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D. Álvaro Sanz

 

Álvaro SanzConsultor de Public Affairs en Atrevia, Álvaro Sanz López es graduado en Ciencias Políticas por la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y ha cursado el Postgrado de Dirección de Asuntos Públicos (PDAP) en la Universidad Pontificia Comillas.

Consultor de public affairs y comunicación en Cariotipo MH5, con anterioridad ha trabajado en instituciones como la Fundación José Ortega y Gasset – Gregorio Marañón y el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ). Posee un amplio conocimiento sobre la Unión Europea y la política de América Latina.

Compagina su actividad profesional con una labor de investigación académica en áreas como la comunicación política, las relaciones institucionales y la historia de España.

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Heraldo de Aragón/Economía, 31 de diciembre 2016

En primera persona

PEDRO FERNÁNDEZ VICEPRESIDENTE DE APRI  

El vicepresidente de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), quien participó en Zaragoza en la jornada ‘La importancia de los asuntos públicos en la gestión empresarial’ organizada por Dircom Aragón, sostiene que la transición de talento entre la administración pública y el sector privado es algo «perfectamente válido, normal y absolutamente necesario».

Hablar de lobby en España tiene una connotación negativa. Se asocia con la corrupción política y empresarial.

De momento sí, pero no es el caso afortunadamente en muchos otros países de nuestro entorno.

En España nadie sabe ni con quién se reúne ni para qué. No hay transparencia.

Todavía hay poco conocimiento de la profesión. La transparencia depende más de las administraciones públicas y de las agendas de los propios lobistas. Por eso se está trabajando desde la propia asociación para que haya más transparencia e integridad en el ejercicio de esta profesión.

De hecho, APRI lleva desde 2007 reivindicando la necesidad de regular el lobby. ¿Ve posible un acuerdo político en esta legislatura?

Eso esperamos. Llevamos trabajando 10 años en divulgar y normalizar la profesión del lobby, que nos parece que es fundamental para el desarrollo y la regeneración democrática. Tenemos bastante confianza de que en esta legislatura pueda progresar algún tipo de desarrollo normativo, más en concreto hacia lo que sería un registro común de lobistas.

¿Cuánto han contribuido las puertas giratorios a tener esa imagen negativa de las relaciones institucionales?

Desgraciadamente mucho, pero creo que es un tema que afecta más a la clase política. Los profesionales del lobby somos muy conscientes de la necesidad de mantener la integridad y de tener un código de conducta muy férreo.

¿Qué opina usted de esa práctica tan habitual en nuestro país? El último intento fallido fue el de colocar al exministro Soria como director ejecutivo del Banco Mundial.

Desde APRI pensamos que el importar el talento de la administración pública y permear el talento del sector privado a la función pública es algo absolutamente necesario y positivo. Sin embargo, cuando se utiliza de forma errónea y se incurren en delitos tipificados en el Código Penal es cuando viene el problema. Lo que denunciamos es un incumplimiento de la ley en algunos casos, pero lo que es la transición de talento entre ambos estamentos es algo perfectamente válido, normal y absolutamente necesario.

¿No le parece mal que un exministro por ejemplo se incorpore a una gran empresa?

Siempre y cuando se trate de la misma actividad, del mismo sector y pase de una manera digamos automática, sin ningún tipo de periodo tal y como prevé la ley, nosotros no podemos estar nunca a favor de eso porque estaríamos incumpliendo la ley. Desde APRI vamos más allá en nuestra propuesta regulatoria, que estamos defendiendo y presentando a todos los grupos parlamentarios. Lo que defendemos en primer lugar es que renuncien a las puertas giratorias todos los representantes públicos, no solo a los altos cargos, y que además se establezcan de forma precisa cuáles son esas áreas de interés para que no pueda haber una migración inmediata en esa área concreta.

¿Son los presidentes de las grandes compañías los verdaderos lobistas en nuestro país?

Yo creo que no. Afortunadamente cada vez hay más profesionales que se dedican a esto, que tienen método, formación específica y que representan los intereses de una manera muy profesional y bastante seria.

¿Y hay lobistas encubiertos en asociaciones y fundaciones creados para otro fin?

Hay gente, asociaciones e instituciones que de facto hacen lobby, pero que probablemente no sean ni conscientes de lo que hacen fruto del desconocimiento que hay sobre el ejercicio de esta profesión.

¿Hasta qué punto pueden influir los profesionales de los asuntos públicos en las decisiones de un gobierno?

Bastante. Sobre todo a la hora de plantear el impacto que pueda tener una regulación, el legislador tiene en cuenta los puntos de vista y a partir de ahí es el que decide.

Ahora tienen más trabajo con la irrupción de nuevos partidos políticos y mayor pluralidad en la toma de decisiones.

Desde luego. Hace nuestro trabajo más interesante y apasionante. En el momento en el que el Parlamento tiene un rol más activo, hay que trabajar a muchos más niveles y estamentos.

¿Cuál es el peso de los asuntos públicos en la gestión empresarial?

Es muy importante porque los asuntos públicos permiten acceder a información sobre lo que pueda acontecer en cuanto a desarrollos normativos que afectan a la estrategia de cualquier empresa. En cuanto a importancia, los representantes de asuntos públicos normalmente están muy cerca de la dirección general de la empresa y se tiene muy en cuenta su punto de vista e incluso el mensaje que pueda trasladarse de cara al exterior.

¿Y es rentable para una empresa contar con lobbies profesionales?

Sí.

¿La profesión goza de buena salud?

Está en auge. Es una profesión de futuro para nuevas generaciones. Estamos viviendo un buen momento, pero sigue siendo muy importante continuar explicando en qué consiste esta profesión, desmitificar el mundo del lobby y normalizarla.

¿Qué hay que tener para ser un buen lobista?

Ser muy inquieto, tener buena capacidad de comunicación, tener una mentalidad estratégica y ser capaz de manejar la ambigüedad o los elementos menos concretos para poder trasladar puntos de vista a veces no sencillos.

 

María Usán

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Capital. Nr. 194, diciembre 2016

Luz y taquígrafos para el ‘lobby’

Con el objetivo de iluminar un campo que está ‘entre tinieblas’ al confundirse con otras actividades que bordean la ilegalidad, la solución es clara: profesionalizar.

 

En la actual legislatura, más del 60% de los diputados son nuevos. Muchos de ellos no saben de todo, o de un determinado campo. Entonces, ¿qué hacen? Reunirse con quien sí posee los conocimientos. “La herramienta del lobista es proveer de información de manera e caz”, afirma Daniel Ureña, socio y director general de Mas Consulting Group. Porque la esencia del lobby es promover el diálogo entre los diferentes actores sociales y empresariales con los representantes políticos. “Teniendo en cuenta que la legislatura vendrá marcada por la necesidad del consenso, el pacto y el acuerdo, no sólo entre los partidos, sino también con el resto de la sociedad, el Congreso y el Senado volverán a ser el centro de la vida política y, por tanto, el escenario principal para el lobby”, añade Ureña.

¿Significa eso que los políticos se verán atraídos por el lado oscuro? ¿Aumentará la corrupción? ¿Las tentaciones estarán al orden del día? ¿Sobornos y tráfico de influencias volverán a ser portada de los medios de comunicación? Los antecedentes no acompañan. Un dato: el 77% de los españoles cree que la corrupción es parte de la cultura de los negocios en el país, mientras que el 67% estima que la única forma de tener éxito en los negocios son las conexiones políticas. De ahí que a veces se confunda lobby con tráfico de influencias. “Ejemplos de malas prácticas contribuyen a la mala imagen del lobby”, asegura Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional en España y catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid.

Registro voluntario. En la página de transparencia de la UE, hay 422 grupos españoles inscritos. ¿Su fin? Intervenir en la toma de decisiones que allí se discuten. ¿Y en España? Actualmente existe un registro en la CNMC de carácter voluntario, público y gratuito en el que están inscritos organizaciones de consumidores, patronales, multinacionales, movimientos ciudadanos, y despachos de abogados, entre otros (Llorente y Cuenca, Anfac, Fiab, Tecniberia, OCU…). En total, unas 350 entidades. Pero ni están todos los que son, ni son todos los que están. “No tenemos un número claro de personas que se dedican a ello en España”, apunta Andrea Vota, gerente de APRI (Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales). Y añade: “Creemos necesaria la normalización de la actividad a través de un registro de transparencia dándole credibilidad”. ¿Cómo debe ser dicho registro? “Obligatorio, ya que si lo haces voluntario, las reglas del juego se quedan para unos, y los demás siguen jugando a su aire”, matiza Vota. En Cataluña ya lo hay, y en el mismo hay unos 800 inscritos. “Es ingenuo pensar que con ello se acabarían las malas prácticas, como también es equivocado pensar que sin regulación no se hace de forma legal”, matiza Jorge Cachinero, director ejecutivo del Senior Management Program del IE Business School y profesor de Lobby. ¿Quiere eso decir que hay un lobby bueno y otro malo? “No es ni una cosa ni otra. Depende de los intereses que se defiendan siempre que se haga de manera ética”, puntualiza Daniel Ureña. Y Jesús Lizcano lo tiene muy claro: “Es una actividad normal que debería estar regulada”.

No hay un código de conducta oficial para lobistas, y sería bueno que existiera. Tampoco un censo. “Si se hace un registro, que se haga bien. El problema son los atajos, que no se registren, y trabajen”, subraya Daniel Ureña. También sería bueno que hubiera una huella legislativa para que se supiera quiénes y por qué se reúnen: que se tuviera constancia de los pasos que se dan desde el primer borrador hasta la aprobación final de la ley. Incluir agendas abiertas de los decisores públicos. Y si se incumple lo estipulado, que ha- ya castigo. “Hablar de sanciones sin dotar al órgano sancionador sería agua de borrajas”, indica Andrea Vota. En definitiva: transparencia, regulación y registro público.

Día a día. El político piensa en votos, en popularidad, en el impacto mediático y en mejorar la sociedad. En España hay alrededor de 122.000 cargos políticos, más de 50.000 organismos públicos y unos 2.500 parlamentarios. Las empresas, por su parte, en su cuenta de resultados. “Para todos ellos el lobby es útil”, asegura Daniel Ureña. ¿Cómo trabajan? “La idea que tiene todo el mundo es la de sentarse a comer, y no es así”, argumenta el gerente de APRI. Hay un componente de análisis y de estrategia muy importante: reunir información, recabar datos y presentarlos. “Hay que salir del estereotipo del relaciones públicas. Es importante, pero no lo único”, matiza Vota. Se parece bastante al de cualquier directivo: muchas horas de despacho, hacer codos, estudiar, interpretar el entorno, la evolución de la política… Y eso exige tiempo, estudio, sacrificio, dedicación y contacto permanente con su grupo de interés. Tienen que salir a encontrarse con sus interlocutores, ya sean funcionarios, miembros del gobierno o políticos, para tratar de persuadirles de las bondades de sus argumentos. “No pueden plantear una decisión sólo por su interés particular, sino que tienen que mirar el del público. Si no es así, puedes no recolectar lo que quieres”, resalta Andrea Vota.

Quiénes tienen más músculo? Si nos centramos en el ámbito empresarial, aquellas armas que están más reguladas o tienen riesgo de estarlo. Y, claro está, los que tienen más recursos: banca, energía, tabaco, alcohol, salud, alimentación… Ahí estaría el Ibex 35. ¿Y cuáles son los sectores que ahora están on fire? Sobre todo uno: alimentación. El regulador está intentando corregir el consumo de los ciudadanos: azúcar, grasas saturadas… En su mente está ‘premiar’ a aquellos que están en línea con la salud, y ‘castigar’ a los enganchados a consumos menos saludables y que, a largo plazo, pueden ser ‘carne de cañón’ de hospitales, con el consiguiente gasto para el sistema sanitario.

Cuestión de saber. Según el estudio ‘La visión empresarial de los Public Affairs en España’, elaborado por APRI, las acciones en materia de asuntos públicos suponen más del 10% del presupuesto anual de las empresas encuestadas. Un porcentaje que no va a menguar en el futuro. “Es difícil encontrar un sector de actividad que no se juegue su cuenta de resultados en relación con el regulador”, señala Jorge Cachinero. De hecho, los profesionales dedicados a este menester llegan a reportar al director general o al consejero delegado de la compañía de turno, cuando no están de hecho en el propio consejo de administración. “Muchas veces las compañías saben más que los gobiernos y que los parlamentos de lo que están hablando”, recalca Cachinero.

¿Cuáles son los pilares sobre los que deben basar su relación con las autoridades, los parlamentos, o el legislativo? “Que la información sea veraz, no basada en rumores ni en opiniones subjetivas”, indica el representante del IE Business School. En segundo lugar, que sean propuestas proporcionadas, con un objetivo claro a cumplir, y que el camino a desarrollar sea el menos oneroso. Por ejemplo, y para acabar con los fallecimientos de jóvenes en accidentes de tráfico tras haber consumido alcohol, el legislador podría solventar el problema prohibiendo fabricar bebidas alcohólicas o la venta de auto- móviles. Esa solución no sería buena. “Tiene que ser una política pública proporcionada al objetivo perseguido”, indica Jorge Cachinero. Y, por último, los lobistas tienen que buscar que las políticas públicas sean aplicables. La razón es bien sencilla: las leyes que no se pueden cumplir no tienen ningún sentido. ¿Cuáles fueron las dos primeras medidas que tomó Woody Allen en Bananas, la película que satirizaba la revolución cubana? Que el idioma oficial fuese el sueco, y que los ciudadanos tenían que cambiar su ropa interior cada hora. A todas luces, decisiones absurdas. “Las compañías que lleguen al regulador cumpliendo estos tres puntos serán las triunfantes”, resume el profesor de Lobby.

 

Valentín Bustos

Redactor Capital

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Según el estudio “La visión empresarial de los Public Affaires en España” realizado por la Escuela Internacional de Comunicación (EIC) y el Foro APRI –integrado por las consultoras de Public Affairs y Relaciones Institucionales Burson-Marsteller, Political Intelligence, KREAB, Deva y Redondo y Asociados- 4 de cada 10 responsables de los asuntos públicos en las empresas y organizaciones en España depende directamente de la dirección general. Los cambios en el tablero político y el aumento de la regulación se adivinan como los factores clave del aumento del peso de estos profesionales en el entorno privado, una tendencia que a todas luces seguirá al alza en España, donde aún se espera una regulación uniforme sobre el lobby y el trabajo de los profesionales de los asuntos públicos.

La regeneración política que ha vivido –y vive actualmente– España, unido a la exigencia de una mayor transparencia a las organizaciones privadas está contribuyendo en los últimos tiempos a que una figura –hasta ahora invisible– salga de las penumbras. Los profesionales de los asuntos públicos o relaciones institucionales (los llamados –y denostados– lobistas) poco a poco se van colocando al frente de las organizaciones y ocupando puestos de poder. Así al menos lo demuestra el estudio “La visión empresarial de los Public Affaires en España”, realizado por la APRI en colaboración con las firmas Burson Marsteller, Deva, KREAB, Political Intelligence y Redondo y Asociados y que se ha presentado esta semana en Madrid. Según este informe, el 40% de los profesionales de los asuntos públicos reporta directamente a la dirección general de las compañías, una prueba del peso que esta figura está cobrando en el sector empresarial nacional.

Aún la figura del profesional de las relaciones institucionales está cobrando protagonismo, y muchas veces estas competencias están siendo asumidas por otras figuras dentro de las empresas. Así, por ejemplo, un 6% de los responsables de marketing y comunicación también se hacen cargo de estas funciones. El 16% de los responsables de los asuntos corporativos. La figura que más acapara las relaciones con los stakeholders públicos es el responsable de relaciones externas, precisamente por esa cercanía con los grupos de interés ajenos a la organización.

Los asuntos públicos están cada vez más integrados en la estructura corporativa

Según el estudio “La visión empresarial de los Public Affaires en España”, las grandes empresas, asociaciones empresariales, despachos de public affaires y ONG´s son quienes más desarrollan esta actividad en España. Influir en la regulación de las actividades sectoriales y mejorar el entorno de negocio de las compañías son las principales utilidades de los public affaires para los profesionales. Sin embargo, y a pesar de la mejora de la imagen del trabajo de estos profesionales, aún la falta de una regulación a nivel nacional hace difícil que cambie la percepción sobre su trabajo con las administraciones públicas. En este sentido, transparencia, regulación, y registro son los factores que, a juicio de los profesionales de las relaciones institucionales, contribuyen a mejorar la percepción de esta actividad en la sociedad. Por este motivo, para la inmensa mayoría de los profesionales entrevistados en el estudio, la regulación de la actividad de lobby y public affaires es necesaria.

Una de las asignaturas pendientes del anterior gobierno del Partido Popular fue sacar adelante la prometida y ansiada regulación del lobby dentro del Congreso de los Diputados. Por el momento, desde algunas comunidades autónomas e instituciones, como la CNMC o el ayuntamiento de Madrid se han puesto en marcha iniciativas relacionadas con el registro de lobistas y empresas dedicadas a los asuntos públicos, aunque estas medidas son vistas con buenos ojos por el sector, aún se consideran insuficientes. Para muchos profesionales, la regulación ayudará a una mejora de la práctica y también una mejora notable en la percepción pública de la actividad del lobby y los asuntos públicos.

El asesoramiento externo en Public Affaires, con buenos ojos por las empresas

Según el estudio de APRI, “la mayoría de las compañías trabajan con consultoras especializadas y el 88% repetiría las compañías contratadas con recursos externos”. En este sentido, la puesta en marcha de registros como el de la CNMC, ha abierto las puertas a muchas empresas del sector a “hacerse visibles” en estas tareas y poder ofrecer sus servicios de una manera profesional, alejada de las sombras.

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Yo sí soy lobista,

Y créanme, no me dedico a promover contratos, amañar concursos, cobrar comisiones, hacer regalos… Mi respeto por la profesión, ética personal y códigos deontológicos que he suscrito con mi asociación profesional y mi empresa me lo impiden.

Yo sí soy lobista: me dedico al sano y democrático ejercicio de hacer que mis puntos de vista o los de mis clientes sean tenidos en cuenta por las instituciones públicas antes de que adopten una decisión. Porque creo que deben conocer todas las perspectivas para tomar decisiones informadas. Y eso, ni más ni menos, es el lobby, la representación de intereses, hablo en nombre de todos los colegas que formamos parte de esta profesión.

Muchos hablan de grupos de presión, pero no presionamos con sobres, promesas de contratos o cualquier otro favor; como mucho, ejercemos la presión que los datos y los argumentos basados en razones contrastadas nos permiten.

Los miembros de APRI, asociación que en España representa a los profesionales de las relaciones institucionales, estamos indignados no solo por la apelación inadecuada de personas que intentan defenderse en un banquillo enturbiando nuestra profesión, sino por el daño que se hace a la profesión al albur de esta situación, con intención o sin ella.

María Rosa Rotondo

Presidenta de APRI

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El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, organismo creado por la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno para velar por su cumplimiento y asegurar el derecho que asiste a la ciudadanía de acceder a la información pública, tiene sobre su mesa más de cuarenta peticiones de ciudadanos, asociaciones y periodistas que demandan acceso al contenido de las agendas de altos cargos y miembros del Gobierno.

Es cierto, como ya se ha destacado reiteradamente, que facilitar las agendas no figura entre las obligaciones que legalmente tienen hoy los altos cargos. Pero no es menos cierto que, entre los principios de buen gobierno que deberán inspirar su actuación, figura, según recoge la Ley, “el desempeño de sus funciones con transparencia”.

El preámbulo de la Ley, que tras 40 años de democracia garantiza ¡por fin! el derecho a saber, especifica además que el objeto de la Ley no es otro que “poder someter a escrutinio la acción de los responsables públicos, conocer cómo se toman las decisiones que nos afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones”.

Estén obligados o no, es compatible con avanzar en un compromiso con la transparencia. No cabe duda que la agenda de trabajo de un responsable público es un elemento esencial para dar respuestas transparentes a las demandas ciudadanas. Nadie duda tampoco que, la agenda, es un mecanismo de rendición de cuentas de la actividad pública y que cumple con aquellos principios, ya antiguos, que inspiraron a Rousseau al afirmar que “la democracia es la gestión bajo los ojos del pueblo”.

No habría nada mejor, para alcanzar mayores cotas de transparencia, que saber y entender qué ocurre en la actividad de quien protagoniza la actividad pública y gestiona los intereses de la ciudadanía.

Hoy, tenemos claro, y queda fuera de toda controversia, que el dinero público debe estar sujeto a fiscalización, y que los actos públicos, como actividad ligada a la legalidad y al interés general, están sujetos a exigencia de responsabilidad.  ¿Y el tiempo de un alto cargo? Tan valioso, importante y público… ¿no debe rendir cuentas?

Es un interrogante para la reflexión. No hablamos de las actividades privadas de los responsables públicos, ni de medir los tiempos de su vida íntima y personal, sino de las actividades profesionales con responsabilidad y trascendencia,  de los encuentros donde se adoptan decisiones, de aquellos actos y reuniones con consecuencias para todos.

Las agendas deben pasar del simple y escueto comunicado oficial, respetando siempre la normativa en protección de datos, a ser una auténtica rendición de cuentas.

¿Qué hacen nuestros gestores durante su tiempo público? Si lo pudiéramos conocer, conseguiríamos una mayor confianza en nuestras instituciones, avanzaríamos en la prevención de actuaciones, ya conocidas, que nunca se debieron producir y haríamos de la actividad transparente un valor social, político y personal que serviría de revulsivo a una sociedad un tanto desencantada.

Hay precedentes, además, que nos deben hacer reflexionar. Cuando la agenda pública de un alto cargo se oculta, el tiempo acaba desvelándola y, en ocasiones, con una repercusión social negativa que no habría existido si hubiera sido conocida en su momento.

Aquel razonamiento de que “no hay mejor secreto que aquél que todos conocen” debe alentar la vida pública. Sería el mejor compromiso con la transparencia. Y en esa vía trabaja el Consejo, buscando líneas de consenso para conseguir, entre todos, que el tiempo público no continúe siendo un gran secreto para los ciudadanos.

Esther Arizmendi

Presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

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Esteban Egea Reunión C'sCon motivo de la presentación de la Ley integral de lucha contra la corrupción y protección de denunciantes el Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha organizado, hoy miércoles, una sesión de trabajo informativa sobre los aspectos más relevantes de esta iniciativa, ya registrada en el Congreso de los Diputados.

En la reunión, presidida por el líder de C’s Albert Rivera, han participado el Vicepresidente primero del Congreso, Nacho Prendes; la portavoz del GPC’s en la Comisión de Justicia, Patricia Reyes; y el presidente de la Comisión para la Auditoría de la Calidad Democrática, la Lucha contra la Corrupción y las Reformas Institucionales y Legales, Toni Cantó. Al encuentro han asistido la Presidenta de APRI, María Rosa Rotondo, y el Secretario, Esteban Egea, junto con representantes de Hay Derecho, Foro por la Transparencia, Civio, Change.org, Politikon, +Democracia y Transparencia Internacional.

En su intervención, María Rosa Rotondo ha hecho hincapié en la necesidad de regular el lobby, objetivo que APRI lleva persiguiendo desde el año 2007. Este aspecto queda recogido en la propuesta de C’s, aunque hay más temas que se podrían profundizar -según subrayó la Presidenta Rotondo- tal como la regulación de las puertas giratorias, las agendas públicas o un código de conducta más detallado y en línea con los estándares europeos.

Asistentes Reunión C'sOtros puntos firmes que desde APRI creemos fundamentales para una buena regulación, y que Rotondo le ha trasladado al grupo de C’s en su intervención, son la obligatoriedad y universalidad del registro ante la proliferación de regulaciones en materia en nuestro país. Así como el concepto más amplio de huella de la actuación pública que se está desarrollando desde la asociación, y que hay de incluir en la regulación del lobby.

Desde APRI aplaudimos y evaluamos positivamente la iniciativa de Ciudadanos, aunque nos gustaría subrayar -como llevamos haciendo desde hace tiempo- que la regulación del lobby responde a una necesidad de transparencia de nuestra sociedad y no para luchar contra la corrupción.

Desde 1999, Deva se ocupa de construir, mejorar y proteger la reputación de sus clientes con todas las herramientas que proporcionan la comunicación y las relaciones públicas.

 

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Burson Cohn & Wolfe es una consultora internacional de Comunicación, Relaciones Públicas y Public Affairs. Resultado de la fusión de las agencias Burson-Marsteller y Cohn & Wolfe, BCW ofrece a sus clientes:

  • Acceso a las mejores ideas, las que de verdad funcionan, contrastadas en alguna de nuestras 160 oficinas de los 110 países en los que operamos.
  • La resolución más adecuada a un problema, o las posibles alternativas que hemos barajado en casos similares, en nuestros más de 60 años de experiencia.
  • Un equipo multidisciplinar -y multicultural- preparado para dar respuesta integral de comunicación.

Desde el área de Public Affairs ayudan a sus clientes a definir estrategias de actuación, identificar los focos de decisión y acompañarles en el proceso de interlocución ante los diferentes actores institucionales en los escenarios donde se van a tomar las decisiones que afectan a su negocio. Para ello cuentan con una red de colaboradores y especialistas en diferentes ámbitos para adecuar el programa a la realidad de cada organización.

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Redondo & Asociados

Redondo & Asociados Public Affairs Firm es la consultora de comunicación política, asuntos públicos y comunicación estratégica liderada por el consultor político Iván Redondo. Asesora a partidos políticos, candidatos nacionales, autonómicos y municipales. En asuntos públicos colabora actualmente con empresas, patronales, asociaciones, gobiernos y organizaciones del Tercer Sector.

Es la primera firma de consultoría política y asuntos públicos en España que obtiene un Pollie Oro, premios de comunicación política otorgados por la AAPC (Asociación Americana de Consultores Políticos). La compañía acumula un total de ocho Pollie Awards.

Su equipo, que  compagina la actividad profesional con la docencia en Universidades y Escuelas de Negocio, ha participado en varias de las más importantes operaciones empresariales, legislativas y políticas de los últimos años. Además colabora habitualmente con los medios de comunicación líderes en nuestro país.

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