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La palabra “lobby” está de moda. A la altura de vocablos como “hipster”, “trending topic” o “vintage”. La diferencia, no obstante, estriba en la connotación terriblemente negativa que tiene el término “lobby”. Ser “hipster” mola, pero un lobista genera más odio que Donald Trump en una convención de inmigrantes en EE.UU.
Recientemente, la Vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, destacaba que una de las principales medidas adoptadas por el Gobierno para luchar contra la corrupción había sido la de promover la regulación de los lobbies. Más recientemente, y en el marco de las negociaciones para la investidura del nuevo Gobierno, el PSOE y Ciudadanos incluían entre sus medidas la regulación del lobby para evitar, puntualizaban, “la influencia indebida y los riesgos de corrupción que derivan del tráfico de influencias”.
Y así es como, una vez más, los lobistas volvimos a convertimos en el alfa y el omega de la corrupción en España. Como si no tuviera ya suficiente con ser valenciana por todos los tópicos que ello conlleva, me cargan ahora también este muerto. Soy el mal en persona; Darth Vader. Y yo, sin saberlo.
La asimilación y correlación acrítica que se ha estado haciendo estas semanas de lobby = corrupción resulta tan equivocada como tendenciosa. Equivocada porque supone un manifiesto desconocimiento de lo que es el lobby. Y tendenciosa porque evidencia la incapacidad de ciertos sectores políticos de realizar un mayor ejercicio de autocrítica a la hora de dilucidar la verdadera y múltiple causalidad de la corrupción en España. Por ello, tan injusto es decir que todos los políticos son corruptos como que todos los lobbies forman parte del contubernio judeo-masónico-comunista. Tomar la parte por el todo tan sólo conduce al desprestigio del trabajo de todos aquellos que ejercen con diligencia su profesión, sea esta en el ámbito privado o en el público.
Buena parte del problema radica en ese desconocimiento, que equipara el lobby al maquiavelismo de un capítulo de House of Cards y no tanto a movimientos ecologistas para promover el uso de renovables. Ni tan siquiera existe consenso en el propio sector para denominar nuestra activida
d: desde relaciones institucionales, pasando por asuntos públicos, asuntos gubernamentales, asuntos corporativos, advocacy, incidencia o, mi preferida, cabildeo. Cualquier cosa menos lobby, que arrastra siempre una connotación negativa. Y, aunque decidiera emplear este término con orgullo y tesón, mi travestismo profesional me conduce a tal desconcierto que, en realidad, ya no sé si soy lobista, lobbista, o lobbysta.
Bajo semejante panorama, no resulta extraño la confusión generalizada que existe en la sociedad con respecto a nuestra profesión. Hace falta más pedagogía y, para ello, la mejor arma es la transparencia. La CNMC ha creado recientemente un registro de lobbies, siguiendo el camino que la Generalitat de Cataluña inició el pasado año. Una gran noticia, puesto que la normalización del lobby en España es el primer gran paso para lograr desmitificar el halo de misterio que rodea al sector.
Ello implica necesariamente que el lobby no sólo lo ejerzan las grandes empresas del Ibex 35 y las multinacionales, sino también ONGs, asociaciones y grupos de ciudadanos. Sin ir más lejos, la Iniciativa Legislativa Popular promovida por la PAH de Ada Colau en 2013 fue uno de los movimientos de presión más destacados de los últimos años, ya que logró colocar en la agenda política una realidad, la de los desahucios, silenciada hasta entonces. Greenpeace es otro de esos grupos de presión que emplea acciones menos ortodoxas para lograr sus objetivos políticos, como impedir la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana desplegando pancartas en las inmediaciones del Congreso de los Diputados.
El reto, por tanto, pasa no sólo por democratizar la práctica del lobby a toda la sociedad, sino también por profesionalizar su ejercicio. Llevo años explicando a mis allegados que una de mis principales tareas como lobista es leer con devoción el BOE y el BOCG cada mañana, escuchar las ruedas de prensa del Consejo de Ministros y los debates en sede parlamentaria, o seguir al segundo la formación de Gobiernos tras elecciones. Prácticas estas muy alejadas de la idea preconcebida de que, en realidad, los lobistas lo que hacemos es conspirar con los políticos para planear la dominación del mundo y, de paso, enriquecernos en el proceso.
Por ello esta profesionalización debe pasar por la instauración de un obligado código de buenas prácticas –ya adoptado por la inmensa mayoría de empresas y consultoras del sector– que censure aquellas actividades ilícitas atribuidas a lobistas y que, por lo general, son urdidas entre empresarios con la cartera ancha y la moral escasa, y políticos con nulo sentido y aprecio por el bien común.
Así que hoy romperé una lanza en favor de mi profesión y diré públicamente, y sin tapujos, que yo soy lobista. A pesar de que serlo no mole tanto como ser hipster. Pero, al menos, la mayor parte de mis compañeros y yo desempeñamos nuestro trabajo bajo las premisas de transparencia y profesionalidad, buscando el objetivo de hacer ver al lobby como una práctica necesaria para el desarrollo democrático de nuestras sociedades y no como un obstáculo al mismo.
Cristina Sayol
Consultora en Asuntos Públicos en Political Intelligence
