Madrid, 20 de mayo de 2026.
La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), que representa a los profesionales de los asuntos públicos y el lobby en España, reclama a todos los grupos parlamentarios que actúen con responsabilidad, retomen el diálogo y aprueben de forma urgente la regulación estatal del lobby que se encuentra en tramitación parlamentaria.
Ante las informaciones conocidas en las últimas horas y el creciente debate público sobre la influencia en la toma de decisiones, consideramos imprescindible recordar que el lobby no es corrupción, ni tráfico de influencias, ni uso indebido de relaciones personales.
El lobby es una actividad profesional legítima y necesaria en una democracia avanzada: consiste en defender un interés legítimo ante la Administración pública o el poder político, trasladando de forma ética y transparente propuestas, datos, argumentos e información relevante para mejorar la calidad de las políticas públicas.
El tráfico de influencias y la corrupción pertenecen al ámbito del Código Penal. El lobby pertenece al ámbito de la transparencia, la participación y la representación de intereses. Confundir ambos planos daña el debate público, erosiona la confianza en las instituciones democráticas y perjudica a quienes ejercen esta profesión de forma ética, abierta y responsable.
APRI lleva 18 años defendiendo una regulación que aporte luz y taquígrafos a la interlocución público-privada. España no puede seguir instalada en esta anomalía normativa mientras las instituciones europeas y las principales democracias de nuestro entorno cuentan ya con marcos de transparencia para regular la actividad de los grupos de interés.
Una ley nacional debe permitir conocer quién influye, en nombre de quién, con qué intereses y bajo qué reglas. Para ello, APRI reclama una regulación que incluya un registro obligatorio y gratuito de lobistas, la publicación de las agendas de los cargos públicos, mecanismos para conocer la huella normativa y una autoridad independiente de supervisión.
Cada día sin ley es un día más de confusión, opacidad y deterioro de la confianza ciudadana en las instituciones. España necesita esta regulación ya.
