Irene Matías Campano es directora general de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) publica un artículo de opinión en Cuartopoder.es sobre la necesidad de que todo tipo de organizaciones que trasladan sus intereses a poderes públicos se sumen a la Asociación para contribuir en dotar de seguridad jurídica a la actividad mejorando el proceso de toma de decisiones públicas y políticas en España y Europa.
Fundada en el año 2008 por profesionales de las relaciones institucionales en España, la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) nació para cubrir un vacío en la representación y asociacionismo de la profesión, totalmente desconocida en España, cuando en Europa ya comenzaba a tomar forma bajo un paraguas regulatorio de la Comisión Europea. El principal objetivo de nuestra Asociación es hacer del lobby una profesión de reconocido prestigio y valor para toda la sociedad y, en especial, para los responsables de todo tipo de organizaciones: compañías, ONG, asociaciones empresariales, etc. En un ejercicio de responsabilidad y transparencia, abogamos, por ejemplo, por la europeización y consiguiente normalización la actividad, a través del registro de grupos de interés, similar al Registro de Transparencia que ya existe ante el Parlamento y la Comisión UE o los puestos en marcha por el la Generalitat de Cataunya, el Ayuntamiento de Madrid, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana o la Comisión Nacional de Mercados y de Competencia (CNMC).
Hoy, sin embargo, en España, tras varios intentos frustrados, seguimos sin tener una regulación que legitime nuestra labor. La sociedad y los medios que intentan ofrecerle información, y a veces se convierten también en lobbies de facto, ven con naturales reticencias lo que hacemos los lobistas, los profesionales de “public affairs”, asuntos públicos o relaciones institucionales. Pero nosotros somos meros intermediadores de intereses ante las administraciones públicas, y por tanto representantes del sector privado que nos contrata para ello, sean las ONG lobby, corporaciones, asociaciones industriales y profesionales, sindicatos de trabajadores y empresarios, think-tanks, despachos de abogados, organizaciones religiosas o académicas.
La actividad que llamamos lobby constituye un elemento importante en el proceso de elaboración de políticas públicas, tal y como está respaldado por varios artículos de la Constitución Española como el 9.2, 20.1, 23, 103, 105. Esta diseña un modelo de Estado social y democrático de Derecho, que propugna un proyecto de democracia no solo basada en la representación, sino también en la participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos. Nosotros estamos para facilitar y ampliar esa participación con total claridad y transparencia.
La clave de esa participación es que se ejerza con transparencia y ética, por eso desde el año 2011 todos los socios de APRI firman un código de conducta, que representa una autorregulación ante la falta de reglas sobre la actividad en España, una actividad que pretende convertirse en un nexo eficaz entre los legítimos intereses de la sociedad civil y las decisiones de interés general que toman el Gobierno y el Parlamento y los restantes poderes públicos de la Administración Central y de sus Comunidades Autónomas.
Hasta ahora la Asociación la integraban solo profesionales a título individual, pero necesitamos más apoyos, por eso APRI acaba de modificar los estatutos para dar entrada a cualquier organización que desarrolle la actividad del lobby; es decir, a todas aquellas organizaciones que se dediquen a trasladar sus intereses a los poderes públicos de manera honesta y transparente, ya sean entidades mercantiles, organizaciones empresariales, organizaciones sin ánimo de lucro, patronales, colegios de profesionales, etc.
Los primeros en entrar han sido los que más compartían el afán de transparencia de los fundadores de APRI: las consultoras especializadas en asuntos públicos. En su mayoría son multinacionales que ya operan en Bruselas y entienden el valor y significado de apostar por la profesionalización de la actividad. Entre ellas se encuentran Burson Cohn & Wolfe, Deva, FTI Consulting, HAC Leadership & Management, OmicomPR, Political Intelligence, Kreab y Weber Shandwick. Sin embargo, no es suficiente, el sector necesita que tanto empresas como organizaciones sin animo de lucro se den cuenta de lo que significa apoyar al sector en España. Se trata de un ejercicio de responsabilidad y apuesta para que el día que tengan que representar sus intereses e ideas lo hagan en igualdad de condiciones, sabiendo que la toma de decisiones del representante político se ha desarrollado considerando a todos las partes o intereses involucrados, y que cada una de ellas ha actuado de manera honesta e íntegra.
Como decía la ministra de Industria Reyes Maroto, hace apenas un año en el décimo aniversario de APRI, “una mayor transparencia contribuye a dotar de seguridad jurídica a la actividad del lobby y además mejora la toma de decisiones” Reconocer, normalizar y contribuir a profesionalizar el lobby en España es mejorar la calidad democrática. Para eso, necesitamos todo el apoyo del aquellos que directa o indirectamente quieran representar sus intereses e ideas ante los agentes, decisores públicos o representantes políticos, para contribuir a una mayor inclusión y representación de todos.
