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La Secretaría General del Senado ha emitido un informe, propiciado por una denuncia de Podemos respecto a un viaje a Dublín de senadores del PP y PNV y parlamentarios de Cs invitados por una farmacéutica, en el que recomiendan aprobar un código de conducta de los parlamentarios para regular su relación con los ‘lobbies’. «Se trata de una materia que en cámaras parlamentarias de nuestro entorno se regula, con diverso nivel de intensidad, en los llamados códigos de Conducta, pero que hasta el momento no se han establecido en las Cortes Generales», explican los letrados.

El escrito incluye las recomendaciones del informe Greco (Grupo de Estados Contra la Corrupción) sobre España, relativo a «la prevención de la corrupción en lo que se refiere a miembros del parlamento, jueces y fiscales», adoptado en 2013 y que ha sido objeto de sucesivos informes sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en aquel. Entre las recomendaciones «pertinentes», los letrados destacan que «cada Cámara de las Cortes Generales apruebe un código de conducta de los parlamentarios, que incluya orientaciones, entre otros aspectos, sobre prevención de conflictos de intereses, regalos e invitaciones».

Por otro lado, el informe de los letrados también recomienda que «se adopten normas sobre el modo en que los parlamentarios se relacionan con los grupos de presión y con otros grupos que aspiran a influir en la función legislativa, que incluyan publicidad de sus contactos». Con todo, el informe evidencia la ausencia de regulación y concluye que “no resulta posible efectuar una valoración jurídica (…) dado que la cuestión se plantea en términos sumamente genéricos y, como se ha señalado, no hay normativa específica que regule esta materia”.

La senadora de Unidos Podemos por Álava, Kontxi Palencia, que instó a la Mesa del Senado a solicitar dicho informe sobre los viajes, estancias y regalos que empresas privadas (‘lobbies’) sufragan a los representantes de la Cámara Alta, entiende que “existe un grave problema ético cuando las personas encargadas de regular el sector farmacéutico, por ejemplo, disfrutan viajes o reciben regalos de las grandes empresas farmacéuticas». Desde el grupo confederal remarcan también que el informe de los letrados de la Cámara Alta «reconoce la necesidad de modificar el reglamento del Senado para avanzar en materia de transparencia, garantizando además que los representantes políticos de los españoles y españolas sirvan siempre al bien común y no a intereses particulares».

La portavoz de Unidos Podemos en la comisión de Sanidad impulsó una moción que se lleva esta semana a pleno sobre la regulación de estas prácticas, después de conocerse que un conjunto de senadores del PP y del PNV y de parlamentarios de Ciudadanos (Cs) viajó a Dublín el 26 de noviembre con todos los gastos pagados para «conocer las instalaciones» de Amgen, multinacional del sector farmacéutico. En concreto, según aseguraron fuentes del PP y del PNV a Europa Press, acudieron a Dublín cuatro senadores populares, una senadora del PNV y tres diputados de Cs en el Parlamento andaluz. Asimismo, desde el PP manifestaron que días antes de ese viaje había tenido lugar «un foro muy similar en Zaragoza al que asistieron miembros de todos los partidos y nadie dijo nada».

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Los grupos de presión ya han comenzado a inscribirse en el registro de lobbiescreado por el Gobierno de Ahora Madrid, que comenzó a funcionar a primeros de mes. Seis decenas de lobbies entre personas jurídicas, asociaciones y empresas de toda índole han cursado alta en la plataforma de Transparencia de la web municipal a lo largo del primer mes de 2018, aunque según aseguran desde el Área de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, encabezada por el edil Pablo Soto, «todavía ninguno ha solicitado una reunión con algún representante municipal».

Estos encuentros comenzarán a producirse con el paso de los meses. Al menos, ésa es la intención de la Ejecutiva de la alcaldesa, Manuela Carmena, que ha creado este registro con el objetivo de que estas personas o colectivos que pretenden influir en la toma de decisiones municipales dejen constancia de las reuniones y que éstas puedan ser consultadas por la ciudadanía. La inscripción es obligatoria para todo aquel que quiera ejercer de lobista, salvo las asociaciones y entidades que ya estén inscritas en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Madrid.

Entre los primeros lobbies registrados aparecen empresas con importantes intereses económicos en la ciudad. Es el caso de la cadena de supermercados Mercadona, con más de 20 establecimientos en Madrid, que se inscribió el pasado 11 de enero, o de la multinacional de venta online Amazon, que tiene su sede central y otras delegaciones en distintos puntos de la capital y que se registró con el objetivo de «mantener reunión o encuentro», como consta en su ficha abierta al público a través de la web municipal.

Otras de las grandes empresas que no han tardado en posicionarse son Uber y Cabify, que a través de la patronal Unauto VTC (la principal asociación del sector de alquiler de vehículos con conductor profesional) trasladan la denominada«guerra del taxi» también a este ámbito. Del otro lado, la Federación Española del Taxi ha hecho lo propio, registrando no sólo a esta organización, sino también a su secretario técnico, Emilio Domínguez del Valle.

Mucho interés económico podría haber también en el caso del gigante inmobiliario Unibail-Rodamco, que cuenta con 12 grandes superficies comerciales en nuestro país, tres de ellas en Madrid: Equinoccio, Parquesur y La Vaguada. Esta compañía anunciaba recientemente que invertirá más de 800 millones de euros en España durante los próximos cinco años, según publicaba Expansión. Asimismo, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) o la ANFAC-Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones también se han dado de alta durante las últimas semanas.

Pero no solo de grandes nombres vive este registro de lobbies, que ya cuenta con una composición de lo más variopinta. Con unos intereses muy alejados de la lógica del capitalismo se encuentra por ejemplo la organización Mis Amigas Las Palomas, que lleva ya varios años luchando por los derechos de estas aves, tan odiadas por muchos ciudadanos. Ecologistas en Acción completa el listado de organizaciones en defensa de la fauna y el medio ambiente.

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Ciertamente, el ejercicio del lobby en España está preso de una serie de mitos que lo hacen incomprendido y oscuro. La corrupción ha reforzado esos mitos y ha dañado la imagen de los grupos de presión. Pero las razones de la desconfianza y de la distancia del ciudadano medio hacia los lobbies son, además de la corrupción, la juventud de la que aún goza nuestra democracia, la histórica ausencia de regulación de la profesión y la consecuente falta de transparencia de dicha actividad.

Sin embargo, en España, la mayoría de la población no ha interiorizado aún que los sindicatos, las asociaciones de consumidores, o las organizaciones sociales que reivindican los derechos LGTB, por citar algunos ejemplos, también son lobbies, ampliamente aceptados por la sociedad, aunque sus intereses no son corporativos.

Pero, ¿qué es el lobby?
Según la RAE, lobby significa «grupo de personas influyentes, organizado para presionar en favor de determinados intereses, es decir, un colectivo con intereses comunes que realiza acciones dirigidas a influir para promover decisiones favorables a los intereses de ese sector concreto de la sociedad».

Cuando leemos esta definición, el imaginario colectivo nos lleva a despachos en donde un político intercambia favores con una persona sin rostro, representante de poderosos intereses empresariales. Esto sucede, pero no es lobby; es, en todo caso, tráfico de influencias. En cambio, no pensamos en un sindicato amenazando con una huelga si, en una nueva legislación laboral, hay cambios que afecten a sus trabajadores. Y es que los métodos de los lobbies son distintos, pero el fin es el mismo: influir en la elaboración de las leyes y regulaciones, y en la toma de decisiones.

Un engranaje básico de las democracias desarrolladas
En EEUU, por ejemplo, los lobbies son un engranaje fundamental de la democracia. Son poderosas organizaciones de presión política que tienen un peso incuestionable en la creación de muchas leyes o en el mantenimiento de muchas otras. Aunque tendamos a creer que compran voluntades, el político que escucha a estos grupos también evalúa el peso, en el caso del lobby corporativo, que tienen estas industrias y sus intereses en el tejido económico y social del país: millones de dólares en impuestos y miles de puestos de trabajo que deben ser tenidos en cuenta -a Eisenhower se le atribuyó la frase de «lo que es bueno para la General Motors lo es también para EE UU»-. Así sucede también con lobbies no corporativos. Toda persona que represente una empresa o sector importante, o a un colectivo muy numeroso, defiende un interés que el legislador debe ponderar.

Sin salir del ejemplo norteamericano, los lobbies no son infalibles. El carbón y el acero perdieron la partida durante la Administración Obama y el lobby de las tabacaleras fue derrotado por las condenas millonarias en los juzgados en la década anterior. En estos casos, otros factores fueron determinantes, entre ellos, el bienestar colectivo de la población. Para que los intereses defendidos tengan éxito, deben también ser importantes y comprendidos para un espectro amplio de la sociedad. Si el tabaco mata, o si el carbón daña el planeta, la presión social es más fuerte que cualquier otra presión que pueda ejercerse sobre cualquier político. Como subraya Daniel Ureña, de MAS Consulting, «no hay lobbies buenos y lobbies malos, sino que lo que debe juzgarse son los intereses que cada uno defiende.» Para los lobbies, la imagen pública de los intereses que defienden es tan importante como su labor de influencia con los poderes políticos.

En las democracias avanzadas, pues, los lobbies se han convertido hoy en canalizadores de demandas e información muy útiles en la toma de decisiones. Cuando se está elaborando una ley sobre un sector específico, es necesario que el legislador oiga todos los puntos de vista, reciba informes cualificados, estudie cómo la ley afectará a empresas, a ciudadanos, al medio ambiente, etc., y en ese momento los grupos de presión juegan un papel vertebrador y, en la mayoría de los casos, beneficioso.

La lucha por una mayor transparencia
La problemática actual del lobby en España radica, precisamente, en sus métodos. Una mayor transparencia es lo que demandan, entre otros, la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales, así como distintos organismos, para normalizar esta actividad.

En febrero de 2017 la Comisión Europea criticó la falta de regulación de los lobbies en España. La recientemente fallecida Esther Arizmendi, presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, denunció en su testamento la «opacidad de la Administración» y las deficiencias de la vigente Ley de Transparencia (aprobada en diciembre de 2013) por la cual se creó el primer Registro de Grupos de Interés en España, en funcionamiento desde marzo de 2016.

Por su parte, Transparencia Internacional destaca que el lobby es síntoma de una democracia dinámica, pero que necesita estar dotada de más control y transparencia. En este sentido, en el último índice de Percepción de la Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, España estaba en el número 41 de 176; no era una mala posición, pero estaba por detrás de Bostwana, Cabo Verde, Qatar o Lituania.

Bienvenidos y regulados sean
Los lobbies en España no mejorarán su imagen hasta que exista una mayor transparencia y hasta que la sociedad no interiorice los beneficios que reporta esta actividad.

El lobby profesional es legítimo y sano para una democracia. Es, también, un sector económico en auge y que, con una regulación efectiva, puede ayudar a mejorar los mecanismos de la democracia representativa y defender mejor los intereses de los ciudadanos. Los lobbies, sí, son normales, y necesarios.

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Las grandes compañías y organizaciones no pierden el tiempo para solicitar reuniones con el ayuntamiento.

El próximo día 31 de Enero, a las 18 h., se va a celebrar la Mesa Redonda: Valoración de las medidas y contenidos del Proyecto de Ley integral contra la corrupción, cuyo objetivo fundamental es analizar y valorar las novedades y los aspectos más importantes recogidos en el texto de esta próxima Ley (la llamada Ley omnibus contra la corrupción), actualmente en tramitación parlamentaria. El acto se va a celebrar en la Fundación Ortega y Gasset Marañón (c/ Fortuny, 53). Los intervinientes en la Mesa van a ser: D. Manuel Villoria(Catedrático de Ciencia Política/Comité de Dirección TI-España). Dña. Elisa de la Nuez(Secretaria General. Fundación Hay Derecho). D. Rodrigo Tena (Notario/Patrono Fundación Hay Derecho). Dña. Silvina Bacigalupo (Catedrática de Derecho Penal/Comité de Dirección TI-España). Moderador: D. Jesús Lizcano (Presidente de TI-España/Catedrático de la UAM). Después de las intervenciones habrá un interesante Coloquio con los asistentes.

El Parlamento, la Comisión y el Consejo Europeo inician a final de mes las negociaciones para arrojar luz sobre quién presiona a la Unión Europea. El objetivo es controlar la actuación de los lobbies que campan a sus anchas y mueven voluntades en favor de sus intereses. Las eurodiputadas Sylvie Guillaume y Danuta Hübner son las encargadas de llevar el peso de las negociaciones en representación del Parlamento Europeo. Hay quejas de organizaciones de la sociedad civil que se sienten discriminadas por no haber sido invitadas a un debate que se presume caliente en el que se pretende atar corto a los grupos de presión.

En la UE existen diferentes enfoques para regular el lobby, con solo siete países (Francia, Irlanda, Lituania, Austria, Polonia, Eslovenia y Reino Unido) que han aprobado legislación sobre el tema. El mandato del Parlamento Europeo  para las próximas negociaciones con la Comisión y el Consejo, aprobado por el presidente y los líderes del grupo, busca reforzar y mejorar la rendición de cuentas de las instituciones de la UE y garantizar un proceso de toma de decisiones transparente y abierto.

Negociaciones a puerta cerrada

“La primera reunión técnica tendrá lugar el próximo 29 de enero y la primera reunión política en febrero, mes que marcará el comienzo de las negociaciones. La principal novedad será seguramente la participación del Consejo de la Unión Europea en el Acuerdo. Cuando se traten otros asuntos veremos cómo marchan las negociaciones”, explica a La Celosía Michal Matlak, asistente personal de Danuta Huebner.

“Con respecto a las negociaciones sobre el Acuerdo Interinstitucional entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo de la Unión Europea para un registro obligatorio de transparencia, las rondas de debate tendrán lugar a puerta cerrada. Los actores externos, incluidas las ONG como nosotros, no están invitados y los documentos de esas conversaciones no se harán públicos”, explica Theresa Crysmann, encargada de prensa de Corporate Europe Observatory, entidad que fiscaliza con rigor las anomalías cometidas por lobbies y lobistas.

“Los ciudadanos no saben qué intereses están siendo representados a nivel de la UE, quién los representa, en nombre de quién y qué presupuestos se están movilizando para persuadir a nuestros representantes electos a votar a favor o en contra de una política o decisión determinada. Eso es exactamente de lo que se trata la regulación del lobby: exigir la divulgación, a fin de fomentar la confianza en el proceso político. ¿No es eso lo que la UE necesita desesperadamente?” plantea Alberto Alemanno, autor de ‘Lobbying for Change: Encuentra tu voz para crear una sociedad mejor’.

Debate sobre el registro obligatorio

Para remediar esos defectos, la Comisión de la UE ha propuesto un Acuerdo Interinstitucional con el doble objetivo de hacer que el registro sea obligatorio y extenderlo al Consejo de la Unión Europea, donde se sientan los representantes de los Estados miembros, así como otros organismos de la UE. Para lograr estos objetivos, el nuevo régimen no solo impone requisitos a los lobistas, sino también a los propios responsables de la toma de decisiones, que pueden reunirse con las partes interesadas siempre que se hayan registrado.

“Es importante señalar que la propuesta de registro presentada por la Comisión en septiembre de 2016 no es para el registro obligatorio que la sociedad civil y el Parlamento vienen solicitando desde hace tiempo, es decir, un registro legalmente vinculante obligatorio para todos los lobistas. En cambio, el enfoque de la Comisión es que las tres instituciones se unan a un acuerdo interinstitucional sobre el Registro de Lobby de la UE.

Este acuerdo se basa en ofrecer incentivos a los lobistas, como reuniones con tomadores de decisiones o el acceso a las instalaciones, que están condicionadas al registro. El objetivo es hacer que el lobby no registrado sea lo menos atractivo posible. Pero no es un registro ‘obligatorio’”, señalan desde ALTER-EU que califican las próximas reuniones  como “una propuesta decepcionante”.

En opinión de esta organización que vela por la transparencia, el Consejo se une a la mesa de negociaciones en su mayoría con las manos vacías. “Probemos y comencemos con los aspectos positivos del mandato de negociación del Consejo. Antes que nada, es bueno que el Consejo finalmente haya aceptado unirse al Registro, aumentando así la transparencia a nivel de la UE. Concretamente, el Consejo acordó condicionar las siguientes actividades para los lobistas a su registro: participación en reuniones informativas temáticas y como ponentes en eventos públicos organizados por la Secretaría General para representantes de intereses, así como acceso a las instalaciones del Consejo”.

Desde ALTER-EU se hace hincapié en que el lobby no está regulado en España y, a pesar de la entrada en vigencia de la nueva ley de acceso a la información, sigue siendo casi imposible para el público saber quién está influyendo en los responsables de la toma de decisiones, con qué medios y con qué efecto. “Esto a pesar de la irrupción de nuevos partidos políticos, como Podemos y Ciudadanos, que han contribuido a introducir en la agenda política temas de conflictos de intereses causados ​​por el lobby no regulado y el fenómeno de la puerta giratoria”.

Deben publicarse los nombres de los lobistas

La falta de regulación y transparencia en torno al lobby también ha sido destacada por organizaciones de la sociedad civil, como Transparencia  Internacional en su informe Una evaluación institucional del lobby en España: Análisis y Propuestas. Por su parte Access Info Europe señala puntos importantes que deberían incorporarse en la legislación española a fin de garantizar la total transparencia. “El Poder Ejecutivo debe incluirse. Los grupos de presión se dirigen tanto a las ramas legislativa como ejecutiva y en España la mayoría de las leyes adoptadas son presentadas por el Gobierno. Es importante no olvidar que el lobby también puede servir para proponer cambios a la política o para evitar la redacción de legislación”.

Esta organización pide que se defina quién estará obligado a registrarse y qué información se les solicitará que publiquen. “Como mínimo, deben publicarse los nombres de los lobistas, los intereses específicos que representan y el presupuesto empleado en actividades de lobby”. También exige que los funcionarios públicos publiquen su próxima agenda de reuniones y también un registro de las reuniones realizadas con los grupos de presión. Asimismo ve oportuno que se hagan públicos los documentos de posición presentados por grupos de presión durante los procesos de toma de decisiones en curso.

El número de entidades registradas en la UE ha ido creciendo a lo largo de los años. En la actualidad hay más de 11.000 organizaciones con más de 80.000 empleados, incluyendo las no gubernamentales, asociaciones comerciales, compañías, sindicatos y consultorías. Casi una quinta parte tienen su sede en Bélgica.

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Desde el 1 de enero, la justicia puede imponer sanciones contra los lobbies que no se inscriban en el registro de la administración.

La presión aumenta sobre los grupos de presión. Desde el 1 de julio de 2017, los grupos de interés que tienen influencia sobre las autoridades públicas tienen la obligación de registrarse en un directorio puesto a disposición por la Alta autoridad para la Transparencia de la Vida Pública (HATPV por sus siglas en francés). Con motivo de los primeros seis meses de registro, la institución publicó hace unos días un primer informe que pasó inadvertido pero que contiene un análisis profundo de la identidad de los actores que ejercen presión sobre los funcionarios electos y representantes de la nación.

De acuerdo con el recuento hasta el día de hoy, hay unos  858 grupos de interés en el directorio. Una cifra que parece relativamente baja en comparación con otros países como Italia (1.680 registrados) o Canadá (5.731 registrados). Entre los actores registrados, hay multinacionales como LVMH, Google France o Facebook Francia, así como ONG como Greenpeace.

1 – ¿Qué es un lobby?

Para definir un grupo de interés, el HATPV ha utilizado, en el marco de la ley, tres condiciones relativamente precisas que implican ciertas obligaciones:

  • Un grupo de interés puede ser una entidad legal, es decir, una empresa (pública o privada), un bufete de abogados o una empresa de consultoría, un sindicato. “Un grupo de intereses también puede consistir solo en una persona física que ejerce como individuo, por ejemplo, un consultor o un abogado independiente.”
  • También debe realizar una actividad de representación de intereses, “es decir, toma la iniciativa de ponerse en contacto con un funcionario público para tratar de influir en una decisión pública.” Esto a menudo es una ley o regulación.
  • Finalmente, debe realizar esta actividad de manera principal o regular. “Esta es una actividad principal si dedica más de la mitad de su tiempo, durante un período de seis meses, a preparar, organizar y llevar a cabo acciones de representación de intereses. Por otro lado, será una actividad regular si solo ha logrado más de diez acciones de influencia en los últimos 12 meses.”

2 – ¿Cuáles son sus obligaciones?

Además del registro de los grupos de interés en el directorio, se les exige proporcionar información sobre la identidad de su organización y los temas sobre los que ejercen influencia o presión. También deben hacer una declaración anual de actividades ante el HATPV con datos precisos sobre el tipo de acciones que ha realizado, los funcionarios públicos con lo que han contactado (reuniones cara a cara, conversaciones telefónicas o intercambios de correo electrónico).

3 – ¿Qué sanciones se proporcionan?

La ley de 11 de octubre de 2013 sobre la transparencia de la vida pública ha previsto multas de hasta 15 000 euros y un año de prisión si los representantes no han cumplido sus obligaciones de información. También deben respetar otras reglas cuando entran en contacto con funcionarios electos o cuando organizan seminarios a los que invitan a funcionarios públicos. Un lobbista no debe:

  • ofrecer un regalo a un funcionario público;
  • remunerar a un funcionario público para que lo haga partícipe de una conferencia;
  • tratar de obtener información por medios fraudulentos;
  • vender la información o documentos que obtiene de un funcionario público.

4 – ¿A qué sectores concierne?

De acuerdo con la lista de lobbies publicada por la organización a finales de año, el medio ambiente se encuentra en la parte superior de la lista de los temas que los grupos de interés tratan con más frecuencia, seguidos de la economía y el sector laboral. Los representantes pueden, sin embargo, declarar hasta cinco sectores en los que ejercen influencia. Los inscritos en el registro forman parte principalmente de sociedades o de organizaciones profesionales como las que ilustra el siguiente gráfico:

Chart sobre lobbies en Francia

Reparto de lobbistas según el tipo de organización: sociedades, organizaciones profesionales, asociaciones y ONG, gabinetes de consejo y consulta, sindicatos, cámaras consulares y otros

 

5 – Una difícil fase de registro

La creación de este registro ha generado reservas y críticas. Esto se ha visto reflejado en la fase de registro, que ha demostrado ser “difícil”, dice la Alta Autoridad. “Hubo que realizar muchos esfuerzos educativos para informar y sensibilizar a los representantes de interés sobre esta herramienta.” También se ha pospuesto el calendario de registro en vista de todas estas dificultades y ya hay preocupación por su extensión a las autoridades locales a partir del 1 de julio de 2018.

“Debido a las numerosas interacciones que se producen diariamente entre los funcionarios electos locales y los actores de la vida económica y social local, se teme que la complejidad del dispositivo lleve a su eliminación.”

Por otra parte, la falta de recursos humanos del HATPV, que cuenta solo con 50 agentes, podría aumentar las dificultades de control según afirmaciones de Jean-Yves Lucas, referente de la asociación Anticor, especializada en la lucha contra la corrupción política en el diario Libération. “El problema es que el HATVP no tiene suficientes recursos humanos y financieros para hacer frente a todos los controles que se le piden de manera rápida”, hecho que supone una bendición para sus detractores.

 Grégoire Normand

Traducción: Fernando Magallanes

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El Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) concluye en su último informe que ha habido un progreso limitado en España en el cumplimiento de sus recomendaciones y que el nivel de ejecución del país sigue siendo “globalmente insatisfactorio”.

El informe publicado este 3 de enero de 2018 desprende que España aún no ha implementado por completo ninguna de las 11 recomendacionesque Greco emitió en 2013: siete lo han hecho parcialmente y cuatro no han sido implementadas en absoluto.

Con respecto a los parlamentarios, varias recomendaciones esperan su puesta en marcha, incluida la adopción de un código de conducta en ambas cámaras y una revisión exhaustiva de la información financiera publicada. Por otro lado, el organismo internacional celebra que se hayan dado pasos adelante para la creación de un registro de lobbies, que permitirá mejorar la transparencia sobre cómo los parlamentarios interactúan con los grupos de presión y otras partes.

Greco subraya en su informe la alta calidad del sistema judicial español y celebra el proceso de reflexión que está en curso para aumentar la independencia y la eficiencia del poder judicial, incluidos los cambios en los sistemas de nombramientos. Destaca que se haya adoptado un código de conducta y la creación de una Comisión de Ética Judicial con una función de asesoramiento, aunque todavía no haya comenzado a funcionar.

Con respecto al servicio de fiscalía, Greco lamenta “la falta de una acción más decidida en la redacción de un código de conducta para los fiscales”, que está en curso.

El presidente de Greco, Marin Mrčela, ha enviado una carta a las autoridades españolas solicitando que se tomen medidas concretas con el propósito de lograr un progreso tangible lo antes posible. Las autoridades españolas tendrán que informar de la implementación de las recomendaciones antes del 31 de diciembre de 2018.

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Desde el 1 de enero, cualquier persona o entidad que quiera ejercer la actividad de lobby en Madrid -esto es, influir en la redacción de la normativa o en las políticas municipales- debe haberse inscrito previamente en el Registro de lobbies que ha puesto en marcha el Ayuntamiento. La principal novedad de la iniciativa, frente a otras experiencias de este tipo que ya funcionan, es la conexión directa del Registro con las agendas de los ediles y otros cargos madrileños -casi 300- que desde hace tiempo se publican en el portal del consistorio.

«La finalidad es entender quién incide en la toma de decisiones del Ayuntamiento. Si no conectas decisiones y actores esta trazabilidad se hace muy difícil», explica a elEconomista Pablo Soto, concejal de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto de Madrid.

El Registro, además de ser de inscripción obligatoria, es público, gratuito y de formato abierto. Para acceder a él, las entidades o personas deberán presentar una declaración responsable y suscribir un código de conducta que regula la política de regalos. Una vez dentro, el lobby deberá identificar sus áreas de interés y a sus representantes.

Al recibir la solicitud de reunión a través de la aplicación del Ayuntamiento, el concejal deberá comprobar que la entidad está inscrita. También interrumpir cualquier encuentro en el que se ejerza la actividad de lobby, si éste no ha sido solicitado a través del cauce descrito. El incumplimiento de la normativa expone al edil al régimen sancionador municipal y a la entidad a la expulsión del Registro.

La documentación que se aporte en la reunión se publicará «con el único límite del legítimo interés comercial», manifiesta Soto; «Nos hemos guiado por las pautas que marca la Ley de Transparencia. El órgano municipal analizará qué documentos no deben ser públicos, pero interpretándolo de modo restrictivo».

Los incentivos que la aplicación ofrece a los lobbies o grupos de interés, al margen de brindarles un cauce oficial para ejercer su actividad, son tres. En primer lugar, el mecanismo tiene un sistema de alertas que avisará cuando se abran trámites relacionados con las áreas de interés de la entidad. En segundo término, desde la propia app puede cursarse la solicitud de reunión. Y, finalmente, el Ayuntamiento ofrecerá dependencias municipales para que quien quiera ofrecer un producto o servicio pueda realizar en ellas su presentación del proyecto, invitando de forma conjunta a representantes de todas las áreas consistoriales afectadas.

La regulación exime del deber de inscripción a las entidades ciudadanas -como las asociaciones vecinales-, pero no lo prohíbe, dado que inscribirse les da acceso a los beneficios que proporciona el Registro.

Soto confía en que el Registro sirva para aumentar el número de actores escuchados en la elaboración de la normativa. El PP, por su parte, el único partido que votó en contra de la iniciativa, critica la amplitud de la definición que se hace de lobby y la «carga ideológica» de la que adolece la regulación.

Las experiencias europea y catalana

Hasta la fecha, el Parlamento de Cataluña es la única institución española que ha aprobado un Registro de ‘lobbies’, en el que ya hay inscritos, desde comienzos del año pasado, casi 2.500 entidades. Otras comunidades, como Castilla-La Mancha, Navarra, Asturias y la Comunidad Valenciana, trabajan en ello.

También el Congreso de los Diputados, que en marzo admitió a trámite una propuesta del PP para regular la influencia que ejercen los grupos de interés. El Europarlamento también cuenta con un Registro a través del cual se encauza la participación de las más de 11.600 entidades inscritas.

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El Gobierno regulará por ley los lobbies en España y para ello creará un registro público donde empresas, consultoras, despachos de abogados, asociaciones y otros grupos de presión, que hasta ahora venían realizando este tipo de actividad,  deberán inscribirse obligatoriamente.

Mariano Rajoy cuenta ya con el apoyo de Ciudadanos y espera que el PSOE se sume a esta iniciativa legislativa ya que necesitaría de la mayoría absoluta para poder salir adelante. Esta nueva ley pretende hacer más transparente una actividad que en España escapa al control del Estado.

El sistema que quiere implantar el Ministerio de Justicia penalizará a aquellas personas que, una vez creado el registro, sean ‘cazadas’ realizando este tipo de actividad y dotará de un alto grado de transparencia esta actividad que en España casi siempre ha sido asociada al tráfico de influencias, la corrupción y los intereses de las grandes corporaciones.

Existen ejemplos legislativos similares en países como Estados Unidos y Reino Unido, además de la propia Unión Europea, donde la Comisión y el Parlamento implantaron en 2011 un registro común denominado ‘Transparency Register’ –Registro de Transparencia, en su traducción al español–.

La regulación de EEUU en materia de lobbies

Los pioneros en este campo han sido los Estados Unidos, donde los lobbies tienen una importante presencia en el mundo de los negocios y la política. En el año 1995, bajo la Administración Clinton, el Congreso de EEUU aprobó el Lobbying Disclosure Act. Esta ley obligaba a las organizaciones dedicadas a hacer lobby a cumplir con unos requisitos de transparencia si no querían quedar fuera del mercado. Debían publicar semestralmente un resumen de sus actividadessus gastos y las listas de lobbistasque tenían en nómina.

Sin embargo, a pesar de que en un principio esas medidas comenzaron a dar sus primeros frutos, se comprobó que eran demasiado laxas tras salir a la luz pública un escándalo de corrupción y tráfico de influencias que implicó a un conocido lobista estadounidense, Jack Abramoff. En el año 2007, las autoridades norteamericanas decidieron endurecer la ley, aumentaron los controles y obligaron a un cumplimiento más estricto de las directrices de transparencia –se debían presentar informes cuatrimestrales y se tenían que hacer públicas las contribuciones económicas a candidatos, comités y personas de interés-.

El registro de lobbies estadounidense cuenta con una media de entre 12.000 y 14.000 profesionales –la crisis de 2008 provocó una caída masiva de las personas registradas– pero según destacados lobistas la excesiva regulación ha propiciado que el sector se haya reinventado. “Ya no es necesario dirigirse directamente a los congresistas”, decía en una conferencia en Madrid el conocido lobista Tony Podesta. Ahora, la movilización de la gente y las campañas de comunicación “tienen un peso más importante”, aseguraba, por eso muchos profesionales prefieren seguir esta vía y no cumplir con las estrictas obligaciones del registro de lobbies.

El Brexit de los lobbies

El peso de los lobbies ha quedado patente en los últimos meses en la dura negociación para consensuar las medidas y la compensación económica del Brexit. Los diferentes grupos de presión, a uno y otro lado del Canal de la Mancha, han ejercido su influencia sobre los gobernantes de cara a conseguir las mejores condiciones para unos y otros, siempre pensando en sus sectores o negocios.

La City, los agricultores, las empresas dedicadas a la importación y exportación, todos ellos han jugado un papel en mayor o menor medida, susurrando a los negociadores del Brexit el acuerdo más sustancial para sus intereses. Por ejemplo, sobre la mesa estaban las medidas que en materia de aduanas se tendrían que tomar para la ‘desconexión’ definitiva del Reino Unido de la Europa comunitaria. Más del 50% de las importaciones y exportaciones se registran en la UE, con lo que un mal acuerdo podría llegar a arruinar a determinados sectores, como la industria automovilística, la farmacéutica o los servicios financieros, ejemplos de lobbies con un importante peso específico en la economía británica.

Es en esta batalla, lejos de los focos, donde los lobbies han presionado para materializar muchas de las decisiones que han propiciado que al final se haya concretado una cifra y unas medidas para el Brexit que cumplieran con las expectativas de todos los grupos de interés.

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