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El jueves 6 de junio celebramos el cuarto Lobby Hour de APRI del año con Ana Lorenzo, Responsable de Asuntos Públicos de IKEA Ibérica y socia de APRI. Durante el coloquio Ana Lorenzo habló sobre el nuevo papel de las empresas en el entorno político y social, subrayando el significado y valor de la diplomacia corporativa y el creciente impacto de las estrategias de asuntos públicos para las empresas.

Para Ana Lorenzo, las empresas están ganando confianza y juegan un papel vital en su relación constante con el sector. Esta confianza las convierten en un agente de cambio y refuerzan su posición de influencia.  También subrayó que las empresas y sus dirigentes se han convertido en un agente de cambio importante e influyente. Puso como ejemplo, el caso del activismo feminista público de Ana Patricia Botín, presidenta del Banco Santander y una de las 10 mujeres más poderosas del mundo o el de Marieta Jimenez, Presidenta y Directora General de Merck España,  que ha luchado en favor de la igualdad desde la compañía compañía.

Sobre Ana Lorenzo

Consultora, especializada en comunicación estratégica, asuntos públicos y RSE, actualmente es responsable de Asuntos Públicos de IKEA Ibérica. Ha sido asesora para el Gabinete de Presidencia del Gobierno de España y jefa de gabinete para España en la Vicepresidencia de la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo (ECON). También ha trabajado en el tercer sector como directora de desarrollo e innovación en la Fundación SERES, y en el terreno de la innovación con la start-ups Sufragium. Además, es columnista de Actualidad Económica, vocal de la Junta Territorial de Alumni de la Universidad de Navarra en Madrid y vocal del Comité de Nuevas Iniciativas del Club Financiero. Es licenciada en periodismo por la Universidad de Navarra (2004) y ha desarrollado varios masters y posgrados de marketing (ESIC), políticas públicas (IESE e ICADE), protocolo (Escuela Diplomática de España), innovación (Deusto Business School) y sociedad civil (Universidad de Harvard).

Sobre el Lobby Hour

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Organizado por el Grupo de Trabajo Jóvenes de APRI, el Lobby Hour es un afterwork dedicado a los profesionales del lobby. Nace en el año 2013 con el objetivo de aglutinar a los profesionales del sector y crear un entorno de intercambio de experiencias en el campo de los public affairs y relaciones institucionales.

El viernes 17 y sábado 18 de mayo se celebró el 9º Encuentro Anual del Public Affairs Community of Europe (P.A.C.E AISBL) esta vez en la capital checa, Praga, bajo la hospitalidad de la Asociación Checa de Public Affairs, APAA. La jornada fue inaugurada por la Viceministra de Justicia de la República Checa, Klára Cetlov  y la Presidenta de APRI, Mª Rosa Rotondo, que ostenta también el cargo de Presidenta del P.A.C.E.

 

Como viene siendo habitual, el viernes se celebró una jornada en la que los miembros de la asociación organizadora, los del PACE y otros invitados, pudieron compartir su visión sobre la situación de los Public Affairs en Europa, su rol en Europa o su importancia para el proceso democrático en todos los países. Entre los ponentes, Isabelle de Vinck, Presidenta de la Asociación Europea de Consultoras de Public Affairs (EPACA), y Rui Faria de Cunha de la Sociedad de Profesionales de Asuntos Europeos (SEAP)Martin Ohridski, el Responsable de  de la Unidad de Transparencia de la Comisión Europea, Dominik Meier, Presidente de la Asociación Alemana de Consultores Políticos de `ge`pol, o David Ondracka, Director de Transparencia Internacional en la Rep. Checa.

 

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Además de un panel con los representantes de los partidos políticos más importantes del país sobre la regulación de los lobbies que actualmente está siendo objeto de tramitación en Chequia, contamos con la ponencia del Prof. Alberto Alemanno y otros destacados actores de la escena checa de los asuntos públicos como el Director de la Asociación de Seguros o de la Cámara de Comercio de EE.UU en dicho país.

 

La 2ª Asamblea General de la Asociación PACE tuvo lugar al día siguiente con la participación de los actuales miembros, representantes de las asociaciones nacionales de España, Italia, Alemania, Austria, Rumania, Eslovenia, Suiza, Serbia, Bélgica, Portugal y Grecia. En ella, se avanzaron los proyectos académicos y de comunicación que se desarrollarán este año entre los miembros, y se aprobó el presupuesto anual. Los socios decidieron además mantener sus próximas reuniones en Bélgica (2020) y Belgrado (2021).

 

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Sobre el P.A.C.E

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El PACE es un gran proyecto que se ha impulsado desde APRI desde su primera reunión en 2011. Desde entonces, ha destacado la importancia de la realidades del lobby en los distintos países europeos, reclamando su ordenación y abogando por la transparencia y la deontología profesional. Creada en el 2018, la Plataforma Europea de Asuntos Públicos (Public Affairs Community of Europe- PACE-) reúne a  todas las organizaciones nacionales de profesionales de asuntos públicos europeos, con el objeto de contribuir al desarrollo de procedimientos más transparente en la adopción de políticas públicas en toda Europa consolidando una democracia participativa dentro de los estados miembros.

El jueves 16 de mayo compartimos un nuevo encuentro en el Lobby Hour de APRI con Isabel Peñalosa, Directora de Relaciones Institucionales y Asesoría Jurídica de la Asociación Española de Fundaciones (AEF), quién nos habló sobre la defensa de intereses de las fundaciones a nivel nacional y europeo.

Isabel repasó los principales asuntos de interés de las fundaciones españolas en material fiscal y legal, y explicó cómo la Asociación se relacionaba con sus distintos stakeholders. A su vez hizo un repaso de la actividad de la AEF en Europa. Habló sobre la elaboración del manifiesto sobre filantropía promovido por DAFNE (la Red Europea de Fundaciones y Donantes) y el EFC (el Centro Europeo de Fundaciones) con el apoyo de la Asociación Española de Fundaciones (AEF) que tiene por objeto hacer un llamamiento a los políticos europeos para que construyan en su próximo mandato un espacio único para la filantropía que permita disminuir las barreras que existen en la actualidad en este ámbito.

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Sobre Isabel Peñalosa

Isabel Peñalosa es Directora de Relaciones Institucionales y Asesoría Jurídica de la Asociación Española de Fundaciones, entidad a la que lleva vinculada profesionalmente desde hace más de una década. Experta en fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Máster en Administración y doctora en Derecho por la Universidad del Rey Juan Carlos. Entre sus principales responsabilidades se encuentran asesorar y proporcionar recomendaciones a las fundaciones españolas sobre sus obligaciones legales y fiscales, y buenas prácticas de gobierno y otras herramientas de autorregulación. También es responsable de mantener el diálogo con los reguladores y de producir los informes y las propuestas que se requieren en cada ocasión.  A nivel europeo es coordinadora del comité legal de DAFNE, plataforma que agrupa a asociaciones de fundaciones europeas, y  miembro del consejo asesor del Internacional Center for non Profit Law.

Sobre el Lobby Hour

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Organizado por el Grupo de Trabajo Jóvenes de APRI, el Lobby Hour es un afterwork dedicado a los profesionales del lobby. Nace en el año 2013 con el objetivo de aglutinar a los profesionales del sector y crear un entorno de intercambio de experiencias en el campo de los public affairs y relaciones institucionales.

La semana pasada, APRI y el Instituto Atlántico de Gobierno (IADG) firmaron un acuerdo de colaboración para fortalecer la colaboración entre las dos organizaciones en materia de asuntos públicos. El acuerdo, firmado por la Presidenta de la asociación, María Rosa Rotondo, y el Gerente de IADG, Jaime Moro, se concretará, entre otras, en las siguientes actividades:

  • acceso a beneficios económicos en forma de descuentos en la matrícula de los programas académicos del IADG, para los miembros de APRI
  • participación activa en los programas académicos desarrollados por el IADG
  • organización conjunta de conferencias, seminarios y demás foros de discusión y debate

 

Desde su fundación en 2008, APRI ha apostado siempre para una mejor formación en materia de asuntos públicos a través de la colaboración con distintas entidades. Según la Presidenta, María Rosa Rotondo, este acuerdo es muy importante porque “favorece el trasvase de conocimientos entre el sector privado y las instituciones académicas sobre relaciones institucionales y asuntos públicos”.

En palabras de Jaime Moro, se trata de “un acuerdo de colaboración entre dos instituciones comprometidas con el fortalecimiento del vínculo entre el sector público y el sector privado”.

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Creatividad, mejorar la sociedad, flexibilidad o liderazgo basado en el pensamiento estratégico son algunas de las características más valoradas, en el plano profesional, por los Millennials. Estos datos resultan de especial interés, ya que según una proyección de la consultora Deloitte, en 2025, los Millennials representarán el 75% de la fuerza laboral del mundo.

¿Debe ser un buen lobista creativo y tener una visión estratégica? ¿Debe un buen lobista buscar las externalidades positivas para lo sociedad o ser capaz de adaptarse a los cambios? La respuesta es clara, sí. La misión del profesional de las Relaciones Institucionales es, en última instancia, buscar el punto de encuentro entre los intereses representados, el interés del decisor público y el interés de la sociedad; en definitiva, buscar la sostenibilidad del sistema a través de una visión crítica y panorámica del sistema político y económico.

¿El sector de los Asuntos Públicos integra muchas de las habilidades de los Millennials? De nuevo, creo que la respuesta es claramente afirmativa. El manejo integrado de los nuevos medios digitales, la capacidad de adaptación a los contextos cambiantes, o la búsqueda de retos profesionales, son algunas de las competencias que hacen de nosotros, jóvenes  de entre 20 y 35 años, grandes candidatos a ejercer la profesión de la representación de intereses.

No olvidemos que se ha producido un significativo relevo generacional tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado de España, en torno al 62% de los actuales diputados son nuevos en el puesto. Ésto lleva a la necesidad de que los profesionales del lobbying adapten sus mensajes y la forma de trasladarlos, algo que los jóvenes profesionales del sector ya integramos en nuestro toolkit.

Sin embargo, esta reunión de características favorables para el ejercicio profesional del lobbying por parte de los Millennials choca con el desconocimiento del sector por parte de éstos. Ni las oportunidades profesionales ni la oferta formativa existentes en el sector entran dentro del imaginario colectivo de los jóvenes que están finalizando sus estudios superiores y se enfrentan al reto de iniciar su carrera profesional. Las razones son múltiples, pero me gustaría destacar una: la ausencia de asignaturas específicas, en los centros universitarios, que aborden la representación de intereses como una profesión basada en metodología y deontología.

A modo de conclusión, quiero reivindicar el sector de las Relaciones Institucionales como un sector profesional joven, con muchos retos por delante, y fundamental para la articulación de los múltiples intereses que coexisten en una sociedad activa, transparente y democrática. Nuestro reto como “Grupo de Trabajo Jóvenes de APRI” es ayudar en la profesionalización del lobbying, a través de la realización de actividades con los centros universitarios y escuelas de negocio, como vía para la normalización de la actividad en España. Si logramos que los estudiantes universitarios conciban los Asuntos Públicos como una profesión con cuerpo teórico y práctico propios, habremos dado un paso importante hacia la consolidación de nuestra actividad.

Álvaro Sanz López

Álvaro es Consultor en Asuntos Públicos, miembro de la Junta Directiva de APRI e impulsor del GT Jóvenes de la asociación.

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@alsanz93

 

Un total de 228 grupos de interés ya se han inscrito en el registro de lobbiesque el Parlament creó a finales de enero de este año. La iniciativa es pionera entre las cámaras legislativas del Estado y se ha puesto en marcha como consecuencia de la ley de transparencia catalana, aprobada en 2014. El vicepresidente primero de la Cámara, Lluís Corominas, hace un balance “positivo” de los primeros meses, y recuerda que el Parlament aprobó también que los diputados hicieran pública su agenda.

El Parlament envió casi 400 cartas a entidades, cámaras, colegios, sindicatos, patronales y asociaciones susceptibles de tener que aparecer en este registro. Salvadas las “dudas iniciales”, dice Corominas, la iniciativa ha sido bien acogida. Esos grupos, por ejemplo, se sorprendían por tener que inscribirse en el Parlament para hablar con diputados cuando no tenían que hacerlo en el Congreso. La cámara autónoma pretende que formar parte del registro sea una especie de “sello de calidad” para las entidades.

El registro de lobbies garantiza derechos (como celebrar actos en la cámara) y obligaciones; por ejemplo, a dar información “fidedigna”. También prevé sanciones por malas prácticas, que van de los 300 a los 12.000 euros, que por ahora no se aplican.

Además de los 228 inscritos, hay cinco solicitudes pendientes de validar, otras seis que no se han admitido y otras 31 que no han finalizado. El registro se estructura en cinco categorías: consultorías profesionales y despachos de abogados; empresas, asociaciones comerciales y sindicatos; fundaciones, plataformas y sin ánimo de lucro; grupos de reflexión y ligados a partidos; y, finalmente, organizaciones que representan a iglesias o comunidades religiosas.

Los grupos registrados van desde la fundación Proactiva Open Arms —que ayuda a los refugiados en las aguas del Mediterráneo— hasta el gremio de constructores de obras de Barcelona, así como entidades energéticas, como la Asociación Española del Gas. Algunos grupos tienen un interés directo con las leyes que tramita la cámara, como la Asociación de Bebidas Refrescantes; recientemente, el Parlament abordó un impuesto sobre bebidas azucaradas. También está registrada la Federación de Asociaciones de Usuarios de Cannabis. En pleno proceso soberanista figuran, también, entidades que lo impulsan como Reinicia Catalunya, el Cercle Català de Negocis, Sobirania i Justícia o el Pacte Nacional pel Referèndum.

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En un panorama como el actual, es cada vez más importante conocer bien el contexto y saber planificar escenarios. Una correcta gestión de los asuntos públicos, ayuda a anticipar los cambios en el marco legislativo y regulatorio, a detectar amenazas y oportunidades y facilita el acceso y permanencia de la organización en el mercado.

Es innegable que el entorno en el que nos movemos es cada vez más complejo, cambiante y altamente competitivo. Las empresas tienen que operar en un contexto de gran incertidumbre internacional, sometido a fuertes cambios geopolíticos, regulatorios y jurídicos. Es fundamental para su supervivencia saberse adaptar y reaccionar de manera continua e inmediata a nuevas exigencias, oportunidades  y riesgos.

En mis más de diez años al frente de una asociación empresarial he podido constatar como la gestión de los asuntos públicos se ha convertido en una herramienta de alto nivel estratégico para las organizaciones ya que impacta directamente en la estrategia de negocio y, por tanto, es clave de cara a garantizar su sostenibilidad, mejorar su competitividad, posicionarse en nuevos mercados y disminuir el riesgo de exposición; y no solo para las multinacionales, sino también para las pequeñas y medianas empresas.

En la actualidad estamos asistiendo a dos grandes disputas globales muy significativas y de vital importancia estratégica para las empresas, las del acceso y control de los recursos naturales (sean estos limitados o no) y la información.

También, en este contexto, empresas como Google, Amazon o Facebook se están posicionando como nuevos grupos de presión, pasando de no tener presencia en la esfera política a destinar importantes cantidades de sus presupuestos a la gestión de los asuntos públicos. Estas empresas, que muchas veces operan en entornos no regulados, suponen una amenaza y un desafío para los sectores económicos tradicionales, que cuentan con mucha influencia política y una red consolidada en materia de relaciones institucionales. Ante esta realidad, en los últimos años y en diferentes ámbitos, estas nuevas empresas se están enfrentando a muchas batallas legales con el objetivo de conseguir acceso a mercados muy competitivos y regulados.  Casos como el de Airbnb y la industria hotelera, Uber y Cabify y el sector del taxi, el Gobierno de los Estados Unidos y los drones de Amazon o el disputado, durante más de diez años, fin del roaming en Europa, ponen de manifiesto la creciente complejidad del ecosistema empresarial actual y la relevancia estratégica que tiene para las organizaciones la función de asuntos públicos.

Además, en esta compleja madeja por desenredar, las empresas no son inmunes a la actividad política. Al contrario, forman parte de ese complejo mapa de intereses, objetivos, decisiones e influencias que la conforman. No podemos olvidar que las decisiones políticas, muchas veces influidas por otras empresas o sectores que alinean sus intereses con el interés general (que es el del político), repercuten directamente en la actividad de una empresa y, por tanto, en sus perspectivas de futuro, pudiendo cambiar el entorno o las reglas del juego en el que se mueve. Un proyecto de Ley puede hacer que caiga su cuenta de resultados o trastocar sus balances, un trámite administrativo puede ralentizar o bloquear un proyecto en el que se han invertido millones de euros. Por eso la gestión de lo público es un elemento esencial para su éxito y supervivencia, ya que les permite anticiparse, actuar y gestionar la capacidad de influencia.

NebulosaPor otra parte, desde el punto de vista de la creación y posicionamiento en nuevos mercados, una correcta estrategia de asuntos públicos puede influir y encontrar el apoyo político necesario para generar el camino legal que provoque su apertura. Sirva como ejemplo el curioso caso de la acción planteada en 2013 por un grupo de empresas estadounidenses (Deep Space Industries y Planetary Resources) que anunciaron su intención de explotar los recursos de miles de asteroides cercanos a la Tierra en las próximas décadas. Dos años después, y prácticamente al final de su mandato, Obama firmaba una ley histórica, que reconoce el derecho de ciudadanos estadounidenses de ser propietarios de recursos de cuerpos celestes, y de venderlos, salvando las barreras legales que en materia de propiedad espacial promulgó en 1967 el Tratado del Espacio Exterior, que prohibía la reivindicación de cuerpos celestes por parte de los gobiernos. Para conseguirlo la administración Obama argumentó que lo mismo no se puede aplicar a las empresas privadas o a los posibles derechos de explotación. Esto supuso el pistoletazo de salida de la llamada economía espacial…

Cristina Afán de Ribera

 

Cristina es experta en Asuntos Públicos y Lobbying, cuenta con más de 15 años de experiencia en el Sector Medioambiental y es también socia de APRI.

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@Cristina_Afan

 

 

 

A imagen de la Crypto Valley Association, la entidad suiza que ha convertido el cantón de Zug en el Silicon Valley de la revolución tecnológica de las ‘criptos’, nace en España la Asociación Española de Tokens e ICOs (AETOK). Su objetivo principal será actuar como un ‘lobby’ del sector ante las autoridades y reguladores nacionales y europeos para convertir el país en un entorno pionero en captación de financiación mediante el uso de tecnologías blockchain.

Los promotores de esta entidad sin ánimo de lucro son Icofunding, RDC Abogados y finReg 360, que llevan varios meses trabajando en conjunto con los supervisores españoles, el Banco de España (BdE) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), para generar un entorno seguro para las empresas que están promoviendo proyectos de ICOs en España y en la Unión Europea (UE). Las emisiones iniciales de monedas y tokens criptográficos, a cambio de financiación para startups y empresas, es una de las posibilidades que ofrece la ‘cadena de bloques’ que más rápido se ha acelerado hasta el punto de que 5.000 millones de dólares se han recaudado entre 2017 y lo que llevamos de 2018.

Este sector aboca al mundo empresarial a un claro cambio de paradigma, en el que “la tecnología se está desarrollando mucho más rápido que la regulación”, explica AETOK en un comunicado. “Por lo que se está estrangulando un canal de financiación alternativa para las pequeñas y medianas empresas, lo que está provocando a su vez que este tipo de proyectos se desarrollen en el extranjero, con la consecuente pérdida de talento y riqueza para nuestro país”, denuncia la asociación.

Sin ir más lejos, Nostrum, la marca de Home Meal Replacement -empresa que cotiza en el MAB- está inmersa en la preventa de su ICO, el Meal token, una iniciativa inédita en nuestro país, ya que es la primera empresa productiva española que se embarca en una experiencia de este tipo. Por ahora, se ha adscrito a la regulación de la FIMNA suiza, pero el presidente de la CNMV, Sebastián Albella, se ha mostrado dispuesto a colaborar con Home Meal, para acometer el lanzamiento de su ICO en España.

No obstante, el supervisor de los mercados mantiene su postura de cautela ante los riesgos de la inversión en criptomonedas y señala que hay un componente internacional a la hora de regular estos activos virtuales. No en vano, en la cumbre del G-20, que se desarrolla en Buenos Aires el 19 y 20 de marzo, las criptomonedas centrarán la atención de banqueros centrales y ministros de economía en dos sesiones de trabajo destinadas a alcanzar un acuerdo conjunto sobre este nuevo mercado.

De vuelta al mercado nacional, Albella advierte de aquellas plataformas que comercializan este tipo de activos sin figurar en los registros del supervisor. “Son intermediarios no regulados que permiten invertir incluso con tarjeta de crédito, a mí personalmente me parecen muy peligrosas en términos de riesgos”, apunta.

OBJETIVOS DE AETOK

Pero pese a los avisos, existe una buena disposición de los reguladores para debatir de qué forma debe España abordar las ICOs y los desarrollos en la blockchain, cuentan fuentes del sector a ‘Bolsamanía’. Por este motivo, AETOK quiere proponer un marco de trabajo que ayude a consolidar el país como una potencia en la blockchain.

El plan de AETOK para impulsar el desarrollo del sector se sustenta en cuatro pilares, que pasan, en primer lugar, por el diálogo con instituciones, autoridades y supervisores y reguladores nacionales y comunitarios para desarrollar la regulación del sector ICO. Además, prepararán un libro blanco de ICOs que promueva la creación de un marco normativo que dé seguridad jurídica a las empresas y los inversores en este ámbito. Llevarán a cabo también la creación de una autorregulación y un código de conducta propios y, por último, trabajarán por la divulgación del conocimiento de las ICOs y la tokenización.

AETOK ya cuenta con 35 entidades adheridas. Y entre sus miembros se encuentran compañías que están inmersas en el lanzamiento de sus ICO, despachos de abogados, firmas de consultoría de blockchain y compañías de marketing.

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La nueva Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que en estos momentos se encuentra en trámite de ponencia en la Junta General, va a regular la existencia de lobbies de presión. Es decir, que haya transparencia en los encuentros entre estos ‘grupos de interés’ y los altos cargos del Gobierno.

 Este ha sido el principal tema de debate en la reunión de la ponencia del proyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que esta presidida por el diputado de IU-IX Gaspar Llamazares y que se ha reunido este miércoles en la Junta General.

Había tres enmiendas relativas a este tema a propuesta de PP, Podemos Asturies y Ciudadanos y se ha acordado fusionar las tres para que se recoja que un ‘grupo de interés’ son las personas físicas o jurídicas y las organizaciones que se dedican a influir en los procesos de elaboración de las políticas o disposiciones normativas, en la aplicación de las mismas o en la toma de decisiones de la Administración.

Además, la definición de lobby en la futura ley va a extender su ámbito y se van a considerar, además de los que están instaurados en Asturias, aquellos que puedan influir directamente en el sector asturiano y que no estén instaurados en la comunidad.

En declaraciones a Europa Press, el diputado ‘popular’ Rafael Alonso ha destacado que así se va a permitir dar “transparencia” a la figura de los lobbies, “que empieza a tener entrada y hay que regularlo” para saber cómo pudieron influir o participar en el proceso de redacción de una disposición.

Además, ha señalado que la futura ley va a hablar de ‘grupos de interés’ y no de lobbies, “que es un anglicismo”. Por otro lado, ha indicado que todos los grupos parlamentarios parecen haber dado la “bienvenida” a esta regulación” y que existe un “cierto ánimo de acuerdo”.

Por otro lado, desde Podemos Asturies, Emilio León, ha señalado que la política asturiana ha estado protagonizada por personas o grupos de presión “que nunca han tenido que rendir cuentas”. Así, ha apuntado a personas y entidades “que tuvieron las puertas abiertas de la administración y que aparecen ahora como condenados por evasión fiscal o relacionadas con Gitpa y la trama del cable”.

Con todo, ha señalado que la “prueba del algodón” sobre la voluntad del Gobierno asturiano de avanzar en la tramitación de esta norma será el próximo día 4 abril, “cuando se discuta la independencia de los órganos de control creados con esta Ley”, ha sentenciado.

Desde Ciudadanos, la diputada Diana Sánchez ha afirmado que la ley no es “para nada” el texto que trajo el Gobierno, “que Ciudadanos está contribuyendo a su mejora como por ejemplo la regulación de los grupos de interés y la huella”.

Además, ha señalado que desde su formación también han logrado introducir en la ley que los ciudadanos puedan evaluar a la administración a través del portal de transparencia “y se ha aceptado también nuestro estatuto del denunciante”.

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