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En el panorama en constante evolución de los asuntos públicos, nunca se insistirá lo suficiente en la necesidad de la planificación estratégica y la medición. A medida que las organizaciones navegan por entornos sociopolíticos complejos, el éxito de sus estrategias de asuntos públicos depende de la capacidad de ofrecer resultados tangibles. Sin embargo, en la búsqueda de demostrar el impacto, existe una tendencia predominante a dar prioridad a la cantidad sobre la calidad a la hora de medir el éxito. Este enfoque, aunque tentador, a menudo se queda corto a la hora de proporcionar información significativa sobre la eficacia de una estrategia de asuntos públicos.

Es imperativo reconocer que el verdadero valor de una estrategia de asuntos públicos no reside en el volumen de actividades realizadas, sino en los resultados concretos obtenidos. Los outputs concretos son los resultados tangibles que contribuyen directamente a los objetivos estratégicos de las actividades de asuntos públicos de una organización. Ya se trate de influir en las decisiones políticas, influir en la opinión pública o fomentar la participación de las partes interesadas, estos productos son la base sobre la que se construye el éxito.

La calidad debe primar sobre la cantidad a la hora de medir el éxito de una estrategia de asuntos públicos. En lugar de limitarse a contabilizar el número de reuniones celebradas, comunicados de prensa emitidos o mensajes publicados en las redes sociales, las organizaciones deben centrarse en la calidad y el impacto de estos esfuerzos. Por ejemplo, conseguir un cambio político favorable, obtener una cobertura mediática positiva o movilizar el apoyo público a una causa son indicadores de éxito mucho más significativos que el simple aumento del volumen de actividad.

Además, nunca se insistirá lo suficiente en la importancia de compartir estos resultados concretos dentro de las organizaciones. Con demasiada frecuencia, las funciones de asuntos públicos operan en silos, desconectadas de las metas y objetivos más amplios de la organización. Al mostrar los resultados tangibles de sus esfuerzos, los profesionales de los asuntos públicos pueden posicionarse como valiosos contribuyentes a la misión y el éxito general de la empresa.

Antes de diseñar tácticas o embarcarse en campañas de divulgación, es esencial identificar los resultados concretos que servirán de indicadores del éxito. Para ello es necesario conocer a fondo los objetivos de la organización, las prioridades de las partes interesadas y el panorama político y normativo imperante. Alineando desde el principio las actividades con los resultados deseados, las organizaciones pueden garantizar que sus esfuerzos en asuntos públicos tengan un propósito y un impacto.

Sin outputs concretos, una estrategia de asuntos públicos carece de dirección y responsabilidad. Es como jugar a un juego sin llevar la cuenta: no hay forma de medir el progreso o el éxito. Al dar prioridad a la calidad sobre la cantidad y dedicar tiempo a identificar y compartir resultados concretos, las organizaciones pueden elevar el papel de los asuntos públicos dentro de sus operaciones y demostrar su valor como función estratégica.

En conclusión, el principio rector debe ser la calidad por encima de la cantidad, y compartir estos resultados dentro de las organizaciones es crucial para reconocer el valor de los asuntos públicos como función estratégica. Al dar prioridad a los resultados tangibles y alinear las actividades con los objetivos de la organización, las empresas pueden garantizar que sus esfuerzos en asuntos públicos tengan impacto y significado en el complejo y dinámico entorno actual.

Carlos Parry Lafont

La Asamblea General Electoral de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), tras elegir Junta Directiva de la Asociación para los próximos cuatro años, acordó reivindicar el reconocimiento y regulación de la actividad del lobby en España y ha renovado su compromiso de seguir defendiendo los intereses del centenar de empresas y profesionales que representa.

Entre las  nuevas actividades para los cuatro próximos años de APRI, que además es fundadora  de la Plataforma Europea de Asuntos Públicos (Public Affairs Community of Europe- PACE-), destacan promover el desarrollo de la profesión con acciones encaminadas a dar a conocer la importancia de la gestión de los asuntos públicos entre las empresas, asociaciones y medios de comunicación, explicar qué es el lobby y la importancia del ejercicio de la transparencia en las relaciones con los stakeholders corporativos.

APRI seguirá trabajando para que se apruebe una regulación nacional de los grupos de interés o lobby, que permita impulsar el reconocimiento de la actividad, y dote de mayor transparencia al proceso de toma de decisiones políticas e institucionales, tal y como aparece en el acuerdo de Gobierno de PSOE y Unidas Podemos.

Según la presidenta María Rosa Rotondo, ha llegado el momento que se reconozca y entienda nuestra actividad. Con la nueva Junta trabajaremos para visibilizar a los profesionales de las relaciones institucionales o asuntos públicos y explicar qué es y qué no es el lobby”.

La nueva Junta Directiva cuenta con un nuevo equipo, que es reflejo de todas las generaciones y perfiles profesionales de la asociación. Entre los nuevos miembros de la Junta, se encuentran:

  • María Rosa Rotondo, presidenta, socia fundadora de Political Intelligence; 
  • Esteban Egea Sánchez, secretario, consultor independiente, experto en asuntos públicos; 
  • Luis Suarez de Lezo Ferrer, vicepresidente, Secretario General de la Asociación de Empresarios de Alcobendas;
  • Juan Torres Jiménez, tesorero, Fundador y Director de Asuntos Públicos de Deva; 
  • Adriana Bonezzi Pérez, vocal, External Affairs Manager en British American Tabacco; 
  • Diego Bayón Mendoza, vocal, Director Asociado de Asuntos Públicos en Kreab; 
  • Montse Escudero Pérez, vocal, Directora de Asuntos Públicos de Omnicom PR Group; 
  • Dolores González Pastor, vocal, Gerente en la Oficina Corporativa de Regulación y Políticas Públicas de Telefónica; 
  • Juan Alfonso Herrero, vocal, Director de Asuntos Europeos de Mercadona;  
  • Ángel Mesado Jardi, vocal, Socio Director de 19N Strategies; 
  • Piluca Núñez López, vocal, Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales en la Asociación Empresarial Eólica.
  • Irene Matías, Directora General de APRI.

APRI, un centenar de asociados que aboga por europeizar el lobby español

Fundada en el año 2008 por profesionales de las relaciones institucionales en España, APRI nació para cubrir un vacío en la representación y asociacionismo de esta profesión.

Su objetivo es hacer del lobby una profesión de reconocido prestigio y valor para toda la sociedad y, en especial, para los responsables de todo tipo de organización, como compañías, ONG o asociaciones empresariales. Una profesión que sirva como nexo más eficaz entre los legítimos intereses de la sociedad civil y las decisiones de interés general que toman los decisores políticos como el Gobierno y el parlamento y los restantes poderes públicos de la Administración Central y de sus Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.

Desde sus comienzos, la Asociación entiende la transparencia, la ética y la integridad como elementos importantes a la hora de ejercer esta profesión. Por ello, a partir del año 2011 todos sus socios firman un código de conducta, que representa una autorregulación ante la falta de reglas sobre la actividad en España.

APRI cuenta con más de 100 asociados entre profesionales y empresas quienes abogan por la normalización de la actividad a través de la creación de un registro de grupos de interés, similar al Registro de Transparencia que ya existe ante el Parlamento y la Comisión Europea.

APRI es también el fundador  y miembro de la Plataforma Europea de Asuntos Públicos (Public Affairs Community of Europe- PACE-) creada en el 2018 como plataforma de todas las organizaciones nacionales de profesionales de asuntos públicos europeos, comprometida a contribuir al desarrollo de procedimientos más transparente en la adopción de políticas públicas en toda Europa consolidando una democracia participativa dentro de los estados miembros.

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Con motivo de la la entrada en vigor de la nueva Ley de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid el 1 de enero de 2020, APRI tuvo la ocasión de reunirse el pasado 29 de enero con el viceconsejero de Transparencia de la Comunidad de Madrid, Francisco Lara, y la Directora General de Transparencia, Ana Lorenzo. Durante la reunión el viceconsejero señaló aquellos aspectos que se han implentado de la Ley de Transparencia de las Comunidad de Madrid, como por ejemplo las agendas diarias de los cargos públicos ya están en funcionamiento.

Por otra parte la Directora General de Transparencía, Ana Lorenzo, señaló que en el nuevo Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid ya se están incorporando, de forma progresiva, los nuevos datos a que obliga la norma y se prevé que salga adelante el registro de lobbies a partir de julio 2020. También señaló que durante está fase de desarrollo desde la Dirección General de Transparencia ha mantenido varias reuniones con otros organizamos que disponen de registros para poder conocer al detalle su implementación e integración tecnológica de cara a la implemnetación del registro de lobbies de la Comunidad de Madrid.

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Un total de 228 grupos de interés ya se han inscrito en el registro de lobbiesque el Parlament creó a finales de enero de este año. La iniciativa es pionera entre las cámaras legislativas del Estado y se ha puesto en marcha como consecuencia de la ley de transparencia catalana, aprobada en 2014. El vicepresidente primero de la Cámara, Lluís Corominas, hace un balance “positivo” de los primeros meses, y recuerda que el Parlament aprobó también que los diputados hicieran pública su agenda.

El Parlament envió casi 400 cartas a entidades, cámaras, colegios, sindicatos, patronales y asociaciones susceptibles de tener que aparecer en este registro. Salvadas las “dudas iniciales”, dice Corominas, la iniciativa ha sido bien acogida. Esos grupos, por ejemplo, se sorprendían por tener que inscribirse en el Parlament para hablar con diputados cuando no tenían que hacerlo en el Congreso. La cámara autónoma pretende que formar parte del registro sea una especie de “sello de calidad” para las entidades.

El registro de lobbies garantiza derechos (como celebrar actos en la cámara) y obligaciones; por ejemplo, a dar información “fidedigna”. También prevé sanciones por malas prácticas, que van de los 300 a los 12.000 euros, que por ahora no se aplican.

Además de los 228 inscritos, hay cinco solicitudes pendientes de validar, otras seis que no se han admitido y otras 31 que no han finalizado. El registro se estructura en cinco categorías: consultorías profesionales y despachos de abogados; empresas, asociaciones comerciales y sindicatos; fundaciones, plataformas y sin ánimo de lucro; grupos de reflexión y ligados a partidos; y, finalmente, organizaciones que representan a iglesias o comunidades religiosas.

Los grupos registrados van desde la fundación Proactiva Open Arms —que ayuda a los refugiados en las aguas del Mediterráneo— hasta el gremio de constructores de obras de Barcelona, así como entidades energéticas, como la Asociación Española del Gas. Algunos grupos tienen un interés directo con las leyes que tramita la cámara, como la Asociación de Bebidas Refrescantes; recientemente, el Parlament abordó un impuesto sobre bebidas azucaradas. También está registrada la Federación de Asociaciones de Usuarios de Cannabis. En pleno proceso soberanista figuran, también, entidades que lo impulsan como Reinicia Catalunya, el Cercle Català de Negocis, Sobirania i Justícia o el Pacte Nacional pel Referèndum.

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La nueva Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que en estos momentos se encuentra en trámite de ponencia en la Junta General, va a regular la existencia de lobbies de presión. Es decir, que haya transparencia en los encuentros entre estos ‘grupos de interés’ y los altos cargos del Gobierno.

 Este ha sido el principal tema de debate en la reunión de la ponencia del proyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que esta presidida por el diputado de IU-IX Gaspar Llamazares y que se ha reunido este miércoles en la Junta General.

Había tres enmiendas relativas a este tema a propuesta de PP, Podemos Asturies y Ciudadanos y se ha acordado fusionar las tres para que se recoja que un ‘grupo de interés’ son las personas físicas o jurídicas y las organizaciones que se dedican a influir en los procesos de elaboración de las políticas o disposiciones normativas, en la aplicación de las mismas o en la toma de decisiones de la Administración.

Además, la definición de lobby en la futura ley va a extender su ámbito y se van a considerar, además de los que están instaurados en Asturias, aquellos que puedan influir directamente en el sector asturiano y que no estén instaurados en la comunidad.

En declaraciones a Europa Press, el diputado ‘popular’ Rafael Alonso ha destacado que así se va a permitir dar «transparencia» a la figura de los lobbies, «que empieza a tener entrada y hay que regularlo» para saber cómo pudieron influir o participar en el proceso de redacción de una disposición.

Además, ha señalado que la futura ley va a hablar de ‘grupos de interés’ y no de lobbies, «que es un anglicismo». Por otro lado, ha indicado que todos los grupos parlamentarios parecen haber dado la «bienvenida» a esta regulación» y que existe un «cierto ánimo de acuerdo».

Por otro lado, desde Podemos Asturies, Emilio León, ha señalado que la política asturiana ha estado protagonizada por personas o grupos de presión «que nunca han tenido que rendir cuentas». Así, ha apuntado a personas y entidades «que tuvieron las puertas abiertas de la administración y que aparecen ahora como condenados por evasión fiscal o relacionadas con Gitpa y la trama del cable».

Con todo, ha señalado que la «prueba del algodón» sobre la voluntad del Gobierno asturiano de avanzar en la tramitación de esta norma será el próximo día 4 abril, «cuando se discuta la independencia de los órganos de control creados con esta Ley», ha sentenciado.

Desde Ciudadanos, la diputada Diana Sánchez ha afirmado que la ley no es «para nada» el texto que trajo el Gobierno, «que Ciudadanos está contribuyendo a su mejora como por ejemplo la regulación de los grupos de interés y la huella».

Además, ha señalado que desde su formación también han logrado introducir en la ley que los ciudadanos puedan evaluar a la administración a través del portal de transparencia «y se ha aceptado también nuestro estatuto del denunciante».

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Los grupos de presión ya han comenzado a inscribirse en el registro de lobbiescreado por el Gobierno de Ahora Madrid, que comenzó a funcionar a primeros de mes. Seis decenas de lobbies entre personas jurídicas, asociaciones y empresas de toda índole han cursado alta en la plataforma de Transparencia de la web municipal a lo largo del primer mes de 2018, aunque según aseguran desde el Área de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, encabezada por el edil Pablo Soto, «todavía ninguno ha solicitado una reunión con algún representante municipal».

Estos encuentros comenzarán a producirse con el paso de los meses. Al menos, ésa es la intención de la Ejecutiva de la alcaldesa, Manuela Carmena, que ha creado este registro con el objetivo de que estas personas o colectivos que pretenden influir en la toma de decisiones municipales dejen constancia de las reuniones y que éstas puedan ser consultadas por la ciudadanía. La inscripción es obligatoria para todo aquel que quiera ejercer de lobista, salvo las asociaciones y entidades que ya estén inscritas en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Madrid.

Entre los primeros lobbies registrados aparecen empresas con importantes intereses económicos en la ciudad. Es el caso de la cadena de supermercados Mercadona, con más de 20 establecimientos en Madrid, que se inscribió el pasado 11 de enero, o de la multinacional de venta online Amazon, que tiene su sede central y otras delegaciones en distintos puntos de la capital y que se registró con el objetivo de «mantener reunión o encuentro», como consta en su ficha abierta al público a través de la web municipal.

Otras de las grandes empresas que no han tardado en posicionarse son Uber y Cabify, que a través de la patronal Unauto VTC (la principal asociación del sector de alquiler de vehículos con conductor profesional) trasladan la denominada«guerra del taxi» también a este ámbito. Del otro lado, la Federación Española del Taxi ha hecho lo propio, registrando no sólo a esta organización, sino también a su secretario técnico, Emilio Domínguez del Valle.

Mucho interés económico podría haber también en el caso del gigante inmobiliario Unibail-Rodamco, que cuenta con 12 grandes superficies comerciales en nuestro país, tres de ellas en Madrid: Equinoccio, Parquesur y La Vaguada. Esta compañía anunciaba recientemente que invertirá más de 800 millones de euros en España durante los próximos cinco años, según publicaba Expansión. Asimismo, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) o la ANFAC-Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones también se han dado de alta durante las últimas semanas.

Pero no solo de grandes nombres vive este registro de lobbies, que ya cuenta con una composición de lo más variopinta. Con unos intereses muy alejados de la lógica del capitalismo se encuentra por ejemplo la organización Mis Amigas Las Palomas, que lleva ya varios años luchando por los derechos de estas aves, tan odiadas por muchos ciudadanos. Ecologistas en Acción completa el listado de organizaciones en defensa de la fauna y el medio ambiente.

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Ciertamente, el ejercicio del lobby en España está preso de una serie de mitos que lo hacen incomprendido y oscuro. La corrupción ha reforzado esos mitos y ha dañado la imagen de los grupos de presión. Pero las razones de la desconfianza y de la distancia del ciudadano medio hacia los lobbies son, además de la corrupción, la juventud de la que aún goza nuestra democracia, la histórica ausencia de regulación de la profesión y la consecuente falta de transparencia de dicha actividad.

Sin embargo, en España, la mayoría de la población no ha interiorizado aún que los sindicatos, las asociaciones de consumidores, o las organizaciones sociales que reivindican los derechos LGTB, por citar algunos ejemplos, también son lobbies, ampliamente aceptados por la sociedad, aunque sus intereses no son corporativos.

Pero, ¿qué es el lobby?
Según la RAE, lobby significa «grupo de personas influyentes, organizado para presionar en favor de determinados intereses, es decir, un colectivo con intereses comunes que realiza acciones dirigidas a influir para promover decisiones favorables a los intereses de ese sector concreto de la sociedad».

Cuando leemos esta definición, el imaginario colectivo nos lleva a despachos en donde un político intercambia favores con una persona sin rostro, representante de poderosos intereses empresariales. Esto sucede, pero no es lobby; es, en todo caso, tráfico de influencias. En cambio, no pensamos en un sindicato amenazando con una huelga si, en una nueva legislación laboral, hay cambios que afecten a sus trabajadores. Y es que los métodos de los lobbies son distintos, pero el fin es el mismo: influir en la elaboración de las leyes y regulaciones, y en la toma de decisiones.

Un engranaje básico de las democracias desarrolladas
En EEUU, por ejemplo, los lobbies son un engranaje fundamental de la democracia. Son poderosas organizaciones de presión política que tienen un peso incuestionable en la creación de muchas leyes o en el mantenimiento de muchas otras. Aunque tendamos a creer que compran voluntades, el político que escucha a estos grupos también evalúa el peso, en el caso del lobby corporativo, que tienen estas industrias y sus intereses en el tejido económico y social del país: millones de dólares en impuestos y miles de puestos de trabajo que deben ser tenidos en cuenta -a Eisenhower se le atribuyó la frase de «lo que es bueno para la General Motors lo es también para EE UU»-. Así sucede también con lobbies no corporativos. Toda persona que represente una empresa o sector importante, o a un colectivo muy numeroso, defiende un interés que el legislador debe ponderar.

Sin salir del ejemplo norteamericano, los lobbies no son infalibles. El carbón y el acero perdieron la partida durante la Administración Obama y el lobby de las tabacaleras fue derrotado por las condenas millonarias en los juzgados en la década anterior. En estos casos, otros factores fueron determinantes, entre ellos, el bienestar colectivo de la población. Para que los intereses defendidos tengan éxito, deben también ser importantes y comprendidos para un espectro amplio de la sociedad. Si el tabaco mata, o si el carbón daña el planeta, la presión social es más fuerte que cualquier otra presión que pueda ejercerse sobre cualquier político. Como subraya Daniel Ureña, de MAS Consulting, «no hay lobbies buenos y lobbies malos, sino que lo que debe juzgarse son los intereses que cada uno defiende.» Para los lobbies, la imagen pública de los intereses que defienden es tan importante como su labor de influencia con los poderes políticos.

En las democracias avanzadas, pues, los lobbies se han convertido hoy en canalizadores de demandas e información muy útiles en la toma de decisiones. Cuando se está elaborando una ley sobre un sector específico, es necesario que el legislador oiga todos los puntos de vista, reciba informes cualificados, estudie cómo la ley afectará a empresas, a ciudadanos, al medio ambiente, etc., y en ese momento los grupos de presión juegan un papel vertebrador y, en la mayoría de los casos, beneficioso.

La lucha por una mayor transparencia
La problemática actual del lobby en España radica, precisamente, en sus métodos. Una mayor transparencia es lo que demandan, entre otros, la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales, así como distintos organismos, para normalizar esta actividad.

En febrero de 2017 la Comisión Europea criticó la falta de regulación de los lobbies en España. La recientemente fallecida Esther Arizmendi, presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, denunció en su testamento la «opacidad de la Administración» y las deficiencias de la vigente Ley de Transparencia (aprobada en diciembre de 2013) por la cual se creó el primer Registro de Grupos de Interés en España, en funcionamiento desde marzo de 2016.

Por su parte, Transparencia Internacional destaca que el lobby es síntoma de una democracia dinámica, pero que necesita estar dotada de más control y transparencia. En este sentido, en el último índice de Percepción de la Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, España estaba en el número 41 de 176; no era una mala posición, pero estaba por detrás de Bostwana, Cabo Verde, Qatar o Lituania.

Bienvenidos y regulados sean
Los lobbies en España no mejorarán su imagen hasta que exista una mayor transparencia y hasta que la sociedad no interiorice los beneficios que reporta esta actividad.

El lobby profesional es legítimo y sano para una democracia. Es, también, un sector económico en auge y que, con una regulación efectiva, puede ayudar a mejorar los mecanismos de la democracia representativa y defender mejor los intereses de los ciudadanos. Los lobbies, sí, son normales, y necesarios.

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Las grandes compañías y organizaciones no pierden el tiempo para solicitar reuniones con el ayuntamiento.

La actividad de los grupos de presión en Estados Unidos es legal, está aceptada y puede conseguir resultados favorables. No son relaciones públicas y tampoco es una herramienta estrictamente jurídica, pero la influencia forma parte del juego del poder en Washington. Google acaba de convertirse en la empresa que más invierte en estas prácticas, hasta ahora copadas por otras industrias o por asociaciones de empresarios.

Las empresas de Silicon Valley se han convertido en los últimos años en las que más dinero emplean en mejorar su imagen y en introducirse en el entramado del poder. Google ha batido su propio récord, con 18 millones de dólares en 2017, y se ha situado por primera vez como la compañía que más se ha gastado en influir en los legisladores. Desbanca así a los sectores que tradicionalmente hacían grandes esfuerzos de presión, como la industria tabaquera o la de alimentación.

El Centro de Política Responsiva ha publicado los datos de las diferentes empresas que ejercen el lobby frente al gobierno federal. El buscador está en la cima. Ejerció presión en temas diversos, desde la emigración, la reforma fiscal, la diversidad, la neutralidad de la red o la publicidad online. Esta cifra está muy por encima de lo que emplearon otros gigantes de las telecomunicaciones.

Amazon y Facebook aparecen también en la lista, pero mucho más abajo, en los puestos 16 y 24 respectivamente. En el ejercicio anterior fue la National Association of Realtors, la unión de corredores de fincas, la que ocupó la primera plaza. Lo habitual es que sean grupos, sindicatos o conglomerados que aúnan industrias los que más gasten, pero no compañías a título particular.

Hace 30 años el Centro de Política Responsiva comenzó a recolectar datos. No hay registros anteriores, pero desde que lo siguen, esta es la primera vez que una empresa concreta lidera la lista. Sarah Bryner, directora de la investigación, ha explicado al portal de tecnología Gizmodo, que los de Mountain View han ido escalando posiciones desde el puesto 15, superado a los grupos que tradicionalmente tenían más intereses en conseguir un marco legal favorable, como AT&T, la mayor empresa de telecomunicaciones del país, y Boeing, involucrada en defensa, electrónica y transporte aéreo.

A Bryner no le sorprende que los nuevos líderes tecnológicos ya no estén en garajes inventando nuevos productos, sino ejerciendo su influencia más allá de la web. “Hay un mito muy arraigado. Se considera que ellos no intervienen en cómo se apuntala políticamente su industria”, explica. Llama la atención el caso de Amazon, que gastó 13 millones de dólares. Facebook se quedó en 11. La investigadora no cree que estas acciones tengan un efecto inmediato, pero sí que consiguen que sus opiniones se escuchen y aporten puntos de vista diferentes. “Google siempre ha mantenido el don’t be evil (“no seas malo”, lema fundacional de la empresa) y no hay nada de malo en gastar dinero en política, pero sí es importante que la opinión pública lo sepa, que lo vigile”, argumenta.

Apple no está entre las corporaciones que más invierten en estas labores. Se queda en siete millones de dólares, pero llama la atención que su partida aumentase un 51% solo en un año. Entre los intereses de los de Cupertino se encuentran el cambio climático, las aplicaciones relacionadas con la salud y los coches autónomos. Apple, Google y Facebook no han explicado esta actividad. Tan solo lo ha hecho Amazon en un comunicado escueto: “Como uno de los grandes creadores de empleo de este país, hemos ampliado nuestro equipo en Washington D.C. para asegurarnos de que podemos estar encima de temas legislativos importantes que afectan a nuestros empleados y nuestros consumidores”. De manera colectiva se han agrupado en The Internet Association para “de forma proactiva vigilar al vigilante en todo lo referido a Internet y los posibles efectos negativos de sesgos raciales o de género, de modo que se identifiquen y minimicen rápidamente”.

En el listado también aparece Uber. Ejerció presión para que se aprobase una normativa de “avances en despegue y aterrizaje vertical”. Un aspecto básico para que su prometido coche volador, más parecido a un helicóptero comunitario, sea una realidad.

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El próximo viernes 26 de enero se inaugura la 8ª edición del Postgrado de Dirección de Asuntos Públicos(PDAP), el primer programa en España especializado en lobby. Este programa ha formado a un gran número de directivos y profesionales del mundo de la empresa, la Administración Pública y el Tercer Sector.

La organización corre a cuenta de Mas Consulting junto con la Universidad Pontificia de Comillas ICAI-ICADE. El pasado 11 de enero celebraron una mesa redonda sobre el futuro del lobby para presentarlo en el Aula de Liderazgo Público.

El acto estuvo conducido por Daniel Ureña, coordinador del Aula de Liderazgo Público, contó con la presencia de Maribel Álvarez, Directora del Departamento de Disciplinas Comunes de la Facultad de Derecho (ICADE), Piluca Núñez, Directora de Comunicación de la Asociación Española de Energía Eólica; y Lara Contreras, Directora de Relaciones Institucionales de Oxfam Intermón.

El punto de partida del debate fue la entrada en vigor del registro de lobistas en el Ayuntamiento de Madrid a comienzos de año, donde la jurista Maribel Álvarez hizo un repaso a las distintas iniciativas que, desde las Cortes Constituyentes -“padres de la Constitución como Solé Turá o Fraga tuvieron interés en legislar sobre el lobby en la Carta Magna”- hasta hoy día se han planteado para establecer un regulación del lobby. ¿Por qué no se ha llevado a cabo esa regulación? Álvarez concluyó: “Porque no se ha sabido cómo hacerla“.

Piluca Núñez explicó cuál era su función como lobista, subrayando la necesidad de alejar el concepto de lobby del de corrupción y enfatizando la necesidad de un registro único que facilite la labor de profesionales, ciudadanos y legisladores. Este registro ha de llevar un código de conducta para todos aquellos que ejercen y reciben el lobby.

Lara Contreras expuso a los asistentes la pregunta ¿quién es lobista?, afirmando que era “Todo aquel que pretende influir lícitamente para conseguir un cambio político acorde a sus intereses”.

La regulación es una cuestión totalmente necesaria, abordándose al respecto las iniciativas legislativas introducidas en el Congreso de los Diputados por los grupos parlamentarios del Partido Popular y Ciudadanos y, aunque todas las ponentes coincidieron en valorar como poco probable que saliera adelante la reforma del reglamento del Congreso propuesta por el PP, también hubo consenso en que se está avanzando en España.

Se citaron referentes internacionales como los casos de Reino Unido, Estados Unidos y Canadá para ejemplificar los límites de la transparencia. Todas las ponentes coincidieron en que no todas las acciones de lobby ni toda la documentación aportada debe hacerse pública, aunque, como dijo Lara Contreras, “los ciudadanos tienen derecho a saber quién está influyendo en las tomas de decisiones legales”.

El acto concluyó con las preguntas del público, encaminadas hacia la percepción pública del lobby y la necesidad de crear un buen story telling sobre el lobismo.

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