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Silicon Valley ha tomado el carril lento hacia Washington. Empresas como Facebook y Amazon van por detrás de las telecos en lo que a intentar influir en el Congreso se refiere. Eso podría salirles caro en las batallas sobre la neutralidad y la privacidad de la red.

Las tecnológicas ya no pueden darse el lujo de la displicencia cuando se trata de política. Su actitud emprendedora en algunas áreas poco reguladas engendró en gran medida una actitud de evitar hacer lobby en la capital. Ahora, sin embargo, los republicanos quieren revertir las normas que exigen a los proveedores de Internet que traten el tráfico online de forma igualitaria e imponer estándares más estrictos para la protección de datos personales.

Eso deja a los titanes online compitiendo contra los experimentados y de bolsillos igualmente anc hos proveedores de Internet, como AT&T, Verizon y Comcast, que tienen más personal en sus grupos de presión en Washington. El año pasado, las telecos dedicaron alrededor de 86 millones de dólares a ello. El sector tecnológico no entró entre los 20 primeros sectores con más gasto.

En la primera mitad de 2017, Facebook, Google, Amazon y Apple sólo superaron ligeramente a las tres grandes telecos, a pesar de que su valor de mercado combinado es cuatro veces mayor. Google ha elevado su gasto –9,4 millones en el primer semestre–, que ya es algo superior al de AT &T, y también Amazon lo está subiendo.

Hacer presión con astucia puede marcar la diferencia. Para ayudar a impulsar la compra de Time Warner por AT&T, las compañías contrataron a un ejército de abogados de Washington. Los que se oponían al acuerdo tuvieron dificultades para encontrar gente sin conflictos de intereses. Incluso a los sofisticados lobbys de General Electric y Boeing les han pillado por sorpresa campañas con mejores recursos. Este año, la industria manufacturera fue superada por la minorista, que rápidamente se movilizó contra un posible ajuste tributario aduanero.

Las empresas de tecnología, acostumbradas a inventar nuevas maneras de hacer las cosas, están recibiendo un duro recordatorio de que las cosas en el Capitolio se hacen a la antigua.

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El grupo del Partido Popular en el Congreso de los Diputados ha presentado una propuesta de reforma del reglamento de la Cámara para la regulación de los grupos de interés. En Civio celebramos que se debata al fin este asunto, pero creemos que la propuesta se queda a medias. Primero, porque no aclara qué información se va a publicar en la página web del Congreso. Segundo, porque establece una definición de lobby que podría dejar fuera a buena parte de quienes lo ejercen. Y, tercero, porque se ha encomendado su seguimiento y control a la propia Presidencia del Congreso de los Diputados, que en la actualidad ejerce Ana Pastor (PP).

Por eso, hemos enviado a los partidos políticos de la Cámara Baja varias modificaciones a la propuesta planteada. La más importante pasa por su publicidad. Aunque la propuesta establece cuál será el contenido del registro y aclara que será “público”, marca que “la Presidencia, con el parecer favorable de la Mesa y de la Junta de Portavoces, adoptará las disposiciones necesarias para garantizar la publicidad del registro, con las garantías suficientes para proteger los datos que deban mantenerse reservados”. Eso que se deja para un desarrollo posterior es la clave de un registro enfocado hacia la rendición de cuentas y el seguimiento de la huella legislativa: qué se va a publicar y qué no.

Nuestra propuesta pasa por establecer que todo el contenido, excepto los datos de contacto de las personas físicas, se publique en la web del Congreso. Esta decisión, esencial, no se puede dejar en manos de un desarrollo posterior. Otra de nuestras propuestas de mejora pasar por modificar la definición de grupo de interés que incluye la reforma. La propuesta del PP deja fuera a multitud de entidades que ejercen como tal y se aleja de los estándares internacionales sobre la materia. Para Civio, un grupo de interés es “cualquier organización o individuo, independientemente de su estatuto jurídico, que defiende o expone intereses, en nombre propio o ajeno, con el objetivo de influir de manera directa o indirecta en la formulación o la aplicación de políticas y en los procesos de toma de decisiones de las instituciones”. Y así se lo hemos trasladado a los grupos.

Además de añadir contenido al registro para que cumpla su función de forma efectiva e incluir obligaciones para los diputados -la propuesta del PP solo contiene deberes para los grupos de interés-, nuestras recomendaciones incluyen un cambio de base: ¿quién se va a encargar de vigilar su cumplimiento? Según la propuesta popular, la propia presidencia de la Congreso, a cargo de Ana Pastor, miembro del partido del Gobierno y del de la mayoría de los diputados de la Cámara. Es decir: un solo partido vigilará que se cumpla la norma y gestionará el registro de una cámara plural. Para evitarlo, proponemos que las funciones de control pasen a la Comisión permanente del Estatuto de los Diputados, donde participan todos los grupos políticos del parlamento. Desde Civio creemos que el Congreso, por su papel vital en la vida pública española, no debe ir a la zaga de otras normativas y debe ser líder en rendición de cuentas, desde la apertura, la confianza y la honestidad.

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El pleno del Consell aprobó ayer el anteproyecto de ley regulador de la actividad de lobby en el ámbito de la Generalitat y su sector público, cuyo objetivo es garantizar la transparencia de estos grupos en la adopción de políticas públicas y poner freno a «la cultura del amiguismo».

Así lo explicó el conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, en la que destacó que la Comunidad Valenciana es la única autonomía que contará con ley específica que regule el fenómeno de los «lobbies» y ha precisado que no es una ley contra estos.

La futura ley incluye la creación de un Registro de Lobbies, que será electrónico, público, gratuito y obligatorio, para poner al alcance de la ciudadanía la información sobre la actividad e influencia de los grupos de interés en sus relaciones con la Administración. Esta ley contempla, además, sanciones que pueden alcanzar los 6.000 euros en caso de incumplimiento.

También regula un código de conducta para los «lobbies», con unos mínimos de obligado cumplimiento, además de sistemas de control y fiscalización de la información registral, y contempla la posibilidad de que ciertas normas puedan ser negociadas con estos grupos de presión, sin que eso sustituya la participación ciudadana y el trámite de audiencia actual.

Alcaraz ha explicado que el resultado de esta negociación no será vinculante, aunque en el caso de separarse del resultado del proceso de negociación, el Consell tendrá que motivar las razones de su posición negativa.

La futura norma define la actividad lobby, que toda comunicación directa o indirecta, oral o escrita, con los cargos o empleados públicos, para influir en la adopción de políticas públicas y en la elaboración de los proyectos normativos, desarrollada en nombre de un grupo organizado de carácter privado o no gubernamental.

Esta ley afectará a los cargos públicos y al personal empleado público de la Administración de la Generalitat y de su sector público instrumental.

Se regula también lo que se denomina «huella normativa», referida a la publicidad de los contactos que la Administración de la Generalitat mantiene con los lobbies durante la elaboración de los anteproyectos de ley y los proyectos de decreto, que se deberá relacionar junto a las normas y se publicará en el Portal de transparencia.

También se incluye un capítulo con el régimen sancionador específico en materia de lobbies y lobbismo, donde se tipifican los hechos que se consideran infracción para el lobby, cargo y empleado público y las sanciones que pueden suponer.

La Conselleria de Transparencia elaborará de anualmente un informe sobre la actividad y el funcionamiento del Registro de «Lobbies», cuya inscripción en él implicará obligaciones pero también beneficios, como poder presentarse como lobby inscrito en el registro delante de la Generalitat, lo que posibilitará la reunión o contacto con cargos de la Administración o empleados del sector público.

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El Ayuntamiento invita a participar a la ciudadanía con sus aportaciones para el futuro registro de lobbies

El Ayuntamiento de Madrid invita a participar a la ciudadanía con sus aportaciones para el futuro registro de lobbie, una vez que se ha publicado el borrador del acuerdo para poner en marcha esta herramienta. Los comentarios se pueden enviar hasta el 4 de junio. El área de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, con Pablo Soto al frente, está ultimando el registro obligatorio de lobbies, en el que tendrán que inscribirse aquellas personas o entidades que quieren inf …

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“Hacer lobby es anticiparte a tus oponentes”, dice mirando a cámara unaJessica Chastain dura, implacable, con el ceño fruncido, desde luego no la Jessica Chastain dulce y maternal que Terrence Malick, Jeff Nichols y compañía nos metieron hasta en la sopa hace unos años. El caso Sloane está a punto de terminar y a su personaje, la temible señorita que da título a la película, tacón de aguja, vestido de Armani, maquillaje hasta la coronilla, la hemos visto hacer todo tipo de salvajadas –escuchas ilegales, tráfico de influencias, etc– para ganar su particular batalla: que EE UU apruebe una regulación contra las armas.

Miss Sloane es una mujer de esas que el cine saca poco al terreno de juego: ambiciosa, inflexible, sin escrúpulos ni deseos de familia, brillante, despegada, con escasa experiencia en el arte de perder y con una determinación clara, ser la mejor pase lo que pase. Una serie de cualidades, parece decir el director de El caso Sloane, John Madden, ideales para vestir a una lobista empoderada. Porque de eso trata el nuevo filme del director de Shakespeare in Love, de una lobista que se pasa de un lobby malo a otro bueno para intentar que se apruebe una legislación a favor del control de armas. Pero, ¿acaso existen los lobbies buenos? ¿No eran todos los lobbies malos?

“Tenemos muy mala imagen –cuenta Carmen Muñoz, directora de Asuntos Públicos en Llorente & Cuenca desde hace cinco años y medio–. Hay mucha mística entorno a los que trabajamos cerca del poder pero realmente las cosas son más sencillas”. Según esta consultora y profesora de la Universidad Carlos III, algo de culpa tiene también el que, tradicionalmente, quienes hacían lobby fuesen los sectores con más fuerza económica y problemas regulatorios como el tabaco, alcohol, armas… “Pero ahora hay muchos sectores distintos y no todos son del Ibex 35”, continúa en aras de la transparencia a la que aspira para una profesión que la mayoría de las veces se esconde bajo el término más aséptico de “consultoría”. De ahí, probablemente, que diga que sí cuando le proponemos que nos acompañe a un pase de El caso Sloane y que se muestre tan dispuesta a hacernos ver cuán verosímil es la película de John Madden en su retrato del oficio de lobista.Porque, ¿qué demonios hace exactamente un lobista?

“En Llorente & Cuenca nos contratan clientes (empresas, fundaciones, ONGs…) que tienen una necesidad de influir, modificar o proponer una regulación al gobierno o al parlamento. Así que nosotros estamos en el medio de lo privado y lo público, somos un puente para que se entiendan estos mundos. Las empresas siempre necesitan negocio o reputación y los políticos quieren votos”, explica Carmen Muñoz sobre un oficio en el que se mezclan economistas, sociólogos, abogados, etc, con el fin de abarcar contratantes tan distintos como el sector energético, la economía colaborativa, los colegios profesionales, empresas de telecomunicación… Es una profesión, también, que varía según el país en el que se practique y el momento histórico. “La regulación va cambiando y surgen nuevos debates, como el que abre ahora la irrupción de los negocios digitales como Airbnb o Uber–comenta–. También ante problemáticas sociales como la de la inteligencia artificial, los drones, o el aceite de palma, que, curiosamente aparece en la peli”.

He ahí el primer punto a favor de El caso Sloane. No sólo porque toque un tema actual sino por su manera de abordarlo. “La película explica muy bien que, como lobista, tienes que estudiar a fondo los temas, por ejemplo, investigar qué dicen los informes científicos y los organismos reguladores sobre el aceite de palma. O en el caso de los negocios digitales, analizar todos los sectores a los que afecta su regulación”, explica convencida de que el filme hace una pedagogía fiable de lo que es el oficio. ¿También sobre esa anticipación que Jessica Chastain vende desde el tráiler cual Cruella de Vil? “También. Para nosotros, la anticipación es crucial. Tenemos que ser ágiles y estar preparados cuando surgen nuevas regulaciones tanto en España como en la Unión Europea –para lo que usamos sistemas de monitorización– y también ser rápidos en la comunicación con los políticos”.

Pero, ¿hay que ser tan fría e implacable como la señorita Sloane? Carmen se ríe. “Me pasma cómo describen su vida personal, que esté enganchada a las pastillas y que tenga un escort asignado para los miércoles por la noche. Salvo excepciones, los lobistas somos mucho más normales, tenemos familia y nuestro trabajo tiene muchas horas de ordenador, lectura, estudio… Nuestro día a día también incluye zapato bajo, sobre todo, cuando más toca correr”, explica comparándose con un personaje que, además, le parece demasiado masculino. “Hacer lobby tiene una parte muy emocional, hace falta una sensibilidad para la que el cerebro femenino está muy preparado porque necesitas esa empatía y esa inteligencia emocional para entender lo que te cuentan”, afirma y añade que cada vez son más las mujeres que se incorporan a la profesión.

Entonces, ¿a qué viene ese retrato que hace El caso Sloane del lobista como un ser tremebundo, frío y sin escrúpulos? En parte, por el efecto Hollywood, y,en parte, por las diferencias entre el lobista español, o europeo, y el de EE UU. “Son dos sistemas políticos muy distintos y eso afecta a la manera de hacer lobby. Nosotros tenemos contacto con una sola persona de cada partido político en el Parlamento. Esa persona tiene encomendado estudiar un determinado tema y por eso recurre a nosotros. En EE UU cada senador es un voto, así que te encuentras empresas de lobby que tienen contacto con cinco o seis senadores”. Un sistema selectivo y caro que consiste en ir, uno a uno, presionando a los políticos, lo que explica que Jessica Chastain se pase media película corriendo de un lado a otro de EEUU para convencer a los senadores de que voten a favor de la legislación contra las armas. “Nosotros nos basamos en un derecho constitucional para hablar con lo público desde un punto de vista de interés general –sigue Carmen– y esto te permite hacer un lobby de transparencia para que esa conversación sea constructiva”. También implica hacer menos matemáticas. “Chastain hace mucha geometría variable porque cada senador tiene una importancia en sí misma enorme. Nosotros sólo la hacemos cuando, como sucede ahora, el parlamento está muy disperso, porque hay grupos políticos pequeños pero muy importantes”.

Otra diferencia entre el lobista estadounidense y el europeo, nos cuenta Carmen, es la aproximación al político. Mientras que a Jessica Chastain la vemos por su cuenta y riesgo tratando de convencer a los senadores, “en España y en Europa los lobistas no hacemos representación de intereses, yo no voy sin cliente sino que simplemente le acompaño. Todavía creemos que la comunicación tiene que ser directa entre el político y el sector”.  ¿Y cómo es esa relación con los diputados? “Cada vez son más abiertos, tienen la obligación moral de recibir a todo el mundo y escuchar sus propuestas”, cuenta Carmen sobre relaciones muy formales y una agenda absolutamente profesional. “Se cuida mucho cómo son los correos electrónicos, que no se pueda sacar de contexto una propuesta”, explica sobre su obligación e interés de alejarse de la imagen que se ha creado sobre el lobby y más a causa de la corrupción que ha asolado España en los últimos años. “Intentamos crear una relación fluida con los políticos, no sólo recurrimos a ellos cuando tenemos algo que pedir sino que ellos muchas veces buscan a los grupos de interés para que les asesoremos sobre temas que no controlan”.Pero nada del compadreo que se ve entre lobistas y políticos en El caso Sloane.“Ese aspecto de la película chirría mucho. Vamos a eventos y nos vemos, pero no hay esa familiaridad”.

Cuando el personaje de Jessica Chastain decide pasarse al bando contrario y defender la regulación contra la tenencia de armas, todos sus compañeros presuponen un secreto vínculo emocional con el tema. Sin embargo, pese a su falta de escrúpulos y a las artimañas que emplea para ganarse los votos de los senadores, ella se limita a argumentar que es una cuestión de principios. ¿Es eso normal? Según Carmen Muñoz, lo es: “Nosotros hacemos un lobby ético, solamente trabajamos con clientes que tienen un interés de influenciar en la política legítimamente”. Más razones para que se regulen los lobbies, legislación que el gremio lleva años persiguiendo. “Queremos que se pierda la desconfianza sobre algo que es absolutamente normal, que los políticos hablen con las empresas. El problema sería que el político solo hablase con una empresa”,explica haciendo referencia a ex políticos con agenda y a las famosas puertas giratorias.

Además de la caza de votos directa, el lobby que lidera Miss Sloane utiliza a los medios de comunicación para influir en la opinión pública, creando campañas negativas que también ejercen presión en los senadores. “Me encanta el escrache de la rata que aparece en la película –bromea Carmen–, pero aquí, por código ético, no podemos hacer campañas negativas”. Caso distinto es el de las campañas positivas, el lobby indirecto en redes sociales y medios de comunicación. Por ejemplo, cuando una directiva de la Unión Europea tiene que ser traspuesta a España y, para agilizar un proceso que por lo general es bastante largo, se habla con los medios para que conozcan la problemática y publiquen sobre ella, llevando así el debate a la calle. “Cuando el debate está en los medios es más fácil que el político entienda el problema y agilice ese trámite”, explica Carmen sobre un proceso que además requiere investigación que muchas veces lideran las universidades.

Carreras por los aeropuertos de EE UU, debates en la televisión en prime time, semanas sin dormir y un porrón de horas extras en una oficina llena de ruido. ¿Se vive la profesión de lobista con la misma intensidad con la que la vive Jessica Chastain? “Ahí la película exagera mucho, porque nosotros tenemos mucho trabajo que consiste en ponerte la coleta y estudiar, en construir una narrativa bebiendo de muchas fuentes, de saber qué ocurre en otros países, etc”, reconoce Carmen. “Aunque claro que hay momentos de tensión, cuando una decisión importante está a punto de tomarse o conocerse y hay que operar rápido y, sobre todo, estar alerta”. Ya lo dice Jessica Chastain en El caso Sloane. Es una cuestión de anticipación.

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Ya hay autores, como Edward T. Walker1 , que se atreven a hablar de la “uberización del activismo”, haciendo con ello referencia a la movilización de los ciudadanos como parte de la estrategia de lobbying e influencia de una compañía. El ejemplo de Uber es uno de los más sonados en Europa, pero no el único. Las compañías empiezan a sumar esta otra dimensión de la influencia, que sigue siendo política, pero utiliza como acelerador lo social.

Vivimos una transformación en la forma como las empresas influyen en la elaboración y desarrollo de las políticas públicas. Una transformación creativa, que tiene mucho aún de tabú, y que está en el backstage de muchas organizaciones, con y sin ánimo de lucro. Una transformación que amplía las posibilidades de diálogo y participación política de las empresas, así como del resto de grupos de interés2, porque, donde la mayoría solo ve en la política más incertidumbre, volatilidad y caos, una minoría ha sabido ver más actores (ciudadano o consumidor lobista), más issues (de impacto directo e indirecto en el negocio), más canales (off y online) y más eficiencia (gracias, principalmente, al big data).

Influir en política

En esa transformación las mejor posicionadas han sido las empresas unicornio3, como puede ser el caso de Uber, Pinterest, Spotify, Dropbox o Airbnb, y las medianas B2C. En las primeras, porque su juventud las hace carecer de los prejuicios que tienen las empresas tradicionales –cuando de activismo se habla, las empresas suelen verse enfrente de los ciudadanos y no a su lado. En las segundas, porque su estructura más ligera, y su contacto directo con el consumidor final, les permite adaptar estrategias y aprovechar oportunidades de forma mucho más ágil. En unas y otras porque son nativas digitales, pero también las empresas tradicionales se plantean qué otras opciones tienen cuando los espacios clásicos de influencia en la política se hacen menguantes y el escrutinio sobre la acción de gobierno se amplia, socializa y diversifica.

Cambiarán muchas cosas, pero el interés de las organizaciones por influir en la convivencia, no. Más al contrario, cada vez más grupos de interés van a competir por ocupar posiciones de influencia pública. Cuando hablamos de influencia en política, nos referimos a las estrategias, tácticas y acciones que los grupos de interés llevan a cabo de forma legítima (ética, estética, legal y crecientemente transparente), con objeto de modificar, frenar o impulsar políticas públicas. Y, en este punto, es relevante subrayar la idea de legitimidad. El lobby, para ser tal, ha de ser legítimo, no solo en su origen, sino también en el mensaje (qué pide), en el medio (cómo lo pide) y en el fin buscado (para qué lo pide).

¿Pero a qué obedece la acción de los grupos de interés en política? La democracia no es un modelo unilateral. La democracia es un proceso que mejora en la negociación y en lo gris. Existe un trasvase continuo de información e influencia entre lo público (instituciones públicas) y lo privado (grupos de interés) del que depende la calidad democrática de las sociedades occidentales. Cuanto mejor sea la calidad de esa relación, cuanto más plural, cuanto más matizada, mejor es la política pública resultante. Más, si cabe, en medio de la complejidad actual. En una reciente conversación un miembro del Congreso decía que uno de sus aprendizajes en política ha sido que no existe un “sí” o un “no” puros y que, a medida que escuchaba a los distintos actores implicados en un determinado asunto público, ya fuera la regulación de la prostitución o el establecimiento de una renta mínima universal, más dudaba, y, probablemente, fruto de la duda y la confrontación, mejoraba su decisión final. “Nunca he cambiado tantas veces mi posición original sobre un asunto público como ahora que estoy en política”. Y es que, en la disciplina de partido, también caben los matices.

Las empresas hacen política

En un escenario de creciente transparencia, accountability y participación ciudadana4, ¿qué rol deben ocupar los grupos de interés para incrementar sus posibilidades de influencia en la agenda pública? Como mencionábamos al comienzo de este artículo, existen cuatro vectores clave de movimiento: más actores, más issues, más canales y más métodos.

Más actores. No solo hacen lobbying las empresas grandes y las ONG, los sindicatos o las patronales. Al diálogo con los poderes públicos se han ido sumando nuevos actores. La lenta normalización de las relaciones entre actores públicos y privados ha traído consigo que empresas o entidades que antes jamás se habrían atrevido a tocar las puertas de los parlamentos o los gobiernos, ahora lo hagan.

Lo hacen por razones intrínsecas: 1. sienten legitimidad para hacerlo (pedagogía de la responsabilidad pública), 2. se unen a otros a través de alianzas (representatividad), 3. invocan a sus clientes o fans haciéndoles partícipes del problema y protagonistas (grassroots). Y lo hacen, también, por razones extrínsecas como es el propio hecho de que las barreras de acceso o influencia en lo público son ahora menos, gracias a la oportunidad digital.

Más issues. Los grupos de interés, en términos generales, se involucraban en aquellos issues que directamente impactaban con su negocio (entendido en su sentido más amplio). Con el paso del tiempo, los grupos de interés fueron haciendo lobbying sobre cuestiones que podrían afectar, directa o indirectamente, en su reputación o la del sector en el que actuaban. Un ejemplo sería el del vino en España a comienzos del siglo XXI o, previamente, el azúcar. Ambos ganaron, al menos durante un tiempo, la batalla de la legislación gracias a un trabajo intensivo en la agenda mediática y la opinión pública. Un tercer nivel sería el de la responsabilidad con la comunidad o con el ‘momento’, que hace que los grupos de interés hagan lobbying también desde el compromiso con unos valores y con una visión de sociedad. Es el denominado lobbying for good5 o lobbying social, del que IKEA o Unilever pueden dar buenos ejemplos. Las cuestiones medioambientales fueron las primeras elegidas para desarrollar este tipo de prácticas, pero no serán los últimos ni los más valientes. Seguimos con la mirada en el negocio, pero a la rentabilidad económica le pedimos rentabilidad social y responsabilidad, incluso, política.

Más canales. El lobby legítimo era un lobby, fundamentalmente, de despacho. A los encuentros directos con políticos le siguieron encuentros con los allegados de los políticos, aquellas personas que podían tener influencia sobre aquéllos. A la información interesada se le pidió opinión, a ésta análisis, al análisis contraste, etc., y fuimos del cóctel y el pasillo, a las reuniones formales, y de ahí a los estudios de terceros y las encuestas, a las conferencias y visitas sobre el terreno, a los expertos independientes y las formaciones sobre temas complejos, etc. Y llegó lo digital y las posibilidades se multiplicaron y las barreras se redujeron y hoy hay muchos que, incluso, hacen lobbying por whatsapp. “Venga, al grano”.

Más métodos. El lobbying ha construido campañas y estrategias desde la intuición al análisis. Ha introducido herramientas cuantitativas y cualitativas de la sociología, incluyendo, claro, la observación de los comportamientos –coyunturales o no- de los partidos políticos y los actores políticos. Como ya ocurre en las campañas electorales, las campañas de lobbying y advocacy se sofisticarán y harán más eficientes y efectivas gracias a las posibilidades del big data.

En Estados Unidos y Gran Bretaña, sobre todo, empezamos a ver mucho de este out of the box. Pero, cambie lo que cambie en la gestión de la influencia en la política, el objetivo perseguido por las compañías seguirá siendo el mismo: proteger o mejorar el negocio y/o la reputación. Algo muy similar a lo que a comienzos del siglo pasado señalaba Edward Bernays sobre el papel de la propaganda en los ciudadanos: “por muy sofisticada y cínica que se vuelva la actitud del público hacia los métodos de la publicidad, éste siempre tendrá que responder a las demandas básicas, porque siempre necesitará comida, se pirrará por divertirse, aspirará a la belleza o acatará al liderazgo”.

El lobbying en el laboratorio

A lo largo de la historia la sociedad ha sido objeto de influencia con un fin de ordenación, control, movilización o dirección. La religión, por ejemplo, ha sido un productor máximo de narrativas que generaran un cierto orden y modelo de sociedad (valores, comportamientos, aspiraciones, etc.). El mainstream que vivimos es producto de una socialización más o menos consentida (más o menos necesaria). La sociedad, en forma de masa o “multitud”, es el eje sobre el que ha pivotado la toma de decisión pública. A él se sumaron, con la hegemonía del capitalismo, las corporaciones empresariales (las marcas) con un fin comercial, el de ser deseables, aspiraciones y objetos de consumo elegido.
Las corporaciones que quieren influir en las políticas públicas habrán de hacerlo teniendo muy en cuenta el clima de opinión social y mediática al respecto. Y si no existe tal, crearlo; si es contrario, alterarlo; y si es a favor, subrayarlo. Con ética, estética y transparencia, esa es la clave. Y es diferencial porque ya dijo Nietzsche que la verdad absoluta no existe y sí existen las perspectivas. Trabajemos pues en las perspectivas. Y en ellas, y desde ellas, antes incluso de traspasar la frontera de la posverdad, hay mucho que hacer. Es lo que podríamos denominar de lobbying de laboratorio, un lobbying de carácter indirecto, que se desarrolla en la opinión pública y que se contrapone al lobbying de salón, que es aquel que se ejerce de forma directa con los decisores de las políticas públicas de que se trate. Lo hace Greenpeace, lo ace Wall-Mart. Lo harás tú.

De la gestión de la influencia a la gestión del consentimiento 7

Las empresas han hecho un verdadero esfuerzo por ganar influencia en los despachos en los que se tomaban decisiones. Nunca ha dejado de ser importante el acceso al decisor. Y nada de eso cambiará demasiado, excepto el hecho de que más importante que la gestión de la influencia para acceder, habrá de ser la gestión de consentimiento social a la decisión pendiente de tomar. De forma que cuando los grupos de interés accedan al decisor, parte del trabajo esté ya hecho y la opinión pública [los votantes] no sea un riesgo para el político.

Y es que, después de la coerción –en el entendido optimista y generoso de que, en las sociedades postmodernas, y a pesar de Donald Trump, vivimos en la postcoerción-, la fórmula para cohesionar, dirigir y dar estabilidad a las sociedades cambiantes pasó por lograr la convicción del otro –del sujeto o multitud gobernada- y, cuando ésta se torna inasible, al menos su consentimiento. Vivimos en sociedades que consienten políticas –en el sentido de aceptar sin convicción-, pero que no se ilusionan con ellas. Consentimos medidas excepcionales (congelación de salarios), restricciones (al tráfico) o copagos (sanitarios), por poner solo tres ejemplos, fruto de una pedagogía social que nos señala que ese es el camino más adecuado aquí y ahora. El consentimiento es una resignación activa que da forma moral y convivencial a la sociedad que consiente y ofrece, por ello, una oportunidad para el lobbying por venir.

La cuestión que le sigue a la gestión del consentimiento tiene que ver con el tiempo porque, como dice Daniel Innerarity8, el medio en el que se desarrolla la política es el tiempo, pero nos estamos quedando sin tiempo para la política analógica. Los cambios regulatorios que requieren los sectores y las empresas tardan mucho, demasiado porque el reloj de la política es al de los negocios, lo que el reloj geológico al biológico. ¡Y qué decir en el caso de los negocios digitales! Las empresas de Silicon Valley han tardado en ir a Washington, pero, del prototipo a la patente, la principal barrera que se encontraron no fue técnica ni tecnológica sino regulatoria y, si me apuran, de comprensión del fenómeno y de las ganancias y pérdidas que generaba fuera de Silicon Valley. ¿Cuándo es un buen momento para regular los drones? ¿Y la inteligencia artificial? ¿Y el modelo de negocio de Airbnb o Uber?

Y, por último, en cada uno de estos casos, ¿buscamos que se regule desde el problema o desde el síntoma? Clay Shirky 9 hace mención al Gin Craze (“locura de la ginebra”) que padeció la sociedad londinense del siglo XVIII al punto que hubo una verdadera alarma social por los índices de alcoholismo que alcanzó. Las autoridades lo intentaron todo, con leyes que prohibían aspectos a lo largo de toda la cadena de valor de la ginebra, desde la producción a su venta final. Lo intentaron todo menos entender qué ocurría. Eso llegó mucho tiempo después, cuando al fin se comprendió que el problema no era la ginebra sino la razón por la cual se consumía en aquellas cantidades desorbitadas. Era el malestar social y las duras condiciones de vida que Londres ofrecía, fruto de la industrialización y el crecimiento poblacional descontrolado. Fueron las mejoras en éstas las que ayudaron a reducir los índices de consumo de ginebra.

Si, como decía Henri Bergson, el tiempo es duración, la única alternativa posible, hoy, es ganarle tiempo a la decisión política. Y solo se gana tiempo haciendo evidentemente necesario el cambio buscado -trabajando- la perspectiva y el consentimiento social. Pensemos en cualquiera de los ejemplos mencionados. La única palanca para acelerar los cambios regulatorios que están por llegar reside en identificar bien el objeto sobre el que queremos trabajar (el problema o el síntoma), facilitarle al máximo el trabajo a aquel que habrá de tomar la decisión, buscar el consentimiento de las partes implicadas (afectados), identificar transiciones justas entre lo viejo –modelo anterior- y lo nuevo –modelo propuesto- y convertirse en parte de la solución. De ahí la ‘uberización del activismo’ con la que iniciábamos este artículo. Porque gracias a tener más actores, más issues, más canales y más métodos, tenemos también más herramientas para enfrentar cómo influimos en la toma de decisión política, en la convivencia.

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En el siglo XIX quienes querían persuadir de algo a un miembro de la Cámara de los Comunes, se reunían con ellos en los pasillos. De ahí viene la palabra lobby, vestíbulo en inglés, actividad que Estados Unidos regularizó en 1946 con la Lobbying Act .

La idea de un registro de lobistas llegó en la primera década de los 2000 a Australia, Alemania, Reino Unido y Austria. La CNMC creó el primero de España en 2016, inspirándose en el de la Comisión Europea, también de naturaleza voluntaria. Después, Cataluña aprobó su ley autonómica para el sector.

Regularizar la profesión: una demanda de una década

Atendiendo a las recomendaciones del Consejo de Europa formuladas a través del Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECCO), la regulación de los «grupos de interés» se debate en el Congreso con dos propuestas de ley: la de modificación de Ley de Transparencia con un registro de lobbies y la del Reglamento de la Cámara. Cinco comunidades, Navarra, Castilla-La Mancha, Asturias, Navarra y Valencia, trabajan en ello también. «No había nada y ahora estamos desbordados», cuenta María Rosa Rotondo, presidenta de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Públicas, APRI. «Veníamos defendiendo nuestra actividad como una forma de participación que es necesario regular. Nos ha costado 10 años llegar hasta aquí», se queja.

«Regular los lobbies implica poner el foco en los grandes asuntos, saber cómo se toman las decisiones: cómo se regula el sector eléctrico o se rescata una autopista», explica David Cabo, cofundador de CIVIO. Esta fundación ya intentó que la regulación de los lobbies formara parte de la Ley de Derecho de Acceso a la Información. «Nos dijeron que era muy complicado», recuerda. «Somos los primeros en hacer lobbying ; nos reunimos con partidos políticos e intentamos introducir nuestras enmiendas en las leyes», reconoce. «Todo el mundo sabe que esas reuniones se producen, pero necesitamos reglas», demanda Rotondo.

Registro universal o excepciones

La cuestión de si todos los que se relacionan con entes públicos deben inscribirse en el registro está en el centro del debate. Los abogados pueden escoger hacerlo o no según la ley catalana y la valenciana excluye a sindicatos, organizaciones empresariales y asociaciones de consumidores. «No podemos imponer una sanción a determinadas organizaciones a las que la Constitución otorga una relación especial con la Administración por tener un papel constitucional reconocido», explicaba la Secretaria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación valenciana, Zulima Pérez Seguí en unas jornadas sobre la materia organizadas por la CNMC y la Fundación Chile-España.

Algo similar ha hecho el Ayuntamiento de Madrid, el primero del mundo en crear un registro para lobistas. «No tienen sentido que un municipio pequeño lo haga, pero Madrid gestiona un presupuesto de 5000 millones de euros», señala David Cabo. «Como no hay un marco regulatorio, no son propuestas homogéneas», denuncian desde APRI mientras recuerdan que la existencia de múltiples registros «no asegura la transparencia». Su propuesta es uno «común, obligatorio y universal que dependa del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno«.

Otro punto de desencuentro entre legisladores y profesionales es la cuestión de la confidencialidad. APRI declara su «preocupación» porque toda la normativa elaborada hasta la fecha conlleva la «publicidad activa» de la documentación que se entregue en las reuniones con autoridades. «La transparencia no está reñida con la confidencialidad», sostiene su presidenta, que critica esta visión por su «falta de eficacia» y la describe como «una forma burda de llegar a la huella legislativa, que es donde debe aparecer». En CIVIO, en cambio, creen que «hay que valorar interés público versus confidencialidad, como las enmiendas o modificaciones a las leyes», explica su cofundador.

Un segundo conflicto surge entre la protección de datos, regulada por una ley orgánica, y la transparencia, con un rango inferior. «Se usa para eludir dar la información», denuncia Cabo mientras hace referencia a una petición planteada por CIVIO al Ministerio de Defensa. «Queríamos saber quién viaja en los aviones oficiales. El Consejo de Transparencia avala nuestra demanda de información pero Defensa se niega a reconocer al Consejo y sus decisiones. Llevamos 16 meses con este tema», denuncia.

Ningún registro europeo de lobistas posee garantías para detectar «la influencia indebida»

Aunque la regulación de los lobbies en España está en sus inicios, en la Unión Europea ya son ocho los países que cuentan con registros nacionales de lobistas. El informe de Transparencia Internacional El lobby en Europa. Influencia encubierta, acceso privilegiado los analiza junto al de Transparencia de la UE que, por ejemplo, no incluye al Consejo de Europa. La puntuación más alta la obtiene el esloveno y la más baja el británico, aunque la supervisión en general «es débil o falta por completo». En resumen, ninguno de los países analizados puede presumir de «tener garantías adecuadas para detectar e impedir la influencia indebida».

El estudio destaca la importancia de definir «lobista» y «lobby» para que el registro y la regulación de la actividad sean eficaces ya que se detectó que en muchos casos su definición legal era «demasiado limitada» dando como resultado «registros débiles que no llegan a capturar a todos los que buscan influenciar las leyes y políticas» puesto que «ninguna contiene una definición adecuada».

Según esta organización, que reconoce ejercer el lobbying social, en la mayoría de Europa se da una «creciente profesionalización» del lobby. Entre los clientes de estos profesionales se encuentran empresas, asociaciones, agencias del sector público y ONG. Solo en Bruselas hay 30.000 lobistas, afirma el Corporate Europe Observatory.

Artículo original

La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) presenta una nueva y más amplia propuesta de regulación de la transparencia en la defensa de intereses ante los decisores públicos.

Tras un periodo de debate interno y consultas externas al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y a renombrados expertos jurídicos, APRI aporta una propuesta global con el objetivo de crear un escenario más transparente, que regule las relaciones entre la sociedad civil y la Administración Pública y sea consecuente con el actual entorno social y político español. 

Madrid, 14 de febrero 2017. APRI lleva desde el año 2007 reclamando la regulación del sector en línea con los principales estándares europeos que contemplan la creación de un registro de grupos de interés para hacer más transparentes las relaciones entre la sociedad civil y la Administración Pública. Una herramienta que existe en Bruselas desde el año 2012 y que permite a los ciudadanos conocer las personas y organizaciones que desean influir en las decisiones públicas.

Tras la propuesta realizada por nuestro colectivo en el año 2013 y reflejada en iniciativas parlamentarias, nuestra asociación ha decidido ampliar su propuesta de regulación incluyendo aspectos esenciales para el correcto desarrollo de la actividad. Una actividad que creemos fundamental para cualquier democracia y que hay que llevar a cabo con la máxima transparencia, ya que esta es esencial para mantener la confianza de los ciudadanos en la legitimidad de los procesos legislativos, administrativos y de adopción de políticas públicas.

Para la Presidenta de APRI, María Rosa Rotondo, “la nueva propuesta de APRI intenta ser consecuente con el entorno social y político en España posicionándose en defensa del ejercicio democrático de los profesionales del lobby, y de la demanda de transparencia de los ciudadanos”.

Por ello, APRI propone incorporar las medidas que permitirán garantizar de una manera efectiva el objetivo de transparencia y del derecho a la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos.

La propuesta de APRI -texto completo en el enlace– debe considerarse en su globalidad, acompañada de un conjunto de medidas complementarias para dotar el registro de grupos de interés de la eficacia necesaria. La propuesta desarrolla los siguientes aspectos:

  • Mejor definición de grupo de interés (Art. 2.1)
  • Creación de un Registro Común y su adscripción al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (Art. 3 y 4)
  • Mejor definición del ámbito de aplicación (Art. 7, 8 y disposición final 2)
  • Consecuencias de la inscripción detalladas y Código de Conducta (Art. 9 y 10)
  • Amplia definición de responsable público (Art. 2.3).
  • Mejor definición de derechos y obligaciones (Art. 11 y 12).
  • Agendas públicas (Art. 18 a 21)
  • Huella de la actuación pública (Art. 16)
  • Conflicto de intereses y puertas giratorias (Art. 22 y disposición final segunda)

Infografía 1Infografía 2

Infografía 3

A pocos días de que finalice el año, un total de 338 grupos de interés se han apuntado al registro que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)puso en marcha principios de marzo. El grupo más mayoritario de ‘?lobbies’? registrado hasta ahora lo constituyen las patronales empresariales, con la CEOE o la asociación madrileñaCEIM a la cabeza.

La Asociación Española de la Economia Digital, la Federación Española Empresarial de Transporte de Viajeros (ASINTRA) o la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados son otras de las patronales que se han registrado. También la de banca AEB, la de aerolíneas Aceta, la de bebidas refrescantes (Anfabra) o la Asociación Española del Gas.

Además, se inscribieron en el registro de grupos de interés de la CNMC las patronales de las de constructoras Seopan y CNC, la eléctrica Unesa, la de renovables APPA, la hotelera Cehat, la de seguros Unespa, las de comercio CEC y Anged, la del autobús Fenebus y la de telecomunicaciones Ametic.

También aparecen en el listado empresas en solitario, como Telefónica, Correos, Cellnex o Red Eléctrica, así como la plataforma para compartir coche BlaBlaCar, una de las compañías de consumo colaborativo más destacadas.

Por otro lado, se han inscrito asociaciones de consumidores como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la Confederación Española de cooperativas de Consumidores y Usuarios (Hispaccop), la de Usuarios de la Comunicación (AUC) la Asociación de Internautas y la Asociación de Usuarios de Internet.

Hay además empresas dedicadas a la comunicación (Evercom, Burson-Marsteller, Edelman, Hill and Knowlton o Llorente y Cuenca) y organizaciones sociales (Comité de Representantes de Personas con Discapacidad, la Plataforma de ONG de Acción Social o la Confederación LGTB Española Colegas).

Sin embargo, el ritmo de inscripciones en el registro se ha ralentizado en los últimos meses, ya que a finales de mayo eran ya cerca de 225 los ?lobbies? registrados y a finales de julio había 275. En lo que va de diciembre solo ha habido cuatro inscripciones, como señala Servimedia.

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A pocos días de que finalice el año, un total de 338 grupos de interés se han apuntado al registro que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) puso en marcha principios de marzo. El grupo más mayoritario de ‘?lobbies’? registrado hasta ahora lo constituyen las patronales empresariales, con la CEOE o la asociación madrileña CEIM a la cabeza.

La Asociación Española de la Economia Digital, la Federación Española Empresarial de Transporte de Viajeros (ASINTRA) o la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados son otras de las patronales que se han registrado. También la de banca AEB, la de aerolíneas Aceta, la de bebidas refrescantes (Anfabra) o la Asociación Española del Gas.

Además, se inscribieron en el registro de grupos de interés de la CNMC las patronales de las de constructoras Seopan y CNC, la eléctrica Unesa, la de renovables APPA, la hotelera Cehat, la de seguros Unespa, las de comercio CEC y Anged, la del autobús Fenebus y la de telecomunicaciones Ametic.

También aparecen en el listado empresas en solitario, como Telefónica, Correos, Cellnex o Red Eléctrica, así como la plataforma para compartir coche BlaBlaCar, una de las compañías de consumo colaborativo más destacadas.

Por otro lado, se han inscrito asociaciones de consumidores como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la Confederación Española de cooperativas de Consumidores y Usuarios (Hispaccop), la de Usuarios de la Comunicación (AUC) la Asociación de Internautas y la Asociación de Usuarios de Internet.

Hay además empresas dedicadas a la comunicación (Evercom, Burson-Marsteller, Edelman, Hill and Knowlton o Llorente y Cuenca) y organizaciones sociales (Comité de Representantes de Personas con Discapacidad, la Plataforma de ONG de Acción Social o la Confederación LGTB Española Colegas).

Sin embargo, el ritmo de inscripciones en el registro se ha ralentizado en los últimos meses, ya que a finales de mayo eran ya cerca de 225 los ?lobbies? registrados y a finales de julio había 275. En lo que va de diciembre solo ha habido cuatro inscripciones, como señala Servimedia.

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