Desde el 1 de enero, cualquier persona o entidad que quiera ejercer la actividad de lobby en Madrid -esto es, influir en la redacción de la normativa o en las políticas municipales- debe haberse inscrito previamente en el Registro de lobbies que ha puesto en marcha el Ayuntamiento. La principal novedad de la iniciativa, frente a otras experiencias de este tipo que ya funcionan, es la conexión directa del Registro con las agendas de los ediles y otros cargos madrileños -casi 300- que desde hace tiempo se publican en el portal del consistorio.

“La finalidad es entender quién incide en la toma de decisiones del Ayuntamiento. Si no conectas decisiones y actores esta trazabilidad se hace muy difícil”, explica a elEconomista Pablo Soto, concejal de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto de Madrid.

El Registro, además de ser de inscripción obligatoria, es público, gratuito y de formato abierto. Para acceder a él, las entidades o personas deberán presentar una declaración responsable y suscribir un código de conducta que regula la política de regalos. Una vez dentro, el lobby deberá identificar sus áreas de interés y a sus representantes.

Al recibir la solicitud de reunión a través de la aplicación del Ayuntamiento, el concejal deberá comprobar que la entidad está inscrita. También interrumpir cualquier encuentro en el que se ejerza la actividad de lobby, si éste no ha sido solicitado a través del cauce descrito. El incumplimiento de la normativa expone al edil al régimen sancionador municipal y a la entidad a la expulsión del Registro.

La documentación que se aporte en la reunión se publicará “con el único límite del legítimo interés comercial”, manifiesta Soto; “Nos hemos guiado por las pautas que marca la Ley de Transparencia. El órgano municipal analizará qué documentos no deben ser públicos, pero interpretándolo de modo restrictivo”.

Los incentivos que la aplicación ofrece a los lobbies o grupos de interés, al margen de brindarles un cauce oficial para ejercer su actividad, son tres. En primer lugar, el mecanismo tiene un sistema de alertas que avisará cuando se abran trámites relacionados con las áreas de interés de la entidad. En segundo término, desde la propia app puede cursarse la solicitud de reunión. Y, finalmente, el Ayuntamiento ofrecerá dependencias municipales para que quien quiera ofrecer un producto o servicio pueda realizar en ellas su presentación del proyecto, invitando de forma conjunta a representantes de todas las áreas consistoriales afectadas.

La regulación exime del deber de inscripción a las entidades ciudadanas -como las asociaciones vecinales-, pero no lo prohíbe, dado que inscribirse les da acceso a los beneficios que proporciona el Registro.

Soto confía en que el Registro sirva para aumentar el número de actores escuchados en la elaboración de la normativa. El PP, por su parte, el único partido que votó en contra de la iniciativa, critica la amplitud de la definición que se hace de lobby y la “carga ideológica” de la que adolece la regulación.

Las experiencias europea y catalana

Hasta la fecha, el Parlamento de Cataluña es la única institución española que ha aprobado un Registro de ‘lobbies’, en el que ya hay inscritos, desde comienzos del año pasado, casi 2.500 entidades. Otras comunidades, como Castilla-La Mancha, Navarra, Asturias y la Comunidad Valenciana, trabajan en ello.

También el Congreso de los Diputados, que en marzo admitió a trámite una propuesta del PP para regular la influencia que ejercen los grupos de interés. El Europarlamento también cuenta con un Registro a través del cual se encauza la participación de las más de 11.600 entidades inscritas.

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El Gobierno regulará por ley los lobbies en España y para ello creará un registro público donde empresas, consultoras, despachos de abogados, asociaciones y otros grupos de presión, que hasta ahora venían realizando este tipo de actividad,  deberán inscribirse obligatoriamente.

Mariano Rajoy cuenta ya con el apoyo de Ciudadanos y espera que el PSOE se sume a esta iniciativa legislativa ya que necesitaría de la mayoría absoluta para poder salir adelante. Esta nueva ley pretende hacer más transparente una actividad que en España escapa al control del Estado.

El sistema que quiere implantar el Ministerio de Justicia penalizará a aquellas personas que, una vez creado el registro, sean ‘cazadas’ realizando este tipo de actividad y dotará de un alto grado de transparencia esta actividad que en España casi siempre ha sido asociada al tráfico de influencias, la corrupción y los intereses de las grandes corporaciones.

Existen ejemplos legislativos similares en países como Estados Unidos y Reino Unido, además de la propia Unión Europea, donde la Comisión y el Parlamento implantaron en 2011 un registro común denominado ‘Transparency Register’ –Registro de Transparencia, en su traducción al español–.

La regulación de EEUU en materia de lobbies

Los pioneros en este campo han sido los Estados Unidos, donde los lobbies tienen una importante presencia en el mundo de los negocios y la política. En el año 1995, bajo la Administración Clinton, el Congreso de EEUU aprobó el Lobbying Disclosure Act. Esta ley obligaba a las organizaciones dedicadas a hacer lobby a cumplir con unos requisitos de transparencia si no querían quedar fuera del mercado. Debían publicar semestralmente un resumen de sus actividadessus gastos y las listas de lobbistasque tenían en nómina.

Sin embargo, a pesar de que en un principio esas medidas comenzaron a dar sus primeros frutos, se comprobó que eran demasiado laxas tras salir a la luz pública un escándalo de corrupción y tráfico de influencias que implicó a un conocido lobista estadounidense, Jack Abramoff. En el año 2007, las autoridades norteamericanas decidieron endurecer la ley, aumentaron los controles y obligaron a un cumplimiento más estricto de las directrices de transparencia –se debían presentar informes cuatrimestrales y se tenían que hacer públicas las contribuciones económicas a candidatos, comités y personas de interés-.

El registro de lobbies estadounidense cuenta con una media de entre 12.000 y 14.000 profesionales –la crisis de 2008 provocó una caída masiva de las personas registradas– pero según destacados lobistas la excesiva regulación ha propiciado que el sector se haya reinventado. “Ya no es necesario dirigirse directamente a los congresistas”, decía en una conferencia en Madrid el conocido lobista Tony Podesta. Ahora, la movilización de la gente y las campañas de comunicación “tienen un peso más importante”, aseguraba, por eso muchos profesionales prefieren seguir esta vía y no cumplir con las estrictas obligaciones del registro de lobbies.

El Brexit de los lobbies

El peso de los lobbies ha quedado patente en los últimos meses en la dura negociación para consensuar las medidas y la compensación económica del Brexit. Los diferentes grupos de presión, a uno y otro lado del Canal de la Mancha, han ejercido su influencia sobre los gobernantes de cara a conseguir las mejores condiciones para unos y otros, siempre pensando en sus sectores o negocios.

La City, los agricultores, las empresas dedicadas a la importación y exportación, todos ellos han jugado un papel en mayor o menor medida, susurrando a los negociadores del Brexit el acuerdo más sustancial para sus intereses. Por ejemplo, sobre la mesa estaban las medidas que en materia de aduanas se tendrían que tomar para la ‘desconexión’ definitiva del Reino Unido de la Europa comunitaria. Más del 50% de las importaciones y exportaciones se registran en la UE, con lo que un mal acuerdo podría llegar a arruinar a determinados sectores, como la industria automovilística, la farmacéutica o los servicios financieros, ejemplos de lobbies con un importante peso específico en la economía británica.

Es en esta batalla, lejos de los focos, donde los lobbies han presionado para materializar muchas de las decisiones que han propiciado que al final se haya concretado una cifra y unas medidas para el Brexit que cumplieran con las expectativas de todos los grupos de interés.

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Oviedo, 22 nov (EFE).- La ponencia encargada de elaborar el dictamen de la Ley de Transparencia que se encuentra en tramitación en la Junta General del Principado ha decidido incluir la regulación de los grupos de presión o ‘lobbies’, que tendrán la obligación de inscribirse en un registro.

La Ley de Transparencia abordará así la relación de la administración con esos grupos de presión y establecerá la obligatoriedad de que los cargos públicos declaren los encuentros que mantengan con éstos y el resultado de sus reuniones.

Ese código de conducta irá acompañado por un régimen de sanciones para quien lo incumpla, tal y como había propuesto el PP en una iniciativa aprobada por el Parlamento regional el pasado mes de mayo, con el respaldo de Foro, Ciudadanos e IU, el voto en contra del PSOE y la abstención de Podemos.

Según ha señalado a EFE el presidente de la ponencia y portavoz de IU, Gaspar Llamazares, aún quedan algunos flecos por cerrar sobre la incorporación de este punto al texto del Gobierno que pretende “introducir más transparencia entre los grupos de interés y la administración”.

La ponencia se ha reunido hoy por última vez este año si bien solicitarán a la Mesa de la Cámara y Junta de Portavoces que se habilite el mes de enero, inhábil en el Parlamento, para seguir trabajando con el objetivo de tener listo el dictamen para febrero.

Llamazares se ha mostrado optimista en que para esa fecha estén finalizados los trabajos “con el máximo consenso” y más aún después de que el Gobierno regional haya dicho que no va a poner obstáculos a la creación de la Unidad Anticorrupción.

El presidente del Principado, Javier Fernández, asumió durante el último debate sobre el Estado de la región su disposición a aceptar la puesta en marcha de esa organismo siempre y cuando tuviese “un buen anclaje legal y un razonable coste presupuestario”.

Desde Podemos e IU también ha establecido como uno de los requisitos para dar su apoyo a los presupuestos, que dicha unidad fuese independiente del Gobierno.

Llamazares se ha mostrado convencido de que el Ejecutivo no pondrá problemas para que la Unidad Anticorrupción pase a depender de la Junta General, si bien esos detalles no se debatirán hasta enero.

Tras recordar que al texto se ha incorporado ya la denuncia anónima y los planes anticorrupción que defendía IU, Llamazares ha considerado que se puede conseguir “una ley muy ambiciosa” que concite el apoyo de la mayoría de las fuerzas políticas.

Aún queda pendiente de ver si se incorpora o no la propuesta de “cuentas abiertas” que ha planteado Podemos y que, según el portavoz de IU, viene a plantear que miles de apuntes sean públicos.

Otro tema pendiente, en este caso planteado desde Ciudadanos, es el relativo a la evaluación de la calidad de los servicios públicos, cuestión que el Gobierno asegura que será objeto de otra ley específica.

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Los lobbies deberán estar inscritos en un registro hasta para entrevistarse con funcionarios de cualificación técnica

Los cargos políticos de la Comunidad Autónoma no solo informarán de las actividades que realicen de cara a salir en los medios de comunicación. Sus agendas públicas, con las reuniones más relevantes que mantengan cada día en sus despachos, estarán a disposición de los ciudadanos próximamente en el Portal de la Transparencia. Esa es la intención de la consejería del ramo, según confirmó su secretario general, Enrique Ujaldón, quien señaló que la idea es buscar una aplicación informática para que la agenda de reuniones de cada alto cargo se suba automáticamente a la página web, de manera que se añada a las previsiones actos públicos del día en los que vaya a participar dicho político. Actualmente solo se dan a conocer las ruedas de prensa, inauguraciones y visitas institucionales de interés mediático que llevan a cabo el presidente, consejeros, secretarios y directores generales a lo largo de la semana.

Esta será una de las principales novedades que se contemplarán en el Plan de Gobierno abierto que elabora el Ejecutivo regional, y que actualmente se encuentra en fase de consulta pública. Este plan también contempla la creación de un registro de lobbies, en el que tendrán que estar inscritos los colectivos con algún tipo de interés en las decisiones de la Administración que quieran acceder a un encuentro con algún cargo público de la Comunidad. Enrique Ujaldón trabaja estos días para llevar a la práctica este registro, basándose en las propuestas que, a nivel estatal, ha realizado la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI). «Pronto se aprobará una ley nacional sobre lobbies y lo que queremos en la Región es adelantarnos. Lo que nosotros no queremos es que esta herramienta sea una carga para los posibles grupos de interés ni tampoco para la Administración, que no se convierta en una carga burocrática que acabe limitando la capacidad de acceso. Queremos que sea algo lo más automático posible, y también lo más barato posible, a través de un canal informático», indicó el secretario general de Transparencia y Buen Gobierno.

El documento de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales propone que estar en el registro de lobbies no solo será necesario para reunirse con un alto cargo, sino también «con aquellos empleados públicos que desde su competencia profesional son los que definen elementos de detalle que son claves para la eficacia de las normas». Aquí se incluirían aquellos funcionarios de alta cualificación técnica que asesoran a los políticos a la hora de elaborar sus leyes y decretos. Los famosos ‘técnicos’ en los que se suelen escudar aquellos que tienen que dar explicaciones a la Justicia por su gestión pública. No se estaría hablando de los asesores eventuales, pues en la Comunidad la mayoría de ellos se dedica a labores de prensa y no mantienen reuniones con grupos de interés. Estos funcionarios técnicos también informarán de las reuniones que mantengan y que puedan ser de interés para la ciudadanía de la Región.

El registro de lobbies ya se aplica a escala nacional, según confirmó el secretario general de Transparencia y Buen Gobierno, Enrique Ujaldón. En otras comunidades autónomas como Cataluña, el registro era voluntario y no funcionó, por eso la intención de hacerlo obligatorio.

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Madrid, 4 de octubre de 2017 – Access Info Europe y Transparencia Internacional España instan a los grupos parlamentarios a que la regulación del lobby en el Congreso de los Diputados garantice la transparencia y la rendición de cuentas en la toma de decisiones, en línea con los estándares internacionales.

Las organizaciones han valorado positivamente la reanudación del debate sobre la regulación de la actividad de los lobbies a través de la Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados presentada por el Grupo Parlamentario Popular.

Sin embargo, consideran que el alcance del actual texto es muy limitado, que se encuentra alejado de los estándares internacionales y que ni siquiera cumple los mínimos transparencia e integridad del lobby que ya contemplan regulaciones de nuestro entorno como en Francia o la Unión Europea.

Ambas organizaciones han hecho llegar sus recomendaciones a los grupos parlamentarios. El documento está disponible aquí: alt

Pedimos que la regulación del lobby garantice el acceso a información básica para saber cómo se toman las decisiones públicas. Para eso la norma debe establecer claramente que el registro vaya a ser público, pero también las agendas de los diputados”, ha declarado Alba Gutiérrez Coordinadora de campañas de Access Info.

“Existe un interés público significativo en asegurar la transparencia e integridad del lobby. Para que la reforma actual no suponga una oportunidad perdida, es fundamental que se amplíe el concepto de qué y quién hace lobby, la información que se proporciona a la hora de registrarse y que el organismo de supervisión se independiente,” añade Jesús Lizcano Álvarez, Presidente de Transparencia Internacional España.

Entre las propuestas de las organizaciones, en línea con los Estándares Internacionales de la Regulación del Lobby, destacan:
» Definir la actividad del lobby de manera clara e inequívoca, como actuación que implique cualquier comunicación directa o indirecta con un cargo público que se realice, gestione o instruya con la finalidad de incidir en decisiones sobre cuestiones públicas.
» Garantizar que la información del registro va a ser detallada y accesible y va a permitir el ejercicio del control por parte de la sociedad civil.
» Publicación de las agendas completas de trabajo de los cargos con responsabilidad en la toma de decisiones, con información sobre las reuniones mantenidas, incluyendo los documentos compartidos.
» Crear un mecanismo independiente de supervisión que disponga del mandato y de los recursos suficientes para velar por el cumplimiento de las obligaciones. El modelo propuesto por el texto para que sea la Presidencia del Congreso con la asistencia de la Secretaría General no cumple estos requisitos.
» Establecer sanciones ante el incumplimiento de las obligaciones tanto a lobistas como a cargos públicos o políticos.

Ambas organizaciones inciden, además, en que, introducir una regulación del lobby únicamente en el Congreso de Los Diputados de forma aislada e independiente, limita el alcance de la misma. Por eso, piden a los grupos parlamentarios que avancen en la regulación del lobby en el poder ejecutivo, a través de la Ley sobre la protección de denunciantes que está actualmente en debate, contemplando un registro común o conectado para los distintos poderes.

Para más información, por favor, contactar con:

Alba Gutiérrez, Investigadora y Coordinadora de campañas | Access Info Europe
Envía un e-mail o llama al +34 913 656 558
o
Daniel Amoedo Barreiro, Coordinador de Proyectos | Transparencia Internacional España
Envía un e-mail o llama al +34 917 004 119

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El pleno del Consell aprobó ayer el anteproyecto de ley regulador de la actividad de lobby en el ámbito de la Generalitat y su sector público, cuyo objetivo es garantizar la transparencia de estos grupos en la adopción de políticas públicas y poner freno a «la cultura del amiguismo».

Así lo explicó el conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, en la que destacó que la Comunidad Valenciana es la única autonomía que contará con ley específica que regule el fenómeno de los «lobbies» y ha precisado que no es una ley contra estos.

La futura ley incluye la creación de un Registro de Lobbies, que será electrónico, público, gratuito y obligatorio, para poner al alcance de la ciudadanía la información sobre la actividad e influencia de los grupos de interés en sus relaciones con la Administración. Esta ley contempla, además, sanciones que pueden alcanzar los 6.000 euros en caso de incumplimiento.

También regula un código de conducta para los «lobbies», con unos mínimos de obligado cumplimiento, además de sistemas de control y fiscalización de la información registral, y contempla la posibilidad de que ciertas normas puedan ser negociadas con estos grupos de presión, sin que eso sustituya la participación ciudadana y el trámite de audiencia actual.

Alcaraz ha explicado que el resultado de esta negociación no será vinculante, aunque en el caso de separarse del resultado del proceso de negociación, el Consell tendrá que motivar las razones de su posición negativa.

La futura norma define la actividad lobby, que toda comunicación directa o indirecta, oral o escrita, con los cargos o empleados públicos, para influir en la adopción de políticas públicas y en la elaboración de los proyectos normativos, desarrollada en nombre de un grupo organizado de carácter privado o no gubernamental.

Esta ley afectará a los cargos públicos y al personal empleado público de la Administración de la Generalitat y de su sector público instrumental.

Se regula también lo que se denomina «huella normativa», referida a la publicidad de los contactos que la Administración de la Generalitat mantiene con los lobbies durante la elaboración de los anteproyectos de ley y los proyectos de decreto, que se deberá relacionar junto a las normas y se publicará en el Portal de transparencia.

También se incluye un capítulo con el régimen sancionador específico en materia de lobbies y lobbismo, donde se tipifican los hechos que se consideran infracción para el lobby, cargo y empleado público y las sanciones que pueden suponer.

La Conselleria de Transparencia elaborará de anualmente un informe sobre la actividad y el funcionamiento del Registro de «Lobbies», cuya inscripción en él implicará obligaciones pero también beneficios, como poder presentarse como lobby inscrito en el registro delante de la Generalitat, lo que posibilitará la reunión o contacto con cargos de la Administración o empleados del sector público.

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El grupo del PP en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) ha rechazado en el pleno de este viernes una enmienda de IU a su proposición para regular los «grupos de interés» o «lobby». La coalición pretendía que también se crease un registro sobre los «lobbies» que operen ante la JGPA. La enmienda solicitaba además que se crease un registro de la agenda pública de los diputados.

La negativa del PP a incluir este punto en una proposición que finalmente fue aprobada ha causado «extrañeza» en el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, quien ha considerado raro que se contemple regulación para «lobbies» frente al Gobierno pero no frente al parlamento. «Nos resulta extraño que no se admita esa enmienda», ha dicho Llamazares, quien, no obstante, terminó votando a favor de la iniciativa de los populares.

La proposición no de ley aprobada pide al Gobierno un registro obligatorio de los grupos de interés en el Ámbito de la Administración del Principado, las entidades locales y sus organismos y entidades públicas, que será público, así como tipificar las infracciones en la materia y elaborar un código ético.

En la votación, Podemos ha tenido la llave del resultado final, dado que el PSOE votó en contra mientras que PP, IU, Foro y Ciudadanos lo hacían a favor. Si la formación morada hubiese votado en contra, la iniciativa habría decaído. Pero aunque el diputado de Podemos Daniel Ripa fue muy crítico con el PP, su grupo terminó absteniéndose y la propuesta del PP salió adelante.

Ripa, en su intervención, dijo que el problema no era el registro de los grupos de interés sino que en el PP «han ascendido demasiado rápido algunos delincuentes» y ha dicho que la proposición aprobada era «cosmética».

El diputado del PSOE Marcos Gutiérrez Escandón ha recordado que esta regulación de los lobbies ya se está abordando en el Libro blanco de Participación Ciudadana. Para el socialista, la iniciativa defendida por el PP no es más que «una improvisada ocurrencia del partido de Bárcenas en un intento de lavado de cara».

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En el siglo XIX quienes querían persuadir de algo a un miembro de la Cámara de los Comunes, se reunían con ellos en los pasillos. De ahí viene la palabra lobby, vestíbulo en inglés, actividad que Estados Unidos regularizó en 1946 con la Lobbying Act .

La idea de un registro de lobistas llegó en la primera década de los 2000 a Australia, Alemania, Reino Unido y Austria. La CNMC creó el primero de España en 2016, inspirándose en el de la Comisión Europea, también de naturaleza voluntaria. Después, Cataluña aprobó su ley autonómica para el sector.

Regularizar la profesión: una demanda de una década

Atendiendo a las recomendaciones del Consejo de Europa formuladas a través del Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECCO), la regulación de los “grupos de interés” se debate en el Congreso con dos propuestas de ley: la de modificación de Ley de Transparencia con un registro de lobbies y la del Reglamento de la Cámara. Cinco comunidades, Navarra, Castilla-La Mancha, Asturias, Navarra y Valencia, trabajan en ello también. “No había nada y ahora estamos desbordados”, cuenta María Rosa Rotondo, presidenta de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Públicas, APRI. “Veníamos defendiendo nuestra actividad como una forma de participación que es necesario regular. Nos ha costado 10 años llegar hasta aquí”, se queja.

Regular los lobbies implica poner el foco en los grandes asuntos, saber cómo se toman las decisiones: cómo se regula el sector eléctrico o se rescata una autopista”, explica David Cabo, cofundador de CIVIO. Esta fundación ya intentó que la regulación de los lobbies formara parte de la Ley de Derecho de Acceso a la Información. “Nos dijeron que era muy complicado”, recuerda. “Somos los primeros en hacer lobbying ; nos reunimos con partidos políticos e intentamos introducir nuestras enmiendas en las leyes”, reconoce. “Todo el mundo sabe que esas reuniones se producen, pero necesitamos reglas”, demanda Rotondo.

Registro universal o excepciones

La cuestión de si todos los que se relacionan con entes públicos deben inscribirse en el registro está en el centro del debate. Los abogados pueden escoger hacerlo o no según la ley catalana y la valenciana excluye a sindicatos, organizaciones empresariales y asociaciones de consumidores. “No podemos imponer una sanción a determinadas organizaciones a las que la Constitución otorga una relación especial con la Administración por tener un papel constitucional reconocido”, explicaba la Secretaria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación valenciana, Zulima Pérez Seguí en unas jornadas sobre la materia organizadas por la CNMC y la Fundación Chile-España.

Algo similar ha hecho el Ayuntamiento de Madrid, el primero del mundo en crear un registro para lobistas. “No tienen sentido que un municipio pequeño lo haga, pero Madrid gestiona un presupuesto de 5000 millones de euros”, señala David Cabo. “Como no hay un marco regulatorio, no son propuestas homogéneas”, denuncian desde APRI mientras recuerdan que la existencia de múltiples registros “no asegura la transparencia”. Su propuesta es uno “común, obligatorio y universal que dependa del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno“.

Otro punto de desencuentro entre legisladores y profesionales es la cuestión de la confidencialidad. APRI declara su “preocupación” porque toda la normativa elaborada hasta la fecha conlleva la “publicidad activa” de la documentación que se entregue en las reuniones con autoridades. “La transparencia no está reñida con la confidencialidad”, sostiene su presidenta, que critica esta visión por su “falta de eficacia” y la describe como “una forma burda de llegar a la huella legislativa, que es donde debe aparecer”. En CIVIO, en cambio, creen que “hay que valorar interés público versus confidencialidad, como las enmiendas o modificaciones a las leyes”, explica su cofundador.

Un segundo conflicto surge entre la protección de datos, regulada por una ley orgánica, y la transparencia, con un rango inferior. “Se usa para eludir dar la información”, denuncia Cabo mientras hace referencia a una petición planteada por CIVIO al Ministerio de Defensa. “Queríamos saber quién viaja en los aviones oficiales. El Consejo de Transparencia avala nuestra demanda de información pero Defensa se niega a reconocer al Consejo y sus decisiones. Llevamos 16 meses con este tema”, denuncia.

Ningún registro europeo de lobistas posee garantías para detectar “la influencia indebida”

Aunque la regulación de los lobbies en España está en sus inicios, en la Unión Europea ya son ocho los países que cuentan con registros nacionales de lobistas. El informe de Transparencia Internacional El lobby en Europa. Influencia encubierta, acceso privilegiado los analiza junto al de Transparencia de la UE que, por ejemplo, no incluye al Consejo de Europa. La puntuación más alta la obtiene el esloveno y la más baja el británico, aunque la supervisión en general “es débil o falta por completo”. En resumen, ninguno de los países analizados puede presumir de “tener garantías adecuadas para detectar e impedir la influencia indebida”.

El estudio destaca la importancia de definir “lobista” y “lobby” para que el registro y la regulación de la actividad sean eficaces ya que se detectó que en muchos casos su definición legal era “demasiado limitada” dando como resultado “registros débiles que no llegan a capturar a todos los que buscan influenciar las leyes y políticas” puesto que “ninguna contiene una definición adecuada”.

Según esta organización, que reconoce ejercer el lobbying social, en la mayoría de Europa se da una “creciente profesionalización” del lobby. Entre los clientes de estos profesionales se encuentran empresas, asociaciones, agencias del sector público y ONG. Solo en Bruselas hay 30.000 lobistas, afirma el Corporate Europe Observatory.

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La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) presenta una nueva y más amplia propuesta de regulación de la transparencia en la defensa de intereses ante los decisores públicos.

Tras un periodo de debate interno y consultas externas al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y a renombrados expertos jurídicos, APRI aporta una propuesta global con el objetivo de crear un escenario más transparente, que regule las relaciones entre la sociedad civil y la Administración Pública y sea consecuente con el actual entorno social y político español. 

Madrid, 14 de febrero 2017. APRI lleva desde el año 2007 reclamando la regulación del sector en línea con los principales estándares europeos que contemplan la creación de un registro de grupos de interés para hacer más transparentes las relaciones entre la sociedad civil y la Administración Pública. Una herramienta que existe en Bruselas desde el año 2012 y que permite a los ciudadanos conocer las personas y organizaciones que desean influir en las decisiones públicas.

Tras la propuesta realizada por nuestro colectivo en el año 2013 y reflejada en iniciativas parlamentarias, nuestra asociación ha decidido ampliar su propuesta de regulación incluyendo aspectos esenciales para el correcto desarrollo de la actividad. Una actividad que creemos fundamental para cualquier democracia y que hay que llevar a cabo con la máxima transparencia, ya que esta es esencial para mantener la confianza de los ciudadanos en la legitimidad de los procesos legislativos, administrativos y de adopción de políticas públicas.

Para la Presidenta de APRI, María Rosa Rotondo, “la nueva propuesta de APRI intenta ser consecuente con el entorno social y político en España posicionándose en defensa del ejercicio democrático de los profesionales del lobby, y de la demanda de transparencia de los ciudadanos”.

Por ello, APRI propone incorporar las medidas que permitirán garantizar de una manera efectiva el objetivo de transparencia y del derecho a la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos.

La propuesta de APRI -texto completo en el enlace– debe considerarse en su globalidad, acompañada de un conjunto de medidas complementarias para dotar el registro de grupos de interés de la eficacia necesaria. La propuesta desarrolla los siguientes aspectos:

  • Mejor definición de grupo de interés (Art. 2.1)
  • Creación de un Registro Común y su adscripción al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (Art. 3 y 4)
  • Mejor definición del ámbito de aplicación (Art. 7, 8 y disposición final 2)
  • Consecuencias de la inscripción detalladas y Código de Conducta (Art. 9 y 10)
  • Amplia definición de responsable público (Art. 2.3).
  • Mejor definición de derechos y obligaciones (Art. 11 y 12).
  • Agendas públicas (Art. 18 a 21)
  • Huella de la actuación pública (Art. 16)
  • Conflicto de intereses y puertas giratorias (Art. 22 y disposición final segunda)

Infografía 1Infografía 2

Infografía 3

A pocos días de que finalice el año, un total de 338 grupos de interés se han apuntado al registro que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)puso en marcha principios de marzo. El grupo más mayoritario de ‘?lobbies’? registrado hasta ahora lo constituyen las patronales empresariales, con la CEOE o la asociación madrileñaCEIM a la cabeza.

La Asociación Española de la Economia Digital, la Federación Española Empresarial de Transporte de Viajeros (ASINTRA) o la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados son otras de las patronales que se han registrado. También la de banca AEB, la de aerolíneas Aceta, la de bebidas refrescantes (Anfabra) o la Asociación Española del Gas.

Además, se inscribieron en el registro de grupos de interés de la CNMC las patronales de las de constructoras Seopan y CNC, la eléctrica Unesa, la de renovables APPA, la hotelera Cehat, la de seguros Unespa, las de comercio CEC y Anged, la del autobús Fenebus y la de telecomunicaciones Ametic.

También aparecen en el listado empresas en solitario, como Telefónica, Correos, Cellnex o Red Eléctrica, así como la plataforma para compartir coche BlaBlaCar, una de las compañías de consumo colaborativo más destacadas.

Por otro lado, se han inscrito asociaciones de consumidores como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la Confederación Española de cooperativas de Consumidores y Usuarios (Hispaccop), la de Usuarios de la Comunicación (AUC) la Asociación de Internautas y la Asociación de Usuarios de Internet.

Hay además empresas dedicadas a la comunicación (Evercom, Burson-Marsteller, Edelman, Hill and Knowlton o Llorente y Cuenca) y organizaciones sociales (Comité de Representantes de Personas con Discapacidad, la Plataforma de ONG de Acción Social o la Confederación LGTB Española Colegas).

Sin embargo, el ritmo de inscripciones en el registro se ha ralentizado en los últimos meses, ya que a finales de mayo eran ya cerca de 225 los ?lobbies? registrados y a finales de julio había 275. En lo que va de diciembre solo ha habido cuatro inscripciones, como señala Servimedia.

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