El jueves 9 de julio los socios de APRI tuvieron la oportunidad de asistir al segundo debate #ConciliaciónAPRI, esta vez centrado en la perspectiva empresarial. Los ponentes que participaron fueron Rafael Fuentes, director general de la Fundación MásFamilia; Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas; Andrés Ortega, Head of Employee Experience de ING España y Portugal; y Gloria Juste, directora de proyectos de la Fundación Endesa y presidenta de Mujer, Familia y Trabajo.

Primero, Rafael Fuentes afirmó que, efectivamente, la Covid nos ha demostrado que sí se puede trabajar de una manera distinta; el teletrabajo permite la conciliación, gracias a la flexibilidad espacial y horaria y, como novedad debido a la pandemia, el trabajo en remoto supone un beneficio para trabajadores y empresas también por motivos de salud. De todas maneras, las empresas deben continuar aprendiendo a facilitar la conciliación, lo que conlleva un reto especialmente destacable para las pymes y micropymes por motivo de la plantilla que emplean.

Ana Gómez centró su intervención en el anteproyecto de ley del trabajo a distancia que se está redactando actualmente. Recordó que el teletrabajo antes era una opción por la que casi ningún trabajador optaba, pero que, debido al coronavirus, ha aumentado considerablemente, pero de manera improvisada y poco precisa. Dicha prisa también ha repercutido en el anteproyecto, que sigue sin ser claro y preciso; es muy rígido para las empresas, ahonda en el intervencionismo (según el borrador, las empresas deberían sufragar todos los gastos, incluidos otros que antes caían por cuenta del trabajador, y no tiene en cuenta los gastos que se ahorra el propio trabajador, como la gasolina), y, además, no define con precisión lo que es el teletrabajo. No obstante, recordó que el anteproyecto aún está en fase de diálogo social, y es optimista en que no caerá en un decreto ley, sino que llevará el tiempo necesario para conseguir un consenso y, por lo tanto, una ley precisa.

Andrés Ortega, por su experiencia trabajando en una empresa holandesa, comparó la regulación para el trabajo a distancia entre España y Países Bajos, estando el primero aún a la cola. Recordó que ya hubo intentos de regular el teletrabajo en España entre 2016 y 2017, pero no recibieron el esfuerzo necesario y no tuvieron unos resultados tan veloces como se están viendo tras la Covid, que ha acelerado notablemente los intentos previos y que, como destacó, incluye la perspectiva y experiencia de las nuevas generaciones, más digitalizadas. Además, defendió que una regulación del trabajo a distancia supondría un aumento de medidas beneficiosas para las empresas y los trabajadores, lo que repercutiría directamente en un mayor impacto positivo en los clientes. En resumen, para lograr una legislación moderna, se debe seguir la hoja de ruta que ya se buscaba, pero incorporando lo aprendido durante la pandemia.

Gloria Juste, desde la Fundación Mujer, Familia y Trabajo, defendió que la conciliación laboral siempre ha sido un desafío para las mujeres, por lo que se debe aprovechar esta nueva oportunidad, más que nueva normalidad, para conseguir una buena legislación del teletrabajo que facilite la flexibilidad horaria y espacial y, por lo tanto, la conciliación. De hecho, la flexibilidad horaria no se limita únicamente al cuidado de menores y mayores, que es donde se suele poner la atención, sino que también es un efecto más de la globalización: cada vez es más normal que las empresas trabajen con otras de distinto huso horario.

Finalmente, María Rosa Rotondo destacó que la Covid ha supuesto en España un avance cultural y digital de seis años y que repercutirá favorablemente en las empresas. De hecho, estamos empezando a aprender a trabajar en remoto y a utilizar todas las herramientas que dicha modalidad nos ofrece.

El pasado martes 2 de julio tuvo lugar el nuevo coloquio de APRI Salud en el que Sergio Hinchado, Business Manager en Life Science Hays, David Reyero, Senior HR Business Partner en Sanofi, y Pablo Maderuelo, Associate Director Health Policy en Kreab, dieron su visión sobre el perfil de los profesionales de las relaciones institucionales en el sector sanitario bajo la perspectiva de las consultoras, head-hunters y empresas.
 
En orden de intervenciones, Sergio Hinchado comenzó explicando que el área de las relaciones institucionales es un campo muy valorado por las compañías y que ha sufrido una evolución de sus funciones en los últimos 10 años. De este modo expuso la falta de definición del profesional de las RRII ya que no existe un quorum sobre su terminología ni sobre su contexto académico, haciendo de los profesionales de este sector perfiles muy polivalentes.
 
David Reyero fue el siguiente en tomar el turno de palabra dando su visión desde el mundo de la empresa. Coincidió con los puntos del anterior ponente y añadió que el área de las RRII es un área de presente y de futuro con resultados a medio – largo plazo. Reyero explicó que el factor de éxito en este sector depende más de la persona que de su bagaje académico ya que la clave se encuentra en la capacidad de entender la empresa privada con una visión estratégica y de negocio. Finalmente, resumió en cuatro las características principales del profesional de las relaciones institucionales; los conocimientos, las competencias, los valores y el propósito.

El último ponente en intervenir fue Pablo Maderuelo quien se enfocó en el valor que se puede aportar desde las consultoras al sector salud. Habló de un doble contexto político – sanitario debido a la alta politización del sector que a su vez se encuentra en transformación. Maderuelo encontró así 5 características esenciales para reforzar la labor de la consultoría en el ámbito de la salud. En primer lugar, el dominio de la conversación pública que nos permita detectar riesgos y oportunidades a través de la monitorización. Segundo, el conocimiento de la técnica parlamentaria ya que entender dicho proceso permite arrojar certidumbre. Finalmente, el dominio del funcionamiento de las instituciones junto a la capacidad de comunicación y el Market Access. Sin embargo, es muy difícil encontrar un profesional que reúna los 5 puntos. En conclusión, los tres ponentes coincidían en que el perfil del profesional de las relaciones institucionales es multidisciplinar, en ebullición y no definido
 


Para finalizar el coloquio, tras las aportaciones de los tres invitados se abrió una ronda de preguntas en la que se trataron asuntos como las puertas giratorias, las relaciones con las patronales y asociaciones, los presupuestos o la labor de la Comisión para la Reconstrucción en el Congreso.El pasado martes 2 de julio tuvo lugar el nuevo coloquio de APRI Salud en el que Sergio Hinchado, Business Manager en Life Science Hays, David Reyero, Senior HR Business Partner en Sanofi, y Pablo Maderuelo, Associate Director Health Policy en Kreab, dieron su visión sobre el perfil de los profesionales de las relaciones institucionales (RRII) en el sector sanitario bajo la perspectiva de las consultoras, head-hunters y empresas. Los tres ponentes coincidieron en señalar que el perfil del profesional de las relaciones institucionales es multidisciplinar, en ebullición y estratégico para las organizaciones.
 
En orden de intervenciones, Sergio Hinchado comenzó explicando que el área de las relaciones institucionales es un campo muy valorado por las compañías y que ha sufrido una evolución de sus funciones en los últimos 10 años. De este modo expuso la falta de definición del profesional de las RRII ya que no existe un quorum sobre su terminología ni sobre su contexto académico, haciendo de los profesionales de este sector perfiles muy polivalentes.
 
David Reyero fue el siguiente en tomar el turno de palabra dando su visión desde el mundo de la empresa. Coincidió con los puntos del anterior ponente y añadió que el área de las RRII es un área de presente y de futuro con resultados a medio – largo plazo, y por lo tanto estratégico. Reyero explicó que el factor de éxito en este sector depende más de la persona que de su bagaje académico ya que la clave se encuentra en la capacidad de entender la empresa privada con una visión estratégica y de negocio. Finalmente, resumió en cuatro las características principales del profesional de las relaciones institucionales; los conocimientos, las competencias, los valores y el propósito.
 
El último ponente en intervenir fue Pablo Maderuelo quien se enfocó en el valor que se puede aportar desde las consultoras al sector salud. Habló de un doble contexto político – sanitario debido a la alta politización del sector que a su vez se encuentra en transformación. Maderuelo encontró así 5 características esenciales para reforzar la labor de la consultoría en el ámbito de la salud. En primer lugar, el dominio de la conversación pública que permite detectar riesgos y oportunidades a través de la monitorización. Segundo, el conocimiento de la técnica parlamentaria ya que entender dicho proceso permite arrojar certidumbre. Finalmente, el dominio del funcionamiento de las instituciones junto a la capacidad de comunicación y el Market Access.
 
Para finalizar el coloquio, tras las aportaciones de los tres invitados se abrió una ronda de preguntas en la que se trataron entre otros asuntos como el de las puertas giratorias, las relaciones con las patronales y asociaciones o la ética y transparencia en el ejercicio de las funciones de los profesionales de las relaciones institucionales o asuntos públicos. El pasado martes 2 de julio tuvo lugar el nuevo coloquio de APRI Salud en el que Sergio Hinchado, Business Manager en Life Science Hays, David Reyero, Senior HR Business Partner en Sanofi, y Pablo Maderuelo, Associate Director Health Policy en Kreab, dieron su visión sobre el perfil de los profesionales de las relaciones institucionales en el sector sanitario bajo la perspectiva de las consultoras, head-hunters y empresas.
 
En orden de intervenciones, Sergio Hinchado comenzó explicando que el área de las relaciones institucionales es un campo muy valorado por las compañías y que ha sufrido una evolución de sus funciones en los últimos 10 años. De este modo expuso la falta de definición del profesional de las RRII ya que no existe un quorum sobre su terminología ni sobre su contexto académico, haciendo de los profesionales de este sector perfiles muy polivalentes.
 
David Reyero fue el siguiente en tomar el turno de palabra dando su visión desde el mundo de la empresa. Coincidió con los puntos del anterior ponente y añadió que el área de las RRII es un área de presente y de futuro con resultados a medio – largo plazo. Reyero explicó que el factor de éxito en este sector depende más de la persona que de su bagaje académico ya que la clave se encuentra en la capacidad de entender la empresa privada con una visión estratégica y de negocio. Finalmente, resumió en cuatro las características principales del profesional de las relaciones institucionales; los conocimientos, las competencias, los valores y el propósito.
 
El último ponente en intervenir fue Pablo Maderuelo quien se enfocó en el valor que se puede aportar desde las consultoras al sector salud. Habló de un doble contexto político – sanitario debido a la alta politización del sector que a su vez se encuentra en transformación. Maderuelo encontró así 5 características esenciales para reforzar la labor de la consultoría en el ámbito de la salud. En primer lugar, el dominio de la conversación pública que nos permita detectar riesgos y oportunidades a través de la monitorización. Segundo, el conocimiento de la técnica parlamentaria ya que entender dicho proceso permite arrojar certidumbre. Finalmente, el dominio del funcionamiento de las instituciones junto a la capacidad de comunicación y el Market Access. Sin embargo, es muy difícil encontrar un profesional que reúna los 5 puntos. En conclusión, los tres ponentes coincidían en que el perfil del profesional de las relaciones institucionales es multidisciplinar, en ebullición y no definido
 
Para finalizar el coloquio, tras las aportaciones de los tres invitados se abrió una ronda de preguntas en la que se trataron asuntos como las puertas giratorias, las relaciones con las patronales y asociaciones, los presupuestos o la labor de la Comisión para la Reconstrucción en el Congreso.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) publicó el pasado viernes 26 de junio la revisión parcial prevista del Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas. Una medida que actualiza y adapta varias recomendaciones del Código a diversas modificaciones legales aprobadas desde su publicación y aclara el alcance de otras que habían suscitado ciertas dudas, la atención a aspectos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo, o las remuneraciones. En el nuevo código se refuerzan los criterios de transparencia como la relación de las sociedades cotizadas con los grupos de interés gracias a las aportaciones de APRI.
 
El pasado mes de febrero APRI participó en el proceso de participación pública con un documento de aportaciones en el que APRI proponía incluir principios relativos a la transparencia en la relación de las sociedades cotizadas con los poderes públicos, es decir, la acción de la empresa cotizada como grupo de interés que ejerce su influencia ante organizaciones públicas y políticas con el objeto de defender sus intereses. En este sentido, proponíamos incluir en la recomendación 54 y 55 la acción de las empresas como grupo de interés.
 
Asimismo, sugerimos la inclusión de la recomendación de creación, por parte de las empresas cotizadas, de Códigos de Conducta específicos para su relación con los responsables públicos, la implementación de políticas de lobby o incidencia política, o bien que se adscriban a otro ya existente en su actuación como grupos de interés.
 
La CNMV recogía todas nuestras propuestas menos la creación de Códigos de Conducta específicos para su relación con los responsables públicos.
 
Desde APRI consideramos que el ejercicio de la transparencia de las sociedades cotizados es cada vez más necesario. Los ejemplos, hasta la fecha, son poco alentadores. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha criticado en varias ocasiones la reticencia de empresas del Ibex a inscribirse en el Registro de Grupo de Interés creado por el regulador en 2016. Si bien el Registro hasta ahora es voluntario, solo tres empresas del Ibex 35 han decidido inscribirse. Estas reticencias contrastan con la actuación de las empresas cotizadas fuera de España, en el Registro de Transparencia de la Unión Europea figuran inscritas la mayor parte de las mismas.
 
Desde su fundación, APRI ha entendido la importancia de la transparencia en el desarrollo de las relaciones con la administración del Estado. La transparencia, es un valor al alza que las sociedades demanda por igual a las administraciones y empresas. Por ello, desde APRI abogamos por la inclusión de principios relativos a la transparencia en la relación con los poderes públicos de las sociedades cotizadas en sus Códigos de Conducta.

El jueves 25 de junio los socios de APRI tuvieron la oportunidad de tener una sesión de formación sobre transparencia en la Unión Europea con el director de la Society of European Affairs Professionals (SEAP), João Teixeira de Freitas, en el que se habló sobrecómo se gestiona la transparencia y la actividad del lobby en la Unión Europea. João Teixeira de Freitas explicó los distintos avances en este campo. En 2011 se fundó el Registro de Transparencia en el Parlamento y la Comisión Europea; se publicaron los Códigos de Conducta; y se garantizó el acceso a los documentos legislativos de la Comisión y del Parlamento, excepto aquellos en materia de seguridad pública o actividad militar. 

El director de SEAP también repasó los principales desafíos a los que se enfrentan el sector en Bruselas: lograr una transparencia total de las instituciones europeas, definir claramente qué es el lobby y de qué manera deben registrarse las interacciones de los lobistas con las instituciones europeas, ejercer el lobby con ética profesional, perseguir la corrupción y los conflictos de intereses, y definir una postura común sobre las puertas giratorias.

Por último, repasó, el panorama profesional tras la crisis sanitaria, resaltando las oportunidades que presenta el entorno digital; como por ejemplo, la posibilidad de registrar las reuniones y publicarlas en la web, o mantener reuniones online para agilizar el trabajo.

Juan Fran Cuello de Oro, Director y Asesor en la industria sanitaria y socio de APRI

Durante estas semanas, de obligado confinamiento, el grupo de Salud hemos tenido el gran privilegio de asistir a webminars donde hemos podido abordar diferentes temas, desde conocer cómo fue posible construir el hospital de campaña de Ifema, el impacto ético de las tecnologías para el control del covid19 o la nueva arquitectura de las oficinas tras la pandemia.

El pasado 4 de junio tuvimos la suerte de conocer de primera mano los trabajos sobre la comisión para la reconstrucción social y económica en el congreso gracias a Mario Garcés Sangustin.  

Entre otras cuestiones, la crisis del covid 19 ha situado en primer plano el debate necesario del diseño y transformación del ecosistema de salud, donde se vuelve inaplazable un pacto de Estado que garantice un sistema de salud eficaz, ágil y sostenible.  La gestión de la pandemia del covid 19 ha exacerbado y hecho visibles problemas estructurales existentes como su capacidad operativa, agilidad, eficiencia y su sostenibilidad, tan sólo sostenida por la elevada profesionalidad y compromiso que han demostrado y siguen demostrando los profesionales de la Salud.

Entre otros cambios el sistema debe abrazar de forma definitiva su digitalización, para equilibrar la atención y la salud, su sostenibilidad y su operatividad. Ello cambiará las dimensiones del debate que evolucionará de la operatividad y sostenibilidad del ecosistema (imprescindible) a su dimensión política, como las condiciones de acceso, obligaciones y derechos, que necesariamente llevará a un debate ético.

Como escribí a principios de abril, la pandemia del COVID-19 es una de esas crisis que moldean la historia, un catalizador que acelerará tanto la magnitud como la velocidad de los cambios. Las pandemias han sido un elemento transformador de nuestras sociedades a lo largo de la historia. La peste de Justiniano (siglo VI), la peste negra (siglo XIV) o la Viruela (Siglo XVI-1977) trasfiguraron las sociedades en las que aparecieron, cambiando o influyendo decisivamente el curso de la historia[1].

Pero más recientemente, como escribió Peter Baker en su artículo publicado en The Guardian: “La epidemia global de gripe de 1918 ayudó a crear los servicios nacionales de salud en varios países europeos, que junto a la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial sentaron las bases para el moderno estado de bienestar[2]”. O los cambios en salud y comportamiento social que ha provocado el VIH[3].

Lo que podemos estar seguros es que elSARS-CoV-2 puede ser y será un motor de cambio, de hecho, lo está siendo ya, en muchos aspectos de nuestra vida. Sin más, el confinamiento obligatorio de la población, llevó a que casi todas nuestras relaciones pasen del mundo físico al mundo digital.  Así, el pasado martes 10 de marzo, DE-CIX Frankfurt, el mayor punto de intercambio de internet a nivel global, alcanzó la cifra récord de 9,1 Terabit por segundo[4], gracias a la explosión del teletrabajo, el e-learning, el giro del consumo a la compra on-line o al ocio electrónico.

Si hay un sector que ha estado ampliamente impactado por esta calamidad, es el ecosistema de Salud. Hemos visto a diario la situación de los hospitales y el heroico compromiso de los profesionales de la salud. Pero a la vez observamos, forzados por la situación, hemos adelantado más de 10 años en la incorporación de elementos tecnológicos que deberían generar cambios definitivos en cómo nos relacionamos con la Salud y en como se transforma nuestro maltrecho sistema sanitario.

Quizás uno de los cambios más visibles es la explosión clara de la Telemedicina. El miedo a ir a los hospitales, que haya centros de salud cerrados y en paralelo el gran volumen de demanda de los servicios sanitarios, han superado las barreras regulatorias y sociales para que confiemos en que un profesional de la salud nos pueda atender a través de una pantalla de un móvil, tableta u ordenador. Los mismos pacientes con COVID19, están siendo seguidos a domicilio a través de telemedicina, pero otras especialidades como, por ejemplo, ciertas consultas ambulatorias, atención primaria, dermatología o pediatría entre otras, la han incorporado o piensan incorporarla como una práctica habitual, dependiendo de los casos.

Existe una gran diferencia entre la sanidad pública y privada, pero en el corto plazo, la total adopción de la telemedicina podría tener un alto impacto en los sistemas de salud permitiendo que sean más ágiles, eficaces y sostenibles. Tan sólo en los USA, la Asociación Médica Americana afirma que «casi el 75% de todas las visitas al médico, y a los servicios de urgencia son innecesarias o podrían ser manejadas de manera segura y efectiva por teléfono o videoconferencia[5]». Pero si miramos un poco más cerca, un estudio de la Fundació TIC Salut Social y la Oficina eSalut (CatSalut. Servei Català de la Salut de la Generalitat de Catalunya) concluye que casi el 80% de las teleconsultas con la atención primaria (eConsulta) evitan una visita presencial[6].

Otra de las tendencias implacables que estamos viendo, debido a la alta transmisibilidad del virus, es la implementación de la robótica o droides de forma extensiva en los hospitales. Hemos visto robots que ejercían como una extensión del equipo médico o de enfermería, como el robot Vici[7] desarrollado por la empresa InTouch Health, que permite la comunicación con el paciente a través una pantalla, altavoces y un micrófono, pero, además, también posee un fonendoscopio y permite realizar pruebas básicas como la medición de temperatura.

Pero sin duda alguna, el uso de nuestros teléfonos móviles como elemento de salud está siendo un pilar fundamental en el control de la pandemia. Establecerá un precedente y hábitos que tendrán un impacto definitivo en el futuro. Desde el control epidemiológico de la misma, ya sea a través de la geolocalización o del uso de Bluetooth, para saber si se ha estado cerca de un foco de contagio, como ha utilizado el gobierno de Singapur, o la alianza de Google y Apple[8] que, según ellos mismos, quieren realizar para ayudar a gobiernos y a los organismos de salud a reducir la propagación del virus. Hay muchos ejemplos disponibles, como la utilización de APPs que traqueen los síntomas para acelerar el triaje de posibles pacientes, como son las utilizadas por los gobiernos regionales de la Comunidad de Madrid, Cataluña[9] o Euskadi.

Aunque controvertido, nuestro móvil se ha convertido, como en el caso de China[10], en un posible pasaporte biológico, con el que poder vigilar, vía geolocalización, que los ciudadanos en contacto con casos positivos cumplan la cuarentena domiciliaria impuesta, notificando alertas a las autoridades de los movimientos de éste, o el acceso o no a diferentes lugares.

Evidentemente se nos abre delante el debate sobre como nuestra privacidad puede verse invadida en estos casos. Y este es un punto clave ya que cualquier transformación del ecosistema de la salud pasa por colocar al paciente en el centro del mismo. Uno de los mayores retos es ofrece empoderamiento a los pacientes,  ofrecerles  con capacidad para decidir, satisfacer necesidades y resolver problemas, con pensamiento crítico y control sobre su vida, y esto pasa por garantizar la preparación y conocimiento de los mismos. 

Se trata de un modelo menos paternalista, pero que ofrece al paciente la capacidad de poder tomar decisiones sobre su salud, ya sea a nivel de autocuidado, como en coordinación con los profesionales de la salud, como hemos podido comprobar en esta crisis.

Al mismo tiempo se ha producido una tremenda ebullición del uso rápido y colaborativo de los datos médicos y el uso del Big Data para analizar los datos que ha generado el COVID-19 para entender a un agente infeccioso que apareció a finales de 2019, que nos permita lograr agentes terapéuticos y el descubrimiento de una vacuna.  Ejemplos como el uso que hace la compañía Quibim[11] del Deep Learning para la ayuda radiológica en el diagnóstico de pacientes con COVID-19, o diferentes estudios, o la toma de decisiones epidemiológicas basados en modelos matemáticos, o el lanzamiento del ambicioso ensayo clínico “Solidarity[12]” por parte de la OMS[13] tan sólo 60 días después de que la secuencia genética del coronavirus fuese compartida.

Como hemos escrito con el profesor de ESADE Javier Busquests[14],[15] la incorporación definitiva de estas tecnologías se debe unir a otros elementos que permita debatir la sostenibilidad del sistema de salud considerando la situación de deuda acumulada y las futuras dificultades de financiación es una cuestión que nos llevamos realizando desde la pasada crisis financiera. El reto de la sostenibilidad del sistema se centra en su consideración de derecho básico (sistema sanitario público, universal y gratuito) e introduce la corresponsabilidad para asegurar su mantenimiento.

En los momentos actuales nadie cuestiona el modelo de sanidad publica, pero podría aparecer, una vez superada la crisis del COVID19, el debate sobre la introducción de sistemas pagos compartidos (los impuestos son una forma de pago), sistemas mixtos público-privados, o la evolución del sistema será tecnológico, por la vía de Venture Capital y la explotación de innovaciones y patentes.

Sin duda alguna, en esta transformación del ecosistema sanitario es necesario la construcción de puentes que aumenten la colaboración publico-privada que permita la consolidación de estos avances tecnológicos, además de establecer un dialogo con todos los agentes que participan del ecosistema de salud que garantice el futuro de un sistema de salud con un incremento continuo de la demanda y presión.

No debemos perder la oportunidad de reconstruir una de los grades victorias de nuestro estado del bienestar.


[1] https://historia.nationalgeographic.com.es/a/grandes-pandemias-historia_15178/4

[2] https://www.theguardian.com/world/2020/mar/31/how-will-the-world-emerge-from-the-coronavirus-crisis

[3] Virus de Inmunodeficiencia Humana

[4] https://www.abc.es/tecnologia/redes/abci-estado-alarma-provoca-record-consumo-internet-madrid-202003171241_noticia.html

[5] https://www.ama-assn.org/practice-management/digital/ama-quick-guide-telemedicine-practice

[6] https://ticsalutsocial.cat/es/actualitat/estudi_econsulta/

[7] https://intouchhealth.com/telehealth-devices/intouch-vici/?gdprorigin=true

[8] https://www.lavanguardia.com/tecnologia/20200410/48406931043/apple-google-asociados-crear-apps-contra-covid19.html

[9] https://web.gencat.cat/es/actualitat/detall/Nova-app-per-detectar-la-Covid-19-a-Catalunya

[10]https://edition.cnn.com/videos/world/2020/04/10/china-coronavirus-covid-19-tracking-app-culver-townhall-intl-hnk-vpx.cnn

[11] https://quibim.com/

[12] https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/solidarity-clinical-trial-for-covid-19-treatments

[13] Organización Mundial de la Salud

[14] https://www.harvard-deusto.com/el-futuro-ecosistema-de-la-salud-explorando-posibles-escenarios

[15] https://www.expansion.com/blogs/sociedad-empresa-digital/2020/05/28/la-transformacion-digital-y-el.html

El jueves 11 de junio, APRI organizó un coloquio sobre la conciliación antes y después de la crisis sanitaria. Esta sesión moderada por la presidenta de APRI María Rosa Rotondo, contó con la presencia de Ariane Aumaitre, investigadora en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, Esteban Álvarez, presidente de la Asociación de Directores de Centros Públicos Madrid (ADIMAD), Begoña Ladrón de Guevara, presidenta de la Confederación de Padres de Alumnos (COFAPA), y Mayte Sancho, miembro del Comité Técnico de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG).

En orden de intervenciones, Ariane comenzó mostrando las dificultades en materia de conciliación durante el estado de alarma. A lo largo de estos casi tres meses, ha habido una carga repentina de cuidados que ha recaído en su totalidad en las familias, que se han visto obligadas a reducir jornadas laborales sin prestaciones económicas o a dejar a los niños al cuidado de los abuelos con lo que ese riesgo conllevaba. Ahora que estamos a punto de entrar en la nueva normalidad, Ariane resaltó que sigue sin haber políticas públicas al respecto, un hecho que podría tener un impacto muy negativo en cuestión de igualdad de género, incrementando la brecha salarial, y en la infancia ya que programas clave para el desarrollo de los niños se han paralizado.

El siguiente ponente, Esteban Álvarez, expuso el debate de la conciliación desde la perspectiva de los centros educativos y resaltó la necesidad de que poderes públicos y empresas colaboren de una forma muy activa. Álvarez señaló que en la nueva normalidad la actividad lectiva debe ser presencial pero que la dificultad llega al intentar combinarlo con un problema de salud pública. De ese modo, destacó la importancia de adoptar medidas excepcionales y una mayor implicación y esfuerzo por parte de la administración, lo cual supondría un incremento de hasta un 30% del presupuesto en educación.

Begoña Ladrón de Guevara tomó el turno de palabra en siguiente lugar, con un discurso optimista en el que describió la nueva normalidad como una oportunidad para manifestar las dificultades en el sistema educativo. Resaltó en varias ocasiones la importancia de la unión entre la familia y la escuela siendo estas, dos instituciones complementarias, indivisibles y de gran relevancia. Además, manifestó que esta es una oportunidad para adoptar medidas con visión de futuro, reforzando el sistema educativo y permitiendo la conciliación entre la empresa, la familia y las escuelas.

Finalmente, Mayte Sancho representó al colectivo de los mayores, uno de los más vulnerables y afectados por la crisis sanitaria. Durante su intervención, expuso la realidad que han sufrido los mayores y personas dependientes a lo largo de esta pandemia que en muchas ocasiones se han visto sin la atención necesaria. Es por eso que el discurso de Mayte tuvo un matiz más negativo en el que destacaba la situación de precariedad en los cuidados que hay que reformular. Por otro lado, llamó a la reflexión sobre la escala de valor dentro de nuestra sociedad, en la que el colectivo de mayores carece de poder, concluyendo con la necesidad de generar conciencia para que la sociedad no se reduzca simplemente al sistema productivo.

Como conclusión del coloquio todos coincidieron en la importancia de crear grupos de trabajo con la participación de todos los colectivos afectados para buscar soluciones conjuntas.

Finalmente abrió una ronda de preguntas y un debate entre los ponentes, donde se matizaron temas como que la crisis sanitaria ha supuesto en los estudiantes un problema psicosocial más que educativo, las nuevas técnicas y herramientas de enseñanza que han surgido a raíz del estado de alarma o la necesidad de la tele-asistencia en el colectivo de personas mayores.

El miércoles 10 de junio, los miembros de APRI Salud se reunieron con Antonio Ciardo, socio de APRI y presidente de la OCOE (Organización Colegial de Osteópatas de España), organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo actual es la regulación de la osteopatía como práctica profesional en España. Cirado, además de osteópata, es jefe de estudios del Grupo Thuban y coordinador y profesor del Master en Osteopatía y Evidencia Científica de la Escuela Superior de Osteopatía del Grupo Thuban acreditado por la Universidad Europea del Atlántico.

Durante el coloquio, Antonio aclaró qué es y qué no es la osteopatía, y habló sobre su situación a nivel formativo y legislativo en España. Según Ciardo, actualmente, la osteopatía se considera como actividad parasanitaria y no cuenta con ninguna normativa clara sobre su práctica profesional en el país. En cambio, la Unión Europea cuenta con la norma 16686/2015, que regula la práctica osteópata como prestación sanitaria. La normativa define la actividad y regula aspectos como su formación, los estándares sanitarios y éticos, la seguridad del paciente, los tratamientos, etc. A raíz de esta normativa, numerosos Estados miembros redactaron su propia normativa, entre los que se encuentran Reino Unido, Portugal y Francia. Por lo tanto, Antonio resaltó que ya existen varias normativas a nivel europeo de las que tomar ejemplo y, no habría que desarrollar la legislación desde cero en España. Ciardo también recalcó que si existiese una normativa española, estaría definido claramente el perfil profesional del osteópata, inclusive su formación profesional y código deontológico, y añadió que actualmente, al carecer de una legislación, ­«cualquiera» puede ser osteópata con una formación de un curso de unos seis meses. Esto conlleva un peligro a la profesión y al paciente y conduce a confusión a la sociedad cuando se habla de osteopatía.

Una normativa similar a la europea pondría al paciente en valor, asegurándole un tratamiento osteópata de calidad cuando necesite acudir a él. En palabras del ponente, no hay que olvidar utilizar el término «persona» como sinónimo de «paciente» y ser empático y compasivo. Asimismo, como profesional, debe aportarle valor y saber cuándo derivar si se requiere otra tratamiento sustitutivo o complementario, pero evitar que ambos se repitan.

Otro argumento para la legislación, según Antonio Cirado sería el aspecto económico. Un buen tratamiento osteópata, en los casos idóneos, sería preventivo ante posteriores complicaciones en el paciente y, por ejemplo, quitaría saturación a los centros hospitalarios y a otros especialistas sanitarios. Asimismo, subrayó que la experiencia de los osteópatas ha demostrado que un buen tratamiento, además de ser curativo y complementario, también puede ser paliativo. La evidencia científica muestra que los tratamientos osteopáticos son idóneos en numerosos casos.

Por otro lado, Antonio recordó la dificultad que existe para acceder a las administraciones públicas para hablar sobre osteopatía. Buscar su regulación es una tarea ardua y llena de escepticismo de otros sanitarios y de la población en general.

En definitiva, la osteopatía es una terapia manual, que pone especial atención al contacto físico con la persona y que, llevada a cabo por un profesional, aporta valor a la salud física y emocional del paciente. Por ello, la Organización Colegial de Osteópatas de España persigue que haya una regulación en España y que la ponga en valor como actividad sanitaria. En palabras del ponente, «hay espacio de reconocimiento para todos los profesionales sanitarios».

El jueves 4 de junio de 2020, los socios de APRI tuvieron la oportunidad de hablar con Mario Garcés, diputado del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y portavoz adjunto en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica constituida como respuesta institucional, y consensuada por todos los grupos parlamentarios, durante la crisis del COVID-19 en el país.

El diputado habló sobre el funcionamiento y puesta en marcha de esta Comisión en el Congreso para hacer frente a los problemas estructurales que ha dejado la crisis COVID19, que en palabras de Mario Garcés, no se puede comparar con momentos históricos como la Gran Depresión o la situación social durante la gripe española; ni siquiera con la Guerra Civil que no llegó a experimentar la caída del PIB que hemos visto en los últimos meses. Para el diputado popular la composición y funcionamiento de la Comisión de Reconstrucción en el Congreso es de una importancia absoluta.

¿Se llegará finalmente a un acuerdo en esta Comisión? Mario Garcés así lo espera, habiendo superado las grandes distancias de los distintos grupos políticos. Piensa que se conseguirá un consenso claro en el ámbito europeo, y que una de las principales dificultades para el desarrollo de la Comisión es que cada semana se aprueban nuevos decretos de ley.

Tras la intervención del diputado, los socios de APRI le han planteado diversas preguntas e inquietudes como si habrá Presupuestos Generales del Estado y cuándo terminará esta crisis. Garcés cree que no habrá presupuestos para 2021 ya que están muy condicionados a la resolución europea sobre la financiación, en la que seguramente se exigirían ajustes presupuestarios al Gobierno. Por otro lado, ha asegurado que nadie sabe cuándo terminará esta crisis y de qué manera, ya que hay demasiados factores que entran en juego.

Sobre Mario Garcés

Mario Garcés es portavoz adjunto del grupo parlamentario popular en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso que se acaba de crear con motivo de la crisis. Además de un reputado jurista y escritor. Interventor y Auditor del Estado y Inspector de Hacienda del Estado. También Académico de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia. Ha sido Consejero de Hacienda y de Administración Pública del Gobierno de Aragón, Subsecretario del Ministerio de Fomento y Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Actualmente es Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputado y se ocupa de la coordinación de los asuntos económicos del Grupo Parlamentario. Además, es Vicepresidente de la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en el Congreso de los Diputados.

Sobre los Lobby Talks

Sesiones exclusivas para  socios de APRI en las que poder conocer de primera mano la opinión de expertos sobre las políticas públicas y estrategias de lobby de nuestro país.

Felipe Medina, secretario general técnico de ASEDAS y socio de APRI

La crisis del coronavirus ha supuesto un reto sin precedentes para el sector de la distribución alimentaria. Como dicen los empresarios del sector, hemos tenido que cambiar en marcha las piezas de un coche que circulaba a 200 kilómetros por hora para atender las demandas de la sociedad. Dentro del proceso de transformación apresurada al que nos ha obligado la crisis sanitaria, desde ASEDAS hemos visto a las empresas hacer cosas increíbles. Entre ellas, podemos destacar la capacidad de fijar rápidamente nuevos y ambiciosos objetivos; de adaptar con velocidad medidas de protección para clientes y trabajadores y reorganizar la actividad en tiendas y almacenes para hacerlas más seguras; de participar en el trabajo colaborativo llevado a cabo por el conjunto de la cadena agroalimentaria para lograr que España haya sido el país con mayor seguridad logística; y de mantener constantemente informados a trabajadores y clientes.

Especialmente en los primeros momentos de la crisis, todo ello se ha hecho en un clima marcado por la incertidumbre y por la falta de precedentes. Pero las empresas de distribución alimentaria han conseguido responder a las necesidades de una población sometida a una gran presión y, en muchas ocasiones, anticiparse a ellas. En este entorno, la gestión de las relaciones institucionales y el trabajo coordinado y compartido con las empresas de ASEDAS ha jugado un papel fundamental para ayudar a tomar decisiones y afrontar esta crisis sin precedentes. Las líneas de comunicación que se han mantenido abiertas desde el primer momento han tenido tres grandes ejes: el institucional, el internacional y el sectorial.

En lo referente al institucional, ante una situación inédita desde todos los puntos de vista, incluido el legislativo, el constante diálogo con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, así como con las Consejerías de Comercio de las Comunidades Autónomas, nos ha permitido trasladar a las autoridades las necesidades concretas del sector y tomar nota de la manera en que mejor podíamos ayudar en estos momentos tan difíciles. La redacción de las guías de comercio, que se han convertido en un documento fundamental para poder funcionar como sector, han sido fruto de un diálogo enriquecedor para todos y han tenido como resultado que pudiéramos transmitir tranquilidad y confianza a la población desde el primer momento.

La estructura de una organización como ASEDAS, con organizaciones territoriales en todas las Comunidades Autónomas que conocen muy bien las necesidades y características propias de cada región y que mantienen un contacto cercano con las instituciones, se ha demostrado imprescindible para actuar con eficacia en cada territorio, por ejemplo, con iniciativas de ayuda alimentaria o de colaboración con productores locales muy afectados por el cierre del sector horeca, pero también con todas las administraciones locales y las fuerzas y cuerpos de seguridad.

En el marco internacional, el contacto con organizaciones empresariales de países –como Italia- que iniciaron el confinamiento antes que nosotros nos ha sido de gran ayuda tanto para anticipar en lo posible el comportamiento del consumidor y de las autoridades sanitarias para saber qué tipo de medidas de protección se estaban aplicando en el comercio. Gracias a este intercambio, podemos decir que, en ocasiones, nos hemos podido anticipar buenas soluciones a los problemas que vendrían e incluso a la propia legislación española.

La relación con otros actores del sector agroalimentario también ha sido un factor clave para evitar que la alimentación fuera un problema añadido en esta crisis. Ello ha sido posible gracias a la colaboración y al altísimo nivel mostrado por el conjunto de la cadena de valor alimentaria. Productores, cooperativas, industria alimentaria, transportistas y distribución han funcionado como un engranaje totalmente engrasado y han demostrado que el establecimiento de relaciones estables y con bases firmes es el camino a seguir en beneficio de todos, pero sobre todo del consumidor.

Para concluir, en estos días hemos tomado conciencia de que la recuperación no se puede abordar en solitario, sino que la participación de todos los sectores de la economía, de las organizaciones empresariales y sindicales y de las administraciones en todos sus niveles –incluido el europeo- es fundamental recuperar con rapidez la actividad económica de la manera lo más amplia posible. Tras haber ayudado a otros sectores en la vuelta a la actividad durante el proceso de desescalada, ahora es momento de trabajar en el diseño de las medidas necesarias para, desde nuestra experiencia, contribuir a una rápida y eficaz recuperación económica.

Pedro Claver, especialista en Comunicación Institucional y Asuntos Públicos y socio de APRI

Para entender el papel que está desempeñando la farmacia comunitaria en esta emergencia sanitaria, lo primero que hay que hacer es señalar, muy brevemente, su marco legal. Tanto la Ley 16/1997, de 25 de abril, de regulación de servicios de las Oficinas de Farmacia, como la Ley 29/2006 de 27 de julio, de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, definen las farmacias como “establecimientos sanitarios privados de interés público”, que además están sujetos a la planificación sanitaria que establezcan las Comunidades Autónomas. Y, por supuesto, los sucesivos Decretos del Gobierno y Órdenes del Ministerio de Sanidad que han ido regulando el Estado de Alarma han reconocido la condición de la farmacia comunitaria como un establecimiento sanitario esencial. Una normativa y una crisis sanitaria sin precedentes que ha posicionado a la red de 22.071 farmacias en la primera línea de frente. Desde el minuto cero, la Organización Farmacéutica Colegial fue consciente de que una situación excepcional requiere medidas excepcionales. Incluso antes de la declaración del Estado de Alarma, ya se trasladó a las autoridades sanitarias una serie de propuestas con dos claros objetivos: aliviar la tensión y sobrecarga de trabajo de otros recursos del Sistema Nacional de Salud; y garantizar la prestación farmacéutica a toda la población, evitando el mayor número de desplazamientos posibles. Entre las medidas ya implantadas en un importante número de Comunidades Autónomas destacan la entrega de medicamentos a domicilio a personas mayores y colectivas de riesgo; la dispensación en farmacia de medicamentos que hasta este momento los pacientes, normalmente pertenecientes a grupos de riesgo, exclusivamente podían recoger en hospitales; o el reparto de mascarillas a través de la tarjeta sanitaria individual a más de 21 millones de españoles.

En lo social, se han impulsado iniciativas como mascarilla-19, implantada en más de 16.000 farmacias y destinada a prestar ayuda a víctimas de violencia de género y que ha sido exportada a países como Francia, Argentina o Chile; o la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado en la detección de personas pertenecientes a colectivos vulnerables y que han dejado de retirar su medicación habitual, señal de que pueden necesitar ayuda. Pero como lo que no se mide, no se puede mejorar, la Organización Farmacéutica Colegial ha querido conocer la valoración del Papel de la Farmacia en la Crisis del COVID-19 a través de un estudio realizado por GAD-3. Destacaré dos datos: más de 30 millones de españoles fueron a una farmacia durante el primer mes de confinamiento; de los cuales más de 5,5 millones lo hicieron por motivos relacionados con el coronavirus; y un 91,3% de los ciudadanos valora positivamente la actuación de la farmacia en la crisis.

En resumen, se ha demostrado que el modelo español de farmacia ha sido clave en la respuesta sanitaria al coronavirus; que el farmacéutico es el profesional sanitario más accesible; y que ningún ciudadano se ha quedado sin su medicamento, pues incluso en peor momento de la crisis ha estado operativa el 99,8% de la red de farmacias. Pero ahora se trata de mirar al día después. La Organización Farmacéutica Colegial siempre lo hace, pero ahora con más intensidad que nunca. Como recordaban algunos de los mejores profesionales de los Asuntos Públicos que hay en España, el ritmo y alcance de los cambios normativos producidos en los dos últimos meses -y que continuarán durante bastantes más- solo es comparable con lo ocurrido en 1978, cuando se aprobó la Constitución, o en 1986, cuando España ingresó en la Unión Europea. A 17 de mayo según El País ya se habían superado las 209 normas. Simultáneamente, se ha producido un vuelco de la opinión pública respecto a determinados sectores, como el delivery, que han fortalecido su posición; mientras otros que eran auténticos motores de progreso, como el turismo, han entrado en hibernación. Y todo esto en un escenario en el que la disminución de ingresos fiscales y crecimiento del gasto público, antes o después, obligará a importantes ajustes. Estos factores nos indican que los asuntos públicos se han vuelto más importantes que nunca. Se está actuando por la vía de los hechos, y lo que en otras ocasiones hubieran sido decisiones fruto de un amplio debate y un largo trámite parlamentario, se adoptan en pocos días, incluso horas, aunque luego haya que rectificar.

En este contexto conviene adelantarse a los acontecimientos y tener un relato construido. En la profesión farmacéutica se lleva tiempo trabajando. Por un lado, la Organización Farmacéutica Colegial ha elaborado una Estrategia de la Farmacia durante el desescalado, integrada por 24 propuestas concretas, que recogen las inquietudes de las más importantes organizaciones de pacientes con las que se han mantenido encuentros, y que nuevamente se trasladó a las autoridades sanitarias. Por otro, hay que estar muy atento a la actividad de la Comisión de Reconstrucción del Congreso, y a otros organismos decisorios y reguladores. Y es que una de las asignaturas pendientes es la reconstrucción de nuestro Sistema Nacional de Salud. Se están fijando las reglas del juego para todo el sector sanitario para los próximos años. En consecuencia, es momento de poner en valor todo lo que la Farmacia aporta al Sistema Nacional de Salud en términos de salud y bienestar, pero también en términos de sostenibilidad, y sin olvidar su importante y creciente función social.  

Aquí es donde, a partir de ahora, hay que concentrar los esfuerzos, a través de  un discurso tan realista como sincero, y siempre marcado por una actitud constructiva, sabiendo que el futuro será muy diferente, y teniendo siempre muy presente la teoría de Darwin: “las especies que sobreviven no son las más fuertes ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio”.