Diario Cinco Días. Martes 19 de febrero de 2013

Lobby y transparencia, claves de competitividad

Una de las razones principales que nos ha llevado, como la asociación que agrupa a los profesionales del lobby en España, a comparecer ante la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados es nuestra firme convicción en la importancia que ambos conceptos, estrechamente ligados, tiene para la competitividad de las empresas, para el crecimiento de la economía y para el bienestar de la sociedad en general. Según la Real Academia Española, transparencia, que viene de transparente, significa: “Claro, evidente, que se comprende sin duda ni ambigüedad”. Traducido al mundo de la política y a la toma de decisiones políticas, esto se entiende por claridad pública en el proceso de toma de decisiones, las razones por las que se toman, cuándo y cómo se toman y quién participa en la toma de decisiones.

Decisiones que además se deben entender y no crean ambigüedad entre los empresarios, los trabajadores y la sociedad en general, y cuyos objetivos son evidentes y comprensibles. Tanto en la vida privada como en la vida profesional y laboral, la claridad, la evidencia, la comprensión y la falta de ambigüedad se traducen siempre y sin falta en mayor satisfacción, mayor motivación y mayor éxito personal y colectivo. En el mundo empresarial, la transparencia se traduce en estabilidad y seguridad regulatoria y jurídica, mayor confianza y mayor fiabilidad. Palabras que atraen la inversión y al inversor, la investigación y el crecimiento.

Al hacer transparentes y relevantes para los responsables públicos los diferentes impactos económicos, que las diferentes posibles decisiones tienen, se ayuda a que se tomen aquellas decisiones que generan mayor actividad económica y mayor empleo mejorando la cadena de valor generada en España y por tanto su productividad y competitividad internacional. Por eso la palabra transparencia está en boca de todos. El futuro de España se juega en los mercados globales y en las instituciones internacionales. Las decisiones que toman instituciones como la Unión Europea, el FMI, la OMC, OCDE, etc., son muy importantes para España, su economía y su mercado laboral. En todas estas instituciones el lobby es muy intenso. Tener un colectivo profesional, amplio, preparado y profesionalizado es clave para que sus decisiones respondan también a los intereses de España. España no puede competir con el lobby anglosajón y el de otros países si no cuenta con una profesión transparentemente regulada que permita su crecimiento y consolidación en España. Una profesión no reconocida en España nos lleva a una profesión no desarrollada y, por tanto, a que los lobbies de otros países nos ganen, muchas veces por incomparecencia, al insuficiente o nulo lobby español en dichas instituciones.

El lobby es, por lo tanto, un aspecto esencial de dicha transparencia. El lobby no es otra cosa que la representación de opiniones e intereses legítimos del conjunto de la sociedad ante los poderes Ejecutivo y Legislativo, tanto a nivel nacional como autonómico. El lobby incluye la expresión de ideas, de puntos de vista, la participación de la sociedad en las decisiones que les afectan. Los lobbistas somos hilos conductores de los intereses particulares hacia los poderes públicos, facilitando a la vez una vía de acceso a información sobre el proceso de toma de decisiones, las razones por las que se toman, cuándo y cómo se toman y quién participa en la toma de decisiones. Garantiza, además, que las decisiones políticas y legislativas se tomen en base al conocimiento y a la mayor información posible, forzando al legislador a tener en cuenta el impacto (positivo y negativo) que tendrán sus decisiones sobre el tejido empresarial, el mercado laboral y la sociedad.

Pero para cerrar este círculo virtuoso es necesario dotar al lobby también de transparencia. Y es por eso que desde APRI hemos solicitado al Gobierno y a los miembros del Congreso que incluyan al lobby y al ejercicio del lobby en la Ley de Transparencia. Con disposiciones que nos obligue, a aquel que ejerce de lobbista y/o que lleve a cabo actividades de lobby, a registrarse en el Congreso y en el Ejecutivo y a declarar sus intereses y sus interesados. Que sea de obligado cumplimiento para todo aquel que lleve a cabo actividades de lobby la firma de un código de conducta ético, similar si acaso al que hemos firmado todos los que somos miembros de APRI de forma voluntaria. Una mayor transparencia en el ejercicio del lobby se traducirá también en más seguridad y estabilidad, mayor confianza y mayor fiabilidad en la economía española, sus ciudadanos y sus instituciones públicas y, por ende, en una mayor competitividad de sus empresas y de sus ciudadanos.

María Rosa Rotondo es Presidenta de APRI

Versión Web

Agencia Europa Press. Martes 12 de febrero de 2013

Los lobbies piden ser incluidos en la Ley de Transparencia para prevenir la corrupción y dar seguridad a cargos públicos

Reclaman que se dé publicidad a la agenda de trabajo de altos cargos y al resultado de las reuniones entre el Estado y las comunidades

La presidenta de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), María Rosa Rotondo, ha pedido este martes en el Congreso que los grupos de influencia conocidos como ‘lobbies’ sean incluidos en la Ley de Transparencia, ya que considera “urgente” que se regule su funcionamiento para así poder prevenir la corrupción y dar seguridad a los cargos públicos que mantienen contactos con estos colectivos.

Esta es la principal petición que ha realizado Rotondo durante su comparecencia en la Comisión Constitucional del Congreso encargada de tramitar la futura Ley de Transparencia, acceso a la información y buen gobierno que el Ejecutivo quiere que esté aprobada antes del verano.

Rotondo ha defendido la función que realizan los grupos de influencia como correa de transmisión entre la sociedad civil y los poderes públicos y ha hecho hincapié en la necesidad de que España los regule siguiendo el modelo que ya está vigente en la Unión Europea y que define las relaciones entre estos grupos y los eurodiputados.

REGISTRO DE LOBBISTAS

Según ha explicado, ese modelo europeo, que incluye un registro de lobbistas, “ha hecho más difícil las puertas traseras, ha introducido normas claras aplicables a los eurodiputados, así como un código de conducta y reglas concretas de acceso a la información”.

La asociación de lobbistas española considera que el mejor lugar para incluir esa regulación es la Ley de Transparencia, aunque, de no figurar ahí, apuestan por incorporarla a los reglamentos del Congreso y el Senado o fijarla mediante un acuerdo de las Mesas de ambas Cámaras.

“Los lobbies deben se regulados porque, al introducir transparencia, se reduce la posibilidad de corrupción y se favorece competitividad de las empresas”, ha enfatizado, a la vez que ha subrayado que es la “falta de transparencia” la que “daña la democracia” y la economía.

METER EN VEREDA AL TRÁFICO DE INFLUENCIAS

“Pedimos la transparencia absoluta del lobby, que su regulación sirva para meter en vereda a la corrupción y al tráfico de influencias y para separarlo radicalmente del derecho a la participación y libre defensa de ideas y de intereses”, ha dicho y, a renglón seguido, ha pedido que se envíe definitivamente al Código Penal la corrupción basada en el tráfico de influencias.

En este punto, ha pedido “valentía” a los legisladores para que “obliguen a todos los profesionales de las relaciones institucionales a firmar un código de conducta que les dé las garantías necesarias en su relación con la sociedad”.

Eso sí, Rotondo ha señalado que la transparencia ha de ser “bidireccional”, es decir que debe afectar tanto a los grupos de influencia como a las instituciones porque de “regular sólo una parte” la norma quedaría “coja”. Sin embargo, no ha especificado qué mandatos deben cumplir los organismos públicos.

TRÁFICO DE INFLUENCIAS

Además, la compareciente ha aprovechado su presencia en el Congreso para dejar claro que “los lobbies no trabajan en la oscuridad ni fomentan la corrupción” y que los tribunales tanto españoles como europeos han dejado meridianamente clara la frontera “entre el lobby y el delito de tráfico de influencias”.

En este sentido, ha indicado que “el acto de influir no puede ser equiparado a la alteración del proceso de resolución y sí a la utilización de procedimientos capaces de conseguir que otro realice la voluntad de quien influye”.

“No es lobbying –ha afirmado– influir desde la prevalencia sea esta económica, profesional, familiar, sentimental o política; no es lobbying ofrecer cualquier tipo de contrapartidas por viciar el proceso de decisión; no es lobbying influir en la adjudicación de contratos públicos”.

Por último, Rotondo ha propuesto que se amplíen los documentos que la ley prevé que puedan someterse a consulta pública, de manera que se incluyan órdenes ministeriales u otro tipo de resoluciones del Ejecutivo, así como sus programas de trabajo, las agendas de trabajo de altos cargos y los calendarios y el resultado de las reuniones de las comisiones entre el Estados y las comunidades autónomas.

Versión Web

La Celosía.com. Jueves 11 de octubre de 2012

MARIA ROSA ROTONDO*

Puesto que no existe tal entidad conocida como ‘el público’, ya que el público es meramente una cantidad de individuos, la idea de que ‘el interés público’ va por encima de los intereses y derechos privados solo tiene un significado: que los intereses y derechos de algunos individuos tienen prioridad sobre los intereses y derechos de los demás.” Ayn Rand, La Rebelión de Atlas.

En nuestro país no se reconoce la actividad del lobby ni su ejercicio, lo cual no significa que no existan. Los lobbies en España existen y es inútil negarlo. Sin embargo, es una realidad que permanece oculta – si bien cada vez menos – quizá porque se parte de la consideración de que por defender intereses normalmente empresariales, éstos no son legítimos, o porque permitir a las empresas expresar su parecer sobre la legislación que directamente impacta en su actividad implica irremisiblemente atentar contra el interés general.

En definitiva, existe la percepción general de que tanto el ejercicio de lobby, como la receptividad por parte de los representantes públicos (“dejarse influir”) es, como dice Ayn Rand, un esfuerzo de suma cero en el que para que alguien gane, otro tiene que perder.

Por el contrario, cuanto más lobby se haga, entendiendo como tal la capacidad de comunicar, trasladar mensajes, enriquecer el debate, favorecer la multiplicidad de puntos de vista, más rica será la opinión del regulador y más transparente será la toma de decisiones, resultando en mejor legislación, que debe ser en todo caso el objetivo de una buena acción de lobby.

Hasta ahora, los tímidos intentos de regulación del lobby que ha habido en nuestro país no han sido precedidos de un debate serio y maduro sobre la necesidad de ordenar esta actividad. Puede que nos encontremos ahora ante esta oportunidad, con ocasión de la tramitación parlamentaria de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. Se trata de una ley de amplio espectro que abarca distintos temas. Sin ser un proyecto de ley perfecto – casi ninguno lo es – sí que parece ser mejorable en el trámite parlamentario incorporando nuevas medidas y una de éstas podría ser muy bien la creación de un registro de representantes de interés y la consiguiente obligatoriedad de un código de conducta. Ambos elementos constituyen el eje de la regulación de la actividad de lobby en la mayoría de los países de nuestro entorno (hasta 14 de la Unión Europea) así como ante las Instituciones europeas.

¿Por qué es necesario ordenar la actividad de representación de intereses? Por varios motivos.

En primer lugar, la regulación de la actividad de lobby debe realizarse como ejercicio de transparencia, participación, democracia y competitividad, ya que la representación de intereses es un aspecto fundamental de un sistema democrático (el derecho a la libertad de expresión) y que además, afecta directamente a la competitividad de un país. Ello es así porque partimos de la premisa de que cuando las empresas hablan, los políticos escuchan, se elaboran mejores leyes que tienen en cuenta los intereses en juego. Ello no quiere decir, volviendo a la cita de Ayn Rand, que siempre prevalezca un interés particular, sino simplemente que todos serán tenidos en cuenta. Una vez dicho esto, corresponde al legislador y sólo a este, decir la forma de equilibrar dichos intereses o de regular en una u otra manera. Preguntada en una ocasión, cuando competía con Barack Obama por la candidatura del Partido Demócrata Hillary Clinton sobre si defendería los intereses de los lobbies, respondió rotunda que por supuesto que lo haría, puesto que los lobbies representan a personas, incluso a empresas, que crean puestos de trabajo, pero no se separaría un ápice de sus convicciones

(http://www.youtube.com/watch?v=ZIG3YOY-qG8)

En segundo lugar, conviene que los ciudadanos sepan a qué intereses obedecen las decisiones del legislador. De ahí que sea necesario impulsar la transparencia de los intereses que confluyen sobre los Diputados y Senadores, así como sobre el Gobierno cuando legisla, que lo hace y mucho. Lo mismo puede decirse del nivel autonómico. Esta transparencia se instrumentaliza mediante la creación del Registro público, en el que debe inscribirse, en nuestra opinión, obligatoriamente todas aquellas personas que acceden al legislativo con la intención de influir en la elaboración de la legislación, políticas públicas o en la toma de decisiones.

Además del mencionado Registro, es necesario introducir unas mínimas normas de conducta aplicables a la relación de los representantes de intereses con el legislador. Este código no ha de ser muy elaborado – a las 12 normas del Código vigente en la Unión Europea me remito. Son normas básicas y sencillas que están orientadas fundamentalmente a proteger la veracidad, confidencialidad y transparencia de la comunicación. Con ello, se consigue además que el legislador pueda actuar en caso de que uno de los lobistas incumpla el Código, y con ello se protege a las instituciones frente a la corrupción.

Entendiendo la transparencia como una vía de doble sentido, la introducción de estas medidas que actúan sobre los lobistas debe ir acompañada de medidas que a su vez, faciliten nuestro trabajo. En estos momentos, los profesionales españoles nos movemos a tientas por los vericuetos de la Administración. Depende en gran medida de la habilidad o de los contactos de cada uno acceder a la información necesaria para desarrollar nuestro trabajo. Como se suele decir, la información es poder. Pues bien, parafraseando al Diputado de ICV Joan Josep Nuet (@nuet) la transparencia significa repartir ese poder. Es decir, en la medida que se introduzcan mecanismos de transparencia sobre los procesos de toma de decisiones o de elaboración de legislación, más gente accederá a la misma y la información no será accesible solo a algunos.

De ahí que, mediante la transparencia, se logra truncar el resultado de la cita con la que hemos introducido este artículo: con la transparencia se evita en la mayor parte de los casos, que unos intereses primen sobre otros, estableciendo un equilibrio entre los intereses en juego, sometido al escrutinio de la sociedad.

¿Habría sido diferente el resultado de determinadas campañas de lobby en nuestro país en caso de que estos mecanismos hubieran existido? La verdad es que lo dudo. Mi experiencia personal es que cuando una pretensión se alinea con el interés general, ya sea porque derriba barreras al crecimiento, genera empleo o simplemente, porque es lógica, suele tener resultado. Simplemente necesitan hacerse oír. Sin embargo, aquellos intereses que contravienen esta regla normalmente necesitan de la opacidad como aliada. La mejor Ley no está blindada frente a su incumplimiento. Sin embargo, una cosa está clara: si España regulase ahora la actividad de lobby, sería uno de los primeros en hacerlo sin que sea una reacción frente a un escándalo de corrupción. Por eso ahora es el momento.

Finalmente, permítanme unas palabras para desmitificar la actividad del lobista. Si bien es cierto que la actividad está destinada a influir en la legislación en desarrollo, o en la definición de políticas públicas o en la toma de decisiones, la mayor parte de profesionales ejercemos esta actividad convenciendo con argumentos, no mediante el ejercicio de una “influencia” intangible que no poseemos ya que, de ser así, solo contadas personas podrían desarrollar esta actividad. La mayoría de los profesionales que ejercemos esta actividad lo hacemos documentándonos, aprendiendo, haciendo nuestros elaborados argumentos, y trasladándolos a las personas adecuadas en el momento adecuado. Por ello es una actividad profesional que requiere de preparación, estudio, rigor y análisis, y así es en todos los países en los que tiene una profunda tradición, como Estados Unidos o el Reino Unido.

En muchos casos, nuestra actividad se centra en hacer pedagogía, ya que legislador no necesariamente tiene que saber de todo. En otros, se trata de generar intereses a favor o en contra de una política en ciernes. En todos los casos, exige una capacidad de monitorización exhaustiva, que no siempre es fácil en ausencia de mecanismos eficaces que pongan la información a nuestra disposición. Por tanto, la actividad de lobby, de public affairs, de representación de intereses, advocacy o como se quiera llamar no consiste solo en influir sino también en educar, en generar debate y opinión y en representar intereses legítimos que solo aspiran en la mayor parte de los casos a ser escuchados.

En conclusión, entendemos que la representación de intereses forma parte del proceso democrático, ya que en las democracias modernas la libertad de expresión se ejerce no solo a través de los individuos sino, también, a través de las organizaciones de la sociedad civil ya sean empresas, ONGs, organizaciones de consumidores, thinks tanks, o sindicatos.

Esperamos que España pronto adopte medidas que permitan ordenar el ejercicio de esta actividad, estableciendo mecanismos que favorezcan la transparencia de doble sentido, y que de esta manera, se fortalezca la democracia.

MARIA ROSA ROTONDO

Versión Web

*Presidenta de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI)

RTVE. Sábado 8 de noviembre de 2014
Programa Parlamento
Somos unos profesionales que defendemos nuestra actividad dentro de un contexto de transparencia, de profesionalidad y de deontología
Los Presupuestos Generales del Estado 2015 ultiman su tramitación en el Congreso. Alfonso Guerra anuncia su marcha como diputado. Las medidas que plantean los grupos para intentar atajar la corrupción. Propuesta de regulación de los Lobbies en España. La comparecencia en el Senado de la Secretaria de Estado de Igualdad. Y la celebración del 75 aniversario del CSIC, son algunos de los temas de este programa.

A partir del minuto 29:36 se habla de lobbies y regulación y se transmite parte de la entrevista a la Presidenta de APRI, María Rosa Rotondo.

El País. Viernes 07 de noviembre de 2014

‘Lobbies’ fuera de control

 

La batalla de la varicela pone de manifiesto la necesidad de regular los grupos de presión

Un laboratorio logra colocar miles de vacunas contra la varicela para bebés

El pulso que la Administración española y la multinacional farmacéutica Sanofi Pasteur acaban de librar a cuenta de la vacuna contra la varicela es un ejemplo altamente ilustrativo de la necesidad apremiante de regular la actuación de los lobbies, esa recurrente tarea siempre enunciada y nunca realizada. En España no hay ninguna regulación sobre los grupos de presión, entendiendo como tales las empresas, asociaciones o corporaciones que en defensa de sus intereses intentan influir en los grupos para modificar las leyes. En el Parlamento ha habido varios intentos de grupos minoritarios, interesados en que se conozca la “trazabilidad de las leyes”, es decir, que se hagan públicas, como en otros países, las reuniones de los diputados con los lobbies que tratan de que los proyectos legislativos atiendan a sus intereses. Algunos grupos, como UPyD, lo hacen por su cuenta.

Mariano Rajoy anunció su intención de regular estos grupos en su primer debate sobre el estado de la nación como presidente, en febrero de 2012, pero su propuesta quedó aparcada. Dos años después, el pasado 27 de octubre, el PP propuso al resto de grupos reconocerlos y legalizarlos en el Congreso. El punto de partida es que en Europa, solo Portugal y Grecia están en la misma situación que España y no tienen regularizada la actuación de los grupos de presión en sus respectivos Parlamentos.

La propuesta del PP incluye crear un registro de lobbies, de tal forma que solo el que esté apuntado tenga capacidad de actuar en el Parlamento; elaborar un código de buenas prácticas y dar transparencia a su actuación obligando a publicar las agendas de los diputados. En principio, todos los grupos mostraron su disposición a estudiarlo.

Incluso colectivos directamente afectados, como la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), reclaman hoy ese control, convencidos de que los conflictos de intereses no tienen por qué tener efectos nocivos si se manejan con transparencia. De hecho, la actividad de los grupos de influencia está ampliamente regulada en otros países. Los ejemplos de Estados Unidos y la Unión Europea son bastante claros.

 

Un actor clave de la política de Estados Unidos

La calle K, donde tradicionalmente se instalan sus oficinas los grupos que aspiran a influir en la política de Washington, sigue ganando oficinas. Es el reflejo del auge del negocio del lobby en la capital de EE UU. Entre 1999 y 2010, su inversión pasó de 1.400 millones a 3.500 millones de dólares (de 1.100 a 2.800 millones de euros), según las estadísticas del Senado recopiladas por el Center for Responsive Politics, una organización independiente. En paralelo, el número de lobbistas registrados alcanzó en 2007 su récord (14.837), el doble que en 1981. Desde entonces, las cifras se han reducido ligeramente (12.359 en 2013), pero según los expertos se debe a factores coyunturales.

Este nivel de detalle revela la transparencia del sector. Desde 1946, la ley regula su campo de acción. La última reforma es de 2007, tras un escándalo de regalos que salpicó al Gobierno de George W. Bush y a congresistas republicanos. Un conocido lobbista fue condenado a cuatro años de cárcel por sobornar a representantes públicos por medio de regalos y viajes. Desde entonces, la ley prohíbe a los legisladores aceptar sus regalos, limita el presupuesto de sus comidas, amplía el periodo de veto para que un excongresista se haga lobbista y obliga a los lobbies a divulgar cada cuatro meses sus actividades. Por ejemplo, se puede saber qué empresas hacen aportaciones a proyectos de ley.

“Es un juego a largo plazo”, explica por teléfono Lee Drutman, analista de New America, un think tank en Washington. “Los lobbistas”, agrega el experto, “buscan moldear el ambiente por medio de una sutil pero continua interacción con los políticos clave”.

Son un elemento intrínseco a la política de EE UU: toda empresa que quiera ser escuchada debe pasar por ellos. En 2013, los sectores que más gastaron fueron el asegurador e inmobiliario (489 millones de dólares) y el sanitario (487 millones). “Hacen más lobby los sectores que van bien”, afirma Drutman. Como victorias del sector menciona el éxito de los bancos en suavizar la reforma financiera tras la crisis de 2008 y de las aseguradoras y hospitales en hacer lo mismo con la reforma sanitaria del presidente estadounidense, Barack Obama. De hecho, el gran salto en la inversión se consolidó en 2009 con su entrada a la Casa Blanca.

 

Un ‘lobbista’ por funcionario en la Comisión Europea

Un paseo por el barrio europeo de Bruselas, en el que se concentra el grueso de las instituciones comunitarias, se convierte en una feria al aire libre de asociaciones de toda índole con un objetivo único: influir en las instituciones de la UE en defensa de los intereses de sus representados. A un radio de un kilómetro y medio de la sede de la Comisión Europea, principal centro de poder comunitario, pocos edificios de oficinas escapan de las placas que anuncian los nombres de grupos de presión de toda índole: financieros, energéticos, industriales, medioambientales y también organizaciones de defensa de los consumidores.

En Bruselas hay cerca de 30.000 lobbistas, frente a los 31.000 funcionarios que trabajan en el Ejecutivo comunitario, según los cálculos de Corporate Europe Observatory, una organización independiente que pide más transparencia en la UE y que calcula que invierten anualmente 1.000 millones de euros. Muchos de estos lobbistas trabajan en los 6.935 grupos de presión que figuraban inscritos en octubre en un registro del Parlamento que, desde 2011, hace públicas las señas de los lobbistas con derecho de acceder a la Eurocámara.

Casi la mitad de los grupos registrados son empresariales. El resto se divide entre consultores, abogados y representantes de ONG, think tanks, entes locales y regionales y hasta de confesiones religiosas. La tendencia es ascendente: desde junio de 2011, cuando se constituyó el registro, el número no ha dejado de crecer. Sin embargo, una gran mayoría lleva años en Bruselas. Los conocedores de este mundillo fijan en una década el periodo a partir del cual la influencia empieza a dar réditos. Para estos grupos, la importancia de Bruselas es capital: de aquí proviene, aproximadamente, el 75% de la legislación comunitaria.

Sin embargo, no todos luchan por intereses particulares. Al otro lado de la trinchera lobbista destaca la labor de la mencionada Corporate Europe Observatory, una ONG que pone la lupa sobre los movimientos de los grupos de presión y desvela sus artimañas —no siempre acordes con los estándares éticos—, y la Oficina Europea de Uniones de Consumidores (BEUC, por sus siglas en francés), que con una financiación muy inferior lucha por hacer contralobby: defender al ciudadano para que las leyes europeas no se plieguen a los intereses de los grupos poderosos.

 

Fernando Garea

Corresponsal Parlamentario en El País

 

 

 

@Fgarea

 

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