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Desde el 1 de enero, la justicia puede imponer sanciones contra los lobbies que no se inscriban en el registro de la administración.

La presión aumenta sobre los grupos de presión. Desde el 1 de julio de 2017, los grupos de interés que tienen influencia sobre las autoridades públicas tienen la obligación de registrarse en un directorio puesto a disposición por la Alta autoridad para la Transparencia de la Vida Pública (HATPV por sus siglas en francés). Con motivo de los primeros seis meses de registro, la institución publicó hace unos días un primer informe que pasó inadvertido pero que contiene un análisis profundo de la identidad de los actores que ejercen presión sobre los funcionarios electos y representantes de la nación.

De acuerdo con el recuento hasta el día de hoy, hay unos  858 grupos de interés en el directorio. Una cifra que parece relativamente baja en comparación con otros países como Italia (1.680 registrados) o Canadá (5.731 registrados). Entre los actores registrados, hay multinacionales como LVMH, Google France o Facebook Francia, así como ONG como Greenpeace.

1 – ¿Qué es un lobby?

Para definir un grupo de interés, el HATPV ha utilizado, en el marco de la ley, tres condiciones relativamente precisas que implican ciertas obligaciones:

  • Un grupo de interés puede ser una entidad legal, es decir, una empresa (pública o privada), un bufete de abogados o una empresa de consultoría, un sindicato. “Un grupo de intereses también puede consistir solo en una persona física que ejerce como individuo, por ejemplo, un consultor o un abogado independiente.”
  • También debe realizar una actividad de representación de intereses, “es decir, toma la iniciativa de ponerse en contacto con un funcionario público para tratar de influir en una decisión pública.” Esto a menudo es una ley o regulación.
  • Finalmente, debe realizar esta actividad de manera principal o regular. “Esta es una actividad principal si dedica más de la mitad de su tiempo, durante un período de seis meses, a preparar, organizar y llevar a cabo acciones de representación de intereses. Por otro lado, será una actividad regular si solo ha logrado más de diez acciones de influencia en los últimos 12 meses.”

2 – ¿Cuáles son sus obligaciones?

Además del registro de los grupos de interés en el directorio, se les exige proporcionar información sobre la identidad de su organización y los temas sobre los que ejercen influencia o presión. También deben hacer una declaración anual de actividades ante el HATPV con datos precisos sobre el tipo de acciones que ha realizado, los funcionarios públicos con lo que han contactado (reuniones cara a cara, conversaciones telefónicas o intercambios de correo electrónico).

3 – ¿Qué sanciones se proporcionan?

La ley de 11 de octubre de 2013 sobre la transparencia de la vida pública ha previsto multas de hasta 15 000 euros y un año de prisión si los representantes no han cumplido sus obligaciones de información. También deben respetar otras reglas cuando entran en contacto con funcionarios electos o cuando organizan seminarios a los que invitan a funcionarios públicos. Un lobbista no debe:

  • ofrecer un regalo a un funcionario público;
  • remunerar a un funcionario público para que lo haga partícipe de una conferencia;
  • tratar de obtener información por medios fraudulentos;
  • vender la información o documentos que obtiene de un funcionario público.

4 – ¿A qué sectores concierne?

De acuerdo con la lista de lobbies publicada por la organización a finales de año, el medio ambiente se encuentra en la parte superior de la lista de los temas que los grupos de interés tratan con más frecuencia, seguidos de la economía y el sector laboral. Los representantes pueden, sin embargo, declarar hasta cinco sectores en los que ejercen influencia. Los inscritos en el registro forman parte principalmente de sociedades o de organizaciones profesionales como las que ilustra el siguiente gráfico:

Chart sobre lobbies en Francia

Reparto de lobbistas según el tipo de organización: sociedades, organizaciones profesionales, asociaciones y ONG, gabinetes de consejo y consulta, sindicatos, cámaras consulares y otros

 

5 – Una difícil fase de registro

La creación de este registro ha generado reservas y críticas. Esto se ha visto reflejado en la fase de registro, que ha demostrado ser “difícil”, dice la Alta Autoridad. “Hubo que realizar muchos esfuerzos educativos para informar y sensibilizar a los representantes de interés sobre esta herramienta.” También se ha pospuesto el calendario de registro en vista de todas estas dificultades y ya hay preocupación por su extensión a las autoridades locales a partir del 1 de julio de 2018.

“Debido a las numerosas interacciones que se producen diariamente entre los funcionarios electos locales y los actores de la vida económica y social local, se teme que la complejidad del dispositivo lleve a su eliminación.”

Por otra parte, la falta de recursos humanos del HATPV, que cuenta solo con 50 agentes, podría aumentar las dificultades de control según afirmaciones de Jean-Yves Lucas, referente de la asociación Anticor, especializada en la lucha contra la corrupción política en el diario Libération. “El problema es que el HATVP no tiene suficientes recursos humanos y financieros para hacer frente a todos los controles que se le piden de manera rápida”, hecho que supone una bendición para sus detractores.

 Grégoire Normand

Traducción: Fernando Magallanes

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La ampliación de la norma de la elite de la Comisión “sin registro no hay encuentro” a funcionarios de más bajo nivel podría mejorar la transparencia de los lobbies y proteger a estos servidores públicos. Sin embargo, según Margarida Silva, la Comisión ha estado evitando activamente la necesidad de hacer frente a este asunto.

Margarida Silva es una defensora de la ética y la transparencia en los lobbies en el Corporate Europe Observatory y forma parte de la coalición Alter-EU, constituida por unos 200 grupos de la sociedad civil preocupados con la influencia de las corporaciones lobbistas en la agenda política europea.

El departamento de la Comisión Europea que regula los mercados financieros de la EU (DG FISMA) es un ejemplo de la mayor laguna en transparencia de la institución: el 80% de las reuniones de lobbies no están cubiertas por las normas de transparencia de estos grupos de presión.

De enero a julio de 2016, DG FISMA ha sido anfitriona de la asombrosa cifra de 519 reuniones de lobbies. Un 16% de estas fueron organizadas por altos funcionarios del departamento, incluyendo al Comisario, miembros del gabinete y al director general. El 81% restante lo organizaron funcionarios de nivel inferior al de director general (el otro 3% involucró a entidades gubernamentales o bancos centrales).

¿Y esto por qué es importante? Desde 2014, los altos funcionarios de la Comisión tienen que hacer públicas sus reuniones con lobbies de forma proactiva, y rechazar encuentros con lobbies que no estén registrados.

Esta norma tenía por objetivo aumentar la trasparencia del lobby, pero también obligar a los lobistas a unirse al Registro de Trasparencia de la UE, que es voluntario. Su lema es simple, “sin registro no hay encuentro”.

Todavía hay problemas con esta iniciativa, como desgraciadamente ha destacado #Oettingair. No obstante, ha funcionado hasta cierto punto. Tomemos por ejemplo a Goldman Sachs, que ha hecho lobby durante años sin estar registrado y que se ha visto forzado a unirse si quería seguir teniendo acceso.

Como efecto colateral, el requisito de estar registrado ha permitido al público observar qué lobbistas disfrutan de la mayoría de las reuniones, al menos con los funcionarios de más alto nivel, lo que expone un patrón de fuerte dominación corporativa a través de diversos departamentos. El llamativo sesgo corporativo del antiguo Comisario de Finanzas, Jonathan Hill, (el 87% de todos sus encuentros con lobbies) constituye uno de muchos historiales pobres.

Las normas de transparencia de la Comisión cubren solo una pequeña parte de las reuniones

Las mejoras en transparencia que resultan de la norma “sin registro no hay encuentro” constituyen sin duda una buena razón para ampliar su aplicación a todas las reuniones con lobbies en la Comisión, pero aquellas que tienen lugar con funcionarios de bajo rango han permanecido exentas. Solamente los 250 empleados más importantes de la Comisión, de unos 30000 en total, están cubiertos.

Esto deja al 99% de la Comisión como objetivos principales de los lobbistas, sobre todo aquellos que desean ejercer su trabajo lejos del escrutinio público. Se trata con mucho de la mayor laguna en los esfuerzos por la transparencia en los lobbies de la Comisión.

No resulta sorprendente que el 13% de las reuniones corporativas con personal de bajo rango del DG FISMA tuviera lugar con lobbistas no registrados. Podemos hallar las mismas tendencias en la Dirección General de Comercio, donde las normas de transparencia ni siquiera cubren a los miembros del personal que negocian acuerdos comerciales como el Acuerdo Económico y Comercial entre la UE y Canadá. A diferencia de otras direcciones generales, estos dos departamentos por lo menos han registrado los detalles de las reuniones de forma interna y los han publicado, lo que ha permitido una evaluación.

El Comisario Timmermans, encargado de los asuntos de transparencia, se ha opuesto repetidas veces a una ampliación de la norma “sin registro no hay encuentro”, y ha alegado que este nivel de rendición de cuentas debería limitarse a los que de verdad toman las decisiones.

No obstante, no se debe subestimar la importancia del lobbying en los niveles inferiores de la Comisión. “¡Métete dentro pronto!” es un conocido mantra de los lobbistas que se enseña en cursos de asuntos públicos, pues el lobbying más eficiente es el que tiene lugar en las primeras fases del proceso de hacer política, incluso lo ideal sería antes de que se empiece a plasmar en el papel.

Por ejemplo, Daniel Guéguen, quien ofrece cursos de lobbying en Buselas, indica que “la situación ideal consiste en hablar al que redacta el borrador antes incluso de que haya escrito la primera palabra de su propuesta. Ese es el momento donde tu capacidad de influencia es mayor.”

A diferencia de Timmermans, Guéguen está muy al tanto de las decisiones que se toman en los distintos niveles de la jerarquía de elaboración de políticas, desde el diseño del marco de referencia a la identificación de potenciales participantes. Estas decisiones son con frecuencia cruciales.

También sabemos que muchas propuestas de políticas de la Comisión se vieron fuertemente influidas por lobbistas corporativos en las primeras fases de su evolución, lo que incluye la Directiva de Secretos Comerciales o el capítulo del TTIP sobre la cooperación regulatoria.

El poder corporativo puede prosperar ahí, ya que una menor transparencia evita el escrutinio público y los grupos de la sociedad civil tienden a carecer de los recursos para hacer frente al lobbying a este nivel. Al mismo tiempo, los medios de comunicación, con frecuencia muestran escaso interés en las políticas “en construcción”, que están todavía lejos de ser votada o puestas en marcha. Los estudios académicos confirman que la influencia de los negocios tiende a ser más alta cuando existe un menor debate público y menos conflicto político abierto. La falta de transparencia proactiva y la ausencia de reglas efectivas empeoran la situación.

La renovación del registro de lobbies en la UE ofrece una oportunidad

El Comisario Timmermans también ha argumentado que la excepción de los funcionarios en la norma “sin registro no hay encuentro” está encaminada a protegerles. Esto no se sostiene.

Los funcionarios con frecuencia hacen frente al difícil trabajo de juntar grandes volúmenes de legislación, la mayoría de las veces bajo presión de tiempo y recursos. En este contexto, normas de transparencia y ética solo les servirán de ayuda y no les perjudicarán. La introducción de la norma “sin registro no hay encuentro” aseguraría que existen claras expectativas por todas las partes, y permitiría al personal en los rangos más bajos de la Comisión que rechazasen intentos agresivos de lobbying, por ejemplo por parte de lobbistas que se nieguen a hacer público  qué cliente representan.

Actualmente, la única razón discernible de la insistencia de la Comisión en excluir a los funcionarios de la norma de transparencia es la falta de voluntad de la institución para progresar en sus propios esfuerzos de transparencia antes de que se hayan puesto a su mismo nivel el Parlamento y el Consejo. Es cierto que las tres instituciones deben aceptar la norma “sin registro no hay reunión” para que esta sea lo más efectiva posible.

No obstante, su implementación de la manera más amplia lo antes posible constituye un claro imperativo para la Comisión, así como liderar la marcha con ella en lugar de usarla como un instrumento de regateo político.

Margarida Silva

Traducción: Fernando Magallanes

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La compañía ha incorporado a sus oficinas en España a Guillermo Serrano, ex consultor sénior de Kreab que ocupa el cargo de public policy manager en la Península Ibérica. El directivo brinda apoyo a Natalia Basterrechea, que lidera esta división desde 2011.

Facebook hace lobby en España. Tras varios meses buscando a un nuevo directivo para reforzar su equipo de políticas públicas en el país, la compañía ha incorporado a Guillermo Serrano, ex consultor sénior de la agencia de comunicación Kreab, como nuevo public policy manager para España y Portugal.

Tal y como han confirmado desde Facebook a Kippel01, la posición de Serrano está ideada para que brinde apoyo a Natalia Basterrechea, quien lidera esta división desde 2011 tras trabajar como asesora legal externa para vLex, la empresa de telecomunicaciones Fon y la GSM Association (dueña de Mobile World Congress).

Serrano, por su parte, llega a Facebook procedente de la agencia de comunicación Kreab, donde ha ejercicio como consultor sénior de asuntos públicos más de un año y medio. Antes de unirse al grupo, el directivo realizó varios trabajos relacionados con la Unión Europea: formó parte del equipo europeo en Whitehouse Consultancy, trabajó como asistente parlamentario en Bruselas, como analista junior en DeHavilland EU y ocupó el cargo de asistente del director en el Council for European Palestinian Relations durante unos meses, entre otros.

El fichaje de Serrano se produce pocos meses después de que Facebook pescara en Twitter a su nuevo responsable de alianzas deportivas estratégicas, Kike Gutiérrez de Ravé. El ejecutivo llevaba cinco años en Twitter, donde se especializó en pensar fórmulas de monetización de contenidos audiovisuales en directo o bajo demanda.

Entre las funciones de Serrano destaca la consecución de alianzas con organizaciones españolas, las reuniones con representantes del Gobierno en España y en Portugal, y el seguimiento de la legislativa vigente en el país. En este sentido, la compañía fue multada con 1,2 millones de euros por parte de la Agencia Española de Protección de Datos (Aepd) el pasado septiembre.

El organismo identificó dos infracciones graves y una muy grave de la Ley Orgánica de Protección de Datos (Lopd) al considerar que Facebook “no informa a los usuarios de forma exhaustiva y clara sobre los datos que va a recoger y el tratamiento que va a realizar de ellos, sino que se limita a dar algunos ejemplos”.

Facebook acaba de presentar los resultados financieros correspondientes al periodo entre enero y septiembre de 2017. Según sus datos, el grupo catapultó su beneficio un 75%, hasta 11.665 millones de dólares (9.879,5 millones de euros) e incrementó sus ingresos un 47% en relación al mismo periodo del año anterior, alcanzando una cifra de negocio de 27.681 millones de dólares (23.444,1 millones de euros).

El grupo estadounidense que encabeza Mark Zuckerberg no desglosa resultados por países. Los últimos datos relativos al negocio de Facebook en España corresponden al ejercicio 2016, cuando la compañía registró pérdidas por 486.916 eurosun 50% más en comparación con el año anterior. En el mismo periodo, la filial registró unos ingresos de 7.859 millones de euros.

La filial española, no obstante, no factura directamente por ingresos publicitarios, sino que es la subsidiaria que Facebook mantiene en Irlanda la que factura la publicidad que vende en el país. Facebook España le cobra por “servicios prestados”.

Explorando nuevas vías de negocio

Entre los últimos movimientos de Facebook a escala global, destaca el lanzamiento del servicio de suscripción de pago a Instant Articles, por el que los usuarios que accedan a noticias a través esta plataforma integrada en la red socials se encontrarán con una opción de pago por un número determinado de artículos.

La empresa ya ha cerrado acuerdos con medios como Bild, The Boston GlobeThe EconomistHeartsLa ReppublicaLe ParisienSpiegelThe TelegraphTronc y The Washington Post. En su momento, Facebook aseguró que muchos editores habían “identificado las suscripciones como su principal prioridad”.

Por otra parte, la compañía estadounidense selló la compra de la aplicación de mensajería anónima To Be Honest (TBH), aunque los detalles de la operación no trascendieron. La aplicación permite a los usuarios responder preguntas sobre sus amigos (con filtro) de forma anónima. Tan solo dos meses después de su lanzamiento, la app ya sumaba más de cinco millones de usuarios.

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El lobby empresarial Barcelona Global ha lanzado una advertencia: la reputación de la marca Barcelona está en peligro. Desde esta institución, privada y sin ánimo de lucro, se insta a los responsables de la situación por la que está atravesando la ciudad “que emprendan todas las medidas para que Barcelona recupere su imagen de ciudad global, activa, abierta al talento, la creatividad y la ciencia”.

En representación de las principales empresas que operan en la capital catalana, Barcelona Global ha recordado en un comunicado “que es una ciudad respetada y admirada, y está cerca de formar parte del selecto grupo de ciudades globales”. En este sentido recuerda que “llegar hasta aquí no ha sido fácil. Construir esta reputación, la marca Barcelona, ha sido un trabajo de décadas en el que todos hemos contribuido”.

La entidad, presidida por Gonzalo Rodés, ha hecho un repaso a algunos de los logros obtenidos por la ciudad desde 2012 -año en el que se constituyó Barcelona Global- en una nota que ha titulado “No good news today“. En la misma, menciona desde la llegada de Amazon, la sede del Hub Digital de Nestlé; a éxitos empresariales como Wallapop, Privalia, eDreams, y otras grandes marcas como Apple, Uniqlo o Hotel Mandarin Oriental que desde hace pocos años han elegido Barcelona como la ciudad para abrir el mercado de España.

También valoran el hecho más reciente: “Acabamos de recibir la mejor calificación entre las ciudades candidatas que aspiran a ser sede de la Agencia Europea de Medicamentos”.

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El grupo del PP en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) ha rechazado en el pleno de este viernes una enmienda de IU a su proposición para regular los «grupos de interés» o «lobby». La coalición pretendía que también se crease un registro sobre los «lobbies» que operen ante la JGPA. La enmienda solicitaba además que se crease un registro de la agenda pública de los diputados.

La negativa del PP a incluir este punto en una proposición que finalmente fue aprobada ha causado «extrañeza» en el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, quien ha considerado raro que se contemple regulación para «lobbies» frente al Gobierno pero no frente al parlamento. «Nos resulta extraño que no se admita esa enmienda», ha dicho Llamazares, quien, no obstante, terminó votando a favor de la iniciativa de los populares.

La proposición no de ley aprobada pide al Gobierno un registro obligatorio de los grupos de interés en el Ámbito de la Administración del Principado, las entidades locales y sus organismos y entidades públicas, que será público, así como tipificar las infracciones en la materia y elaborar un código ético.

En la votación, Podemos ha tenido la llave del resultado final, dado que el PSOE votó en contra mientras que PP, IU, Foro y Ciudadanos lo hacían a favor. Si la formación morada hubiese votado en contra, la iniciativa habría decaído. Pero aunque el diputado de Podemos Daniel Ripa fue muy crítico con el PP, su grupo terminó absteniéndose y la propuesta del PP salió adelante.

Ripa, en su intervención, dijo que el problema no era el registro de los grupos de interés sino que en el PP «han ascendido demasiado rápido algunos delincuentes» y ha dicho que la proposición aprobada era «cosmética».

El diputado del PSOE Marcos Gutiérrez Escandón ha recordado que esta regulación de los lobbies ya se está abordando en el Libro blanco de Participación Ciudadana. Para el socialista, la iniciativa defendida por el PP no es más que «una improvisada ocurrencia del partido de Bárcenas en un intento de lavado de cara».

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La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) presenta una nueva y más amplia propuesta de regulación de la transparencia en la defensa de intereses ante los decisores públicos.

Tras un periodo de debate interno y consultas externas al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y a renombrados expertos jurídicos, APRI aporta una propuesta global con el objetivo de crear un escenario más transparente, que regule las relaciones entre la sociedad civil y la Administración Pública y sea consecuente con el actual entorno social y político español. 

Madrid, 14 de febrero 2017. APRI lleva desde el año 2007 reclamando la regulación del sector en línea con los principales estándares europeos que contemplan la creación de un registro de grupos de interés para hacer más transparentes las relaciones entre la sociedad civil y la Administración Pública. Una herramienta que existe en Bruselas desde el año 2012 y que permite a los ciudadanos conocer las personas y organizaciones que desean influir en las decisiones públicas.

Tras la propuesta realizada por nuestro colectivo en el año 2013 y reflejada en iniciativas parlamentarias, nuestra asociación ha decidido ampliar su propuesta de regulación incluyendo aspectos esenciales para el correcto desarrollo de la actividad. Una actividad que creemos fundamental para cualquier democracia y que hay que llevar a cabo con la máxima transparencia, ya que esta es esencial para mantener la confianza de los ciudadanos en la legitimidad de los procesos legislativos, administrativos y de adopción de políticas públicas.

Para la Presidenta de APRI, María Rosa Rotondo, “la nueva propuesta de APRI intenta ser consecuente con el entorno social y político en España posicionándose en defensa del ejercicio democrático de los profesionales del lobby, y de la demanda de transparencia de los ciudadanos”.

Por ello, APRI propone incorporar las medidas que permitirán garantizar de una manera efectiva el objetivo de transparencia y del derecho a la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos.

La propuesta de APRI -texto completo en el enlace– debe considerarse en su globalidad, acompañada de un conjunto de medidas complementarias para dotar el registro de grupos de interés de la eficacia necesaria. La propuesta desarrolla los siguientes aspectos:

  • Mejor definición de grupo de interés (Art. 2.1)
  • Creación de un Registro Común y su adscripción al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (Art. 3 y 4)
  • Mejor definición del ámbito de aplicación (Art. 7, 8 y disposición final 2)
  • Consecuencias de la inscripción detalladas y Código de Conducta (Art. 9 y 10)
  • Amplia definición de responsable público (Art. 2.3).
  • Mejor definición de derechos y obligaciones (Art. 11 y 12).
  • Agendas públicas (Art. 18 a 21)
  • Huella de la actuación pública (Art. 16)
  • Conflicto de intereses y puertas giratorias (Art. 22 y disposición final segunda)

Infografía 1Infografía 2

Infografía 3

Heraldo de Aragón/Economía, 31 de diciembre 2016

En primera persona

PEDRO FERNÁNDEZ VICEPRESIDENTE DE APRI  

El vicepresidente de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), quien participó en Zaragoza en la jornada ‘La importancia de los asuntos públicos en la gestión empresarial’ organizada por Dircom Aragón, sostiene que la transición de talento entre la administración pública y el sector privado es algo «perfectamente válido, normal y absolutamente necesario».

Hablar de lobby en España tiene una connotación negativa. Se asocia con la corrupción política y empresarial.

De momento sí, pero no es el caso afortunadamente en muchos otros países de nuestro entorno.

En España nadie sabe ni con quién se reúne ni para qué. No hay transparencia.

Todavía hay poco conocimiento de la profesión. La transparencia depende más de las administraciones públicas y de las agendas de los propios lobistas. Por eso se está trabajando desde la propia asociación para que haya más transparencia e integridad en el ejercicio de esta profesión.

De hecho, APRI lleva desde 2007 reivindicando la necesidad de regular el lobby. ¿Ve posible un acuerdo político en esta legislatura?

Eso esperamos. Llevamos trabajando 10 años en divulgar y normalizar la profesión del lobby, que nos parece que es fundamental para el desarrollo y la regeneración democrática. Tenemos bastante confianza de que en esta legislatura pueda progresar algún tipo de desarrollo normativo, más en concreto hacia lo que sería un registro común de lobistas.

¿Cuánto han contribuido las puertas giratorios a tener esa imagen negativa de las relaciones institucionales?

Desgraciadamente mucho, pero creo que es un tema que afecta más a la clase política. Los profesionales del lobby somos muy conscientes de la necesidad de mantener la integridad y de tener un código de conducta muy férreo.

¿Qué opina usted de esa práctica tan habitual en nuestro país? El último intento fallido fue el de colocar al exministro Soria como director ejecutivo del Banco Mundial.

Desde APRI pensamos que el importar el talento de la administración pública y permear el talento del sector privado a la función pública es algo absolutamente necesario y positivo. Sin embargo, cuando se utiliza de forma errónea y se incurren en delitos tipificados en el Código Penal es cuando viene el problema. Lo que denunciamos es un incumplimiento de la ley en algunos casos, pero lo que es la transición de talento entre ambos estamentos es algo perfectamente válido, normal y absolutamente necesario.

¿No le parece mal que un exministro por ejemplo se incorpore a una gran empresa?

Siempre y cuando se trate de la misma actividad, del mismo sector y pase de una manera digamos automática, sin ningún tipo de periodo tal y como prevé la ley, nosotros no podemos estar nunca a favor de eso porque estaríamos incumpliendo la ley. Desde APRI vamos más allá en nuestra propuesta regulatoria, que estamos defendiendo y presentando a todos los grupos parlamentarios. Lo que defendemos en primer lugar es que renuncien a las puertas giratorias todos los representantes públicos, no solo a los altos cargos, y que además se establezcan de forma precisa cuáles son esas áreas de interés para que no pueda haber una migración inmediata en esa área concreta.

¿Son los presidentes de las grandes compañías los verdaderos lobistas en nuestro país?

Yo creo que no. Afortunadamente cada vez hay más profesionales que se dedican a esto, que tienen método, formación específica y que representan los intereses de una manera muy profesional y bastante seria.

¿Y hay lobistas encubiertos en asociaciones y fundaciones creados para otro fin?

Hay gente, asociaciones e instituciones que de facto hacen lobby, pero que probablemente no sean ni conscientes de lo que hacen fruto del desconocimiento que hay sobre el ejercicio de esta profesión.

¿Hasta qué punto pueden influir los profesionales de los asuntos públicos en las decisiones de un gobierno?

Bastante. Sobre todo a la hora de plantear el impacto que pueda tener una regulación, el legislador tiene en cuenta los puntos de vista y a partir de ahí es el que decide.

Ahora tienen más trabajo con la irrupción de nuevos partidos políticos y mayor pluralidad en la toma de decisiones.

Desde luego. Hace nuestro trabajo más interesante y apasionante. En el momento en el que el Parlamento tiene un rol más activo, hay que trabajar a muchos más niveles y estamentos.

¿Cuál es el peso de los asuntos públicos en la gestión empresarial?

Es muy importante porque los asuntos públicos permiten acceder a información sobre lo que pueda acontecer en cuanto a desarrollos normativos que afectan a la estrategia de cualquier empresa. En cuanto a importancia, los representantes de asuntos públicos normalmente están muy cerca de la dirección general de la empresa y se tiene muy en cuenta su punto de vista e incluso el mensaje que pueda trasladarse de cara al exterior.

¿Y es rentable para una empresa contar con lobbies profesionales?

Sí.

¿La profesión goza de buena salud?

Está en auge. Es una profesión de futuro para nuevas generaciones. Estamos viviendo un buen momento, pero sigue siendo muy importante continuar explicando en qué consiste esta profesión, desmitificar el mundo del lobby y normalizarla.

¿Qué hay que tener para ser un buen lobista?

Ser muy inquieto, tener buena capacidad de comunicación, tener una mentalidad estratégica y ser capaz de manejar la ambigüedad o los elementos menos concretos para poder trasladar puntos de vista a veces no sencillos.

 

María Usán

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Capital. Nr. 194, diciembre 2016

Luz y taquígrafos para el ‘lobby’

Con el objetivo de iluminar un campo que está ‘entre tinieblas’ al confundirse con otras actividades que bordean la ilegalidad, la solución es clara: profesionalizar.

 

En la actual legislatura, más del 60% de los diputados son nuevos. Muchos de ellos no saben de todo, o de un determinado campo. Entonces, ¿qué hacen? Reunirse con quien sí posee los conocimientos. “La herramienta del lobista es proveer de información de manera e caz”, afirma Daniel Ureña, socio y director general de Mas Consulting Group. Porque la esencia del lobby es promover el diálogo entre los diferentes actores sociales y empresariales con los representantes políticos. “Teniendo en cuenta que la legislatura vendrá marcada por la necesidad del consenso, el pacto y el acuerdo, no sólo entre los partidos, sino también con el resto de la sociedad, el Congreso y el Senado volverán a ser el centro de la vida política y, por tanto, el escenario principal para el lobby”, añade Ureña.

¿Significa eso que los políticos se verán atraídos por el lado oscuro? ¿Aumentará la corrupción? ¿Las tentaciones estarán al orden del día? ¿Sobornos y tráfico de influencias volverán a ser portada de los medios de comunicación? Los antecedentes no acompañan. Un dato: el 77% de los españoles cree que la corrupción es parte de la cultura de los negocios en el país, mientras que el 67% estima que la única forma de tener éxito en los negocios son las conexiones políticas. De ahí que a veces se confunda lobby con tráfico de influencias. “Ejemplos de malas prácticas contribuyen a la mala imagen del lobby”, asegura Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional en España y catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid.

Registro voluntario. En la página de transparencia de la UE, hay 422 grupos españoles inscritos. ¿Su fin? Intervenir en la toma de decisiones que allí se discuten. ¿Y en España? Actualmente existe un registro en la CNMC de carácter voluntario, público y gratuito en el que están inscritos organizaciones de consumidores, patronales, multinacionales, movimientos ciudadanos, y despachos de abogados, entre otros (Llorente y Cuenca, Anfac, Fiab, Tecniberia, OCU…). En total, unas 350 entidades. Pero ni están todos los que son, ni son todos los que están. “No tenemos un número claro de personas que se dedican a ello en España”, apunta Andrea Vota, gerente de APRI (Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales). Y añade: “Creemos necesaria la normalización de la actividad a través de un registro de transparencia dándole credibilidad”. ¿Cómo debe ser dicho registro? “Obligatorio, ya que si lo haces voluntario, las reglas del juego se quedan para unos, y los demás siguen jugando a su aire”, matiza Vota. En Cataluña ya lo hay, y en el mismo hay unos 800 inscritos. “Es ingenuo pensar que con ello se acabarían las malas prácticas, como también es equivocado pensar que sin regulación no se hace de forma legal”, matiza Jorge Cachinero, director ejecutivo del Senior Management Program del IE Business School y profesor de Lobby. ¿Quiere eso decir que hay un lobby bueno y otro malo? “No es ni una cosa ni otra. Depende de los intereses que se defiendan siempre que se haga de manera ética”, puntualiza Daniel Ureña. Y Jesús Lizcano lo tiene muy claro: “Es una actividad normal que debería estar regulada”.

No hay un código de conducta oficial para lobistas, y sería bueno que existiera. Tampoco un censo. “Si se hace un registro, que se haga bien. El problema son los atajos, que no se registren, y trabajen”, subraya Daniel Ureña. También sería bueno que hubiera una huella legislativa para que se supiera quiénes y por qué se reúnen: que se tuviera constancia de los pasos que se dan desde el primer borrador hasta la aprobación final de la ley. Incluir agendas abiertas de los decisores públicos. Y si se incumple lo estipulado, que ha- ya castigo. “Hablar de sanciones sin dotar al órgano sancionador sería agua de borrajas”, indica Andrea Vota. En definitiva: transparencia, regulación y registro público.

Día a día. El político piensa en votos, en popularidad, en el impacto mediático y en mejorar la sociedad. En España hay alrededor de 122.000 cargos políticos, más de 50.000 organismos públicos y unos 2.500 parlamentarios. Las empresas, por su parte, en su cuenta de resultados. “Para todos ellos el lobby es útil”, asegura Daniel Ureña. ¿Cómo trabajan? “La idea que tiene todo el mundo es la de sentarse a comer, y no es así”, argumenta el gerente de APRI. Hay un componente de análisis y de estrategia muy importante: reunir información, recabar datos y presentarlos. “Hay que salir del estereotipo del relaciones públicas. Es importante, pero no lo único”, matiza Vota. Se parece bastante al de cualquier directivo: muchas horas de despacho, hacer codos, estudiar, interpretar el entorno, la evolución de la política… Y eso exige tiempo, estudio, sacrificio, dedicación y contacto permanente con su grupo de interés. Tienen que salir a encontrarse con sus interlocutores, ya sean funcionarios, miembros del gobierno o políticos, para tratar de persuadirles de las bondades de sus argumentos. “No pueden plantear una decisión sólo por su interés particular, sino que tienen que mirar el del público. Si no es así, puedes no recolectar lo que quieres”, resalta Andrea Vota.

Quiénes tienen más músculo? Si nos centramos en el ámbito empresarial, aquellas armas que están más reguladas o tienen riesgo de estarlo. Y, claro está, los que tienen más recursos: banca, energía, tabaco, alcohol, salud, alimentación… Ahí estaría el Ibex 35. ¿Y cuáles son los sectores que ahora están on fire? Sobre todo uno: alimentación. El regulador está intentando corregir el consumo de los ciudadanos: azúcar, grasas saturadas… En su mente está ‘premiar’ a aquellos que están en línea con la salud, y ‘castigar’ a los enganchados a consumos menos saludables y que, a largo plazo, pueden ser ‘carne de cañón’ de hospitales, con el consiguiente gasto para el sistema sanitario.

Cuestión de saber. Según el estudio ‘La visión empresarial de los Public Affairs en España’, elaborado por APRI, las acciones en materia de asuntos públicos suponen más del 10% del presupuesto anual de las empresas encuestadas. Un porcentaje que no va a menguar en el futuro. “Es difícil encontrar un sector de actividad que no se juegue su cuenta de resultados en relación con el regulador”, señala Jorge Cachinero. De hecho, los profesionales dedicados a este menester llegan a reportar al director general o al consejero delegado de la compañía de turno, cuando no están de hecho en el propio consejo de administración. “Muchas veces las compañías saben más que los gobiernos y que los parlamentos de lo que están hablando”, recalca Cachinero.

¿Cuáles son los pilares sobre los que deben basar su relación con las autoridades, los parlamentos, o el legislativo? “Que la información sea veraz, no basada en rumores ni en opiniones subjetivas”, indica el representante del IE Business School. En segundo lugar, que sean propuestas proporcionadas, con un objetivo claro a cumplir, y que el camino a desarrollar sea el menos oneroso. Por ejemplo, y para acabar con los fallecimientos de jóvenes en accidentes de tráfico tras haber consumido alcohol, el legislador podría solventar el problema prohibiendo fabricar bebidas alcohólicas o la venta de auto- móviles. Esa solución no sería buena. “Tiene que ser una política pública proporcionada al objetivo perseguido”, indica Jorge Cachinero. Y, por último, los lobistas tienen que buscar que las políticas públicas sean aplicables. La razón es bien sencilla: las leyes que no se pueden cumplir no tienen ningún sentido. ¿Cuáles fueron las dos primeras medidas que tomó Woody Allen en Bananas, la película que satirizaba la revolución cubana? Que el idioma oficial fuese el sueco, y que los ciudadanos tenían que cambiar su ropa interior cada hora. A todas luces, decisiones absurdas. “Las compañías que lleguen al regulador cumpliendo estos tres puntos serán las triunfantes”, resume el profesor de Lobby.

 

Valentín Bustos

Redactor Capital

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El Consejo de Ministros del pasado viernes aprobó un acuerdo por el que se dictan instrucciones para habilitar la participación pública en el proceso de elaboración normativa a través de los portales web de los departamentos ministeriales.
La participación ciudadana podrá también iniciarse a través del Portal de Transparencia, que canalizará a cada departamento ministerial competente las correspondientes propuestas.

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Un total de 9.938 grupos de presión y organizaciones interesadas en influir en la legislación de la UE se han inscrito hasta ahora en el registro de transparencia que Bruselas creó en 2008 y que tenía carácter voluntario. El pasado miércoles 28/09, la Comisión Europea ha propuesto ir un paso más allá: convertir el registro en obligatorio para todos los lobistas que quieran reunirse con representantes no sólo del Ejecutivo comunitario sino también de la Eurocámara y del Consejo de ministros de la UE.