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La Asamblea General Electoral de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), tras elegir Junta Directiva de la Asociación para los próximos cuatro años, acordó reivindicar el reconocimiento y regulación de la actividad del lobby en España y ha renovado su compromiso de seguir defendiendo los intereses del centenar de empresas y profesionales que representa.

Entre las  nuevas actividades para los cuatro próximos años de APRI, que además es fundadora  de la Plataforma Europea de Asuntos Públicos (Public Affairs Community of Europe- PACE-), destacan promover el desarrollo de la profesión con acciones encaminadas a dar a conocer la importancia de la gestión de los asuntos públicos entre las empresas, asociaciones y medios de comunicación, explicar qué es el lobby y la importancia del ejercicio de la transparencia en las relaciones con los stakeholders corporativos.

APRI seguirá trabajando para que se apruebe una regulación nacional de los grupos de interés o lobby, que permita impulsar el reconocimiento de la actividad, y dote de mayor transparencia al proceso de toma de decisiones políticas e institucionales, tal y como aparece en el acuerdo de Gobierno de PSOE y Unidas Podemos.

Según la presidenta María Rosa Rotondo, ha llegado el momento que se reconozca y entienda nuestra actividad. Con la nueva Junta trabajaremos para visibilizar a los profesionales de las relaciones institucionales o asuntos públicos y explicar qué es y qué no es el lobby”.

La nueva Junta Directiva cuenta con un nuevo equipo, que es reflejo de todas las generaciones y perfiles profesionales de la asociación. Entre los nuevos miembros de la Junta, se encuentran:

  • María Rosa Rotondo, presidenta, socia fundadora de Political Intelligence; 
  • Esteban Egea Sánchez, secretario, consultor independiente, experto en asuntos públicos; 
  • Luis Suarez de Lezo Ferrer, vicepresidente, Secretario General de la Asociación de Empresarios de Alcobendas;
  • Juan Torres Jiménez, tesorero, Fundador y Director de Asuntos Públicos de Deva; 
  • Adriana Bonezzi Pérez, vocal, External Affairs Manager en British American Tabacco; 
  • Diego Bayón Mendoza, vocal, Director Asociado de Asuntos Públicos en Kreab; 
  • Montse Escudero Pérez, vocal, Directora de Asuntos Públicos de Omnicom PR Group; 
  • Dolores González Pastor, vocal, Gerente en la Oficina Corporativa de Regulación y Políticas Públicas de Telefónica; 
  • Juan Alfonso Herrero, vocal, Director de Asuntos Europeos de Mercadona;  
  • Ángel Mesado Jardi, vocal, Socio Director de 19N Strategies; 
  • Piluca Núñez López, vocal, Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales en la Asociación Empresarial Eólica.
  • Irene Matías, Directora General de APRI.

APRI, un centenar de asociados que aboga por europeizar el lobby español

Fundada en el año 2008 por profesionales de las relaciones institucionales en España, APRI nació para cubrir un vacío en la representación y asociacionismo de esta profesión.

Su objetivo es hacer del lobby una profesión de reconocido prestigio y valor para toda la sociedad y, en especial, para los responsables de todo tipo de organización, como compañías, ONG o asociaciones empresariales. Una profesión que sirva como nexo más eficaz entre los legítimos intereses de la sociedad civil y las decisiones de interés general que toman los decisores políticos como el Gobierno y el parlamento y los restantes poderes públicos de la Administración Central y de sus Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.

Desde sus comienzos, la Asociación entiende la transparencia, la ética y la integridad como elementos importantes a la hora de ejercer esta profesión. Por ello, a partir del año 2011 todos sus socios firman un código de conducta, que representa una autorregulación ante la falta de reglas sobre la actividad en España.

APRI cuenta con más de 100 asociados entre profesionales y empresas quienes abogan por la normalización de la actividad a través de la creación de un registro de grupos de interés, similar al Registro de Transparencia que ya existe ante el Parlamento y la Comisión Europea.

APRI es también el fundador  y miembro de la Plataforma Europea de Asuntos Públicos (Public Affairs Community of Europe- PACE-) creada en el 2018 como plataforma de todas las organizaciones nacionales de profesionales de asuntos públicos europeos, comprometida a contribuir al desarrollo de procedimientos más transparente en la adopción de políticas públicas en toda Europa consolidando una democracia participativa dentro de los estados miembros.

El pasado 27 de septiembre APRI participó en la estrategia de lucha contra la corrupción en Cataluña. 

El texto de la estrategia catalana definirá 25 actuaciones para fortalecer la integridad pública que, una vez aprobada la estrategia por acuerdo de gobierno, se implementará en la administración y en las entidades del sector público en un plazo de dos años en ámbitos como la transparencia, la contratación pública, la protección de alertadores, la anonimización de buzones éticos o la fiscalidad.

El Gobierno catalán se ha comprometido a utilizar los resultados del proceso participativo en la redacción del documento y los participantes recibirán un retorno del proceso participativo y se los explicará el uso de las aportaciones en la elaboración de la Estrategia.

Un total de 228 grupos de interés ya se han inscrito en el registro de lobbiesque el Parlament creó a finales de enero de este año. La iniciativa es pionera entre las cámaras legislativas del Estado y se ha puesto en marcha como consecuencia de la ley de transparencia catalana, aprobada en 2014. El vicepresidente primero de la Cámara, Lluís Corominas, hace un balance “positivo” de los primeros meses, y recuerda que el Parlament aprobó también que los diputados hicieran pública su agenda.

El Parlament envió casi 400 cartas a entidades, cámaras, colegios, sindicatos, patronales y asociaciones susceptibles de tener que aparecer en este registro. Salvadas las “dudas iniciales”, dice Corominas, la iniciativa ha sido bien acogida. Esos grupos, por ejemplo, se sorprendían por tener que inscribirse en el Parlament para hablar con diputados cuando no tenían que hacerlo en el Congreso. La cámara autónoma pretende que formar parte del registro sea una especie de “sello de calidad” para las entidades.

El registro de lobbies garantiza derechos (como celebrar actos en la cámara) y obligaciones; por ejemplo, a dar información “fidedigna”. También prevé sanciones por malas prácticas, que van de los 300 a los 12.000 euros, que por ahora no se aplican.

Además de los 228 inscritos, hay cinco solicitudes pendientes de validar, otras seis que no se han admitido y otras 31 que no han finalizado. El registro se estructura en cinco categorías: consultorías profesionales y despachos de abogados; empresas, asociaciones comerciales y sindicatos; fundaciones, plataformas y sin ánimo de lucro; grupos de reflexión y ligados a partidos; y, finalmente, organizaciones que representan a iglesias o comunidades religiosas.

Los grupos registrados van desde la fundación Proactiva Open Arms —que ayuda a los refugiados en las aguas del Mediterráneo— hasta el gremio de constructores de obras de Barcelona, así como entidades energéticas, como la Asociación Española del Gas. Algunos grupos tienen un interés directo con las leyes que tramita la cámara, como la Asociación de Bebidas Refrescantes; recientemente, el Parlament abordó un impuesto sobre bebidas azucaradas. También está registrada la Federación de Asociaciones de Usuarios de Cannabis. En pleno proceso soberanista figuran, también, entidades que lo impulsan como Reinicia Catalunya, el Cercle Català de Negocis, Sobirania i Justícia o el Pacte Nacional pel Referèndum.

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A imagen de la Crypto Valley Association, la entidad suiza que ha convertido el cantón de Zug en el Silicon Valley de la revolución tecnológica de las ‘criptos’, nace en España la Asociación Española de Tokens e ICOs (AETOK). Su objetivo principal será actuar como un ‘lobby’ del sector ante las autoridades y reguladores nacionales y europeos para convertir el país en un entorno pionero en captación de financiación mediante el uso de tecnologías blockchain.

Los promotores de esta entidad sin ánimo de lucro son Icofunding, RDC Abogados y finReg 360, que llevan varios meses trabajando en conjunto con los supervisores españoles, el Banco de España (BdE) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), para generar un entorno seguro para las empresas que están promoviendo proyectos de ICOs en España y en la Unión Europea (UE). Las emisiones iniciales de monedas y tokens criptográficos, a cambio de financiación para startups y empresas, es una de las posibilidades que ofrece la ‘cadena de bloques’ que más rápido se ha acelerado hasta el punto de que 5.000 millones de dólares se han recaudado entre 2017 y lo que llevamos de 2018.

Este sector aboca al mundo empresarial a un claro cambio de paradigma, en el que “la tecnología se está desarrollando mucho más rápido que la regulación”, explica AETOK en un comunicado. “Por lo que se está estrangulando un canal de financiación alternativa para las pequeñas y medianas empresas, lo que está provocando a su vez que este tipo de proyectos se desarrollen en el extranjero, con la consecuente pérdida de talento y riqueza para nuestro país”, denuncia la asociación.

Sin ir más lejos, Nostrum, la marca de Home Meal Replacement -empresa que cotiza en el MAB- está inmersa en la preventa de su ICO, el Meal token, una iniciativa inédita en nuestro país, ya que es la primera empresa productiva española que se embarca en una experiencia de este tipo. Por ahora, se ha adscrito a la regulación de la FIMNA suiza, pero el presidente de la CNMV, Sebastián Albella, se ha mostrado dispuesto a colaborar con Home Meal, para acometer el lanzamiento de su ICO en España.

No obstante, el supervisor de los mercados mantiene su postura de cautela ante los riesgos de la inversión en criptomonedas y señala que hay un componente internacional a la hora de regular estos activos virtuales. No en vano, en la cumbre del G-20, que se desarrolla en Buenos Aires el 19 y 20 de marzo, las criptomonedas centrarán la atención de banqueros centrales y ministros de economía en dos sesiones de trabajo destinadas a alcanzar un acuerdo conjunto sobre este nuevo mercado.

De vuelta al mercado nacional, Albella advierte de aquellas plataformas que comercializan este tipo de activos sin figurar en los registros del supervisor. «Son intermediarios no regulados que permiten invertir incluso con tarjeta de crédito, a mí personalmente me parecen muy peligrosas en términos de riesgos», apunta.

OBJETIVOS DE AETOK

Pero pese a los avisos, existe una buena disposición de los reguladores para debatir de qué forma debe España abordar las ICOs y los desarrollos en la blockchain, cuentan fuentes del sector a ‘Bolsamanía’. Por este motivo, AETOK quiere proponer un marco de trabajo que ayude a consolidar el país como una potencia en la blockchain.

El plan de AETOK para impulsar el desarrollo del sector se sustenta en cuatro pilares, que pasan, en primer lugar, por el diálogo con instituciones, autoridades y supervisores y reguladores nacionales y comunitarios para desarrollar la regulación del sector ICO. Además, prepararán un libro blanco de ICOs que promueva la creación de un marco normativo que dé seguridad jurídica a las empresas y los inversores en este ámbito. Llevarán a cabo también la creación de una autorregulación y un código de conducta propios y, por último, trabajarán por la divulgación del conocimiento de las ICOs y la tokenización.

AETOK ya cuenta con 35 entidades adheridas. Y entre sus miembros se encuentran compañías que están inmersas en el lanzamiento de sus ICO, despachos de abogados, firmas de consultoría de blockchain y compañías de marketing.

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La nueva Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que en estos momentos se encuentra en trámite de ponencia en la Junta General, va a regular la existencia de lobbies de presión. Es decir, que haya transparencia en los encuentros entre estos ‘grupos de interés’ y los altos cargos del Gobierno.

 Este ha sido el principal tema de debate en la reunión de la ponencia del proyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que esta presidida por el diputado de IU-IX Gaspar Llamazares y que se ha reunido este miércoles en la Junta General.

Había tres enmiendas relativas a este tema a propuesta de PP, Podemos Asturies y Ciudadanos y se ha acordado fusionar las tres para que se recoja que un ‘grupo de interés’ son las personas físicas o jurídicas y las organizaciones que se dedican a influir en los procesos de elaboración de las políticas o disposiciones normativas, en la aplicación de las mismas o en la toma de decisiones de la Administración.

Además, la definición de lobby en la futura ley va a extender su ámbito y se van a considerar, además de los que están instaurados en Asturias, aquellos que puedan influir directamente en el sector asturiano y que no estén instaurados en la comunidad.

En declaraciones a Europa Press, el diputado ‘popular’ Rafael Alonso ha destacado que así se va a permitir dar «transparencia» a la figura de los lobbies, «que empieza a tener entrada y hay que regularlo» para saber cómo pudieron influir o participar en el proceso de redacción de una disposición.

Además, ha señalado que la futura ley va a hablar de ‘grupos de interés’ y no de lobbies, «que es un anglicismo». Por otro lado, ha indicado que todos los grupos parlamentarios parecen haber dado la «bienvenida» a esta regulación» y que existe un «cierto ánimo de acuerdo».

Por otro lado, desde Podemos Asturies, Emilio León, ha señalado que la política asturiana ha estado protagonizada por personas o grupos de presión «que nunca han tenido que rendir cuentas». Así, ha apuntado a personas y entidades «que tuvieron las puertas abiertas de la administración y que aparecen ahora como condenados por evasión fiscal o relacionadas con Gitpa y la trama del cable».

Con todo, ha señalado que la «prueba del algodón» sobre la voluntad del Gobierno asturiano de avanzar en la tramitación de esta norma será el próximo día 4 abril, «cuando se discuta la independencia de los órganos de control creados con esta Ley», ha sentenciado.

Desde Ciudadanos, la diputada Diana Sánchez ha afirmado que la ley no es «para nada» el texto que trajo el Gobierno, «que Ciudadanos está contribuyendo a su mejora como por ejemplo la regulación de los grupos de interés y la huella».

Además, ha señalado que desde su formación también han logrado introducir en la ley que los ciudadanos puedan evaluar a la administración a través del portal de transparencia «y se ha aceptado también nuestro estatuto del denunciante».

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València, 16 feb (EFE).- El pleno del Consell ha aprobado hoy el proyecto de ley de Lobbies, con el que busca aportar claridad y transparencia y «poner freno a la cultura del amiguismo», y el proyecto de ley que fija la futura estructura productiva agraria de la Comunitat Valenciana.

Así lo ha dado a conocer la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, tras el pleno del ejecutivo, en una rueda de prensa en la que ha informado de que ambas iniciativas legislativas serán remitidas ahora a Les Corts Valencianes para su tramitación parlamentaria y posterior aprobación y entrada en vigor.

Oltra ha explicado que la ley de Lobbies pretende poner «más luz y transparencia» en las relaciones de los grupos de interés con la administración valenciana, al tiempo que «pone freno a la cultura del amiguismo» al identificar a los lobbies existentes en la Comunitat.

La norma contempla un código de conducta que incluirá las prácticas y actitudes que deben seguir los lobbies en su actuación, evitando la opacidad, garantizando el interés general y fiscalizando con buen criterio la actuación de los poderes públicos.

Se considera actividad de lobby toda comunicación directa o indirecta, oral o escrita, con los cargos o empleados públicos, con la finalidad de influir en la adopción de políticas públicas y en la elaboración de los proyectos normativos, desarrollada en nombre de un grupo organizado de carácter privado o no gubernamental en beneficio de sus propios intereses o de terceros.

El proyecto de ley contempla la creación de un el Registro de lobbies, que viene a hacer efectiva la identificación pública de las actividades que desarrollan los grupos de interés, y que será de carácter electrónico, administrativo, gratuito y obligatorio.

También regula lo que se denomina «huella normativa» referida a la publicidad de los contactos que la administración de la Generalitat mantiene con los lobbies durante la elaboración de los anteproyectos de ley y los proyectos de decreto, asegurando así que la influencia de estos grupos en la confección de las normas sea transparente y no desproporcionada.

Oltra ha destacado que la aplicación de la «huella normativa», situará a la Comunitat Valenciana «a la vanguardia» ya que será la tercera autonomía que aplica este procedimiento, después de Madrid y el País Vasco.

Por otra parte, el proyecto de Estructuras agrarias busca hacer de la agricultura una actividad rentable y sostenible, mediante la actualización y desarrollo de algunas medidas ya existentes, así como la regulación y el establecimiento de diferentes instrumentos y actuaciones de nueva implantación.

El objetivo de esta iniciativa consiste en mejorar la competitividad en la Comunitat, actuando contra el abandono de tierras, la fragmentación de la propiedad o la falta de una cultura de la gestión común de la producción, entre otras cuestiones.

La ley contempla la creación de una «Xarxa de Terres» o red de oficinas gestoras de tierras, que será una herramienta destinada a movilizar las parcelas a favor de los agricultores profesionales y de iniciativas de gestión en común.

También se pondrá en marcha la figura de la Iniciativa de Gestión Común (IGC), calificación a la que podrán acogerse todas las explotaciones asociativas o las agrupaciones de explotaciones que manifiesten su voluntad de ser consideradas como una unidad a efectos de la puesta en marcha de un plan de gestión de cultivo en común.

La nueva norma contempla la definición de suelo agrícola infrautilizado e introduce incentivos fiscales a la adquisición y arrendamiento de fincas rústicas que amplían los contemplados en la normativa estatal.

Entre las novedades también se encuentra la nueva figura de agente dinamizador, como persona que impulsará técnicamente la gestión del territorio y la elaboración de un mapa agronómico que constituirá una herramienta de planificación para las políticas agrarias. EFE

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La Secretaría General del Senado ha emitido un informe, propiciado por una denuncia de Podemos respecto a un viaje a Dublín de senadores del PP y PNV y parlamentarios de Cs invitados por una farmacéutica, en el que recomiendan aprobar un código de conducta de los parlamentarios para regular su relación con los ‘lobbies’. «Se trata de una materia que en cámaras parlamentarias de nuestro entorno se regula, con diverso nivel de intensidad, en los llamados códigos de Conducta, pero que hasta el momento no se han establecido en las Cortes Generales», explican los letrados.

El escrito incluye las recomendaciones del informe Greco (Grupo de Estados Contra la Corrupción) sobre España, relativo a «la prevención de la corrupción en lo que se refiere a miembros del parlamento, jueces y fiscales», adoptado en 2013 y que ha sido objeto de sucesivos informes sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en aquel. Entre las recomendaciones «pertinentes», los letrados destacan que «cada Cámara de las Cortes Generales apruebe un código de conducta de los parlamentarios, que incluya orientaciones, entre otros aspectos, sobre prevención de conflictos de intereses, regalos e invitaciones».

Por otro lado, el informe de los letrados también recomienda que «se adopten normas sobre el modo en que los parlamentarios se relacionan con los grupos de presión y con otros grupos que aspiran a influir en la función legislativa, que incluyan publicidad de sus contactos». Con todo, el informe evidencia la ausencia de regulación y concluye que “no resulta posible efectuar una valoración jurídica (…) dado que la cuestión se plantea en términos sumamente genéricos y, como se ha señalado, no hay normativa específica que regule esta materia”.

La senadora de Unidos Podemos por Álava, Kontxi Palencia, que instó a la Mesa del Senado a solicitar dicho informe sobre los viajes, estancias y regalos que empresas privadas (‘lobbies’) sufragan a los representantes de la Cámara Alta, entiende que “existe un grave problema ético cuando las personas encargadas de regular el sector farmacéutico, por ejemplo, disfrutan viajes o reciben regalos de las grandes empresas farmacéuticas». Desde el grupo confederal remarcan también que el informe de los letrados de la Cámara Alta «reconoce la necesidad de modificar el reglamento del Senado para avanzar en materia de transparencia, garantizando además que los representantes políticos de los españoles y españolas sirvan siempre al bien común y no a intereses particulares».

La portavoz de Unidos Podemos en la comisión de Sanidad impulsó una moción que se lleva esta semana a pleno sobre la regulación de estas prácticas, después de conocerse que un conjunto de senadores del PP y del PNV y de parlamentarios de Ciudadanos (Cs) viajó a Dublín el 26 de noviembre con todos los gastos pagados para «conocer las instalaciones» de Amgen, multinacional del sector farmacéutico. En concreto, según aseguraron fuentes del PP y del PNV a Europa Press, acudieron a Dublín cuatro senadores populares, una senadora del PNV y tres diputados de Cs en el Parlamento andaluz. Asimismo, desde el PP manifestaron que días antes de ese viaje había tenido lugar «un foro muy similar en Zaragoza al que asistieron miembros de todos los partidos y nadie dijo nada».

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Los grupos de presión ya han comenzado a inscribirse en el registro de lobbiescreado por el Gobierno de Ahora Madrid, que comenzó a funcionar a primeros de mes. Seis decenas de lobbies entre personas jurídicas, asociaciones y empresas de toda índole han cursado alta en la plataforma de Transparencia de la web municipal a lo largo del primer mes de 2018, aunque según aseguran desde el Área de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, encabezada por el edil Pablo Soto, «todavía ninguno ha solicitado una reunión con algún representante municipal».

Estos encuentros comenzarán a producirse con el paso de los meses. Al menos, ésa es la intención de la Ejecutiva de la alcaldesa, Manuela Carmena, que ha creado este registro con el objetivo de que estas personas o colectivos que pretenden influir en la toma de decisiones municipales dejen constancia de las reuniones y que éstas puedan ser consultadas por la ciudadanía. La inscripción es obligatoria para todo aquel que quiera ejercer de lobista, salvo las asociaciones y entidades que ya estén inscritas en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Madrid.

Entre los primeros lobbies registrados aparecen empresas con importantes intereses económicos en la ciudad. Es el caso de la cadena de supermercados Mercadona, con más de 20 establecimientos en Madrid, que se inscribió el pasado 11 de enero, o de la multinacional de venta online Amazon, que tiene su sede central y otras delegaciones en distintos puntos de la capital y que se registró con el objetivo de «mantener reunión o encuentro», como consta en su ficha abierta al público a través de la web municipal.

Otras de las grandes empresas que no han tardado en posicionarse son Uber y Cabify, que a través de la patronal Unauto VTC (la principal asociación del sector de alquiler de vehículos con conductor profesional) trasladan la denominada«guerra del taxi» también a este ámbito. Del otro lado, la Federación Española del Taxi ha hecho lo propio, registrando no sólo a esta organización, sino también a su secretario técnico, Emilio Domínguez del Valle.

Mucho interés económico podría haber también en el caso del gigante inmobiliario Unibail-Rodamco, que cuenta con 12 grandes superficies comerciales en nuestro país, tres de ellas en Madrid: Equinoccio, Parquesur y La Vaguada. Esta compañía anunciaba recientemente que invertirá más de 800 millones de euros en España durante los próximos cinco años, según publicaba Expansión. Asimismo, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) o la ANFAC-Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones también se han dado de alta durante las últimas semanas.

Pero no solo de grandes nombres vive este registro de lobbies, que ya cuenta con una composición de lo más variopinta. Con unos intereses muy alejados de la lógica del capitalismo se encuentra por ejemplo la organización Mis Amigas Las Palomas, que lleva ya varios años luchando por los derechos de estas aves, tan odiadas por muchos ciudadanos. Ecologistas en Acción completa el listado de organizaciones en defensa de la fauna y el medio ambiente.

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Ciertamente, el ejercicio del lobby en España está preso de una serie de mitos que lo hacen incomprendido y oscuro. La corrupción ha reforzado esos mitos y ha dañado la imagen de los grupos de presión. Pero las razones de la desconfianza y de la distancia del ciudadano medio hacia los lobbies son, además de la corrupción, la juventud de la que aún goza nuestra democracia, la histórica ausencia de regulación de la profesión y la consecuente falta de transparencia de dicha actividad.

Sin embargo, en España, la mayoría de la población no ha interiorizado aún que los sindicatos, las asociaciones de consumidores, o las organizaciones sociales que reivindican los derechos LGTB, por citar algunos ejemplos, también son lobbies, ampliamente aceptados por la sociedad, aunque sus intereses no son corporativos.

Pero, ¿qué es el lobby?
Según la RAE, lobby significa «grupo de personas influyentes, organizado para presionar en favor de determinados intereses, es decir, un colectivo con intereses comunes que realiza acciones dirigidas a influir para promover decisiones favorables a los intereses de ese sector concreto de la sociedad».

Cuando leemos esta definición, el imaginario colectivo nos lleva a despachos en donde un político intercambia favores con una persona sin rostro, representante de poderosos intereses empresariales. Esto sucede, pero no es lobby; es, en todo caso, tráfico de influencias. En cambio, no pensamos en un sindicato amenazando con una huelga si, en una nueva legislación laboral, hay cambios que afecten a sus trabajadores. Y es que los métodos de los lobbies son distintos, pero el fin es el mismo: influir en la elaboración de las leyes y regulaciones, y en la toma de decisiones.

Un engranaje básico de las democracias desarrolladas
En EEUU, por ejemplo, los lobbies son un engranaje fundamental de la democracia. Son poderosas organizaciones de presión política que tienen un peso incuestionable en la creación de muchas leyes o en el mantenimiento de muchas otras. Aunque tendamos a creer que compran voluntades, el político que escucha a estos grupos también evalúa el peso, en el caso del lobby corporativo, que tienen estas industrias y sus intereses en el tejido económico y social del país: millones de dólares en impuestos y miles de puestos de trabajo que deben ser tenidos en cuenta -a Eisenhower se le atribuyó la frase de «lo que es bueno para la General Motors lo es también para EE UU»-. Así sucede también con lobbies no corporativos. Toda persona que represente una empresa o sector importante, o a un colectivo muy numeroso, defiende un interés que el legislador debe ponderar.

Sin salir del ejemplo norteamericano, los lobbies no son infalibles. El carbón y el acero perdieron la partida durante la Administración Obama y el lobby de las tabacaleras fue derrotado por las condenas millonarias en los juzgados en la década anterior. En estos casos, otros factores fueron determinantes, entre ellos, el bienestar colectivo de la población. Para que los intereses defendidos tengan éxito, deben también ser importantes y comprendidos para un espectro amplio de la sociedad. Si el tabaco mata, o si el carbón daña el planeta, la presión social es más fuerte que cualquier otra presión que pueda ejercerse sobre cualquier político. Como subraya Daniel Ureña, de MAS Consulting, «no hay lobbies buenos y lobbies malos, sino que lo que debe juzgarse son los intereses que cada uno defiende.» Para los lobbies, la imagen pública de los intereses que defienden es tan importante como su labor de influencia con los poderes políticos.

En las democracias avanzadas, pues, los lobbies se han convertido hoy en canalizadores de demandas e información muy útiles en la toma de decisiones. Cuando se está elaborando una ley sobre un sector específico, es necesario que el legislador oiga todos los puntos de vista, reciba informes cualificados, estudie cómo la ley afectará a empresas, a ciudadanos, al medio ambiente, etc., y en ese momento los grupos de presión juegan un papel vertebrador y, en la mayoría de los casos, beneficioso.

La lucha por una mayor transparencia
La problemática actual del lobby en España radica, precisamente, en sus métodos. Una mayor transparencia es lo que demandan, entre otros, la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales, así como distintos organismos, para normalizar esta actividad.

En febrero de 2017 la Comisión Europea criticó la falta de regulación de los lobbies en España. La recientemente fallecida Esther Arizmendi, presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, denunció en su testamento la «opacidad de la Administración» y las deficiencias de la vigente Ley de Transparencia (aprobada en diciembre de 2013) por la cual se creó el primer Registro de Grupos de Interés en España, en funcionamiento desde marzo de 2016.

Por su parte, Transparencia Internacional destaca que el lobby es síntoma de una democracia dinámica, pero que necesita estar dotada de más control y transparencia. En este sentido, en el último índice de Percepción de la Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, España estaba en el número 41 de 176; no era una mala posición, pero estaba por detrás de Bostwana, Cabo Verde, Qatar o Lituania.

Bienvenidos y regulados sean
Los lobbies en España no mejorarán su imagen hasta que exista una mayor transparencia y hasta que la sociedad no interiorice los beneficios que reporta esta actividad.

El lobby profesional es legítimo y sano para una democracia. Es, también, un sector económico en auge y que, con una regulación efectiva, puede ayudar a mejorar los mecanismos de la democracia representativa y defender mejor los intereses de los ciudadanos. Los lobbies, sí, son normales, y necesarios.

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Las grandes compañías y organizaciones no pierden el tiempo para solicitar reuniones con el ayuntamiento.