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¿Por qué los lobbies están mal vistos en España?

Ciertamente, el ejercicio del lobby en España está preso de una serie de mitos que lo hacen incomprendido y oscuro. La corrupción ha reforzado esos mitos y ha dañado la imagen de los grupos de presión. Pero las razones de la desconfianza y de la distancia del ciudadano medio hacia los lobbies son, además de la corrupción, la juventud de la que aún goza nuestra democracia, la histórica ausencia de regulación de la profesión y la consecuente falta de transparencia de dicha actividad.

Sin embargo, en España, la mayoría de la población no ha interiorizado aún que los sindicatos, las asociaciones de consumidores, o las organizaciones sociales que reivindican los derechos LGTB, por citar algunos ejemplos, también son lobbies, ampliamente aceptados por la sociedad, aunque sus intereses no son corporativos.

Pero, ¿qué es el lobby?
Según la RAE, lobby significa “grupo de personas influyentes, organizado para presionar en favor de determinados intereses, es decir, un colectivo con intereses comunes que realiza acciones dirigidas a influir para promover decisiones favorables a los intereses de ese sector concreto de la sociedad”.

Cuando leemos esta definición, el imaginario colectivo nos lleva a despachos en donde un político intercambia favores con una persona sin rostro, representante de poderosos intereses empresariales. Esto sucede, pero no es lobby; es, en todo caso, tráfico de influencias. En cambio, no pensamos en un sindicato amenazando con una huelga si, en una nueva legislación laboral, hay cambios que afecten a sus trabajadores. Y es que los métodos de los lobbies son distintos, pero el fin es el mismo: influir en la elaboración de las leyes y regulaciones, y en la toma de decisiones.

Un engranaje básico de las democracias desarrolladas
En EEUU, por ejemplo, los lobbies son un engranaje fundamental de la democracia. Son poderosas organizaciones de presión política que tienen un peso incuestionable en la creación de muchas leyes o en el mantenimiento de muchas otras. Aunque tendamos a creer que compran voluntades, el político que escucha a estos grupos también evalúa el peso, en el caso del lobby corporativo, que tienen estas industrias y sus intereses en el tejido económico y social del país: millones de dólares en impuestos y miles de puestos de trabajo que deben ser tenidos en cuenta -a Eisenhower se le atribuyó la frase de “lo que es bueno para la General Motors lo es también para EE UU”-. Así sucede también con lobbies no corporativos. Toda persona que represente una empresa o sector importante, o a un colectivo muy numeroso, defiende un interés que el legislador debe ponderar.

Sin salir del ejemplo norteamericano, los lobbies no son infalibles. El carbón y el acero perdieron la partida durante la Administración Obama y el lobby de las tabacaleras fue derrotado por las condenas millonarias en los juzgados en la década anterior. En estos casos, otros factores fueron determinantes, entre ellos, el bienestar colectivo de la población. Para que los intereses defendidos tengan éxito, deben también ser importantes y comprendidos para un espectro amplio de la sociedad. Si el tabaco mata, o si el carbón daña el planeta, la presión social es más fuerte que cualquier otra presión que pueda ejercerse sobre cualquier político. Como subraya Daniel Ureña, de MAS Consulting, “no hay lobbies buenos y lobbies malos, sino que lo que debe juzgarse son los intereses que cada uno defiende.” Para los lobbies, la imagen pública de los intereses que defienden es tan importante como su labor de influencia con los poderes políticos.

En las democracias avanzadas, pues, los lobbies se han convertido hoy en canalizadores de demandas e información muy útiles en la toma de decisiones. Cuando se está elaborando una ley sobre un sector específico, es necesario que el legislador oiga todos los puntos de vista, reciba informes cualificados, estudie cómo la ley afectará a empresas, a ciudadanos, al medio ambiente, etc., y en ese momento los grupos de presión juegan un papel vertebrador y, en la mayoría de los casos, beneficioso.

La lucha por una mayor transparencia
La problemática actual del lobby en España radica, precisamente, en sus métodos. Una mayor transparencia es lo que demandan, entre otros, la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales, así como distintos organismos, para normalizar esta actividad.

En febrero de 2017 la Comisión Europea criticó la falta de regulación de los lobbies en España. La recientemente fallecida Esther Arizmendi, presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, denunció en su testamento la “opacidad de la Administración” y las deficiencias de la vigente Ley de Transparencia (aprobada en diciembre de 2013) por la cual se creó el primer Registro de Grupos de Interés en España, en funcionamiento desde marzo de 2016.

Por su parte, Transparencia Internacional destaca que el lobby es síntoma de una democracia dinámica, pero que necesita estar dotada de más control y transparencia. En este sentido, en el último índice de Percepción de la Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, España estaba en el número 41 de 176; no era una mala posición, pero estaba por detrás de Bostwana, Cabo Verde, Qatar o Lituania.

Bienvenidos y regulados sean
Los lobbies en España no mejorarán su imagen hasta que exista una mayor transparencia y hasta que la sociedad no interiorice los beneficios que reporta esta actividad.

El lobby profesional es legítimo y sano para una democracia. Es, también, un sector económico en auge y que, con una regulación efectiva, puede ayudar a mejorar los mecanismos de la democracia representativa y defender mejor los intereses de los ciudadanos. Los lobbies, sí, son normales, y necesarios.

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Mercadona y Amazon se adelantan en los primeros días del registro de lobbies de Carmena

Las grandes compañías y organizaciones no pierden el tiempo para solicitar reuniones con el ayuntamiento.

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Google, la reina del ‘lobby’

La actividad de los grupos de presión en Estados Unidos es legal, está aceptada y puede conseguir resultados favorables. No son relaciones públicas y tampoco es una herramienta estrictamente jurídica, pero la influencia forma parte del juego del poder en Washington. Google acaba de convertirse en la empresa que más invierte en estas prácticas, hasta ahora copadas por otras industrias o por asociaciones de empresarios.

Las empresas de Silicon Valley se han convertido en los últimos años en las que más dinero emplean en mejorar su imagen y en introducirse en el entramado del poder. Google ha batido su propio récord, con 18 millones de dólares en 2017, y se ha situado por primera vez como la compañía que más se ha gastado en influir en los legisladores. Desbanca así a los sectores que tradicionalmente hacían grandes esfuerzos de presión, como la industria tabaquera o la de alimentación.

El Centro de Política Responsiva ha publicado los datos de las diferentes empresas que ejercen el lobby frente al gobierno federal. El buscador está en la cima. Ejerció presión en temas diversos, desde la emigración, la reforma fiscal, la diversidad, la neutralidad de la red o la publicidad online. Esta cifra está muy por encima de lo que emplearon otros gigantes de las telecomunicaciones.

Amazon y Facebook aparecen también en la lista, pero mucho más abajo, en los puestos 16 y 24 respectivamente. En el ejercicio anterior fue la National Association of Realtors, la unión de corredores de fincas, la que ocupó la primera plaza. Lo habitual es que sean grupos, sindicatos o conglomerados que aúnan industrias los que más gasten, pero no compañías a título particular.

Hace 30 años el Centro de Política Responsiva comenzó a recolectar datos. No hay registros anteriores, pero desde que lo siguen, esta es la primera vez que una empresa concreta lidera la lista. Sarah Bryner, directora de la investigación, ha explicado al portal de tecnología Gizmodo, que los de Mountain View han ido escalando posiciones desde el puesto 15, superado a los grupos que tradicionalmente tenían más intereses en conseguir un marco legal favorable, como AT&T, la mayor empresa de telecomunicaciones del país, y Boeing, involucrada en defensa, electrónica y transporte aéreo.

A Bryner no le sorprende que los nuevos líderes tecnológicos ya no estén en garajes inventando nuevos productos, sino ejerciendo su influencia más allá de la web. “Hay un mito muy arraigado. Se considera que ellos no intervienen en cómo se apuntala políticamente su industria”, explica. Llama la atención el caso de Amazon, que gastó 13 millones de dólares. Facebook se quedó en 11. La investigadora no cree que estas acciones tengan un efecto inmediato, pero sí que consiguen que sus opiniones se escuchen y aporten puntos de vista diferentes. “Google siempre ha mantenido el don’t be evil (“no seas malo”, lema fundacional de la empresa) y no hay nada de malo en gastar dinero en política, pero sí es importante que la opinión pública lo sepa, que lo vigile”, argumenta.

Apple no está entre las corporaciones que más invierten en estas labores. Se queda en siete millones de dólares, pero llama la atención que su partida aumentase un 51% solo en un año. Entre los intereses de los de Cupertino se encuentran el cambio climático, las aplicaciones relacionadas con la salud y los coches autónomos. Apple, Google y Facebook no han explicado esta actividad. Tan solo lo ha hecho Amazon en un comunicado escueto: “Como uno de los grandes creadores de empleo de este país, hemos ampliado nuestro equipo en Washington D.C. para asegurarnos de que podemos estar encima de temas legislativos importantes que afectan a nuestros empleados y nuestros consumidores”. De manera colectiva se han agrupado en The Internet Association para “de forma proactiva vigilar al vigilante en todo lo referido a Internet y los posibles efectos negativos de sesgos raciales o de género, de modo que se identifiquen y minimicen rápidamente”.

En el listado también aparece Uber. Ejerció presión para que se aprobase una normativa de “avances en despegue y aterrizaje vertical”. Un aspecto básico para que su prometido coche volador, más parecido a un helicóptero comunitario, sea una realidad.

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Los desafíos del Lobby en España

El próximo viernes 26 de enero se inaugura la 8ª edición del Postgrado de Dirección de Asuntos Públicos(PDAP), el primer programa en España especializado en lobby. Este programa ha formado a un gran número de directivos y profesionales del mundo de la empresa, la Administración Pública y el Tercer Sector.

La organización corre a cuenta de Mas Consulting junto con la Universidad Pontificia de Comillas ICAI-ICADE. El pasado 11 de enero celebraron una mesa redonda sobre el futuro del lobby para presentarlo en el Aula de Liderazgo Público.

El acto estuvo conducido por Daniel Ureña, coordinador del Aula de Liderazgo Público, contó con la presencia de Maribel Álvarez, Directora del Departamento de Disciplinas Comunes de la Facultad de Derecho (ICADE), Piluca Núñez, Directora de Comunicación de la Asociación Española de Energía Eólica; y Lara Contreras, Directora de Relaciones Institucionales de Oxfam Intermón.

El punto de partida del debate fue la entrada en vigor del registro de lobistas en el Ayuntamiento de Madrid a comienzos de año, donde la jurista Maribel Álvarez hizo un repaso a las distintas iniciativas que, desde las Cortes Constituyentes -“padres de la Constitución como Solé Turá o Fraga tuvieron interés en legislar sobre el lobby en la Carta Magna”- hasta hoy día se han planteado para establecer un regulación del lobby. ¿Por qué no se ha llevado a cabo esa regulación? Álvarez concluyó: “Porque no se ha sabido cómo hacerla“.

Piluca Núñez explicó cuál era su función como lobista, subrayando la necesidad de alejar el concepto de lobby del de corrupción y enfatizando la necesidad de un registro único que facilite la labor de profesionales, ciudadanos y legisladores. Este registro ha de llevar un código de conducta para todos aquellos que ejercen y reciben el lobby.

Lara Contreras expuso a los asistentes la pregunta ¿quién es lobista?, afirmando que era “Todo aquel que pretende influir lícitamente para conseguir un cambio político acorde a sus intereses”.

La regulación es una cuestión totalmente necesaria, abordándose al respecto las iniciativas legislativas introducidas en el Congreso de los Diputados por los grupos parlamentarios del Partido Popular y Ciudadanos y, aunque todas las ponentes coincidieron en valorar como poco probable que saliera adelante la reforma del reglamento del Congreso propuesta por el PP, también hubo consenso en que se está avanzando en España.

Se citaron referentes internacionales como los casos de Reino Unido, Estados Unidos y Canadá para ejemplificar los límites de la transparencia. Todas las ponentes coincidieron en que no todas las acciones de lobby ni toda la documentación aportada debe hacerse pública, aunque, como dijo Lara Contreras, “los ciudadanos tienen derecho a saber quién está influyendo en las tomas de decisiones legales”.

El acto concluyó con las preguntas del público, encaminadas hacia la percepción pública del lobby y la necesidad de crear un buen story telling sobre el lobismo.

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Consejo de Transparencia y Comisionados autonómicos acuerdan más colaboración

El  Consejo estatal de Transparencia y Buen Gobierno ha presidido una reunión en su sede con los Comisionados y organismos independientes de transparencia de las CCAA. El encuentro se enmarca dentro de las relaciones permanentes que mantiene el Consejo con los presidentes de los órganos autonómicos de garantía.

Desde la fecha de su creación, el Consejo de Transparencia del Estado ha buscado la colaboración y el consenso con los distintos órganos autonómicos con competencias en materia de transparencia para todas las cuestiones de interés común y los temas más relevantes en el ámbito de la información pública.

Para continuar por esta vía y profundizar en sus resultados, en la reunión se ha acordado la implantación de un modelo de colaboración permanente basado en reuniones trimestrales y en creación de grupos de trabajosobre aspectos de interés común.

Ley de contratos del sector público

La nueva Ley de contratos del sector público otorga una nueva competencia al Consejo de Transparencia, concretamente la obligación de emitir un informe sobre la prevalencia o no del derecho de acceso a la información pública frente las decisiones de los órganos públicos de contratación de aplicar cláusulas de confidencialidad a determinados datos de los anuncios de formalización de los contratos.

Esta previsión, según la Disposición final primera de la Ley de contratos del sector público, tiene carácter básico y, en consecuencia, alcanza también a los Comisionados autonómicos en su respectivo ámbito territorial.

En el encuentro se han valorado las consecuencias de esta nueva competencia. Tanto el Consejo de Transparencia estatal como sus homólogos autonómicos han coincidido en la actual falta de medios para poder llevar a cabo esta tarea.

Lucha contra la corrupción y protección del denunciante

En la reunión se han abordado también las modificaciones que propone introducir en la Ley de transparencia la proposición de Ley integral de lucha contra la corrupción y protección de los denunciantes, presentada por el grupo parlamentario de Ciudadanos en el Congreso y que actualmente se encuentra en tramitación.

Entre las modificaciones propuestas se encuentra la creación en el ámbito estatal de un registro electrónico de lobistas y lobbies de carácter público y gratuito, cuya gestión y control encomienda, en el ámbito estatal, al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

La medida, de revestir el carácter de norma “básica”, implicará la creación de un registro paralelo en las CCAA que aún no han legislado en materia de lobbies y la atribución de la gestión del mismo a los organismos garantes de la transparencia.

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Lobbying firms report a strong first year under Trump

TOP FIRMS

  1. Akin Gump Strauss Hauer & Feld:$38.8 million (versus $36.4 million in 2016) and $10 million in Q4 2017 (versus $8.6 million in Q4 2016)
  2. Brownstein Hyatt Farber Schreck:$29.2 million (versus $25.6 million in 2016) and $8.4 million in Q4 2017 (versus $5.7 million in Q4 2016)
  3. Squire Patton Boggs: $24.3 million (versus $18.9 million in 2016) and $6 million in Q4 2017 (versus $5.1 million in Q4 2016)
  4. BGR Group: $23.6 million (versus $17.4 million in 2016) and $6.9 million in Q4 2017 (versus $4.5 million in Q4 2016)
  5. Holland & Knight: $22.4 million (versus $19.7 million in 2016) and $6.3 million in Q4 2017 (versus $4.9 million in Q4 2016)
  6. Cornerstone Government Affairs: $19.3 million (versus $16.8 million in 2016) and $5.2 million in Q4 2017 (versus $4.4 million in Q4 2016)
  7. Capitol Counsel: $18.2 million (versus $16.2 million in 2016) and $4.7 million in Q4 2017 (versus $4 million in Q4 2016)
  8. Van Scoyoc Associates: $18.2 million (versus $21.7 million in 2016) and $5 million in Q4 2017 (versus $6 million in Q4 2016)
  9. Podesta Group: $18.1 million* (versus $24.1 million in 2016) and $2.6 million in Q4 2017 (versus $6.1 million in Q4 2016)
  10. Covington & Burling: $17.8 million (versus $12.6 million in 2016) and $4.4 million in Q4 2017 (versus $3 million in Q4 2016)
  11. K&L Gates: $17.5 million (versus $16 million in 2016) and $4.4 million in Q4 2017 (versus $3.5 million in Q4 2016)
  12. Williams & Jensen: $16.6 million (versus $15.7 million* in 2016) and $4.2 million in Q4 2017 (versus $3.6 million* in Q4 2016)
  13. Mehlman Castagnetti Rosen & Thomas: $15.2 million (versus $12.9 million in 2016) and $3.9 million in Q4 2017 (versus $3.3 million in Q4 2016)
  14. Ernst & Young: $15.1 million* (versus $12.6 million* in 2016) and $4.5 million* in Q4 2017 (versus $3.1 million* in Q4 2016)
  15. Capitol Tax Partners: $14.3 million* (versus $12.3 million in 2016) and $3.8 million* in Q4 2017 (versus $3.1 million in Q4 2016)
  16. Cassidy & Associates: $14.3 million (versus $13.2 million in 2016) and $3.8 million in Q4 2017 (versus $3.6 million in Q4 2016)
  17. Peck Madigan Jones: $14.2 million* (versus $13.3 million* in 2016) and $3.7 million* in Q4 2017 (versus $3.3 million* in Q4 2016)
  18. Fierce Government Relations: $13.2 million (versus $12.9 million in 2016) and $3.5 million in Q4 2017 (versus $3.1 million in Q4 2016)
  19. American Continental Group: $12.6 million* (versus $7 million* in 2016) and $3.3 million* in Q4 2017 (versus $1.7 million* in Q4 2016)
  20. Crossroads Strategies: $11.7 million (versus $7.9 million in 2016) and $3.1 million in Q4 2017 (versus $2 million in Q4 2016).

* Estimated based on Senate disclosure filings. All other figures have been verified with the firms.

TOP SPENDERS (FOURTH QUARTER)

  1. National Association of Realtors: $22.2 million
  2. Business Roundtable: $17.4 million
  3. U.S. Chamber of Commerce: $16.8 million
  4. Open Society Policy Center: $10.3 million
  5. U.S. Chamber Institute for Legal Reform: $7 million
  6. Pharmaceutical Research and Manufacturers of America: $5.9 million
  7. American Hospital Association: $4.6 million
  8. Google: $4.4 million
  9. Comcast: $4.3 million
  10. NCTA: $4.3 million
  11. Boeing: $4.2 million
  12. National Association of Broadcasters: $4.1 million
  13. American Medical Association: $4 million
  14. CTIA: $3.8 million
  15. Lockheed Martin: $3.7 milion
  16. Johnson & Johnson: $3.7 million
  17. AT&T: $3.6 million
  18. Amazon: $3.3 million
  19. American Bankers Association: $3.2 million
  20. Southern Company: $3.1 million

BIGGEST CONTRACTS

  1. PricewaterhouseCoopers: Alliance for Competitive Taxation ($950,000)
  2. Covington & Burling: Qualcomm ($880,000)
  3. Akin Gump Strauss Hauer & Feld: Gila River Indian Community ($590,000)
  4. McGuinness & Yager: HR Policy Association ($590,000)
  5. Brownstein Hyatt Farber Schreck: Athene Holding ($530,000)
  6. Federal Policy Group: Altaba ($500,000)
  7. Akin Gump Strauss Hauer & Feld: Pebble Limited Partnership ($410,000)
  8. Venn Strategies: Employee-Owned S Corporations of America ($400,000)
  9. Brownstein Hyatt Farber Schreck: Caesars Enterprise Services ($370,000)
  10. Roberti Global: Nord Stream 2 AG ($360,000) (tie)
  11. Steptoe & Johnson: Assured Guaranty ($360,000) (tie)

OTHER NOTABLE FIRMS

— Ballard Partners: $9.9 million for the full year and $3.6 million in Q4 2017 (The firm didn’t have a Washington presence in 2016.)
— CGCN Group: $8.4 million (versus $6.6 million in 2016) and $2.2 million in Q4 2017 (versus $1.6 million in Q4 2016)
— Forbes Tate Partners: $10.9 million (versus $10 million in 2016) and $2.7 million in Q4 2017 (versus $2.9 million in Q4 2016)
— Hogan Lovells: $11.4 million (versus $10 million in 2016) and $3.2 million in Q4 2017 (versus $2.2 million in Q4 2016)
— Invariant: $11 million (versus $9.9 million in 2016) and $3 million in Q4 2017 (versus $2.9 million in Q4 2016)
— Monument Policy Group: $7.5 million (versus $6 million in 2016) and $1.7 million in Q4 2017 (versus $1.7 million in Q4 2016)
— Ogilvy Government Relations: $11.4 million (versus $10.5 million in 2016) and $2.7 million in Q4 2017 (versus $2.6 million in Q4 2016)
— S-3 Group: $5.9 million (versus $5.6 million in 2016) and $1.8 million in Q4 2017 (versus $1.4 million in Q4 2016)
— Thorn Run Partners: $9.5 million (versus $8.6 million in 2016) and $2.4 million in Q4 2017 (versus $2.2 million in Q4 2016)
— Venable: $9.1 million (versus $10.4 million in 2016) and $2.5 million in Q4 2017 (versus $2.3 million in Q4 2016)

Good afternoon, and welcome to PI. Keep those tips coming: tmeyer@politico.com and mlevine@politico.com. You can also follow us on Twitter: @marianne_levine and @theodoricmeyer.

POSTCARD FROM DAVOS: Key leaders and thinkers from around the world have converged at the World Economic Forum in Davos, Switzerland, and POLITICO is providing up-to-the-minute dispatches through our exclusive Davos Playbook (sign up here) and a pop-up Davos Confidential podcast (sign up here) to help track significant conversations, newsworthy events and the general buzz from the scene at #WEF2018.

WHAT THE NUMBERS MEAN: It’s official: The first year of Donald Trump’s presidency was good for K Street. Eighteen of the top 20 lobbying firms in town saw their revenue rise last year, and many saw significant bumps. Covington & Burling, for instance, brought in $17.8 million in lobbying revenue in 2017 — an increase of more than 40 percent over the $12.6 million the firm billed in 2016. TheAmerican Continental Group, which is home to Dave Urban, who played a critical role in helping Trump win Pennsylvania, saw its revenue spike, too. And Ballard Partners, the Florida lobbying firm run by Brian Ballard, who was a top fundraiser for Trump’s campaign, saw nearly $10 million in lobbying revenue after setting up shop in Washington last year. (One of the firms that saw a falloff in business was the Podesta Group, which imploded after Tony Podesta stepped down as chairman but brought in more lobbying revenue than all but eight other firms in the year overall.)

— Elizabeth Gore, who leads Brownstein Hyatt Farber Schreck’s government relations department, identified three areas that had driven business during Trump’s first year in office: the battles over repealing Obamacare and reforming the tax code, as well as the surge of nervous companies hiring lobbyists that accompanies the first months of most administrations. For all the uncertainty that has accompanied Trump’s first year in office, Gore said, “K Street found that really it wasn’t as different as maybe we thought it would be.”

INSIDE THE FILINGS: The National Association of Realtors shelled out more on lobbying than any other trade group or company in the fourth quarter as it fought back against proposals that would reduce the value of the mortgage interest deduction as part of tax reform. The Realtors spent $22.2 million in the fourth quarter and $54.4 million in 2017 overall. The Business Roundtable’s spending also soared. The trade group spent $17.4 million on lobbying in the fourth quarter — more than four times what it spent in the fourth quarter of 2016 — and $27.4 million over the full year.

NEW BUSINESS: Forbes Tate Partners has signed Deloitte, lobbying on accounting, financial services, tax and appropriations issues. And Raytheon has added Rasky Partners to its stable of Washington lobbying firms. Raytheon also retains more than a dozen other lobbying shops, including BGR Group, Capitol Tax Partners and Holland & Knight.

TECH GIANTS SAY GOODBYE TO OUTSIDE LOBBYING FIRMS: Several tech companies severed ties with outside lobbying firms, according to their fourth quarter disclosures. POLITICO’s Steven Overly reports that “Yelp parted ways with Monument Policy Group at the end of the year, after paying the firm $50,000 last quarter”; “Netflix is no longer working with the Glover Park Group”; “Comcast, Cox Enterprises and NCTA have separated from Palmetto Group”; “TripAdvisor terminated Epplin Strategic Planning”; and “Adobesevered ties with West Front Strategies.” Full story.

SOLAR INDUSTRY TRADE ASSOCIATION BLASTS TARIFF RULING: The Solar Energy Industry Association blasted the Trump administration’s decision Monday to impose new tariffs on imports of solar panels and cells, POLITICO’s Eric Wolff reports. The decision came after two solar companies — Suniva and SolarWorld USA — filed a trade complaint. Abigail Ross Hopper, president and chief executive of SEIA, said in a written statement that the new tariffs “will create a crisis in a part of our economy that has been thriving, which will ultimately cost tens of thousands of hard-working, blue-collar Americans their jobs.” But Suniva praised the decision. “The president is sending a message that American innovation and manufacturing will not be bullied out of existence without a fight,” the company said in a written statement. SolarWorld CEO Jurgen Stein said in a statement that he was “hopeful [the tariffs] will be enough to address the import surge and to rebuild solar manufacturing in the United States.” Mayer Brownrepresented Suniva and ROKK Solutions handled public affairs for the company. Wiley Rein represented SolarWorld. Full story.

JOBS REPORT

— Brooke Sammon has joined Firehouse Strategies as a senior vice president.She was previously media and public relations manager at the American Petroleum Institute.

— David Rudd has joined Alignment Government Strategies as counsel. He was previously a partner at the Palmetto Group.

— Scott Widmeyer is now chief strategy officer for Finn Partners in Washington. He is also a founding managing partner for the marketing and communications firm.

— Josh Black is associate vice president for international advocacy at PhRMA.Prior to that, he was chief of the global issues unit at the U.S. Mission to the United Nations.

— JP Schnapper-Casteras has started his own law firm, focusing on Supreme Court litigation, progressive causes and technology issues. He was previously special counsel for appellate and Supreme Court advocacy at the NAACP Legal Defense and Educational Fund.

— Sue Ansel, president and CEO of Gables Residential, was elected chairwoman of the National Multifamily Housing Council.

SPOTTED: At the Congressional Hispanic Caucus’ BOLD PAC winter retreat in Las Vegas last weekend, according to a PI tipster: David Martin of the Air Line Pilots Association; Karen Green of Akin Gump; Zach Pfister of Brownstein Hyatt Farber Schreck; Norma Cardenas, a certified hypnotherapist who’s married to Rep. Tony Cárdenas (D-Calif.); Silvia Aldana of PG&E; Steve Fitzer, finance consultant for Rep. Ben Ray Luján (D-N.M.); Andrea Riccio of S-3 Public Affairs; and Dustin Todd of Amazon.

NEW JOINT FUNDRAISERS:

Americans for BBQ 2018 (Reps. Bill Flores, Richard Hudson and Kevin Yoder)

NEW PACs:

Alabama New South Alliance (PAC)
Everyday American PAC (Super PAC)
Freedman’s PAC (PAC)
Seeking Justice Committee (Leadership PAC: Sen. Doug Jones)

NEW LOBBYING REGISTRATIONS:

A1.9 Stratgies LLC: Cubic Corporation
Adams andReese, LLP: Offshore Marine Services Association
Arent Fox LL: One Concern, Inc.
Baker & Hosttler LLP: Insmed Incorporated
Baker & Hosteler LLP: Strongbridge Biopharma, PLC
BGR Governmet Affairs: Andrey Borodin
Brownstein Hyat Farber Schreck, LLP: Franklin Loan Center
Brownstein HyattFarber Schreck, LLP: Limoneira Company
Capitol Hill Contusing Group: Blackwater Diving, LLC
Capitol Hill Consulting Group: Gulf County
Capitol Hill Consulting Group: One21 Group, LLC
Cardinal Infrastructure LLC: Valley Metro
Crowell & Moring International, LLC: The American Chamber of Commerce in Hong Kong
Crowell & Moring LLP:Key Safety Systems, Inc.
CTF Global LLC (formerly filing as The Grossman Group, LLC): One Free World International
Forbes-Tate: Deloitte LL
Forbes-Tate: Sarepta Therpeutics
Foresight Law + Policy PLLC National School Boards Association
G2G Consulting: Virginia Bio
Gavel Resources, LLC: Pebble Partnership, LLC
Leavitt Partners, LLC: The Creating Access to Real-Time Information Now Alliance (CARIN)
Lehigh University: Lehigh University
Marla Grossman: Motion Picture Association of America
Marla Grossman: News Corporation
Mehlman Castagnetti Rosen & Thomas, Inc.: General Aviation Manufacturers Association
Morrissey Strategic Partners, LLC: Printing Industries of America
New York Community Bank, Inc.: New York Community Bank, Inc.
Norton Regulatory Strategies: MGM Resorts International
Nossaman LLP (Formerly Nossaman LLP/O’Connor & Hannan): California Water Service
Perry Bayliss Government Relations, LLC: SES SA
Rasky Partners, Inc.: Raytheon Company
Rasky Partners, Inc.: Veolia Siekman and Siekman LLC: City of New Albany
Siekman and Siekman LLC: K & D
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, LLP: Starr International Company, Inc.
SmithBucklin Corporation: Lamaze International
Summit Strategies Government Affairs: City of Lynnwood, Wash.
TCK International, LLC: DLA Piper LLP (US) (for LA 2024 Bid Committee)
The Brightup Group LLC: Morrissey Strategic Partners, LLC
The Cormac Group, LLC: Steiner Leisure Limited
The Cormac Group, LLC: Tier One Solutions
The Estopinan Group, LLC: Roberto Zamora Estrada
The Jackson Laboratory: The Jackson Laboratory
The Livingston Group, L.L.C.: Henry Klein
The O Team LLC: K-Love
The O Team LLC: Kentucky Broadcasters Association
Townsend Public Affairs: Central Unified School District
Townsend Public Affairs: City of Danville
Townsend Public Affairs: City of Dublin
Townsend Public Affairs: City of El Monte
Townsend Public Affairs: City of Livermore
Townsend Public Affairs: City of Pleasanton
Townsend Public Affairs: City of Reedley
Townsend Public Affairs: City of San Ramon
Townsend Public Affairs: City of Sanger
Townsend Public Affairs: City of Tustin
Townsend Public Affairs: Santa Ana Public Works
VNF Solutions LLC: City of Houston
VNF Solutions LLC: Corps Reform Working Group (Informal Coalition)
Washington2 Advocates: Oak View Group
Wynne Health Group: Cambia Health Solutions, Inc.
Wynne Health Group: Greater New York Hospital Association

NEW LOBBYING TERMINATIONS:

Adrienne DerVartanian: Farmworker Justice
Aduston Consulting, LLC: Americans for Limited Government
Alcalde & Fay: Village of Pinecrest, FL
Alston & Bird LLP: American Association Of Nurse Anesthetists
Alston & Bird LLP: Vision Service Plan
American Continental Group: SAP America, Inc.
American Continental Group: Viacom
American Continental Group: Project Right Side
American Defense International, Inc.: Penny Black Technologies
Armory Hill Advocates (formerly known as Rawlson Policy Group): Serendipity Loving Care LLC
Avenue Solutions: Hospice Action Network
Avenue Strategies: 1st American Systems and Services L.L.C.
Avenue Strategies: American Advisors Group
Avenue Strategies: Puerto Rico Federal Affairs Administration
Avenue Strategies: Red Horse Corporation
Baker & McKenzie, LLP: International Council of Shopping Centers, Inc.
Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz: Scripps Networks Interactive
Barnes & Thornburg, LLP: Opportunity Finance Network
Barnett Sivon & Natter, P.C.: American Bankers Insurance Association
Barnett Sivon & Natter, P.C.: Metropolitan Life Insurance Company
Birch, Horton, Bittner & Cherot: Aleut Corporation
Blank Rome Government Relations: China Dawn Garment (Dalian) Co., Ltd.
Blank Rome LLP: China Dawn Garment (Dalian) Co., Ltd.
Bracy Tucker Brown & Valanzano, Inc.: Samsung Electronics America, Inc.
Brownstein Hyatt Farber Schreck, LLP: NexCore Group
Buchanan Ingersoll & Rooney PC: EverPower Wind Holdings, Inc.
Buchanan Ingersoll & Rooney PC: Mission Critical Solutions, LLC
Buchanan Ingersoll & Rooney PC: Kongsberg Defense & Aerospace AS (on behalf of Kongsberg Protech Systems USA)
Buchanan Ingersoll & Rooney PC: U.S. Sugar Corporation
Canfield & Associates, Inc.: Build America Mutual
Canfield & Associates, Inc.: Consumer Mortgage Coalition
Capitol Counsel, LLC: Advanced Medical Technology Association (AdvaMed)
Capitol Counsel, LLC: Financial Services Roundtable
Capitol Counsel, LLC: Judicial Crisis Network
Capitol Counsel, LLC: NextEra Energy, Inc.
Capitol Counsel, LLC: South Carolina Public Service Authority Inc. (Santee Cooper)
Capitol Counsel, LLC: Swift Transportation Company (formerly Coalition Against Bigger Trucks)
Capitol Counsel, LLC: The Invest in America Coalition
Capitol Counsel, LLC: Two Canal Owner LLC
Carliner Strategies LLC: GeoMetWatch Corp.
Cassidy & Associates, Inc.: University of Alabama-Birmingham
Charmaine Torma: Safe Skies For All
CML Consulting Services Inc. (formerly L.A. Skip Bafalis): Alcalde & Fay (City of Lake Worth)
Coffee Group: PDC Energy
Coffee Group: Sidley Austin on behalf of Derive Systems Inc.
Convenience Distribution Association: Convenience Distribution Association
Covidien LP: Covidien LP
Covington & Burling LLP: Merck & Co, Inc
Covington & Burling LLP: Eli Lilly and Company
Cozen O’Connor PC (f/k/a Cozen O’ Connor Public Strategies): Louisiana Oil Marketers & Convenience Store Association
Crowell & Moring LLP: Interstate Battery System of America, Inc.
Crowell & Moring LLP: Interwest Mining Company
Crowell & Moring LLP: STIHL Incorporated, USA
Da Vinci Group: Delta Risk
Da Vinci Group: Lexington National Insurance
Davenport Ventures, LLC: GTECH Corporation
Delta Strategy Group: Eris DGSR LLC: Americans for Limited Government
District Strategies, LLC: Genting Management Services, LLC
DLA Piper LLP (US): National Association of Community Health Centers
Donald Itzkoff: Wabtec Corporation
Empire Consulting Group: Navient Solutions Inc.
Envision Strategy, LLC: Glens Falls Hospital
Eris Group (formerly known as Bartlett & Bendall): Cigna Corporation
Ernst & Young LLP (Washington Council Ernst & Young): Association Of Bermuda Insurers And Reinsurers
Ernst & Young LLP (Washington Council Ernst & Young): Corning Incorporated
Ernst & Young LLP (Washington Council Ernst & Young): Innovage (Formerly Total Community Options Foundation)
Ernst & Young LLP (Washington Council Ernst & Young): International Business Machines Corporation (IBM)
Ernst & Young LLP (Washington Council Ernst & Young): Johnson & Johnson Services Inc (Formerly Johnson & Johnson)
Ernst & Young LLP (Washington Council Ernst & Young): Viacom, Inc.
Ernst & Young LLP (Washington Council Ernst & Young): Edison Electric Institute
Ernst & Young LLP (Washington Council Ernst & Young): Equipment Leasing And Finance Association (Formerly Equipment Leasing Assn )
Federal Policy Group, LLC: Potomac Capital Investment Corporation
Franklin Square Group, LLC: Square, Inc.
FrogueClark, LLC: Kaiser Foundation Health Plan
Gephardt Group Government Affairs: Experience Works
Gephardt Group Government Affairs: Peabody Energy Corporation
GovBiz Advantage, Inc.: Polaris Industries
GovBiz Advantage, Inc.: Biosolid Reduction Technology (Kore Infrastructure)
Greenberg Traurig, LLP: Balance ACO Guide Consulting Services, Inc.: Eating Disorders Coalition (fka Eating Disorders Campaign)
Guide Consulting Services, Inc.: Harvard University T. H. Chan School of Public Healths STRIPED
Guide Consulting Services, Inc.: National Eating Disorders Association
Guide Consulting Services, Inc.: Residential Eating Disorders Consortium
Guide Consulting Services, Inc.: Sandy Hook Promise (SHP)
Hannegan Landau Poersch & Rosenbaum Advocacy, LLC: SenesTech, Inc.
Hannegan Landau Poersch & Rosenbaum Advocacy, LLC: The Village of Glenview, Ill.
Holland & Knight, LLP: Intermedix Corporation
Holland & Knight, LLP: Metropolitan State University of Denver
Holland & Knight, LLP: NextEra Energy Inc
Holland & Knight, LLP: S.C. Johnson & Son
Holland & Knight, LLP: Esri National Government
Holland & Knight, LLP: Grand Traverse Band Of Ottawa & Chippewa Indians
Holland & Knight, LLP: Hendry Marine Industries, Inc.
Holland & Knight, LLP: Lennar Corporation
Hurt, Norton & Associates, Inc.: Zane Benefits, Inc.
Hurt, Norton & Associates, Inc.: Colonial Group, Inc. Hurt, Norton & Associates, Inc.: Consortium On Government Relations For Student Affairs
Hurt, Norton & Associates, Inc.: National Infantry Foundation
Ice Miller Strategies LLC: City of Jackson, MS
Innovative Federal Strategies, LLC: Stratolaunch Systems Incorporated
Invariant LLC: New York Life Insurance Company
Invariant LLC: Collective Health
Invariant LLC: OZ Management LP
Invariant LLC: The Wonderful Company LLC
John T. Doolittle, LLC: Sacramento Regional Builders Exchange
Jones Walker, LLP: JDW Properties III, LLC
Jones Walker, LLP: Mith-ih-kwuh Corporation – On behalf of the Coquille Indian Tribe
Jones Walker, LLP: Online Lenders Alliance
Jones Walker, LLP: TCF Financial Corporation, Inc.
Jones Walker, LLP: Tribal Council Poarch Band of Creek Indians
Jones Walker, LLP: Bridge House Corporation
Jones Walker, LLP: Industrial & Crane Services, Inc.
Jones Walker, LLP: Offshore Marine Service Association
K&L Gates LLP: Maersk Inc
K&L Gates LLP: MGM Resorts International
Kelley Drye & Warren LLP: Assist Wireless, LLC
Kelley Drye & Warren LLP: Prepaid Wireless Group, LLC
Kelley Drye & Warren LLP: Telrite Corporation
Kelley Drye & Warren LLP: Americans for Electricity Choice, Inc.
Kelley Drye & Warren LLP: Criterion Systems, Inc.
Kenneth Brown: City of Rochester, New York
Keys Group, LLC: AdvancePierre Foods
King & Spalding LLP: American Retirement Association
King & Spalding LLP: Shire Pharmaceuticals
King & Spalding LLP: International Franchise Association
King & Spalding LLP: myTomorrows
King & Spalding LLP: ProSeeder Technologies
Lange Thomas & Associates LLP (formerly Luman Lange Thomas & McMullen LLP): Convenience Distribution Association
Law Offices of Kevin G. Curtin: Coalition for Home Fire Safety
Law Offices of Kevin G. Curtin: CSX Corporation
Lincoln Policy Group: Valero
LS2Group: Martin-Wilbourn Partners LLC on behalf of Universal Impression Co. Ltd.
Lugar Hellmann Group: Marathon Petroleum Corporation
M.J. Simon & Company, LLC: Nuo Therapeutics Martin-Wilbourn Partners, LLC: Universal Impression Co. Ltd.
Mayer Brown LLP: Dole Food Company
Mayer Brown LLP: Monday Properties Services LLC
Mayer Brown LLP: Vornado/Charles E. Smith L.P.
McGuireWoods Consulting (A Subsidiary of McGuireWoods LLP): Centurion American Development Group
Mehlman Castagnetti Rosen & Thomas, Inc.: FedEx Corporation
Mehlman Castagnetti Rosen & Thomas, Inc.: Mulberry Health, Inc.
Mehlman Castagnetti Rosen & Thomas, Inc.: Shock Doctor Inc., dba United Sports Brands
Mercury: Navient
Michael Best Strategies LLC: AAR Corp.
MKW Group, LLC: Heritage Health Solutions
Mr. Galen Reser: Aramark Corporation (through FTI Government Affairs) Mr. Galen Reser: Perrigo Inc (Through Fti Government Affairs)
Mr. John Napier: Coalition For Farmers’ Hope
Mr. John Napier: The Charleston School of Law
Mr. Thad Huguley: Belmont University
Mr. Thad Huguley: The Nature Conservancy, Tennessee Chapter
MWW Group LLC: Northeast Ohio Universities Colleges Of Medicine And Pharmacy (NEOMED)
Navigators Global LLC (Formerly DC Navigators, LLC): U.S. Global Leadership Coalition
Nossaman LLP (Formerly Nossaman LLP/O’Connor & Hannan): Shannon Airport Authority
Nossaman LLP (Formerly Nossaman LLP/O’Connor & Hannan): Consumer Data Industry Association
Nossaman LLP (Formerly Nossaman LLP/O’Connor & Hannan): California Sea Urchin Commission
Ogilvy Government Relations: Polyverse Corporation
Olsson, Frank, Weeda, Terman & Matz, PC: National Geospatial Coalition
Olsson, Frank, Weeda, Terman & Matz, PC: Fonterra Co-operative Group LTD
Olsson, Frank, Weeda, Terman & Matz, PC: Hargrove Ranch Insurance
Olsson, Frank, Weeda, Terman & Matz, PC: NSF International LLC
Olsson, Frank, Weeda, Terman & Matz, PC: Texas Alliance of Energy Producers
PACE, LLP (Formerly PACE-CAPSTONE): Jaguar Land Rover North America, LLC
PACE, LLP (Formerly PACE-CAPSTONE): Picayune Rancheria of the Chukchansi Indians
Park Strategies, LLC: Town of Clarkstown
Peck Madigan Jones: Gentle Giant Moving Company
Peck Madigan Jones: Grocery Manufacturers Association
Peck Madigan Jones: Johnson Controls International PLC (Fka Tyco International Management Company) Peck Madigan Jones: Mortgage Bankers Association
Peck Madigan Jones: The Ickes and Enright Group (on behalf of Nuclear Development, LLC)
Peck Madigan Jones: Varsity Brands, LLC Penn Hill Group: United Negro College Fund
Pfister Group LLC: Associated General Contractors of America
Podesta Group, Inc.: 1890 Universities Foundation
Podesta Group, Inc.: Aecom Technology Corporation
Podesta Group, Inc.: Airbnb, Inc.
Podesta Group, Inc.: Alliance for Shared Values
Podesta Group, Inc.: American Health Care Association
Podesta Group, Inc.: American Kidney Fund
Podesta Group, Inc.: amfAR, The Foundation for AIDS Research
Podesta Group, Inc.: BAE Systems
Podesta Group, Inc.: Bechtel National, Inc.
Podesta Group, Inc.: BMO Financial Corporation
Podesta Group, Inc.: BP America Inc
Podesta Group, Inc.: Brooks Development Authority
Podesta Group, Inc.: Burford Capital LLC
Podesta Group, Inc.: Canada Pension Plan Investment Board
Podesta Group, Inc.: Career Education Colleges and Universities
Podesta Group, Inc.: Ceannate Corp
Podesta Group, Inc.: Civitas Capital Management, LLC
Podesta Group, Inc.: Credit Suisse Securities (USA), LLC
Podesta Group, Inc.: CrossFit Inc.
Podesta Group, Inc.: Davita Inc
Podesta Group, Inc.: Debevoise & Plimpton LLP
Podesta Group, Inc.: Deloitte, LLP
Podesta Group, Inc.: Diageo North America, Inc.
Podesta Group, Inc.: EasyDial Inc.
Podesta Group, Inc.: ECMC Group
Podesta Group, Inc.: Enterprise Holdings
Podesta Group, Inc.: General Dynamics
Podesta Group, Inc.: General Electric Company
Podesta Group, Inc.: General Nutrition Corporation
Podesta Group, Inc.: Golden Pass Products LLC
Podesta Group, Inc.: Heineken USA Inc
Podesta Group, Inc.: Hogan Lovells US LLP On Behalf Of Mylan Inc
Podesta Group, Inc.: Independent Film And Television Alliance
Podesta Group, Inc.: Investment Company Institute
Podesta Group, Inc.: Kindred Healthcare Inc
Podesta Group, Inc.: Lockheed Martin Corporation
Podesta Group, Inc.: Lyft, Inc.
Podesta Group, Inc.: Michelin North America Inc.
Podesta Group, Inc.: Navigate Affordable Housing Partners
Podesta Group, Inc.: Novartis Services, Inc.
Podesta Group, Inc.: One Concern, Inc.
Podesta Group, Inc.: Orange County, Florida
Podesta Group, Inc.: Orbis Wheels, Inc.
Podesta Group, Inc.: Pearl Mobile DTV Company LLC
Podesta Group, Inc.: PMI Global Services Inc.
Podesta Group, Inc.: Professional Services Council
Podesta Group, Inc.: Refugee Council USA
Podesta Group, Inc.: RELX Inc
Podesta Group, Inc.: Samsung Electronics America, Inc.
Podesta Group, Inc.: Shaw Industries Group, Inc.
Podesta Group, Inc.: Sotheby’s
Podesta Group, Inc.: South Carolina State Ports Authority
Podesta Group, Inc.: T-Mobile USA, Inc.
Podesta Group, Inc.: Textron Inc
Podesta Group, Inc.: The Buoniconti Fund to Cure Paralysis
Podesta Group, Inc.: The Business Roundtable
Podesta Group, Inc.: Wal-Mart
Podesta Group, Inc.: Wells Fargo
Potomac Policy Group, LLC: OrthoSensor Inc.
Poyner Spruill LLP: North Carolina Academy of Family Physicians, Inc.
Poyner Spruill LLP: Town of Surf City, NC
Rasky Partners, Inc.: Association for Advanced Life Underwriting
Rasky Partners, Inc.: Association of Information Protection
Rasky Partners, Inc.: Catholic Health Services of Long Island
Rasky Partners, Inc.: Eastern Maine Medical Center
Rasky Partners, Inc.: iHeartMedia
Rasky Partners, Inc.: Live Oak Bank Regulatory
Strategies And Solutions Group, LLC: Biotechnology Innovation Organization
Renovate America, Inc.: Renovate America, Inc.
Richard Hohlt: Motion Picture Association of America, Inc.
Robert Lehman: National Election Defense Coalition
Roberti Global (fka Roberti White, LLC): First Data Corporation
Roberti Global (fka Roberti White, LLC): New York State Broadcasters Association
Rock Creek Counsel: Association of Clinical Research Organizations
RR&G, LLC: Investment Company Institute
RR&G, LLC: National Creditors Bar Association Rr&G, LLC: Walter Raheb Consulting
Rubicon Advisors, LLC: State Mutual Insurance Company
Rubin and Rudman LLP: Blink Health LTD (A Bermuda Limited Company)
Rubin and Rudman LLP: CIOX Health
Rubin and Rudman LLP: Novocure Inc.
Rubin and Rudman LLP: Pershing Square Capital Management, L.P.
S-3 Group: Food Safety Net Services
S-3 Group: National Association of Broadcasters
Samuels International Associates, Inc.: Cellular Technology International, Inc.
Samuels International Associates, Inc.: Mitsui Seki (USA) Inc.
Sandler, Travis & Rosenberg, P.A.: Nilit America, Inc (F/K/A) Nilit America Corp.)
Sidley Austin LLP: Auto Parts Manufacturers of America (Informal Coalition)
Sidley Austin LLP: Delphi Automotive PLC
Sidley Austin LLP: Marathon Asset Managment [sic]
Sidley Austin LLP: Medical Information Working Group
Signal Group Consulting, LLC: Block MEMS, LLC
Signal Group Consulting, LLC: Career Education Colleges and Universities
Signal Group Consulting, LLC: General Aviation Manufacturers Association
Signal Group Consulting, LLC: H Squared, Inc (dba Quantico Tactical)
Signal Group Consulting, LLC: Ligado Networks, LLC
Signal Group Consulting, LLC: National Alliance of Forest Owners
Signal Group Consulting, LLC: NRG Energy, Inc.
Signal Group Consulting, LLC: Planet Labs
Signal Group Consulting, LLC: Sidley Austin, LLP (for Cargill DMB Redwood City Saltworks)
Sirona Strategies LLC: Omada Health
SLK Strategies: American Feed Industry Association
Smith Advocacy Group, LLC: IAI North America, Inc.
SmithBucklin Corporation: Regional Airline Association
Spectrum Public Affairs: U.S. Addiction Recovery Centers
Steptoe & Johnson LLP: Kia Motors Corporation
Strategic Federal Affairs: Friendship Circle
Strategic Federal Affairs: Huawei Tech, Investment Co., Ltd.
Strategic Health Care: Bluegrass Family Health Strategic Health Care: Healthfirst Health Plans Inc
Subject Matter (fka Elmendorf Ryan): American Wind Energy Association
Subject Matter (fka Elmendorf Ryan): Watch Hill Light House Keepers Association (WHLKA)
Summit Strategies Government Affairs: Columbia Sportswear Company
Summit Strategies Government Affairs: Chehalem Parks and Recreation District
Summit Strategies Government Affairs: Drive Oregon
The Charles Group, LLC: CSS USa Inc (Formerly Carcoon America LLC)
The Charles Group, LLC: The Real School of Music, LLC
The Estopinan Group, LLC: Washington Strategy Group on behalf of Turkish Opp
The Estopinan Group, LLC: Verdant America
The Gibson Group, LLC: American Airlines Group Inc
The Ickes And Enright Group, Inc.: Nuclear Development, LLC
The Livingston Group, L.L.C.: Industrial and Crane Services Inc.
The Macon Edwards Company: The Wax Company
The Mathis Harple Group: New England Teamsters & Trucking Industry Pension Fund
The OB-C Group. LLC: Complete Pharma Holdings LLC (Cp) Formerly Marathon Pharmaceuticals
The OB-C Group. LLC: Today Foundation
The Policy Agency, LLC, formerly Anne Smith Caparso: T & R Chemicals
The Stutzman Group LLC: Mr. Richard Pfeil
The Stutzman Group LLC: Parkview Health
The Stutzman Group LLC: Union City, Indiana
The Summerill Group LLC: Harvey County Sheriff’s Office
The Summerill Law Firm: Monmouth County Sheriff’s Office
The Summerill Law Firm: Santa Fe County Correctional Facility
Todd Strategy, LLC: CareDx, Inc.
US Policy Strategies: American Continental Group
Van Ness Feldman, LLP: Wilmar Oleo North America
Van Scoyoc Associates: American Clinical Laboratory Association
Van Scoyoc Associates: Association of American Publishers
Van Scoyoc Associates: Begin a Legacy, Inc. dba GVNG
Van Scoyoc Associates: Easterseals
Van Scoyoc Associates: HITRUST Services Corp.
Van Scoyoc Associates: National Committee for Responsive Philanthropy
Van Scoyoc Associates: Natural Products Association
Van Scoyoc Associates: Transparent Business
Van Scoyoc Associates: Wills Eye Health System
Venn Strategies: Ameriprise Financial Inc
Venn Strategies: BioMarin Pharmaceutical, Inc.
West Front Strategies LLC: Adobe Systems Inc.
WHW Consulting LLC: AT&T Services
Williams and Jensen, PLLC: American Automotive Policy Council

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Negociación en Bruselas para determinar cómo atar corto a los lobbies

El Parlamento, la Comisión y el Consejo Europeo inician a final de mes las negociaciones para arrojar luz sobre quién presiona a la Unión Europea. El objetivo es controlar la actuación de los lobbies que campan a sus anchas y mueven voluntades en favor de sus intereses. Las eurodiputadas Sylvie Guillaume y Danuta Hübner son las encargadas de llevar el peso de las negociaciones en representación del Parlamento Europeo. Hay quejas de organizaciones de la sociedad civil que se sienten discriminadas por no haber sido invitadas a un debate que se presume caliente en el que se pretende atar corto a los grupos de presión.

En la UE existen diferentes enfoques para regular el lobby, con solo siete países (Francia, Irlanda, Lituania, Austria, Polonia, Eslovenia y Reino Unido) que han aprobado legislación sobre el tema. El mandato del Parlamento Europeo  para las próximas negociaciones con la Comisión y el Consejo, aprobado por el presidente y los líderes del grupo, busca reforzar y mejorar la rendición de cuentas de las instituciones de la UE y garantizar un proceso de toma de decisiones transparente y abierto.

Negociaciones a puerta cerrada

“La primera reunión técnica tendrá lugar el próximo 29 de enero y la primera reunión política en febrero, mes que marcará el comienzo de las negociaciones. La principal novedad será seguramente la participación del Consejo de la Unión Europea en el Acuerdo. Cuando se traten otros asuntos veremos cómo marchan las negociaciones”, explica a La Celosía Michal Matlak, asistente personal de Danuta Huebner.

“Con respecto a las negociaciones sobre el Acuerdo Interinstitucional entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo de la Unión Europea para un registro obligatorio de transparencia, las rondas de debate tendrán lugar a puerta cerrada. Los actores externos, incluidas las ONG como nosotros, no están invitados y los documentos de esas conversaciones no se harán públicos”, explica Theresa Crysmann, encargada de prensa de Corporate Europe Observatory, entidad que fiscaliza con rigor las anomalías cometidas por lobbies y lobistas.

“Los ciudadanos no saben qué intereses están siendo representados a nivel de la UE, quién los representa, en nombre de quién y qué presupuestos se están movilizando para persuadir a nuestros representantes electos a votar a favor o en contra de una política o decisión determinada. Eso es exactamente de lo que se trata la regulación del lobby: exigir la divulgación, a fin de fomentar la confianza en el proceso político. ¿No es eso lo que la UE necesita desesperadamente?” plantea Alberto Alemanno, autor de ‘Lobbying for Change: Encuentra tu voz para crear una sociedad mejor’.

Debate sobre el registro obligatorio

Para remediar esos defectos, la Comisión de la UE ha propuesto un Acuerdo Interinstitucional con el doble objetivo de hacer que el registro sea obligatorio y extenderlo al Consejo de la Unión Europea, donde se sientan los representantes de los Estados miembros, así como otros organismos de la UE. Para lograr estos objetivos, el nuevo régimen no solo impone requisitos a los lobistas, sino también a los propios responsables de la toma de decisiones, que pueden reunirse con las partes interesadas siempre que se hayan registrado.

“Es importante señalar que la propuesta de registro presentada por la Comisión en septiembre de 2016 no es para el registro obligatorio que la sociedad civil y el Parlamento vienen solicitando desde hace tiempo, es decir, un registro legalmente vinculante obligatorio para todos los lobistas. En cambio, el enfoque de la Comisión es que las tres instituciones se unan a un acuerdo interinstitucional sobre el Registro de Lobby de la UE.

Este acuerdo se basa en ofrecer incentivos a los lobistas, como reuniones con tomadores de decisiones o el acceso a las instalaciones, que están condicionadas al registro. El objetivo es hacer que el lobby no registrado sea lo menos atractivo posible. Pero no es un registro ‘obligatorio’”, señalan desde ALTER-EU que califican las próximas reuniones  como “una propuesta decepcionante”.

En opinión de esta organización que vela por la transparencia, el Consejo se une a la mesa de negociaciones en su mayoría con las manos vacías. “Probemos y comencemos con los aspectos positivos del mandato de negociación del Consejo. Antes que nada, es bueno que el Consejo finalmente haya aceptado unirse al Registro, aumentando así la transparencia a nivel de la UE. Concretamente, el Consejo acordó condicionar las siguientes actividades para los lobistas a su registro: participación en reuniones informativas temáticas y como ponentes en eventos públicos organizados por la Secretaría General para representantes de intereses, así como acceso a las instalaciones del Consejo”.

Desde ALTER-EU se hace hincapié en que el lobby no está regulado en España y, a pesar de la entrada en vigencia de la nueva ley de acceso a la información, sigue siendo casi imposible para el público saber quién está influyendo en los responsables de la toma de decisiones, con qué medios y con qué efecto. “Esto a pesar de la irrupción de nuevos partidos políticos, como Podemos y Ciudadanos, que han contribuido a introducir en la agenda política temas de conflictos de intereses causados ​​por el lobby no regulado y el fenómeno de la puerta giratoria”.

Deben publicarse los nombres de los lobistas

La falta de regulación y transparencia en torno al lobby también ha sido destacada por organizaciones de la sociedad civil, como Transparencia  Internacional en su informe Una evaluación institucional del lobby en España: Análisis y Propuestas. Por su parte Access Info Europe señala puntos importantes que deberían incorporarse en la legislación española a fin de garantizar la total transparencia. “El Poder Ejecutivo debe incluirse. Los grupos de presión se dirigen tanto a las ramas legislativa como ejecutiva y en España la mayoría de las leyes adoptadas son presentadas por el Gobierno. Es importante no olvidar que el lobby también puede servir para proponer cambios a la política o para evitar la redacción de legislación”.

Esta organización pide que se defina quién estará obligado a registrarse y qué información se les solicitará que publiquen. “Como mínimo, deben publicarse los nombres de los lobistas, los intereses específicos que representan y el presupuesto empleado en actividades de lobby”. También exige que los funcionarios públicos publiquen su próxima agenda de reuniones y también un registro de las reuniones realizadas con los grupos de presión. Asimismo ve oportuno que se hagan públicos los documentos de posición presentados por grupos de presión durante los procesos de toma de decisiones en curso.

El número de entidades registradas en la UE ha ido creciendo a lo largo de los años. En la actualidad hay más de 11.000 organizaciones con más de 80.000 empleados, incluyendo las no gubernamentales, asociaciones comerciales, compañías, sindicatos y consultorías. Casi una quinta parte tienen su sede en Bélgica.

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Madrid crea un Registro obligatorio para regular la actividad de ‘lobby’

Desde el 1 de enero, cualquier persona o entidad que quiera ejercer la actividad de lobby en Madrid -esto es, influir en la redacción de la normativa o en las políticas municipales- debe haberse inscrito previamente en el Registro de lobbies que ha puesto en marcha el Ayuntamiento. La principal novedad de la iniciativa, frente a otras experiencias de este tipo que ya funcionan, es la conexión directa del Registro con las agendas de los ediles y otros cargos madrileños -casi 300- que desde hace tiempo se publican en el portal del consistorio.

“La finalidad es entender quién incide en la toma de decisiones del Ayuntamiento. Si no conectas decisiones y actores esta trazabilidad se hace muy difícil”, explica a elEconomista Pablo Soto, concejal de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto de Madrid.

El Registro, además de ser de inscripción obligatoria, es público, gratuito y de formato abierto. Para acceder a él, las entidades o personas deberán presentar una declaración responsable y suscribir un código de conducta que regula la política de regalos. Una vez dentro, el lobby deberá identificar sus áreas de interés y a sus representantes.

Al recibir la solicitud de reunión a través de la aplicación del Ayuntamiento, el concejal deberá comprobar que la entidad está inscrita. También interrumpir cualquier encuentro en el que se ejerza la actividad de lobby, si éste no ha sido solicitado a través del cauce descrito. El incumplimiento de la normativa expone al edil al régimen sancionador municipal y a la entidad a la expulsión del Registro.

La documentación que se aporte en la reunión se publicará “con el único límite del legítimo interés comercial”, manifiesta Soto; “Nos hemos guiado por las pautas que marca la Ley de Transparencia. El órgano municipal analizará qué documentos no deben ser públicos, pero interpretándolo de modo restrictivo”.

Los incentivos que la aplicación ofrece a los lobbies o grupos de interés, al margen de brindarles un cauce oficial para ejercer su actividad, son tres. En primer lugar, el mecanismo tiene un sistema de alertas que avisará cuando se abran trámites relacionados con las áreas de interés de la entidad. En segundo término, desde la propia app puede cursarse la solicitud de reunión. Y, finalmente, el Ayuntamiento ofrecerá dependencias municipales para que quien quiera ofrecer un producto o servicio pueda realizar en ellas su presentación del proyecto, invitando de forma conjunta a representantes de todas las áreas consistoriales afectadas.

La regulación exime del deber de inscripción a las entidades ciudadanas -como las asociaciones vecinales-, pero no lo prohíbe, dado que inscribirse les da acceso a los beneficios que proporciona el Registro.

Soto confía en que el Registro sirva para aumentar el número de actores escuchados en la elaboración de la normativa. El PP, por su parte, el único partido que votó en contra de la iniciativa, critica la amplitud de la definición que se hace de lobby y la “carga ideológica” de la que adolece la regulación.

Las experiencias europea y catalana

Hasta la fecha, el Parlamento de Cataluña es la única institución española que ha aprobado un Registro de ‘lobbies’, en el que ya hay inscritos, desde comienzos del año pasado, casi 2.500 entidades. Otras comunidades, como Castilla-La Mancha, Navarra, Asturias y la Comunidad Valenciana, trabajan en ello.

También el Congreso de los Diputados, que en marzo admitió a trámite una propuesta del PP para regular la influencia que ejercen los grupos de interés. El Europarlamento también cuenta con un Registro a través del cual se encauza la participación de las más de 11.600 entidades inscritas.

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El Gobierno regulará por ley los lobbies y creará un registro obligatorio

El Gobierno regulará por ley los lobbies en España y para ello creará un registro público donde empresas, consultoras, despachos de abogados, asociaciones y otros grupos de presión, que hasta ahora venían realizando este tipo de actividad,  deberán inscribirse obligatoriamente.

Mariano Rajoy cuenta ya con el apoyo de Ciudadanos y espera que el PSOE se sume a esta iniciativa legislativa ya que necesitaría de la mayoría absoluta para poder salir adelante. Esta nueva ley pretende hacer más transparente una actividad que en España escapa al control del Estado.

El sistema que quiere implantar el Ministerio de Justicia penalizará a aquellas personas que, una vez creado el registro, sean ‘cazadas’ realizando este tipo de actividad y dotará de un alto grado de transparencia esta actividad que en España casi siempre ha sido asociada al tráfico de influencias, la corrupción y los intereses de las grandes corporaciones.

Existen ejemplos legislativos similares en países como Estados Unidos y Reino Unido, además de la propia Unión Europea, donde la Comisión y el Parlamento implantaron en 2011 un registro común denominado ‘Transparency Register’ –Registro de Transparencia, en su traducción al español–.

La regulación de EEUU en materia de lobbies

Los pioneros en este campo han sido los Estados Unidos, donde los lobbies tienen una importante presencia en el mundo de los negocios y la política. En el año 1995, bajo la Administración Clinton, el Congreso de EEUU aprobó el Lobbying Disclosure Act. Esta ley obligaba a las organizaciones dedicadas a hacer lobby a cumplir con unos requisitos de transparencia si no querían quedar fuera del mercado. Debían publicar semestralmente un resumen de sus actividades, sus gastos y las listas de lobbistasque tenían en nómina.

Sin embargo, a pesar de que en un principio esas medidas comenzaron a dar sus primeros frutos, se comprobó que eran demasiado laxas tras salir a la luz pública un escándalo de corrupción y tráfico de influencias que implicó a un conocido lobista estadounidense, Jack Abramoff. En el año 2007, las autoridades norteamericanas decidieron endurecer la ley, aumentaron los controles y obligaron a un cumplimiento más estricto de las directrices de transparencia –se debían presentar informes cuatrimestrales y se tenían que hacer públicas las contribuciones económicas a candidatos, comités y personas de interés-.

El registro de lobbies estadounidense cuenta con una media de entre 12.000 y 14.000 profesionales –la crisis de 2008 provocó una caída masiva de las personas registradas– pero según destacados lobistas la excesiva regulación ha propiciado que el sector se haya reinventado. “Ya no es necesario dirigirse directamente a los congresistas”, decía en una conferencia en Madrid el conocido lobista Tony Podesta. Ahora, la movilización de la gente y las campañas de comunicación “tienen un peso más importante”, aseguraba, por eso muchos profesionales prefieren seguir esta vía y no cumplir con las estrictas obligaciones del registro de lobbies.

El Brexit de los lobbies

El peso de los lobbies ha quedado patente en los últimos meses en la dura negociación para consensuar las medidas y la compensación económica del Brexit. Los diferentes grupos de presión, a uno y otro lado del Canal de la Mancha, han ejercido su influencia sobre los gobernantes de cara a conseguir las mejores condiciones para unos y otros, siempre pensando en sus sectores o negocios.

La City, los agricultores, las empresas dedicadas a la importación y exportación, todos ellos han jugado un papel en mayor o menor medida, susurrando a los negociadores del Brexit el acuerdo más sustancial para sus intereses. Por ejemplo, sobre la mesa estaban las medidas que en materia de aduanas se tendrían que tomar para la ‘desconexión’ definitiva del Reino Unido de la Europa comunitaria. Más del 50% de las importaciones y exportaciones se registran en la UE, con lo que un mal acuerdo podría llegar a arruinar a determinados sectores, como la industria automovilística, la farmacéutica o los servicios financieros, ejemplos de lobbies con un importante peso específico en la economía británica.

Es en esta batalla, lejos de los focos, donde los lobbies han presionado para materializar muchas de las decisiones que han propiciado que al final se haya concretado una cifra y unas medidas para el Brexit que cumplieran con las expectativas de todos los grupos de interés.

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Ley de Transparencia regulará también la relación con los grupos de presión

Oviedo, 22 nov (EFE).- La ponencia encargada de elaborar el dictamen de la Ley de Transparencia que se encuentra en tramitación en la Junta General del Principado ha decidido incluir la regulación de los grupos de presión o ‘lobbies’, que tendrán la obligación de inscribirse en un registro.

La Ley de Transparencia abordará así la relación de la administración con esos grupos de presión y establecerá la obligatoriedad de que los cargos públicos declaren los encuentros que mantengan con éstos y el resultado de sus reuniones.

Ese código de conducta irá acompañado por un régimen de sanciones para quien lo incumpla, tal y como había propuesto el PP en una iniciativa aprobada por el Parlamento regional el pasado mes de mayo, con el respaldo de Foro, Ciudadanos e IU, el voto en contra del PSOE y la abstención de Podemos.

Según ha señalado a EFE el presidente de la ponencia y portavoz de IU, Gaspar Llamazares, aún quedan algunos flecos por cerrar sobre la incorporación de este punto al texto del Gobierno que pretende “introducir más transparencia entre los grupos de interés y la administración”.

La ponencia se ha reunido hoy por última vez este año si bien solicitarán a la Mesa de la Cámara y Junta de Portavoces que se habilite el mes de enero, inhábil en el Parlamento, para seguir trabajando con el objetivo de tener listo el dictamen para febrero.

Llamazares se ha mostrado optimista en que para esa fecha estén finalizados los trabajos “con el máximo consenso” y más aún después de que el Gobierno regional haya dicho que no va a poner obstáculos a la creación de la Unidad Anticorrupción.

El presidente del Principado, Javier Fernández, asumió durante el último debate sobre el Estado de la región su disposición a aceptar la puesta en marcha de esa organismo siempre y cuando tuviese “un buen anclaje legal y un razonable coste presupuestario”.

Desde Podemos e IU también ha establecido como uno de los requisitos para dar su apoyo a los presupuestos, que dicha unidad fuese independiente del Gobierno.

Llamazares se ha mostrado convencido de que el Ejecutivo no pondrá problemas para que la Unidad Anticorrupción pase a depender de la Junta General, si bien esos detalles no se debatirán hasta enero.

Tras recordar que al texto se ha incorporado ya la denuncia anónima y los planes anticorrupción que defendía IU, Llamazares ha considerado que se puede conseguir “una ley muy ambiciosa” que concite el apoyo de la mayoría de las fuerzas políticas.

Aún queda pendiente de ver si se incorpora o no la propuesta de “cuentas abiertas” que ha planteado Podemos y que, según el portavoz de IU, viene a plantear que miles de apuntes sean públicos.

Otro tema pendiente, en este caso planteado desde Ciudadanos, es el relativo a la evaluación de la calidad de los servicios públicos, cuestión que el Gobierno asegura que será objeto de otra ley específica.

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