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Un total de 9.938 grupos de presión y organizaciones interesadas en influir en la legislación de la UE se han inscrito hasta ahora en el registro de transparencia que Bruselas creó en 2008 y que tenía carácter voluntario. El pasado miércoles 28/09, la Comisión Europea ha propuesto ir un paso más allá: convertir el registro en obligatorio para todos los lobistas que quieran reunirse con representantes no sólo del Ejecutivo comunitario sino también de la Eurocámara y del Consejo de ministros de la UE.

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Yo sí soy lobista,

Y créanme, no me dedico a promover contratos, amañar concursos, cobrar comisiones, hacer regalos… Mi respeto por la profesión, ética personal y códigos deontológicos que he suscrito con mi asociación profesional y mi empresa me lo impiden.

Yo sí soy lobista: me dedico al sano y democrático ejercicio de hacer que mis puntos de vista o los de mis clientes sean tenidos en cuenta por las instituciones públicas antes de que adopten una decisión. Porque creo que deben conocer todas las perspectivas para tomar decisiones informadas. Y eso, ni más ni menos, es el lobby, la representación de intereses, hablo en nombre de todos los colegas que formamos parte de esta profesión.

Muchos hablan de grupos de presión, pero no presionamos con sobres, promesas de contratos o cualquier otro favor; como mucho, ejercemos la presión que los datos y los argumentos basados en razones contrastadas nos permiten.

Los miembros de APRI, asociación que en España representa a los profesionales de las relaciones institucionales, estamos indignados no solo por la apelación inadecuada de personas que intentan defenderse en un banquillo enturbiando nuestra profesión, sino por el daño que se hace a la profesión al albur de esta situación, con intención o sin ella.

María Rosa Rotondo

Presidenta de APRI

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El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, organismo creado por la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno para velar por su cumplimiento y asegurar el derecho que asiste a la ciudadanía de acceder a la información pública, tiene sobre su mesa más de cuarenta peticiones de ciudadanos, asociaciones y periodistas que demandan acceso al contenido de las agendas de altos cargos y miembros del Gobierno.

Es cierto, como ya se ha destacado reiteradamente, que facilitar las agendas no figura entre las obligaciones que legalmente tienen hoy los altos cargos. Pero no es menos cierto que, entre los principios de buen gobierno que deberán inspirar su actuación, figura, según recoge la Ley, “el desempeño de sus funciones con transparencia”.

El preámbulo de la Ley, que tras 40 años de democracia garantiza ¡por fin! el derecho a saber, especifica además que el objeto de la Ley no es otro que “poder someter a escrutinio la acción de los responsables públicos, conocer cómo se toman las decisiones que nos afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones”.

Estén obligados o no, es compatible con avanzar en un compromiso con la transparencia. No cabe duda que la agenda de trabajo de un responsable público es un elemento esencial para dar respuestas transparentes a las demandas ciudadanas. Nadie duda tampoco que, la agenda, es un mecanismo de rendición de cuentas de la actividad pública y que cumple con aquellos principios, ya antiguos, que inspiraron a Rousseau al afirmar que “la democracia es la gestión bajo los ojos del pueblo”.

No habría nada mejor, para alcanzar mayores cotas de transparencia, que saber y entender qué ocurre en la actividad de quien protagoniza la actividad pública y gestiona los intereses de la ciudadanía.

Hoy, tenemos claro, y queda fuera de toda controversia, que el dinero público debe estar sujeto a fiscalización, y que los actos públicos, como actividad ligada a la legalidad y al interés general, están sujetos a exigencia de responsabilidad.  ¿Y el tiempo de un alto cargo? Tan valioso, importante y público… ¿no debe rendir cuentas?

Es un interrogante para la reflexión. No hablamos de las actividades privadas de los responsables públicos, ni de medir los tiempos de su vida íntima y personal, sino de las actividades profesionales con responsabilidad y trascendencia,  de los encuentros donde se adoptan decisiones, de aquellos actos y reuniones con consecuencias para todos.

Las agendas deben pasar del simple y escueto comunicado oficial, respetando siempre la normativa en protección de datos, a ser una auténtica rendición de cuentas.

¿Qué hacen nuestros gestores durante su tiempo público? Si lo pudiéramos conocer, conseguiríamos una mayor confianza en nuestras instituciones, avanzaríamos en la prevención de actuaciones, ya conocidas, que nunca se debieron producir y haríamos de la actividad transparente un valor social, político y personal que serviría de revulsivo a una sociedad un tanto desencantada.

Hay precedentes, además, que nos deben hacer reflexionar. Cuando la agenda pública de un alto cargo se oculta, el tiempo acaba desvelándola y, en ocasiones, con una repercusión social negativa que no habría existido si hubiera sido conocida en su momento.

Aquel razonamiento de que “no hay mejor secreto que aquél que todos conocen” debe alentar la vida pública. Sería el mejor compromiso con la transparencia. Y en esa vía trabaja el Consejo, buscando líneas de consenso para conseguir, entre todos, que el tiempo público no continúe siendo un gran secreto para los ciudadanos.

Esther Arizmendi

Presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

images-1 @ConsejoTBG

 

 

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Esteban Egea Reunión C'sCon motivo de la presentación de la Ley integral de lucha contra la corrupción y protección de denunciantes el Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha organizado, hoy miércoles, una sesión de trabajo informativa sobre los aspectos más relevantes de esta iniciativa, ya registrada en el Congreso de los Diputados.

En la reunión, presidida por el líder de C’s Albert Rivera, han participado el Vicepresidente primero del Congreso, Nacho Prendes; la portavoz del GPC’s en la Comisión de Justicia, Patricia Reyes; y el presidente de la Comisión para la Auditoría de la Calidad Democrática, la Lucha contra la Corrupción y las Reformas Institucionales y Legales, Toni Cantó. Al encuentro han asistido la Presidenta de APRI, María Rosa Rotondo, y el Secretario, Esteban Egea, junto con representantes de Hay Derecho, Foro por la Transparencia, Civio, Change.org, Politikon, +Democracia y Transparencia Internacional.

En su intervención, María Rosa Rotondo ha hecho hincapié en la necesidad de regular el lobby, objetivo que APRI lleva persiguiendo desde el año 2007. Este aspecto queda recogido en la propuesta de C’s, aunque hay más temas que se podrían profundizar -según subrayó la Presidenta Rotondo- tal como la regulación de las puertas giratorias, las agendas públicas o un código de conducta más detallado y en línea con los estándares europeos.

Asistentes Reunión C'sOtros puntos firmes que desde APRI creemos fundamentales para una buena regulación, y que Rotondo le ha trasladado al grupo de C’s en su intervención, son la obligatoriedad y universalidad del registro ante la proliferación de regulaciones en materia en nuestro país. Así como el concepto más amplio de huella de la actuación pública que se está desarrollando desde la asociación, y que hay de incluir en la regulación del lobby.

Desde APRI aplaudimos y evaluamos positivamente la iniciativa de Ciudadanos, aunque nos gustaría subrayar -como llevamos haciendo desde hace tiempo- que la regulación del lobby responde a una necesidad de transparencia de nuestra sociedad y no para luchar contra la corrupción.

Los ciudadanos piden la publicación en el Portal de la Transparencia de las agendas de «todos los altos cargos y diputados/senadores», así como la creación de un registro del lobby. Así figura en las alegaciones que los españoles han presentado al III Plan de Gobierno Abierto de España para llevar a cabo entre 2016 y 2018 y cumplir sus compromisos con la organización internacional Open Government Partnership integrada por 60 países. El Ejecutivo deberá incorporar al Plan una selección de estas iniciativas.

En estas alegaciones se pide la publicación de las agendas de trabajo completas con inclusión de «todas las reuniones profesionales», salvo las que tengan que ver con asuntos de seguridad nacional o pongan en peligro la vida y la seguridad de las personas implicadas.

«Se informará de los interlocutores, el motivo de la reunión, los documentos tratados y su impacto en la normativa final». Además, para poder exigir cuentas a nuestros representantes, «es importante conocer con quiénes se reúnen y a qué acuerdos llegan, y saber si, a la hora de aprobar una norma, el interés común prevalece sobre los intereses de terceros». Los grupos de interés no están regulados ni controlados en España. Por ello, se pide la creación de un registro que «incluya a todas las personas sin excepción que se reúnan con representantes políticos» para intentar influenciar en la tramitación de una norma o negocien precios u otro tipo de colaboraciones.

También se solicita que se establezca un control sobre las puertas giratorias de altos cargos y funcionarios. Las vueltas que dan estas puertas pueden tener impactos problemáticos en el proceso de toma de decisiones en dos situaciones. Una, el funcionario que espera trabajar en el futuro en una empresa privada «podría tomar decisiones favorables para mejorar sus oportunidades personales o por amistad». Y dos, aquélla en que la empresa del lobby aprovecha los contactos de sus nuevos empleados en antiguos trabajos públicos «para que presionen en los procesos legislativos por su conocimiento del sistema, de las personas que forman parte del mismo y responsables de tomar decisiones definitivas». Se propone fijar «un período de enfriamiento mínimo para que los altos cargos no puedan ejercer funciones de lobbistas» y asegurarse que la ley actual se cumple o si está dotada de independencia sobre la poco transparente Oficina de Conflictos de Intereses.

Entre otras alegaciones figura además habilitar un sistema de protección a los funcionarios que revelen la corrupción y crear un organismo de control de contratos públicos. También se pide la publicación de las actas de los órganos colegiados sobre contratación pública, subvenciones o financiación de los partidos;o la lista de espera de la sanidad o de quienes tengan vivienda pública.

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El Registro de Grupo de Interés o ‘lobbies’ creado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha alcanzado, seis meses después de su lanzamiento, los 300 inscritos, aunque solo cuenta con tres empresas del Ibex 35 apuntadas a él.

En concreto, Telefónica, Red Eléctrica de España (REE) y Cellnex Telecom son las únicas de las 35 ‘grandes’ cotizadas que figuran inscritas en el registro, una iniciativa con la que el organismo presidido por José María Marín Quemada pretende identificar y normalizar la actividad de estas organizaciones.

En el registro también figuran el nombre de otras empresas como Bombardier, BlaBlaCar, Correos, British American Tobacco España o EasyJet, entre otras, pero en su gran mayoría el número de registrados corresponde a las patronales empresariales.

Entre ellas, figuran la CEOE, que se adhirió a principios de abril, la patronal de la banca AEB, la de grandes consumidores eléctricos AEGE, la de gasolineras Ceees, la automovilística Anfac, la de constructoras Seopan, la eléctrica Unesa, la de renovables APPA, la de seguros Unespa, la de la industria agroalimentaria FIAB, la farmacéutica Farmaindustria o la de cajas de ahorros CECA.

Además, también se han dado de alta en el registro asociaciones de consumidores como OCU, la Confederación Española de cooperativas de Consumidores y Usuarios (Hispaccop) o la Asociación de Internautas y la Asociación de Usuarios de Internet.

En una entrada en su blog, la CNMC considera que aunque ya son varias las grandes empresas inscritas, deberían ser «un mayor número de estas organizaciones, vertebradoras de la vida económica de este país, las que se sumasen a esta apuesta por una relación transparente con el organismo que supervisa y regula los mercados, garantizando asimismo un saludable nivel de competencia en nuestra economía».

El Registro de Grupos de Interés creado por la CNMC, de carácter público y gratuito, tiene como objetivo crear un mecanismo institucional que haga transparente, de la forma posible, la contribución externa a la actividad de la Comisión, en cualquiera de sus vertientes.

La adhesión al Registro de Grupos de Interés implica la asunción de un decálogo ético que recoge los principios de actuación en las relaciones con los miembros de la CNMC (presidente, consejeros, directores y técnicos).

Pueden adherirse al registro empresas y grupos de empresas; asociaciones profesionales, empresariales o sindicales; consultorías profesionales; despachos y bufetes colectivos, asociaciones, plataformas y redes; grupos de análisis y reflexión e instituciones académicas, entre otros.

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En el último Pleno de la pasada Legislatura, el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad la toma en consideración de una Proposición de reforma del Reglamento de la Cámara para la creación de un registro de grupos de intereses. En esta nueva Legislatura el Grupo Parlamentario Mixto ha registrado una iniciativa casi idéntica a la que en su momento presentó Democracia i Libertat.

Accede a través de este enlace al nuevo texto de la Proposición de reforma del Reglamento del Congreso.

Según informó el Gobierno de Castilla La Mancha, el pasado 06 de septiembre se aprobó el Proyecto de Ley de Transparencia, una vez recibido el informe del Consejo Consultivo y como paso previo al traslado a las Cortes para su debate. Entre las novedades de esta Ley se encuentra la regulación de los grupos de presión, conocidos como «lobbies», que deberán estar registrados en la región, además de abordar aspectos como gastos en publicidad, contratos de la Administración regional, relación de vehículos oficiales y régimen de sanciones que incluso recoge la posibilidad de inhabilitar a altos cargos.

El pleno del Ayuntamiento de Madrid del 27 de julio aprobó la Ordenanza de Transparencia de la Ciudad de Madrid, que ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del día 17 de agosto. Esta ordenanza ve la luz después de un intenso proceso de trabajo en el que se han incorporado las aportaciones de la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil, expertos municipales y de los grupos políticos municipales, e incluso nuestro colectivo.

Enlace al texto original de la Ordenanza