Según Rafa Rubio, Doctor en Derecho Constitucional y profesor titular de la UCM; Luis Marañón, politólogo y consultor en Asuntos Públicos y Comunicación Estratégica y Miguel Ángel Gonzalo, archivero-bibliotecario de las Cortes Generales; en su artículo “¿Existe el lobby ciudadano? Una experiencia de participación en el congreso de los diputados.” publicado en la Revista de las Cortes Generales el 30 de junio de 2021; en España, en los últimos tiempos, se han perfeccionado las vías a nivel autonómico y nacional para fomentar la participación de los ciudadanos en la actividad parlamentaria. Las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas han abierto distintos procesos de participación ciudadana, muchos de ellos a través de instrumentos tecnológicos y el Congreso de los Diputados y el Senado recopilan distintas formas de contacto con los representantes. Esto responde al creciente interés que existe, tanto en las instituciones como entre los propios ciudadanos; de que los individuos puedan enviar sus aportaciones a los procesos parlamentarios y participen en el proceso de toma de decisiones, convirtiendo al ciudadano en un actor político de relevancia y surgiendo así lo que se conoce como el “lobby ciudadano”.
Este concepto busca que los ciudadanos se incorporen de manera individual al funcionamiento de las instituciones representativas, contribuyendo en las tareas legislativas y de control a través de aportaciones y contribuciones. Además, el “lobby ciudadano” pretende equiparar la actividad y el alcance de la influencia en la vida política de los individuos con otros actores que realizan estas tareas a modo profesional que cuentan con una amplia experiencia, organización y financiación, como asociaciones o grupos de presión.
El objetivo de aumentar la relación entre los representantes e individuos y del desarrollo del “lobby ciudadano”, ha impulsado la aparición de dinámicas de participación en varios Parlamentos a nivel internacional. En España, este tipo de dinámicas se impulsaron con el canal de participación ciudadana que abrió la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social del Congreso de los Diputados durante la crisis del COVID-19. Este canal de comunicación con los partidos con representación parlamentaria que se desarrolló vía online, tenía como objetivo orientar las medidas de reconstrucción económica y social que se implementarán en los próximos años a raíz de la crisis ocasionada por el COVID-19 y dio cabida a que los ciudadanos manifestaran sus propuestas de forma colectiva (en grupos o asociaciones) o individual. En este sentido, el análisis que realiza el artículo de Rafa Rubio, Luis Marañón, y Miguel Ángel Gonzalo, sobre las aportaciones que se realizaron al canal de participación de la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social del Congreso de los Diputados durante la crisis del COVID-19, ha permitido llegar a diversas conclusiones sobre la existencia (o no) de un “lobby ciudadano” en España, su efectividad, puntos de mejora y la comparación con el nivel de influencia de organizaciones profesionales.
Por un lado, la experiencia ha demostrado que la colaboración ciudadana permite obtener mejores resultados en términos de aportación de conocimiento. La participación de los individuos permite el acercamiento a realidades desconocidas y complejas para los representantes públicos, sobre las que muchas veces carecen de información. En este canal de participación, las propuestas de expertos independientes facilitaron el entendimiento y la toma en consideración de muchos factores. Además, el grado de participación ciudadana fue muy elevado por el gran interés que suscitó el objeto de debate. Así, se demuestra también que si el objeto de participación resulta relevante para los ciudadanos, se garantizará una participación elevada y exitosa.
Sin embargo, se ha demostrado que todavía existen muchas carencias para que el “lobby ciudadano” no profesional pueda influir decisivamente en España. Todavía existe una gran ausencia de mecanismos de seguimiento y respuesta de las aportaciones realizadas así como una gran precariedad de los sistemas de transparencia. Tampoco hay un sistema que informe al ciudadano sobre la aceptación o no de las contribuciones recibidas ni un buscador para encontrar las propuestas. Además, los ciudadanos individualmente cuentan con menos experiencia que los grupos de interés profesionales, lo que se traduce en formatos de presentación, contextos de las propuestas menos elaborados que pueden generar lagunas y deficiencias y resultar menos atractivos para su toma en consideración por las autoridades públicas. En este sentido, concluye el artículo con la idea de que resulta necesario que la participación ciudadana individual cuente con un gran apoyo institucional que instaure mecanismos como medidas para mejorar la información y las habilidades de los ciudadanos para que puedan presentar aportaciones consistentes y completas que ejerzan influencia en el proceso de elaboración de las políticas públicas de igual manera que los organismos y grupos de presión profesionales. Finalmente, para que todo esto resulte realmente efectivo, es necesario que las medidas se incorporen en los Reglamentos Parlamentarios, como muestra del compromiso de las Instituciones Públicas con la participación ciudadana y para garantizar su perdurabilidad en el tiempo.
