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El Gobierno regional y la Generalitat Valenciana firmaron este lunes un protocolo de colaboración sobre Gobierno Abierto que permitirá a ambas administraciones autonómicas intercambiar experiencias y conocimientos para impulsar la participación ciudadana y mejorar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

“Tenemos una Administración profesional y eficaz, pero debemos mejorar y potenciar la transparencia, el Gobierno Abierto y la rendición de cuentas como forma de perfeccionar la democracia”, señaló la consejera de Transparencia, Participación y Portavoz, Noelia Arroyo.

El acuerdo de cooperación suscrito por Arroyo y su homólogo valenciano, el consejero de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación de la Generalitat, Manuel Alcaraz, tiene como objetivo “potenciar la transparencia, el Gobierno Abierto y la rendición de cuentas, como forma de perfeccionar la democracia”, señaló la consejera.

Mediante este protocolo ambas comunidades desarrollarán e intercambiarán herramientas informáticas especializadas que permitan a los ciudadanos un acceso cómodo y seguro desde cualquier dispositivo a toda la información relativa a sus instituciones. Arroyo indicó que ambas comunidades “estamos realizando ya un gran esfuerzo, con mecanismos como el registro de lobbies y el canal de denuncias”, dentro de la lucha contra las malas prácticas políticas y administrativas, que ha sido uno de los ejes centrales del encuentro celebrado hoy en Cartagena.

Máximo acceso a la información

Para Noelia Arroyo, “escuchar no es suficiente, es necesario que los ciudadanos puedan tomar decisiones junto con los responsables políticos, y para ello es imprescindible garantizarles el máximo acceso a la información».

«No es posible un buen gobierno con personas desinformadas. Encuentros como este y otros que vamos a tener con otras comunidades autónomas nos permitirán poner la mejor información con las mejores herramientas informáticas en manos de todos los ciudadanos de nuestra Región”, explicó Arroyo.

«La Región de Murcia se ha situado a la vanguardia de la participación y la transparencia, pero queremos ir aún más rápido e incorporar lo mejor que se ha hecho en otros lugares de España, a la vez que aportamos a otras comunidades nuestras acciones pioneras, como los Presupuestos Participativos”, explicó la consejera de Transparencia, Participación y Portavoz.

Arroyo resaltó que “es necesario colaborar con todas las administraciones, como ya hacemos con los ayuntamientos de nuestra Región, para mejorar la calidad democrática de nuestros gobiernos” y anunció que a este primer protocolo con la Generalitat Valenciana se unirá próximamente otro con la Comunidad de Madrid.

La consejera de Transparencia y su homólogo valenciano coincidieron en solicitar al Gobierno de España la constitución formal de la Conferencia Sectorial de Gobierno Abierto, para otorgar el máximo rango a estas actuaciones.

«La igualdad entre los españoles también se construye con políticas coordinadas de transparencia y participación ciudadana. Todos los españoles tienen que tener las mismas posibilidades de participar en la vida pública», defendió Noelia Arroyo.

Mesas de trabajo conjuntas

La jornada de este lunes se ha dividido en dos grupos de trabajo, centrados en cuestiones relativas al acceso a la información, reclamaciones o cuentas abiertas, y en los sistemas de alertas para la detección de malas prácticas en la administración, inspección de servicios o registro de grupos de interés. En ella han participado técnicos y políticos de ambas comunidades.

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Se trata de la primera vez que se aprueba este instrumento desde que se impuso esta obligación al Gobierno por el artículo 25 de la Ley del Gobierno, del 27 de diciembre de 1997, en la redacción dada al mismo por la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, del 1 de octubre de 2015, y una vez aprobado el Real Decreto del 24 de marzo de 2017, por el que se regularon el Plan Anual Normativo y el Informe Anual de Evaluación Normativa de la Administración General del Estado y se creó la Junta de Planificación y Evaluación Normativa.

La conveniencia de la aprobación del Plan deriva de la exigencia de racionalizar la actividad de producción normativa y mejorar la calidad de las normas, así como permitir la evaluación periódica de la aplicación de las que están en vigor. Además, es un reto no exclusivo del ordenamiento español, sino que se ha puesto de manifiesto en el ámbito de la OCDE, del Derecho comparado o de la Unión Europea, a través del Acuerdo Interinstitucional «Legislar mejor» alcanzado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea, que entró en vigor en 2016.

Igualmente, debe ponerse en relación con el proyecto general de mejora de la calidad normativa que inspira todo el informe aprobado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas.

Objetivos

A través del Plan Normativo se persiguen tres objetivos fundamentales:

  • Asegurar, como impone el artículo 25 de la Ley del Gobierno, la congruencia de todas las iniciativas que se tramiten y evitar modificaciones sucesivas del régimen legal de un determinado sector o área de actividad en un corto espacio de tiempo.
  • Dar a conocer a todos los agentes cuáles son las normas previstas para cada año natural, incrementando la transparencia. Por esta razón, el artículo 132 de la Ley 39/2015 impone la publicación del Plan en el Portal de la Transparencia.
  • Racionalizar la actividad normativa, a través de la reflexión que impone la articulación en un calendario del programa legislativo

Además, el Plan Normativo permite coordinar otros instrumentos que afectan a la proyección temporal del ejercicio de la potestad normativa. Por esta razón, en el proceso de elaboración del Plan Anual Normativo se han tenido en cuenta los compromisos asumidos en el Programa Nacional de Reformas, así como las obligaciones de transposición que resultan del Derecho de la Unión Europea.

Las propuestas que se incluyen en el Plan reflejan los objetivos y prioridades políticas de los diferentes ministerios y del Gobierno en su conjunto. En todo caso, la efectiva aprobación de los Proyectos de leyes orgánicas y de leyes ordinarias previstos en el presente Plan hoy aprobado dependerá del Parlamento.

Planificación

Como datos generales del Plan se pueden destacar los siguientes:

  • Se prevé la aprobación de 287 normas, de las cuales 9 tendrán rango de ley orgánica, 38 de ley ordinaria y 240 de real decreto.
  • 44 propuestas normativas derivan de la transposición de Directivas europeas: 4 leyes orgánicas, 17 leyes ordinarias y 23 reales decretos.
  • A lo largo de 2018 se procederá a la transposición de 52 Directivas comunitarias.

El Plan no es un instrumento rígido que impida la aprobación de normas que no estuvieran inicialmente previstas, si bien en estos casos debe justificarse la necesidad en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo. En este sentido, se hace referencia a las iniciativas que se podrán derivar de los trabajos que se están llevando a cabo actualmente en las Comisiones Constitucional, de Justicia, Educación y Deporte, y Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados.

El Plan identifica las normas que han de someterse a un análisis sobre los resultados de su aplicación, con el fin de evaluar su eficacia, eficiencia y sostenibilidad. Las causas principales que motivan esta evaluación son la incidencia en las cargas administrativas y el impacto sobre la economía en su conjunto o sobre determinados sectores.

43 proyectos normativos se someten al procedimiento de evaluación normativa. Se incluyen, entre otros, la Ley de modificación del texto refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios, la Ley sobre seguridad de las redes y sistemas de información, la Ley de cooperativas de crédito o los Reales Decretos sobre reutilización de información del sector público o de aprobación del Reglamento del Registro Mercantil.

NORMAS MÁS RELEVANTES

Las normas más relevantes incluidas en el Plan, a las que deben añadirse las disposiciones cuya aprobación está prevista con carácter anual, como es el caso de la Ley de Presupuestos o el Real Decreto por el que se fija el Salario Mínimo Interprofesional, son las siguientes:

– Asuntos sociales:

  • Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, con el fin de dar cumplimiento a los compromisos internacionales, así como los que se deriven de la suscripción del Pacto de Estado en materia de violencia de género creada en el seno de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados.
  • Ley de menores sin alcohol, con el fin de adoptar medidas preventivas eficaces para evitar la problemática asociada al consumo de alcohol por parte de los menores de edad.
  • Reglamento de desarrollo de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado

– Protección del medio ambiente:

  • Ley de cambio climático y transición energética, que tiene por objeto establecer un marco normativo que recoja los objetivos a medio y largo plazo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y los objetivos en materia de energía.
  • Ley por la que se establecen objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida de los combustibles y de la energía suministrada en el transporte.
  • Ley por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

– Protección de derechos:

  • Reformas previstas en la legislación civil, penal y procesal, donde se prevé la modificación de los cuerpos normativos más importantes: el Código Civil, el Código Mercantil, Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, e incluso la Ley Orgánica del Poder Judicial.
  • Ley Orgánica sobre el Registro de Nombre de los Pasajeros para la Prevención, Investigación y Enjuiciamiento de Delitos de Terrorismo y Delincuencia Grave.
  • Ley de modificación de la Ley 10/2010, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo.
  • Ley reguladora de determinados aspectos de los Servicios Electrónicos de Confianza
  • Reglamentos de desarrollo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria

– Recuperación económica:

  • Ley del sistema institucional de resolución extrajudicial de conflictos en el ámbito financiero.
  • Ley de transposición de la Directiva 2014/65/UE, reguladora del Mercado de Valores.
  • Ley de transposición de la Directiva 2014/50/UE, relativa a los requisitos mínimos para reforzar la movilidad de los trabajadores entre Estados Miembros en materia de derechos de pensión.
  • Ley por la que se modifica la Ley del Impuesto de Sociedades.

– Hacienda y financiación autonómica:

  • Ley de modificación de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía.
  • Ley de reforma del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales.
  • Leyes de Presupuestos Generales del Estado correspondientes a los años 2018 y 2019.

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El transporte público de viajeros en vehículos de turismo constituye un servicio estratégico para la sociedad española. Supone una importante contribución para el crecimiento de nuestra economía en términos de Producto Interior Bruto (PIB), es generador de puestos de trabajo, favorece la conectividad de las personas, la vertebración urbana y desarrolla una labor esencial en el día a día de los ciudadanos mejorando, sin lugar a dudas, su calidad de vida.

Y siendo, como somos, conscientes de todos los beneficios que reporta al conjunto del país, es fundamental garantizar la estabilidad del mismo, velar con todos los medios a nuestro alcance por asegurar el cumplimiento de la ley, lograr una convivencia ordenada y equilibrada entre los taxis y los vehículos con conductor (VTC), impulsar los mecanismos de supervisión necesarios y reforzar la lucha contra el fraude, la especulación y el intrusismo en la prestación de este tipo de servicios. Sólo así el sector podrá afrontar con éxito todos los desafíos que las nuevas tecnologías y necesidades de los ciudadanos demanden prestando un servicio fundamental, ágil, seguro y fiable.

Desde el Ministerio de Fomento conocemos la situación que atraviesa en estos momentos el sector y el impacto que han tenido sobre él las sentencias judiciales que recientemente han dictado los jueces, por las que se conceden nuevas licencias VTC, y que son fruto del vacío legal que se produjo tras la aprobación en 2009 de la Ley Ómnibus por parte del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

Con el objetivo de resolver dicho vacío legal, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en 2013 la modificación de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) y su reglamento de desarrollo en 2015. Esta nueva regulación logró poner fin a la inseguridad jurídica que hasta entonces imperaba en materia de arrendamiento de vehículos con conductor, restableciendo la proporción concreta de una autorización de VTC frente a 30 licencias de taxi y evitando que, a partir de ese momento, prosperasen los recursos para obtener licencias VTC por la vía judicial.

Esto explica que las autorizaciones de licencias VTC que se han obtenido por sentencia judicial correspondan, fundamentalmente, a recursos presentados entre 2009 y 2013.

Desde el Ministerio de Fomento estamos obligados a acatar y respetar el contenido de estas sentencias, como no podía ser de otra manera. No obstante, el respeto de cualquier decisión judicial no ha impedido que la Administración General del Estado haya hecho todo lo que estaba en su mano, personándose en los procedimientos judiciales abiertos, con el objetivo de evitar la concesión de nuevas licencias VTC por esta vía y el incumplimiento del límite del 1/30.

Asimismo, me gustaría poner de manifiesto que cuando se ha llegado al límite del criterio del 1/30 las administraciones autonómicas no han otorgado nuevas licencias de VTC, ya que ello iría contra la ley. En estos momentos, de hecho, está prohibido, porque es ilegal, conceder ni una sola nueva licencia VTC en España. La ley aprobada en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy lo impide.

Cabe recordar, asimismo, que Fomento no tiene competencia ni en la regulación del sector del taxi, ni en la gestión y otorgamiento de licencias, ni en los servicios de inspección. Sí nos compete, por ejemplo, la regulación del sector de VTC y su desarrollo normativo, que es en lo que estamos trabajando. El Ministerio de Fomento está ultimando el desarrollo de un proyecto de Real Decreto destinado a mejorar la situación en el sector del taxi y en el del alquiler de vehículos con conductor que pone especial acento en aquellas medidas dirigidas a impedir las prácticas especulativas por parte de quienes pudieran haber solicitado licencias de VTC con la única finalidad de lucrarse con su inmediata reventa.

Este Real Decreto, en el que hemos recogido las principales preocupaciones que nos ha transmitido el sector del taxi en las sucesivas reuniones que hemos mantenido, impide, por tanto, la transmisión de autorizaciones hasta pasados dos años desde su otorgamiento.

Asimismo, la nueva norma recoge la creación de un registro único a nivel estatal en el que deberán inscribirse, con carácter previo a su prestación, los servicios de VTC de manera que se garantice así que existe una contratación precedente -requisito indispensable- y se impide que este tipo de vehículos capten viajeros circulando por las vías públicas o mientras están estacionados en los sitios de mayor demanda. Es el caso de aeropuertos, estaciones de tren, puertos, etc.

El control de la habitualidad, que determina que un VTC pueda realizar como máximo un 20% de los servicios fuera de la comunidad autónoma que le otorgó dicha autorización, constituye otro de los pilares del nuevo texto de medidas urgentes en el que trabaja el Ejecutivo, que reforzará al mismo tiempo el cumplimiento de los requisitos que lleva aparejado una autorización VTC, independientemente de cómo se haya obtenido.

Pero, además, la inspección y el control de los servicios de VTC seguirá siendo un objetivo primordial para Fomento, como también lo es la lucha contra el fraude y el intrusismo. De hecho, cualquier incumplimiento de la norma del que tengamos constancia lo pondremos a disposición de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos para que ellos puedan llevar a cabo sus respectivas tareas de inspección y de control.

Así, en las distintas reuniones que hemos mantenido tanto con representantes del sector, como con comunidades autónomas y ayuntamientos, les hemos trasladado todas aquellas medidas de apoyo que desde el Gobierno se pueden dar, instando a estas administraciones, que son competentes para ello, a que refuercen las inspecciones para facilitar el buen funcionamiento del sector, para lo cual hemos ofrecido nuestra colaboración. Por todo ello, queremos seguir trabajando de la mano con el sector, desde el respeto de la legalidad, para lograr una convivencia armónica, ponderada y ecuánime entre el taxi y el VTC, necesaria para el desarrollo y progreso de una actividad fundamental para la sociedad.

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La ampliación de la norma de la elite de la Comisión “sin registro no hay encuentro” a funcionarios de más bajo nivel podría mejorar la transparencia de los lobbies y proteger a estos servidores públicos. Sin embargo, según Margarida Silva, la Comisión ha estado evitando activamente la necesidad de hacer frente a este asunto.

Margarida Silva es una defensora de la ética y la transparencia en los lobbies en el Corporate Europe Observatory y forma parte de la coalición Alter-EU, constituida por unos 200 grupos de la sociedad civil preocupados con la influencia de las corporaciones lobbistas en la agenda política europea.

El departamento de la Comisión Europea que regula los mercados financieros de la EU (DG FISMA) es un ejemplo de la mayor laguna en transparencia de la institución: el 80% de las reuniones de lobbies no están cubiertas por las normas de transparencia de estos grupos de presión.

De enero a julio de 2016, DG FISMA ha sido anfitriona de la asombrosa cifra de 519 reuniones de lobbies. Un 16% de estas fueron organizadas por altos funcionarios del departamento, incluyendo al Comisario, miembros del gabinete y al director general. El 81% restante lo organizaron funcionarios de nivel inferior al de director general (el otro 3% involucró a entidades gubernamentales o bancos centrales).

¿Y esto por qué es importante? Desde 2014, los altos funcionarios de la Comisión tienen que hacer públicas sus reuniones con lobbies de forma proactiva, y rechazar encuentros con lobbies que no estén registrados.

Esta norma tenía por objetivo aumentar la trasparencia del lobby, pero también obligar a los lobistas a unirse al Registro de Trasparencia de la UE, que es voluntario. Su lema es simple, “sin registro no hay encuentro”.

Todavía hay problemas con esta iniciativa, como desgraciadamente ha destacado #Oettingair. No obstante, ha funcionado hasta cierto punto. Tomemos por ejemplo a Goldman Sachs, que ha hecho lobby durante años sin estar registrado y que se ha visto forzado a unirse si quería seguir teniendo acceso.

Como efecto colateral, el requisito de estar registrado ha permitido al público observar qué lobbistas disfrutan de la mayoría de las reuniones, al menos con los funcionarios de más alto nivel, lo que expone un patrón de fuerte dominación corporativa a través de diversos departamentos. El llamativo sesgo corporativo del antiguo Comisario de Finanzas, Jonathan Hill, (el 87% de todos sus encuentros con lobbies) constituye uno de muchos historiales pobres.

Las normas de transparencia de la Comisión cubren solo una pequeña parte de las reuniones

Las mejoras en transparencia que resultan de la norma “sin registro no hay encuentro” constituyen sin duda una buena razón para ampliar su aplicación a todas las reuniones con lobbies en la Comisión, pero aquellas que tienen lugar con funcionarios de bajo rango han permanecido exentas. Solamente los 250 empleados más importantes de la Comisión, de unos 30000 en total, están cubiertos.

Esto deja al 99% de la Comisión como objetivos principales de los lobbistas, sobre todo aquellos que desean ejercer su trabajo lejos del escrutinio público. Se trata con mucho de la mayor laguna en los esfuerzos por la transparencia en los lobbies de la Comisión.

No resulta sorprendente que el 13% de las reuniones corporativas con personal de bajo rango del DG FISMA tuviera lugar con lobbistas no registrados. Podemos hallar las mismas tendencias en la Dirección General de Comercio, donde las normas de transparencia ni siquiera cubren a los miembros del personal que negocian acuerdos comerciales como el Acuerdo Económico y Comercial entre la UE y Canadá. A diferencia de otras direcciones generales, estos dos departamentos por lo menos han registrado los detalles de las reuniones de forma interna y los han publicado, lo que ha permitido una evaluación.

El Comisario Timmermans, encargado de los asuntos de transparencia, se ha opuesto repetidas veces a una ampliación de la norma “sin registro no hay encuentro”, y ha alegado que este nivel de rendición de cuentas debería limitarse a los que de verdad toman las decisiones.

No obstante, no se debe subestimar la importancia del lobbying en los niveles inferiores de la Comisión. “¡Métete dentro pronto!” es un conocido mantra de los lobbistas que se enseña en cursos de asuntos públicos, pues el lobbying más eficiente es el que tiene lugar en las primeras fases del proceso de hacer política, incluso lo ideal sería antes de que se empiece a plasmar en el papel.

Por ejemplo, Daniel Guéguen, quien ofrece cursos de lobbying en Buselas, indica que “la situación ideal consiste en hablar al que redacta el borrador antes incluso de que haya escrito la primera palabra de su propuesta. Ese es el momento donde tu capacidad de influencia es mayor.”

A diferencia de Timmermans, Guéguen está muy al tanto de las decisiones que se toman en los distintos niveles de la jerarquía de elaboración de políticas, desde el diseño del marco de referencia a la identificación de potenciales participantes. Estas decisiones son con frecuencia cruciales.

También sabemos que muchas propuestas de políticas de la Comisión se vieron fuertemente influidas por lobbistas corporativos en las primeras fases de su evolución, lo que incluye la Directiva de Secretos Comerciales o el capítulo del TTIP sobre la cooperación regulatoria.

El poder corporativo puede prosperar ahí, ya que una menor transparencia evita el escrutinio público y los grupos de la sociedad civil tienden a carecer de los recursos para hacer frente al lobbying a este nivel. Al mismo tiempo, los medios de comunicación, con frecuencia muestran escaso interés en las políticas “en construcción”, que están todavía lejos de ser votada o puestas en marcha. Los estudios académicos confirman que la influencia de los negocios tiende a ser más alta cuando existe un menor debate público y menos conflicto político abierto. La falta de transparencia proactiva y la ausencia de reglas efectivas empeoran la situación.

La renovación del registro de lobbies en la UE ofrece una oportunidad

El Comisario Timmermans también ha argumentado que la excepción de los funcionarios en la norma “sin registro no hay encuentro” está encaminada a protegerles. Esto no se sostiene.

Los funcionarios con frecuencia hacen frente al difícil trabajo de juntar grandes volúmenes de legislación, la mayoría de las veces bajo presión de tiempo y recursos. En este contexto, normas de transparencia y ética solo les servirán de ayuda y no les perjudicarán. La introducción de la norma “sin registro no hay encuentro” aseguraría que existen claras expectativas por todas las partes, y permitiría al personal en los rangos más bajos de la Comisión que rechazasen intentos agresivos de lobbying, por ejemplo por parte de lobbistas que se nieguen a hacer público  qué cliente representan.

Actualmente, la única razón discernible de la insistencia de la Comisión en excluir a los funcionarios de la norma de transparencia es la falta de voluntad de la institución para progresar en sus propios esfuerzos de transparencia antes de que se hayan puesto a su mismo nivel el Parlamento y el Consejo. Es cierto que las tres instituciones deben aceptar la norma “sin registro no hay reunión” para que esta sea lo más efectiva posible.

No obstante, su implementación de la manera más amplia lo antes posible constituye un claro imperativo para la Comisión, así como liderar la marcha con ella en lugar de usarla como un instrumento de regateo político.

Margarida Silva

Traducción: Fernando Magallanes

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El portavoz de Desarrollo Económico, Guzmán Garmendia, señala que entre las cuestiones que contempla la propuesta está ampliar el ámbito de aplicación, de manera que llegue a partidos, sindicatos, UPNA, Defensor del Pueblo, Cámara de Comptos y empresas que reciben ayudas públicas, entre otros. Pero además, propone crear un registro de lobbies, atajar la brecha digital, que supone desigualdad, y que se conozcan los gastos de los altos cargos, las facturas de la Administración por más de 500 euros, o las actas de las empresas públicas. También contempla mejorar los cauces de participación de la ciudadanía en las políticas públicas y un régimen de sanciones e infracciones.

Garmendia recuerda que el cuatripartito anunció hace 405 días, cuando el PSN-PSOE presentó la primera vez su propuesta de mejora de la Ley de Transparencia, que el Gobierno llevaría una ley al Parlamento antes de que acabara el año 2016. Pero casualmente el anteproyecto ha comenzado a circular hace 48 horas, cuando ya estaba previsto el debate en el Pleno de la modificación de ley socialista.  Y añade que ese anteproyecto del Gobierno es una copia del texto socialista, lo que demuestra que el Ejecutivo solo busca ponerse una medalla cuando lo cierto es que tiene un grave problema de transparencia y así lo señalan los indicadores.

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La fallecida presidenta del Consejo de TransparenciaEsther Arizmendi, denuncia la opacidad en España en un testamento que dejó escrito antes de morir y pidió a sus subordinados que difundieran hoy. Arizmendi hizo llegar la semana pasada al organismo estatal que presidía que se estaba agravando su enfermedad y que deseaba que, a su muerte, se publicara su última crítica a la Ley de Transparenciaque aprobó el Gobierno en 2013 y la necesidad de su reforma por insuficiente y falta de utilidad y eficacia. El texto, titulado «Mis últimos deseos» empieza así: «Es necesario modificar la ley de transparencia y hacer de ella un instrumento fuerte, eficaz, útil y valioso. El haber llegado tarde no es excusa para ir con retraso», asegura sobre esta norma impulsada por primera vez en España en 2013 por la actual vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, pero que, según la ex presidenta, no ha sido adecuada.

En opinión de la fallecida Arizmendi, es necesario «que el derecho de acceso a la información pueda ser ejercido por todos y todas, sin exclusiones ni requisitos y sin extensión de los límites. Hay que tomar conciencia de que estamos ante una nueva política pública que requerirá la complicidad de todos: políticos, ciudadanía, etc».

Esta veterana funcionaria lanza un último deseo: «Es necesario trabajar en la negociación y el consenso para evitar aquellas palabras de: «La luz es muy cara pero la opacidad más aún».

Su muerte fue difundida por el Consejo de la Transparencia el pasado domingo, comunicando que había acabado «su larga lucha contra la enfermedad». «Con la muerte de la presidenta se pierde una de las figuras que más ha luchado por la transparencia pública en nuestro país. Quienes la conocieron saben de su compromiso con el servicio público, su lucha ante las adversidades, su espíritu combativo, su humanidad y la cercanía con la que trataba a todos y todas», afirmó el organismo estatal creado a raíz de la nueva legislación.

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Madrid, 14 nov (EFE).- El primer año de legislatura ha traído modestos avances en materia de género, salarios y medio ambiente, pero están bloqueados la reforma de la LOMCE, la renta mínima o medidas sobre infancia y cooperación al desarrollo, según Polétika, que da al Gobierno y al Parlamento una nota media de «insuficiente».

Compuesta por más de 500 ONGs y movimientos sociales, esta iniciativa ha analizado la actividad ejecutiva y parlamentaria en once temáticas: infancia, género, conflictos internacionales, sanidad, educación, cooperación al desarrollo, transparencia, cambio climático, fiscalidad y protección social.

Y el resultado ha sido «decepcionante», porque a pesar de la «intensa actividad política», el bienestar de las personas «no ha ocupado el protagonismo debido», subraya en su informe, en el que lamenta el bloqueo «constante» de iniciativas contra la pobreza y la desigualdad por parte del Gobierno y la mesa del Congreso.

Así ha ocurrido con una Iniciativa Legislativa Popular para destinar una prestación a 1,8 millones de familias con bajos ingresos y sin derecho a subsidio por desempleo y que desde hace 21 meses permanece «secuestrada por el Gobierno».

En Educación se han dado «escasos avances y mucha incertidumbre» cuando, según Polétika, es preciso derogar la LOMCE y abrir un proceso de diálogo «real y abierto» con toda la comunidad educativa y la sociedad civil y revertir los recortes y aumentar la inversión.

Mientras, la infancia «necesita políticas adecuadas que garanticen sus derechos», y aunque todos los grupos han presentado iniciativas, es necesario concretar medidas, que se avance en legislaciones pendientes y que se definan dotaciones presupuestarias.

También ha sido «insuficiente» la protección de civiles en conflictos internacionales, ya que el Gobierno ha incumplido su compromiso de acogida de refugiados y «sigue sin dar signos de que la agenda humanitaria esté entre sus prioridades», demostrando su «falta de voluntad política» frente a un Parlamento que, en este caso, ha sido «mucho más activo y exigente».

Su actividad «necesita mejorar» en lo referente al cambio climático pues, ante un escenario de «urgencia climática» como el actual, con la peor sequía en 20 años y un aumento histórico de las temperaturas, «sorprende la lentitud» en la adopción de medidas.

Igual ocurre con la violencia de género, porque el pacto de Estado aún no ha sido implementado y su ejecución presupuestaria no está garantizada.

Además, la situación actual de la cooperación internacional es «insostenible» y el Gobierno debe mejorar la contribución e influencia global de España para luchar contra la pobreza extrema y la desigualdad.

En lo sanitario, solo destacan algunos anuncios de iniciativas para modificar la práctica de negociación de los precios para nuevos medicamentos y para avanzar en la transparencia del acceso a datos de salud, pero la actual legislatura consolida el «sistema más insolidario e ineficiente» que se emprendió hace cinco años.

Polétika también critica la ausencia de medidas para reforzar la progresividad del sistema fiscal y que las que ha habido de lucha contra el fraude «han sido escasas y de muy corto alcance»; si bien ha detectado «leves mejoras» en la fiscalidad de las empresas, están enfocadas a «garantizar la recaudación en el corto plazo a costa de comprometer los ingresos de años posteriores».

Aunque celebra el aumento del salario mínimo interprofesional en un 8 %, exige subidas anuales significativas para que alcance los 1.000 euros a finales de legislatura.

Respecto a la brecha salarial de género, tanto Gobierno como el PSOE y Podemos proponen obligar a las empresas a ser transparentes en los sueldos, consenso que «acerca a una posible iniciativa concreta en la desigualdad salarial entre hombre y mujer».

Por último, ha habido «debates importantes» para avanzar en materia de Transparencia, como son la reforma de la Ley de transparencia y la regulación de la actividad de los lobbies, pero «ninguna de estas iniciativas se ha traducido aún en la aprobación de medidas concretas». EFE

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Los lobbies deberán estar inscritos en un registro hasta para entrevistarse con funcionarios de cualificación técnica

Los cargos políticos de la Comunidad Autónoma no solo informarán de las actividades que realicen de cara a salir en los medios de comunicación. Sus agendas públicas, con las reuniones más relevantes que mantengan cada día en sus despachos, estarán a disposición de los ciudadanos próximamente en el Portal de la Transparencia. Esa es la intención de la consejería del ramo, según confirmó su secretario general, Enrique Ujaldón, quien señaló que la idea es buscar una aplicación informática para que la agenda de reuniones de cada alto cargo se suba automáticamente a la página web, de manera que se añada a las previsiones actos públicos del día en los que vaya a participar dicho político. Actualmente solo se dan a conocer las ruedas de prensa, inauguraciones y visitas institucionales de interés mediático que llevan a cabo el presidente, consejeros, secretarios y directores generales a lo largo de la semana.

Esta será una de las principales novedades que se contemplarán en el Plan de Gobierno abierto que elabora el Ejecutivo regional, y que actualmente se encuentra en fase de consulta pública. Este plan también contempla la creación de un registro de lobbies, en el que tendrán que estar inscritos los colectivos con algún tipo de interés en las decisiones de la Administración que quieran acceder a un encuentro con algún cargo público de la Comunidad. Enrique Ujaldón trabaja estos días para llevar a la práctica este registro, basándose en las propuestas que, a nivel estatal, ha realizado la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI). «Pronto se aprobará una ley nacional sobre lobbies y lo que queremos en la Región es adelantarnos. Lo que nosotros no queremos es que esta herramienta sea una carga para los posibles grupos de interés ni tampoco para la Administración, que no se convierta en una carga burocrática que acabe limitando la capacidad de acceso. Queremos que sea algo lo más automático posible, y también lo más barato posible, a través de un canal informático», indicó el secretario general de Transparencia y Buen Gobierno.

El documento de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales propone que estar en el registro de lobbies no solo será necesario para reunirse con un alto cargo, sino también «con aquellos empleados públicos que desde su competencia profesional son los que definen elementos de detalle que son claves para la eficacia de las normas». Aquí se incluirían aquellos funcionarios de alta cualificación técnica que asesoran a los políticos a la hora de elaborar sus leyes y decretos. Los famosos ‘técnicos’ en los que se suelen escudar aquellos que tienen que dar explicaciones a la Justicia por su gestión pública. No se estaría hablando de los asesores eventuales, pues en la Comunidad la mayoría de ellos se dedica a labores de prensa y no mantienen reuniones con grupos de interés. Estos funcionarios técnicos también informarán de las reuniones que mantengan y que puedan ser de interés para la ciudadanía de la Región.

El registro de lobbies ya se aplica a escala nacional, según confirmó el secretario general de Transparencia y Buen Gobierno, Enrique Ujaldón. En otras comunidades autónomas como Cataluña, el registro era voluntario y no funcionó, por eso la intención de hacerlo obligatorio.

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El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo Real Decreto sobre la Memoria del Análisis de Impacto Normativo (MAIN) para adaptarla a los recientes cambios regulatorios e incorporar aspectos novedosos.

La Memoria del Análisis de Impacto Normativo debe acompañar a todos los Anteproyectos de Ley y Proyectos de Reales Decretos-leyes, Reales Decretos Legislativos y normas reglamentarias. La modificación regulatoria que ahora se acomete responde al reto de elaborar una normativa cada vez más simple y clara que suponga un cumplimiento lo menos costoso posible para las empresas y ciudadanos.

En definitiva, el nuevo texto se adapta, de esta forma, a las novedades de las nuevas leyes administrativas y a las recomendaciones y buenas prácticas de la OCDE y de la Unión Europea. Propone, además, mejoras en la elaboración de las normas con la finalidad de conseguir una regulación más eficiente.

Novedades

Para ello, el nuevo Real Decreto incorpora las siguientes novedades:

  • Se explicarán, en su caso, las razones por las que no entra en vigor el 2 de enero o el 1 de julio una norma con obligaciones para personas que realizan actividades económicas.
  • Se realizará el «Test Pyme» (verificar el efecto de la norma en las pymes), de acuerdo con la práctica de la Comisión Europea.
  • Se realizará una medición de las cargas administrativas que conlleva la propuesta normativa, con especial referencia a las Pymes.
  • Se efectuará un análisis de alternativas de actuación, incluyendo la justificación de aprobar la norma frente a la alternativa de no aprobar ninguna regulación.
  • Se deberá justificar la tramitación de una propuesta normativa que no figure en el Plan Anual Normativo.
  • Se hará referencia a la vigencia temporal o indefinida de la norma.
  • Se introducirá la evaluación ex post (una vez la norma ha entrado en vigor y pueden verificarse su funcionamiento). Se deben establecer de manera expresa los términos y plazos que se usarán para analizar los resultados.
  • Se realizará un impacto económico que evaluará el efecto de la norma sobre la competencia, la unidad de mercado y la competitividad.
  • Se incorporará el análisis coste-beneficio, con carácter potestativo y, en todo caso, cuando una norma específica o sectorial así lo exija, debiendo quedar acreditado que los beneficios esperados compensan o superan los costes de la norma.
  • Se mantiene la huella legislativa: el conjunto de informes, dictámenes y la participación de otras Administraciones Públicas. Se incluye también un resumen de las aportaciones del nuevo trámite de consulta temprana de las normas.
  • Se incluyen como novedad el análisis los impactos en la infancia y adolescencia, y en la familia.

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El Grupo Parlamentario Popular ha rechazado este miércoles la toma en consideración de una Proposición de Ley de Podemos para modificar la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana y crear un registro de lobbies a la espera de saber si habrá un registro único y de la regulación del estatuto jurídico de esos grupos de interés en la que se trabaja ya en el Congreso de los Diputados.

«Traeremos una propuesta en cuanto se clarifique el tema a nivel nacional», ha comprometido la procuradora Mar Angulo, quien ha abogado en todo momento por una reforzar la transparencia pero sin mermar las posibilidades de participación desde el convencimiento de que la interacción con las instituciones aportan datos y puntos de vista para mejorar las leyes y profundizar en la regeneración democrática en España.

En ese compromiso de presentar una iniciativa en las Cortes de Castilla y León cuando se clarifique a nivel nacional, Angulo ha hecho un llamamiento para sumar «aportaciones positivas» del Grupo Podemos, al que ha enviado al rincón de pensar tras su «corta y pega» del «peor ejemplo posible», en referencia al «modelo caduco» aplicado en Cataluña que ha sido modificado por decreto ley este año.

«Ustedes no se han enterado y han copiado algo ya desfasado», ha aclarado Angulo que ha aprovechado la ocasión para recordar al Grupo Podemos que Cataluña, que se ha vuelto a colar en el debate parlamentario en Castilla y León, no puede ser un ejemplo ni de transparencia «ni mucho menos de Democracia por mucho que les apoyen».

Angulo se ha referido en concreto a la influencia de Òmnium y ANC en el Gobierno catalán y ha preguntado a los miembros de Podemos si esas asociaciones son lobbies o no. «Lo sabrán bien porque su jefe de filas cena con esta gente», ha espetado la procuradora ‘popular’ lo que ha provocado el enfado del portavoz de la formación morada, Pablo Fernández, que se ha llegado a levantar de su asiento con un amago de abandonar el hemiciclo.

«La próxima vez le expulso del Hemiciclo», ha advertido la presidenta, Silvia Clemente, a Fernández al que no ha dado la palabra que había pedido por las alusiones al líder de su partido, Pablo Iglesias, sobre el que Angulo ha recordado también sus encuentros con un multimillonario en Barcelona. «Es lo que proponen traer a Castilla y León», ha continuado Angulo, que ha recordado que los líderes de Òmnium y ANC están en la cárcel por un auto judicial.

LECCIONES Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

En su argumentación en contra de la toma en consideración de la PL de Podemos, Angulo ha rechazado «lecciones de nada» ante el «currículum» de Podemos por sus «becarios black, revendedores de pisos black y la financiación más negra», acusaciones que han sido rebatidas por la proponente, Natalia del Barrio, que ha recordado el PP no está en posición de negar financiación irregular que ha ratificado la Guardia Civil y el Poder Judicial mientras que Podemos está ganando demandas a quien ha hablado de financiación ilegal de los morados.

«¿La presunción de inocencia para quién?», se ha preguntado Del Barrio tras escuchar todas las acusaciones de Angulo, a la que ha recordado la relación de exdirigentes del PP, como Rodrigo Rato, con las tarjetas black y con los grupos de interés.

Del Barrio ha acusado de Angulo de no haberse enterado de la PL de Podemos «con tanto viaje de Valladolid a Madrid», en alusión a su doble condición de senadora y procuradora, y que aboga por crear un registro de los grupos de interés como recomienda Transparencia Internacional para evitar que aumente la corrupción «que es lo que usted está ninguneando», ha afeado a la soriana.

El resto de los grupos han dado el visto bueno a la toma en consideración de la proposición de ley de Podemos si bien habían anunciado múltiples enmiendas en su fase de tramitación por estar «poco perfilada» y ser «un pelín ambigua», en palabras de David Castaño, de Ciudadanos, quien ante la «subjetiva redacción» de Podemos respecto a las organizaciones a incluir en el citado registro.

«Una ley sin reformas es una ley muerta», ha advertido por su parte el procurador socialista Luis Briones que ha aprovechado la ocasión para recordar que la Ley de Transparencia que se propone ahora modificar nació sin consenso e impuesta y creada ad hoc y «con grandes carencias» por un PP que ahora no cumple esa norma.

«El tiempo nos empieza a dar la razón lamentablemente», ha aseverado Briones, partidario de articular y regular el registro y un código de conducta.

«Parece razonable dar una salida a este problema», ha considerado por último José Sarrión, de IU-Equo, que ha recordado una anterior iniciativa de IU en el Congreso en la línea de la de Podemos si bien ha abogado por ir «más allá» al «abrir este melón» para aumentar la participación civil más allá de un «buzón de sugerencias».

Dicho esto, ha admitido una «dificultad filosófica» ya que al un registro de da «carta de naturaleza» a unos grupos cuando IU no quiere que existan.

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