La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) publicó el pasado viernes 26 de junio la revisión parcial prevista del Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas. Una medida que actualiza y adapta varias recomendaciones del Código a diversas modificaciones legales aprobadas desde su publicación y aclara el alcance de otras que habían suscitado ciertas dudas, la atención a aspectos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo, o las remuneraciones. En el nuevo código se refuerzan los criterios de transparencia como la relación de las sociedades cotizadas con los grupos de interés gracias a las aportaciones de APRI.
 
El pasado mes de febrero APRI participó en el proceso de participación pública con un documento de aportaciones en el que APRI proponía incluir principios relativos a la transparencia en la relación de las sociedades cotizadas con los poderes públicos, es decir, la acción de la empresa cotizada como grupo de interés que ejerce su influencia ante organizaciones públicas y políticas con el objeto de defender sus intereses. En este sentido, proponíamos incluir en la recomendación 54 y 55 la acción de las empresas como grupo de interés.
 
Asimismo, sugerimos la inclusión de la recomendación de creación, por parte de las empresas cotizadas, de Códigos de Conducta específicos para su relación con los responsables públicos, la implementación de políticas de lobby o incidencia política, o bien que se adscriban a otro ya existente en su actuación como grupos de interés.
 
La CNMV recogía todas nuestras propuestas menos la creación de Códigos de Conducta específicos para su relación con los responsables públicos.
 
Desde APRI consideramos que el ejercicio de la transparencia de las sociedades cotizados es cada vez más necesario. Los ejemplos, hasta la fecha, son poco alentadores. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha criticado en varias ocasiones la reticencia de empresas del Ibex a inscribirse en el Registro de Grupo de Interés creado por el regulador en 2016. Si bien el Registro hasta ahora es voluntario, solo tres empresas del Ibex 35 han decidido inscribirse. Estas reticencias contrastan con la actuación de las empresas cotizadas fuera de España, en el Registro de Transparencia de la Unión Europea figuran inscritas la mayor parte de las mismas.
 
Desde su fundación, APRI ha entendido la importancia de la transparencia en el desarrollo de las relaciones con la administración del Estado. La transparencia, es un valor al alza que las sociedades demanda por igual a las administraciones y empresas. Por ello, desde APRI abogamos por la inclusión de principios relativos a la transparencia en la relación con los poderes públicos de las sociedades cotizadas en sus Códigos de Conducta.

Este texto integra las distintas aportaciones de las anteriores posiciones de APRI, así como de sus propuestas de modificación a los distintos proyectos y proposiciones de ley, y de algunos artículos que apoyamos procedentes de leyes ya aprobadas, en especial de la Ley 10/2019 de Transparencia y participación ciudadana de la Comunidad de Madrid

El pasado 27 de septiembre APRI participó en la estrategia de lucha contra la corrupción en Cataluña. 

El texto de la estrategia catalana definirá 25 actuaciones para fortalecer la integridad pública que, una vez aprobada la estrategia por acuerdo de gobierno, se implementará en la administración y en las entidades del sector público en un plazo de dos años en ámbitos como la transparencia, la contratación pública, la protección de alertadores, la anonimización de buzones éticos o la fiscalidad.

El Gobierno catalán se ha comprometido a utilizar los resultados del proceso participativo en la redacción del documento y los participantes recibirán un retorno del proceso participativo y se los explicará el uso de las aportaciones en la elaboración de la Estrategia.

El pasado 2 de Abril, entró en vigor la Resolución de la Mesa del Congreso de los Diputados por la que se aprueba el Código de Conducta de los Sres. Diputados por el cual “… el Diputado deberá hacer pública su agenda institucional en el Portal de Transparencia del Congreso, incluyendo en todo caso las reuniones mantenidas con… aquellas personas físicas o jurídicas o entidades sin personalidad jurídica que se comuniquen de forma directa o indirecta con titulares de cargos públicos o electos o personal a su cargo en favor de intereses privados, públicos, particulares o colectivos, intentando modificar o influir sobre cuestiones relacionadas con la elaboración, el desarrollo o la modificación de iniciativas legislativas… el Diputado se responsabilizará de la veracidad y exactitud de la información publicada… El Presidente de la Cámara, de oficio o a petición de otro Diputado, puede solicitar la apertura de un procedimiento para dilucidar si se ha producido una infracción…”. (Artículos 6 y 9)

Codigo de Conducta Sres. Diputados

Así pues, con la apertura de la nueva legislatura, toda reunión que se celebre con cualquier Diputado para influir sobre aspectos legislativos, tendrá que ser incluida en la agenda pública del Diputado. Al ser pública dicha información, con el tiempo, los medios de comunicación y cualquier interesado podrá crear el listado de lobistas con acceso a los Diputados, con qué Diputados se reúne cada lobista, a qué lobistas recibe cada diputado, que intereses se están defendiendo ante los Diputados, seguir la huella de reuniones e interesados en una determinada acción legislativa, etc.

La transparencia permitirá que, ante la información de cualquier medio de comunicación o la denuncia de cualquier particular, cualquier Diputado pueda solicitar al Presidente del Congreso la apertura de un procedimiento para comprobar la infracción y proceder a la sanción del Diputado correspondiente al incumplimiento.

Aunque, como el mismo acuerdo de la Mesa prevé, será necesaria mayor concreción y detalle a través de la reforma del Reglamento del Congreso, este acuerdo de la Mesa inicia la necesaria transparencia de la acción de lobby en el Congreso de los Diputados y abre la puerta para la extensión de la misma a todos los poderes públicos.

Esteban Egea Sánchez

Secretario de la Junta Directiva de APRI

El  Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicó el pasado 22 de abril de 2019 la Ley 10/2019 de Transparencia y Participación de la Comunidad Madrid que regula el Registro de Transparencia de la Comunidad de Madrid en el Título IV, Capítulo II, artículos del 65 al 71. La ley aprobada el 21 de marzo de 2019, entrará en vigor partir del 2020 y se aplicará a todas las instituciones de la Comunidad de Madrid y sus ayuntamientos.

La propuesta de Ley, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, y respaldada por el resto de los grupos excepto el Grupo Parlamentario Popular, fue enmendada por todos los grupos. Los legisladores de los cuatro grupos de la cámara regional presentaron más de 500 enmiendas. Ciudadanos presentó 268, Podemos 73 enmiendas e incluso el propio Grupo Socialista auto-enmendó su texto base.

La ley ha tenido en cuenta gran parte de la propuestas presentadas por APRI a lo largo de la Legislatura, como la necesidad de regular el registro de los grupos de interés, la huella de actuación pública, la obligación de preservar como confidencial determinada información que pueda exigir tratamiento confidencial o las agendas abiertas de los responsables públicos.

Además, obliga a que todas las personas y entidades, sea cual sea su denominación, naturaleza y estatuto jurídico, que participen en cualquier actividad con objeto de influir directa o indirectamente, por cuenta propia o ajena, se inscriban en el Registro de Transparencia,  excluyendo  en el artículo, 67.2, las actividades de los interlocutores sociales cuando dichos interlocutores desempeñan el papel que les asigna la Constitución y sus normas de desarrollo, es decir, excluye del registro a sindicatos y patronales, entre otros.

Entiende por influir directamente, intervenir por contacto directo o por cualquier otro medio de comunicación, con cualquiera de los sujetos de la Administración pública autonómica y local e influir indirectamente, intervenir mediante la utilización de intermediarios incluidos los medios de comunicación, la opinión pública, conferencias o actos sociales que estén dirigidos a cualquiera de los sujetos de la Administración pública.

Por otra parte, el artículo. 69.1. b) reconoce, gracias a las aportaciones de APRI, la necesidad de preservar la confidencialidad de algunos contenidos y documentos utilizados en las reuniones. Establece concretamente que la información proporcionada se hará pública, excepto aquella que condicione su entrega a que se mantenga confidencial.

Por último, la ley también establece que las agendas de altos cargos serán publicadas de forma íntegra y no como meras “agendas de actos públicos”. Reflejarán quiénes se reúnen, con qué objeto y qué tipo de documentación se aporta, debiendo ser actualizadas con posterioridad también a la reunión. La responsabilidad de la veracidad de dichas agendas recaerá en los responsables políticos, mientras que los grupos de interés deberán acreditar estar inscritos en un Registro de Transparencia obligatorio para reunirse y ejercer esta y otras actividades de influencia directa o indirecta que marca la Ley, y conllevará el cumplimiento de un Código Ético, también detallado. Además, de forma análoga a la Comisión y Parlamento Europeo, se establece qué tipo de información han de facilitar para su inscripción en el Registro, y esta información ha de ser pública, de forma ordenada y estructurada, en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid.

Un total de 228 grupos de interés ya se han inscrito en el registro de lobbiesque el Parlament creó a finales de enero de este año. La iniciativa es pionera entre las cámaras legislativas del Estado y se ha puesto en marcha como consecuencia de la ley de transparencia catalana, aprobada en 2014. El vicepresidente primero de la Cámara, Lluís Corominas, hace un balance “positivo” de los primeros meses, y recuerda que el Parlament aprobó también que los diputados hicieran pública su agenda.

El Parlament envió casi 400 cartas a entidades, cámaras, colegios, sindicatos, patronales y asociaciones susceptibles de tener que aparecer en este registro. Salvadas las “dudas iniciales”, dice Corominas, la iniciativa ha sido bien acogida. Esos grupos, por ejemplo, se sorprendían por tener que inscribirse en el Parlament para hablar con diputados cuando no tenían que hacerlo en el Congreso. La cámara autónoma pretende que formar parte del registro sea una especie de “sello de calidad” para las entidades.

El registro de lobbies garantiza derechos (como celebrar actos en la cámara) y obligaciones; por ejemplo, a dar información “fidedigna”. También prevé sanciones por malas prácticas, que van de los 300 a los 12.000 euros, que por ahora no se aplican.

Además de los 228 inscritos, hay cinco solicitudes pendientes de validar, otras seis que no se han admitido y otras 31 que no han finalizado. El registro se estructura en cinco categorías: consultorías profesionales y despachos de abogados; empresas, asociaciones comerciales y sindicatos; fundaciones, plataformas y sin ánimo de lucro; grupos de reflexión y ligados a partidos; y, finalmente, organizaciones que representan a iglesias o comunidades religiosas.

Los grupos registrados van desde la fundación Proactiva Open Arms —que ayuda a los refugiados en las aguas del Mediterráneo— hasta el gremio de constructores de obras de Barcelona, así como entidades energéticas, como la Asociación Española del Gas. Algunos grupos tienen un interés directo con las leyes que tramita la cámara, como la Asociación de Bebidas Refrescantes; recientemente, el Parlament abordó un impuesto sobre bebidas azucaradas. También está registrada la Federación de Asociaciones de Usuarios de Cannabis. En pleno proceso soberanista figuran, también, entidades que lo impulsan como Reinicia Catalunya, el Cercle Català de Negocis, Sobirania i Justícia o el Pacte Nacional pel Referèndum.

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La nueva Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que en estos momentos se encuentra en trámite de ponencia en la Junta General, va a regular la existencia de lobbies de presión. Es decir, que haya transparencia en los encuentros entre estos ‘grupos de interés’ y los altos cargos del Gobierno.

 Este ha sido el principal tema de debate en la reunión de la ponencia del proyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que esta presidida por el diputado de IU-IX Gaspar Llamazares y que se ha reunido este miércoles en la Junta General.

Había tres enmiendas relativas a este tema a propuesta de PP, Podemos Asturies y Ciudadanos y se ha acordado fusionar las tres para que se recoja que un ‘grupo de interés’ son las personas físicas o jurídicas y las organizaciones que se dedican a influir en los procesos de elaboración de las políticas o disposiciones normativas, en la aplicación de las mismas o en la toma de decisiones de la Administración.

Además, la definición de lobby en la futura ley va a extender su ámbito y se van a considerar, además de los que están instaurados en Asturias, aquellos que puedan influir directamente en el sector asturiano y que no estén instaurados en la comunidad.

En declaraciones a Europa Press, el diputado ‘popular’ Rafael Alonso ha destacado que así se va a permitir dar “transparencia” a la figura de los lobbies, “que empieza a tener entrada y hay que regularlo” para saber cómo pudieron influir o participar en el proceso de redacción de una disposición.

Además, ha señalado que la futura ley va a hablar de ‘grupos de interés’ y no de lobbies, “que es un anglicismo”. Por otro lado, ha indicado que todos los grupos parlamentarios parecen haber dado la “bienvenida” a esta regulación” y que existe un “cierto ánimo de acuerdo”.

Por otro lado, desde Podemos Asturies, Emilio León, ha señalado que la política asturiana ha estado protagonizada por personas o grupos de presión “que nunca han tenido que rendir cuentas”. Así, ha apuntado a personas y entidades “que tuvieron las puertas abiertas de la administración y que aparecen ahora como condenados por evasión fiscal o relacionadas con Gitpa y la trama del cable”.

Con todo, ha señalado que la “prueba del algodón” sobre la voluntad del Gobierno asturiano de avanzar en la tramitación de esta norma será el próximo día 4 abril, “cuando se discuta la independencia de los órganos de control creados con esta Ley”, ha sentenciado.

Desde Ciudadanos, la diputada Diana Sánchez ha afirmado que la ley no es “para nada” el texto que trajo el Gobierno, “que Ciudadanos está contribuyendo a su mejora como por ejemplo la regulación de los grupos de interés y la huella”.

Además, ha señalado que desde su formación también han logrado introducir en la ley que los ciudadanos puedan evaluar a la administración a través del portal de transparencia “y se ha aceptado también nuestro estatuto del denunciante”.

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València, 16 feb (EFE).- El pleno del Consell ha aprobado hoy el proyecto de ley de Lobbies, con el que busca aportar claridad y transparencia y “poner freno a la cultura del amiguismo”, y el proyecto de ley que fija la futura estructura productiva agraria de la Comunitat Valenciana.

Así lo ha dado a conocer la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, tras el pleno del ejecutivo, en una rueda de prensa en la que ha informado de que ambas iniciativas legislativas serán remitidas ahora a Les Corts Valencianes para su tramitación parlamentaria y posterior aprobación y entrada en vigor.

Oltra ha explicado que la ley de Lobbies pretende poner “más luz y transparencia” en las relaciones de los grupos de interés con la administración valenciana, al tiempo que “pone freno a la cultura del amiguismo” al identificar a los lobbies existentes en la Comunitat.

La norma contempla un código de conducta que incluirá las prácticas y actitudes que deben seguir los lobbies en su actuación, evitando la opacidad, garantizando el interés general y fiscalizando con buen criterio la actuación de los poderes públicos.

Se considera actividad de lobby toda comunicación directa o indirecta, oral o escrita, con los cargos o empleados públicos, con la finalidad de influir en la adopción de políticas públicas y en la elaboración de los proyectos normativos, desarrollada en nombre de un grupo organizado de carácter privado o no gubernamental en beneficio de sus propios intereses o de terceros.

El proyecto de ley contempla la creación de un el Registro de lobbies, que viene a hacer efectiva la identificación pública de las actividades que desarrollan los grupos de interés, y que será de carácter electrónico, administrativo, gratuito y obligatorio.

También regula lo que se denomina “huella normativa” referida a la publicidad de los contactos que la administración de la Generalitat mantiene con los lobbies durante la elaboración de los anteproyectos de ley y los proyectos de decreto, asegurando así que la influencia de estos grupos en la confección de las normas sea transparente y no desproporcionada.

Oltra ha destacado que la aplicación de la “huella normativa”, situará a la Comunitat Valenciana “a la vanguardia” ya que será la tercera autonomía que aplica este procedimiento, después de Madrid y el País Vasco.

Por otra parte, el proyecto de Estructuras agrarias busca hacer de la agricultura una actividad rentable y sostenible, mediante la actualización y desarrollo de algunas medidas ya existentes, así como la regulación y el establecimiento de diferentes instrumentos y actuaciones de nueva implantación.

El objetivo de esta iniciativa consiste en mejorar la competitividad en la Comunitat, actuando contra el abandono de tierras, la fragmentación de la propiedad o la falta de una cultura de la gestión común de la producción, entre otras cuestiones.

La ley contempla la creación de una “Xarxa de Terres” o red de oficinas gestoras de tierras, que será una herramienta destinada a movilizar las parcelas a favor de los agricultores profesionales y de iniciativas de gestión en común.

También se pondrá en marcha la figura de la Iniciativa de Gestión Común (IGC), calificación a la que podrán acogerse todas las explotaciones asociativas o las agrupaciones de explotaciones que manifiesten su voluntad de ser consideradas como una unidad a efectos de la puesta en marcha de un plan de gestión de cultivo en común.

La nueva norma contempla la definición de suelo agrícola infrautilizado e introduce incentivos fiscales a la adquisición y arrendamiento de fincas rústicas que amplían los contemplados en la normativa estatal.

Entre las novedades también se encuentra la nueva figura de agente dinamizador, como persona que impulsará técnicamente la gestión del territorio y la elaboración de un mapa agronómico que constituirá una herramienta de planificación para las políticas agrarias. EFE

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Las grandes compañías y organizaciones no pierden el tiempo para solicitar reuniones con el ayuntamiento.