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Madrid, 4 de octubre de 2017 – Access Info Europe y Transparencia Internacional España instan a los grupos parlamentarios a que la regulación del lobby en el Congreso de los Diputados garantice la transparencia y la rendición de cuentas en la toma de decisiones, en línea con los estándares internacionales.

Las organizaciones han valorado positivamente la reanudación del debate sobre la regulación de la actividad de los lobbies a través de la Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados presentada por el Grupo Parlamentario Popular.

Sin embargo, consideran que el alcance del actual texto es muy limitado, que se encuentra alejado de los estándares internacionales y que ni siquiera cumple los mínimos transparencia e integridad del lobby que ya contemplan regulaciones de nuestro entorno como en Francia o la Unión Europea.

Ambas organizaciones han hecho llegar sus recomendaciones a los grupos parlamentarios. El documento está disponible aquí: alt

Pedimos que la regulación del lobby garantice el acceso a información básica para saber cómo se toman las decisiones públicas. Para eso la norma debe establecer claramente que el registro vaya a ser público, pero también las agendas de los diputados”, ha declarado Alba Gutiérrez Coordinadora de campañas de Access Info.

“Existe un interés público significativo en asegurar la transparencia e integridad del lobby. Para que la reforma actual no suponga una oportunidad perdida, es fundamental que se amplíe el concepto de qué y quién hace lobby, la información que se proporciona a la hora de registrarse y que el organismo de supervisión se independiente,” añade Jesús Lizcano Álvarez, Presidente de Transparencia Internacional España.

Entre las propuestas de las organizaciones, en línea con los Estándares Internacionales de la Regulación del Lobby, destacan:
» Definir la actividad del lobby de manera clara e inequívoca, como actuación que implique cualquier comunicación directa o indirecta con un cargo público que se realice, gestione o instruya con la finalidad de incidir en decisiones sobre cuestiones públicas.
» Garantizar que la información del registro va a ser detallada y accesible y va a permitir el ejercicio del control por parte de la sociedad civil.
» Publicación de las agendas completas de trabajo de los cargos con responsabilidad en la toma de decisiones, con información sobre las reuniones mantenidas, incluyendo los documentos compartidos.
» Crear un mecanismo independiente de supervisión que disponga del mandato y de los recursos suficientes para velar por el cumplimiento de las obligaciones. El modelo propuesto por el texto para que sea la Presidencia del Congreso con la asistencia de la Secretaría General no cumple estos requisitos.
» Establecer sanciones ante el incumplimiento de las obligaciones tanto a lobistas como a cargos públicos o políticos.

Ambas organizaciones inciden, además, en que, introducir una regulación del lobby únicamente en el Congreso de Los Diputados de forma aislada e independiente, limita el alcance de la misma. Por eso, piden a los grupos parlamentarios que avancen en la regulación del lobby en el poder ejecutivo, a través de la Ley sobre la protección de denunciantes que está actualmente en debate, contemplando un registro común o conectado para los distintos poderes.

Para más información, por favor, contactar con:

Alba Gutiérrez, Investigadora y Coordinadora de campañas | Access Info Europe
Envía un e-mail o llama al +34 913 656 558
o
Daniel Amoedo Barreiro, Coordinador de Proyectos | Transparencia Internacional España
Envía un e-mail o llama al +34 917 004 119

Artículo original

 

El pleno del Consell aprobó ayer el anteproyecto de ley regulador de la actividad de lobby en el ámbito de la Generalitat y su sector público, cuyo objetivo es garantizar la transparencia de estos grupos en la adopción de políticas públicas y poner freno a «la cultura del amiguismo».

Así lo explicó el conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, en la que destacó que la Comunidad Valenciana es la única autonomía que contará con ley específica que regule el fenómeno de los «lobbies» y ha precisado que no es una ley contra estos.

La futura ley incluye la creación de un Registro de Lobbies, que será electrónico, público, gratuito y obligatorio, para poner al alcance de la ciudadanía la información sobre la actividad e influencia de los grupos de interés en sus relaciones con la Administración. Esta ley contempla, además, sanciones que pueden alcanzar los 6.000 euros en caso de incumplimiento.

También regula un código de conducta para los «lobbies», con unos mínimos de obligado cumplimiento, además de sistemas de control y fiscalización de la información registral, y contempla la posibilidad de que ciertas normas puedan ser negociadas con estos grupos de presión, sin que eso sustituya la participación ciudadana y el trámite de audiencia actual.

Alcaraz ha explicado que el resultado de esta negociación no será vinculante, aunque en el caso de separarse del resultado del proceso de negociación, el Consell tendrá que motivar las razones de su posición negativa.

La futura norma define la actividad lobby, que toda comunicación directa o indirecta, oral o escrita, con los cargos o empleados públicos, para influir en la adopción de políticas públicas y en la elaboración de los proyectos normativos, desarrollada en nombre de un grupo organizado de carácter privado o no gubernamental.

Esta ley afectará a los cargos públicos y al personal empleado público de la Administración de la Generalitat y de su sector público instrumental.

Se regula también lo que se denomina «huella normativa», referida a la publicidad de los contactos que la Administración de la Generalitat mantiene con los lobbies durante la elaboración de los anteproyectos de ley y los proyectos de decreto, que se deberá relacionar junto a las normas y se publicará en el Portal de transparencia.

También se incluye un capítulo con el régimen sancionador específico en materia de lobbies y lobbismo, donde se tipifican los hechos que se consideran infracción para el lobby, cargo y empleado público y las sanciones que pueden suponer.

La Conselleria de Transparencia elaborará de anualmente un informe sobre la actividad y el funcionamiento del Registro de «Lobbies», cuya inscripción en él implicará obligaciones pero también beneficios, como poder presentarse como lobby inscrito en el registro delante de la Generalitat, lo que posibilitará la reunión o contacto con cargos de la Administración o empleados del sector público.

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El Ayuntamiento invita a participar a la ciudadanía con sus aportaciones para el futuro registro de lobbies

El Ayuntamiento de Madrid invita a participar a la ciudadanía con sus aportaciones para el futuro registro de lobbie, una vez que se ha publicado el borrador del acuerdo para poner en marcha esta herramienta. Los comentarios se pueden enviar hasta el 4 de junio. El área de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, con Pablo Soto al frente, está ultimando el registro obligatorio de lobbies, en el que tendrán que inscribirse aquellas personas o entidades que quieren inf …

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El grupo del PP en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) ha rechazado en el pleno de este viernes una enmienda de IU a su proposición para regular los «grupos de interés» o «lobby». La coalición pretendía que también se crease un registro sobre los «lobbies» que operen ante la JGPA. La enmienda solicitaba además que se crease un registro de la agenda pública de los diputados.

La negativa del PP a incluir este punto en una proposición que finalmente fue aprobada ha causado «extrañeza» en el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, quien ha considerado raro que se contemple regulación para «lobbies» frente al Gobierno pero no frente al parlamento. «Nos resulta extraño que no se admita esa enmienda», ha dicho Llamazares, quien, no obstante, terminó votando a favor de la iniciativa de los populares.

La proposición no de ley aprobada pide al Gobierno un registro obligatorio de los grupos de interés en el Ámbito de la Administración del Principado, las entidades locales y sus organismos y entidades públicas, que será público, así como tipificar las infracciones en la materia y elaborar un código ético.

En la votación, Podemos ha tenido la llave del resultado final, dado que el PSOE votó en contra mientras que PP, IU, Foro y Ciudadanos lo hacían a favor. Si la formación morada hubiese votado en contra, la iniciativa habría decaído. Pero aunque el diputado de Podemos Daniel Ripa fue muy crítico con el PP, su grupo terminó absteniéndose y la propuesta del PP salió adelante.

Ripa, en su intervención, dijo que el problema no era el registro de los grupos de interés sino que en el PP «han ascendido demasiado rápido algunos delincuentes» y ha dicho que la proposición aprobada era «cosmética».

El diputado del PSOE Marcos Gutiérrez Escandón ha recordado que esta regulación de los lobbies ya se está abordando en el Libro blanco de Participación Ciudadana. Para el socialista, la iniciativa defendida por el PP no es más que «una improvisada ocurrencia del partido de Bárcenas en un intento de lavado de cara».

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With the Brexit countdown underway, the UK has a huge amount to negotiate with the EU. While numerous issues ranging from immigrationto trade have been widely discussed, one important matter that has been overlooked is the impact of Brexit on corporate lobbying.

In the wake of Brexit, lobbyists will swarm London, just as over 30,000 of them have swarmed Brussels over the years. As a member of the European Union, the UK deferred significant chunks of its law making to EU institutions, from the environment and agriculture to health, trade and banking. Now that the UK is “taking back control” of its laws, London will be the place to be to try and influence the laws and regulation that will affect businesses.

The EU lobbying industry, whose size exceeds €39 billion, will be significantly disrupted by Brexit. Lobbying is a strategic tool used by firms to influence laws that are potentially unfavourable to their bottom line from being passed and pushing through legislation that will boost their profits. As well as changing the industry’s landscape in Brussels, Brexit will also have knock-on effects on the level of political engagement by companies in the UK.

The UK government’s lobbying register, which woefully covers less than 4% of the 4,000-plus lobbyists in the UK’s £2 billion lobbying industry, reveals that the number of registered lobbyists increased from 117 in 2015 to 150 by December 2016. The number of lobbying contracts also surged from 664 in the first half to 704 in the second half of 2016, after the Brexit vote. Clearly, the corporate sway is already in gear.

Businesses are in desperate need of advice on government relations; hence some law firms have created specialised Brexit units to cope with the demand while some former government officials have taken up lobbying jobs to help firms shape UK policy.

Meanwhile, British lobbyists in Brussels are finding it difficult to get jobsin the aftermath of Brexit, perhaps due to the expected waning influence of the UK in European matters. Consequently, these lobbyists may return to a booming lobbying market at home.

Big pockets, big influence

There will be significant costs for firms that want to wield regulatory and policy power, with money required to persuade politicians and the voting public to support their goals through various means. So those with deeper pockets will have bigger influences.

Many local and foreign firms in the UK will jockey for influence, which will increase demand for lobbyist services and culminate in higher costs of doing business. Costs will be particularly higher for British multinational enterprises with operations in Europe, as they will have no choice but to duplicate lobbying functions in Brussels and London in order to maintain some influence in both UK and EU markets.

With Brexit negotiations set to be contentious, the two-year period within which the UK will extricate itself from the EU is a window of flux when firms, in their bid to influence EU and UK MPs, will rack up their highest lobbying costs. UK firms in Europe might even have to dig deeper into their pockets to get fair hearings from the EU which, allegedly, has already began to isolate the UK. The high lobbying costs could further diminish the prospects of Britain’s businesses supporting the government’s effort to secure a good trade deal with the EU.

If future UK laws do not mirror existing EU ones, UK firms will incur additional costs in training managers and employees to grasp and understand any changes in regulatory jurisdictions. And if care is not taken, previously taken-for-granted EU regulations could lead to errors and heavy punitive sanctions for firms.

When elephants fight, the grass suffers

In the battle for influence, there is a high likelihood that small firms will be squeezed out of the post-Brexit policy process due to the high costs involved and the limited voice they will have in Westminster. There might be instances of corporate dystopia where large and resource-endowed firms unfairly dominate the political agenda. Though this has always been the case in the UK, it is more serious now due to the number and significance of the policies that have to be formulated or revised.

It therefore behoves the UK government to fulfil its promise and create a level and transparent playing field for all firms, otherwise a few elephants will kill the grass that is the source of livelihood for many British people. Small and medium enterprises (SMEs), which account for the bulk of the UK’s private sector, will likely suffer as a result. So not only will the lobbying boom be potentially bad for democracy, but also for the large number of small firms that form a vital part of the UK economy.

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En el siglo XIX quienes querían persuadir de algo a un miembro de la Cámara de los Comunes, se reunían con ellos en los pasillos. De ahí viene la palabra lobby, vestíbulo en inglés, actividad que Estados Unidos regularizó en 1946 con la Lobbying Act .

La idea de un registro de lobistas llegó en la primera década de los 2000 a Australia, Alemania, Reino Unido y Austria. La CNMC creó el primero de España en 2016, inspirándose en el de la Comisión Europea, también de naturaleza voluntaria. Después, Cataluña aprobó su ley autonómica para el sector.

Regularizar la profesión: una demanda de una década

Atendiendo a las recomendaciones del Consejo de Europa formuladas a través del Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECCO), la regulación de los “grupos de interés” se debate en el Congreso con dos propuestas de ley: la de modificación de Ley de Transparencia con un registro de lobbies y la del Reglamento de la Cámara. Cinco comunidades, Navarra, Castilla-La Mancha, Asturias, Navarra y Valencia, trabajan en ello también. “No había nada y ahora estamos desbordados”, cuenta María Rosa Rotondo, presidenta de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Públicas, APRI. “Veníamos defendiendo nuestra actividad como una forma de participación que es necesario regular. Nos ha costado 10 años llegar hasta aquí”, se queja.

Regular los lobbies implica poner el foco en los grandes asuntos, saber cómo se toman las decisiones: cómo se regula el sector eléctrico o se rescata una autopista”, explica David Cabo, cofundador de CIVIO. Esta fundación ya intentó que la regulación de los lobbies formara parte de la Ley de Derecho de Acceso a la Información. “Nos dijeron que era muy complicado”, recuerda. “Somos los primeros en hacer lobbying ; nos reunimos con partidos políticos e intentamos introducir nuestras enmiendas en las leyes”, reconoce. “Todo el mundo sabe que esas reuniones se producen, pero necesitamos reglas”, demanda Rotondo.

Registro universal o excepciones

La cuestión de si todos los que se relacionan con entes públicos deben inscribirse en el registro está en el centro del debate. Los abogados pueden escoger hacerlo o no según la ley catalana y la valenciana excluye a sindicatos, organizaciones empresariales y asociaciones de consumidores. “No podemos imponer una sanción a determinadas organizaciones a las que la Constitución otorga una relación especial con la Administración por tener un papel constitucional reconocido”, explicaba la Secretaria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación valenciana, Zulima Pérez Seguí en unas jornadas sobre la materia organizadas por la CNMC y la Fundación Chile-España.

Algo similar ha hecho el Ayuntamiento de Madrid, el primero del mundo en crear un registro para lobistas. “No tienen sentido que un municipio pequeño lo haga, pero Madrid gestiona un presupuesto de 5000 millones de euros”, señala David Cabo. “Como no hay un marco regulatorio, no son propuestas homogéneas”, denuncian desde APRI mientras recuerdan que la existencia de múltiples registros “no asegura la transparencia”. Su propuesta es uno “común, obligatorio y universal que dependa del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno“.

Otro punto de desencuentro entre legisladores y profesionales es la cuestión de la confidencialidad. APRI declara su “preocupación” porque toda la normativa elaborada hasta la fecha conlleva la “publicidad activa” de la documentación que se entregue en las reuniones con autoridades. “La transparencia no está reñida con la confidencialidad”, sostiene su presidenta, que critica esta visión por su “falta de eficacia” y la describe como “una forma burda de llegar a la huella legislativa, que es donde debe aparecer”. En CIVIO, en cambio, creen que “hay que valorar interés público versus confidencialidad, como las enmiendas o modificaciones a las leyes”, explica su cofundador.

Un segundo conflicto surge entre la protección de datos, regulada por una ley orgánica, y la transparencia, con un rango inferior. “Se usa para eludir dar la información”, denuncia Cabo mientras hace referencia a una petición planteada por CIVIO al Ministerio de Defensa. “Queríamos saber quién viaja en los aviones oficiales. El Consejo de Transparencia avala nuestra demanda de información pero Defensa se niega a reconocer al Consejo y sus decisiones. Llevamos 16 meses con este tema”, denuncia.

Ningún registro europeo de lobistas posee garantías para detectar “la influencia indebida”

Aunque la regulación de los lobbies en España está en sus inicios, en la Unión Europea ya son ocho los países que cuentan con registros nacionales de lobistas. El informe de Transparencia Internacional El lobby en Europa. Influencia encubierta, acceso privilegiado los analiza junto al de Transparencia de la UE que, por ejemplo, no incluye al Consejo de Europa. La puntuación más alta la obtiene el esloveno y la más baja el británico, aunque la supervisión en general “es débil o falta por completo”. En resumen, ninguno de los países analizados puede presumir de “tener garantías adecuadas para detectar e impedir la influencia indebida”.

El estudio destaca la importancia de definir “lobista” y “lobby” para que el registro y la regulación de la actividad sean eficaces ya que se detectó que en muchos casos su definición legal era “demasiado limitada” dando como resultado “registros débiles que no llegan a capturar a todos los que buscan influenciar las leyes y políticas” puesto que “ninguna contiene una definición adecuada”.

Según esta organización, que reconoce ejercer el lobbying social, en la mayoría de Europa se da una “creciente profesionalización” del lobby. Entre los clientes de estos profesionales se encuentran empresas, asociaciones, agencias del sector público y ONG. Solo en Bruselas hay 30.000 lobistas, afirma el Corporate Europe Observatory.

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La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) presenta una nueva y más amplia propuesta de regulación de la transparencia en la defensa de intereses ante los decisores públicos.

Tras un periodo de debate interno y consultas externas al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y a renombrados expertos jurídicos, APRI aporta una propuesta global con el objetivo de crear un escenario más transparente, que regule las relaciones entre la sociedad civil y la Administración Pública y sea consecuente con el actual entorno social y político español. 

Madrid, 14 de febrero 2017. APRI lleva desde el año 2007 reclamando la regulación del sector en línea con los principales estándares europeos que contemplan la creación de un registro de grupos de interés para hacer más transparentes las relaciones entre la sociedad civil y la Administración Pública. Una herramienta que existe en Bruselas desde el año 2012 y que permite a los ciudadanos conocer las personas y organizaciones que desean influir en las decisiones públicas.

Tras la propuesta realizada por nuestro colectivo en el año 2013 y reflejada en iniciativas parlamentarias, nuestra asociación ha decidido ampliar su propuesta de regulación incluyendo aspectos esenciales para el correcto desarrollo de la actividad. Una actividad que creemos fundamental para cualquier democracia y que hay que llevar a cabo con la máxima transparencia, ya que esta es esencial para mantener la confianza de los ciudadanos en la legitimidad de los procesos legislativos, administrativos y de adopción de políticas públicas.

Para la Presidenta de APRI, María Rosa Rotondo, “la nueva propuesta de APRI intenta ser consecuente con el entorno social y político en España posicionándose en defensa del ejercicio democrático de los profesionales del lobby, y de la demanda de transparencia de los ciudadanos”.

Por ello, APRI propone incorporar las medidas que permitirán garantizar de una manera efectiva el objetivo de transparencia y del derecho a la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos.

La propuesta de APRI -texto completo en el enlace– debe considerarse en su globalidad, acompañada de un conjunto de medidas complementarias para dotar el registro de grupos de interés de la eficacia necesaria. La propuesta desarrolla los siguientes aspectos:

  • Mejor definición de grupo de interés (Art. 2.1)
  • Creación de un Registro Común y su adscripción al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (Art. 3 y 4)
  • Mejor definición del ámbito de aplicación (Art. 7, 8 y disposición final 2)
  • Consecuencias de la inscripción detalladas y Código de Conducta (Art. 9 y 10)
  • Amplia definición de responsable público (Art. 2.3).
  • Mejor definición de derechos y obligaciones (Art. 11 y 12).
  • Agendas públicas (Art. 18 a 21)
  • Huella de la actuación pública (Art. 16)
  • Conflicto de intereses y puertas giratorias (Art. 22 y disposición final segunda)

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Heraldo de Aragón/Economía, 31 de diciembre 2016

En primera persona

PEDRO FERNÁNDEZ VICEPRESIDENTE DE APRI  

El vicepresidente de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), quien participó en Zaragoza en la jornada ‘La importancia de los asuntos públicos en la gestión empresarial’ organizada por Dircom Aragón, sostiene que la transición de talento entre la administración pública y el sector privado es algo «perfectamente válido, normal y absolutamente necesario».

Hablar de lobby en España tiene una connotación negativa. Se asocia con la corrupción política y empresarial.

De momento sí, pero no es el caso afortunadamente en muchos otros países de nuestro entorno.

En España nadie sabe ni con quién se reúne ni para qué. No hay transparencia.

Todavía hay poco conocimiento de la profesión. La transparencia depende más de las administraciones públicas y de las agendas de los propios lobistas. Por eso se está trabajando desde la propia asociación para que haya más transparencia e integridad en el ejercicio de esta profesión.

De hecho, APRI lleva desde 2007 reivindicando la necesidad de regular el lobby. ¿Ve posible un acuerdo político en esta legislatura?

Eso esperamos. Llevamos trabajando 10 años en divulgar y normalizar la profesión del lobby, que nos parece que es fundamental para el desarrollo y la regeneración democrática. Tenemos bastante confianza de que en esta legislatura pueda progresar algún tipo de desarrollo normativo, más en concreto hacia lo que sería un registro común de lobistas.

¿Cuánto han contribuido las puertas giratorios a tener esa imagen negativa de las relaciones institucionales?

Desgraciadamente mucho, pero creo que es un tema que afecta más a la clase política. Los profesionales del lobby somos muy conscientes de la necesidad de mantener la integridad y de tener un código de conducta muy férreo.

¿Qué opina usted de esa práctica tan habitual en nuestro país? El último intento fallido fue el de colocar al exministro Soria como director ejecutivo del Banco Mundial.

Desde APRI pensamos que el importar el talento de la administración pública y permear el talento del sector privado a la función pública es algo absolutamente necesario y positivo. Sin embargo, cuando se utiliza de forma errónea y se incurren en delitos tipificados en el Código Penal es cuando viene el problema. Lo que denunciamos es un incumplimiento de la ley en algunos casos, pero lo que es la transición de talento entre ambos estamentos es algo perfectamente válido, normal y absolutamente necesario.

¿No le parece mal que un exministro por ejemplo se incorpore a una gran empresa?

Siempre y cuando se trate de la misma actividad, del mismo sector y pase de una manera digamos automática, sin ningún tipo de periodo tal y como prevé la ley, nosotros no podemos estar nunca a favor de eso porque estaríamos incumpliendo la ley. Desde APRI vamos más allá en nuestra propuesta regulatoria, que estamos defendiendo y presentando a todos los grupos parlamentarios. Lo que defendemos en primer lugar es que renuncien a las puertas giratorias todos los representantes públicos, no solo a los altos cargos, y que además se establezcan de forma precisa cuáles son esas áreas de interés para que no pueda haber una migración inmediata en esa área concreta.

¿Son los presidentes de las grandes compañías los verdaderos lobistas en nuestro país?

Yo creo que no. Afortunadamente cada vez hay más profesionales que se dedican a esto, que tienen método, formación específica y que representan los intereses de una manera muy profesional y bastante seria.

¿Y hay lobistas encubiertos en asociaciones y fundaciones creados para otro fin?

Hay gente, asociaciones e instituciones que de facto hacen lobby, pero que probablemente no sean ni conscientes de lo que hacen fruto del desconocimiento que hay sobre el ejercicio de esta profesión.

¿Hasta qué punto pueden influir los profesionales de los asuntos públicos en las decisiones de un gobierno?

Bastante. Sobre todo a la hora de plantear el impacto que pueda tener una regulación, el legislador tiene en cuenta los puntos de vista y a partir de ahí es el que decide.

Ahora tienen más trabajo con la irrupción de nuevos partidos políticos y mayor pluralidad en la toma de decisiones.

Desde luego. Hace nuestro trabajo más interesante y apasionante. En el momento en el que el Parlamento tiene un rol más activo, hay que trabajar a muchos más niveles y estamentos.

¿Cuál es el peso de los asuntos públicos en la gestión empresarial?

Es muy importante porque los asuntos públicos permiten acceder a información sobre lo que pueda acontecer en cuanto a desarrollos normativos que afectan a la estrategia de cualquier empresa. En cuanto a importancia, los representantes de asuntos públicos normalmente están muy cerca de la dirección general de la empresa y se tiene muy en cuenta su punto de vista e incluso el mensaje que pueda trasladarse de cara al exterior.

¿Y es rentable para una empresa contar con lobbies profesionales?

Sí.

¿La profesión goza de buena salud?

Está en auge. Es una profesión de futuro para nuevas generaciones. Estamos viviendo un buen momento, pero sigue siendo muy importante continuar explicando en qué consiste esta profesión, desmitificar el mundo del lobby y normalizarla.

¿Qué hay que tener para ser un buen lobista?

Ser muy inquieto, tener buena capacidad de comunicación, tener una mentalidad estratégica y ser capaz de manejar la ambigüedad o los elementos menos concretos para poder trasladar puntos de vista a veces no sencillos.

 

María Usán

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Capital. Nr. 194, diciembre 2016

Luz y taquígrafos para el ‘lobby’

Con el objetivo de iluminar un campo que está ‘entre tinieblas’ al confundirse con otras actividades que bordean la ilegalidad, la solución es clara: profesionalizar.

 

En la actual legislatura, más del 60% de los diputados son nuevos. Muchos de ellos no saben de todo, o de un determinado campo. Entonces, ¿qué hacen? Reunirse con quien sí posee los conocimientos. “La herramienta del lobista es proveer de información de manera e caz”, afirma Daniel Ureña, socio y director general de Mas Consulting Group. Porque la esencia del lobby es promover el diálogo entre los diferentes actores sociales y empresariales con los representantes políticos. “Teniendo en cuenta que la legislatura vendrá marcada por la necesidad del consenso, el pacto y el acuerdo, no sólo entre los partidos, sino también con el resto de la sociedad, el Congreso y el Senado volverán a ser el centro de la vida política y, por tanto, el escenario principal para el lobby”, añade Ureña.

¿Significa eso que los políticos se verán atraídos por el lado oscuro? ¿Aumentará la corrupción? ¿Las tentaciones estarán al orden del día? ¿Sobornos y tráfico de influencias volverán a ser portada de los medios de comunicación? Los antecedentes no acompañan. Un dato: el 77% de los españoles cree que la corrupción es parte de la cultura de los negocios en el país, mientras que el 67% estima que la única forma de tener éxito en los negocios son las conexiones políticas. De ahí que a veces se confunda lobby con tráfico de influencias. “Ejemplos de malas prácticas contribuyen a la mala imagen del lobby”, asegura Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional en España y catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid.

Registro voluntario. En la página de transparencia de la UE, hay 422 grupos españoles inscritos. ¿Su fin? Intervenir en la toma de decisiones que allí se discuten. ¿Y en España? Actualmente existe un registro en la CNMC de carácter voluntario, público y gratuito en el que están inscritos organizaciones de consumidores, patronales, multinacionales, movimientos ciudadanos, y despachos de abogados, entre otros (Llorente y Cuenca, Anfac, Fiab, Tecniberia, OCU…). En total, unas 350 entidades. Pero ni están todos los que son, ni son todos los que están. “No tenemos un número claro de personas que se dedican a ello en España”, apunta Andrea Vota, gerente de APRI (Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales). Y añade: “Creemos necesaria la normalización de la actividad a través de un registro de transparencia dándole credibilidad”. ¿Cómo debe ser dicho registro? “Obligatorio, ya que si lo haces voluntario, las reglas del juego se quedan para unos, y los demás siguen jugando a su aire”, matiza Vota. En Cataluña ya lo hay, y en el mismo hay unos 800 inscritos. “Es ingenuo pensar que con ello se acabarían las malas prácticas, como también es equivocado pensar que sin regulación no se hace de forma legal”, matiza Jorge Cachinero, director ejecutivo del Senior Management Program del IE Business School y profesor de Lobby. ¿Quiere eso decir que hay un lobby bueno y otro malo? “No es ni una cosa ni otra. Depende de los intereses que se defiendan siempre que se haga de manera ética”, puntualiza Daniel Ureña. Y Jesús Lizcano lo tiene muy claro: “Es una actividad normal que debería estar regulada”.

No hay un código de conducta oficial para lobistas, y sería bueno que existiera. Tampoco un censo. “Si se hace un registro, que se haga bien. El problema son los atajos, que no se registren, y trabajen”, subraya Daniel Ureña. También sería bueno que hubiera una huella legislativa para que se supiera quiénes y por qué se reúnen: que se tuviera constancia de los pasos que se dan desde el primer borrador hasta la aprobación final de la ley. Incluir agendas abiertas de los decisores públicos. Y si se incumple lo estipulado, que ha- ya castigo. “Hablar de sanciones sin dotar al órgano sancionador sería agua de borrajas”, indica Andrea Vota. En definitiva: transparencia, regulación y registro público.

Día a día. El político piensa en votos, en popularidad, en el impacto mediático y en mejorar la sociedad. En España hay alrededor de 122.000 cargos políticos, más de 50.000 organismos públicos y unos 2.500 parlamentarios. Las empresas, por su parte, en su cuenta de resultados. “Para todos ellos el lobby es útil”, asegura Daniel Ureña. ¿Cómo trabajan? “La idea que tiene todo el mundo es la de sentarse a comer, y no es así”, argumenta el gerente de APRI. Hay un componente de análisis y de estrategia muy importante: reunir información, recabar datos y presentarlos. “Hay que salir del estereotipo del relaciones públicas. Es importante, pero no lo único”, matiza Vota. Se parece bastante al de cualquier directivo: muchas horas de despacho, hacer codos, estudiar, interpretar el entorno, la evolución de la política… Y eso exige tiempo, estudio, sacrificio, dedicación y contacto permanente con su grupo de interés. Tienen que salir a encontrarse con sus interlocutores, ya sean funcionarios, miembros del gobierno o políticos, para tratar de persuadirles de las bondades de sus argumentos. “No pueden plantear una decisión sólo por su interés particular, sino que tienen que mirar el del público. Si no es así, puedes no recolectar lo que quieres”, resalta Andrea Vota.

Quiénes tienen más músculo? Si nos centramos en el ámbito empresarial, aquellas armas que están más reguladas o tienen riesgo de estarlo. Y, claro está, los que tienen más recursos: banca, energía, tabaco, alcohol, salud, alimentación… Ahí estaría el Ibex 35. ¿Y cuáles son los sectores que ahora están on fire? Sobre todo uno: alimentación. El regulador está intentando corregir el consumo de los ciudadanos: azúcar, grasas saturadas… En su mente está ‘premiar’ a aquellos que están en línea con la salud, y ‘castigar’ a los enganchados a consumos menos saludables y que, a largo plazo, pueden ser ‘carne de cañón’ de hospitales, con el consiguiente gasto para el sistema sanitario.

Cuestión de saber. Según el estudio ‘La visión empresarial de los Public Affairs en España’, elaborado por APRI, las acciones en materia de asuntos públicos suponen más del 10% del presupuesto anual de las empresas encuestadas. Un porcentaje que no va a menguar en el futuro. “Es difícil encontrar un sector de actividad que no se juegue su cuenta de resultados en relación con el regulador”, señala Jorge Cachinero. De hecho, los profesionales dedicados a este menester llegan a reportar al director general o al consejero delegado de la compañía de turno, cuando no están de hecho en el propio consejo de administración. “Muchas veces las compañías saben más que los gobiernos y que los parlamentos de lo que están hablando”, recalca Cachinero.

¿Cuáles son los pilares sobre los que deben basar su relación con las autoridades, los parlamentos, o el legislativo? “Que la información sea veraz, no basada en rumores ni en opiniones subjetivas”, indica el representante del IE Business School. En segundo lugar, que sean propuestas proporcionadas, con un objetivo claro a cumplir, y que el camino a desarrollar sea el menos oneroso. Por ejemplo, y para acabar con los fallecimientos de jóvenes en accidentes de tráfico tras haber consumido alcohol, el legislador podría solventar el problema prohibiendo fabricar bebidas alcohólicas o la venta de auto- móviles. Esa solución no sería buena. “Tiene que ser una política pública proporcionada al objetivo perseguido”, indica Jorge Cachinero. Y, por último, los lobistas tienen que buscar que las políticas públicas sean aplicables. La razón es bien sencilla: las leyes que no se pueden cumplir no tienen ningún sentido. ¿Cuáles fueron las dos primeras medidas que tomó Woody Allen en Bananas, la película que satirizaba la revolución cubana? Que el idioma oficial fuese el sueco, y que los ciudadanos tenían que cambiar su ropa interior cada hora. A todas luces, decisiones absurdas. “Las compañías que lleguen al regulador cumpliendo estos tres puntos serán las triunfantes”, resume el profesor de Lobby.

 

Valentín Bustos

Redactor Capital

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