Pedro Claver, Responsable de Asuntos Públicos Consejo General de Colegios Farmacéuticos
Carlos Parry, Head of Government Affairs en AstraZeneca
El pasado enero el Gobierno aprobaba su Plan Anual Normativo para este 2022[i], y en él se incluía una buena noticia para los profesionales de las relaciones institucionales: la Ley de transparencia e integridad en las actividades de los grupos de interés.
Esta inclusión en el plan normativo abre la esperanza para que este año vea la luz la nueva norma; al tiempo que demuestra el interés del Gobierno por dotar de una mayor transparencia el trabajo que realizamos quienes nos dedicamos a defender los intereses legítimos de las organizaciones que representamos.
Según el texto incluido en el propio Plan Normativo del Gobierno, se pretende: Regular las relaciones de los grupos de interés con los responsables públicos. Definir “grupo de interés” y derechos y obligaciones de sus miembros; establecer la publicidad de las agendas de los altos cargos; crear un registro público y obligatorio de grupos de interés; establecer un régimen sancionador para altos cargos, empleados públicos y “lobistas”.
Hay más buenas noticias dentro Plan. Es el caso de la inclusión de una propuesta de Ley de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado. Una positiva iniciativa porque en España no hay costumbre de medir el impacto de las leyes que se aprueban; de la misma forma que se modifican las ya existentes sin tan siquiera saber que ha funcionado o no de la norma anterior.
Por lo tanto, ya tenemos dos buenas noticias para este año y debemos celebrarlo. Si se cumplen las previsiones, podremos tener un marco bajo el que trabajar; y el Gobierno se dotará de un instrumento para evaluar el impacto de sus normas. Pero aún nos queda un campo abierto por mejorar en España. Esa asignatura pendiente es la mejora de la transparencia y la participación en la creación y elaboración de nuevas de leyes.
Es necesario establecer cauces de comunicación y participación con el Gobierno. No solo se trata de hacer transparentes los intereses de los lobistas y hacer públicas las reuniones con los cargos del sector público. Hay que ir más allá. El desafío pasa por contar con canales de comunicación abiertos que nos permitan un mayor acceso y una mayor información.
No puede ser que, conforme a la actual Ley 50/97 del Gobierno, los periodos de consulta pública -cuando no se conoce ni el borrador de la norma- puedan suprimirse por razones de interés público o urgencia; o que los periodos de audiencia pública -cuando ya se conoce una primera propuesta de texto articulado- pueda reducirse a 7 días, incluidos el fin de semana, como ha pasado recientemente con el Anteproyecto de ley de modificación de la de la Ciencia, la Tecnología y la Innovaciónii. Si mejoramos los mecanismos de comunicación y participación de los grupos de interés e, incluso, de los ciudadanos en la elaboración de las leyes, estaremos también mejorando la participación democrática y dotando de una mayor solidez y calidad a las propuestas del Gobierno.
No hay que inventar mucho, en Bruselas funciona así. Existe una regulación para la actividad del Lobby, pero también existen procesos regulados de participación en la elaboración de las leyes con absoluta transparencia. Es bastante anacrónico querer seguir legislando sin evaluar y escuchar a todas las partes. Más allá de los partidos políticos, es preciso facilitar el debate y el intercambio de ideas serio y riguroso con la sociedad civil, incluidas las empresas, las asociaciones y el conjunto de los ciudadanos.
Aboguemos por unas normas de transparencia y de mejora de la participación para todos. Una meta que nos ayudará a potenciar la colaboración público-privada, a alinear objetivos y a sumar esfuerzos. Si partimos de que a mayor participación, mayor compromiso; el resultado será hacer de España un país con mejor futuro para todos.
[i] Plan Anual Normativo 2022 https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2022/PAN%20202.pdf
ii Tramite de audiencia pública Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación
Consultor de Public Affairs en Atrevia, Álvaro Sanz López es graduado en Ciencias Políticas por la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y ha cursado el Postgrado de Dirección de Asuntos Públicos (PDAP) en la Universidad Pontificia Comillas.
