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La nueva ley define el rol de la nueva Agencia Nacional Anticorrupción, que será encabezada por un juez[1], designado por decreto por el Poder Ejecutivo Nacional, con una duración de seis años, no renovable.

Este magistrado tendrá entre otras funciones: la preparación de recomendaciones para asistir a las compañías públicas y privadas para prevenir y combatir la corrupción; el control de la calidad y eficiencia de los procedimientos implementados por las administraciones públicas para la prevención de la corrupción y monitorear la implementación de programas de cumplimiento (compliance).

A su vez, la Agencia podrá aplicar sanciones en caso de incumplimiento, llegando a una pena de multa de hasta un millón de euros.

La ley contra la  corrupción incluye un registro de lobistas a fin de transparentar los intereses en juego en las negociaciones que realizan.

Los lobistas son definidos como “representantes de intereses” e incluye a administradores, gerentes, empleados y miembros de compañías públicas o privadas cuya actividad habitual sea influenciar las decisiones públicas y el contenido de leyes y regulaciones administrativas.

En este marco legal, cuando un lobista se vincula con un miembro del gobierno, incluyendo cualquier miembro o funcionario del poder ejecutivo, parlamentarios o cualquier empleado público, debe revelar su relación con él y registrar ese contacto en el registro on line de la Alta autoridad francesa para la transparencia en la vida pública.

Se le exigen los siguientes datos: la identidad de la persona, o la identidad de los directores si se trata de una persona jurídica, el alcance de su representación, cual ha sido su actividad de representación e el monto de gastos asignados a su actividad en el año precedente; el número de personas que emplea para llevar adelante su actividad de representación o el volumen de facturación si fuera una empresa ; el gremio, asociación profesional o grupo de interés  que representa o a que pertenece. Además se les imponen reglas éticas para el ejercicio de la actividad.

El organismo de control posee las facultades y potestades como para obligar a los representantes de esos intereses a comunicar la información exigida en el registro y el cumplimiento de las reglas éticas. La penalidad por el incumplimiento puede ser una pena de multa de hasta 15.000 euros y la prisión de hasta un año.

La ley trata otros temas vinculados a la corrupción, cómo el  marco legal para el tratamiento de los casos de información interna brindada por informantes (whistle-blowers), y la obligación de las compañías de establecer un sistema para que los mismos canalicen su información. También establece la obligación de protección contra la discriminación o medias disciplinarias en su contra.

La ley  modifica el código penal en diversos artículos, por ejemplo el art. 131-39-2, estableciendo que se podrá aplicar una sanción,  a las personas jurídicas bajo el control de la Agencia, que implica un programa de cumplimiento (compliance) pro un máximo de cinco años que incluya un código de ética respecto a la corrupción y el tráfico de influencias, un sistema de alertas para recoger información de los empleados; evaluación de los clientes según un mapa de riesgos, controles contables internos y externos, etc.

También prevé una modificación al art. 434-43-1 por la cual se castiga a los agentes o representantes de una persona jurídica, condenada conforme el artículo 131-39-2, que se abstengan de tomar las medidas necesarias o que impidan el cumplimiento de las obligaciones derivadas, por lo cual se establece  una pena de dos años de prisión y multa de 50.000 euros.

En definitiva, la ley analiza diversos temas vinculados a la corrupción tanto pública como privada, por lo cual podría ser un antecedente interesante para los proyectos de legislación nacional. En particular teniendo en cuenta que la prevención de la corrupción y la transparencia en la actividad pública y privada están actualmente muy presentes en el debate público.

En este sentido, debemos recordar que, aunque por obvio no es menos cierto, la prevención depende en menor medida de la sanción de hechos del pasado que del establecimiento de estructuras que tiendan a la transparencia de la actividad y permitan controlar antes de que sea asunto del poder judicial el juzgamiento de los responsables.

Nota

[1] Interpreto, a partir del texto del artículo, que este juez sería independiente de la jerarquía judicial, es decir no dependerá jerárquicamente, ni administrativamente, de ningún otro juez o tribunal del Poder Judicial. Este juez dirige la agencia y no recibe, ni solicita, instrucciones de ninguna autoridad administrativa o del gobierno en la realización de las tareas asignadas.  La agencia contará con un comité de disciplina responsable de imponer las sanciones integrado por seis miembros. 

Autor: Mario Alberto Villar

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Acertó Juan Rosell, el presidente de la CEOE, cuando nombró a Josep Sánchez Llibre su emisario en el Congreso. No en vano, el expolítico catalán —de las filas democristianas de Duran i Lleida— ha sido diputado en el Congreso durante 22 años. Mucho tiempo y muchas horas en la carrera de San Jerónimo, lo que le llevó, como dicen algunos veteranos periodistas parlamentarios, a convertirse en parte del mobiliario.

Durante ese tiempo, fue el genuino representante de los intereses de Cataluña—en particular, de sus empresarios— en el corazón del Estado. Pero en 2015, tras no repetir como diputado, se quedó fuera del Parlamento. Ahora, ha vuelto por la puerta de atrás (como asesor de CEOE), pero dentro de muy poco volverá por la puerta grande. No en vano, una de las primeras iniciativas presentadas por los diputados de la antigua Convergencia Democrática, ahora en el Grupo Mixto, ha sido que el Estado ‘legalice’ el funcionamiento de los ‘lobbies’.

En concreto, la Mesa de Congreso ya aprobó hace algunas semanas admitir a trámite y trasladar al Gobierno una proposición de reforma del reglamento para la creación del registro de los grupos de interés o ‘lobbies’. La inscripción será obligatoria para los lobistas que deseen reunirse con los diputados o senadores para influir sobre decisiones legislativas, pero también con el personal adscrito a la labor parlamentaria. La afilada pluma de Sánchez Llibre está detrás de esa iniciativa.

El exdiputado nacionalista —del sector no independentista— no es el único que se ha movido para sacar adelante una legislación que se resiste, y que convierte a España en uno de los pocos países de la UE que no tienen regulada esta actividad. Incluso en Bruselas, existe un registro al que se han acogido las grandes empresas españolas.

El grupo parlamentario de Ciudadanos, sin ir más lejos, y en el marco de la lucha contra la corrupción, ha presentado una proposición de ley que pretende regular el régimen y la actividad de los lobistas y de los ‘lobbies’. Esta propuesta saldrá adelante, lo que significa, lisa y llanamente, que Sánchez Llibre volverá a tener ‘escaño’. O, al menos, podrá estar como en casa en el viejo caserón de la carrera de San Jerónimo.

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Si nos atenemos a la primera interpretación de puertas giratorias de esta serie de artículos, no es cierto en absoluto que impedir dichas puertas giratorias condene a la muerte civil al que deja la vida pública. Todo lo contrario, el paso por ciertos niveles de la política suele dar una notoriedad, unos conocimientos y una agenda de contactos que, como en cualquier profesión, si se ha hecho bien, mejoran sustancialmente el currículum personal y facilitan una rápida mejora de la carrera profesional del político en cuestión.

Ahora bien, impedir las puertas giratorias en la segunda acepción dada en esta serie llevaría a la muerte del ascenso fraudulento a quienes harían uso de ellas, conscientemente o no, para entrar en un conflicto de intereses entre su futuro para la vuelta provechosa a las empresas o sectores de los que provienen y la integridad de sus funciones de regulación y control de dichas empresas.

No, impedir el segundo tipo de puertas giratorias no conduce a un político completamente profesionalizado que desea vivir siempre de la política, más bien al contrario, es la posibilidad de que la política mejore sus carreras e ingresos profesionales lo que les puede llevar a luchar por permanecer en la política hasta llegar lo más alto posible en sus carreras o hasta que estas les permitan tener la suficiente relevancia social para dar el salto al sector privado y, también viceversa, el paso del mundo profesional y directivo a la alta política y vuelta a la vuelta de la puerta giratoria.

Ante esa posibilidad y con un sistema electoral de listas cerradas, decididas verticalmente a dedo por los partidos, lleva también a la dependencia de los elegidos por los ciudadanos no de quienes los eligieron sino de los aparatos partidarios que deciden su futuro, creando una endogamia orgánica que lleva a la selección negativa de una parte de la clase política formada por sumisos y mediocres, incapaces de ganarse la vida a ese nivel en competencia leal con los demás y buscadores del lanzamiento a los altos niveles de la empresa o de la permanencia en la política a toda costa.

La regulación de los grupos de interés, su `lobby´ y sus lobistas.

Y en esta larga y peligrosa transición entre un sistema de influencia endogámico, nepotista y corporativo, llamémosle tradicional y un sistema basado en la formación, el mérito y la experiencia, llamémosle profesional,nos encontramos hoy sin tener aún reguladas las normas que deben regir los grupos de interés y su defensa, los lobbies y los lobistas y sus registros lo cual incrementa, si cabe, los riesgos de funcionamiento irregular de los mismos.

Nos movemos entre dos mundos muy diferentes a los que, ciudadanos y medios de comunicación llaman de la misma forma y mete en el mismo saco: los lobbies y los lobistas. Por un lado, están quienes forman parte del sistema que acabamos de denominar tradicional, los de ¡esto lo arreglo yo en una cena!, hoy claramente colmatado por los casos judiciales que hacen de la corrupción la segunda preocupación de los españoles y a quienes no se debe llamar lobistas, si no traficantes de influencias.

Por otro lado, están los lobistas profesionales, aquellos que, simplemente, como en los mejores países de nuestro entorno, pretenden ser buenos profesionales dedicados a perfeccionar la democracia a través del ejercicio de los derechos constitucionales para trasladar las opiniones e intereses de todos los grupos sociales y económicos a los poderes públicos para que estos tengan toda la información posible sobre las consecuencias de cada opción a la hora de decidir, de la mejor forma posible, el interés general.

Los mal llamados lobistas, traficantes de influencias tradicionales huyen de la transparencia, de las incompatibilidades y de la limitación de las puertas giratorias como Drácula de la luz: mueren con ella. Por el contrario los lobistas profesionales aman la transparencia y necesitan del registro, de las incompatibilidades, y de la limitación de las puertas giratorias, entendidas en su segunda acepción, las aman como la propia luz que les da la vida.

Dicho claramente, un profesional del lobby no debe desear pasar de representar a un grupo de interés regulado a ser el regulador de esos mismos intereses a corto o medio plazo, el conflicto de intereses sería evidente. Tampoco un regulador debería desear pasar a representar los intereses que regula a corto y medio plazo, tendría el mismo conflicto. La luz correría peligro ante las sombras.

Los lobistas profesionales necesitan un registro y unas normas de gestión pública absolutamente transparentes que separen el grano de la paja en los procesos de decisión pública. Necesitan del registro donde todos sepan quién es quién y a quién defiende cada uno, donde todos sepan, con las agendas públicas y la huella legislativa quién se reúne con quién y qué defiende cada uno, necesitan, por fin, de un claro sistema de control de las puertas giratorias que reduzcan el conflicto de intereses y el tráfico de influencias para que el ejercicio abierto y transparente del derecho democrático a la defensa de la propia opinión y del propio interés puedan consolidar la democracia.

Solo la defensa a ultranza de la transparencia y de la luz que pueden conseguir el registro, la agenda pública, la huella legislativa y la limitación de las puertas giratorias podrán mantener y acrecentar la credibilidad y reputación de los lobistas profesionales frente a los traficantes de influencias tradicionales. Solo el compromiso de los mismos con los instrumentos para conseguir estos valores podrán separar el trigo de la paja, podrán separar el reino de la luz del de las tinieblas y poner, a cada uno, en el lugar que merece.

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Una práctica controvertida durante los últimos años ha sido la de las puertas giratorias, entendida como el paso de cargos públicos al sector privado y su eventual regreso al sector público. Más allá de la demagogia, no se ve realmente dónde reside la gravedad del problema señalado, salvo que se pretenda imponer un tipo de político completamente profesionalizado que hace de las batallas orgánicas lo esencial de su tarea y que se vuelve lógicamente conservador en cuanto a su estatus, puesto que podría quedarse sin vida profesional o laboral fuera de las estructuras políticas.

Conviene acoger con cautela los discursos y los programas de algunos partidos sobre este asunto. Que haya personas favorables a vivir siempre de la política, o que dan el salto a la cosa pública tras una corta experiencia laboral, no implica que sea preciso condenar a la muerte civil al que deja la vida pública, ni forzar a la sociedad a indemnizarle de por vida. En sentido contrario, es inaceptable privar a la política de los conocimientos y experiencia de buenos profesionales. Que haya movimiento de sillas parece razonable, bastante más que la supresión pura y simple de esa posibilidad.

Asunto distinto es el necesario control. Deberían regularse tanto el tiempo que ha de transcurrir entre el cese en el cargo público y la asunción de otras actividades, como el pantanoso terreno donde pueden cruzarse los conflictos de intereses. Ahí es donde una regulación sensata y una buena práctica deberían impedir las negligencias. Resulta asimismo indispensable que se lleven a cabo los registros de grupos de presión, que no quedaron resueltos con la promulgación de la ley de transparencia.

Hay un terreno donde ha de acentuarse el cuidado. Se trata del paso de magistrados y jueces a la política, y de su regreso inmediato a la judicatura cuando lo desean. Al igual que lo dicho respecto a los conflictos de intereses, es evidente que quienes hacen uso del reingreso en la carrera judicial no deberían ocuparse de asuntos en los que estén implicados los políticos con los que acaban de confraternizar o a los que se han enfrentado. El poder judicial es independiente en España, por mandato constitucional, y sus titulares no pueden ser considerados simples miembros de una profesión que hoy son jueces, mañana políticos y pasado mañana jueces otra vez.

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El presidente electo de Estados Unidos,Donald Trump, ha impuesto un estricto código que impedirá a los que acepten un empleo en su Administración trabajar en los ‘lobbies’ una vez haya finalizado su vínculo con la Casa Blanca, según informó este miércoles su equipo de transición.

La medida tiene como objetivo evitar las puertas giratorias entre la Casa Blanca y los grupos de presión que abundan en Washington, uno de los principales caballos de batalla de Trump durante la campaña con el que pretendía denunciar la «corrupción» del sistema político.

«La clave para esta Administración será que la gente que salga del Gobierno no pueda utilizar esa experiencia para enriquecerse personalmente«, explicó el portavoz republicano Sean Spicer durante una conferencia telefónica con medios de comunicación. Quienes acepten la condición de Trump no podrán trabajar para los grupos de presión hasta pasados cinco años después de dejar su empleo gubernamental, una estricta medida que puede disuadir a algunos de sumarse al equipo del magnate.

Obama impuso un código menos restrictivo que tan sólo prohibía a los ex trabajadores usar sus influencias en la agencia gubernamental para la que habían trabajado, pero tenían vía libre con el resto del Gobierno. Además, el código prohibía ejercer como lobista pero no trabajar como abogado, consultor o asesor en las mismas funciones, una brecha que muchos han aprovechado.

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El Área de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Madrid recibirá en 2017 más de 39,78 millones de euros, según el proyecto de presupuesto para el próximo ejercicio. La implantación del registro de lobbies y dos nuevas consultas ciudadanas son los dos proyectos más relevantes del departamento.

El departamento que lidera Pablo Soto pretende reducir el tiempo medio de respuesta a solicitudes de acceso a la información pública a 20 días e incrementar en un 75 por ciento las consultas en el portal municipal de datos abiertos, incorporando información en tiempo real mediante herramientas que lo permitan. Se fomentará la administración electrónica en la gestión de los servicios municipales mediante el impulso de la firma digital administrativa. Se iniciarán nuevas cartas de servicios y se impulsará el observatorio de la ciudad. Se reducirá el tiempo de respuesta de sugerencias y reclamaciones a 45 días.

En participación ciudadana, se celebrarán dos nuevas consultas en 2017 y se desarrollarán dos nuevos mecanismos para otros formatos de participación e innovación social. Se creará un nuevo portal de Transparencia y una aplicación que permita hacer un registro de lobbies. También se incrementará la información sobre los cargos públicos, poniendo de manifiesto los gastos protocolarios y de viajes, declaraciones de intereses, etcétera. Se incrementarán las visitas a la web de Gobierno abierto y se extenderá el formato madrileño de participación ciudadana a otras diez ciudades y a otros organismos públicos. También se realizarán actuaciones en los distritos destinadas a promover la participación infantil. Se impulsará el programa municipal de voluntariado, promoviendo los voluntarios puntuales y permanentes. También se les dará formación específica. También se trabajará con entidades colaboradoras en proyectos de esta naturaleza. Línea Madrid mantendrá en 2017 su partida de 12,3 millones para la adjudicataria privada de operadores telefónicos del servicio, dentro de la prórroga de dos años que estableció el Consistorio antes de decidir si remunicipaliza el servicio.

Apenas 800.000 irán destinados a inversiones. Las principales irán dedicadas a la reforma y amueblado de oficinas de Línea Madrid.

Según el estudio “La visión empresarial de los Public Affaires en España” realizado por la Escuela Internacional de Comunicación (EIC) y el Foro APRI –integrado por las consultoras de Public Affairs y Relaciones Institucionales Burson-Marsteller, Political Intelligence, KREAB, Deva y Redondo y Asociados- 4 de cada 10 responsables de los asuntos públicos en las empresas y organizaciones en España depende directamente de la dirección general. Los cambios en el tablero político y el aumento de la regulación se adivinan como los factores clave del aumento del peso de estos profesionales en el entorno privado, una tendencia que a todas luces seguirá al alza en España, donde aún se espera una regulación uniforme sobre el lobby y el trabajo de los profesionales de los asuntos públicos.

La regeneración política que ha vivido –y vive actualmente– España, unido a la exigencia de una mayor transparencia a las organizaciones privadas está contribuyendo en los últimos tiempos a que una figura –hasta ahora invisible– salga de las penumbras. Los profesionales de los asuntos públicos o relaciones institucionales (los llamados –y denostados– lobistas) poco a poco se van colocando al frente de las organizaciones y ocupando puestos de poder. Así al menos lo demuestra el estudio “La visión empresarial de los Public Affaires en España”, realizado por la APRI en colaboración con las firmas Burson Marsteller, Deva, KREAB, Political Intelligence y Redondo y Asociados y que se ha presentado esta semana en Madrid. Según este informe, el 40% de los profesionales de los asuntos públicos reporta directamente a la dirección general de las compañías, una prueba del peso que esta figura está cobrando en el sector empresarial nacional.

Aún la figura del profesional de las relaciones institucionales está cobrando protagonismo, y muchas veces estas competencias están siendo asumidas por otras figuras dentro de las empresas. Así, por ejemplo, un 6% de los responsables de marketing y comunicación también se hacen cargo de estas funciones. El 16% de los responsables de los asuntos corporativos. La figura que más acapara las relaciones con los stakeholders públicos es el responsable de relaciones externas, precisamente por esa cercanía con los grupos de interés ajenos a la organización.

Los asuntos públicos están cada vez más integrados en la estructura corporativa

Según el estudio “La visión empresarial de los Public Affaires en España”, las grandes empresas, asociaciones empresariales, despachos de public affaires y ONG´s son quienes más desarrollan esta actividad en España. Influir en la regulación de las actividades sectoriales y mejorar el entorno de negocio de las compañías son las principales utilidades de los public affaires para los profesionales. Sin embargo, y a pesar de la mejora de la imagen del trabajo de estos profesionales, aún la falta de una regulación a nivel nacional hace difícil que cambie la percepción sobre su trabajo con las administraciones públicas. En este sentido, transparencia, regulación, y registro son los factores que, a juicio de los profesionales de las relaciones institucionales, contribuyen a mejorar la percepción de esta actividad en la sociedad. Por este motivo, para la inmensa mayoría de los profesionales entrevistados en el estudio, la regulación de la actividad de lobby y public affaires es necesaria.

Una de las asignaturas pendientes del anterior gobierno del Partido Popular fue sacar adelante la prometida y ansiada regulación del lobby dentro del Congreso de los Diputados. Por el momento, desde algunas comunidades autónomas e instituciones, como la CNMC o el ayuntamiento de Madrid se han puesto en marcha iniciativas relacionadas con el registro de lobistas y empresas dedicadas a los asuntos públicos, aunque estas medidas son vistas con buenos ojos por el sector, aún se consideran insuficientes. Para muchos profesionales, la regulación ayudará a una mejora de la práctica y también una mejora notable en la percepción pública de la actividad del lobby y los asuntos públicos.

El asesoramiento externo en Public Affaires, con buenos ojos por las empresas

Según el estudio de APRI, “la mayoría de las compañías trabajan con consultoras especializadas y el 88% repetiría las compañías contratadas con recursos externos”. En este sentido, la puesta en marcha de registros como el de la CNMC, ha abierto las puertas a muchas empresas del sector a “hacerse visibles” en estas tareas y poder ofrecer sus servicios de una manera profesional, alejada de las sombras.

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En España no se negocia, se presiona”. La frase es una de tantas escritas en las redes sociales a propósito de la formación de Gobierno (y por la polvareda posterior) e ilustra un pensamiento colectivo sobre cuáles son las prácticas habituales en el proceso de toma de decisiones. El país tiene 122.000 cargos políticos, más de 50.000 organismos públicos y unos 2.500 parlamentarios, pero los lobbies que se ­reúnen con ellos, grupos que trabajan para defender sus intereses —privados o no, en cualquier caso legítimos—, oficialmente no existen. Y las cosas que no existen son difícilmente controlables. En consecuencia, que un político se reúna en secreto en su despacho con el representante de uno de estos grupos, ya sea una ONG, una asociación de consumidores o una multinacional, es perfectamente legal, aunque no sea transparente ni democráticamente saludable.

Los intentos para legislar sobre la actividad lobista, sobre todo desde que España ha despertado a la realidad corrupta de una parte de su sistema político y económico, han sido en vano. Mariano Rajoy anunció que los regularía en su primer debate sobre el estado de la nación como presidente, en 2012, pero únicamente los grupos minoritarios en el Parlamento han seguido insistiendo en ese objetivo. La iniciativa más concreta que la Cámara recién constituida tendrá que estudiar en los próximos meses es de Democràcia i Llibertat (DiL), que pidió tras las elecciones del pasado 20 de diciembre un registro de lobbies y una “tarjeta de acceso permanente a la Cámara” con la que los representantes de grupos podrán entrar en las zonas públicas del Congreso y mantener contactos.

Iniciativas aparte, España sigue sin abordar una regulación estatal sobre el asunto, al contrario de lo que ocurre en ocho países europeos, entre los que están Reino Unido, Irlanda, Francia, Austria o Polonia. México, Israel y Chile también tienen la suya. Solo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (­CNMC), ese organismo que se parece cada vez más al argumento de la película Los intocables de Eliot Ness, cuenta con un registro de las organizaciones que piden cita para exponer tal o cual punto de vista. Hasta este viernes estaban registradas 350 entidades —es de carácter voluntario—, la mayoría asociaciones profesionales, empresariales, sindicales y consultoras profesionales. La ­CNMC reconoce que lo ha creado como “un mecanismo institucional que permita alejar la capacidad de cualquier grupo de influirnos de forma improcedente, o simplemente contraria, o no exactamente alineada con los intereses generales señalados en la ley”.

Medidas regionales

Otro paso lo ha dado el Gobierno de Cataluña, que también tiene un censo —este obligatorio—, pero los expertos consultados le achacan bastantes defectos y poca efectividad real. Todavía en estudio o redacción, los Gobiernos de Castilla-La Mancha, Aragón y Comunidad Valenciana y Ayuntamientos como el de Madrid preparan normas propias.

En cambio, en EE UU, donde el reconocimiento del arte de la influencia se remonta a mediados del siglo XIX, hay en la actualidad 10.462 profesionales lobistas registrados según el Center for Responsive Politics, una organización independiente. Las ventajas del sistema ya las alababa John F. Kennedy: “Un lobista me explica en tres páginas y diez minutos lo que mis asesores tardan una semana con un montón de papeleo”. En lo que va de 2016, las empresas estadounidenses han invertido 2.360 millones de dólares para pagar a ejércitos de abogados, economistas, politólogos o simplemente personas influyentes con acceso a los despachos de los congresistas para influir en políticas que les afectan. Los ejemplos saltan a los periódicos todos los días: esta misma semana, el candidato republicano Donald Trump presumía de tener el apoyo del lobby de la Asociación Nacional del Rifle (NRA) y aseguraba que, si gana el próximo martes, nombrará jueces para el Tribunal Supremo “que defiendan las armas”.

La industria farmacéutica es, con diferencia, el principal inversor lobista en ese país, con 475 millones de dólares invertidos en 2015 para hacer lobbying, es decir, persuasión política. Fruto de esa actividad, por ejemplo, es el retraso de la comercialización de medicamentos genéricos a través de toda clase de maniobras, tal y como destapó a principios de este año un estudio publicado por la Sociedad Estadounidense de Hematología. Sus tácticas, por cierto, no se basan en oscuros pactos, sino en acuerdos legales y contrastados.

En Bruselas, donde se firman el 75% de las normas comunitarias, conviven en unos dos kilómetros cuadrados 30.000 funcionarios y representantes políticos con 20.000 profesionales de la influencia. En el registro de lobbies de la UE se apuntan todos aquellos que quieran intervenir, directa o indirectamente, en la definición y aplicación de políticas y en el proceso de toma de decisiones de las instituciones. Y nadie se escandaliza por ello. Sus citas con comisarios se conocen (Miguel Arias Cañete es el político que más se reúne con grupos de presión) y se llevan a estadísticas: BusinessEurope (la patronal de patronales) y Google son las organizaciones que con más frecuencia piden ser recibidas. Como se puede leer en el libro El lobby en España (Algón Editores, 2014), influir “no es sinónimo de utilizar un acceso exclusivo a oscuros resortes de poder, ni comerciar con influencias, ni obtener o usar información privilegiada, ni otorgar beneficios o amenazar a las personas para condicionar sus decisiones”. Los profesionales, por el contrario, reclaman luz y taquígrafos para normalizar su día a día sin que los confundan con meros traficantes de influencias de andar por casa.

La cruda realidad

Pero la realidad pone en serios aprietos la voluntad de transparencia de los grupos de interés. En España, conocer quién influye y para qué lo hace es imposible. “Hay miles de lobistas, pero no podemos saber exactamente cuántos”, lamenta Andrea Vota gerente de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI). Están en las divisiones de public affaires de las empresas; en las patronales o asociaciones que representan a todo un sector; en las consultoras contratadas por terceros, y en los despachos de abogados que, además de llevar otros asuntos, incluyen en sus servicios esas tareas. Tampoco se sabe cuánto invierten las empresas españolas para que sus mensajes lleguen al político o al técnico adecuados, ni si lo hacen directamente o a través de terceros. Solo hay un dato: 422 grupos inscritos en la página de transparencia de la UE son españoles.

Javier Valiente es uno de esos profesionales. Trabaja desde Madrid como socio de Political Intelligence, una compañía fundada en 1995 en una pequeña oficina en Westminster para ofrecer servicios de public affairs en Europa que ahora tiene sedes repartidas por el continente. “Se tiene la impresión de que estamos de café en café, pero hacemos mucho trabajo de oficina, de seguimiento de desarrollos legislativos para determinar los temas que pueden afectar a nuestros clientes”. En su empresa desarrollan estrategias anuales, construyen mensajes, programan contactos institucionales y evalúan si los resultados son los esperados. “En Europa, este trabajo está reconocido porque hay una experiencia más amplia; en España no sucede lo mismo, aunque creo que cada vez hay mayor transparencia”. Otro lobista, Alfredo Gazpio, de la agencia Kreab, cita un principio que debería regir en la profesión: “Los incendios se apagan en invierno”. Pero la realidad es que muchos clientes intentan apagarlos cuando las llamas entran por la puerta. “Es un error común. Ocurre cuando, lejos de intentar construir y generar confianza en su interlocutor, un colectivo quiere visitar a alguien cuando tiene un problema”.

Lo cierto es que adelantarse a los acontecimientos ofrece ventajas. Hace dos años, en febrero de 2014, su empresa organizó un desayuno para que sus clientes conociesen a representantes de lo que después sería Podemos (fue antes de las elecciones europeas). “Muchos no quisieron participar”, sonríe al otro lado del teléfono. Y subraya que una parte de su trabajo, que califica como “más sencillo y menos místico de lo que parece”, está en la pedagogía que tiene que hacer con sus representados: “La capacidad de influencia tiene que ver con la generación de confianza y con la manera de actuar. No puedes ir a hablar con la Administración con un discurso agresivo. Pensamos en el largo plazo, en actuar con transparencia; creemos que no se puede decir nada en un despacho que no le puedas contar a un medio de comunicación”. A veces esa influencia se ejerce de abajo arriba, abordando a los funcionarios que elaboran, por ejemplo, un borrador de un texto que puede afectar a un sector. “Otras veces la presión baja en cascada”, tras un encuentro con un alto funcionario o político.

En cuanto a la remuneración, la mayoría de los responsables de asuntos públicos de agencias externas consultados cobran a través de igualas (salarios convenidos mensualmente) y no por proyectos —algo que, por otra parte, sería bastante inquietante—.

Largo plazo

Los buenos lobistas siembran, por eso su planificación es más proactiva que reactiva. Le ha ocurrido a Blablacar, empresa inscrita en el registro de la CNMC. “Nuestras conversaciones con las Administraciones siempre se han basado en una labor divulgativa, en explicar el modelo de economía colaborativa”, relata Jaime Rodríguez, responsable para España y Portugal de la plataforma. “Tienes que explicar que los conductores no obtienen un beneficio económico, porque muchos políticos no saben en qué consiste ni qué impacto tiene en la sociedad”. Nunca ha tenido problemas para que lo reciban. “Es una cuestión de esfuerzo y tiempo. Las relaciones institucionales son intensivas en el tiempo que tienes que dedicar a dialogar, es una cuestión de trato personal en el buen sentido del término”. Esa labor tiene su recompensa. Desde la Anfac, la patronal de los fabricantes de automóviles (también registrada en la CNMC), Félix Martín reconoce que gracias a la mediación de su organización “se modificó la regulación del contrato de relevo”, una medida menos traumática para que los trabajadores de más edad abandonasen el sector que fue respaldada por los sindicatos.

Conectar con otros grupos de interés es otra de las estrategias de los lobistas. José Ramón Pin, economista y profesor del IESE, analiza que “no se trata simplemente de presentar argumentos ante los que tienen que tomar decisiones, algo que sería una actitud reactiva, sino de establecer las condiciones de opinión pública para que los que toman las decisiones las tengan en cuenta”. Pone como ejemplo el aceite de oliva: “Cuando era pequeño nos decían que era malísimo, pero, a base de estudios, el sector ha logrado refutar esa idea extendida en la sociedad”. Los mensajes de los que habla se construyen con datos. “Todos los bancos tienen un servicio de estudios económicos. ¿Es que no se fían de las cifras públicas? No, lo que pasa es que necesitan tomar las decisiones con mucha antelación. Es parte de su estrategia a largo plazo”, señala Pin.

La cooperación, sin embargo, no está siempre presente. A la CEOE, la organización por excelencia dentro de la economía española, además de numerosos escándalos, le han salido duros competidores. El libro Los grupos de interés en España (Tecnos, 2016), dirigido por Joaquim Molins y en el que participan una veintena de autores, se analiza que la patronal vive un “intenso periodo de adaptación”, que la ha llevado desde su tradicional “estrategia de dominación en la representación de intereses empresariales [en especial de las Cámaras de Comercio]” a otra muy distinta. “La competencia de la CEOE es ahora el Consejo Empresarial para la Competitividad, organización promovida por el Instituto de Empresa Familiar”.

Bernardo Aguilera, director de economía y asuntos europeos de la patronal, no ve esa amenaza. “Por supuesto que hay otros organismos o estructuras representativas, pero la CEOE es muy tenida en cuenta”. Son una auténtica máquina de hacer propuestas, con 200 organizaciones territoriales y sectoriales y 22 órganos consultivos que trasladan sus posiciones a los órganos de gobierno. “Hemos hecho un esfuerzo enorme por la transparencia, la CEOE es de las pocas organizaciones con un código ético y de buen gobierno que tiene que ser admitido por sus miembros. Yo, como profesional, cuando voy a hablar con diferentes Administraciones, sinceramente no he notado que se nos haya restado credibilidad, porque nos ceñimos a explicar técnicamente cómo un planteamiento pueda afectar en un sentido u otro”.

Otra gran patronal que defiende actuar con la misma transparencia es Farmaindustria. Su director general, Humberto Arnés, aclara que su labor no es presionar ni defender el precio de un medicamento o buscar que lo autoricen. Recuerda que dedican el 20% de sus recursos a la investigación. “Elaboramos informes, estudios; nos basamos siempre en datos, en trabajados muy sólidos. No vamos sin los deberes hechos a una reunión”.

Ventajas desleales

En este juego de poder, diversas voces alertan sobre la ventaja que los lobbies tienen frente a ciudadanos particulares que no pueden invertir en promover sus ideas ante los poderosos. Gazpio recuerda que una iniciativa legislativa popular requiere de medio millón de firmas: “Hay suficientes barreras, como que la participación pública de los ciudadanos esté desincentivada”, juzga. Para Alba Gutiérrez, de Access Info Europe, el problema está en la falta de estándares internacionales. Considera que todas las leyes deberían tener una “huella legislativa” en la que quede claro con quién se ha consultado y qué documentación ha aportado cada grupo de interés durante su redacción. Y, sobre todo, que los despachos profesionales inscritos en los registros “den los nombres” de sus clientes.

Antes incluso de que España legisle los lobbies, hay quien duda de su eficacia. “No está suficientemente demostrada la relación entre tener grupos de interés y corporaciones transparentes y conseguir mayores cotas de confianza en las instituciones o en la reducción de la corrupción”, cree Joaquim Molins. “Si consultamos los listados internacionales de corrupción, países con registros [de lobbies] no son menos corruptos que los que no los tienen”. Lo fundamental, dice, no es la transparencia de esos poderes, sino “del proceso político en el que participan”.

Autora: María Fernández

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No es fácil definir la naturaleza de un lobby, más allá de la descripción propia de diccionario (un grupo que defiende sus intereses y actúa por persuasión, negociación o presión sobre los autores de las leyes). Pero un grupo de presión puede disfrazarse tras la careta de un grupo de estudios, de una asociación de exalumnos o de un colectivo de melómanos que, casualmente, son empresarios del aceite o del textil. Hasta el momento presente, en España (no en Estados Unidos ni en Europa), los lobbies negaban su naturaleza, a pesar de que constituyen una actividad legítima y plenamente reconocida. De hecho, un lobbyimplica una declaración de intenciones y, en esa medida, el reconocimiento de que el juego de fuerzas debe hacerse explícito para que los ciudadanos, votantes y clientes sepan a qué atenerse. Pero la cultura de los intereses en España ha discurrido más por el sendero del pacto de moqueta, el amiguismo y el quid pro quo individual. El país necesita un Max Weber que explique la aversión tradicional a la transparencia y el prejuicio, ampliamente extendido, de que las leyes y las normas aquí se hacen siempre a favor o en contra de alguien, sobre todo en contra. El lobby implica conceptualmente que se separan en distintas mesas los presionadores y los presionados, que se ponen enfrente y con camisetas distintas. Y eso es un gran avance, porque lo peor sería sentarlos en la misma mesa y con la misma vestimenta; así se acaba en una corrupción como la española o la italiana.

Si se admite la existencia legítima de los lobbies en España ¿por qué no se regulan en condiciones? Una sociedad que quiera tranquilizar a sus ciudadanos sobre las influencias espurias de los grupos de interés sobre el legislador debería contar con la transparencia y la convicción de que esas relaciones están reguladas de forma estricta como un argumento capital. Pero, a efectos del gobierno, es un asunto olvidado. Es poco probable que la regulación de los lobbies no cuente entre las reformas que se supone hay que hacer. Recuérdese que, además de una reforma laboral y de un rescate financiero (en Europa no había para más), la economía española necesita otras reformas (estas sí son de verdad) como una fiscal, otra de mercados y una tercera de la administración. Y eso sin mencionar los cambios legislativos que, sin alcanzar la categoría de grandes reformas, mejorarían el funcionamiento de la economía. Por ejemplo, una nueva concepción de los organismos reguladores de los mercados para dotarlos de independencia (hoy carecen de ella) respecto del gobierno.

Uno de esos reguladores, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, un ente frankensteiniano fabricado por el Gobierno para esconder su deseo de reducir su autonomía real, dispone de un registro voluntario de lobbies. Es una prueba más de la política de mostrar, pero no hacer; del parloteo en lugar del debate y del confundir el escaparate con la trastienda. Es sintomático que el registro se sitúe en la CNMC, un organismo limitado por su falta de independencia y sus alborotos internos, a la naturaleza de un departamento de estudios que promueve denuncias, pero que carece de autoridad entre los denunciados. No basta con un registro voluntario; la inscripción debe ser obligatoria y sujeta a normas que implique agendas, visitas, llamadas y tiempos de entrevista. Un registro público, al alcance de los ciudadanos que estén preocupados por lo que pagan en mercados mal regulados y peor liberalizados. No se trata de estar a la vanguardia de la transparencia mundial, sino de dar un paso modesto hacia lo que ya funciona.

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Las presiones denunciadas por Pedro Sánchez por parte de Telefónica y Prisa para que no formara Gobierno con Podemos, han puesto encima de la mesa un viejo debate en España: la regulación de los lobbies y la fuerte relación que existe entre empresas y políticos. Un matrimonio fructífero, carente de transparencia, que conlleva que surjan dudas sobre “una actividad que es normal. Las corporaciones defienden sus intereses y exponen sus argumentos. Es parte de la economía de mercado en la que vivimos”, según explica Manuel Villoria, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Sin embargo, esa ausencia de transparencia es la que ocasiona los casos de corrupción, de puertas giratorias, de falta de confianza por parte de los ciudadanos.Por eso, el ex ministro de Trabajo, Manuel Pimentel, ve necesario “adoptar medidas de transparencia para que los líderes políticos puedan conocer a las empresas más importantes de un país, y saber de primera mano sus necesidades y puntos de vista sobre su sector”.

Una situación que sí se vive en el epicentro del lobismo europeo: Bruselas. Allí, con la Comisión y el Parlamento en marcha, existe un nutrido grupo de presión compuesto por más de 8.500 miembros que gastan, anualmente, más de 3.500 millones de euros en influencia. Son datos públicos, que recoge Transparencia Internacional, y a los que ha tenido acceso Merca2.es. En ellos se puede comprobar cómo es precisamente Telefónica la compañía que más reuniones ha mantenido con dirigentes de la Comisión y el Parlamento: 37 desde que arrancó el gobierno de Jean Claude Juncker.

Encuentros logrados por sus seis lobistas que se han mantenido, en su mayor parte, con el área de Economía Digital. Destacan cinco citas (de las 37 registradas) con el Comisario del área, Günther Oettinger, con el que se trataron temas relacionados con el mercado único digital.

Le siguen, a continuación: Gas Natural Fenosa con 19 reuniones; Banco Santander (18); Iberdrola (18) y Repsol (13). En total, este Top 5 invierte 3,4 millones de euros en este tipo de acciones.

En contra de lo que puede parecer, y de que sean compañías del Ibex 35, no son las que más gastan. La palma se la lleva Secure Electronic Voting (Scytl), que se deja más de 44 millones de euros y, sin embargo, no ha mantenido ni una sola reunión. Eso sí, cuenta con un representante que trata de influir en el proyecto de reforma electoral, según confiesa la propia empresa.

Le siguen otras menos conocidas, aunque en el Top 5 encontramos al Real Instituto Elcano (3,3 millones) y la Asociación Española de Banca, la patronal bancaria, que presupuesta 3 millones de euros y tiene a cinco personas contratadas para ejercer presión en las leyes.

Los lobbies españoles cuentan, en total, con 113 lobistas profesionales acreditados en el Parlamento Europeo, y su presupuesto total asciende a más de 74 millones de euros.

No sólo las empresas están allí registradas. Encontramos también a patronales como la CEOE, que cuenta con 5 personas y un presupuesto de 700.000 euros; o alguna de sus territoriales como la CEOE de Tenerife, la de Teruel o la de Cantabria. Aparecen también otras como la patronal farmacéutica, Farmaindustria; la Asociación Española Hipotecaria o el sindicato Comisiones Obreras.

Por cierto, que el español Miguel Arias Cañete, comisario de Acción por el Clima y Energía, es el que más encuentros mantiene con estos grupos de presión: 350 desde que llegó al cargo. Se ha visto las caras con empresas y organizaciones de media Europa, entre ellas españolas como: Acciona, Cepsa, la Asociación Española Eólica, la Asociación Española de Cogeneración, UNESA, o Gas Natural Fenosa.

Como pueden ver una publicidad que se da en Bruselas, pero que en España es imposible. Por eso, los expertos reclaman más transparencia, pero también trazar la llamada Huella Legislativa que permite seguir la trazabilidad de una norma. Los primeros pasos se han dado, con la Ley de Transparencia de la Generalitat, o con algunas normas en Madrid y Barcelona. Sin embargo, y a tenor de lo declarado por Sánchez, parece que son insuficientes y se necesita avanzar en una norma Estatal.

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