La Asamblea General Electoral de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), tras elegir Junta Directiva de la Asociación para los próximos cuatro años, acordó reivindicar el reconocimiento y regulación de la actividad del lobby en España y ha renovado su compromiso de seguir defendiendo los intereses del centenar de empresas y profesionales que representa.

Entre las  nuevas actividades para los cuatro próximos años de APRI, que además es fundadora  de la Plataforma Europea de Asuntos Públicos (Public Affairs Community of Europe- PACE-), destacan promover el desarrollo de la profesión con acciones encaminadas a dar a conocer la importancia de la gestión de los asuntos públicos entre las empresas, asociaciones y medios de comunicación, explicar qué es el lobby y la importancia del ejercicio de la transparencia en las relaciones con los stakeholders corporativos.

APRI seguirá trabajando para que se apruebe una regulación nacional de los grupos de interés o lobby, que permita impulsar el reconocimiento de la actividad, y dote de mayor transparencia al proceso de toma de decisiones políticas e institucionales, tal y como aparece en el acuerdo de Gobierno de PSOE y Unidas Podemos.

Según la presidenta María Rosa Rotondo, ha llegado el momento que se reconozca y entienda nuestra actividad. Con la nueva Junta trabajaremos para visibilizar a los profesionales de las relaciones institucionales o asuntos públicos y explicar qué es y qué no es el lobby”.

La nueva Junta Directiva cuenta con un nuevo equipo, que es reflejo de todas las generaciones y perfiles profesionales de la asociación. Entre los nuevos miembros de la Junta, se encuentran:

  • María Rosa Rotondo, presidenta, socia fundadora de Political Intelligence; 
  • Esteban Egea Sánchez, secretario, consultor independiente, experto en asuntos públicos; 
  • Luis Suarez de Lezo Ferrer, vicepresidente, Secretario General de la Asociación de Empresarios de Alcobendas;
  • Juan Torres Jiménez, tesorero, Fundador y Director de Asuntos Públicos de Deva; 
  • Adriana Bonezzi Pérez, vocal, External Affairs Manager en British American Tabacco; 
  • Diego Bayón Mendoza, vocal, Director Asociado de Asuntos Públicos en Kreab; 
  • Montse Escudero Pérez, vocal, Directora de Asuntos Públicos de Omnicom PR Group; 
  • Dolores González Pastor, vocal, Gerente en la Oficina Corporativa de Regulación y Políticas Públicas de Telefónica; 
  • Juan Alfonso Herrero, vocal, Director de Asuntos Europeos de Mercadona;  
  • Ángel Mesado Jardi, vocal, Socio Director de 19N Strategies; 
  • Piluca Núñez López, vocal, Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales en la Asociación Empresarial Eólica.
  • Irene Matías, Directora General de APRI.

APRI, un centenar de asociados que aboga por europeizar el lobby español

Fundada en el año 2008 por profesionales de las relaciones institucionales en España, APRI nació para cubrir un vacío en la representación y asociacionismo de esta profesión.

Su objetivo es hacer del lobby una profesión de reconocido prestigio y valor para toda la sociedad y, en especial, para los responsables de todo tipo de organización, como compañías, ONG o asociaciones empresariales. Una profesión que sirva como nexo más eficaz entre los legítimos intereses de la sociedad civil y las decisiones de interés general que toman los decisores políticos como el Gobierno y el parlamento y los restantes poderes públicos de la Administración Central y de sus Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.

Desde sus comienzos, la Asociación entiende la transparencia, la ética y la integridad como elementos importantes a la hora de ejercer esta profesión. Por ello, a partir del año 2011 todos sus socios firman un código de conducta, que representa una autorregulación ante la falta de reglas sobre la actividad en España.

APRI cuenta con más de 100 asociados entre profesionales y empresas quienes abogan por la normalización de la actividad a través de la creación de un registro de grupos de interés, similar al Registro de Transparencia que ya existe ante el Parlamento y la Comisión Europea.

APRI es también el fundador  y miembro de la Plataforma Europea de Asuntos Públicos (Public Affairs Community of Europe- PACE-) creada en el 2018 como plataforma de todas las organizaciones nacionales de profesionales de asuntos públicos europeos, comprometida a contribuir al desarrollo de procedimientos más transparente en la adopción de políticas públicas en toda Europa consolidando una democracia participativa dentro de los estados miembros.

LUIS XIMÉNEZ — MADRID 31 OCT, 2019 – 4:51 PM EN ACTA SANITARIA

El primer desayuno sobre salud organizado por la Asociación de los Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) ha concluido con la percepción de que la futura Ley de Transparencia de la Comunidad de Madrid aún plantea dudas sobre sus posibles efectos, financiación y carácter perdurable.

El encuentro, que fue moderado por iSanidad, se celebró en el Colegio de Economistas de Madrid con el patrocinio de la compañía farmacéutica Grünenthal, y al mismo asistieron como ponentes portavoces de PSOE, Ciudadanos y Podemos

Irene Matías

Así es APRI

La directora general de APRI, Irene Matías, destacó la oportunidad de debatir sobre la participación de las empresas y los pacientes en la Sanidad madrileña, desde la óptica de los decisores políticos, responsables que, en este caso concreto, pertenecen a las formaciones PSOE, Ciudadanos y Podemos.

En su bienvenida al desayuno sectorial, Irene Matías presentó esta entidad como valor de ley a la hora de defender los intereses de los profesionales de las relaciones institucionales tanto dentro como fuera de España, de cara principalmente a normalizar y profesionalizar su actividad y que sean más conocidos y apreciados por la sociedad a la que sirven.

También reseñó Matías el encuentro como el esfuerzo de un grupo de APRI Salud para promover la coordinación de los intereses públicos y privados en el campo de la salud, como bien que trasciende lo sanitario para enraizarse en todos los aspectos del bienestar de los ciudadanos, tales como la alimentación y la nutrición, el consumo, las políticas sociales, el deportey la referida asistencia sanitaria, entre muchos otros.

Todo ello con el bagaje actual de un centenar de profesionales asociados y nueve entidades jurídicas, unidos todos para lograr una adecuada convergencia con el resto de Europa, como demuestra la alianza con la Plataforma Europea de Asuntos Públicos (PACE), a la que APRI ayudó a nacer, con un deseo común de impulsar la transparencia en las materias públicas como expresión democrática de progreso.

Junto a ello, Matías destacó tres fuerzas, como la divulgación, la formación y la interacción política, para que el término «lobista» sea asumido sin consideraciones peyorativas, al definir todo grupo de interés con voz propia en la sociedad, como, por ejemplo, las entidades sin ánimo de lucro, como las pertenecientes al movimiento asociativo de pacientes.

Ana Lorenzo

Apertura a la participación

La directora general de Transparencia, Gobierno Abierto y Participación Ciudadana del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ana Lorenzo, defendió la ley de transparencia de la región, ya que creará, según aseguró, un consejo de transparencia con potestad sancionadora.

Destacó Ana Lorenzo, igualmente, la creación de una Consejería específica de transparencia, por primera vez, de la que penderá una Dirección General que vigilará estrechamente el uso que se haga del Big Data, por ejemplo, como protección del ciudadano.

Al tiempo, Lorenzo compartió con los presentes que el Gobierno autonómico trabaja en la creación de un registro público de lobbies. En una reflexión más amplia, declaró que es exigible a las Administraciones que se hagan comprender por los ciudadanos en sus múltiples comunicaciones.

Carlos Mur

Mantener el bienestar

El director general de iSanidad, Luis de Haro, moderó el debate político que siguió a las dos intervenciones previas. Para ello, lo situó en la posibilidad de lograr un gran acuerdo que haga factible la sostenibilidad de una Sanidad universal basada en impuestos frente a los desafíos que representan amenazas como las de una población progresivamente envejecida,  polimedicada y con creciente tendencia a la polimedicación.

Además, Luis de Haro planteó a los políticos invitados cuestiones tan  inmediatas ante la próxima entrada en vigor de la Ley de Transparencia de la Comunidad de Madrid, que afirmó, se aprobará el próximo año.

Por su parte, el director general de Coordinación Socio-Sanitaria del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, el doctor Carlos Mur, considera imprescindible lograr un pacto político por la Sanidad, cuyas bases sean la equidad, la accesibilidad, una cartera de prestaciones equilibrada y compartida, una normativa menos rígida y una necesaria reforma.

Luis de Haro

Para todo ello, estima Carlos Mur clave superar una organización sanitaria de raíz napoleónica y desinvertir en prestaciones, productos y servicios ineficientes.

Por otro lado, y aunque Mur cree que el paciente cada vez es más tenido en cuenta, admitió que aún no participa de forma directa en el diseño de la Sanidad futura.

Acto seguido, el director general hizo una abierta defensa de la colaboración público privada, a la vez que recordó que el hospital con mejor valoración ciudadana en la región es de carácter concesional.

Aprovechó Mur, igualmente, para defender el carácter profesional de los gestores sanitarios con el deseo de poner coto a las injerencias políticas en los nombramientos al frente de las organizaciones sanitarias públicas.

En respuesta a una pregunta de la comunicadora Irene Tato, desde la grada, este político explicó que es necesario que crezca el movimiento asociativo social, sanitario y hasta cultural, porque todo ello contribuye a mejorar los condicionantes de salud.

Matilde Isabel Díaz Ojeda

Universalidad en equidad

Matilde Isabel Díaz Ojeda, que es portavoz adjunta del grupo parlamentario socialista en la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid, planteó, como fundamentos de iure de la Sanidad, la universalidad y la equidad, frente a experimentos fallidos, en su opinión, como el Real Decreto 16/2012 y sus secuelas en forma de copagos.

De cara a construir una Sanidad para todos, citó Matilde Isabel Díaz Ojeda las 370 medidas anunciadas por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, entre las que incluyó la necesidad de pasar del 6 al 7 por ciento del PIB destinado a Sanidad hacia 2023.

Para lograr una mayor cultura de la participación, Díaz Ojeda invocó argumentos de raíz legal, como el artículo 129 de la Constitución Española, y el 5 de la Ley General de Sanidad, texto que otorgaron a los ciudadanos, y entre ellos a los pacientes, una participación pública aún no establecida.

Sobre los consejos de salud en la Comunidad de Madrid, aseguró la socialista que están faltos de desarrollo, cuando lo exigible sería que los órganos de participación tuvieran carácter permanent, de lo que dedujo que en la región hay tendencia a aprobar leyes que, luego, no se cumplen.

Denunció Díaz Ojeda que estos entes, como el Consejo Madrileño de Salud, fueron enunciados y derogados intermitentemente, antes de su creación, y que volvieron a ser postulados por la Ley de Buen Gobierno de 2017, un hecho que, sin embargo, a día de hoy no les ha dado carta de naturaleza efectiva.

La portavoz socialista estableció, además, que hay colaboración público privada en el suministro de insumos no sanitarios para el sector salud, aunque aseveró que su grupo es partidario de la gestión sanitaria directa, como se demostró en la Comunidad Valenciana, al revertir el Modelo Alzira de gestión indirecta.

Sobre la inminente ley de transparencia, que entrará en vigor en 2020, Díaz Ojeda aseguró que deberá tener el debido respaldo financiador para que pueda aspirar a una adecuada aplicación, porque, tal como insistió, ya hay tradición de no cumplimiento de las leyes en Madrid.

Enrique Veloso

Planteamiento Ciudadanos

El portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos en la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid, Enrique Veloso, estima que hay planteamientos que chirrían mucho en Sanidad, como que se discuta en la capital si los dos nuevos dispositivos de protones se instalan en centros públicos o privados.

Enrique Veloso considera que todo en Sanidad debe ser tamizado por los criterios de la eficiencia y la evidencia científica, además de contar de forma más fehaciente con los pacientes.

De igual modo, destacó Veloso que las nuevas tecnologías hacen más factible el cambio de paradigma aludido, de cara, aseguró, a lograr mejores resultados en salud y mayores tasas de autocuidado. Además, denunció, en otro aspecto, que vaya con tanto retraso el desarrollo normativo que podría permitir una mayor participación de los pacientes.

Sobre la naturaleza propia de la Sanidad, estima este representante de Ciudadanos que debe ser complementaria, a través de una colaboración público privada desarrollada con transparencia y rendición de cuentas, además de revisar los resultados en salud siempre de manera abierta.

En ese punto, se refirió Veloso a los dictámenes de la Cámara de Cuentas de Madrid sobre los acuerdos concesionarios en hospitales regionales, para conocer en detalle la derivación de pacientes y posibles incumplimientos contractuales.

Criticó este político que el Observatorio de Resultados en Salud sea tan inextricable y poco útil para llegar a conclusiones sobre qué hospital es mejor que otro en este o aquel aspecto, fuera de la tradición de otros países avanzados, en los que la información se difunde con toda naturalidad, según afirmó.

Vanessa Lillo

Lo dice Podemos

La portavoz del grupo parlamentario de Podemos en la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid, Vanessa Lillo, discrepó con el portavoz de Ciudadanos al asegurar que todo es política en esta vida, desde comprar el pan por la mañana, además de que que, ser pobre, también tiene un impacto directo en la salud.

Vanessa Lillo pidió pasar de la universalidad legal de la Sanidad a la real, y alegó que la Operación Chamartín también tendrá su lectura en salud. Pese a ello, y en otro aspecto, se alegró del acuerdo alcanzado en la Asamblea de Madrid por todos los partidos políticos para potenciar la Atención Primaria.

Además del observatorio madrileño de la salud, Lillo ve necesario que los órganos consultivos ciudadanos se apoyen en el organigrama municipal e incluso en las asociaciones de vecinos.

Por otro lado, esta ponente desconfía de fórmulas como la calidad percibida para evaluar las prestaciones y los centros sanitarios. En sentido contrario, expuso el caso de su población, Getafe, en la que se decía que uno de sus barrios era el más inseguro cuando la realidad demostraba precisamente lo contrario.

Adriana Bonezzi

También declaró Lillo que la mejor colaboración público privada es aquella que no existe porque transfiere dinero público a manos privadas, y porque, afirmó, cualquier servicio privado es más caro que cualquier público, aseveración que no encontró eco ni positivo ni negativo en la sala. Alegó, también, que las condiciones laborales en los centros privados no son homologables a las de la red pública, cosa que reclamó.

 Administración y lenguaje

Recién llegada del Congreso Biocomunica 2019, la coordinadora de APRI Salud, Adriana Bonezzi, resumió los principales puntos del día, con un mensaje de auxilio hacia aquellos ciudadanos que no saben o no pueden comprender ni lo que le ofrece ni lo que le exige la Administración, principalmente porque fallan los canales de comunicación y porque raramente los poderes públicos hablan el mismo lenguaje que la gente

Desde la platea, el responsable del Foro Español de Pacientes, José Luis Baquero, aseguró que la universalidad de la Sanidad no sirve para nada si no va acompañada de calidad, un patrimonio que está a la baja, según lamenta.

Irene Matías Campano es directora general de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) publica un artículo de opinión en Cuartopoder.es sobre la necesidad de que todo tipo de organizaciones que trasladan sus intereses a poderes públicos se sumen a la Asociación para contribuir en dotar de seguridad jurídica a la actividad mejorando el proceso de toma de decisiones públicas y políticas en España y Europa.

Fundada en el año 2008 por profesionales de las relaciones institucionales en España, la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) nació para cubrir un vacío en la representación y asociacionismo de la profesión, totalmente desconocida en España, cuando en Europa ya comenzaba a tomar forma bajo un paraguas regulatorio de la Comisión Europea. El principal objetivo de nuestra Asociación es hacer del lobby una profesión de reconocido prestigio y valor para toda la sociedad y, en especial, para los responsables de todo tipo de organizaciones: compañías, ONG, asociaciones empresariales, etc. En un ejercicio de responsabilidad y transparencia, abogamos, por ejemplo, por la europeización y consiguiente normalización la actividad, a través del registro de grupos de interés, similar al Registro de Transparencia que ya existe ante el Parlamento y la Comisión UE o los puestos en marcha por el la Generalitat de Cataunya, el Ayuntamiento de Madrid, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana o la Comisión Nacional de Mercados y de Competencia (CNMC).

Hoy, sin embargo, en España, tras varios intentos frustrados, seguimos sin tener una regulación que legitime nuestra labor. La sociedad y los medios que intentan ofrecerle información, y a veces se convierten también en lobbies de facto, ven con naturales reticencias lo que hacemos los lobistas, los profesionales de “public affairs”, asuntos públicos o relaciones institucionales. Pero nosotros somos meros intermediadores de intereses ante las administraciones públicas, y por tanto representantes del sector privado que nos contrata para ello, sean las ONG lobby, corporaciones, asociaciones industriales y profesionales, sindicatos de trabajadores y empresarios, think-tanks, despachos de abogados, organizaciones religiosas o académicas.

La actividad que llamamos lobby constituye un elemento importante en el proceso de elaboración de políticas públicas, tal y como está respaldado por varios artículos de la Constitución Española como el 9.2, 20.1, 23, 103, 105. Esta diseña un modelo de Estado social y democrático de Derecho, que propugna un proyecto de democracia no solo basada en la representación, sino también en la participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos. Nosotros estamos para facilitar y ampliar esa participación con total claridad y transparencia.

La clave de esa participación es que se ejerza con transparencia y ética, por eso desde el año 2011 todos los socios de APRI firman un código de conducta, que representa una autorregulación ante la falta de reglas sobre la actividad en España, una actividad que pretende convertirse en un nexo eficaz entre los legítimos intereses de la sociedad civil y las decisiones de interés general que toman el Gobierno y el Parlamento y los restantes poderes públicos de la Administración Central y de sus Comunidades Autónomas.

Hasta ahora la Asociación la integraban solo profesionales a título individual, pero necesitamos más apoyos, por eso APRI acaba de modificar los estatutos para dar entrada a cualquier organización que desarrolle la actividad del lobby; es decir, a todas aquellas organizaciones que se dediquen a trasladar sus  intereses a los poderes públicos de manera honesta y transparente, ya sean entidades mercantiles, organizaciones empresariales, organizaciones sin ánimo de lucro, patronales, colegios de profesionales, etc.

Los primeros en entrar han sido los que más compartían el afán de transparencia de los fundadores de APRI: las consultoras especializadas en asuntos públicos. En su mayoría son multinacionales que ya operan en Bruselas y entienden el valor y significado de apostar por la profesionalización de la actividad. Entre ellas se encuentran Burson Cohn & Wolfe, Deva, FTI Consulting, HAC Leadership & Management, OmicomPR, Political Intelligence, Kreab y Weber Shandwick. Sin embargo, no es suficiente, el sector necesita que tanto empresas como organizaciones sin animo de lucro se den cuenta de lo que significa apoyar al sector en España. Se trata de un ejercicio de responsabilidad y apuesta para que el día que tengan que representar sus intereses e ideas lo hagan en igualdad de condiciones, sabiendo que la toma de decisiones del representante político se ha desarrollado considerando a todos las partes o intereses involucrados, y que cada una de ellas ha actuado de manera honesta e íntegra.

Como decía la ministra de Industria Reyes Maroto, hace apenas un año en el décimo aniversario de APRI, “una mayor transparencia contribuye a dotar de seguridad jurídica a la actividad del lobby y además mejora la toma de decisiones” Reconocer, normalizar y contribuir a profesionalizar el lobby en España es mejorar la calidad democrática. Para eso, necesitamos todo el apoyo del aquellos que directa o indirectamente quieran representar sus intereses e ideas ante los agentes, decisores públicos o representantes políticos, para contribuir a una mayor inclusión y representación de todos.

Publicado por Cuarto Poder 22 de junio 2019

La situación del registro de lobbies o grupos de interés apenas ha variado desde hace casi dos años, cuando se cumplía un año de aquel 3 de marzo de 2016  en que creaba el citado registro de grupos de interés de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), aunque hace unas semanas se publicaba que España lidera las prácticas de corrupción en Europa según la propia UE, y Transparencia no lo ve. Tras el primer año se anunciaba que llevaba 452 altas, de ellas solo tres empresas del Ibex 35: Telefónica, Cellnex y Red Eléctrica de España (REE). Las demás eran y siguen siendo principalmente asociaciones patronales, organizaciones de consumidores, multinacionales, movimientos ciudadanos, agencias de comunicación o autónomos, con llamativa ausencia de las firmas de auditoría y consultoría (recientemente investigadas desde Competencia por conflicto de interés) y de algunos de los grandes despachos de abogados, que pasan por ser los mayores lobbistas españoles.

Ahora, al cumplirse los tres años, la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) anuncia una jornada de debate para el día 12 de marzo sobre “La urgente regulación de los lobbies”, con este mensaje a los invitados: “En esta materia la CNMC nunca ha sido neutral, fuimos la primera institución de ámbito nacional que creó un registro de Lobbies, sin embargo, a día de hoy, y, pese a estar inscritas la mayor parte de las Asociaciones y Patronales cuyos objetivos tienen que ver con las funciones de esta Autoridad Independiente, la mayor parte de los operadores económicos de los sectores que supervisamos no se han registrado, no lo entendemos. Sólo tres empresas del IBEX 35 lo han hecho”. En esa sesión intervendrá lAsociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), presidida por María Rosa Rotondo Ruiz, que es “el primero y único colectivo en España en representación de los lobistas” y su misión según consta en el Registro es “promulgar un modelo de profesión basada en los valores de la transparencia, la integridad y la democracia a través de la representación de intereses legítimos ante el Parlamento y el Gobierno de España, y los de sus Comunidades Autónomas. Asimismo, nuestro colectivo quiere dar a conocer el valor del lobby y su papel dentro del proceso democrático, como herramienta de representación ante el Parlamento y el Gobierno de España, y los de sus Comunidades Autónomas”. En los ambitos de su interés por la Competencia destaca la “Persecución de conductas que supongan impedir, restringir o falsear la competencia”.

Respecto al debate del día 13 de marzo sobre “El denunciante desamparado”, en el que se anuncia la apertura con una conferencia del ingeniero informático Hervé Falciani, que hizo públicos datos de unos 130.000 defraudadores de más de 100 países, entre ellos varios centenares de españoles, Competencia dice tambien textualmente: “En esta ocasión pretendemos crear una jornada en torno a la necesaria protección de los denunciantes. La CNMC, especialmente, en materia de competencia, con la especificidad y base jurídica de la Ley de Defensa de la Competencia, se ha caracterizado no solo por la defensa de las comunicación de cualquier ilícitos antitrust de cualquier forma, haciendo hincapié no en el envoltorio, cuánto en el contenido, sino que ha permitido que conductas claramente contrarias a la disciplina del mercado fueran reprimidas con sanciones cuyo origen, en última instancia, ha sido una comunicación anónima”.

En los dos últimos años de vida de ese registro español de lobbies de la CNMC del que pasan las empresas del IBEX 35 las inscripciones apenas han aumentado una décima parte, hasta un total de 496, tras las 452 inscripciones del primer año. Entonces solo aparecían 40 empresas, la gran mayoría poco conocidas, pues por ejemplo de las 35 del Ibex español solo estaban y siguen en solitario tres (Telefónica, Cellnex y Red Eléctrica de España), por lo que en ese grupo de las mayores cotizadas españoles siguen ausentes al menos directamente Abengoa, Abertis, Acciona, Aena, ACS,Amadeus, ArcelorMittal, Banco Sabadell, Banco Santander, Bankia, Bankinter, BBVA, la propia empresa organizadora de las Bolsas (Bolsas y Mercados, BME), Caixabank, Día, Ebro,  Enagas, Endesa, FCC, Ferrovial, Naturgy (Gas Natural), Grifols, IAG(Iberia), Iberdrola, Inditex,Indra, Mapre, Mediaset, OHL, Merlin, Melia, Repsol, Sacyr, Siemens-Gamesa, Técnicas Reunidas y Viscofan, además otras que han salido del Ibex como Ebro o Jazztel.

Igualmente, de las grandes  cotizadas de las bolsas mundiales brillan por su ausencia al menos directa en este registro de transparencia las grandes digitales o telecos como Apple, Amazon, Alphabet, AT&T,  Microsoft ni Facebook, IBM, Netflix, o Nike, así como tambien los grandes bancos de inversión  (no están Berkshire Hathaway de Warren Buffett, ni los JPMorgan, etc), y ninguna de las grandes agencias de calificacion (, tampoco los oligopolios globales de medios de pago Visa, Mastercard y AmericanExpress, ni siquiera las farmacéuticas como Johnson & Johnson. Sí figuran British American Tobacco España, EasyJet Airline, Blablacar, Bombardier y Nokia, entre otras.Las ausencias son tambien notables respecto a Europa, empezando por la ausencia de sus tres granbdes gigantes de la cotizacion: Royal Dutch (13 a nivel global), Nestlé (posicion mundial 19) o Novartis ni  Roche, pese a que inluso estas ultimas suman un valor proximo a los 200.000 millones de euros cada una.Igualmente estyán ausenters las asiáticasAlibaba,Tencent o ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) , que pasa del puesto 12 al 14 con 246.889 millones.

Al cumplirse los tres años del citado registro de la CNMC,  los dos últimos ejercicios sólo han aportado 44 nuevas inscripciones, de ellas 24 de empresas y entidades de base asociativa que las representan, como CEOE, Cepyme, CEIM y muchas regionales y provinciales; las del sector de coches (Anfac, Sernauto y Ganvam); las ligadas a la energía eléctrica (Unesa, Acogen, APPA, Eólica…) y a la petrolera (AOP y otras); las constructoras (Seopan, ANCI, CNC); las financieras (AEB, CECA), la seguradora Unespa, la de alimentación y bebidas FIAB, Anunciantes, Tecniberia, Oficemen, Farmaindustria, Anged, Aspapel, Ametic, Stanpa, la Cámara de Comercio de EE UU en España,el Consejo de la Abogacía.

Junto a esas 24 nuevas empresas inscritas en los últimos dos años se han sumado 15 organizaciones no gubernamentales, que ya alcanzan así las 97, tres servicios de consultoría y asesoría, que totalizan ahora 105, y solo otra entidad mas del sector cientifico-investigador o de otros grupos, según refleja el cuadro superior. Empresas solo aparecen el 3 de marzo de 2019 las 46 que siguen, algunas de ellas pequeñas consultoras:

Solo 46 empresas y grupos de empresas transparentes
BLABLACAR
OVIDA FORMACION, S.L.
British American Tobacco España, S.A.
Jesús Pelegrí Muñoz
CARIOTIPO MH5 SL
Estudio de Ingeniería L1 SL
VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A.
KEIRETSU LAB SAL
Innovación Aseguradora
CONFEDERACIÓN NACIONAL DE CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO
ITELAZPI, S.A.
easyJet Airline Company Limited
Multinacionales por marca España
CICERO COMUNICACIÓN, SL
COFARES SOCIEDAD COOPERATIVA FARMACÉUTICA ESPAÑOLA
PRIMAGAS ENERGIA, SAU
Enoges consultores s.l.
Spainwisp S.L.
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos,S.A.
CELLNEX TELECOM
OBWAN NETWORKS AND SERVICES S.L.
Red Eléctrica de España, S.A.U.
Bombardier European Holdings, S.L.U.
ONSICOM
Telefónica, S.A.
IAB Spain (Asociación de anunciantes de internet)
CABLERUNNER IBERICA,S.L.
ABC Arquitectura Modular, S.L.
TERRAMINIUM S.L.
SAULA,S.A.
OBWAN NETWORKS AND SERVICES S.L.
Red Eléctrica de España, S.A.U.
Bombardier European Holdings, S.L.U.
ONSICOM
Telefónica, S.A.
IAB Spain (Asociación de anunciantes de internet)
CABLERUNNER IBERICA,S.L.
ABC Arquitectura Modular, S.L.
TERRAMINIUM S.L.
SAULA,S.A.
ASOCIACION ESPAÑOLA DE PLATAFORMAS DIGITALES DE ALQUILER TEMPORAL (PAT)
Francisco Javier Hernández Cobo
Mistral Tecnologías de Informacion y Comunicaciones SLU
PEDROSA & SALAS PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN S.L.
IG Markets Limited, Sucursal en España
Energía y Servicios Aby 2018, S.L.

En los tres últimos meses se han apuntado apenas 10 nuevas entidades, entre ellas la Asociación Tactical Whistleblower de Hervé Falciani o la entidad financiera internacional IG Markets Limited, Sucursal en España, siendo la última la Asociación Empresarial del Tabaco, sector donde con motivo del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer se supo que los tumores por el tabaco se duplican en 20 años y 100 lobbys neoliberales defienden a la industria. En los ámbitos de su interés por la Competencia destaca la Asociación de Hervé Falciani  “la persecución de conductas que supongan impedir, restringir o falsear la competencia, Control de concentraciones económicas y ayudas públicas (Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia), Aplicación en España de los mecanismos de cooperación y asignación de expedientes con la Comisión Europea, y los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y su Derecho derivado, Informes sobre Proyectos Normativos, Supervisión regulatoria (Artículos 6 al 12), Supervisión y control del mercado de comunicaciones electrónicas, Supervisión y control en el sector eléctrico y en el sector del gas natural, y Supervisión y control en materia de mercado de comunicación audiovisual”.

La idea de incentivar las denuncias de prácticas irregulares que, en ocasiones, acaban en gigantescos fraudes y en otras ponen en riesgo la actividad de las empresas está en la agenda reformista de Europa, pero también de España. El mejor ejemplo de su promoción y uso es Estados Unidos, donde la justicia y organismos supervisores como la autoridad de los mercados de valores SEC destapan a menudo desfalcos y fraudes gracias a chivatazos.

Aquí, en España, el Gobierno del PP, después de que el PP llevara al Congreso una ley para facilitar ‘chivatazos’ al Banco de España, aunque no de forma anónima, dió el último empujón para habilitar un canal de denuncias en el Banco de España sobre solvencia de las entidades financieras y en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre prácticas ilícitas de conducta de mercado. El PP promovió regular por ley para habilitar canales de comunicación para denunciar infracciones tanto en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como en el Banco de España, aunque ante esta última institución no de forma anónima. Sobre la mesa está escalar esta iniciativa a un ámbito mucho más global ,ya que la Comisión Europea aprobó el pasado mes de abril la propuesta de una directiva para proteger a ‘whistleblowers’ de empresas y organismos públicos.

Europa busca dar garantías a las filtraciones

Escándalos como el de ‘los papeles de Panamá’ y los ‘de Paradise’, el caso de Cambridge Analytica y Facebook, el ‘Dieselgate’ o ‘LuxLeaks‘ han convencido a Bruselas sobre el rol capital del filtrador para sacar a la luz gigantescos problemas. En la exposición de la propia directiva reconoce que esos fraudes se detectaron gracias a personas que “alzaron su voz” al tropezar con irregularidades en el marco de su trabajo. Sin embargo, los expertos creen que la directiva europea no surte aún las suficientes garantías de anonimato para el denunciante, de forma que su eficacia podría verse limitada.

Precisamente los discos informáticos con información del HSBC que Falciani entregaría al fisco francés, antes de recalar en España, sería otro ejemplo ya que dieron lugar a ‘la lista Falciani’, bautizada como la mayor filtración de la historia bancaria suiza. Ahora Falciani se ha involucrado en España en la fundación de la Asociación Tactical Whistleblower, que cuenta con más de medio centenar de expertos tecnológicos, matemáticos y académicos de distintas especializaciones, y que propugna sacar de la oscuridad las finanzas y atajar prácticas ilícitas. En este empeño enmarca la creación de la citada autoridad de inteligencia económica bajo la dirección de la política de Seguridad y Defensa, y propugna extender las denuncias más allá de las fronteras de las empresas y abrirlos a la ciudadanía en general, como pretende la nueva directiva europea que aumenta la protección a los denunciantes tras resaltar que el fraude, la corrupción y otras irregularidades dentro de organizaciones o empresas públicas o privadas amenazan gravemente el interés público, e incluso socavan los valores de la Unión Europea.

El Registro de Grupos de Interés (RGI), que es de carácter voluntario, público y gratuito, nació con la finalidad de habilitar y permitir una relación transparente con los grupos de presión. Es decir, de limitar la posibilidad de influencias improcedentes o, simplemente, contrarias o no alineadas con los intereses generales señalados en la Ley de creación de la CNMC. Este organismo pretendía, con este registro, dar un paso más en materia de Buen Gobierno y Transparencia, trasladando las buenas prácticas habituales en otros países y, sobre todo, en la Comisión Europea.Para adherirse al registro, hay que asumir un decálogo ético que recoge los principios de actuación en las relaciones con los miembros de la CNMC (presidente, consejeros, directores y técnicos).

En este contexto, la CNMC difundió la semana pasada que, entre 2012 y 2016 las Administraciones se podrían haber ahorrado un mínimo de 1.700 millones de euros si hubieran utilizado procedimientos competitivos en las adjudicaciones. Es una de las estimaciones que se encuentra en el estudio elaborado por la CNMC sobre los procedimientos de contratación pública, que se estima que tiene un peso en nuestra economía de entre el 10 y el 20% del PIB. (Ver blog), difundido en una semana cargada de nuevos ‘toques’ a las comercializadoras de energía eléctrica y gas natural por irregularidades en la formalización de contratos. Endesa Energía ha sido multada con 260.000 eurosIberdrola Clientes, S.A.U. con 40.000 euros y EDP Energías, S.A.U. con 30.000 euros.

En el ámbito de telecomunicaciones y audiovisual, la CNMC ha publicado su informe sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones impuestas en materia de accesibilidad en los medios audiovisuales (informe).Este informe nos deja varias conclusiones: como que los subtítulos y la lengua de signos han aumentado; y que la ficción y los contenidos culturales son los más accesibles. (Léelo en el blog). Además, hemos publicado datos de despliegue de redes de nueva generación: la fibra óptica ya es el principal modo de acceso a la banda ancha fija en los municipios de más de 50.000 habitantes.

Convocatoria para el 12 de marzo: “La urgente regulación de los lobbies”:

Ponencia inaugural: El Lobby y los medios de comunicación: D. Antonio Castillo Esparcia. Catedrático de Universidad. Licenciado y doctor en Comunicación por la Universitat  Autónoma de Barcelona (UAB)

Mesa Redonda: El mal lobista debe desaparecer.        Moderador: D. Jesús Soria.  Periodista y presentador de SER Consumidor

Ponentes:

  • D. Manuel de la Fuente. Director de Asuntos Públicos de Kreab
  • D. Rafael Miralles Ponce.   Representante de ADICAE
  • D. Enrique García López.  Responsable de Relaciones Institucionales de OCU
  • Dña. María Rosa Rotondo. Presidenta de APRI
  • Dña. Carmen Muñoz Jodar. Directora Senior de Asuntos Públicos de Llorente & Cuenca
  • Dña. Eva Belmonte Belda. Periodista y directora de Fundación CIVIO
  • Dña. Victoria Anderica Caffarena.  Directora del Proyecto de Transparencia en el Ayuntamiento de Madrid

Día 13 de marzo, “El denunciante desamparado”:

Conferencias y debate: Confesiones de un denunciante

  • D. Hervè Falciani
  • Dña. Ana Garrido Ramos

Mesa redonda y debate: En busca de la protección del denunciante. Moderadora: Dña. María Ramírez Fernández. Directora de estrategia de eldiario.es

Ponentes:

  • Dña. Mar España Martí. Directora de la Agencia Española de Protección de Datos
  • D. Manuel Villoria Mendieta. Miembro del Comité Directivo de Transparencia Internacional España
  • Dña. Simona Levi.  Fundadora de Xnet
  • D. Joan Llinares Gómez. Director de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana
  • Dña. Alba Lema Dapena. Presidenta del “Comité de imparcialidad, independencia eintegridad”  de la World Compliance Association
  • Dña. María de la Torre Rodríguez. Compliance Officer y DPO en Grupo Masmovil, y  miembro de la Junta Directiva de CUMPLEN
  • D. Juan Ignacio Ruiz Zorrilla. Secretario General del Instituto Oficiales Cumplimiento –  IOC

Artículo original de ibercampus.es

Por María Rosa Rotondo.

Los españoles llevamos muchos años esperando que los políticos den un verdadero paso adelante en la agenda nacional de la transparencia e integridad públicas. Desde que en 2013 se aprobara la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, no se han producido avances significativos.

[button link=”https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12887″ type=”icon” icon=”paper” newwindow=”yes”] Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.[/button]

Podemos atribuir parte de las causas al devenir político, con varias convocatorias electorales, tensiones territoriales, y hasta la primera moción de censura que ha prosperado en democracia. Pero lo cierto es que, por unas causas u otras, las incitativas languidecen y decaen, sin que haya un claro liderazgo para su impulso como ha pasado en las últimas tres legislaturas. Mientras tanto, el Consejo de Europa sigue dando llamadas que encuentran un eco inmediato en las instituciones pero sin una trayectoria real.

Desde APRI, estamos apoyando los trabajos de los grupos y tramitando nuestras propuestas de mejora o rectificación en base a las propuestas que hemos hecho públicas. Urgimos por lo tanto, a los grupos parlamentarios a no perder de nuevo el tren de esta legislatura y aprobar medidas reales efectivas que contribuyan a la transparencia en nuestras las instituciones. La sociedad y nuestro sector lo necesitan. Nosotros estamos preparados.

Publicación original: diario ABC

Los despachos de abogados se apuntan al lobby. O más bien, a admitir que hacen lobby. La semana pasada, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) anunció que su registro de grupos de interés (lobbies) había superado los 400 inscritos. Una cifra loable habida cuenta que se trata de un registro voluntario para una actividad que todavía no está regulada en España.

Además de las agencias y empresas que se dedican en exclusiva a ello, tanto la CNMC como el Ayuntamiento de Madrid cuentan en sus registros con un puñado de despachos de abogados que admiten que combinan el ejercicio de la abogacía con las actividades de ‘lobby’. En realidad son más, pero no todos quieren admitirlo por las connotaciones negativas que algunos consideran que tiene. Así, en la CNMC están inscritos Ejaso, Legal3 Abogados, Cremades & Calvo-Sotelo, la consultora AbanlexFieldfisher Jausas y Palacio y Asociados, la firma de la exministra Ana Palacio. Ya a nivel local, en el registro del Ayuntamiento de Madrid figuran EY y Ontier.

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“El lobby en nuestro despacho es algo puntual, no es una actividad recurrente”, explica Jordi Ruiz de Villa, socio de Fieldfisher Jausas. El abogado, muy ligado desde hace años al mundo de las franquicias, señala que han actuado como lobistas cuando se ha puesto en marcha alguna iniciativa legislativa que afectase a sus clientes. “Lo que hacemos es mostrar las inquietudes de un sector ante un cambio legislativo que puede afectarles”, resume.

Jordi Ruiz de Villa

No obstante, Ruiz de Villa admite que no es un servicio que ofrezcan directamente. “La gente tiende a malpensar”, señala. Y es cierto, porque todavía hay quien asocia esta práctica con algo ilícito o espurio. A este respecto, el abogado incide en que no se debe confundir el lobby con el tráfico de influencias y recuerda que es una práctica que resulta beneficiosa a la hora de legislar. “Se aportan datos y conocimiento”, añade.

Una tesis similar es la que mantiene Ignacio Benito, socio de Cremades & Calvo-Sotelo y responsable de la práctica de lobby del despacho. “Hay mucho desconocimiento en torno a esta actividad”, señala. “Podríamos definirlo como la búsqueda del interés particular dentro del interés general”. Al igual que Ruiz de Villa, este economista cree que su labor es una ayuda importante para los legisladores. “Generalmente se muestran receptivos y escuchan. Es imposible que dominen todos los sectores, de ahí que nuestro trabajo sea clave”. En el caso de Cremades, Benito explica que la firma cuenta con un equipo de una decena de personas dedicada al lobby encabezadas por él.

Un caso aparte es el de Ontier y EY. Ambas firmas explican que en su caso no hacen lobby pero que figuran en el registro del consistorio madrileño porque es un requisito indispensable para reunirse con un cargo público. En concreto, Ontier se reunió con el concejal de urbanismo José Manuel Calvo en representación de IBEMETEX ERMITA SL para hablar sobre “el área de Ermita del Santo”, cerca del Estadio Vicente Calderón, según se detalla en la web del ayuntamiento. EY, por ahora, no ha mantenido reuniones en nombre de ninguna empresa.

Por otra parte, aunque hay quien apunta a la dificultad de combinar abogacía y lobby, la presidenta de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), María Rosa Rotondo, le resta importancia. “Nos da igual si el ‘lobby’ lo ejercen despachos o consultoras”, explica a este diario. “Desde APRI lo único que defendemos es que ante un mismo trabajo se juegue con las mismas reglas”.

Presidenta María Rosa Rotondo

El lobby en España

El lobby, que no es más que la representación de los intereses de las empresas ante la Administración, es una práctica que en España no está regulada y que ha provocado que hasta la Comisión Europea de un ‘toque’ para normalizarla. Aunque los registros de la CNMC y el Ayuntamiento de Madrid son un pequeño paso en esa dirección, lo cierto es que hoy por hoy no hay una lista ofician con nombres y apellidos de quienes tratan de influir en la producción legislativa del país.

Según el estudio ‘Una evolución del lobby en España. Análisis y propuestas’ elaborado por Transparencia Internacional, algunas medidas que se pueden tomar para normalizar esta actividad pasan por un registro obligatorio de lobistas, la comunicación pública de las reuniones con los agentes públicos, la aprobación de un código ético y la puesta en marcha de un supervisor que vigile (y sancione) las malas praxis del sector.

Ciertamente, el ejercicio del lobby en España está preso de una serie de mitos que lo hacen incomprendido y oscuro. La corrupción ha reforzado esos mitos y ha dañado la imagen de los grupos de presión. Pero las razones de la desconfianza y de la distancia del ciudadano medio hacia los lobbies son, además de la corrupción, la juventud de la que aún goza nuestra democracia, la histórica ausencia de regulación de la profesión y la consecuente falta de transparencia de dicha actividad.

Sin embargo, en España, la mayoría de la población no ha interiorizado aún que los sindicatos, las asociaciones de consumidores, o las organizaciones sociales que reivindican los derechos LGTB, por citar algunos ejemplos, también son lobbies, ampliamente aceptados por la sociedad, aunque sus intereses no son corporativos.

Pero, ¿qué es el lobby?
Según la RAE, lobby significa “grupo de personas influyentes, organizado para presionar en favor de determinados intereses, es decir, un colectivo con intereses comunes que realiza acciones dirigidas a influir para promover decisiones favorables a los intereses de ese sector concreto de la sociedad”.

Cuando leemos esta definición, el imaginario colectivo nos lleva a despachos en donde un político intercambia favores con una persona sin rostro, representante de poderosos intereses empresariales. Esto sucede, pero no es lobby; es, en todo caso, tráfico de influencias. En cambio, no pensamos en un sindicato amenazando con una huelga si, en una nueva legislación laboral, hay cambios que afecten a sus trabajadores. Y es que los métodos de los lobbies son distintos, pero el fin es el mismo: influir en la elaboración de las leyes y regulaciones, y en la toma de decisiones.

Un engranaje básico de las democracias desarrolladas
En EEUU, por ejemplo, los lobbies son un engranaje fundamental de la democracia. Son poderosas organizaciones de presión política que tienen un peso incuestionable en la creación de muchas leyes o en el mantenimiento de muchas otras. Aunque tendamos a creer que compran voluntades, el político que escucha a estos grupos también evalúa el peso, en el caso del lobby corporativo, que tienen estas industrias y sus intereses en el tejido económico y social del país: millones de dólares en impuestos y miles de puestos de trabajo que deben ser tenidos en cuenta -a Eisenhower se le atribuyó la frase de “lo que es bueno para la General Motors lo es también para EE UU”-. Así sucede también con lobbies no corporativos. Toda persona que represente una empresa o sector importante, o a un colectivo muy numeroso, defiende un interés que el legislador debe ponderar.

Sin salir del ejemplo norteamericano, los lobbies no son infalibles. El carbón y el acero perdieron la partida durante la Administración Obama y el lobby de las tabacaleras fue derrotado por las condenas millonarias en los juzgados en la década anterior. En estos casos, otros factores fueron determinantes, entre ellos, el bienestar colectivo de la población. Para que los intereses defendidos tengan éxito, deben también ser importantes y comprendidos para un espectro amplio de la sociedad. Si el tabaco mata, o si el carbón daña el planeta, la presión social es más fuerte que cualquier otra presión que pueda ejercerse sobre cualquier político. Como subraya Daniel Ureña, de MAS Consulting, “no hay lobbies buenos y lobbies malos, sino que lo que debe juzgarse son los intereses que cada uno defiende.” Para los lobbies, la imagen pública de los intereses que defienden es tan importante como su labor de influencia con los poderes políticos.

En las democracias avanzadas, pues, los lobbies se han convertido hoy en canalizadores de demandas e información muy útiles en la toma de decisiones. Cuando se está elaborando una ley sobre un sector específico, es necesario que el legislador oiga todos los puntos de vista, reciba informes cualificados, estudie cómo la ley afectará a empresas, a ciudadanos, al medio ambiente, etc., y en ese momento los grupos de presión juegan un papel vertebrador y, en la mayoría de los casos, beneficioso.

La lucha por una mayor transparencia
La problemática actual del lobby en España radica, precisamente, en sus métodos. Una mayor transparencia es lo que demandan, entre otros, la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales, así como distintos organismos, para normalizar esta actividad.

En febrero de 2017 la Comisión Europea criticó la falta de regulación de los lobbies en España. La recientemente fallecida Esther Arizmendi, presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, denunció en su testamento la “opacidad de la Administración” y las deficiencias de la vigente Ley de Transparencia (aprobada en diciembre de 2013) por la cual se creó el primer Registro de Grupos de Interés en España, en funcionamiento desde marzo de 2016.

Por su parte, Transparencia Internacional destaca que el lobby es síntoma de una democracia dinámica, pero que necesita estar dotada de más control y transparencia. En este sentido, en el último índice de Percepción de la Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, España estaba en el número 41 de 176; no era una mala posición, pero estaba por detrás de Bostwana, Cabo Verde, Qatar o Lituania.

Bienvenidos y regulados sean
Los lobbies en España no mejorarán su imagen hasta que exista una mayor transparencia y hasta que la sociedad no interiorice los beneficios que reporta esta actividad.

El lobby profesional es legítimo y sano para una democracia. Es, también, un sector económico en auge y que, con una regulación efectiva, puede ayudar a mejorar los mecanismos de la democracia representativa y defender mejor los intereses de los ciudadanos. Los lobbies, sí, son normales, y necesarios.

Artículo original

Heraldo de Aragón/Economía, 31 de diciembre 2016

En primera persona

PEDRO FERNÁNDEZ VICEPRESIDENTE DE APRI  

El vicepresidente de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), quien participó en Zaragoza en la jornada ‘La importancia de los asuntos públicos en la gestión empresarial’ organizada por Dircom Aragón, sostiene que la transición de talento entre la administración pública y el sector privado es algo «perfectamente válido, normal y absolutamente necesario».

Hablar de lobby en España tiene una connotación negativa. Se asocia con la corrupción política y empresarial.

De momento sí, pero no es el caso afortunadamente en muchos otros países de nuestro entorno.

En España nadie sabe ni con quién se reúne ni para qué. No hay transparencia.

Todavía hay poco conocimiento de la profesión. La transparencia depende más de las administraciones públicas y de las agendas de los propios lobistas. Por eso se está trabajando desde la propia asociación para que haya más transparencia e integridad en el ejercicio de esta profesión.

De hecho, APRI lleva desde 2007 reivindicando la necesidad de regular el lobby. ¿Ve posible un acuerdo político en esta legislatura?

Eso esperamos. Llevamos trabajando 10 años en divulgar y normalizar la profesión del lobby, que nos parece que es fundamental para el desarrollo y la regeneración democrática. Tenemos bastante confianza de que en esta legislatura pueda progresar algún tipo de desarrollo normativo, más en concreto hacia lo que sería un registro común de lobistas.

¿Cuánto han contribuido las puertas giratorios a tener esa imagen negativa de las relaciones institucionales?

Desgraciadamente mucho, pero creo que es un tema que afecta más a la clase política. Los profesionales del lobby somos muy conscientes de la necesidad de mantener la integridad y de tener un código de conducta muy férreo.

¿Qué opina usted de esa práctica tan habitual en nuestro país? El último intento fallido fue el de colocar al exministro Soria como director ejecutivo del Banco Mundial.

Desde APRI pensamos que el importar el talento de la administración pública y permear el talento del sector privado a la función pública es algo absolutamente necesario y positivo. Sin embargo, cuando se utiliza de forma errónea y se incurren en delitos tipificados en el Código Penal es cuando viene el problema. Lo que denunciamos es un incumplimiento de la ley en algunos casos, pero lo que es la transición de talento entre ambos estamentos es algo perfectamente válido, normal y absolutamente necesario.

¿No le parece mal que un exministro por ejemplo se incorpore a una gran empresa?

Siempre y cuando se trate de la misma actividad, del mismo sector y pase de una manera digamos automática, sin ningún tipo de periodo tal y como prevé la ley, nosotros no podemos estar nunca a favor de eso porque estaríamos incumpliendo la ley. Desde APRI vamos más allá en nuestra propuesta regulatoria, que estamos defendiendo y presentando a todos los grupos parlamentarios. Lo que defendemos en primer lugar es que renuncien a las puertas giratorias todos los representantes públicos, no solo a los altos cargos, y que además se establezcan de forma precisa cuáles son esas áreas de interés para que no pueda haber una migración inmediata en esa área concreta.

¿Son los presidentes de las grandes compañías los verdaderos lobistas en nuestro país?

Yo creo que no. Afortunadamente cada vez hay más profesionales que se dedican a esto, que tienen método, formación específica y que representan los intereses de una manera muy profesional y bastante seria.

¿Y hay lobistas encubiertos en asociaciones y fundaciones creados para otro fin?

Hay gente, asociaciones e instituciones que de facto hacen lobby, pero que probablemente no sean ni conscientes de lo que hacen fruto del desconocimiento que hay sobre el ejercicio de esta profesión.

¿Hasta qué punto pueden influir los profesionales de los asuntos públicos en las decisiones de un gobierno?

Bastante. Sobre todo a la hora de plantear el impacto que pueda tener una regulación, el legislador tiene en cuenta los puntos de vista y a partir de ahí es el que decide.

Ahora tienen más trabajo con la irrupción de nuevos partidos políticos y mayor pluralidad en la toma de decisiones.

Desde luego. Hace nuestro trabajo más interesante y apasionante. En el momento en el que el Parlamento tiene un rol más activo, hay que trabajar a muchos más niveles y estamentos.

¿Cuál es el peso de los asuntos públicos en la gestión empresarial?

Es muy importante porque los asuntos públicos permiten acceder a información sobre lo que pueda acontecer en cuanto a desarrollos normativos que afectan a la estrategia de cualquier empresa. En cuanto a importancia, los representantes de asuntos públicos normalmente están muy cerca de la dirección general de la empresa y se tiene muy en cuenta su punto de vista e incluso el mensaje que pueda trasladarse de cara al exterior.

¿Y es rentable para una empresa contar con lobbies profesionales?

Sí.

¿La profesión goza de buena salud?

Está en auge. Es una profesión de futuro para nuevas generaciones. Estamos viviendo un buen momento, pero sigue siendo muy importante continuar explicando en qué consiste esta profesión, desmitificar el mundo del lobby y normalizarla.

¿Qué hay que tener para ser un buen lobista?

Ser muy inquieto, tener buena capacidad de comunicación, tener una mentalidad estratégica y ser capaz de manejar la ambigüedad o los elementos menos concretos para poder trasladar puntos de vista a veces no sencillos.

 

María Usán

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Capital. Nr. 194, diciembre 2016

Luz y taquígrafos para el ‘lobby’

Con el objetivo de iluminar un campo que está ‘entre tinieblas’ al confundirse con otras actividades que bordean la ilegalidad, la solución es clara: profesionalizar.

 

En la actual legislatura, más del 60% de los diputados son nuevos. Muchos de ellos no saben de todo, o de un determinado campo. Entonces, ¿qué hacen? Reunirse con quien sí posee los conocimientos. “La herramienta del lobista es proveer de información de manera e caz”, afirma Daniel Ureña, socio y director general de Mas Consulting Group. Porque la esencia del lobby es promover el diálogo entre los diferentes actores sociales y empresariales con los representantes políticos. “Teniendo en cuenta que la legislatura vendrá marcada por la necesidad del consenso, el pacto y el acuerdo, no sólo entre los partidos, sino también con el resto de la sociedad, el Congreso y el Senado volverán a ser el centro de la vida política y, por tanto, el escenario principal para el lobby”, añade Ureña.

¿Significa eso que los políticos se verán atraídos por el lado oscuro? ¿Aumentará la corrupción? ¿Las tentaciones estarán al orden del día? ¿Sobornos y tráfico de influencias volverán a ser portada de los medios de comunicación? Los antecedentes no acompañan. Un dato: el 77% de los españoles cree que la corrupción es parte de la cultura de los negocios en el país, mientras que el 67% estima que la única forma de tener éxito en los negocios son las conexiones políticas. De ahí que a veces se confunda lobby con tráfico de influencias. “Ejemplos de malas prácticas contribuyen a la mala imagen del lobby”, asegura Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional en España y catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid.

Registro voluntario. En la página de transparencia de la UE, hay 422 grupos españoles inscritos. ¿Su fin? Intervenir en la toma de decisiones que allí se discuten. ¿Y en España? Actualmente existe un registro en la CNMC de carácter voluntario, público y gratuito en el que están inscritos organizaciones de consumidores, patronales, multinacionales, movimientos ciudadanos, y despachos de abogados, entre otros (Llorente y Cuenca, Anfac, Fiab, Tecniberia, OCU…). En total, unas 350 entidades. Pero ni están todos los que son, ni son todos los que están. “No tenemos un número claro de personas que se dedican a ello en España”, apunta Andrea Vota, gerente de APRI (Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales). Y añade: “Creemos necesaria la normalización de la actividad a través de un registro de transparencia dándole credibilidad”. ¿Cómo debe ser dicho registro? “Obligatorio, ya que si lo haces voluntario, las reglas del juego se quedan para unos, y los demás siguen jugando a su aire”, matiza Vota. En Cataluña ya lo hay, y en el mismo hay unos 800 inscritos. “Es ingenuo pensar que con ello se acabarían las malas prácticas, como también es equivocado pensar que sin regulación no se hace de forma legal”, matiza Jorge Cachinero, director ejecutivo del Senior Management Program del IE Business School y profesor de Lobby. ¿Quiere eso decir que hay un lobby bueno y otro malo? “No es ni una cosa ni otra. Depende de los intereses que se defiendan siempre que se haga de manera ética”, puntualiza Daniel Ureña. Y Jesús Lizcano lo tiene muy claro: “Es una actividad normal que debería estar regulada”.

No hay un código de conducta oficial para lobistas, y sería bueno que existiera. Tampoco un censo. “Si se hace un registro, que se haga bien. El problema son los atajos, que no se registren, y trabajen”, subraya Daniel Ureña. También sería bueno que hubiera una huella legislativa para que se supiera quiénes y por qué se reúnen: que se tuviera constancia de los pasos que se dan desde el primer borrador hasta la aprobación final de la ley. Incluir agendas abiertas de los decisores públicos. Y si se incumple lo estipulado, que ha- ya castigo. “Hablar de sanciones sin dotar al órgano sancionador sería agua de borrajas”, indica Andrea Vota. En definitiva: transparencia, regulación y registro público.

Día a día. El político piensa en votos, en popularidad, en el impacto mediático y en mejorar la sociedad. En España hay alrededor de 122.000 cargos políticos, más de 50.000 organismos públicos y unos 2.500 parlamentarios. Las empresas, por su parte, en su cuenta de resultados. “Para todos ellos el lobby es útil”, asegura Daniel Ureña. ¿Cómo trabajan? “La idea que tiene todo el mundo es la de sentarse a comer, y no es así”, argumenta el gerente de APRI. Hay un componente de análisis y de estrategia muy importante: reunir información, recabar datos y presentarlos. “Hay que salir del estereotipo del relaciones públicas. Es importante, pero no lo único”, matiza Vota. Se parece bastante al de cualquier directivo: muchas horas de despacho, hacer codos, estudiar, interpretar el entorno, la evolución de la política… Y eso exige tiempo, estudio, sacrificio, dedicación y contacto permanente con su grupo de interés. Tienen que salir a encontrarse con sus interlocutores, ya sean funcionarios, miembros del gobierno o políticos, para tratar de persuadirles de las bondades de sus argumentos. “No pueden plantear una decisión sólo por su interés particular, sino que tienen que mirar el del público. Si no es así, puedes no recolectar lo que quieres”, resalta Andrea Vota.

Quiénes tienen más músculo? Si nos centramos en el ámbito empresarial, aquellas armas que están más reguladas o tienen riesgo de estarlo. Y, claro está, los que tienen más recursos: banca, energía, tabaco, alcohol, salud, alimentación… Ahí estaría el Ibex 35. ¿Y cuáles son los sectores que ahora están on fire? Sobre todo uno: alimentación. El regulador está intentando corregir el consumo de los ciudadanos: azúcar, grasas saturadas… En su mente está ‘premiar’ a aquellos que están en línea con la salud, y ‘castigar’ a los enganchados a consumos menos saludables y que, a largo plazo, pueden ser ‘carne de cañón’ de hospitales, con el consiguiente gasto para el sistema sanitario.

Cuestión de saber. Según el estudio ‘La visión empresarial de los Public Affairs en España’, elaborado por APRI, las acciones en materia de asuntos públicos suponen más del 10% del presupuesto anual de las empresas encuestadas. Un porcentaje que no va a menguar en el futuro. “Es difícil encontrar un sector de actividad que no se juegue su cuenta de resultados en relación con el regulador”, señala Jorge Cachinero. De hecho, los profesionales dedicados a este menester llegan a reportar al director general o al consejero delegado de la compañía de turno, cuando no están de hecho en el propio consejo de administración. “Muchas veces las compañías saben más que los gobiernos y que los parlamentos de lo que están hablando”, recalca Cachinero.

¿Cuáles son los pilares sobre los que deben basar su relación con las autoridades, los parlamentos, o el legislativo? “Que la información sea veraz, no basada en rumores ni en opiniones subjetivas”, indica el representante del IE Business School. En segundo lugar, que sean propuestas proporcionadas, con un objetivo claro a cumplir, y que el camino a desarrollar sea el menos oneroso. Por ejemplo, y para acabar con los fallecimientos de jóvenes en accidentes de tráfico tras haber consumido alcohol, el legislador podría solventar el problema prohibiendo fabricar bebidas alcohólicas o la venta de auto- móviles. Esa solución no sería buena. “Tiene que ser una política pública proporcionada al objetivo perseguido”, indica Jorge Cachinero. Y, por último, los lobistas tienen que buscar que las políticas públicas sean aplicables. La razón es bien sencilla: las leyes que no se pueden cumplir no tienen ningún sentido. ¿Cuáles fueron las dos primeras medidas que tomó Woody Allen en Bananas, la película que satirizaba la revolución cubana? Que el idioma oficial fuese el sueco, y que los ciudadanos tenían que cambiar su ropa interior cada hora. A todas luces, decisiones absurdas. “Las compañías que lleguen al regulador cumpliendo estos tres puntos serán las triunfantes”, resume el profesor de Lobby.

 

Valentín Bustos

Redactor Capital

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Según el estudio “La visión empresarial de los Public Affaires en España” realizado por la Escuela Internacional de Comunicación (EIC) y el Foro APRI –integrado por las consultoras de Public Affairs y Relaciones Institucionales Burson-Marsteller, Political Intelligence, KREAB, Deva y Redondo y Asociados- 4 de cada 10 responsables de los asuntos públicos en las empresas y organizaciones en España depende directamente de la dirección general. Los cambios en el tablero político y el aumento de la regulación se adivinan como los factores clave del aumento del peso de estos profesionales en el entorno privado, una tendencia que a todas luces seguirá al alza en España, donde aún se espera una regulación uniforme sobre el lobby y el trabajo de los profesionales de los asuntos públicos.

La regeneración política que ha vivido –y vive actualmente– España, unido a la exigencia de una mayor transparencia a las organizaciones privadas está contribuyendo en los últimos tiempos a que una figura –hasta ahora invisible– salga de las penumbras. Los profesionales de los asuntos públicos o relaciones institucionales (los llamados –y denostados– lobistas) poco a poco se van colocando al frente de las organizaciones y ocupando puestos de poder. Así al menos lo demuestra el estudio “La visión empresarial de los Public Affaires en España”, realizado por la APRI en colaboración con las firmas Burson Marsteller, Deva, KREAB, Political Intelligence y Redondo y Asociados y que se ha presentado esta semana en Madrid. Según este informe, el 40% de los profesionales de los asuntos públicos reporta directamente a la dirección general de las compañías, una prueba del peso que esta figura está cobrando en el sector empresarial nacional.

Aún la figura del profesional de las relaciones institucionales está cobrando protagonismo, y muchas veces estas competencias están siendo asumidas por otras figuras dentro de las empresas. Así, por ejemplo, un 6% de los responsables de marketing y comunicación también se hacen cargo de estas funciones. El 16% de los responsables de los asuntos corporativos. La figura que más acapara las relaciones con los stakeholders públicos es el responsable de relaciones externas, precisamente por esa cercanía con los grupos de interés ajenos a la organización.

Los asuntos públicos están cada vez más integrados en la estructura corporativa

Según el estudio “La visión empresarial de los Public Affaires en España”, las grandes empresas, asociaciones empresariales, despachos de public affaires y ONG´s son quienes más desarrollan esta actividad en España. Influir en la regulación de las actividades sectoriales y mejorar el entorno de negocio de las compañías son las principales utilidades de los public affaires para los profesionales. Sin embargo, y a pesar de la mejora de la imagen del trabajo de estos profesionales, aún la falta de una regulación a nivel nacional hace difícil que cambie la percepción sobre su trabajo con las administraciones públicas. En este sentido, transparencia, regulación, y registro son los factores que, a juicio de los profesionales de las relaciones institucionales, contribuyen a mejorar la percepción de esta actividad en la sociedad. Por este motivo, para la inmensa mayoría de los profesionales entrevistados en el estudio, la regulación de la actividad de lobby y public affaires es necesaria.

Una de las asignaturas pendientes del anterior gobierno del Partido Popular fue sacar adelante la prometida y ansiada regulación del lobby dentro del Congreso de los Diputados. Por el momento, desde algunas comunidades autónomas e instituciones, como la CNMC o el ayuntamiento de Madrid se han puesto en marcha iniciativas relacionadas con el registro de lobistas y empresas dedicadas a los asuntos públicos, aunque estas medidas son vistas con buenos ojos por el sector, aún se consideran insuficientes. Para muchos profesionales, la regulación ayudará a una mejora de la práctica y también una mejora notable en la percepción pública de la actividad del lobby y los asuntos públicos.

El asesoramiento externo en Public Affaires, con buenos ojos por las empresas

Según el estudio de APRI, “la mayoría de las compañías trabajan con consultoras especializadas y el 88% repetiría las compañías contratadas con recursos externos”. En este sentido, la puesta en marcha de registros como el de la CNMC, ha abierto las puertas a muchas empresas del sector a “hacerse visibles” en estas tareas y poder ofrecer sus servicios de una manera profesional, alejada de las sombras.

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