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El Registro de Grupo de Interés o ‘lobbies’ creado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha alcanzado, seis meses después de su lanzamiento, los 300 inscritos, aunque solo cuenta con tres empresas del Ibex 35 apuntadas a él.

En concreto, Telefónica, Red Eléctrica de España (REE) y Cellnex Telecom son las únicas de las 35 ‘grandes’ cotizadas que figuran inscritas en el registro, una iniciativa con la que el organismo presidido por José María Marín Quemada pretende identificar y normalizar la actividad de estas organizaciones.

En el registro también figuran el nombre de otras empresas como Bombardier, BlaBlaCar, Correos, British American Tobacco España o EasyJet, entre otras, pero en su gran mayoría el número de registrados corresponde a las patronales empresariales.

Entre ellas, figuran la CEOE, que se adhirió a principios de abril, la patronal de la banca AEB, la de grandes consumidores eléctricos AEGE, la de gasolineras Ceees, la automovilística Anfac, la de constructoras Seopan, la eléctrica Unesa, la de renovables APPA, la de seguros Unespa, la de la industria agroalimentaria FIAB, la farmacéutica Farmaindustria o la de cajas de ahorros CECA.

Además, también se han dado de alta en el registro asociaciones de consumidores como OCU, la Confederación Española de cooperativas de Consumidores y Usuarios (Hispaccop) o la Asociación de Internautas y la Asociación de Usuarios de Internet.

En una entrada en su blog, la CNMC considera que aunque ya son varias las grandes empresas inscritas, deberían ser “un mayor número de estas organizaciones, vertebradoras de la vida económica de este país, las que se sumasen a esta apuesta por una relación transparente con el organismo que supervisa y regula los mercados, garantizando asimismo un saludable nivel de competencia en nuestra economía”.

El Registro de Grupos de Interés creado por la CNMC, de carácter público y gratuito, tiene como objetivo crear un mecanismo institucional que haga transparente, de la forma posible, la contribución externa a la actividad de la Comisión, en cualquiera de sus vertientes.

La adhesión al Registro de Grupos de Interés implica la asunción de un decálogo ético que recoge los principios de actuación en las relaciones con los miembros de la CNMC (presidente, consejeros, directores y técnicos).

Pueden adherirse al registro empresas y grupos de empresas; asociaciones profesionales, empresariales o sindicales; consultorías profesionales; despachos y bufetes colectivos, asociaciones, plataformas y redes; grupos de análisis y reflexión e instituciones académicas, entre otros.

Artículo original

En el último Pleno de la pasada Legislatura, el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad la toma en consideración de una Proposición de reforma del Reglamento de la Cámara para la creación de un registro de grupos de intereses. En esta nueva Legislatura el Grupo Parlamentario Mixto ha registrado una iniciativa casi idéntica a la que en su momento presentó Democracia i Libertat.

Accede a través de este enlace al nuevo texto de la Proposición de reforma del Reglamento del Congreso.

Según informó el Gobierno de Castilla La Mancha, el pasado 06 de septiembre se aprobó el Proyecto de Ley de Transparencia, una vez recibido el informe del Consejo Consultivo y como paso previo al traslado a las Cortes para su debate. Entre las novedades de esta Ley se encuentra la regulación de los grupos de presión, conocidos como «lobbies», que deberán estar registrados en la región, además de abordar aspectos como gastos en publicidad, contratos de la Administración regional, relación de vehículos oficiales y régimen de sanciones que incluso recoge la posibilidad de inhabilitar a altos cargos.

El pleno del Ayuntamiento de Madrid del 27 de julio aprobó la Ordenanza de Transparencia de la Ciudad de Madrid, que ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del día 17 de agosto. Esta ordenanza ve la luz después de un intenso proceso de trabajo en el que se han incorporado las aportaciones de la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil, expertos municipales y de los grupos políticos municipales, e incluso nuestro colectivo.

Enlace al texto original de la Ordenanza

La labor de los lobbies no es buena ni mala en sí misma. Compañías, patronales, organizaciones sociales u otras entidades se dedican a trasladar sus puntos de vista y sus conocimientos avanzados sobre una materia a las instituciones encargadas de regularla, con el objetivo –claro- de que la normativa sea lo más acorde posible a sus intereses.

Con la transparencia suficiente para evitar presiones improcedentes y garantizando la independencia plena de los reguladores para no plegarse a posiciones contrarias al interés general por la presión de los lobbies, la tarea de las compañías directamente afectadas –o de las empresas subcontratadas por estar especializadas en las relaciones con la Administración- que busca de influir en el marco normativo no levantaría demasiadas suspicacias. O al menos no tantas como hasta ahora.

El problema son las dudas acerca de si el lobby se realiza con esa transparencia y si se soporta con independencia real por parte de las Administraciones. Una incertidumbre que aviva el hecho de que la labor del lobby no cuente con una regulación específica en muchos países (entre ellos, España o el conjunto de la Unión Europea).

A la espera de que llegue regulación, algunos estudios confirman el gran partido que las empresas son capaces de sacarle al lobby, con un impacto directo en el incremento de su rentabilidad. Según un reciente informe de James Bessen, economista y profesor de la Boston University School of Law, las inversiones en lobby y actividades políticas se han convertido en el parámetro con mayores márgenes de rentabilidad para las empresas y en un aspecto primordial en el incremento de los beneficios corporativos.

En el estudio se analizan la evolución de los beneficios de las compañías estadounidenses desde 1970 y la evolución en el mismo periodo de los márgenes de rentabilidad de las inversiones en capital, en equipos, en investigación y en lobby, entre otros aspectos. Los resultados, recogidos en Harvard Business Review, desvelan que hasta aproximadamente el año 2000 el factor que más influía en el incremento de los beneficios de las empresas era la inversión en I+D, pero con el nuevo siglo la inversión en lobby y en labores políticas y de regulación se ha colocado como el principal factor en los resultados de las empresas con carácter general.

Según otro estudio elaborado por profesores de la Universidad Washington y Lee y la Universidad de Kansas, el retorno económico de las actividades de lobby sería absolutamente disparatado. El informe, datado en 2009, por cada dólar invertido por las compañías en influir en la regulación que le afecta acabarían obtenido 220 dólares.

Los sectores que se verían más directamente beneficiados por la labor de sus compañías en lobby, y dada su dependencia de sus actividades en relación a los marcos regulatorios, son fundamentalmente cinco: el sector farmacéutico y químico, petróleo, equipos de transporte y defensa, servicios públicos y comunicaciones. De hecho, estos cinco sectores ven condicionado prácticamente todo el margen de beneficio en función de influencia política, al menos en Estados Unidos (aunque es evidente que no sólo y que el escenario se repite en otras latitudes).

El impacto del lobby en los resultados de las compañías va mucho más allá de la mera consecución de una rebaja de impuestos (que de manera evidente permite elevar el beneficio), y contempla otros escenarios más complejos. De hecho, Bessen apunta casos en que las leyes en que aumentan los estándares de seguridad y las exigencias medioambientales pueden acabar elevar los beneficios de las empresas afectadas al impedir que otras nuevas compañías entren en el mercado.

Autor:  Raúl Hernández González

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