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La Asamblea General Electoral de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), tras elegir Junta Directiva de la Asociación para los próximos cuatro años, acordó reivindicar el reconocimiento y regulación de la actividad del lobby en España y ha renovado su compromiso de seguir defendiendo los intereses del centenar de empresas y profesionales que representa.

Entre las  nuevas actividades para los cuatro próximos años de APRI, que además es fundadora  de la Plataforma Europea de Asuntos Públicos (Public Affairs Community of Europe- PACE-), destacan promover el desarrollo de la profesión con acciones encaminadas a dar a conocer la importancia de la gestión de los asuntos públicos entre las empresas, asociaciones y medios de comunicación, explicar qué es el lobby y la importancia del ejercicio de la transparencia en las relaciones con los stakeholders corporativos.

APRI seguirá trabajando para que se apruebe una regulación nacional de los grupos de interés o lobby, que permita impulsar el reconocimiento de la actividad, y dote de mayor transparencia al proceso de toma de decisiones políticas e institucionales, tal y como aparece en el acuerdo de Gobierno de PSOE y Unidas Podemos.

Según la presidenta María Rosa Rotondo, ha llegado el momento que se reconozca y entienda nuestra actividad. Con la nueva Junta trabajaremos para visibilizar a los profesionales de las relaciones institucionales o asuntos públicos y explicar qué es y qué no es el lobby”.

La nueva Junta Directiva cuenta con un nuevo equipo, que es reflejo de todas las generaciones y perfiles profesionales de la asociación. Entre los nuevos miembros de la Junta, se encuentran:

  • María Rosa Rotondo, presidenta, socia fundadora de Political Intelligence; 
  • Esteban Egea Sánchez, secretario, consultor independiente, experto en asuntos públicos; 
  • Luis Suarez de Lezo Ferrer, vicepresidente, Secretario General de la Asociación de Empresarios de Alcobendas;
  • Juan Torres Jiménez, tesorero, Fundador y Director de Asuntos Públicos de Deva; 
  • Adriana Bonezzi Pérez, vocal, External Affairs Manager en British American Tabacco; 
  • Diego Bayón Mendoza, vocal, Director Asociado de Asuntos Públicos en Kreab; 
  • Montse Escudero Pérez, vocal, Directora de Asuntos Públicos de Omnicom PR Group; 
  • Dolores González Pastor, vocal, Gerente en la Oficina Corporativa de Regulación y Políticas Públicas de Telefónica; 
  • Juan Alfonso Herrero, vocal, Director de Asuntos Europeos de Mercadona;  
  • Ángel Mesado Jardi, vocal, Socio Director de 19N Strategies; 
  • Piluca Núñez López, vocal, Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales en la Asociación Empresarial Eólica.
  • Irene Matías, Directora General de APRI.

APRI, un centenar de asociados que aboga por europeizar el lobby español

Fundada en el año 2008 por profesionales de las relaciones institucionales en España, APRI nació para cubrir un vacío en la representación y asociacionismo de esta profesión.

Su objetivo es hacer del lobby una profesión de reconocido prestigio y valor para toda la sociedad y, en especial, para los responsables de todo tipo de organización, como compañías, ONG o asociaciones empresariales. Una profesión que sirva como nexo más eficaz entre los legítimos intereses de la sociedad civil y las decisiones de interés general que toman los decisores políticos como el Gobierno y el parlamento y los restantes poderes públicos de la Administración Central y de sus Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.

Desde sus comienzos, la Asociación entiende la transparencia, la ética y la integridad como elementos importantes a la hora de ejercer esta profesión. Por ello, a partir del año 2011 todos sus socios firman un código de conducta, que representa una autorregulación ante la falta de reglas sobre la actividad en España.

APRI cuenta con más de 100 asociados entre profesionales y empresas quienes abogan por la normalización de la actividad a través de la creación de un registro de grupos de interés, similar al Registro de Transparencia que ya existe ante el Parlamento y la Comisión Europea.

APRI es también el fundador  y miembro de la Plataforma Europea de Asuntos Públicos (Public Affairs Community of Europe- PACE-) creada en el 2018 como plataforma de todas las organizaciones nacionales de profesionales de asuntos públicos europeos, comprometida a contribuir al desarrollo de procedimientos más transparente en la adopción de políticas públicas en toda Europa consolidando una democracia participativa dentro de los estados miembros.

El pasado 31 de octubre el grupo de trabajo APRI Salud organizó su primer desayuno La participación de empresas y pacientes en la sanidad madrileña desde la perspectiva de los decisores políticos  en el Colegio de Economistas de Madrid. Intervinieron Ana Lorenzo, Directora General de Transparencia, Gobierno Abierto y Participación Ciudadana en la Comunidad de Madrid, así como Carlos Mur de Víu, Director General de Coordinación Socio-Sanitaria de la Comunidad de Madrid; Matilde Isabel Díaz Ojeda, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Socialista; Enrique Veloso Lozano, Portavoz de Ciudadanos; y Vanessa Lillo Gómez; Portavoz de Unidas Podemos Izquierda Unida.

La directora general de APRI, Irene Matías, destacó la oportunidad de debatir sobre la participación de las empresas y los pacientes en la Sanidad madrileña, desde la óptica de los decisores políticos.

Posteriormente la coordinadora de APRI Salud, Adriana Bonezzi, resumió los principales puntos del día, con un mensaje de auxilio hacia aquellos ciudadanos que no saben o no pueden comprender ni lo que le ofrece ni lo que le exige la Administración, principalmente porque fallan los canales de comunicación y porque raramente los poderes públicos hablan el mismo lenguaje que la gente.

LUIS XIMÉNEZ — MADRID 31 OCT, 2019 – 4:51 PM EN ACTA SANITARIA

El primer desayuno sobre salud organizado por la Asociación de los Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) ha concluido con la percepción de que la futura Ley de Transparencia de la Comunidad de Madrid aún plantea dudas sobre sus posibles efectos, financiación y carácter perdurable.

El encuentro, que fue moderado por iSanidad, se celebró en el Colegio de Economistas de Madrid con el patrocinio de la compañía farmacéutica Grünenthal, y al mismo asistieron como ponentes portavoces de PSOE, Ciudadanos y Podemos

Irene Matías

Así es APRI

La directora general de APRI, Irene Matías, destacó la oportunidad de debatir sobre la participación de las empresas y los pacientes en la Sanidad madrileña, desde la óptica de los decisores políticos, responsables que, en este caso concreto, pertenecen a las formaciones PSOE, Ciudadanos y Podemos.

En su bienvenida al desayuno sectorial, Irene Matías presentó esta entidad como valor de ley a la hora de defender los intereses de los profesionales de las relaciones institucionales tanto dentro como fuera de España, de cara principalmente a normalizar y profesionalizar su actividad y que sean más conocidos y apreciados por la sociedad a la que sirven.

También reseñó Matías el encuentro como el esfuerzo de un grupo de APRI Salud para promover la coordinación de los intereses públicos y privados en el campo de la salud, como bien que trasciende lo sanitario para enraizarse en todos los aspectos del bienestar de los ciudadanos, tales como la alimentación y la nutrición, el consumo, las políticas sociales, el deportey la referida asistencia sanitaria, entre muchos otros.

Todo ello con el bagaje actual de un centenar de profesionales asociados y nueve entidades jurídicas, unidos todos para lograr una adecuada convergencia con el resto de Europa, como demuestra la alianza con la Plataforma Europea de Asuntos Públicos (PACE), a la que APRI ayudó a nacer, con un deseo común de impulsar la transparencia en las materias públicas como expresión democrática de progreso.

Junto a ello, Matías destacó tres fuerzas, como la divulgación, la formación y la interacción política, para que el término «lobista» sea asumido sin consideraciones peyorativas, al definir todo grupo de interés con voz propia en la sociedad, como, por ejemplo, las entidades sin ánimo de lucro, como las pertenecientes al movimiento asociativo de pacientes.

Ana Lorenzo

Apertura a la participación

La directora general de Transparencia, Gobierno Abierto y Participación Ciudadana del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ana Lorenzo, defendió la ley de transparencia de la región, ya que creará, según aseguró, un consejo de transparencia con potestad sancionadora.

Destacó Ana Lorenzo, igualmente, la creación de una Consejería específica de transparencia, por primera vez, de la que penderá una Dirección General que vigilará estrechamente el uso que se haga del Big Data, por ejemplo, como protección del ciudadano.

Al tiempo, Lorenzo compartió con los presentes que el Gobierno autonómico trabaja en la creación de un registro público de lobbies. En una reflexión más amplia, declaró que es exigible a las Administraciones que se hagan comprender por los ciudadanos en sus múltiples comunicaciones.

Carlos Mur

Mantener el bienestar

El director general de iSanidad, Luis de Haro, moderó el debate político que siguió a las dos intervenciones previas. Para ello, lo situó en la posibilidad de lograr un gran acuerdo que haga factible la sostenibilidad de una Sanidad universal basada en impuestos frente a los desafíos que representan amenazas como las de una población progresivamente envejecida,  polimedicada y con creciente tendencia a la polimedicación.

Además, Luis de Haro planteó a los políticos invitados cuestiones tan  inmediatas ante la próxima entrada en vigor de la Ley de Transparencia de la Comunidad de Madrid, que afirmó, se aprobará el próximo año.

Por su parte, el director general de Coordinación Socio-Sanitaria del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, el doctor Carlos Mur, considera imprescindible lograr un pacto político por la Sanidad, cuyas bases sean la equidad, la accesibilidad, una cartera de prestaciones equilibrada y compartida, una normativa menos rígida y una necesaria reforma.

Luis de Haro

Para todo ello, estima Carlos Mur clave superar una organización sanitaria de raíz napoleónica y desinvertir en prestaciones, productos y servicios ineficientes.

Por otro lado, y aunque Mur cree que el paciente cada vez es más tenido en cuenta, admitió que aún no participa de forma directa en el diseño de la Sanidad futura.

Acto seguido, el director general hizo una abierta defensa de la colaboración público privada, a la vez que recordó que el hospital con mejor valoración ciudadana en la región es de carácter concesional.

Aprovechó Mur, igualmente, para defender el carácter profesional de los gestores sanitarios con el deseo de poner coto a las injerencias políticas en los nombramientos al frente de las organizaciones sanitarias públicas.

En respuesta a una pregunta de la comunicadora Irene Tato, desde la grada, este político explicó que es necesario que crezca el movimiento asociativo social, sanitario y hasta cultural, porque todo ello contribuye a mejorar los condicionantes de salud.

Matilde Isabel Díaz Ojeda

Universalidad en equidad

Matilde Isabel Díaz Ojeda, que es portavoz adjunta del grupo parlamentario socialista en la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid, planteó, como fundamentos de iure de la Sanidad, la universalidad y la equidad, frente a experimentos fallidos, en su opinión, como el Real Decreto 16/2012 y sus secuelas en forma de copagos.

De cara a construir una Sanidad para todos, citó Matilde Isabel Díaz Ojeda las 370 medidas anunciadas por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, entre las que incluyó la necesidad de pasar del 6 al 7 por ciento del PIB destinado a Sanidad hacia 2023.

Para lograr una mayor cultura de la participación, Díaz Ojeda invocó argumentos de raíz legal, como el artículo 129 de la Constitución Española, y el 5 de la Ley General de Sanidad, texto que otorgaron a los ciudadanos, y entre ellos a los pacientes, una participación pública aún no establecida.

Sobre los consejos de salud en la Comunidad de Madrid, aseguró la socialista que están faltos de desarrollo, cuando lo exigible sería que los órganos de participación tuvieran carácter permanent, de lo que dedujo que en la región hay tendencia a aprobar leyes que, luego, no se cumplen.

Denunció Díaz Ojeda que estos entes, como el Consejo Madrileño de Salud, fueron enunciados y derogados intermitentemente, antes de su creación, y que volvieron a ser postulados por la Ley de Buen Gobierno de 2017, un hecho que, sin embargo, a día de hoy no les ha dado carta de naturaleza efectiva.

La portavoz socialista estableció, además, que hay colaboración público privada en el suministro de insumos no sanitarios para el sector salud, aunque aseveró que su grupo es partidario de la gestión sanitaria directa, como se demostró en la Comunidad Valenciana, al revertir el Modelo Alzira de gestión indirecta.

Sobre la inminente ley de transparencia, que entrará en vigor en 2020, Díaz Ojeda aseguró que deberá tener el debido respaldo financiador para que pueda aspirar a una adecuada aplicación, porque, tal como insistió, ya hay tradición de no cumplimiento de las leyes en Madrid.

Enrique Veloso

Planteamiento Ciudadanos

El portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos en la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid, Enrique Veloso, estima que hay planteamientos que chirrían mucho en Sanidad, como que se discuta en la capital si los dos nuevos dispositivos de protones se instalan en centros públicos o privados.

Enrique Veloso considera que todo en Sanidad debe ser tamizado por los criterios de la eficiencia y la evidencia científica, además de contar de forma más fehaciente con los pacientes.

De igual modo, destacó Veloso que las nuevas tecnologías hacen más factible el cambio de paradigma aludido, de cara, aseguró, a lograr mejores resultados en salud y mayores tasas de autocuidado. Además, denunció, en otro aspecto, que vaya con tanto retraso el desarrollo normativo que podría permitir una mayor participación de los pacientes.

Sobre la naturaleza propia de la Sanidad, estima este representante de Ciudadanos que debe ser complementaria, a través de una colaboración público privada desarrollada con transparencia y rendición de cuentas, además de revisar los resultados en salud siempre de manera abierta.

En ese punto, se refirió Veloso a los dictámenes de la Cámara de Cuentas de Madrid sobre los acuerdos concesionarios en hospitales regionales, para conocer en detalle la derivación de pacientes y posibles incumplimientos contractuales.

Criticó este político que el Observatorio de Resultados en Salud sea tan inextricable y poco útil para llegar a conclusiones sobre qué hospital es mejor que otro en este o aquel aspecto, fuera de la tradición de otros países avanzados, en los que la información se difunde con toda naturalidad, según afirmó.

Vanessa Lillo

Lo dice Podemos

La portavoz del grupo parlamentario de Podemos en la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid, Vanessa Lillo, discrepó con el portavoz de Ciudadanos al asegurar que todo es política en esta vida, desde comprar el pan por la mañana, además de que que, ser pobre, también tiene un impacto directo en la salud.

Vanessa Lillo pidió pasar de la universalidad legal de la Sanidad a la real, y alegó que la Operación Chamartín también tendrá su lectura en salud. Pese a ello, y en otro aspecto, se alegró del acuerdo alcanzado en la Asamblea de Madrid por todos los partidos políticos para potenciar la Atención Primaria.

Además del observatorio madrileño de la salud, Lillo ve necesario que los órganos consultivos ciudadanos se apoyen en el organigrama municipal e incluso en las asociaciones de vecinos.

Por otro lado, esta ponente desconfía de fórmulas como la calidad percibida para evaluar las prestaciones y los centros sanitarios. En sentido contrario, expuso el caso de su población, Getafe, en la que se decía que uno de sus barrios era el más inseguro cuando la realidad demostraba precisamente lo contrario.

Adriana Bonezzi

También declaró Lillo que la mejor colaboración público privada es aquella que no existe porque transfiere dinero público a manos privadas, y porque, afirmó, cualquier servicio privado es más caro que cualquier público, aseveración que no encontró eco ni positivo ni negativo en la sala. Alegó, también, que las condiciones laborales en los centros privados no son homologables a las de la red pública, cosa que reclamó.

 Administración y lenguaje

Recién llegada del Congreso Biocomunica 2019, la coordinadora de APRI Salud, Adriana Bonezzi, resumió los principales puntos del día, con un mensaje de auxilio hacia aquellos ciudadanos que no saben o no pueden comprender ni lo que le ofrece ni lo que le exige la Administración, principalmente porque fallan los canales de comunicación y porque raramente los poderes públicos hablan el mismo lenguaje que la gente

Desde la platea, el responsable del Foro Español de Pacientes, José Luis Baquero, aseguró que la universalidad de la Sanidad no sirve para nada si no va acompañada de calidad, un patrimonio que está a la baja, según lamenta.

Ana Lorenzo, hasta ahora responsable de Asuntos Públicos de Ikea Ibérica y socia de APRI ha sido nombrada directora general de Transparencia, Gobierno Abierto y Participación Ciudadana de la Comunidad de Madrid.

Ana Lorenzo, nacida en Pamplona, de 38 años, es licenciada en Periodismo por la Universidad de Navarra, tiene un máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial en el ESIC Business and Marketing School y un postgrado en Dirección de Campañas en ICADE. 

Cuenta con experiencia en la promoción de la libertad, la participación de la sociedad civil en las políticas públicas y el compromiso social de las empresas, con especial énfasis en impulsar la transparencia y el buen gobierno en las organizaciones públicas y privadas. En el sector público, ha desarrollado tareas como asesora de políticas sociales en el Gabinete de Presidencia del Gobierno (2013-2016) y en el Parlamento Europeo (2010-2013).

En el ámbito privado, ha trabajado en el tercer sector, como directora de Innovación de la Fundación Seres; como socia de la ‘start up’ Sufragium, que impulsa una mayor transparencia de las organizaciones y promueve la participación en las decisiones públicas y de empresas, así como en «think tanks» de inteligencia económica.

Ha impartido conferencias sobre participación ciudadana, transparencia de gobiernos y empresas y buen gobierno corporativo en la CEOE o la Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales (APRI). Concretamente en junio de 2019 participó en el Lobby Hour de APRI para hablarnos de diplomacia corporativa.

Al incorporarse como Directora de Transparencia, Gobierno Abierto y Participación Ciudadana de la Comunidad de Madrid deja de ser socia de APRI por la incompatibilidad del cargo.

Desde la Asociación le felicitamos y deseamos todo el éxito en el nuevo ciclo profesional que comienza dedicado al desarrollo de políticas públicas en favor de la transparencia y buen gobierno.

El pasado 2 de Abril, entró en vigor la Resolución de la Mesa del Congreso de los Diputados por la que se aprueba el Código de Conducta de los Sres. Diputados por el cual «… el Diputado deberá hacer pública su agenda institucional en el Portal de Transparencia del Congreso, incluyendo en todo caso las reuniones mantenidas con… aquellas personas físicas o jurídicas o entidades sin personalidad jurídica que se comuniquen de forma directa o indirecta con titulares de cargos públicos o electos o personal a su cargo en favor de intereses privados, públicos, particulares o colectivos, intentando modificar o influir sobre cuestiones relacionadas con la elaboración, el desarrollo o la modificación de iniciativas legislativas… el Diputado se responsabilizará de la veracidad y exactitud de la información publicada… El Presidente de la Cámara, de oficio o a petición de otro Diputado, puede solicitar la apertura de un procedimiento para dilucidar si se ha producido una infracción…». (Artículos 6 y 9)

Codigo de Conducta Sres. Diputados

Así pues, con la apertura de la nueva legislatura, toda reunión que se celebre con cualquier Diputado para influir sobre aspectos legislativos, tendrá que ser incluida en la agenda pública del Diputado. Al ser pública dicha información, con el tiempo, los medios de comunicación y cualquier interesado podrá crear el listado de lobistas con acceso a los Diputados, con qué Diputados se reúne cada lobista, a qué lobistas recibe cada diputado, que intereses se están defendiendo ante los Diputados, seguir la huella de reuniones e interesados en una determinada acción legislativa, etc.

La transparencia permitirá que, ante la información de cualquier medio de comunicación o la denuncia de cualquier particular, cualquier Diputado pueda solicitar al Presidente del Congreso la apertura de un procedimiento para comprobar la infracción y proceder a la sanción del Diputado correspondiente al incumplimiento.

Aunque, como el mismo acuerdo de la Mesa prevé, será necesaria mayor concreción y detalle a través de la reforma del Reglamento del Congreso, este acuerdo de la Mesa inicia la necesaria transparencia de la acción de lobby en el Congreso de los Diputados y abre la puerta para la extensión de la misma a todos los poderes públicos.

Esteban Egea Sánchez

Secretario de la Junta Directiva de APRI

  • El Consejo de Transparencia, la CNMC y los periodistas parlamentarios, reconocidos por su labor

  • La Ministra de industria, Reyes Maroto, ha remarcado la necesidad de la labor de los profesionales de las relaciones institucionales

 

El pasado día 14 de noviembre la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) celebró su 10º aniversario en un acto que contó con la presencia de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y con la asistencia de más de un centenar de representantes del mundo de la empresa, de la política y de las administraciones públicas.

Bajo el lema “10 Años por la Transparencia “, el acto ha estado enfocado al reconocimiento de aquellos actores que han hecho posible que el camino hacia la normalización de la profesión de lobista en nuestro país. Con esa finalidad, durante el acto se hizo entrega de los primeros “Reconocimientos por la Transparencia”, que han recaído en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, por impulsar la regulación del lobby a través de su acción; la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por crear el primer registro de grupos de interés de ámbito nacional, y la Asociación de Periodistas Parlamentarios, por la labor informativa que desarrollan sus asociados sobre la actividad desarrollada por la APRI.

En su intervención, la Ministra de Industria ha destacado que «una mayor transparencia contribuye a dotar de seguridad jurídica a la actividad del lobby y además, mejora la toma de las decisiones».

Por su parte, la Presidenta de la asociación, María Rosa Rotondo, ha señalado en su discurso que «debemos ser capaces de transmitir a toda la sociedad que el ejercicio del lobby es una expresión de un sistema democrático sano, la vía por la que toda la sociedad civil, las empresas y los colectivos exponen sus intereses legítimos para que aquellos que toman las decisiones actúen con la máxima información y conocimiento de todos los puntos de vista».

También los receptores de reconocimientos han hecho hincapié sobre la necesidad de una profesión ética y transparente y sobre la necesidad de regular el lobby a través de la creación de un registro de grupos de interés ante las principales instituciones del estado, objetivo que APRI lleva persiguiendo desde su fundación.

El evento en tweets

Nace APRIEl próximo 14 de noviembre la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales celebrará su 10º Aniversario en las instalaciones del Hotel Wellington. Fundada en el año 2008 por profesionales de las relaciones institucionales en España, APRI nace para cubrir un vacío en la representación y asociacionismo de esta profesión.

Su objetivo es hacer del lobby una profesión de reconocido prestigio y valor para toda la sociedad y, en especial, para los responsables de todo tipo de organización, como compañías, ONGs o asociaciones empresariales. Una profesión que sirva como nexo más eficaz entre los legítimos intereses de la sociedad civil y las decisiones de interés general que toman el Gobierno y el Parlamento de España y los de sus Comunidades Autónomas.2011_Código de Conducta

Desde sus comienzos, la asociación entiende la transparencia, la ética y la integridad como elementos importantes a la hora de ejercer esta profesión. Por ello, a partir del año 2011 todos sus socios firman un código de conducta, que representa una autorregulación ante la falta de reglas sobre la actividad.

 

2017_Nuevas propuesta de regulación10 años después, APRI cuenta con alrededor de 100 asociados quienes abogan por la normalización de la actividad a través de la creación de un registro de grupos de interés, similar al Registro de Transparencia que ya existe ante el Parlamento y la Comisión UE.

En este sentido, en 2013 y en 2017, la asociación ha elaborado sus propias propuestas con el objetivo de liderar el debate en esta materia a través de un texto sólido y respaldado jurídicamente.

Bajo el lema «10 Años por la Transparencia«, el acto de celebración del 10º Aniversario estará enfocado al reconocimiento del trabajo por la transparencia de la actividad de aquellos actores que han hecho posible que el camino hacia la normalización de nuestra profesión -imprescindible en cualquier democracia- empezara también en España.

Durante el acto, que estará presidido por la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, María Reyes Maroto, se procederá a la entrega de nuestros primeros Reconocimientos por la Transparencia de la actividad a:

 

Un total de 228 grupos de interés ya se han inscrito en el registro de lobbiesque el Parlament creó a finales de enero de este año. La iniciativa es pionera entre las cámaras legislativas del Estado y se ha puesto en marcha como consecuencia de la ley de transparencia catalana, aprobada en 2014. El vicepresidente primero de la Cámara, Lluís Corominas, hace un balance “positivo” de los primeros meses, y recuerda que el Parlament aprobó también que los diputados hicieran pública su agenda.

El Parlament envió casi 400 cartas a entidades, cámaras, colegios, sindicatos, patronales y asociaciones susceptibles de tener que aparecer en este registro. Salvadas las “dudas iniciales”, dice Corominas, la iniciativa ha sido bien acogida. Esos grupos, por ejemplo, se sorprendían por tener que inscribirse en el Parlament para hablar con diputados cuando no tenían que hacerlo en el Congreso. La cámara autónoma pretende que formar parte del registro sea una especie de “sello de calidad” para las entidades.

El registro de lobbies garantiza derechos (como celebrar actos en la cámara) y obligaciones; por ejemplo, a dar información “fidedigna”. También prevé sanciones por malas prácticas, que van de los 300 a los 12.000 euros, que por ahora no se aplican.

Además de los 228 inscritos, hay cinco solicitudes pendientes de validar, otras seis que no se han admitido y otras 31 que no han finalizado. El registro se estructura en cinco categorías: consultorías profesionales y despachos de abogados; empresas, asociaciones comerciales y sindicatos; fundaciones, plataformas y sin ánimo de lucro; grupos de reflexión y ligados a partidos; y, finalmente, organizaciones que representan a iglesias o comunidades religiosas.

Los grupos registrados van desde la fundación Proactiva Open Arms —que ayuda a los refugiados en las aguas del Mediterráneo— hasta el gremio de constructores de obras de Barcelona, así como entidades energéticas, como la Asociación Española del Gas. Algunos grupos tienen un interés directo con las leyes que tramita la cámara, como la Asociación de Bebidas Refrescantes; recientemente, el Parlament abordó un impuesto sobre bebidas azucaradas. También está registrada la Federación de Asociaciones de Usuarios de Cannabis. En pleno proceso soberanista figuran, también, entidades que lo impulsan como Reinicia Catalunya, el Cercle Català de Negocis, Sobirania i Justícia o el Pacte Nacional pel Referèndum.

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La nueva Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que en estos momentos se encuentra en trámite de ponencia en la Junta General, va a regular la existencia de lobbies de presión. Es decir, que haya transparencia en los encuentros entre estos ‘grupos de interés’ y los altos cargos del Gobierno.

 Este ha sido el principal tema de debate en la reunión de la ponencia del proyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que esta presidida por el diputado de IU-IX Gaspar Llamazares y que se ha reunido este miércoles en la Junta General.

Había tres enmiendas relativas a este tema a propuesta de PP, Podemos Asturies y Ciudadanos y se ha acordado fusionar las tres para que se recoja que un ‘grupo de interés’ son las personas físicas o jurídicas y las organizaciones que se dedican a influir en los procesos de elaboración de las políticas o disposiciones normativas, en la aplicación de las mismas o en la toma de decisiones de la Administración.

Además, la definición de lobby en la futura ley va a extender su ámbito y se van a considerar, además de los que están instaurados en Asturias, aquellos que puedan influir directamente en el sector asturiano y que no estén instaurados en la comunidad.

En declaraciones a Europa Press, el diputado ‘popular’ Rafael Alonso ha destacado que así se va a permitir dar «transparencia» a la figura de los lobbies, «que empieza a tener entrada y hay que regularlo» para saber cómo pudieron influir o participar en el proceso de redacción de una disposición.

Además, ha señalado que la futura ley va a hablar de ‘grupos de interés’ y no de lobbies, «que es un anglicismo». Por otro lado, ha indicado que todos los grupos parlamentarios parecen haber dado la «bienvenida» a esta regulación» y que existe un «cierto ánimo de acuerdo».

Por otro lado, desde Podemos Asturies, Emilio León, ha señalado que la política asturiana ha estado protagonizada por personas o grupos de presión «que nunca han tenido que rendir cuentas». Así, ha apuntado a personas y entidades «que tuvieron las puertas abiertas de la administración y que aparecen ahora como condenados por evasión fiscal o relacionadas con Gitpa y la trama del cable».

Con todo, ha señalado que la «prueba del algodón» sobre la voluntad del Gobierno asturiano de avanzar en la tramitación de esta norma será el próximo día 4 abril, «cuando se discuta la independencia de los órganos de control creados con esta Ley», ha sentenciado.

Desde Ciudadanos, la diputada Diana Sánchez ha afirmado que la ley no es «para nada» el texto que trajo el Gobierno, «que Ciudadanos está contribuyendo a su mejora como por ejemplo la regulación de los grupos de interés y la huella».

Además, ha señalado que desde su formación también han logrado introducir en la ley que los ciudadanos puedan evaluar a la administración a través del portal de transparencia «y se ha aceptado también nuestro estatuto del denunciante».

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València, 16 feb (EFE).- El pleno del Consell ha aprobado hoy el proyecto de ley de Lobbies, con el que busca aportar claridad y transparencia y «poner freno a la cultura del amiguismo», y el proyecto de ley que fija la futura estructura productiva agraria de la Comunitat Valenciana.

Así lo ha dado a conocer la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, tras el pleno del ejecutivo, en una rueda de prensa en la que ha informado de que ambas iniciativas legislativas serán remitidas ahora a Les Corts Valencianes para su tramitación parlamentaria y posterior aprobación y entrada en vigor.

Oltra ha explicado que la ley de Lobbies pretende poner «más luz y transparencia» en las relaciones de los grupos de interés con la administración valenciana, al tiempo que «pone freno a la cultura del amiguismo» al identificar a los lobbies existentes en la Comunitat.

La norma contempla un código de conducta que incluirá las prácticas y actitudes que deben seguir los lobbies en su actuación, evitando la opacidad, garantizando el interés general y fiscalizando con buen criterio la actuación de los poderes públicos.

Se considera actividad de lobby toda comunicación directa o indirecta, oral o escrita, con los cargos o empleados públicos, con la finalidad de influir en la adopción de políticas públicas y en la elaboración de los proyectos normativos, desarrollada en nombre de un grupo organizado de carácter privado o no gubernamental en beneficio de sus propios intereses o de terceros.

El proyecto de ley contempla la creación de un el Registro de lobbies, que viene a hacer efectiva la identificación pública de las actividades que desarrollan los grupos de interés, y que será de carácter electrónico, administrativo, gratuito y obligatorio.

También regula lo que se denomina «huella normativa» referida a la publicidad de los contactos que la administración de la Generalitat mantiene con los lobbies durante la elaboración de los anteproyectos de ley y los proyectos de decreto, asegurando así que la influencia de estos grupos en la confección de las normas sea transparente y no desproporcionada.

Oltra ha destacado que la aplicación de la «huella normativa», situará a la Comunitat Valenciana «a la vanguardia» ya que será la tercera autonomía que aplica este procedimiento, después de Madrid y el País Vasco.

Por otra parte, el proyecto de Estructuras agrarias busca hacer de la agricultura una actividad rentable y sostenible, mediante la actualización y desarrollo de algunas medidas ya existentes, así como la regulación y el establecimiento de diferentes instrumentos y actuaciones de nueva implantación.

El objetivo de esta iniciativa consiste en mejorar la competitividad en la Comunitat, actuando contra el abandono de tierras, la fragmentación de la propiedad o la falta de una cultura de la gestión común de la producción, entre otras cuestiones.

La ley contempla la creación de una «Xarxa de Terres» o red de oficinas gestoras de tierras, que será una herramienta destinada a movilizar las parcelas a favor de los agricultores profesionales y de iniciativas de gestión en común.

También se pondrá en marcha la figura de la Iniciativa de Gestión Común (IGC), calificación a la que podrán acogerse todas las explotaciones asociativas o las agrupaciones de explotaciones que manifiesten su voluntad de ser consideradas como una unidad a efectos de la puesta en marcha de un plan de gestión de cultivo en común.

La nueva norma contempla la definición de suelo agrícola infrautilizado e introduce incentivos fiscales a la adquisición y arrendamiento de fincas rústicas que amplían los contemplados en la normativa estatal.

Entre las novedades también se encuentra la nueva figura de agente dinamizador, como persona que impulsará técnicamente la gestión del territorio y la elaboración de un mapa agronómico que constituirá una herramienta de planificación para las políticas agrarias. EFE

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