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Las campañas de comunicación se han convertido en una de las armas más potentes para conseguir llamar la atención de los decisores en los órganos de decisión de la Unión Europea. A las tradicionales agencias de noticias y medios de comunicación especializados en la actualidad del Parlamento y la Comisión se suman las redes sociales. Russell Patten, CEO de Grayling Bruselas y Chairman de Asuntos Públicos para EMEA de la agencia de comunicación desvela cuáles son los medios de comunicación con más influencia y cómo utilizarlos para hacer lobby en Europa.

La mayor profesionalización del lobby y el acceso a los medios de comunicación de masas han provocado que cada vez más los encargados de legislar y tomar decisiones en el seno de la Unión Europea se dejen influenciar irremediablemente por los medios de comunicación, que actúan en muchas ocasiones como factores determinantes en la puesta en marcha de leyes o regulación. Muchas consultoras de lobby y asuntos públicos saben que un titular en el medio de comunicación adecuado en el momento justo puede cambiar la decisión de los europarlamentarios.

Según Russell Patten, CEO de Grayling Bruselas, “para hacer lobby es clave acudir a las tres instituciones europeas, es decir, el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo. Además, se necesita ser activo no solo en Bruselas, también las otras capitales europeas, Estrasbursgo y Luxemburgo”.

Pero en las estrategias de lobby y asuntos públicos en la Unión Europea también son claves los medios de comunicación. Aquí los diferentes medios se eligen dependiendo de su difusión. Así, las cabeceras que más influencia tienen en Bruselas son EurActiv, ENDS, Europolitics, Euronews o euobserver.com. A nivel internacional las agencias de noticias Reuters, Bloomberg o Financial Times son los medios por excelencia. Pero también las redes sociales se han convertido en medios capaces de ejercer presión sobre los órganos de decisión, como Twitter, Facebook o Linkedin.

Además de una correcta estrategia en medios de comunicación, Russell Patten apunta una serie de consejos para hacer lobby en Bruselas:

  • Conocer el proceso, así podemos intervenir en el momento preciso: “cuanto antes, mejor”
  • Operar en los tres órganos de decisión en Bruselas y en las instituciones clave de los estados miembros
  • Asegurarse que los mensajes clave son verdaderos y sólidos
  • El medio es el mensaje, así que asegúrate que tu interlocutor es creíble
  • Usar prescriptores del tercer sector y stakeholders que te den credibilidad
  • Espera lo inesperado y monitoriza
  • El lobby trata de encontrar soluciones y compromisos

 

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“!Qué hambre tengo! Búscame un lobista que me invite a comer”, espeta a su asistente un congresista en la serie americana Veep. Y tiene gracia, la verdad. Esta idea del lobista, como rara avis que sobrevuela parlamentos y ministerios en busca de nada bueno, triunfa. Podría haber sido peor, y que el congresista dijera “¡No tengo pasta! Búscame un lobista que me pague una comisión” o “¡Me echan del partido! Búscame un lobista que me haga consejero”. Es un chiste multimodal y archigracioso, admite múltiples combinaciones y todas hacen gracia. Prueba.

Existe en el imaginario colectivo un lazo que une la palabra lobista con el código penal. Es un lazo invisible o, si prefieres, un presunto lazo. Dejé de encogerme de hombros por esta analogía el día en que, en una reunión con un diputado, al hacerle entrega de un sobre, el diputado levantó las manos como si le apuntara con un arma. Tardé unos segundos en comprender el terror de sus ojos. Abrí el sobre ante su mirada perpleja, extraje con sumo cuidado las fotografías de la entrega de premios a la que había asistido el diputado y su equipo y se las mostré. Guardé el sobre, entregué las fotos, nos dio la risa. Fue un momento sobre-cogedor. Otro de los clásicos entre el humor de mis colegas. La risa como mecanismo de defensa.

De regreso a la oficina pensaba en Olivia Pope y en Remy Danton. Las fotos y yo éramos el antihéroe. La ficción como abismo insondable. Y pensé en el propósito de la acción de lobby. Salía de una reunión de trabajo, en la que solo había querido ser amable, y cuyo objeto era trasladar las conclusiones de un informe internacional sobre un asunto en pleno proceso de regulación. Si no hubiera sido por la risa y la ficción habría creído que la reunión y su contenido tenían valor para ambas partes. La privada, sí, pero la pública también.

Entre lo público y lo privado

Naturalizar el diálogo entre lo público y lo privado es un síntoma de madurez democrática. Más si cabe, en un contexto complejo, volátil e interdependiente como el actual. Las soluciones políticas ya no podrán ser unilaterales. Y, con huella legislativa, las soluciones políticas ya no podrán ser de parte. Lo veremos en los próximos me… años.

Regulación del `lobbying´

Solo nos falta un Gobierno y un Parlamento plenamente operativos para que la regulación del lobbying sea una realidad en nuestro país. Una regulación entendida como respuesta a una sociedad que reclama transparencia y trazabilidad en la toma de decisión pública. Ya hay iniciativas activas en varias autonomías y ayuntamientos y la propia CNMC se sumó hace unos meses, con la puesta en marcha de un registro de lobistas y la publicación de la agenda de sus altos cargos. Es un camino de no retorno y el reto no es hacerlo, sino hacerlo bien.

Pero nos faltan referentes y nos sobran recelos (y humor y ficción). Dice el filósofo Javier Gomá que, “en esta época postnihilista, en la que el autoritarismo y coerción han perdido definitivamente su poder cohesionador, solo la fuerza persuasiva del ejemplo virtuoso es capaz de promover la auténtica emancipación del ciudadano”.

Nos faltan referentes, comentaba antes de la digresión. La sociedad y la política están cambiando y nosotros, los grupos de interés y lobbies, hemos de hacerlo con ella. Pero hay poca literatura en español sobre lobbying, poca investigación en nuestras universidades, muy poca oferta formativa y muy pocos casos de éxito publicados y de los que aprender. Aún trabajamos en el apagón. Por eso, es una muy buena noticia que la Universidad Carlos III de Madrid y LLORENTE & CUENCA se hayan unido para poner en marcha el Título de Especialista en Asuntos Públicos y LobbyingNecesitamos contribuir entre todos a la profesionalización de la acción de lobby, como ese intercambio, legítimo y veraz, de información relevante que aspira, desde las empresas, las ong, las patronales o los sindicatos, a influir en la toma de decisión pública. Para que, poco a poco, el humor y la ficción ocupen su lugar y dejen a la realidad el espacio que le corresponde en la construcción democrática. Este debería ser un compromiso de todos. Búscame a ese lobista.

Autora: Carmen Muñoz

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Los ciudadanos piden la publicación en el Portal de la Transparencia de las agendas de «todos los altos cargos y diputados/senadores», así como la creación de un registro del lobby. Así figura en las alegaciones que los españoles han presentado al III Plan de Gobierno Abierto de España para llevar a cabo entre 2016 y 2018 y cumplir sus compromisos con la organización internacional Open Government Partnership integrada por 60 países. El Ejecutivo deberá incorporar al Plan una selección de estas iniciativas.

En estas alegaciones se pide la publicación de las agendas de trabajo completas con inclusión de «todas las reuniones profesionales», salvo las que tengan que ver con asuntos de seguridad nacional o pongan en peligro la vida y la seguridad de las personas implicadas.

«Se informará de los interlocutores, el motivo de la reunión, los documentos tratados y su impacto en la normativa final». Además, para poder exigir cuentas a nuestros representantes, «es importante conocer con quiénes se reúnen y a qué acuerdos llegan, y saber si, a la hora de aprobar una norma, el interés común prevalece sobre los intereses de terceros». Los grupos de interés no están regulados ni controlados en España. Por ello, se pide la creación de un registro que «incluya a todas las personas sin excepción que se reúnan con representantes políticos» para intentar influenciar en la tramitación de una norma o negocien precios u otro tipo de colaboraciones.

También se solicita que se establezca un control sobre las puertas giratorias de altos cargos y funcionarios. Las vueltas que dan estas puertas pueden tener impactos problemáticos en el proceso de toma de decisiones en dos situaciones. Una, el funcionario que espera trabajar en el futuro en una empresa privada «podría tomar decisiones favorables para mejorar sus oportunidades personales o por amistad». Y dos, aquélla en que la empresa del lobby aprovecha los contactos de sus nuevos empleados en antiguos trabajos públicos «para que presionen en los procesos legislativos por su conocimiento del sistema, de las personas que forman parte del mismo y responsables de tomar decisiones definitivas». Se propone fijar «un período de enfriamiento mínimo para que los altos cargos no puedan ejercer funciones de lobbistas» y asegurarse que la ley actual se cumple o si está dotada de independencia sobre la poco transparente Oficina de Conflictos de Intereses.

Entre otras alegaciones figura además habilitar un sistema de protección a los funcionarios que revelen la corrupción y crear un organismo de control de contratos públicos. También se pide la publicación de las actas de los órganos colegiados sobre contratación pública, subvenciones o financiación de los partidos;o la lista de espera de la sanidad o de quienes tengan vivienda pública.

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El Registro de Grupo de Interés o ‘lobbies’ creado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha alcanzado, seis meses después de su lanzamiento, los 300 inscritos, aunque solo cuenta con tres empresas del Ibex 35 apuntadas a él.

En concreto, Telefónica, Red Eléctrica de España (REE) y Cellnex Telecom son las únicas de las 35 ‘grandes’ cotizadas que figuran inscritas en el registro, una iniciativa con la que el organismo presidido por José María Marín Quemada pretende identificar y normalizar la actividad de estas organizaciones.

En el registro también figuran el nombre de otras empresas como Bombardier, BlaBlaCar, Correos, British American Tobacco España o EasyJet, entre otras, pero en su gran mayoría el número de registrados corresponde a las patronales empresariales.

Entre ellas, figuran la CEOE, que se adhirió a principios de abril, la patronal de la banca AEB, la de grandes consumidores eléctricos AEGE, la de gasolineras Ceees, la automovilística Anfac, la de constructoras Seopan, la eléctrica Unesa, la de renovables APPA, la de seguros Unespa, la de la industria agroalimentaria FIAB, la farmacéutica Farmaindustria o la de cajas de ahorros CECA.

Además, también se han dado de alta en el registro asociaciones de consumidores como OCU, la Confederación Española de cooperativas de Consumidores y Usuarios (Hispaccop) o la Asociación de Internautas y la Asociación de Usuarios de Internet.

En una entrada en su blog, la CNMC considera que aunque ya son varias las grandes empresas inscritas, deberían ser «un mayor número de estas organizaciones, vertebradoras de la vida económica de este país, las que se sumasen a esta apuesta por una relación transparente con el organismo que supervisa y regula los mercados, garantizando asimismo un saludable nivel de competencia en nuestra economía».

El Registro de Grupos de Interés creado por la CNMC, de carácter público y gratuito, tiene como objetivo crear un mecanismo institucional que haga transparente, de la forma posible, la contribución externa a la actividad de la Comisión, en cualquiera de sus vertientes.

La adhesión al Registro de Grupos de Interés implica la asunción de un decálogo ético que recoge los principios de actuación en las relaciones con los miembros de la CNMC (presidente, consejeros, directores y técnicos).

Pueden adherirse al registro empresas y grupos de empresas; asociaciones profesionales, empresariales o sindicales; consultorías profesionales; despachos y bufetes colectivos, asociaciones, plataformas y redes; grupos de análisis y reflexión e instituciones académicas, entre otros.

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Según informó el Gobierno de Castilla La Mancha, el pasado 06 de septiembre se aprobó el Proyecto de Ley de Transparencia, una vez recibido el informe del Consejo Consultivo y como paso previo al traslado a las Cortes para su debate. Entre las novedades de esta Ley se encuentra la regulación de los grupos de presión, conocidos como «lobbies», que deberán estar registrados en la región, además de abordar aspectos como gastos en publicidad, contratos de la Administración regional, relación de vehículos oficiales y régimen de sanciones que incluso recoge la posibilidad de inhabilitar a altos cargos.

El pleno del Ayuntamiento de Madrid del 27 de julio aprobó la Ordenanza de Transparencia de la Ciudad de Madrid, que ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del día 17 de agosto. Esta ordenanza ve la luz después de un intenso proceso de trabajo en el que se han incorporado las aportaciones de la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil, expertos municipales y de los grupos políticos municipales, e incluso nuestro colectivo.

Enlace al texto original de la Ordenanza

La labor de los lobbies no es buena ni mala en sí misma. Compañías, patronales, organizaciones sociales u otras entidades se dedican a trasladar sus puntos de vista y sus conocimientos avanzados sobre una materia a las instituciones encargadas de regularla, con el objetivo –claro- de que la normativa sea lo más acorde posible a sus intereses.

Con la transparencia suficiente para evitar presiones improcedentes y garantizando la independencia plena de los reguladores para no plegarse a posiciones contrarias al interés general por la presión de los lobbies, la tarea de las compañías directamente afectadas –o de las empresas subcontratadas por estar especializadas en las relaciones con la Administración- que busca de influir en el marco normativo no levantaría demasiadas suspicacias. O al menos no tantas como hasta ahora.

El problema son las dudas acerca de si el lobby se realiza con esa transparencia y si se soporta con independencia real por parte de las Administraciones. Una incertidumbre que aviva el hecho de que la labor del lobby no cuente con una regulación específica en muchos países (entre ellos, España o el conjunto de la Unión Europea).

A la espera de que llegue regulación, algunos estudios confirman el gran partido que las empresas son capaces de sacarle al lobby, con un impacto directo en el incremento de su rentabilidad. Según un reciente informe de James Bessen, economista y profesor de la Boston University School of Law, las inversiones en lobby y actividades políticas se han convertido en el parámetro con mayores márgenes de rentabilidad para las empresas y en un aspecto primordial en el incremento de los beneficios corporativos.

En el estudio se analizan la evolución de los beneficios de las compañías estadounidenses desde 1970 y la evolución en el mismo periodo de los márgenes de rentabilidad de las inversiones en capital, en equipos, en investigación y en lobby, entre otros aspectos. Los resultados, recogidos en Harvard Business Review, desvelan que hasta aproximadamente el año 2000 el factor que más influía en el incremento de los beneficios de las empresas era la inversión en I+D, pero con el nuevo siglo la inversión en lobby y en labores políticas y de regulación se ha colocado como el principal factor en los resultados de las empresas con carácter general.

Según otro estudio elaborado por profesores de la Universidad Washington y Lee y la Universidad de Kansas, el retorno económico de las actividades de lobby sería absolutamente disparatado. El informe, datado en 2009, por cada dólar invertido por las compañías en influir en la regulación que le afecta acabarían obtenido 220 dólares.

Los sectores que se verían más directamente beneficiados por la labor de sus compañías en lobby, y dada su dependencia de sus actividades en relación a los marcos regulatorios, son fundamentalmente cinco: el sector farmacéutico y químico, petróleo, equipos de transporte y defensa, servicios públicos y comunicaciones. De hecho, estos cinco sectores ven condicionado prácticamente todo el margen de beneficio en función de influencia política, al menos en Estados Unidos (aunque es evidente que no sólo y que el escenario se repite en otras latitudes).

El impacto del lobby en los resultados de las compañías va mucho más allá de la mera consecución de una rebaja de impuestos (que de manera evidente permite elevar el beneficio), y contempla otros escenarios más complejos. De hecho, Bessen apunta casos en que las leyes en que aumentan los estándares de seguridad y las exigencias medioambientales pueden acabar elevar los beneficios de las empresas afectadas al impedir que otras nuevas compañías entren en el mercado.

Autor:  Raúl Hernández González

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