con una definición amplia sobre la actividad de lobby. Según María Rosa Rotondo, «la influencia no se mide por la capacidad financiera de un grupo de interés sino por la actividad de influencia». Por ello, insistió en la importancia de tener una definición sobre el lobby que se enfoque en la actividad de influencia y no en la categoría del grupo. Para María Rosa Rotonda «esa es la forma más eficiente de identificar a un grupo de interés y regularlo correctamente».

Para finalizar, los miembros del parlamento Británico pidieron a los comparecientes que enumerasen algunas recomendaciones que debería adoptar el Parlamento Británico en la regulación del lobby. Matti Van Hecke reiteró la importancia de una definición amplia y no discriminatoria de la actividad de lobby, el desarrollo de incentivos para que los grupos de interés actúen de manera ética y transparente, la participación en la regulación del lobby de representantes del sector para evitar problemas de implementación y la existencia de un registro digitalizado y accesible. María Rosa Rotondo, por su parte, añadió la importancia de incluir en la regulación de la actividad del lobby la publicación obligatoria de agendas de los responsables públicos para aumentar la transparencia, la regulación de puertas giratorias y de la huella legislativa, así como un mayor control sobre la influencia ejercida a través de medios de comunicación y redes sociales.

El pasado jueves 24 la Delegación de APRI Cataluña ha organizado el primer encuentro en materia de relaciones institucionales, asuntos públicos y lobby. 
 
Un encuentro moderado por Ángel Mesado (Delegado Apri en Catalunya y partner 19N Strategies) en el que se ha podido debatir con expertos sobre el estado del sector de los asuntos públicos en Cataluña, así como su potencial y oportunidades de desarrollo. 
 
Gracias a Albert Castellanos Maduell (Secretario de Empresa y Competitividad), Eulàlia Tort Bodro (Profesora Asuntos Públicos UOC y IRL), Jordi Bacardit (Senior Manager Public Policy Spain en Tier Mobility) y Jaume López (DG de Buen Gobierno, Innovación y Calidad Democrática de la Generalitat) por participar en este encuentro de APRI Cataluña, así como, a la treintena de profesionales de los asuntos públicos con los que tuvimos la oportunidad de debatir y hacer red alrededor de nuestra profesión. También, un especial agradecimientos al apoyo al acto: 19N Strategies por organizar el acto y a Tech Barcelona y a Damm por su apoyo.

En un ambiente muy ameno tuvo lugar el pasado lunes un encuentro organizado por el grupo de Salud de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales  a pocos pasos del Congreso, para trasladarle a la Presidenta de la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados, algunas de las actividades que este Grupo ha venido desempeñando hasta la actualidad.

La invitada, Doña Rosa Romero Sánchez, Presidenta de la Comisión de Sanidad y Consumo y Diputada del Grupo Popular, fue presentada por los coordinadores Irene Tato y Juan Francisco Iniesta, siendo la primera diputada en aceptar la invitación extendida por el Grupo de Salud de APRI a miembros de la Mesa de la Comisión de Sanidad para establecer una serie de encuentros entre socios y representantes públicos con el fin de dialogar sobre cuestiones comunes del trabajo de ambos. El encuentro transcurrió de forma distendida y con un toque muy personal en las presentaciones individuales, mientras se relataba la intensa actividad de esta comisión, repasando su calendario de sesiones (73 es un récord en cualquiera de las Legislaturas hasta el momento)así  como todo el trabajo del Grupo de Sanidad dentro de la Comisión de Reconstrucción que siguió al esfuerzo hecho durante el Estado de Alarma y la gestión de la pandemia del Covid 19, una “experiencia triste por la solemnidad vivida en las sesiones más solitarias que ha vivido nunca esta Cámara”

La Presidenta de la Comisión, expuso en qué consisten sus funciones principales, el esfuerzo y proactividad que aportan los diversos  grupos parlamentarios, “todos ellos importantes”. La Presidenta también explicó el funcionamiento de la propia Comisión: trabajo legislativo de los proyectos y proposiciones de Ley, trabajo de control a través de las preguntas a altos cargos así como Proposiciones No de Ley que instan al Gobierno a realizar determinadas acciones; comparecencias de las entidades que traen su voz y propuestas, además de la realización de jornadas en diferentes asuntos: Salud mental, Enfermedades raras, especialidades médicas, ELA, Atención Primaria, One Heath…

“Los políticos trabajamos desde la vocación del servicio público y estamos encantados de colaborar con las organizaciones en acciones que aporten valor a la sociedad. Agradecemos que se nos venga a ver con propuestas de valor” Rosa Romero

Finalmente, también hubo tiempo para plantearle preguntas, donde la Presidenta se mostró abierta a responder entre ellos:

1.     Tomar más medidas estructurales para afrontar los retos que el Sistema Nacional de Salud necesita y no estar solo en medidas coyunturales.

2.     Habría que intentar sacar a la Sanidad al margen de debates ideológicos.

3.     Las ventajas de estar en conexión con la agenda de los eurodiputados y de la necesidad de trasladar a lo local las políticas transversales de Salud.

4.     Avanzar en el trabajo de consenso en el ámbito de la salud.

5.    La agenda legislativa en la Comisión en proceso de presentación de enmiendas está la Ley de Equidad, Universalidad y la Cohesión del Sistema Nacional de Salud.

6.     Es necesario una  evaluación independente de la gestión de la pandemia del COVID como ya han hecho otros países y se comprometió el Gobierno.

“Como ciudadana, sé que los asuntos públicos también son asunto mío, por eso me interesa tanto acercarme a los profesionales que ejercen la responsabilidad de legislar buscando dar respuesta a las necesidades que la sociedad demanda” Irene Tato

Confiamos cada mes podamos celebrar más reuniones similares para ir conociendo más en profundidad el perfil humano de nuestros diputados más activos en Sanidad. Para APRI SALUD ha sido un placer tener la oportunidad de disfrutar de este encuentro tan fructífero en ideas y creación de relaciones. 

  • Durante la celebración de la mesa de análisis sobre los profesionales de las relaciones institucionales, los asuntos públicos y el lobby organizado por el Foro de Organizaciones de APRI, se ha analizado este perfil estratégico, cada vez más demandado por todo tipo de organizaciones.
  • Una de las principales barreras para estos profesionales es el estigma social alrededor del lobby por el desconocimiento y la falta de regulación de la actividad en España.
  • Los expertos coinciden que una regulación de los grupos de interés junto con una mejor divulgación sobre la actividad ayudaría a rebajar estigma negativo del lobby y a conocer mejor la labor que desempeñan estos profesionales.

Madrid, 15 de noviembre de 2022

Con motivo de la reciente aprobación del Anteproyecto de ley de transparencia de los grupos de interés, la Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales (APRI) ha celebrado una mesa de análisis sobre el perfil profesional de las relaciones institucionales, los asuntos y el lobby.  Durante la mesa de debate moderada por la Directora General de APRI, Irene Matías, se ha concluido que la profesión en España se encuentra en plena fase de desarrollo, y aunque no se ha llegado a un consenso para una denominación común de estos profesionales, todos los ponentes han coincidido en señalar que el perfil de este tipo de profesionales es multidisciplinar, con amplios conocimientos del funcionamiento de la política, la estructura de gobierno y el proceso de elaboración de normas. Tienen amplias dotes comunicativas gracias a su «escucha activa», una visión estratégica y la capacidad de articular consensos. Son profesionales proactivos, defensores de los intereses de las organizaciones, pero comprometidos con el interés particular de la ciudadanía ya sean pacientes, consumidores o ciudadanos.

Además, los expertos son de la importancia de la ética, integridad, transparencia y rigurosidad que tiene que acompañar su trabajo, de ahí la importancia de que se regule la profesión. En palabras Carlos Parry, Head of Government Affair en AstraZeneca y coordinador del Foro de Organizaciones de APRI, “la ética, la transparencia y la profesionalización de la actividad debe convertirse en la esencia de nuestra profesión, para liberarlas del estigma negativo asociado a la palabra lobby y se conozca en profundidad el verdadero valor que desempeña nuestra labor”. 

El acto, organizado por el Foro de Organizaciones de APRI, un medio de colaboración de organizaciones que apoyan los objetivos y valores de APRI, nacido con la finalidad de poner en valor una interlocución público-privada ética, transparente y profesionalizada, ha reunido a experto en el ámbito académico, expertos en selección de personal y a profesionales del sector, como Javier Cantera, Presidente en Auren Consultores; Pablo Gutierrez-Jodrá, Director de Gestión de Talento en Asuntos Públicos de Political Intelligence; Euprepio Padula, Presidente en Padula & Partners; Eulalia Tort, Profesora de Public Affairs en la UOC y la URLL; Marc Francés, Managing Director en Sarah Marlex y Carlos Parry, Head of Government Affair en AstraZeneca y coordinador del Foro de Organizaciones de APRI.

Todos han coincidido en señalar que existen muchas maneras de dominar a estos profesionales, ya que se trata de una posición adaptada a las necesidades de la organizaciones. En palabras de Marc Francés, “su denominación depende de la estrategia que tenga cada organización”. Pablo Gutierrez-Jodrá, Director de Gestión de Talento en Asuntos Públicos de Political Intelligence en cambio, ha señalado que en Political Intelligence han optado por denominarla “Chief Policy Officer”, “término que permite señalar la función estratégica y transversal que tiene la posición”. Eulalia Tort, Profesora de Public Affairs en la UOC y la URLL, prefiere denominar esta actividad Asuntos Públicos, ya que “es un término más generalista, que invita a que el ámbito público y privado se sienten en una mesa y sean capaces de articular consensos”.

En cuanto a la formación, al no haber una disciplina concreta, estos profesionales emergen de todo tipo de estudios que les sirve como base para desempeñar su trabajo: ciencias políticas, jurídicas, económicas, ciencias de la información etc., pero reconocen que se trata de una profesión multidisciplinar que requiere formarse en varias áreas a lo largo de la vida laboral. Así, Javier Cantera, Presidente en Auren Consultores, ha resaltado “la importancia de formarse en la metodología”. También ha resaltado que “la profesión tiene que llegar a las escuelas de negocios, para que los equipos de dirección conozcan esta actividad tan fundamental y estratégica para las organizaciones”.

Asimismo, se ha resaltado el profundo desconocimiento de la actividad. Los expertos coinciden que se debe a que el trabajo no está regulado. Según Carlos Parry, Head of Government Affair en AstraZeneca y coordinador del Foro de Organizaciones de APRI “una regulación de los grupos de interés y una mejor divulgación sobre la actividad ayudaría a rebajar el estigma negativo de la profesión y a conocer mejor la labor que desempeñan estos profesionales”. Euprepio Padula, Presidente en Padula & Partners, ha concluido “además de la regulación, las organizaciones poseen la enorme responsabilidad de comunicar adecuadamente la importancia de esta función”.

Desde Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) llevamos alguna década reclamando este proyecto, y también haciendo propuestas concretas y constructivas, basadas en nuestro conocimiento y respeto profundo a la profesión y al colectivo de profesionales que representamos.



Por ello, valoramos el esfuerzo del Gobierno en elaborar un anteproyecto que supone un muy buen punto de partida para la regulación de la actividad de representación de intereses. Esperamos que ahora sean capaces de imprimir la celeridad necesaria para aprobarlo antes del final de la legislatura, o nos volveremos a encontrar con otros 4 años de vacío en una cuestión tan importante para nuestra democracia.



La sociedad está preparada para este cambio, los lobistas profesionales también, ahora solo queda remar todos juntos para lograr un cambio tan necesario para nuestras instituciones y para la calidad de la participación democrática de la sociedad civil en los asuntos públicos.