Tag Archive for: lobbies

Posts

En el siglo XIX quienes querían persuadir de algo a un miembro de la Cámara de los Comunes, se reunían con ellos en los pasillos. De ahí viene la palabra lobby, vestíbulo en inglés, actividad que Estados Unidos regularizó en 1946 con la Lobbying Act .

La idea de un registro de lobistas llegó en la primera década de los 2000 a Australia, Alemania, Reino Unido y Austria. La CNMC creó el primero de España en 2016, inspirándose en el de la Comisión Europea, también de naturaleza voluntaria. Después, Cataluña aprobó su ley autonómica para el sector.

Regularizar la profesión: una demanda de una década

Atendiendo a las recomendaciones del Consejo de Europa formuladas a través del Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECCO), la regulación de los “grupos de interés” se debate en el Congreso con dos propuestas de ley: la de modificación de Ley de Transparencia con un registro de lobbies y la del Reglamento de la Cámara. Cinco comunidades, Navarra, Castilla-La Mancha, Asturias, Navarra y Valencia, trabajan en ello también. “No había nada y ahora estamos desbordados”, cuenta María Rosa Rotondo, presidenta de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Públicas, APRI. “Veníamos defendiendo nuestra actividad como una forma de participación que es necesario regular. Nos ha costado 10 años llegar hasta aquí”, se queja.

Regular los lobbies implica poner el foco en los grandes asuntos, saber cómo se toman las decisiones: cómo se regula el sector eléctrico o se rescata una autopista”, explica David Cabo, cofundador de CIVIO. Esta fundación ya intentó que la regulación de los lobbies formara parte de la Ley de Derecho de Acceso a la Información. “Nos dijeron que era muy complicado”, recuerda. “Somos los primeros en hacer lobbying ; nos reunimos con partidos políticos e intentamos introducir nuestras enmiendas en las leyes”, reconoce. “Todo el mundo sabe que esas reuniones se producen, pero necesitamos reglas”, demanda Rotondo.

Registro universal o excepciones

La cuestión de si todos los que se relacionan con entes públicos deben inscribirse en el registro está en el centro del debate. Los abogados pueden escoger hacerlo o no según la ley catalana y la valenciana excluye a sindicatos, organizaciones empresariales y asociaciones de consumidores. “No podemos imponer una sanción a determinadas organizaciones a las que la Constitución otorga una relación especial con la Administración por tener un papel constitucional reconocido”, explicaba la Secretaria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación valenciana, Zulima Pérez Seguí en unas jornadas sobre la materia organizadas por la CNMC y la Fundación Chile-España.

Algo similar ha hecho el Ayuntamiento de Madrid, el primero del mundo en crear un registro para lobistas. “No tienen sentido que un municipio pequeño lo haga, pero Madrid gestiona un presupuesto de 5000 millones de euros”, señala David Cabo. “Como no hay un marco regulatorio, no son propuestas homogéneas”, denuncian desde APRI mientras recuerdan que la existencia de múltiples registros “no asegura la transparencia”. Su propuesta es uno “común, obligatorio y universal que dependa del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno“.

Otro punto de desencuentro entre legisladores y profesionales es la cuestión de la confidencialidad. APRI declara su “preocupación” porque toda la normativa elaborada hasta la fecha conlleva la “publicidad activa” de la documentación que se entregue en las reuniones con autoridades. “La transparencia no está reñida con la confidencialidad”, sostiene su presidenta, que critica esta visión por su “falta de eficacia” y la describe como “una forma burda de llegar a la huella legislativa, que es donde debe aparecer”. En CIVIO, en cambio, creen que “hay que valorar interés público versus confidencialidad, como las enmiendas o modificaciones a las leyes”, explica su cofundador.

Un segundo conflicto surge entre la protección de datos, regulada por una ley orgánica, y la transparencia, con un rango inferior. “Se usa para eludir dar la información”, denuncia Cabo mientras hace referencia a una petición planteada por CIVIO al Ministerio de Defensa. “Queríamos saber quién viaja en los aviones oficiales. El Consejo de Transparencia avala nuestra demanda de información pero Defensa se niega a reconocer al Consejo y sus decisiones. Llevamos 16 meses con este tema”, denuncia.

Ningún registro europeo de lobistas posee garantías para detectar “la influencia indebida”

Aunque la regulación de los lobbies en España está en sus inicios, en la Unión Europea ya son ocho los países que cuentan con registros nacionales de lobistas. El informe de Transparencia Internacional El lobby en Europa. Influencia encubierta, acceso privilegiado los analiza junto al de Transparencia de la UE que, por ejemplo, no incluye al Consejo de Europa. La puntuación más alta la obtiene el esloveno y la más baja el británico, aunque la supervisión en general “es débil o falta por completo”. En resumen, ninguno de los países analizados puede presumir de “tener garantías adecuadas para detectar e impedir la influencia indebida”.

El estudio destaca la importancia de definir “lobista” y “lobby” para que el registro y la regulación de la actividad sean eficaces ya que se detectó que en muchos casos su definición legal era “demasiado limitada” dando como resultado “registros débiles que no llegan a capturar a todos los que buscan influenciar las leyes y políticas” puesto que “ninguna contiene una definición adecuada”.

Según esta organización, que reconoce ejercer el lobbying social, en la mayoría de Europa se da una “creciente profesionalización” del lobby. Entre los clientes de estos profesionales se encuentran empresas, asociaciones, agencias del sector público y ONG. Solo en Bruselas hay 30.000 lobistas, afirma el Corporate Europe Observatory.

Artículo original

La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) presenta una nueva y más amplia propuesta de regulación de la transparencia en la defensa de intereses ante los decisores públicos.

Tras un periodo de debate interno y consultas externas al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y a renombrados expertos jurídicos, APRI aporta una propuesta global con el objetivo de crear un escenario más transparente, que regule las relaciones entre la sociedad civil y la Administración Pública y sea consecuente con el actual entorno social y político español. 

Madrid, 14 de febrero 2017. APRI lleva desde el año 2007 reclamando la regulación del sector en línea con los principales estándares europeos que contemplan la creación de un registro de grupos de interés para hacer más transparentes las relaciones entre la sociedad civil y la Administración Pública. Una herramienta que existe en Bruselas desde el año 2012 y que permite a los ciudadanos conocer las personas y organizaciones que desean influir en las decisiones públicas.

Tras la propuesta realizada por nuestro colectivo en el año 2013 y reflejada en iniciativas parlamentarias, nuestra asociación ha decidido ampliar su propuesta de regulación incluyendo aspectos esenciales para el correcto desarrollo de la actividad. Una actividad que creemos fundamental para cualquier democracia y que hay que llevar a cabo con la máxima transparencia, ya que esta es esencial para mantener la confianza de los ciudadanos en la legitimidad de los procesos legislativos, administrativos y de adopción de políticas públicas.

Para la Presidenta de APRI, María Rosa Rotondo, “la nueva propuesta de APRI intenta ser consecuente con el entorno social y político en España posicionándose en defensa del ejercicio democrático de los profesionales del lobby, y de la demanda de transparencia de los ciudadanos”.

Por ello, APRI propone incorporar las medidas que permitirán garantizar de una manera efectiva el objetivo de transparencia y del derecho a la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos.

La propuesta de APRI -texto completo en el enlace– debe considerarse en su globalidad, acompañada de un conjunto de medidas complementarias para dotar el registro de grupos de interés de la eficacia necesaria. La propuesta desarrolla los siguientes aspectos:

  • Mejor definición de grupo de interés (Art. 2.1)
  • Creación de un Registro Común y su adscripción al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (Art. 3 y 4)
  • Mejor definición del ámbito de aplicación (Art. 7, 8 y disposición final 2)
  • Consecuencias de la inscripción detalladas y Código de Conducta (Art. 9 y 10)
  • Amplia definición de responsable público (Art. 2.3).
  • Mejor definición de derechos y obligaciones (Art. 11 y 12).
  • Agendas públicas (Art. 18 a 21)
  • Huella de la actuación pública (Art. 16)
  • Conflicto de intereses y puertas giratorias (Art. 22 y disposición final segunda)

Infografía 1Infografía 2

Infografía 3

A pocos días de que finalice el año, un total de 338 grupos de interés se han apuntado al registro que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)puso en marcha principios de marzo. El grupo más mayoritario de ‘?lobbies’? registrado hasta ahora lo constituyen las patronales empresariales, con la CEOE o la asociación madrileñaCEIM a la cabeza.

La Asociación Española de la Economia Digital, la Federación Española Empresarial de Transporte de Viajeros (ASINTRA) o la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados son otras de las patronales que se han registrado. También la de banca AEB, la de aerolíneas Aceta, la de bebidas refrescantes (Anfabra) o la Asociación Española del Gas.

Además, se inscribieron en el registro de grupos de interés de la CNMC las patronales de las de constructoras Seopan y CNC, la eléctrica Unesa, la de renovables APPA, la hotelera Cehat, la de seguros Unespa, las de comercio CEC y Anged, la del autobús Fenebus y la de telecomunicaciones Ametic.

También aparecen en el listado empresas en solitario, como Telefónica, Correos, Cellnex o Red Eléctrica, así como la plataforma para compartir coche BlaBlaCar, una de las compañías de consumo colaborativo más destacadas.

Por otro lado, se han inscrito asociaciones de consumidores como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la Confederación Española de cooperativas de Consumidores y Usuarios (Hispaccop), la de Usuarios de la Comunicación (AUC) la Asociación de Internautas y la Asociación de Usuarios de Internet.

Hay además empresas dedicadas a la comunicación (Evercom, Burson-Marsteller, Edelman, Hill and Knowlton o Llorente y Cuenca) y organizaciones sociales (Comité de Representantes de Personas con Discapacidad, la Plataforma de ONG de Acción Social o la Confederación LGTB Española Colegas).

Sin embargo, el ritmo de inscripciones en el registro se ha ralentizado en los últimos meses, ya que a finales de mayo eran ya cerca de 225 los ?lobbies? registrados y a finales de julio había 275. En lo que va de diciembre solo ha habido cuatro inscripciones, como señala Servimedia.

Artículo original

 

A pocos días de que finalice el año, un total de 338 grupos de interés se han apuntado al registro que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) puso en marcha principios de marzo. El grupo más mayoritario de ‘?lobbies’? registrado hasta ahora lo constituyen las patronales empresariales, con la CEOE o la asociación madrileña CEIM a la cabeza.

La Asociación Española de la Economia Digital, la Federación Española Empresarial de Transporte de Viajeros (ASINTRA) o la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados son otras de las patronales que se han registrado. También la de banca AEB, la de aerolíneas Aceta, la de bebidas refrescantes (Anfabra) o la Asociación Española del Gas.

Además, se inscribieron en el registro de grupos de interés de la CNMC las patronales de las de constructoras Seopan y CNC, la eléctrica Unesa, la de renovables APPA, la hotelera Cehat, la de seguros Unespa, las de comercio CEC y Anged, la del autobús Fenebus y la de telecomunicaciones Ametic.

También aparecen en el listado empresas en solitario, como Telefónica, Correos, Cellnex o Red Eléctrica, así como la plataforma para compartir coche BlaBlaCar, una de las compañías de consumo colaborativo más destacadas.

Por otro lado, se han inscrito asociaciones de consumidores como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la Confederación Española de cooperativas de Consumidores y Usuarios (Hispaccop), la de Usuarios de la Comunicación (AUC) la Asociación de Internautas y la Asociación de Usuarios de Internet.

Hay además empresas dedicadas a la comunicación (Evercom, Burson-Marsteller, Edelman, Hill and Knowlton o Llorente y Cuenca) y organizaciones sociales (Comité de Representantes de Personas con Discapacidad, la Plataforma de ONG de Acción Social o la Confederación LGTB Española Colegas).

Sin embargo, el ritmo de inscripciones en el registro se ha ralentizado en los últimos meses, ya que a finales de mayo eran ya cerca de 225 los ?lobbies? registrados y a finales de julio había 275. En lo que va de diciembre solo ha habido cuatro inscripciones, como señala Servimedia.

Artículo original

 

La nueva ley define el rol de la nueva Agencia Nacional Anticorrupción, que será encabezada por un juez[1], designado por decreto por el Poder Ejecutivo Nacional, con una duración de seis años, no renovable.

Este magistrado tendrá entre otras funciones: la preparación de recomendaciones para asistir a las compañías públicas y privadas para prevenir y combatir la corrupción; el control de la calidad y eficiencia de los procedimientos implementados por las administraciones públicas para la prevención de la corrupción y monitorear la implementación de programas de cumplimiento (compliance).

A su vez, la Agencia podrá aplicar sanciones en caso de incumplimiento, llegando a una pena de multa de hasta un millón de euros.

La ley contra la  corrupción incluye un registro de lobistas a fin de transparentar los intereses en juego en las negociaciones que realizan.

Los lobistas son definidos como “representantes de intereses” e incluye a administradores, gerentes, empleados y miembros de compañías públicas o privadas cuya actividad habitual sea influenciar las decisiones públicas y el contenido de leyes y regulaciones administrativas.

En este marco legal, cuando un lobista se vincula con un miembro del gobierno, incluyendo cualquier miembro o funcionario del poder ejecutivo, parlamentarios o cualquier empleado público, debe revelar su relación con él y registrar ese contacto en el registro on line de la Alta autoridad francesa para la transparencia en la vida pública.

Se le exigen los siguientes datos: la identidad de la persona, o la identidad de los directores si se trata de una persona jurídica, el alcance de su representación, cual ha sido su actividad de representación e el monto de gastos asignados a su actividad en el año precedente; el número de personas que emplea para llevar adelante su actividad de representación o el volumen de facturación si fuera una empresa ; el gremio, asociación profesional o grupo de interés  que representa o a que pertenece. Además se les imponen reglas éticas para el ejercicio de la actividad.

El organismo de control posee las facultades y potestades como para obligar a los representantes de esos intereses a comunicar la información exigida en el registro y el cumplimiento de las reglas éticas. La penalidad por el incumplimiento puede ser una pena de multa de hasta 15.000 euros y la prisión de hasta un año.

La ley trata otros temas vinculados a la corrupción, cómo el  marco legal para el tratamiento de los casos de información interna brindada por informantes (whistle-blowers), y la obligación de las compañías de establecer un sistema para que los mismos canalicen su información. También establece la obligación de protección contra la discriminación o medias disciplinarias en su contra.

La ley  modifica el código penal en diversos artículos, por ejemplo el art. 131-39-2, estableciendo que se podrá aplicar una sanción,  a las personas jurídicas bajo el control de la Agencia, que implica un programa de cumplimiento (compliance) pro un máximo de cinco años que incluya un código de ética respecto a la corrupción y el tráfico de influencias, un sistema de alertas para recoger información de los empleados; evaluación de los clientes según un mapa de riesgos, controles contables internos y externos, etc.

También prevé una modificación al art. 434-43-1 por la cual se castiga a los agentes o representantes de una persona jurídica, condenada conforme el artículo 131-39-2, que se abstengan de tomar las medidas necesarias o que impidan el cumplimiento de las obligaciones derivadas, por lo cual se establece  una pena de dos años de prisión y multa de 50.000 euros.

En definitiva, la ley analiza diversos temas vinculados a la corrupción tanto pública como privada, por lo cual podría ser un antecedente interesante para los proyectos de legislación nacional. En particular teniendo en cuenta que la prevención de la corrupción y la transparencia en la actividad pública y privada están actualmente muy presentes en el debate público.

En este sentido, debemos recordar que, aunque por obvio no es menos cierto, la prevención depende en menor medida de la sanción de hechos del pasado que del establecimiento de estructuras que tiendan a la transparencia de la actividad y permitan controlar antes de que sea asunto del poder judicial el juzgamiento de los responsables.

Nota

[1] Interpreto, a partir del texto del artículo, que este juez sería independiente de la jerarquía judicial, es decir no dependerá jerárquicamente, ni administrativamente, de ningún otro juez o tribunal del Poder Judicial. Este juez dirige la agencia y no recibe, ni solicita, instrucciones de ninguna autoridad administrativa o del gobierno en la realización de las tareas asignadas.  La agencia contará con un comité de disciplina responsable de imponer las sanciones integrado por seis miembros. 

Autor: Mario Alberto Villar

Artículo original

Acertó Juan Rosell, el presidente de la CEOE, cuando nombró a Josep Sánchez Llibre su emisario en el Congreso. No en vano, el expolítico catalán —de las filas democristianas de Duran i Lleida— ha sido diputado en el Congreso durante 22 años. Mucho tiempo y muchas horas en la carrera de San Jerónimo, lo que le llevó, como dicen algunos veteranos periodistas parlamentarios, a convertirse en parte del mobiliario.

Durante ese tiempo, fue el genuino representante de los intereses de Cataluña—en particular, de sus empresarios— en el corazón del Estado. Pero en 2015, tras no repetir como diputado, se quedó fuera del Parlamento. Ahora, ha vuelto por la puerta de atrás (como asesor de CEOE), pero dentro de muy poco volverá por la puerta grande. No en vano, una de las primeras iniciativas presentadas por los diputados de la antigua Convergencia Democrática, ahora en el Grupo Mixto, ha sido que el Estado ‘legalice’ el funcionamiento de los ‘lobbies’.

En concreto, la Mesa de Congreso ya aprobó hace algunas semanas admitir a trámite y trasladar al Gobierno una proposición de reforma del reglamento para la creación del registro de los grupos de interés o ‘lobbies’. La inscripción será obligatoria para los lobistas que deseen reunirse con los diputados o senadores para influir sobre decisiones legislativas, pero también con el personal adscrito a la labor parlamentaria. La afilada pluma de Sánchez Llibre está detrás de esa iniciativa.

El exdiputado nacionalista —del sector no independentista— no es el único que se ha movido para sacar adelante una legislación que se resiste, y que convierte a España en uno de los pocos países de la UE que no tienen regulada esta actividad. Incluso en Bruselas, existe un registro al que se han acogido las grandes empresas españolas.

El grupo parlamentario de Ciudadanos, sin ir más lejos, y en el marco de la lucha contra la corrupción, ha presentado una proposición de ley que pretende regular el régimen y la actividad de los lobistas y de los ‘lobbies’. Esta propuesta saldrá adelante, lo que significa, lisa y llanamente, que Sánchez Llibre volverá a tener ‘escaño’. O, al menos, podrá estar como en casa en el viejo caserón de la carrera de San Jerónimo.

Artículo original

Si nos atenemos a la primera interpretación de puertas giratorias de esta serie de artículos, no es cierto en absoluto que impedir dichas puertas giratorias condene a la muerte civil al que deja la vida pública. Todo lo contrario, el paso por ciertos niveles de la política suele dar una notoriedad, unos conocimientos y una agenda de contactos que, como en cualquier profesión, si se ha hecho bien, mejoran sustancialmente el currículum personal y facilitan una rápida mejora de la carrera profesional del político en cuestión.

Ahora bien, impedir las puertas giratorias en la segunda acepción dada en esta serie llevaría a la muerte del ascenso fraudulento a quienes harían uso de ellas, conscientemente o no, para entrar en un conflicto de intereses entre su futuro para la vuelta provechosa a las empresas o sectores de los que provienen y la integridad de sus funciones de regulación y control de dichas empresas.

No, impedir el segundo tipo de puertas giratorias no conduce a un político completamente profesionalizado que desea vivir siempre de la política, más bien al contrario, es la posibilidad de que la política mejore sus carreras e ingresos profesionales lo que les puede llevar a luchar por permanecer en la política hasta llegar lo más alto posible en sus carreras o hasta que estas les permitan tener la suficiente relevancia social para dar el salto al sector privado y, también viceversa, el paso del mundo profesional y directivo a la alta política y vuelta a la vuelta de la puerta giratoria.

Ante esa posibilidad y con un sistema electoral de listas cerradas, decididas verticalmente a dedo por los partidos, lleva también a la dependencia de los elegidos por los ciudadanos no de quienes los eligieron sino de los aparatos partidarios que deciden su futuro, creando una endogamia orgánica que lleva a la selección negativa de una parte de la clase política formada por sumisos y mediocres, incapaces de ganarse la vida a ese nivel en competencia leal con los demás y buscadores del lanzamiento a los altos niveles de la empresa o de la permanencia en la política a toda costa.

La regulación de los grupos de interés, su `lobby´ y sus lobistas.

Y en esta larga y peligrosa transición entre un sistema de influencia endogámico, nepotista y corporativo, llamémosle tradicional y un sistema basado en la formación, el mérito y la experiencia, llamémosle profesional,nos encontramos hoy sin tener aún reguladas las normas que deben regir los grupos de interés y su defensa, los lobbies y los lobistas y sus registros lo cual incrementa, si cabe, los riesgos de funcionamiento irregular de los mismos.

Nos movemos entre dos mundos muy diferentes a los que, ciudadanos y medios de comunicación llaman de la misma forma y mete en el mismo saco: los lobbies y los lobistas. Por un lado, están quienes forman parte del sistema que acabamos de denominar tradicional, los de ¡esto lo arreglo yo en una cena!, hoy claramente colmatado por los casos judiciales que hacen de la corrupción la segunda preocupación de los españoles y a quienes no se debe llamar lobistas, si no traficantes de influencias.

Por otro lado, están los lobistas profesionales, aquellos que, simplemente, como en los mejores países de nuestro entorno, pretenden ser buenos profesionales dedicados a perfeccionar la democracia a través del ejercicio de los derechos constitucionales para trasladar las opiniones e intereses de todos los grupos sociales y económicos a los poderes públicos para que estos tengan toda la información posible sobre las consecuencias de cada opción a la hora de decidir, de la mejor forma posible, el interés general.

Los mal llamados lobistas, traficantes de influencias tradicionales huyen de la transparencia, de las incompatibilidades y de la limitación de las puertas giratorias como Drácula de la luz: mueren con ella. Por el contrario los lobistas profesionales aman la transparencia y necesitan del registro, de las incompatibilidades, y de la limitación de las puertas giratorias, entendidas en su segunda acepción, las aman como la propia luz que les da la vida.

Dicho claramente, un profesional del lobby no debe desear pasar de representar a un grupo de interés regulado a ser el regulador de esos mismos intereses a corto o medio plazo, el conflicto de intereses sería evidente. Tampoco un regulador debería desear pasar a representar los intereses que regula a corto y medio plazo, tendría el mismo conflicto. La luz correría peligro ante las sombras.

Los lobistas profesionales necesitan un registro y unas normas de gestión pública absolutamente transparentes que separen el grano de la paja en los procesos de decisión pública. Necesitan del registro donde todos sepan quién es quién y a quién defiende cada uno, donde todos sepan, con las agendas públicas y la huella legislativa quién se reúne con quién y qué defiende cada uno, necesitan, por fin, de un claro sistema de control de las puertas giratorias que reduzcan el conflicto de intereses y el tráfico de influencias para que el ejercicio abierto y transparente del derecho democrático a la defensa de la propia opinión y del propio interés puedan consolidar la democracia.

Solo la defensa a ultranza de la transparencia y de la luz que pueden conseguir el registro, la agenda pública, la huella legislativa y la limitación de las puertas giratorias podrán mantener y acrecentar la credibilidad y reputación de los lobistas profesionales frente a los traficantes de influencias tradicionales. Solo el compromiso de los mismos con los instrumentos para conseguir estos valores podrán separar el trigo de la paja, podrán separar el reino de la luz del de las tinieblas y poner, a cada uno, en el lugar que merece.

Artículo original

Una práctica controvertida durante los últimos años ha sido la de las puertas giratorias, entendida como el paso de cargos públicos al sector privado y su eventual regreso al sector público. Más allá de la demagogia, no se ve realmente dónde reside la gravedad del problema señalado, salvo que se pretenda imponer un tipo de político completamente profesionalizado que hace de las batallas orgánicas lo esencial de su tarea y que se vuelve lógicamente conservador en cuanto a su estatus, puesto que podría quedarse sin vida profesional o laboral fuera de las estructuras políticas.

Conviene acoger con cautela los discursos y los programas de algunos partidos sobre este asunto. Que haya personas favorables a vivir siempre de la política, o que dan el salto a la cosa pública tras una corta experiencia laboral, no implica que sea preciso condenar a la muerte civil al que deja la vida pública, ni forzar a la sociedad a indemnizarle de por vida. En sentido contrario, es inaceptable privar a la política de los conocimientos y experiencia de buenos profesionales. Que haya movimiento de sillas parece razonable, bastante más que la supresión pura y simple de esa posibilidad.

Asunto distinto es el necesario control. Deberían regularse tanto el tiempo que ha de transcurrir entre el cese en el cargo público y la asunción de otras actividades, como el pantanoso terreno donde pueden cruzarse los conflictos de intereses. Ahí es donde una regulación sensata y una buena práctica deberían impedir las negligencias. Resulta asimismo indispensable que se lleven a cabo los registros de grupos de presión, que no quedaron resueltos con la promulgación de la ley de transparencia.

Hay un terreno donde ha de acentuarse el cuidado. Se trata del paso de magistrados y jueces a la política, y de su regreso inmediato a la judicatura cuando lo desean. Al igual que lo dicho respecto a los conflictos de intereses, es evidente que quienes hacen uso del reingreso en la carrera judicial no deberían ocuparse de asuntos en los que estén implicados los políticos con los que acaban de confraternizar o a los que se han enfrentado. El poder judicial es independiente en España, por mandato constitucional, y sus titulares no pueden ser considerados simples miembros de una profesión que hoy son jueces, mañana políticos y pasado mañana jueces otra vez.

Artículo original

El presidente electo de Estados Unidos,Donald Trump, ha impuesto un estricto código que impedirá a los que acepten un empleo en su Administración trabajar en los ‘lobbies’ una vez haya finalizado su vínculo con la Casa Blanca, según informó este miércoles su equipo de transición.

La medida tiene como objetivo evitar las puertas giratorias entre la Casa Blanca y los grupos de presión que abundan en Washington, uno de los principales caballos de batalla de Trump durante la campaña con el que pretendía denunciar la “corrupción” del sistema político.

“La clave para esta Administración será que la gente que salga del Gobierno no pueda utilizar esa experiencia para enriquecerse personalmente“, explicó el portavoz republicano Sean Spicer durante una conferencia telefónica con medios de comunicación. Quienes acepten la condición de Trump no podrán trabajar para los grupos de presión hasta pasados cinco años después de dejar su empleo gubernamental, una estricta medida que puede disuadir a algunos de sumarse al equipo del magnate.

Obama impuso un código menos restrictivo que tan sólo prohibía a los ex trabajadores usar sus influencias en la agencia gubernamental para la que habían trabajado, pero tenían vía libre con el resto del Gobierno. Además, el código prohibía ejercer como lobista pero no trabajar como abogado, consultor o asesor en las mismas funciones, una brecha que muchos han aprovechado.

Artículo original

El Área de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Madrid recibirá en 2017 más de 39,78 millones de euros, según el proyecto de presupuesto para el próximo ejercicio. La implantación del registro de lobbies y dos nuevas consultas ciudadanas son los dos proyectos más relevantes del departamento.

El departamento que lidera Pablo Soto pretende reducir el tiempo medio de respuesta a solicitudes de acceso a la información pública a 20 días e incrementar en un 75 por ciento las consultas en el portal municipal de datos abiertos, incorporando información en tiempo real mediante herramientas que lo permitan. Se fomentará la administración electrónica en la gestión de los servicios municipales mediante el impulso de la firma digital administrativa. Se iniciarán nuevas cartas de servicios y se impulsará el observatorio de la ciudad. Se reducirá el tiempo de respuesta de sugerencias y reclamaciones a 45 días.

En participación ciudadana, se celebrarán dos nuevas consultas en 2017 y se desarrollarán dos nuevos mecanismos para otros formatos de participación e innovación social. Se creará un nuevo portal de Transparencia y una aplicación que permita hacer un registro de lobbies. También se incrementará la información sobre los cargos públicos, poniendo de manifiesto los gastos protocolarios y de viajes, declaraciones de intereses, etcétera. Se incrementarán las visitas a la web de Gobierno abierto y se extenderá el formato madrileño de participación ciudadana a otras diez ciudades y a otros organismos públicos. También se realizarán actuaciones en los distritos destinadas a promover la participación infantil. Se impulsará el programa municipal de voluntariado, promoviendo los voluntarios puntuales y permanentes. También se les dará formación específica. También se trabajará con entidades colaboradoras en proyectos de esta naturaleza. Línea Madrid mantendrá en 2017 su partida de 12,3 millones para la adjudicataria privada de operadores telefónicos del servicio, dentro de la prórroga de dos años que estableció el Consistorio antes de decidir si remunicipaliza el servicio.

Apenas 800.000 irán destinados a inversiones. Las principales irán dedicadas a la reforma y amueblado de oficinas de Línea Madrid.

Información Legal

© Copyright – APRI | ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES