La Asociación para el Progreso de la Dirección, APD, y la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales , APRI, han firmado hoy un Convenio Marco de Colaboración para impulsar la competitividad empresarial y la capacitación de directivos, especialmente de los profesionales de las relaciones institucionales y asuntos públicos.

APD y APRI tienen áreas comunes de actuación, basadas en la ética, transparencia e integridad como elementos importantes de actuación, relacionadas con el impulso del tejido empresarial y el emprendimiento en España, con alcance a los directivos y la sociedad civil. De esta forma, ambas asociaciones colaborarán en impulsar la generación de conocimiento en torno a los Asuntos Públicos, impulsando las relaciones institucionales de los profesionales, directivos y empresarios para favorecer el networking y la creación de iniciativas productivas, identificando modelos y buenas prácticas.

Ambas asociaciones consideran importante que los puntos de vista de sus socios, empresas, y profesionales, puedan llegar a servir de plataforma de apoyo a la sociedad civil, ofreciendo respuestas ingeniosas que aporten ideas para un futuro mejor.

Durante la firma del acuerdo, el Consejero Director General de APD, Enrique Sánchez de León, ha resaltado la importancia de fomentar e incentivar “la empresa con propósito”, tema también de su reciente y exitoso Congreso Internacional Digital. “Hoy día, la situación de gran incertidumbre y fragilidad que estamos viviendo requiere hacer un frente común, asegurando la voluntad de cooperación y de colaboración entre las organizaciones para superar las dificultades y los desafíos sobrevenidos. Las empreses tienen que ser responsables con las consecuencias y el impacto global de sus actividades, involucrándose en acciones socialmente responsables que repercutan de forma positiva en el entorno en el que operan”. 

En este sentido, la Presidenta de APRI, Mª Rosa Rotondo ha señalado que “Para APRI el acuerdo con la APD es un gran paso adelante, ya que creemos que es importante acercar a los directivos el papel del ejercicio profesional, ético y transparente de las relaciones institucionales, asuntos públicos y lobby como herramienta empresarial fundamental de representación y participación de las empresas ante los poderes públicos y políticos como ante los distintos grupos de interés”.

El pasado 18 de noviembre en el marco de APRI Salud, grupo de trabajo de Salud de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales, se desarrolló  una mesa de debate sobre “El futuro de la coordinación sociosanitaria: nuevos escenarios tras la pandemia” con la participación de José Augusto García Navarro, Presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y Director General de Consorci Socio Sanitari de Catalunya; Jordi Barretina, Director del Instituto de investigación Germans  Trias y Pujol; José Antonio Larraz, Director del Área Asistencial y Educativa de Hermanas Hospitalarias y Javier Martinez Peromingo, Director General de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid,  moderado Isabel Aizpún, directora de Comunicación & Influencia y socia de APRI.

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Para los geriatras y gerontólogos y centros asistenciales la pandemia ha supuesto un reto de qué hacer de forma inmediata para cuidar a las personas mayores y también de cómo organizar el sistema sociosanitario para seguir manteniendo una adecuada atención y un envejecimiento saludable conviviendo con ésta u otras pandemias. Las estructuras de atención a la salud que están padeciendo más la crisis covid-19 son entre otros los centros sociosanitarios. En estas residencias se encuentra en un espacio reducido, una población de alto riesgo debido a la edad y polipatologías de los residentes. En el coloquio de APRI Salud, distintos expertos señalaron los nuevos escenarios para el futuro sociosanitario y los cambios planteados hace tiempo en el sector así como investigaciones médicas de vanguardia.

Según el  Presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología  y Director General de Consorci Socio Sanitari de Catalunya, Jose Augusto García Navarro,  el modelo  socio sanitario actual se encuentra en crisis ya que la pandemia ha afectado fundamentalmente a personas mayores, sobretodo aquellas con más dependencia. España encabeza el fallecimiento de personas mayores en residencias, lo que hace imperativo llevar a cabo una revisión de las políticas de atención en las residencias de mayores. Además, añadió que mientras en Estados Unidos las residencias presentan información de manera transparente, en España ni siquiera hay datos de la mortalidad durante la pandemia en residencias. En este sentido, resaltó los avances en otros países como Dinamarca, donde desde hace 20 años se invierte entre 6 y 5 veces  más en atención domiciliaria que en residencias. Por el contrario en España, según José Augusto García Navarro , se ha hecho muy poco en este ámbito, donde  se intenta que la teleasistencia sea universal y que se aumente el número de horas de atención en casa, pero los esfuerzos no son suficientes para desarrollar planes concretos.

Ahondando en el terreno de la investigación,  el Director del Instituto de investigación Germans  Trias y Pujol, Jordi Barrentina apuntó que España tiene una de las poblaciones más longevas del mundo, y se esperaba que en 2040 supere a Japón. En este contexto desde hace 4 años se inicio un estudio en Cataluña para entender el proceso de envejecimiento, “este estudio es un claro ejemplo de colaboración publico-privada en busca de los determinantes del envejecimiento saludable soluciones para abordar las posibles amenazas”.

El presidente de la  Sociedad Española de Geriatría y Gerontología subrayó que el nuevo modelo de atención sanitaria debe tener como ejes centrales la promoción de la autonomía, la potenciación de la comunidad, los servicios domiciliarios, centros de día más terapéuticos e integrados con salud, más viviendas accesibles, saludables y con servicios y contar solo con las  residencias imprescindibles. Para lograrlo, además, es importante la participación de los usuarios y la trasparencia.  Para José Agusto García Navarro, “en la segunda ola se debería reforzar el número y capacitación de los profesionales en residencias y el soporte de servicios médicos en algunas comunidades autónomas considerando que hay una relación clarísima entre la expansión del Coronavirus y el ratio de personal de las residencias: a mayor número de enfermeras, la expansión es menor”. Además, abogó por la transparencia en cuanto a comunicación de planes de contingencia y recogida de datos.

Por otro lado, el Director del Área Asistencial y Educativa de Hermanas Hospitalarias, José Antonio Larraz, apuntó a que en los últimos años ha habido un crecimiento exponencial de asistencia en residencias y servicios de día, pero se ha prestado muy poca atención al ámbito domiciliario. “A partir de los 55 años se habla de que el 40% de la población padece una enfermedad crónica que necesita cuidados y a pesar de tener un buen sistema sanitario, nuestro modelo de servicios no ha evolucionados en relación con esta realidad y esto se evidencia sobretodo en los hospitales de agudos y en la atención primaria la cual se encuentra excesivamente burocratizada.“

Por otra parte, el Director General de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, Javier Martínez Peromingo,  subrayó que las medidas restrictivas conducen a fracasos más graves que los que la propia pandemia puede producir. El nivel infeccioso sigue siendo igual al de la primera ola, pero la diferencia está en el conocimiento y preparación sobre la enfermedad.  “El conocimiento de los niveles de inmunidad ha sido clave para poder mejorar la calidad de vida de los residentes y trabajadores de las residencias previniendo la transmisión cruzada”.

Todos coincidieron en señalar que es necesario sumar esfuerzos y abogar por la colaboración público privada. En muchos casos las administraciones publicas no escuchan a fondo las necesidades de la sociedad y de las asociaciones, por eso, foros como éste son un punto de partida para la construcción de ideas que luego deben ser trasmitidas al sector público como imperativo para reorganizar y reconstruir nuestra sociedad.

La coordinadora del Grupo de Trabajo APRI Salud cerró el coloquio señalando que “el coronavirus tiene dos caras, la cara A, la de los pacientes que padecen la infección y la cara B, la que se ha olvidado y son los efectos secundarios en las personas mayores, con enfermedades crónicas y empeoradas por el aislamiento social y la limitación de los servicios sociales. Las personas mayores han presentado rasgos de depresión y de ansiedad patrones que se agudizan en personas con demencia y en sus cuidadores. “

El sector agroalimentario será clave para la recuperación económica europea. Con estas palabras Pilar Ayuso resaltó la importancia del sector en Europa. Desde la crisis de las vacas locas, la legislación alimentaria se disparó en Europa, y en los próximos años, hasta 2024, la estrategia europea Farm to Fork(“De la Granja a la Mesa”) prevé el desarrollo de 27 propuestas que pasaran a configurar el marco legislativo. Dada la profunda revisión que se hará a la legislación agroalimentaria, se debe empezar el trabajo de lobby desde ahora mismo “el lobby no es tráfico de influencias tampoco es corrupción, es una actividad enriquecedora para el legislador y una necesidad para las empresas. Como ex eurodiputada, quiero resaltar que se aprende mucho de los lobistas cuando estos proporcionan información especializada sobre el sector que representan.”

El nuevo grupo Agroalimentario de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) hizo su presentación oficial este miércoles en un coloquio en el que participó la ex eurodiputada y experta en el sector agroalimentario, Pilar Ayuso. La sesión se desarrolló online para que los asistentes pudieran conocer de primera mano las características del grupo y pudieran compartir con Pilar Ayuso un debate sobre los retos europeos en la cadena agroalimentaria, así como su visión del lobby en este sector.

Con cuatro legislaturas en el Parlamento Europeo y una amplia experiencia en el ámbito agroalimentario participando activamente en las Comisiones Parlamentarias de Agricultura y Medioambiente, la ex eurodiputada del grupo parlamentario popular Pilar Ayuso analizó el impacto del Pacto Verde Europeo, presentado por la Comisión Von der Leyen; su estrategia “De la Granja a la Mesa”; y los últimos desarrollos sobre el etiquetado de alimentos. También abordó su posición sobre la colaboración público-privada o la contribución de los grupos de interés (asociaciones sectoriales, consumidores y empresas) en la toma de decisiones en el contexto europeo.

El director de la consultora de lobby agroalimentario Thoffood y miembro de APRI, Horacio González Alemán, dio la bienvenida y presentó el Grupo APRI Agroalimentación, constituido con el objetivo de poner en valor la profesión de los lobistas en este sector y acercar el lobby a las organizaciones en el ámbito de la agroalimentación. Forman parte del grupo, profesionales de organizaciones de agroalimentarias como ASEDAS, ANOVE, ASAJA, Marcas de Restauración, consultores, así como directores de relaciones institucionales y asuntos europeos de importantes empresas del sector como Mercadora, Carrefour, Makro, BASF entre otras.

Pilar Ayuso explicó que la cadena agroalimentaria ha sido un componente esencial de la economía y la sociedad española, tal y como ha quedado de manifiesto durante la crisis sanitaria. Para Ayuso es un sector que requiere una especial atención regulatoria ya que cuenta con una extensa legislación que incrementó considerablemente tras la crisis de las vacas locas, para garantizar, entre otras cosas, la seguridad alimentaria. Desde entonces, Europa cuenta con una de las legislaciones en materia alimentaria más exigentes del mundo. De ahí que la actividad del lobby adquiera un papel relevante en el sector, ya que sirve de punto de conexión entre las organizaciones agroalimentarias y el legislador. Para la ex eurodiputada, “las organizaciones deben saber adelantarse a los temas, conocer bien cómo funciona el proceso legislativo y seleccionar bien quién son sus interlocutores políticos”.  

Dentro de este contexto, Pilar Ayuso recordó la importancia de conocer el proceso de desarrollo de una norma europea. Resaltando la importancia de hacer lobby en la Comisión, el Parlamento y el Consejo. En este aspecto, destacó que los ministros competentes a nivel nacional deberían apoyar las propuestas, ya que ellos son parte fundamental de la toma de decisión final en las instituciones europeas. Por otra parte, Pilar Ayuso afirmó que “los eurodiputados son los lobistas de su país”, pues deben defender los intereses de su territorio y empresas a través del consenso, empatía, respeto y credibilidad.

También apeló a que los poderes legislativos deben legislar con conocimiento de causa, haciendo consultas públicas, hablando con los grupos de interés, haciendo estudios de impacto y evaluaciones siempre basadas en la ciencia. Para Ayuso, el “lobby enriquece al legislador y es necesario para las empresas”, le ofrece información, especialmente cuando se le presentan argumentos concisos, claros y veraces de manera transparente y profesional.

El pasado 5 de noviembre, María Rosa Rotondo, socia fundadora de Political Intelligence y presidenta de APRI, participó en el evento “El nuevo talento para la nueva normalidad”, organizado por Deusto Business School en el marco de la presentación del VIII Seminario de Asuntos Públicos y Relaciones Gubernamentales donde además se contó con la presencia de exministro de Fomento, Iñigo de la Serna.

De la Serna resaltó que, en el contexto actual de pandemia causante de grandes incertidumbres las empresas están buscando nuevas competencias en sus trabajadores en un momento en el que hay una clara aceleración en el proceso de digitalización de las compañías. En las empresas se le esta dando prioridad a las soft skills, destacando la búsqueda de personas que sean resilientes, con “liderazgo sistémico” debido a que las nuevas formas de teletrabajo requieren confianza, motivación y un alto grado de creatividad.

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Para el ex ministro hay muchas oportunidades en el terreno digital, financiero, de recursos humanos, managment y en los consejos de administración de las empresas ya que muchas tendrán que transformarse.

Por otro lado, la presidenta de APRI, Maria Rosa Rotondo indicó que bajo el actual panorama de cambio y de incertidumbre, la consultoría de asuntos públicos esta creciendo. Para la presidenta de APRI la dificultad actual, no el aspecto empresarial sino la gestión de los recursos humanos. Recalcó la necesidad de incorporar profesionales cada vez más digitales, sobretodo en el sector de las relaciones institucionales donde “No existen barreras entre lo digital y la realidad”. Para Rotondo las conversaciones ahora mismo son más accesibles que nunca gracias a las redes sociales, “Ya no se puede trabajar en la profesión, si no se tienen en cuenta las redes sociales”.

La presidenta de APRI explicó que social listening es fundamental, pero “no todo lo que se dice en la conversación digital es verdad, se debe escuchar, analizar la conversación y separarla para luego integrarla en las estrategias de asuntos públicos“. En esta labor es fundamental alinear los interesas de las empresas con los intereses de los políticos, los cuales suelen estar alineados con los intereses de la sociedad. Por otra parte, subrayó que el profesional de los asuntos públicos debe tener conocimiento exhaustivo de la realidad y contexto político para identificar dónde pueden estar las barreras o frenos de los proyectos que promueve, ” para trabajar en asuntos públicos se debe conocer el funcionamiento interno de la Administración”.

La presidenta de APRI explicó que el estudio de la asociación sobre “La visión profesional de los asuntos públicos en las empresas” arrojó que el 94% de los encuestados consideraban que la función del profesional de los asuntos públicos era fundamental para mejorar el entorno de negocio en el que se mueven las compañías. Otro de los aspectos que se considera relevante de esta función es que mejora la relación entre las empresas y la sociedad civil con los partidos políticos. Además, se evidenció como ventaja la regulación de los grupos de interés que ayudan a fortalecer la democracia.

Los que nos dedicamos a este trabajo siempre hemos estado en la obligación de analizar la realidad para los clientes y ahora más que nunca somos conductores en la niebla ya que nadie ve nada debido a la incertidumbre”. Aquí el rol de los profesionales de asuntos públicos es especialmente importante porque a nadie le gusta conducir en la niebla y es adicionalmente difícil hacerlo, por lo que se debe tratar de percibir las señales para ayudar a nuestros clientes y empleadores para suministrarles información debidamente analizada que les sirva en la toma de decisiones

En cuanto a la implantación del teletrabajo en el sector de los asuntos públicos, explicó que el experimento masivo de teletrabajo ha mostrado que es una herramienta de flexibilización, pero tiene su ámbito de mayor aplicación. En un trabajo creativo como el de consultoría, la interacción del equipo es fundamental y es difícil de sustituir este aspecto. Lo digital está muy presente en lo público como medio de intercambio y los funcionarios del sector publico han trabajado de forma extraordinaria durante la pandemia. Sin embargo, los profesionales de las relaciones institucionales entienden que la socialización es fundamental para poder sostener relaciones de confianza con el sector publico concluyó.

El día 28 de octubre se llevo a cabo el evento titulado “El papel de las asociaciones ante la pandemia: evolución de la colaboración público-privada” organizado por APRI Asociaciones. Dentro del panel de ponentes se contó con la presencia de Luis Aribayos, Director de Economía y Transformación Digital de CEPYME, Agustín Baeza, Director de Asuntos Públicos de la Asociación Española de Start-ups, Juan Ignacio Diaz, Jefe de Gabinete de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo y Fernando Riaño, Director de Responsabilidad Social y Relaciones Institucionales del Grupo Social ONCE. María Rosa Rotondo, Presidenta de APRI, quien moderó la discusión.

En primer lugar, María Rosa Rotondo recordó que las asociaciones tienen un rol importante como interlocutores de los poderes públicos a la hora de trasladar los intereses de determinado colectivo o sector. En este sentido, remarcó que las relaciones institucionales y asuntos públicos se convierte en uno de los ejes de actuación primordiales de las asociaciones. Destacó que en APRI un 30% de los socios provienen de asociaciones, por este motivo, este año se ha creado el grupo de trabajo APRI Asociaciones para reflexionar sobre la representación de los intereses de las organizaciones, en un momento en el que la transparencia, la reputación sectorial y la gestión social adquieren una dimensión especialmente relevante.

Luis Aribayos, Director de Economía y Transformación Digital de CEPYME, recordó que las asociaciones empresariales y el diálogo social se han convertido en  un agente esencial en la interlocución público-privada. Para Luis Aribayos la pandemia ha impuesto una serie de medidas que han afectado a todos los sectores, y es por ello que los representantes de las asociaciones han tenido un papel fundamental al ejercer como interlocutores ante los poderes públicos. 

Agustín Baeza, Director de Asuntos Públicos de la Asociación Española de Start-ups, por otra parte comentó que una de las funciones más importantes de las asociaciones es recoger las demandas sectoriales, estructurarlas, priorizarlas y trasladarlas al sector público. Para Baeza las asociaciones desarrollan una importante labor pedagógica y su carestía de recursos les obliga a “pensar fuera de la caja” a la hora de incidir.  

El Jefe de Gabinete de la Ministra de Industria, Juan Ignacio Diaz, comentó que las asociaciones juegan un importante papel a la hora de conectar el sector privado con la administración. Resaltó que uno de los principales fallos de algunas asociaciones cuando hacen lobby es no tener una propuesta concreta donde se digan cuales son los problemas que afectan al sector y se planteen soluciones. También puso de manifiesto que las asociaciones han adquirido  un papel muy relevante con el estado de alarma ya que han velado por la supervivencia de los sectores que representan. Por ende, explicó que el papel de las asociaciones se ha revitalizado en los últimos meses y tendrán un rol fundamental de cara a los actuales proyectos europeos en cuanto a los fondos de reconstrucción.

Por otro lado, Fernando Riaño, Director de Responsabilidad Social y Relaciones Institucionales del Grupo Social ONCE destacó que la crisis ha permitido el reconocimiento interno y externo de la actividad asociativa y del lobby.

Todos los ponentes coincidieron en señalar que los profesionales de relaciones institucionales de las asociaciones tienen la oportunidad y responsabilidad de aglutinar y representar los intereses de los colectivos que representan de cara a las administraciones. La creatividad y esfuerzo han sido fundamentales por parte de los profesionales de las relaciones institucionales de asociaciones a lo largo de esta crisis, principalmente a la hora de entender, estructurar y priorizar las necesidades de los colectivos a los que representan y trasladárselas de manera efectiva y eficaz al sector público. 

El día 15 de octubre tuvo lugar el webinar de APRI Salud “El futuro de las vacunas: retos institucionales. El acto contó con la participación de Pedro Alsina, Public Affairs Lead en Sanofi Pasteur, Mario Arias Oliva, profesor titular de la UCM e investigador en innovación en Marketing y Federico de Montalvo, Presidente del Comité de Bioética de España y profesor de la Universidad de Comillas. Durante el encuentro de habló sobre el papel de los profesionales de las relaciones institucionales en esa labor de información, los debates éticos que se producen entorno a la vacunación o la aceptación por parte de la población.

Las vacunas son una de las intervenciones sanitarias que permite garantizar la prevención de la salud pública mundial haciendo frente infecciones graves. Aun así, la vacunación ha sido tema de diversas controversias éticas desde hace mucho tiempo. Por lo general, los debates éticos clave relacionados con la reglamentación, el desarrollo y el uso de las vacunas gira entorno a mandatos, investigación y pruebas, consentimiento informado y acceso. Por ello, los gobiernos y las empresas sanitarias, especialmente los profesionales de las relaciones institucionales tienen como reto de desarrollar nuevas políticas de comunicación, información y sensibilización que transmitan y eduquen a los ciudadanos acerca de los programas de vacunación. 

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Pedro Alsina comenzó subrayando que las vacunas son la base de todos los programas institucionales ya que han servido para erradicar enfermedades como la viruela, la peste bobina africana o la poliomielitis. Según Alsina, en la actualidad, factores como el bioterrorismo y el cambio climático han convertido a las vacunas  en una necesidad de alcance global, y la gran lección de la pandemia causada por la Covid-19 ha sido la necesidad de estrechar y reforzar la colaboración público-privada. Pedro Alsina remarcó que nunca en la historia ha habido tanta colaboración publico-privada, inversión e intercambio de información entre compañías y apeló a que la colaboración continúe como hasta ahora para salir adelante con el desarrollo y posterior distribución de la vacuna.

Por otro lado, Mario Arias adelantó alguno de los resultados sobre el estudio sobre la aceptación de vacunas que han desarrollado desde la universidad. Expuso 4 factores que determinan la aceptación de la vacuna por parte de la población:la eficacia de la vacuna, la influencia social, el miedo al virus y el miedo a los efectos de la vacuna. Según Arias, los dos primeros factores  son los que más peso tienen en la mente de la persona a la hora de decidir si vacunarse o no, en este sentido, subrayó la necesidad de desarrollar campañas de información que permitan a la ciudadanía concienciarse. Por ello, la acción institucional debe jugar un papel relevante para aportar información para poder hacer frente a la pandemia. 

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Por último, Federico de Montalvo, comentó que uno de los mayor es éxitos de la medicina han sido las vacunas y paradójicamente, su aceptación es uno de los temas más discutidos en la actualidad. A juicio de Federico de Montalvo, la regulación en materias de salud pública es deficitaria. En España las vacunas no son obligatorias, sólo lo son en caso de pandemia y en el caso de su aplicación a menores. Para el presidente del Comité de Bioética, el debate ético y priorización de las vacunas es y será uno de los temas más controvertidos ya que la logística de la vacunación requeriría meses para lograr llegar a un alto porcentaje de la población. 

Sobre APRI Salud

APRI Salud surge como iniciativa de un grupo de profesionales de las relaciones institucionales y asuntos públicos cuyo objetivo es el de poner en valor a los profesionales de los asuntos públicos (public affairs) en el sector de la salud y estrechar lazos entre los intereses públicos y privados en el ámbito de la salud, entendiendo como salud todo aquello que afecta al estado de bienestar o al equilibrio del ciudadano (alimentación, consumo, nutrición, políticas sociales, sanidad, deporte, investigación, etc.).

APRI ha puesto en marcha dos grupos de trabajo muy demandados por nuestros socios: APRI Asociaciones y APRI Agroalimentario. APRI Asociaciones nace ante la necesidad de profundizar en el conocimiento del perfil, competencias y habilidades directores y profesionales de las relaciones institucionales que trabajan en las Asociaciones. Así los objetivos serán elaborar y definir el papel de las relaciones institucionales y buenas prácticas; definir y potenciar el perfil del profesional de las Asociaciones; profesionalizar el sector; estandarizar la transparencia en el ámbito de trabajo; crear un espacio para compartir experiencias e información; poner en valor y defender el asociacionismo como vehículo de participación; promover medidas que favorezcan el adecuado desarrollo de las asociaciones; y organizar seminarios formativos en la materia. El grupo lo coordinará nuestro socio Santiago Parras, Secretario General de Asociación de empresas de control de calidad y control técnico independientes.

Por otra parte, APRI Agroalimentario es el resultado del consenso alcanzado entre varios socios de APRI especializados en el sector de la cadena agroalimentaria, componente esencial de la economía y la sociedad española, tal y como ha quedado de manifiesto durante la pandemia. Los objetivos del grupo serán compartir experiencias en el ámbito del desarrollo profesional; debatir temas de actualidad del sector;  elaborar notas o documentos de interés para la asociación; apoyar a los jóvenes que quieran dedicarse al sector; poner en valor el papel de las relaciones institucionales en el ámbito; y acercar la profesión a la universidad en busca de nuevos talentos. El coordinador de este grupo será. Juan Herrero, Responsable de Asuntos Europeos de Mercadona, miembro de la Junta Directiva y socio de APRI.

El Grupo Social ONCE se ha adherido a APRI como nuevo miembro corporativo, entrando así a formar parte del foro de entidades jurídicas de APRI. Con esta incorporación entra a formar parte de la asociación la primera organización del tercer sector alineada con los objetivos de APRI que busca mejorar la transparencia y buenas prácticas en la interlocución ante las instituciones y la sociedad en su conjunto

El Grupo Social ONCE está formado por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), la Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, ILUNION, y otras Entidades relacionadas, que, bajo la coordinación del Consejo General de la ONCE, trabajan por un lado para mejorar la autonomía personal y favorecer la plena inclusión social de las personas afiliadas a la ONCE, atendiendo las necesidades derivadas de su ceguera o deficiencia visual grave, a través de la prestación de Servicios Sociales especializados; y por otro, para realizar una  inmensa labor de solidaridad con personas con todo tipo de discapacidades, mediante la formación y el empleo, y las acciones para promover la accesibilidad universal.

El equipo de Relaciones Institucionales del Grupo Social de la ONCE está conformado  por:

Fernando Riaño Riaño

Fernando Riaño es Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra. Ha desarrollado parte de su carrera en el mundo de la asesoría jurídica, consultoría, formación y sector financiero. Cuenta con experiencia en la pequeña, mediana y gran empresa; especialmente en el ámbito internacional. En agosto de 2016 fue elegido Vicepresidente de la Unión Mundial de Ciegos en la asamblea general celebrada en Orlando. Es también MBA (Master in Business Administration) por ICADE, y Worldwide Associate en The Employers Forum on Disability/ Business Disability Forum. En la actualidad es el Director de Relaciones Institucionales y Responsabilidad Social del Grupo Social ONCE, responsabilidad que compatibiliza con la presidencia de la agencia de noticias y de comunicación SERVIMEDIA.

Sandra Torres  Mensat

Sandra Torres es Licenciada de Filología Anglogermánica por la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Viena. Especializada en asuntos europeos, Sandra ha desarrollado su carrera profesional en el extranjero durante 13 años en organismos internacionales como las Naciones Unidas y la Comisión Europea. En España ha trabajado en Fundación ONCE en la gestión de fondos europeos y actualmente trabaja en la Dirección de Relaciones Institucionales y Responsabilidad Social del Grupo Social ONCE.

En 2018 un grupo de científicos planteó, por primera vez, la necesidad de dotar al Parlamento español de una oficina permanente de asesoramiento científico para facilitar de manera efectiva asesoramiento en la decisiones políticas sobre materias donde la ciencia y la investigación juega un papel crucial. En mayo de 2020 la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) apoyo la iniciativa firmando el manifiesto fundacional de Ciencia en el Parlamento al que se han adherido ya más de 200 instituciones.

Con motivo de esta colaboración, el jueves 17 de septiembre del 2020 tuvo lugar el evento online “Lobby Hour: El Papel de la Ciencia en el Parlamento”, presentado por la Directora General de APRI, Irene Matías, y moderado por Luís Carlos Ramírez, Secretario General de la Asociación de Periodistas Parlamentarios. Entre los ponentes se encontraban Ana Elorza, Coordinadora de Asesoramiento Científico y Diplomacia en FECYT; Jorge Barrero, Director General de la Fundación Cotec para la Innovación; y Cristina Portalés vocal de Relaciones Institucionales de la Asociación Ciencia en el Parlamento. 

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La Directora General de APRI, Irene Matías explicó que en mayo de 2020 APRI se sumó al manifiesto de Ciencia en el Parlamento para apoyar la iniciativa, ya que los lobistas y profesionales de la relaciones institucionales creen firmemente que es fundamental que exista una toma de decisiones informada por parte de las instituciones públicas de cara a que la aprobación e implementación de iniciativas legislativas sea altamente eficaz. Irene Matías, subrayó que el proceso de toma de decisiones es complejo; los diputados, senadores y altos cargos del Gobierno tiene que tomar importantes decisiones que marcan el rumbo del país. En este sentido al igual que los profesionales de las relaciones institucionales tratan de hacer llegar las preocupaciones e intereses empresariales o sociales a los decisores políticos, estos también deben contar con un asesoramiento riguroso, íntegro y contrastado y quién mejor que los investigadores y científicos de nuestro país que cuentan con conocimiento y datos objetivos.

En el evento se discutió la manera en la que la comunidad científica puede llegar y aportar a la política española. España va retrasada en este sentido respecto a sus Parlamentos vecinos, pues la oficina de ciencia ya es una realidad en algunos países europeos como Alemania, Francia o Reino Unido.

Esta disfunción ha sido estudiada por la Asociación Parlamento, quien también ha estudiado el funcionamiento de estos comités científicos en los parlamentos de otros países. Hasta el momento en el caso español, las propuestas de crear una oficina permanente no han prosperado, únicamente han conseguido allanar el camino con la esperanza de que en el menor tiempo posible, esta asesoría sea una realidad. En España en particular, la asociación Ciencia en el Parlamento describió el exceso de información al que se ven sometidos los políticos, y como aunque ya tienen muchos y buenos expertos los políticos, sigue siendo necesario la oficina. La oficina es necesaria, según los miembros de Ciencia en el Parlamento, para coordinar desde el mismo parlamento el asesoramiento que pueden proporcionar las asociaciones o expertos independientes sobre un tema o materia especifica para hacer prospectiva.

Jorge Barrero, Director General de la Fundación Cotec para la Innovación

Desde la Ciencia en el Parlamento se recordó que el objetivo no es que las leyes sigan un criterio exclusivamente basado en la ciencia, pero sí que el factor científico y tecnológico sea tomado en cuenta. Todos los ponentes coincidieron que la función del asesor es asesorar, no legislar y el asesoramiento científico además que debe llegar también a la sociedad para transmitir conocimiento, pues se debe crear un triangulo interconectado donde exista flujos de información entre los tres estamentos, la ciencia, la política y la sociedad. Pese a todas las barreras, la Asociación Ciencia en el Parlamento seguirá persiguiendo su objetivo de que el Parlamento cuente con una oficina de ciencia que asesore en la toma de decisiones.  

Luis Carlos Ramirez, Secretario General de la Asociación de Periodistas Parlamentarios.

Luís Carlos Ramírez, Secretario General de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, concluyó que la crisis sanitaria ha demostrado la importancia del conocimiento científico y no podemos esperar más para que este forme parte de la toma de decisiones en el seno de las Cortes Generales (Congreso y Parlamento).

Siguiendo la aprobación la pasada semana del Registro de Transparencia de la Comunidad de Madrid, APRI se ha inscrito ya. Este Registro de Transparencia, sobre el que informamos en el pasado newsletter, es obligatorio tanto para aquellas personas físicas o jurídicas que buscan influir en alguna decisión pública.  

El proceso de inscripción resulta muy fácil e intuitivo, además de ser un procedimiento íntegramente a distancia que puede realizarse con la firma electronica.

 A continuación, detallamos los aspectos más relevantes del Registro de Transparencia de la Comunidad de Madrid. 

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL REGISTRO 

El Registro de Transparencia de la Comunidad de Madrid tiene como finalidad la inscripción de quienes lleven a cabo cualquier actividad con objeto de influir directa o indirectamente en la elaboración de normas jurídicas y disposiciones generales y en la elaboración y aplicación de las políticas públicas de los sujetos de la Administración pública de la Comunidad de Madrid comprendidos artículo 2.1 de la Ley de Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid. 

La recepción, remisión y notificación de solicitudes, declaraciones y comunicaciones se harán a través de medios exclusivamente electrónicos con firma electrónica habilitada en la Comunidad de Madrid. 

Los formularios electrónicos para la solicitud de inscripción, renovación de la información y la cancelación de la inscripción en el registro se publicarán en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid  ( https://www.comunidad.madrid/transparencia/ ) 

El Registro de Transparencia deberá incluir una relación ordenada de las siguientes categorías de las personas o entidades inscritas: 

A) Personas físicas. 

B) Entidades sin ánimo de lucro. 

Subcategoría: Resumen Decreto por el que se crea el Registro de Transparencia de la Comunidad Madrid 

  • i. Entidades privadas sin ánimo de lucro. 
  • ii. Entidades representativas de intereses colectivos. 
  • iii. Agrupaciones de personas que se conformen como plataformas, movimientos, foros o redes ciudadanas sin personalidad jurídica, incluso las constituidas circunstancialmente. 
  • iv. Organizaciones empresariales, colegios profesionales y demás entidades representativas de intereses colectivos. 
  • v. Entidades organizadoras de actos sin ánimo lucrativo. 
  • vi. Organizaciones no gubernamentales. 
  • vii. Grupos de reflexión e instituciones académicas y de investigación. 
  • viii. Organizaciones que representan a comunidades religiosas. 
  • ix. Organizaciones que representan a autoridades municipales. 
  • x. Organizaciones que representan a autoridades regionales. 
  • xi. Organismos públicos o mixtos. 

C) Entidades con ánimo de lucro. 

Subcategoría: 

  1. i. Empresas y agrupaciones comerciales, empresariales, y profesionales. 
  2. ii. Consultorías profesionales. 
  3. iii. Asociaciones comerciales, empresariales y profesionales. 
  4. iv. Coaliciones y estructuras temporales con fines de lucro. 
  5. v. Entidades organizadoras de actos con ánimo de lucro. 
  6. vi. Cualquier otra entidad con ánimo de lucro. 
  7. En el primer trimestre de cada año, la dirección general competente en materia de transparencia elevará al Consejo de Gobierno un informe sobre la gestión, la actividad y el funcionamiento del registro, el resultado de las actuaciones de verificación y las denuncias recibidas. 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 

La solicitud de inscripción en el Registro de Transparencia se presentará con anterioridad a llevar a cabo alguna de las siguientes actividades dirigidas influir directa o indirectamente en la elaboración de normas jurídicas y disposiciones generales y en la elaboración y aplicación de las políticas públicas: 

a) Los contactos con cargos, directivos, profesionales, personal estatutario, asesores u otros sujetos de las Administraciones públicas autonómica y local. 

b) La preparación y difusión de comunicados, material informativo o documentos de debate y toma de posición. 

c) La organización de actos, reuniones, actividades promocionales, conferencias o actos sociales si se envían invitaciones a cargos, directivos, profesionales, personal estatutario u otros sujetos de las Administraciones públicas autonómica y local. 

d) Las contribuciones voluntarias y la participación en consultas oficiales o audiencias sobre disposiciones normativas, políticas públicas u otras consultas abiertas. 

e) La prestación de asesoramiento profesional, mediante la representación y la mediación, y el suministro de material promocional, incluidos la argumentación y redacción, cuando estén destinadas a influir en las Administraciones públicas, sus cargos, directivos, profesionales, personal estatutario, asesores u otros sujetos de las Administraciones públicas autonómica y local. 

f) La prestación de asesoría táctica o estratégica, incluidas cuestiones cuyo alcance y calendario de comunicación estén dirigidos a influir en las Administraciones públicas, cargos, directivos, profesionales, personal estatutario, asesores u otros sujetos de las Administraciones públicas autonómica y local. 

La inscripción en el Registro de Transparencia de la Comunidad de Madrid se formaliza mediante la presentación del formulario electrónico disponible en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid que contendrá la siguiente información

1. DATOS IDENTIFICATIVOS 

a) Nombre, apellidos, NIF o razón social de la persona o entidad obligada a inscribirse, dirección, número de teléfono, dirección de correo electrónico y sitio web si lo tuvieran. 

b) Nombre y apellidos de la persona legalmente responsable de la organización y, en su caso, de la persona de contacto principal para las actividades del ámbito del registro. 

c) Nombre y apellidos de las personas autorizadas para, en nombre y representación de las personas o entidades obligadas a inscribirse, acceder y reunirse en las dependencias públicas o tener contacto con cargos directivos, profesionales, personal estatutario, asesores u otros sujetos de las administraciones públicas. 

d) Miembros de la entidad, si entre los miembros hay otras entidades o personas jurídicas. 

e) Aquellos solicitantes que desarrollen su actividad de influencia por cuenta de terceros, deben informar sobre sus clientes, personas u organizaciones para las que desarrollan actividades incluidas en el registro y de las cantidades económicas que reciben. 

2. INFORMACIÓN SINGULAR SOBRE LA ACTIVIDAD DE LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA

a) Actividades cubiertas por el registro, que incluirá las principales políticas públicas y propuestas normativas objeto de la actividad del mismo. 

b) Categoría a la que pertenecen las personas y entidades obligadas a inscribirse y registro. 

c) Ámbito de interés o intereses sectoriales. 

d) Pertenencia a algún grupo de trabajo, mesa sectorial o consejo de naturaleza consultiva relacionada con alguna Administración Pública. 

e) Información financiera relacionada con las actividades cubiertas por el registro: 

– El importe y la fuente de los fondos públicos recibidos, si procede. 

– Estimación de los costes anuales vinculados a las actividades cubiertas por el registro. 

i) Quienes soliciten la inscripción en la categoría de entidades con ánimo de lucro deben además indicar: 

  1. a. Volumen de negocios imputable a las actividades cubiertas por el registro, según las siguientes categorías: Menos de 100.000 euros; de 100.000 euros a 499.999 euros; de 500.000 euros a 1.000.000 de euros, y de más de 1.000.000 de euros. 
  2. b. Relación de los clientes en cuyo nombre se realizan las actividades cubiertas por el registro. 

ii) Quienes soliciten la inscripción en la categoría de entidades sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, deben además indicar: 

  1. a. Presupuesto total de la organización. 
  2. b. Desglose de las principales cuantías y fuentes de financiación. 
  3. La suscripción del formulario de solicitud requiere la aceptación expresa del código ético. En el espacio del Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid se publicará información sobre el código ético que deben asumir los sujetos y entidades inscritas, así como del sistema de reclamaciones o denuncias. 

La resolución de inscripción la realiza el órgano competente ex post, dentro de diez días hábiles o por silencio administrativo. 

La información requerida para la inscripción deberá renovarse cada dos años, actualizando los datos y en concreto los financieros al objeto de hacerlos coincidir con el ejercicio financiero o año natural más reciente. Estos datos financieros deberán cubrir un ejercicio de funcionamiento completo. En caso de no renovación se entenderá caducada la inscripción. 

La Administración se reserva el derecho de realizar actuaciones de verificación sobre el Registro, pudiendo iniciar trámites de subsanación, en su caso, e investigación que pueda ser remitida al Consejo Transparencia de la Comunidad de Madrid (PENDIENTE CONSTITUCIÓN) para la incoación e instrucción de un expediente sancionador. El Consejo (CUANDO SE CONSTITUYA) podrá recibir también denuncias de oficio de cualquier ciudadano para iniciar de oficio un expediente sancionador. 

En el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid se habilitará el fichero de participación y colaboración ciudadana de la Comunidad de Madrid, un espacio en el que las personas y entidades que lo deseen puedan inscribirse para recibir información sobre los diferentes instrumentos específicos que la Comunidad de Madrid pone a su disposición para hacer efectivo su derecho a la participación. Tiene carácter voluntario y podrán inscribirse los previamente inscritos en el Registro de Transparencia o cualquier interesado en participar en los mecanismos de participación específicos de la Ley, de carácter consultivo no vinculante. 

Para inscribirse ha de accederse al Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid, accesible mediante el link inferior.