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El día 15 de octubre tuvo lugar el webinar de APRI Salud “El futuro de las vacunas: retos institucionales. El acto contó con la participación de Pedro Alsina, Public Affairs Lead en Sanofi Pasteur, Mario Arias Oliva, profesor titular de la UCM e investigador en innovación en Marketing y Federico de Montalvo, Presidente del Comité de Bioética de España y profesor de la Universidad de Comillas. Durante el encuentro de habló sobre el papel de los profesionales de las relaciones institucionales en esa labor de información, los debates éticos que se producen entorno a la vacunación o la aceptación por parte de la población.

Las vacunas son una de las intervenciones sanitarias que permite garantizar la prevención de la salud pública mundial haciendo frente infecciones graves. Aun así, la vacunación ha sido tema de diversas controversias éticas desde hace mucho tiempo. Por lo general, los debates éticos clave relacionados con la reglamentación, el desarrollo y el uso de las vacunas gira entorno a mandatos, investigación y pruebas, consentimiento informado y acceso. Por ello, los gobiernos y las empresas sanitarias, especialmente los profesionales de las relaciones institucionales tienen como reto de desarrollar nuevas políticas de comunicación, información y sensibilización que transmitan y eduquen a los ciudadanos acerca de los programas de vacunación. 

Pedro Alsina comenzó subrayando que las vacunas son la base de todos los programas institucionales ya que han servido para erradicar enfermedades como la viruela, la peste bobina africana o la poliomielitis. Según Alsina, en la actualidad, factores como el bioterrorismo y el cambio climático han convertido a las vacunas  en una necesidad de alcance global, y la gran lección de la pandemia causada por la Covid-19 ha sido la necesidad de estrechar y reforzar la colaboración público-privada. Pedro Alsina remarcó que nunca en la historia ha habido tanta colaboración publico-privada, inversión e intercambio de información entre compañías y apeló a que la colaboración continúe como hasta ahora para salir adelante con el desarrollo y posterior distribución de la vacuna.

Por otro lado, Mario Arias adelantó alguno de los resultados sobre el estudio sobre la aceptación de vacunas que han desarrollado desde la universidad. Expuso 4 factores que determinan la aceptación de la vacuna por parte de la población:la eficacia de la vacuna, la influencia social, el miedo al virus y el miedo a los efectos de la vacuna. Según Arias, los dos primeros factores  son los que más peso tienen en la mente de la persona a la hora de decidir si vacunarse o no, en este sentido, subrayó la necesidad de desarrollar campañas de información que permitan a la ciudadanía concienciarse. Por ello, la acción institucional debe jugar un papel relevante para aportar información para poder hacer frente a la pandemia. 

Por último, Federico de Montalvo, comentó que uno de los mayor es éxitos de la medicina han sido las vacunas y paradójicamente, su aceptación es uno de los temas más discutidos en la actualidad. A juicio de Federico de Montalvo, la regulación en materias de salud pública es deficitaria. En España las vacunas no son obligatorias, sólo lo son en caso de pandemia y en el caso de su aplicación a menores. Para el presidente del Comité de Bioética, el debate ético y priorización de las vacunas es y será uno de los temas más controvertidos ya que la logística de la vacunación requeriría meses para lograr llegar a un alto porcentaje de la población. 

Sobre APRI Salud

APRI Salud surge como iniciativa de un grupo de profesionales de las relaciones institucionales y asuntos públicos cuyo objetivo es el de poner en valor a los profesionales de los asuntos públicos (public affairs) en el sector de la salud y estrechar lazos entre los intereses públicos y privados en el ámbito de la salud, entendiendo como salud todo aquello que afecta al estado de bienestar o al equilibrio del ciudadano (alimentación, consumo, nutrición, políticas sociales, sanidad, deporte, investigación, etc.).

Siguiendo la aprobación la pasada semana del Registro de Transparencia de la Comunidad de Madrid, APRI se ha inscrito ya. Este Registro de Transparencia, sobre el que informamos en el pasado newsletter, es obligatorio tanto para aquellas personas físicas o jurídicas que buscan influir en alguna decisión pública.  

El proceso de inscripción resulta muy fácil e intuitivo, además de ser un procedimiento íntegramente a distancia que puede realizarse con la firma electronica.

 A continuación, detallamos los aspectos más relevantes del Registro de Transparencia de la Comunidad de Madrid. 

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL REGISTRO 

El Registro de Transparencia de la Comunidad de Madrid tiene como finalidad la inscripción de quienes lleven a cabo cualquier actividad con objeto de influir directa o indirectamente en la elaboración de normas jurídicas y disposiciones generales y en la elaboración y aplicación de las políticas públicas de los sujetos de la Administración pública de la Comunidad de Madrid comprendidos artículo 2.1 de la Ley de Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid. 

La recepción, remisión y notificación de solicitudes, declaraciones y comunicaciones se harán a través de medios exclusivamente electrónicos con firma electrónica habilitada en la Comunidad de Madrid. 

Los formularios electrónicos para la solicitud de inscripción, renovación de la información y la cancelación de la inscripción en el registro se publicarán en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid  ( https://www.comunidad.madrid/transparencia/ ) 

El Registro de Transparencia deberá incluir una relación ordenada de las siguientes categorías de las personas o entidades inscritas: 

A) Personas físicas. 

B) Entidades sin ánimo de lucro. 

Subcategoría: Resumen Decreto por el que se crea el Registro de Transparencia de la Comunidad Madrid 

• i. Entidades privadas sin ánimo de lucro. 
• ii. Entidades representativas de intereses colectivos. 
• iii. Agrupaciones de personas que se conformen como plataformas, movimientos, foros o redes ciudadanas sin personalidad jurídica, incluso las constituidas circunstancialmente. 
• iv. Organizaciones empresariales, colegios profesionales y demás entidades representativas de intereses colectivos. 
• v. Entidades organizadoras de actos sin ánimo lucrativo. 
• vi. Organizaciones no gubernamentales. 
• vii. Grupos de reflexión e instituciones académicas y de investigación. 
• viii. Organizaciones que representan a comunidades religiosas. 
• ix. Organizaciones que representan a autoridades municipales. 
• x. Organizaciones que representan a autoridades regionales. 
• xi. Organismos públicos o mixtos. 

C) Entidades con ánimo de lucro. 

Subcategoría: 

1. i. Empresas y agrupaciones comerciales, empresariales, y profesionales. 
2. ii. Consultorías profesionales. 
3. iii. Asociaciones comerciales, empresariales y profesionales. 
4. iv. Coaliciones y estructuras temporales con fines de lucro. 
5. v. Entidades organizadoras de actos con ánimo de lucro. 
6. vi. Cualquier otra entidad con ánimo de lucro. 
7. En el primer trimestre de cada año, la dirección general competente en materia de transparencia elevará al Consejo de Gobierno un informe sobre la gestión, la actividad y el funcionamiento del registro, el resultado de las actuaciones de verificación y las denuncias recibidas. 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 

La solicitud de inscripción en el Registro de Transparencia se presentará con anterioridad a llevar a cabo alguna de las siguientes actividades dirigidas influir directa o indirectamente en la elaboración de normas jurídicas y disposiciones generales y en la elaboración y aplicación de las políticas públicas: 

a) Los contactos con cargos, directivos, profesionales, personal estatutario, asesores u otros sujetos de las Administraciones públicas autonómica y local. 

b) La preparación y difusión de comunicados, material informativo o documentos de debate y toma de posición. 

c) La organización de actos, reuniones, actividades promocionales, conferencias o actos sociales si se envían invitaciones a cargos, directivos, profesionales, personal estatutario u otros sujetos de las Administraciones públicas autonómica y local. 

d) Las contribuciones voluntarias y la participación en consultas oficiales o audiencias sobre disposiciones normativas, políticas públicas u otras consultas abiertas. 

e) La prestación de asesoramiento profesional, mediante la representación y la mediación, y el suministro de material promocional, incluidos la argumentación y redacción, cuando estén destinadas a influir en las Administraciones públicas, sus cargos, directivos, profesionales, personal estatutario, asesores u otros sujetos de las Administraciones públicas autonómica y local. 

f) La prestación de asesoría táctica o estratégica, incluidas cuestiones cuyo alcance y calendario de comunicación estén dirigidos a influir en las Administraciones públicas, cargos, directivos, profesionales, personal estatutario, asesores u otros sujetos de las Administraciones públicas autonómica y local. 

La inscripción en el Registro de Transparencia de la Comunidad de Madrid se formaliza mediante la presentación del formulario electrónico disponible en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid que contendrá la siguiente información: 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS 

a) Nombre, apellidos, NIF o razón social de la persona o entidad obligada a inscribirse, dirección, número de teléfono, dirección de correo electrónico y sitio web si lo tuvieran. 

b) Nombre y apellidos de la persona legalmente responsable de la organización y, en su caso, de la persona de contacto principal para las actividades del ámbito del registro. 

c) Nombre y apellidos de las personas autorizadas para, en nombre y representación de las personas o entidades obligadas a inscribirse, acceder y reunirse en las dependencias públicas o tener contacto con cargos directivos, profesionales, personal estatutario, asesores u otros sujetos de las administraciones públicas. 

d) Miembros de la entidad, si entre los miembros hay otras entidades o personas jurídicas. 

e) Aquellos solicitantes que desarrollen su actividad de influencia por cuenta de terceros, deben informar sobre sus clientes, personas u organizaciones para las que desarrollan actividades incluidas en el registro y de las cantidades económicas que reciben. 

2. INFORMACIÓN SINGULAR SOBRE LA ACTIVIDAD DE LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA: 

a) Actividades cubiertas por el registro, que incluirá las principales políticas públicas y propuestas normativas objeto de la actividad del mismo. 

b) Categoría a la que pertenecen las personas y entidades obligadas a inscribirse y registro. 

c) Ámbito de interés o intereses sectoriales. 

d) Pertenencia a algún grupo de trabajo, mesa sectorial o consejo de naturaleza consultiva relacionada con alguna Administración Pública. 

e) Información financiera relacionada con las actividades cubiertas por el registro: 

– El importe y la fuente de los fondos públicos recibidos, si procede. 

– Estimación de los costes anuales vinculados a las actividades cubiertas por el registro. 

i) Quienes soliciten la inscripción en la categoría de entidades con ánimo de lucro deben además indicar: 

1. a. Volumen de negocios imputable a las actividades cubiertas por el registro, según las siguientes categorías: Menos de 100.000 euros; de 100.000 euros a 499.999 euros; de 500.000 euros a 1.000.000 de euros, y de más de 1.000.000 de euros. 
2. b. Relación de los clientes en cuyo nombre se realizan las actividades cubiertas por el registro. 

ii) Quienes soliciten la inscripción en la categoría de entidades sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, deben además indicar: 

1. a. Presupuesto total de la organización. 
2. b. Desglose de las principales cuantías y fuentes de financiación. 
3. La suscripción del formulario de solicitud requiere la aceptación expresa del código ético. En el espacio del Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid se publicará información sobre el código ético que deben asumir los sujetos y entidades inscritas, así como del sistema de reclamaciones o denuncias. 

La resolución de inscripción la realiza el órgano competente ex post, dentro de diez días hábiles o por silencio administrativo. 

La información requerida para la inscripción deberá renovarse cada dos años, actualizando los datos y en concreto los financieros al objeto de hacerlos coincidir con el ejercicio financiero o año natural más reciente. Estos datos financieros deberán cubrir un ejercicio de funcionamiento completo. En caso de no renovación se entenderá caducada la inscripción. 

La Administración se reserva el derecho de realizar actuaciones de verificación sobre el Registro, pudiendo iniciar trámites de subsanación, en su caso, e investigación que pueda ser remitida al Consejo Transparencia de la Comunidad de Madrid (PENDIENTE CONSTITUCIÓN) para la incoación e instrucción de un expediente sancionador. El Consejo (CUANDO SE CONSTITUYA) podrá recibir también denuncias de oficio de cualquier ciudadano para iniciar de oficio un expediente sancionador. 

En el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid se habilitará el fichero de participación y colaboración ciudadana de la Comunidad de Madrid, un espacio en el que las personas y entidades que lo deseen puedan inscribirse para recibir información sobre los diferentes instrumentos específicos que la Comunidad de Madrid pone a su disposición para hacer efectivo su derecho a la participación. Tiene carácter voluntario y podrán inscribirse los previamente inscritos en el Registro de Transparencia o cualquier interesado en participar en los mecanismos de participación específicos de la Ley, de carácter consultivo no vinculante. 

Para inscribirse ha de accederse al Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid, accesible mediante el link inferior.

El jueves 9 de julio los socios de APRI tuvieron la oportunidad de asistir al segundo debate #ConciliaciónAPRI, esta vez centrado en la perspectiva empresarial. Los ponentes que participaron fueron Rafael Fuentes, director general de la Fundación MásFamilia; Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas; Andrés Ortega, Head of Employee Experience de ING España y Portugal; y Gloria Juste, directora de proyectos de la Fundación Endesa y presidenta de Mujer, Familia y Trabajo.

Primero, Rafael Fuentes afirmó que, efectivamente, la Covid nos ha demostrado que sí se puede trabajar de una manera distinta; el teletrabajo permite la conciliación, gracias a la flexibilidad espacial y horaria y, como novedad debido a la pandemia, el trabajo en remoto supone un beneficio para trabajadores y empresas también por motivos de salud. De todas maneras, las empresas deben continuar aprendiendo a facilitar la conciliación, lo que conlleva un reto especialmente destacable para las pymes y micropymes por motivo de la plantilla que emplean.

Ana Gómez centró su intervención en el anteproyecto de ley del trabajo a distancia que se está redactando actualmente. Recordó que el teletrabajo antes era una opción por la que casi ningún trabajador optaba, pero que, debido al coronavirus, ha aumentado considerablemente, pero de manera improvisada y poco precisa. Dicha prisa también ha repercutido en el anteproyecto, que sigue sin ser claro y preciso; es muy rígido para las empresas, ahonda en el intervencionismo (según el borrador, las empresas deberían sufragar todos los gastos, incluidos otros que antes caían por cuenta del trabajador, y no tiene en cuenta los gastos que se ahorra el propio trabajador, como la gasolina), y, además, no define con precisión lo que es el teletrabajo. No obstante, recordó que el anteproyecto aún está en fase de diálogo social, y es optimista en que no caerá en un decreto ley, sino que llevará el tiempo necesario para conseguir un consenso y, por lo tanto, una ley precisa.

Andrés Ortega, por su experiencia trabajando en una empresa holandesa, comparó la regulación para el trabajo a distancia entre España y Países Bajos, estando el primero aún a la cola. Recordó que ya hubo intentos de regular el teletrabajo en España entre 2016 y 2017, pero no recibieron el esfuerzo necesario y no tuvieron unos resultados tan veloces como se están viendo tras la Covid, que ha acelerado notablemente los intentos previos y que, como destacó, incluye la perspectiva y experiencia de las nuevas generaciones, más digitalizadas. Además, defendió que una regulación del trabajo a distancia supondría un aumento de medidas beneficiosas para las empresas y los trabajadores, lo que repercutiría directamente en un mayor impacto positivo en los clientes. En resumen, para lograr una legislación moderna, se debe seguir la hoja de ruta que ya se buscaba, pero incorporando lo aprendido durante la pandemia.

Gloria Juste, desde la Fundación Mujer, Familia y Trabajo, defendió que la conciliación laboral siempre ha sido un desafío para las mujeres, por lo que se debe aprovechar esta nueva oportunidad, más que nueva normalidad, para conseguir una buena legislación del teletrabajo que facilite la flexibilidad horaria y espacial y, por lo tanto, la conciliación. De hecho, la flexibilidad horaria no se limita únicamente al cuidado de menores y mayores, que es donde se suele poner la atención, sino que también es un efecto más de la globalización: cada vez es más normal que las empresas trabajen con otras de distinto huso horario.

Finalmente, María Rosa Rotondo destacó que la Covid ha supuesto en España un avance cultural y digital de seis años y que repercutirá favorablemente en las empresas. De hecho, estamos empezando a aprender a trabajar en remoto y a utilizar todas las herramientas que dicha modalidad nos ofrece.