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En el panorama en constante evolución de los asuntos públicos, nunca se insistirá lo suficiente en la necesidad de la planificación estratégica y la medición. A medida que las organizaciones navegan por entornos sociopolíticos complejos, el éxito de sus estrategias de asuntos públicos depende de la capacidad de ofrecer resultados tangibles. Sin embargo, en la búsqueda de demostrar el impacto, existe una tendencia predominante a dar prioridad a la cantidad sobre la calidad a la hora de medir el éxito. Este enfoque, aunque tentador, a menudo se queda corto a la hora de proporcionar información significativa sobre la eficacia de una estrategia de asuntos públicos.

Es imperativo reconocer que el verdadero valor de una estrategia de asuntos públicos no reside en el volumen de actividades realizadas, sino en los resultados concretos obtenidos. Los outputs concretos son los resultados tangibles que contribuyen directamente a los objetivos estratégicos de las actividades de asuntos públicos de una organización. Ya se trate de influir en las decisiones políticas, influir en la opinión pública o fomentar la participación de las partes interesadas, estos productos son la base sobre la que se construye el éxito.

La calidad debe primar sobre la cantidad a la hora de medir el éxito de una estrategia de asuntos públicos. En lugar de limitarse a contabilizar el número de reuniones celebradas, comunicados de prensa emitidos o mensajes publicados en las redes sociales, las organizaciones deben centrarse en la calidad y el impacto de estos esfuerzos. Por ejemplo, conseguir un cambio político favorable, obtener una cobertura mediática positiva o movilizar el apoyo público a una causa son indicadores de éxito mucho más significativos que el simple aumento del volumen de actividad.

Además, nunca se insistirá lo suficiente en la importancia de compartir estos resultados concretos dentro de las organizaciones. Con demasiada frecuencia, las funciones de asuntos públicos operan en silos, desconectadas de las metas y objetivos más amplios de la organización. Al mostrar los resultados tangibles de sus esfuerzos, los profesionales de los asuntos públicos pueden posicionarse como valiosos contribuyentes a la misión y el éxito general de la empresa.

Antes de diseñar tácticas o embarcarse en campañas de divulgación, es esencial identificar los resultados concretos que servirán de indicadores del éxito. Para ello es necesario conocer a fondo los objetivos de la organización, las prioridades de las partes interesadas y el panorama político y normativo imperante. Alineando desde el principio las actividades con los resultados deseados, las organizaciones pueden garantizar que sus esfuerzos en asuntos públicos tengan un propósito y un impacto.

Sin outputs concretos, una estrategia de asuntos públicos carece de dirección y responsabilidad. Es como jugar a un juego sin llevar la cuenta: no hay forma de medir el progreso o el éxito. Al dar prioridad a la calidad sobre la cantidad y dedicar tiempo a identificar y compartir resultados concretos, las organizaciones pueden elevar el papel de los asuntos públicos dentro de sus operaciones y demostrar su valor como función estratégica.

En conclusión, el principio rector debe ser la calidad por encima de la cantidad, y compartir estos resultados dentro de las organizaciones es crucial para reconocer el valor de los asuntos públicos como función estratégica. Al dar prioridad a los resultados tangibles y alinear las actividades con los objetivos de la organización, las empresas pueden garantizar que sus esfuerzos en asuntos públicos tengan impacto y significado en el complejo y dinámico entorno actual.

Carlos Parry Lafont

APRI ha puesto en marcha dos grupos de trabajo muy demandados por nuestros socios: APRI Asociaciones y APRI Agroalimentario. APRI Asociaciones nace ante la necesidad de profundizar en el conocimiento del perfil, competencias y habilidades directores y profesionales de las relaciones institucionales que trabajan en las Asociaciones. Así los objetivos serán elaborar y definir el papel de las relaciones institucionales y buenas prácticas; definir y potenciar el perfil del profesional de las Asociaciones; profesionalizar el sector; estandarizar la transparencia en el ámbito de trabajo; crear un espacio para compartir experiencias e información; poner en valor y defender el asociacionismo como vehículo de participación; promover medidas que favorezcan el adecuado desarrollo de las asociaciones; y organizar seminarios formativos en la materia. El grupo lo coordinará nuestro socio Santiago Parras, Secretario General de Asociación de empresas de control de calidad y control técnico independientes.

Por otra parte, APRI Agroalimentario es el resultado del consenso alcanzado entre varios socios de APRI especializados en el sector de la cadena agroalimentaria, componente esencial de la economía y la sociedad española, tal y como ha quedado de manifiesto durante la pandemia. Los objetivos del grupo serán compartir experiencias en el ámbito del desarrollo profesional; debatir temas de actualidad del sector;  elaborar notas o documentos de interés para la asociación; apoyar a los jóvenes que quieran dedicarse al sector; poner en valor el papel de las relaciones institucionales en el ámbito; y acercar la profesión a la universidad en busca de nuevos talentos. El coordinador de este grupo será. Juan Herrero, Responsable de Asuntos Europeos de Mercadona, miembro de la Junta Directiva y socio de APRI.

Juan Fran Cuello de Oro, Director y Asesor en la industria sanitaria y socio de APRI

Durante estas semanas, de obligado confinamiento, el grupo de Salud hemos tenido el gran privilegio de asistir a webminars donde hemos podido abordar diferentes temas, desde conocer cómo fue posible construir el hospital de campaña de Ifema, el impacto ético de las tecnologías para el control del covid19 o la nueva arquitectura de las oficinas tras la pandemia.

El pasado 4 de junio tuvimos la suerte de conocer de primera mano los trabajos sobre la comisión para la reconstrucción social y económica en el congreso gracias a Mario Garcés Sangustin.  

Entre otras cuestiones, la crisis del covid 19 ha situado en primer plano el debate necesario del diseño y transformación del ecosistema de salud, donde se vuelve inaplazable un pacto de Estado que garantice un sistema de salud eficaz, ágil y sostenible.  La gestión de la pandemia del covid 19 ha exacerbado y hecho visibles problemas estructurales existentes como su capacidad operativa, agilidad, eficiencia y su sostenibilidad, tan sólo sostenida por la elevada profesionalidad y compromiso que han demostrado y siguen demostrando los profesionales de la Salud.

Entre otros cambios el sistema debe abrazar de forma definitiva su digitalización, para equilibrar la atención y la salud, su sostenibilidad y su operatividad. Ello cambiará las dimensiones del debate que evolucionará de la operatividad y sostenibilidad del ecosistema (imprescindible) a su dimensión política, como las condiciones de acceso, obligaciones y derechos, que necesariamente llevará a un debate ético.

Como escribí a principios de abril, la pandemia del COVID-19 es una de esas crisis que moldean la historia, un catalizador que acelerará tanto la magnitud como la velocidad de los cambios. Las pandemias han sido un elemento transformador de nuestras sociedades a lo largo de la historia. La peste de Justiniano (siglo VI), la peste negra (siglo XIV) o la Viruela (Siglo XVI-1977) trasfiguraron las sociedades en las que aparecieron, cambiando o influyendo decisivamente el curso de la historia[1].

Pero más recientemente, como escribió Peter Baker en su artículo publicado en The Guardian: “La epidemia global de gripe de 1918 ayudó a crear los servicios nacionales de salud en varios países europeos, que junto a la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial sentaron las bases para el moderno estado de bienestar[2]”. O los cambios en salud y comportamiento social que ha provocado el VIH[3].

Lo que podemos estar seguros es que elSARS-CoV-2 puede ser y será un motor de cambio, de hecho, lo está siendo ya, en muchos aspectos de nuestra vida. Sin más, el confinamiento obligatorio de la población, llevó a que casi todas nuestras relaciones pasen del mundo físico al mundo digital.  Así, el pasado martes 10 de marzo, DE-CIX Frankfurt, el mayor punto de intercambio de internet a nivel global, alcanzó la cifra récord de 9,1 Terabit por segundo[4], gracias a la explosión del teletrabajo, el e-learning, el giro del consumo a la compra on-line o al ocio electrónico.

Si hay un sector que ha estado ampliamente impactado por esta calamidad, es el ecosistema de Salud. Hemos visto a diario la situación de los hospitales y el heroico compromiso de los profesionales de la salud. Pero a la vez observamos, forzados por la situación, hemos adelantado más de 10 años en la incorporación de elementos tecnológicos que deberían generar cambios definitivos en cómo nos relacionamos con la Salud y en como se transforma nuestro maltrecho sistema sanitario.

Quizás uno de los cambios más visibles es la explosión clara de la Telemedicina. El miedo a ir a los hospitales, que haya centros de salud cerrados y en paralelo el gran volumen de demanda de los servicios sanitarios, han superado las barreras regulatorias y sociales para que confiemos en que un profesional de la salud nos pueda atender a través de una pantalla de un móvil, tableta u ordenador. Los mismos pacientes con COVID19, están siendo seguidos a domicilio a través de telemedicina, pero otras especialidades como, por ejemplo, ciertas consultas ambulatorias, atención primaria, dermatología o pediatría entre otras, la han incorporado o piensan incorporarla como una práctica habitual, dependiendo de los casos.

Existe una gran diferencia entre la sanidad pública y privada, pero en el corto plazo, la total adopción de la telemedicina podría tener un alto impacto en los sistemas de salud permitiendo que sean más ágiles, eficaces y sostenibles. Tan sólo en los USA, la Asociación Médica Americana afirma que «casi el 75% de todas las visitas al médico, y a los servicios de urgencia son innecesarias o podrían ser manejadas de manera segura y efectiva por teléfono o videoconferencia[5]». Pero si miramos un poco más cerca, un estudio de la Fundació TIC Salut Social y la Oficina eSalut (CatSalut. Servei Català de la Salut de la Generalitat de Catalunya) concluye que casi el 80% de las teleconsultas con la atención primaria (eConsulta) evitan una visita presencial[6].

Otra de las tendencias implacables que estamos viendo, debido a la alta transmisibilidad del virus, es la implementación de la robótica o droides de forma extensiva en los hospitales. Hemos visto robots que ejercían como una extensión del equipo médico o de enfermería, como el robot Vici[7] desarrollado por la empresa InTouch Health, que permite la comunicación con el paciente a través una pantalla, altavoces y un micrófono, pero, además, también posee un fonendoscopio y permite realizar pruebas básicas como la medición de temperatura.

Pero sin duda alguna, el uso de nuestros teléfonos móviles como elemento de salud está siendo un pilar fundamental en el control de la pandemia. Establecerá un precedente y hábitos que tendrán un impacto definitivo en el futuro. Desde el control epidemiológico de la misma, ya sea a través de la geolocalización o del uso de Bluetooth, para saber si se ha estado cerca de un foco de contagio, como ha utilizado el gobierno de Singapur, o la alianza de Google y Apple[8] que, según ellos mismos, quieren realizar para ayudar a gobiernos y a los organismos de salud a reducir la propagación del virus. Hay muchos ejemplos disponibles, como la utilización de APPs que traqueen los síntomas para acelerar el triaje de posibles pacientes, como son las utilizadas por los gobiernos regionales de la Comunidad de Madrid, Cataluña[9] o Euskadi.

Aunque controvertido, nuestro móvil se ha convertido, como en el caso de China[10], en un posible pasaporte biológico, con el que poder vigilar, vía geolocalización, que los ciudadanos en contacto con casos positivos cumplan la cuarentena domiciliaria impuesta, notificando alertas a las autoridades de los movimientos de éste, o el acceso o no a diferentes lugares.

Evidentemente se nos abre delante el debate sobre como nuestra privacidad puede verse invadida en estos casos. Y este es un punto clave ya que cualquier transformación del ecosistema de la salud pasa por colocar al paciente en el centro del mismo. Uno de los mayores retos es ofrece empoderamiento a los pacientes,  ofrecerles  con capacidad para decidir, satisfacer necesidades y resolver problemas, con pensamiento crítico y control sobre su vida, y esto pasa por garantizar la preparación y conocimiento de los mismos. 

Se trata de un modelo menos paternalista, pero que ofrece al paciente la capacidad de poder tomar decisiones sobre su salud, ya sea a nivel de autocuidado, como en coordinación con los profesionales de la salud, como hemos podido comprobar en esta crisis.

Al mismo tiempo se ha producido una tremenda ebullición del uso rápido y colaborativo de los datos médicos y el uso del Big Data para analizar los datos que ha generado el COVID-19 para entender a un agente infeccioso que apareció a finales de 2019, que nos permita lograr agentes terapéuticos y el descubrimiento de una vacuna.  Ejemplos como el uso que hace la compañía Quibim[11] del Deep Learning para la ayuda radiológica en el diagnóstico de pacientes con COVID-19, o diferentes estudios, o la toma de decisiones epidemiológicas basados en modelos matemáticos, o el lanzamiento del ambicioso ensayo clínico “Solidarity[12]” por parte de la OMS[13] tan sólo 60 días después de que la secuencia genética del coronavirus fuese compartida.

Como hemos escrito con el profesor de ESADE Javier Busquests[14],[15] la incorporación definitiva de estas tecnologías se debe unir a otros elementos que permita debatir la sostenibilidad del sistema de salud considerando la situación de deuda acumulada y las futuras dificultades de financiación es una cuestión que nos llevamos realizando desde la pasada crisis financiera. El reto de la sostenibilidad del sistema se centra en su consideración de derecho básico (sistema sanitario público, universal y gratuito) e introduce la corresponsabilidad para asegurar su mantenimiento.

En los momentos actuales nadie cuestiona el modelo de sanidad publica, pero podría aparecer, una vez superada la crisis del COVID19, el debate sobre la introducción de sistemas pagos compartidos (los impuestos son una forma de pago), sistemas mixtos público-privados, o la evolución del sistema será tecnológico, por la vía de Venture Capital y la explotación de innovaciones y patentes.

Sin duda alguna, en esta transformación del ecosistema sanitario es necesario la construcción de puentes que aumenten la colaboración publico-privada que permita la consolidación de estos avances tecnológicos, además de establecer un dialogo con todos los agentes que participan del ecosistema de salud que garantice el futuro de un sistema de salud con un incremento continuo de la demanda y presión.

No debemos perder la oportunidad de reconstruir una de los grades victorias de nuestro estado del bienestar.


[1] https://historia.nationalgeographic.com.es/a/grandes-pandemias-historia_15178/4

[2] https://www.theguardian.com/world/2020/mar/31/how-will-the-world-emerge-from-the-coronavirus-crisis

[3] Virus de Inmunodeficiencia Humana

[4] https://www.abc.es/tecnologia/redes/abci-estado-alarma-provoca-record-consumo-internet-madrid-202003171241_noticia.html

[5] https://www.ama-assn.org/practice-management/digital/ama-quick-guide-telemedicine-practice

[6] https://ticsalutsocial.cat/es/actualitat/estudi_econsulta/

[7] https://intouchhealth.com/telehealth-devices/intouch-vici/?gdprorigin=true

[8] https://www.lavanguardia.com/tecnologia/20200410/48406931043/apple-google-asociados-crear-apps-contra-covid19.html

[9] https://web.gencat.cat/es/actualitat/detall/Nova-app-per-detectar-la-Covid-19-a-Catalunya

[10]https://edition.cnn.com/videos/world/2020/04/10/china-coronavirus-covid-19-tracking-app-culver-townhall-intl-hnk-vpx.cnn

[11] https://quibim.com/

[12] https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/solidarity-clinical-trial-for-covid-19-treatments

[13] Organización Mundial de la Salud

[14] https://www.harvard-deusto.com/el-futuro-ecosistema-de-la-salud-explorando-posibles-escenarios

[15] https://www.expansion.com/blogs/sociedad-empresa-digital/2020/05/28/la-transformacion-digital-y-el.html

Pedro Claver, especialista en Comunicación Institucional y Asuntos Públicos y socio de APRI

Para entender el papel que está desempeñando la farmacia comunitaria en esta emergencia sanitaria, lo primero que hay que hacer es señalar, muy brevemente, su marco legal. Tanto la Ley 16/1997, de 25 de abril, de regulación de servicios de las Oficinas de Farmacia, como la Ley 29/2006 de 27 de julio, de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, definen las farmacias como “establecimientos sanitarios privados de interés público”, que además están sujetos a la planificación sanitaria que establezcan las Comunidades Autónomas. Y, por supuesto, los sucesivos Decretos del Gobierno y Órdenes del Ministerio de Sanidad que han ido regulando el Estado de Alarma han reconocido la condición de la farmacia comunitaria como un establecimiento sanitario esencial. Una normativa y una crisis sanitaria sin precedentes que ha posicionado a la red de 22.071 farmacias en la primera línea de frente. Desde el minuto cero, la Organización Farmacéutica Colegial fue consciente de que una situación excepcional requiere medidas excepcionales. Incluso antes de la declaración del Estado de Alarma, ya se trasladó a las autoridades sanitarias una serie de propuestas con dos claros objetivos: aliviar la tensión y sobrecarga de trabajo de otros recursos del Sistema Nacional de Salud; y garantizar la prestación farmacéutica a toda la población, evitando el mayor número de desplazamientos posibles. Entre las medidas ya implantadas en un importante número de Comunidades Autónomas destacan la entrega de medicamentos a domicilio a personas mayores y colectivas de riesgo; la dispensación en farmacia de medicamentos que hasta este momento los pacientes, normalmente pertenecientes a grupos de riesgo, exclusivamente podían recoger en hospitales; o el reparto de mascarillas a través de la tarjeta sanitaria individual a más de 21 millones de españoles.

En lo social, se han impulsado iniciativas como mascarilla-19, implantada en más de 16.000 farmacias y destinada a prestar ayuda a víctimas de violencia de género y que ha sido exportada a países como Francia, Argentina o Chile; o la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado en la detección de personas pertenecientes a colectivos vulnerables y que han dejado de retirar su medicación habitual, señal de que pueden necesitar ayuda. Pero como lo que no se mide, no se puede mejorar, la Organización Farmacéutica Colegial ha querido conocer la valoración del Papel de la Farmacia en la Crisis del COVID-19 a través de un estudio realizado por GAD-3. Destacaré dos datos: más de 30 millones de españoles fueron a una farmacia durante el primer mes de confinamiento; de los cuales más de 5,5 millones lo hicieron por motivos relacionados con el coronavirus; y un 91,3% de los ciudadanos valora positivamente la actuación de la farmacia en la crisis.

En resumen, se ha demostrado que el modelo español de farmacia ha sido clave en la respuesta sanitaria al coronavirus; que el farmacéutico es el profesional sanitario más accesible; y que ningún ciudadano se ha quedado sin su medicamento, pues incluso en peor momento de la crisis ha estado operativa el 99,8% de la red de farmacias. Pero ahora se trata de mirar al día después. La Organización Farmacéutica Colegial siempre lo hace, pero ahora con más intensidad que nunca. Como recordaban algunos de los mejores profesionales de los Asuntos Públicos que hay en España, el ritmo y alcance de los cambios normativos producidos en los dos últimos meses -y que continuarán durante bastantes más- solo es comparable con lo ocurrido en 1978, cuando se aprobó la Constitución, o en 1986, cuando España ingresó en la Unión Europea. A 17 de mayo según El País ya se habían superado las 209 normas. Simultáneamente, se ha producido un vuelco de la opinión pública respecto a determinados sectores, como el delivery, que han fortalecido su posición; mientras otros que eran auténticos motores de progreso, como el turismo, han entrado en hibernación. Y todo esto en un escenario en el que la disminución de ingresos fiscales y crecimiento del gasto público, antes o después, obligará a importantes ajustes. Estos factores nos indican que los asuntos públicos se han vuelto más importantes que nunca. Se está actuando por la vía de los hechos, y lo que en otras ocasiones hubieran sido decisiones fruto de un amplio debate y un largo trámite parlamentario, se adoptan en pocos días, incluso horas, aunque luego haya que rectificar.

En este contexto conviene adelantarse a los acontecimientos y tener un relato construido. En la profesión farmacéutica se lleva tiempo trabajando. Por un lado, la Organización Farmacéutica Colegial ha elaborado una Estrategia de la Farmacia durante el desescalado, integrada por 24 propuestas concretas, que recogen las inquietudes de las más importantes organizaciones de pacientes con las que se han mantenido encuentros, y que nuevamente se trasladó a las autoridades sanitarias. Por otro, hay que estar muy atento a la actividad de la Comisión de Reconstrucción del Congreso, y a otros organismos decisorios y reguladores. Y es que una de las asignaturas pendientes es la reconstrucción de nuestro Sistema Nacional de Salud. Se están fijando las reglas del juego para todo el sector sanitario para los próximos años. En consecuencia, es momento de poner en valor todo lo que la Farmacia aporta al Sistema Nacional de Salud en términos de salud y bienestar, pero también en términos de sostenibilidad, y sin olvidar su importante y creciente función social.  

Aquí es donde, a partir de ahora, hay que concentrar los esfuerzos, a través de  un discurso tan realista como sincero, y siempre marcado por una actitud constructiva, sabiendo que el futuro será muy diferente, y teniendo siempre muy presente la teoría de Darwin: “las especies que sobreviven no son las más fuertes ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio”.

El pasado jueves día 13, APRI participó en el webinar organizado por Deusto Business School en el que se expuso el valor de los Asuntos Públicos en tiempos de Covid-19. En la mesa moderada por Juan Moscoso e Iñaki Ortega, de la Universidad de Deusto, participaron profesionales del sector como Carmen Mateo, presidenta de Cariotipo, José Luis Ayllon, director de Contexto Político de Llorente y Cuenca, Asunción Soriano, CEO de Atrevia, y María Rosa Rotondo, presidenta de APRI y socia directora de Political Intelligence. En el debate se puso en contexto la industria del lobby y de los Asuntos Públicos en España y de las prácticas a seguir para su buen funcionamiento. Se remarcaron los valores de transparencia y profesionalidad como claves para la buena comunicación entre las administraciones democráticas y el sector privado. Sin embargo, el estallido de la pandemia Covid-19 ha trastocado el contexto original y ha impuesto desafíos para los profesionales del lobby creando un futuro incierto enmarcado por un colapso judicial, una inflación normativa y una fragilidad institucional.

Es por eso que en tiempos de Covid-19 los Asuntos Públicos son más relevantes que nunca pero también más complejos. Es esencial reforzar así las capacidades de análisis, establecer un nuevo marco de prioridades y aprovechar las oportunidades de una disciplina en ebullición. Son tiempos de profesionales de Asuntos Públicos y lobistas que permitan gestionar ya no solo los intereses de las empresas sino también la incertidumbre generada por el contexto actual. No obstante, insistiendo siempre en la importancia de la regulación, la transparencia y la profesionalidad.

El pasado jueves día 13, APRI participó en el webinar organizado por Deusto Business School en el que se expuso el valor de los Asuntos Públicos en tiempos de Covid-19. En la mesa moderada por Juan Moscoso e Iñaki Ortega, de la Universidad de Deusto, participaron profesionales del sector como Carmen Mateo, presidenta de Cariotipo, José Luis Ayllon, director de Contexto Político de Llorente y Cuenca, Asunción Soriano, CEO de Atrevia, y María Rosa Rotondo, presidenta de APRI y socia directora de Political Intelligence. En el debate se puso en contexto la industria del lobby y de los Asuntos Públicos en España y de las prácticas a seguir para su buen funcionamiento. Se remarcaron los valores de transparencia y profesionalidad como claves para la buena comunicación entre las administraciones democráticas y el sector privado. Sin embargo, el estallido de la pandemia Covid-19 ha trastocado el contexto original y ha impuesto desafíos para los profesionales del lobby creando un futuro incierto enmarcado por un colapso judicial, una inflación normativa y una fragilidad institucional.

Es por eso que en tiempos de Covid-19 los Asuntos Públicos son más relevantes que nunca pero también más complejos. Es esencial reforzar así las capacidades de análisis, establecer un nuevo marco de prioridades y aprovechar las oportunidades de una disciplina en ebullición. Son tiempos de profesionales de Asuntos Públicos y lobistas que permitan gestionar ya no solo los intereses de las empresas sino también la incertidumbre generada por el contexto actual. No obstante, insistiendo siempre en la importancia de la regulación, la transparencia y la profesionalidad.

La gestión de los asuntos públicos y las relaciones institucionales están ganando protagonismos ante esta crisis sanitaria, económica y social. Esta nueva actividad puede coger un nuevo impulso y recobrar importancia. Así lo han manifestado los miembros del Foro Empresarial en el debate de APRI celebrado el pasado 23 de abril sobre ‘Asuntos Públicos y Relaciones Institucionales ante la crisis Covid-19’ en el que han participado Yolanda Vega, Directora Asuntos Públicos en Burson Cohn & Wolfe;  Marian Casado, Directora General de Deva; Javier Herrero, Director del Área de Asuntos Públicos y Relaciones Corporativas de Evercom; Carlos Ochoa, Responsable de Asuntos Públicos FTI Consulting; Montse Escudero, Directora de Asuntos Públicos en Omnicom; Javier Valiente, Socio Director de Political Intelligence; Diego Bayón, Director Asociado del área de Asuntos Públicos en Kreab y Javier Dorado, Director de Asuntos Públicos de Weber Shandwick.

Combinar asuntos públicos y estrategia de negocio será el gran reto de las Startups a partir de ahora. El nuevo escenario post-crisis al que nos vemos abocados, hará aún más urgente y necesario, si cabe, esta cuestión.

Agustín Baeza Díaz-Moreno, Director de la Asociación Española de Startups

El conjunto de los sectores económicos afronta un nivel de incertidumbre nunca visto en las últimas décadas. Además de la crisis sanitaria y su incalculable impacto en forma de pérdida de vidas humanas, el conjunto de la sociedad trata de hacer frente a un presente y un futuro inmediatos en el que parece que han desaparecido de golpe todas las certezas conocidas.

El sector de las startups está siendo fuertemente golpeado como buena parte de la economía. Pero además, por su propia naturaleza y por su singularidad como modelo empresarial, son especialmente vulnerables a estos tiempos de crisis. Por ello, desde la Asociación Española de Startups, hemos trabajado durante los últimos días con otros agentes del ecosistema para definir medidas y políticas públicas concretas en favor de las startups. El gobierno ya las conoce. Son medidas absolutamente necesarias para garantizar que fluya la liquidez y que ello permita a la mayoría de ellas su supervivencia. Nuestro trabajo como responsables de asuntos públicos es ser más exigentes que nunca, pero al mismo tiempo, modular de manera responsable el tono y la comunicación en estos momentos tan convulsos para todos.

Están en juego no sólo ya los puestos de trabajo y miles de empresas, sino también, la supervivencia del conjunto del ecosistema innovador y de emprendimiento que será decisivo para relanzar la economía española cuando pase la crisis sanitaria y comiencen las labores de reconstrucción de nuestra economía.

En los últimos tiempos he insistido mucho en la necesidad de que las startups comiencen a gestionar de manera adecuada y desde el primer momento los asuntos públicos. Una herramienta que cada vez será más necesaria para que las startups puedan impulsar sus modelos de negocio. Combinar asuntos públicos y estrategia de negocio será el gran reto de las Startups a partir de ahora. El nuevo escenario post-crisis al que nos vemos abocados, hará aún más urgente y necesario, si cabe, esta cuestión.

Ya lo está siendo ahora que vivimos en tiempo presente la grave crisis que afrontamos en todo el mundo. Desde la Asociación insistimos mucho en la necesidad de conciliar la defensa de intereses del conjunto del sector con los intereses generales de la sociedad. Alinear intereses es la mejor forma de defender intereses legítimos. Antes era una buena práctica, puede que a partir de ahora ese constituya en el paradigma dominante. El diálogo y la conversación que siempre es tenso, exige ahora grandes dosis de profesionalidad, de mentalidad fría, pero al mismo tiempo ser más empáticos que nunca con tus interlocutores, sometidos también a una gran tensión.

Podemos observar innumerables iniciativas del sector emprendedor en la que nuestros emprendedores y startups están aportando con lo mejor que saben hacer: salirse de la caja y ofrecer soluciones a los problemas sociales. Desde grupos de hackers y makers que están diseñando y produciendo todo tipo de material sanitario escaso (respiradores, cápsulas, etc), pasando por startups que están ofreciendo su inteligencia y experiencia en materia de data para ayudar a diseñar en tiempo récord herramientas de gestión avanzadas para luchar contra la pandemia, hasta llegar a la genuina colaboración con administraciones sanitarias en lo que estas demandan.

Todas ellas, iniciativas orientadas al procomún que demuestran una vez más la enorme contribución en forma de riqueza y de capital simbólico y productivo que genera el ecosistema de innovación y de emprendimiento. El reto será que esta colaboración público-privada se mantenga más allá del escenario presente de urgencia y de crisis de estas semanas, desatando los nudos burocráticos y de diferencia de culturas y estilos de gestión, que hasta ahora han impedido su desarrollo. Muchas cosas van a cambiar. Probablemente también en esta profesión de las relaciones institucionales y asuntos públicos. Tenemos que repensar el conjunto de nuestras ideas, empezando por nuestros tradicionales mapas de stakeholders. Una parte de la ortodoxia ha quedado atrás. Hay que construir nuevas herramientas para afrontar la nueva era en la que estamos entrando.

El 3 de marzo tuvo lugar la Asamblea General Electoral de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) y, como marcan los Estatutos, fue la ocasión para elegir a una nueva Junta Directiva de la Asociación de para los próximos cuatro años. En la sesión se trataron los asuntos de interés de la Asociación y fueron aprobados por mayoría todos los temas del orden del día.

La presidenta María Rosa Rotondo, el secretario Esteban Egea y la directora general Irene Matías, expusieron la memoria de actividades de la Asociación de 2019. A continuación aprobaron las cuentas 2019 y el presupuesto para el 2020. También se aprobó la cuota reducida para entidades de interés público y la estructura de la nueva Junta Directiva para los próximos cuatro años.

La Asamblea General concluyó con la presentación por parte de la nueva presidenta de APRI de la nueva Junta Directiva que cuenta con un nuevo equipo que es reflejo de todas las generaciones y perfiles profesionales de la asociación.  Entre los nuevos miembros de la Junta se encuentra:  Esteban Egea Sánchez, experto en asuntos públicos; Luis Suarez de Lezo Ferrer, Secretario General de la Asociación de Empresarios de Alcobendas; Juan Torres Jiménez, Fundador y Director de Asuntos Públicos de Deva; Adriana Bonezzi Pérez, External Affairs Manager en British American Tabacco; Diego Bayón Mendoza, Director Asociado de Asuntos Públicos en Kreab; Montse Escudero Pérez, Directora de Asuntos Públicos de Omnicom; Dolores Gonzalez Pastor, Gerente en la Oficina Corporativa de Regulación y Políticas Públicas de Telefónica; Juan Alfonso Herrero, Director de Asuntos Europeos de Mercadona;   Ángel Mesado Jardi, Socio Director en 19N Strategies; y Piluca Núñez López, Directora de Comunicación y Relaciones Intitucionales en Asociación Empresarial Eólica.

María Rosa Rotondo agradeció a todo su equipo anterior el tiempo y la dedicación, un reto que también ha sido posible gracias al apoyo de numerosos socios y se dirigió a la Asamblea para presentar ofrecer un programa de actuación con las orientaciones más importantes para los próximos cuatro años. Entre los nuevas líneas de acción habló sobre el impulso y creación de Comités de Trabajo como forma de canalizar los intereses de los asociados como APRI Salud o el Comité Deontológico, que tiene como objetivo continuar y profundizar en la deontología y ética profesionales o el Comité de Profesión para canalizar todas las acciones de formación y de fortalecimiento de la reputación de la profesión. También propuso la creación de un Comité APRI Asociaciones, para canalizar las inquietudes y demandas de los profesionales que trabajan para asociaciones y organizaciones empresariales.

Asimismo, expuso los principales ejes estratégicos de su mandato:

  • Corporate Advocacy con el objeto de promover una regulación de la profesión. En este eje se encuadrarán todas las acciones encaminadas a, por un lado, dará a conocer APRI a las grandes empresas y asociaciones y organizaciones del país, y por otro, incorporar la transparencia en las relaciones con los stakeholders corporativos en los Códigos de Buen Gobierno o Buenas Prácticas Corporativas.
  • Regulación cuyo objeto será promover una ley nacional que regule las actividades de los grupos de interés lo más cercana posible a las posiciones de APRI, así como las respectivas modificaciones de los Reglamentos del Congreso y del Senado.También tratará de hacer seguimiento de las propuestas de las Comunidades Autónomas para intentar que se coordinen con la legislación del Estado en la materia.
  • Comunicación. Se mantendrán las actuales líneas de actuación tanto en comunicación externa como interna, si bien se realizarán algunas mejoras como la renovación de la página web. Se trabajará para poner cara a la profesión, a través de encuentros periódicos. La Newsletter, que es nuestra principal herramienta de comunicación interna, se mantiene, con el fin de consolidar el sentimiento de pertenencia.
  • Crecimiento. Se mantendrá el objetivo constante de consolidar el crecimiento de APRI aportando valor al asociado se realizarán actuaciones específicas para crear y ejecutar planes de presentación de APRI a las Empresas del IBEX, las grandes asociaciones patronales y las 10 ONGs más influyentes.
  • Servicio al asociado. Dentro de esta área, se organizarán encuentros y eventos orientados a enriquecer la vida profesional de los asociados, como los tradicionales desayunos decisores políticos o jornadas sobre asuntos clave en perspectiva de gestión del ejecutivo y legislativo.
  • Plan de Acción Cataluña. Se diseñará y ejecutará un Plan de Acción específico a cargo del Vocal de la Junta Directiva y Delegado en Cataluña.

El lunes 24 de febrero tuvo lugar en las oficinas del Grupo LaBE en Madrid, la reunión del grupo de trabajo APRISalud. El grupo de trabajo APRISalud surge como iniciativa de un grupo de profesionales de las relaciones institucionales y asuntos públicos y miembros de APRI, cuyo objeto es el de poner en valor a los profesionales de los asuntos públicos (public affairs) y estrechar lazos entre los intereses públicos y privados en el ámbito de la salud, entendiendo como salud todo aquello que afecta al estado de bienestar o al equilibrio del ciudadano (sanidad, alimentación, consumo, políticas sociales, deporte, investigación, etc.).

APRISalud se constituyó en el 2019 y lleva a cabo una actividades de divulgación el papel de los profesionales de los asuntos públicos, también impulsa mecanismos para la formación de sus socios en el ámbito de la salud con cursos y desarrollo de casos de éxito que puedan servir para compartir experiencias y enriquecer la actividad, y ejerce a su vez labor de interacción con stakeholders institucionales (públicos y privados), a través de los desayunos APRISalud, trazando alianzas y colaboraciones que permitan un retorno positivo hacia la propia actividad.

En la reunión estuvieron presentes Irene Matías, Directora General de APRI; Verónica Somodevilla, responsable de Relaciones Institucionales de Italfármaco; Belén Codina Directora de Hiriscare, Adriana Bonezzi, External Affairs Manager en British American Tobaco; Carmen Peña, Presidenta de FIP; Pedro Claver, del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos; Horacio Alemán de Thoffood; Ruth Pavón, Co-fundadora & CEO de LEVIN; Rita Gasalla, CEO de Galöw; Irene Tato, Vicepresidenta de AMREF; Ana Lázaro, Responsable de Relaciones Institucionales en BD; Jesús Díaz, Vicepresidente Ejecutivo del Instituto ProPatiens, y Antonio Ciardo, Jefe de Estudios en Philippus Thuban.

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