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Bajo el título “Hacia una movilidad urbana más eficiente y sostenible en la ciudad de Madrid” APRI bajo el patrocinio de Circ organizó el pasado 10 de octubre un desayuno sobre movilidad con los representantes políticos en el Ayuntamiento de Madrid que abordaron los retos medioambientales y de movilidad a los que se enfrenta la capital española.

En la mesa de debate participaron Federico Jiménez de Parga Maseda, Coordinador General de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid; Ángel Niño Quesada, Portavoz adjunto de Grupo Municipal de Ciudadanos en la Comisión de Medio Ambiente y Movilidad y Delegado del Área de Emprendimiento, Innovación y Empleo del Ayuntamiento de Madrid;  Alfredo González Gómez, Portavoz del Grupo Municipal Socialista de Madrid en la Comisión de Medio Ambiente y Movilidad; Fernando Martínez Vidal, Portavoz del Grupo Municipal de Vox en la Comisión de Medio Ambiente y Movilidad; y José Luis Nieto Bueno, Asesor del Grupo Municipal Más Madrid en la Comisión de Medio Ambiente y Movilidad.

Durante la mesa de debate moderada por Maria García de la Fuente, Presidenta de la Asociación de Periodistas Ambientales (APIA), se habló sobre el nuevo Plan Madrid 360 del Ayuntamiento de Madrid, la gestión del transporte público, el transporte intermodal, los servicios de movilidad compartida en las ciudades (bicicletas, patinetes, motos eléctricas, etc.), la peatonalización de las calles y la importancia de la colaboración público-privada para afrontar conjuntamente los nuevos modelos de movilidad en las ciudades. Las conclusiones corrieron a cargo de  Enrique de Arreba, Director del Programa de Motor y Movilidad en Radio Internacional, que habló del impacto mediambiental de los distintos medios de transporte y la necesidad de adoptar soluciones de transporte que sean lo más óptimas y cómodas para los ciudadanos y para la gestión de las ciudades.

El pasado 27 de septiembre APRI participó en la estrategia de lucha contra la corrupción en Cataluña. 

El texto de la estrategia catalana definirá 25 actuaciones para fortalecer la integridad pública que, una vez aprobada la estrategia por acuerdo de gobierno, se implementará en la administración y en las entidades del sector público en un plazo de dos años en ámbitos como la transparencia, la contratación pública, la protección de alertadores, la anonimización de buzones éticos o la fiscalidad.

El Gobierno catalán se ha comprometido a utilizar los resultados del proceso participativo en la redacción del documento y los participantes recibirán un retorno del proceso participativo y se los explicará el uso de las aportaciones en la elaboración de la Estrategia.

Irene Matías Campano es directora general de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) publica un artículo de opinión en Cuartopoder.es sobre la necesidad de que todo tipo de organizaciones que trasladan sus intereses a poderes públicos se sumen a la Asociación para contribuir en dotar de seguridad jurídica a la actividad mejorando el proceso de toma de decisiones públicas y políticas en España y Europa.

Fundada en el año 2008 por profesionales de las relaciones institucionales en España, la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) nació para cubrir un vacío en la representación y asociacionismo de la profesión, totalmente desconocida en España, cuando en Europa ya comenzaba a tomar forma bajo un paraguas regulatorio de la Comisión Europea. El principal objetivo de nuestra Asociación es hacer del lobby una profesión de reconocido prestigio y valor para toda la sociedad y, en especial, para los responsables de todo tipo de organizaciones: compañías, ONG, asociaciones empresariales, etc. En un ejercicio de responsabilidad y transparencia, abogamos, por ejemplo, por la europeización y consiguiente normalización la actividad, a través del registro de grupos de interés, similar al Registro de Transparencia que ya existe ante el Parlamento y la Comisión UE o los puestos en marcha por el la Generalitat de Cataunya, el Ayuntamiento de Madrid, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana o la Comisión Nacional de Mercados y de Competencia (CNMC).

Hoy, sin embargo, en España, tras varios intentos frustrados, seguimos sin tener una regulación que legitime nuestra labor. La sociedad y los medios que intentan ofrecerle información, y a veces se convierten también en lobbies de facto, ven con naturales reticencias lo que hacemos los lobistas, los profesionales de “public affairs”, asuntos públicos o relaciones institucionales. Pero nosotros somos meros intermediadores de intereses ante las administraciones públicas, y por tanto representantes del sector privado que nos contrata para ello, sean las ONG lobby, corporaciones, asociaciones industriales y profesionales, sindicatos de trabajadores y empresarios, think-tanks, despachos de abogados, organizaciones religiosas o académicas.

La actividad que llamamos lobby constituye un elemento importante en el proceso de elaboración de políticas públicas, tal y como está respaldado por varios artículos de la Constitución Española como el 9.2, 20.1, 23, 103, 105. Esta diseña un modelo de Estado social y democrático de Derecho, que propugna un proyecto de democracia no solo basada en la representación, sino también en la participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos. Nosotros estamos para facilitar y ampliar esa participación con total claridad y transparencia.

La clave de esa participación es que se ejerza con transparencia y ética, por eso desde el año 2011 todos los socios de APRI firman un código de conducta, que representa una autorregulación ante la falta de reglas sobre la actividad en España, una actividad que pretende convertirse en un nexo eficaz entre los legítimos intereses de la sociedad civil y las decisiones de interés general que toman el Gobierno y el Parlamento y los restantes poderes públicos de la Administración Central y de sus Comunidades Autónomas.

Hasta ahora la Asociación la integraban solo profesionales a título individual, pero necesitamos más apoyos, por eso APRI acaba de modificar los estatutos para dar entrada a cualquier organización que desarrolle la actividad del lobby; es decir, a todas aquellas organizaciones que se dediquen a trasladar sus  intereses a los poderes públicos de manera honesta y transparente, ya sean entidades mercantiles, organizaciones empresariales, organizaciones sin ánimo de lucro, patronales, colegios de profesionales, etc.

Los primeros en entrar han sido los que más compartían el afán de transparencia de los fundadores de APRI: las consultoras especializadas en asuntos públicos. En su mayoría son multinacionales que ya operan en Bruselas y entienden el valor y significado de apostar por la profesionalización de la actividad. Entre ellas se encuentran Burson Cohn & Wolfe, Deva, FTI Consulting, HAC Leadership & Management, OmicomPR, Political Intelligence, Kreab y Weber Shandwick. Sin embargo, no es suficiente, el sector necesita que tanto empresas como organizaciones sin animo de lucro se den cuenta de lo que significa apoyar al sector en España. Se trata de un ejercicio de responsabilidad y apuesta para que el día que tengan que representar sus intereses e ideas lo hagan en igualdad de condiciones, sabiendo que la toma de decisiones del representante político se ha desarrollado considerando a todos las partes o intereses involucrados, y que cada una de ellas ha actuado de manera honesta e íntegra.

Como decía la ministra de Industria Reyes Maroto, hace apenas un año en el décimo aniversario de APRI, “una mayor transparencia contribuye a dotar de seguridad jurídica a la actividad del lobby y además mejora la toma de decisiones” Reconocer, normalizar y contribuir a profesionalizar el lobby en España es mejorar la calidad democrática. Para eso, necesitamos todo el apoyo del aquellos que directa o indirectamente quieran representar sus intereses e ideas ante los agentes, decisores públicos o representantes políticos, para contribuir a una mayor inclusión y representación de todos.

Publicado por Cuarto Poder 22 de junio 2019

El pasado 2 de Abril, entró en vigor la Resolución de la Mesa del Congreso de los Diputados por la que se aprueba el Código de Conducta de los Sres. Diputados por el cual “… el Diputado deberá hacer pública su agenda institucional en el Portal de Transparencia del Congreso, incluyendo en todo caso las reuniones mantenidas con… aquellas personas físicas o jurídicas o entidades sin personalidad jurídica que se comuniquen de forma directa o indirecta con titulares de cargos públicos o electos o personal a su cargo en favor de intereses privados, públicos, particulares o colectivos, intentando modificar o influir sobre cuestiones relacionadas con la elaboración, el desarrollo o la modificación de iniciativas legislativas… el Diputado se responsabilizará de la veracidad y exactitud de la información publicada… El Presidente de la Cámara, de oficio o a petición de otro Diputado, puede solicitar la apertura de un procedimiento para dilucidar si se ha producido una infracción…”. (Artículos 6 y 9)

Codigo de Conducta Sres. Diputados

Así pues, con la apertura de la nueva legislatura, toda reunión que se celebre con cualquier Diputado para influir sobre aspectos legislativos, tendrá que ser incluida en la agenda pública del Diputado. Al ser pública dicha información, con el tiempo, los medios de comunicación y cualquier interesado podrá crear el listado de lobistas con acceso a los Diputados, con qué Diputados se reúne cada lobista, a qué lobistas recibe cada diputado, que intereses se están defendiendo ante los Diputados, seguir la huella de reuniones e interesados en una determinada acción legislativa, etc.

La transparencia permitirá que, ante la información de cualquier medio de comunicación o la denuncia de cualquier particular, cualquier Diputado pueda solicitar al Presidente del Congreso la apertura de un procedimiento para comprobar la infracción y proceder a la sanción del Diputado correspondiente al incumplimiento.

Aunque, como el mismo acuerdo de la Mesa prevé, será necesaria mayor concreción y detalle a través de la reforma del Reglamento del Congreso, este acuerdo de la Mesa inicia la necesaria transparencia de la acción de lobby en el Congreso de los Diputados y abre la puerta para la extensión de la misma a todos los poderes públicos.

Esteban Egea Sánchez

Secretario de la Junta Directiva de APRI

  • El Consejo de Transparencia, la CNMC y los periodistas parlamentarios, reconocidos por su labor

  • La Ministra de industria, Reyes Maroto, ha remarcado la necesidad de la labor de los profesionales de las relaciones institucionales

 

El pasado día 14 de noviembre la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) celebró su 10º aniversario en un acto que contó con la presencia de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y con la asistencia de más de un centenar de representantes del mundo de la empresa, de la política y de las administraciones públicas.

Bajo el lema “10 Años por la Transparencia “, el acto ha estado enfocado al reconocimiento de aquellos actores que han hecho posible que el camino hacia la normalización de la profesión de lobista en nuestro país. Con esa finalidad, durante el acto se hizo entrega de los primeros “Reconocimientos por la Transparencia”, que han recaído en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, por impulsar la regulación del lobby a través de su acción; la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por crear el primer registro de grupos de interés de ámbito nacional, y la Asociación de Periodistas Parlamentarios, por la labor informativa que desarrollan sus asociados sobre la actividad desarrollada por la APRI.

En su intervención, la Ministra de Industria ha destacado que “una mayor transparencia contribuye a dotar de seguridad jurídica a la actividad del lobby y además, mejora la toma de las decisiones”.

Por su parte, la Presidenta de la asociación, María Rosa Rotondo, ha señalado en su discurso que “debemos ser capaces de transmitir a toda la sociedad que el ejercicio del lobby es una expresión de un sistema democrático sano, la vía por la que toda la sociedad civil, las empresas y los colectivos exponen sus intereses legítimos para que aquellos que toman las decisiones actúen con la máxima información y conocimiento de todos los puntos de vista”.

También los receptores de reconocimientos han hecho hincapié sobre la necesidad de una profesión ética y transparente y sobre la necesidad de regular el lobby a través de la creación de un registro de grupos de interés ante las principales instituciones del estado, objetivo que APRI lleva persiguiendo desde su fundación.

El evento en tweets

La semana pasada, APRI y el Instituto Atlántico de Gobierno (IADG) firmaron un acuerdo de colaboración para fortalecer la colaboración entre las dos organizaciones en materia de asuntos públicos. El acuerdo, firmado por la Presidenta de la asociación, María Rosa Rotondo, y el Gerente de IADG, Jaime Moro, se concretará, entre otras, en las siguientes actividades:

  • acceso a beneficios económicos en forma de descuentos en la matrícula de los programas académicos del IADG, para los miembros de APRI
  • participación activa en los programas académicos desarrollados por el IADG
  • organización conjunta de conferencias, seminarios y demás foros de discusión y debate

 

Desde su fundación en 2008, APRI ha apostado siempre para una mejor formación en materia de asuntos públicos a través de la colaboración con distintas entidades. Según la Presidenta, María Rosa Rotondo, este acuerdo es muy importante porque “favorece el trasvase de conocimientos entre el sector privado y las instituciones académicas sobre relaciones institucionales y asuntos públicos”.

En palabras de Jaime Moro, se trata de “un acuerdo de colaboración entre dos instituciones comprometidas con el fortalecimiento del vínculo entre el sector público y el sector privado”.

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Creatividad, mejorar la sociedad, flexibilidad o liderazgo basado en el pensamiento estratégico son algunas de las características más valoradas, en el plano profesional, por los Millennials. Estos datos resultan de especial interés, ya que según una proyección de la consultora Deloitte, en 2025, los Millennials representarán el 75% de la fuerza laboral del mundo.

¿Debe ser un buen lobista creativo y tener una visión estratégica? ¿Debe un buen lobista buscar las externalidades positivas para lo sociedad o ser capaz de adaptarse a los cambios? La respuesta es clara, sí. La misión del profesional de las Relaciones Institucionales es, en última instancia, buscar el punto de encuentro entre los intereses representados, el interés del decisor público y el interés de la sociedad; en definitiva, buscar la sostenibilidad del sistema a través de una visión crítica y panorámica del sistema político y económico.

¿El sector de los Asuntos Públicos integra muchas de las habilidades de los Millennials? De nuevo, creo que la respuesta es claramente afirmativa. El manejo integrado de los nuevos medios digitales, la capacidad de adaptación a los contextos cambiantes, o la búsqueda de retos profesionales, son algunas de las competencias que hacen de nosotros, jóvenes  de entre 20 y 35 años, grandes candidatos a ejercer la profesión de la representación de intereses.

No olvidemos que se ha producido un significativo relevo generacional tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado de España, en torno al 62% de los actuales diputados son nuevos en el puesto. Ésto lleva a la necesidad de que los profesionales del lobbying adapten sus mensajes y la forma de trasladarlos, algo que los jóvenes profesionales del sector ya integramos en nuestro toolkit.

Sin embargo, esta reunión de características favorables para el ejercicio profesional del lobbying por parte de los Millennials choca con el desconocimiento del sector por parte de éstos. Ni las oportunidades profesionales ni la oferta formativa existentes en el sector entran dentro del imaginario colectivo de los jóvenes que están finalizando sus estudios superiores y se enfrentan al reto de iniciar su carrera profesional. Las razones son múltiples, pero me gustaría destacar una: la ausencia de asignaturas específicas, en los centros universitarios, que aborden la representación de intereses como una profesión basada en metodología y deontología.

A modo de conclusión, quiero reivindicar el sector de las Relaciones Institucionales como un sector profesional joven, con muchos retos por delante, y fundamental para la articulación de los múltiples intereses que coexisten en una sociedad activa, transparente y democrática. Nuestro reto como “Grupo de Trabajo Jóvenes de APRI” es ayudar en la profesionalización del lobbying, a través de la realización de actividades con los centros universitarios y escuelas de negocio, como vía para la normalización de la actividad en España. Si logramos que los estudiantes universitarios conciban los Asuntos Públicos como una profesión con cuerpo teórico y práctico propios, habremos dado un paso importante hacia la consolidación de nuestra actividad.

Álvaro Sanz López

Álvaro es Consultor en Asuntos Públicos, miembro de la Junta Directiva de APRI e impulsor del GT Jóvenes de la asociación.

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La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) y la Asociación Española de Protocolo (AEP) han firmado hoy jueves un convenio de colaboración con el objetivo de promover el desarrollo y la profesionalización de las relaciones institucionales, el protocolo y la organización de eventos.

Este acuerdo da un importante paso para el cumplimiento de uno de los principales fines de las dos organizaciones que es poner en valor y dar visibilidad a los profesionales de ambas asociaciones. Al mismo tiempo, este convenio pretende impulsar y promover proyectos en común con el fin de ofrecer servicios de formación de calidad.

El acuerdo ha sido firmado por la presidenta de APRI, María Rosa Rotondo, y el presidente de la AEP, Juan Ángel Gato, lo que permitirá a las dos asociaciones trabajar conjuntamente y cooperar en el desarrollo de diferentes proyectos de interés común para las dos áreas profesionales.

En palabras de la Presidenta de APRI, “desde la asociación estamos muy ilusionados por la firma de este acuerdo de colaboración. Creemos que el trasvase de conocimientos entre estos dos mundos nos beneficiará mutuamente, acercando a los miembros de nuestras organizaciones hacia un mejor entendimiento de las dos profesiones”.

Actividades y Proyectos

En cuanto al contenido del acuerdo, APRI y AEP:

  • Realizarán cursos, seminarios, conferencias y talleres de formación, así como el intercambio de libros, documentos y demás material bibliográfico por medio del envío mutuo de publicaciones oficiales y documentos originados de investigaciones.
  • Colaborarán activamente para la organización conjunta de actividades formativas y profesionales sobre Lobby y Protocolo.
  • Difundirán y promoverán la participación de las propuestas formativas que desarrollen en los distintos seminarios, jornadas y congresos.
  • Fomentarán la colaboración en eventos de formación, talleres y seminarios.

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En un panorama como el actual, es cada vez más importante conocer bien el contexto y saber planificar escenarios. Una correcta gestión de los asuntos públicos, ayuda a anticipar los cambios en el marco legislativo y regulatorio, a detectar amenazas y oportunidades y facilita el acceso y permanencia de la organización en el mercado.

Es innegable que el entorno en el que nos movemos es cada vez más complejo, cambiante y altamente competitivo. Las empresas tienen que operar en un contexto de gran incertidumbre internacional, sometido a fuertes cambios geopolíticos, regulatorios y jurídicos. Es fundamental para su supervivencia saberse adaptar y reaccionar de manera continua e inmediata a nuevas exigencias, oportunidades  y riesgos.

En mis más de diez años al frente de una asociación empresarial he podido constatar como la gestión de los asuntos públicos se ha convertido en una herramienta de alto nivel estratégico para las organizaciones ya que impacta directamente en la estrategia de negocio y, por tanto, es clave de cara a garantizar su sostenibilidad, mejorar su competitividad, posicionarse en nuevos mercados y disminuir el riesgo de exposición; y no solo para las multinacionales, sino también para las pequeñas y medianas empresas.

En la actualidad estamos asistiendo a dos grandes disputas globales muy significativas y de vital importancia estratégica para las empresas, las del acceso y control de los recursos naturales (sean estos limitados o no) y la información.

También, en este contexto, empresas como Google, Amazon o Facebook se están posicionando como nuevos grupos de presión, pasando de no tener presencia en la esfera política a destinar importantes cantidades de sus presupuestos a la gestión de los asuntos públicos. Estas empresas, que muchas veces operan en entornos no regulados, suponen una amenaza y un desafío para los sectores económicos tradicionales, que cuentan con mucha influencia política y una red consolidada en materia de relaciones institucionales. Ante esta realidad, en los últimos años y en diferentes ámbitos, estas nuevas empresas se están enfrentando a muchas batallas legales con el objetivo de conseguir acceso a mercados muy competitivos y regulados.  Casos como el de Airbnb y la industria hotelera, Uber y Cabify y el sector del taxi, el Gobierno de los Estados Unidos y los drones de Amazon o el disputado, durante más de diez años, fin del roaming en Europa, ponen de manifiesto la creciente complejidad del ecosistema empresarial actual y la relevancia estratégica que tiene para las organizaciones la función de asuntos públicos.

Además, en esta compleja madeja por desenredar, las empresas no son inmunes a la actividad política. Al contrario, forman parte de ese complejo mapa de intereses, objetivos, decisiones e influencias que la conforman. No podemos olvidar que las decisiones políticas, muchas veces influidas por otras empresas o sectores que alinean sus intereses con el interés general (que es el del político), repercuten directamente en la actividad de una empresa y, por tanto, en sus perspectivas de futuro, pudiendo cambiar el entorno o las reglas del juego en el que se mueve. Un proyecto de Ley puede hacer que caiga su cuenta de resultados o trastocar sus balances, un trámite administrativo puede ralentizar o bloquear un proyecto en el que se han invertido millones de euros. Por eso la gestión de lo público es un elemento esencial para su éxito y supervivencia, ya que les permite anticiparse, actuar y gestionar la capacidad de influencia.

NebulosaPor otra parte, desde el punto de vista de la creación y posicionamiento en nuevos mercados, una correcta estrategia de asuntos públicos puede influir y encontrar el apoyo político necesario para generar el camino legal que provoque su apertura. Sirva como ejemplo el curioso caso de la acción planteada en 2013 por un grupo de empresas estadounidenses (Deep Space Industries y Planetary Resources) que anunciaron su intención de explotar los recursos de miles de asteroides cercanos a la Tierra en las próximas décadas. Dos años después, y prácticamente al final de su mandato, Obama firmaba una ley histórica, que reconoce el derecho de ciudadanos estadounidenses de ser propietarios de recursos de cuerpos celestes, y de venderlos, salvando las barreras legales que en materia de propiedad espacial promulgó en 1967 el Tratado del Espacio Exterior, que prohibía la reivindicación de cuerpos celestes por parte de los gobiernos. Para conseguirlo la administración Obama argumentó que lo mismo no se puede aplicar a las empresas privadas o a los posibles derechos de explotación. Esto supuso el pistoletazo de salida de la llamada economía espacial…

Cristina Afán de Ribera

 

Cristina es experta en Asuntos Públicos y Lobbying, cuenta con más de 15 años de experiencia en el Sector Medioambiental y es también socia de APRI.

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@Cristina_Afan

 

 

 

A imagen de la Crypto Valley Association, la entidad suiza que ha convertido el cantón de Zug en el Silicon Valley de la revolución tecnológica de las ‘criptos’, nace en España la Asociación Española de Tokens e ICOs (AETOK). Su objetivo principal será actuar como un ‘lobby’ del sector ante las autoridades y reguladores nacionales y europeos para convertir el país en un entorno pionero en captación de financiación mediante el uso de tecnologías blockchain.

Los promotores de esta entidad sin ánimo de lucro son Icofunding, RDC Abogados y finReg 360, que llevan varios meses trabajando en conjunto con los supervisores españoles, el Banco de España (BdE) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), para generar un entorno seguro para las empresas que están promoviendo proyectos de ICOs en España y en la Unión Europea (UE). Las emisiones iniciales de monedas y tokens criptográficos, a cambio de financiación para startups y empresas, es una de las posibilidades que ofrece la ‘cadena de bloques’ que más rápido se ha acelerado hasta el punto de que 5.000 millones de dólares se han recaudado entre 2017 y lo que llevamos de 2018.

Este sector aboca al mundo empresarial a un claro cambio de paradigma, en el que “la tecnología se está desarrollando mucho más rápido que la regulación”, explica AETOK en un comunicado. “Por lo que se está estrangulando un canal de financiación alternativa para las pequeñas y medianas empresas, lo que está provocando a su vez que este tipo de proyectos se desarrollen en el extranjero, con la consecuente pérdida de talento y riqueza para nuestro país”, denuncia la asociación.

Sin ir más lejos, Nostrum, la marca de Home Meal Replacement -empresa que cotiza en el MAB- está inmersa en la preventa de su ICO, el Meal token, una iniciativa inédita en nuestro país, ya que es la primera empresa productiva española que se embarca en una experiencia de este tipo. Por ahora, se ha adscrito a la regulación de la FIMNA suiza, pero el presidente de la CNMV, Sebastián Albella, se ha mostrado dispuesto a colaborar con Home Meal, para acometer el lanzamiento de su ICO en España.

No obstante, el supervisor de los mercados mantiene su postura de cautela ante los riesgos de la inversión en criptomonedas y señala que hay un componente internacional a la hora de regular estos activos virtuales. No en vano, en la cumbre del G-20, que se desarrolla en Buenos Aires el 19 y 20 de marzo, las criptomonedas centrarán la atención de banqueros centrales y ministros de economía en dos sesiones de trabajo destinadas a alcanzar un acuerdo conjunto sobre este nuevo mercado.

De vuelta al mercado nacional, Albella advierte de aquellas plataformas que comercializan este tipo de activos sin figurar en los registros del supervisor. “Son intermediarios no regulados que permiten invertir incluso con tarjeta de crédito, a mí personalmente me parecen muy peligrosas en términos de riesgos”, apunta.

OBJETIVOS DE AETOK

Pero pese a los avisos, existe una buena disposición de los reguladores para debatir de qué forma debe España abordar las ICOs y los desarrollos en la blockchain, cuentan fuentes del sector a ‘Bolsamanía’. Por este motivo, AETOK quiere proponer un marco de trabajo que ayude a consolidar el país como una potencia en la blockchain.

El plan de AETOK para impulsar el desarrollo del sector se sustenta en cuatro pilares, que pasan, en primer lugar, por el diálogo con instituciones, autoridades y supervisores y reguladores nacionales y comunitarios para desarrollar la regulación del sector ICO. Además, prepararán un libro blanco de ICOs que promueva la creación de un marco normativo que dé seguridad jurídica a las empresas y los inversores en este ámbito. Llevarán a cabo también la creación de una autorregulación y un código de conducta propios y, por último, trabajarán por la divulgación del conocimiento de las ICOs y la tokenización.

AETOK ya cuenta con 35 entidades adheridas. Y entre sus miembros se encuentran compañías que están inmersas en el lanzamiento de sus ICO, despachos de abogados, firmas de consultoría de blockchain y compañías de marketing.

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