El próximo viernes 26 de enero se inaugura la 8ª edición del Postgrado de Dirección de Asuntos Públicos(PDAP), el primer programa en España especializado en lobby. Este programa ha formado a un gran número de directivos y profesionales del mundo de la empresa, la Administración Pública y el Tercer Sector.

La organización corre a cuenta de Mas Consulting junto con la Universidad Pontificia de Comillas ICAI-ICADE. El pasado 11 de enero celebraron una mesa redonda sobre el futuro del lobby para presentarlo en el Aula de Liderazgo Público.

El acto estuvo conducido por Daniel Ureña, coordinador del Aula de Liderazgo Público, contó con la presencia de Maribel Álvarez, Directora del Departamento de Disciplinas Comunes de la Facultad de Derecho (ICADE), Piluca Núñez, Directora de Comunicación de la Asociación Española de Energía Eólica; y Lara Contreras, Directora de Relaciones Institucionales de Oxfam Intermón.

El punto de partida del debate fue la entrada en vigor del registro de lobistas en el Ayuntamiento de Madrid a comienzos de año, donde la jurista Maribel Álvarez hizo un repaso a las distintas iniciativas que, desde las Cortes Constituyentes -“padres de la Constitución como Solé Turá o Fraga tuvieron interés en legislar sobre el lobby en la Carta Magna”- hasta hoy día se han planteado para establecer un regulación del lobby. ¿Por qué no se ha llevado a cabo esa regulación? Álvarez concluyó: “Porque no se ha sabido cómo hacerla“.

Piluca Núñez explicó cuál era su función como lobista, subrayando la necesidad de alejar el concepto de lobby del de corrupción y enfatizando la necesidad de un registro único que facilite la labor de profesionales, ciudadanos y legisladores. Este registro ha de llevar un código de conducta para todos aquellos que ejercen y reciben el lobby.

Lara Contreras expuso a los asistentes la pregunta ¿quién es lobista?, afirmando que era “Todo aquel que pretende influir lícitamente para conseguir un cambio político acorde a sus intereses”.

La regulación es una cuestión totalmente necesaria, abordándose al respecto las iniciativas legislativas introducidas en el Congreso de los Diputados por los grupos parlamentarios del Partido Popular y Ciudadanos y, aunque todas las ponentes coincidieron en valorar como poco probable que saliera adelante la reforma del reglamento del Congreso propuesta por el PP, también hubo consenso en que se está avanzando en España.

Se citaron referentes internacionales como los casos de Reino Unido, Estados Unidos y Canadá para ejemplificar los límites de la transparencia. Todas las ponentes coincidieron en que no todas las acciones de lobby ni toda la documentación aportada debe hacerse pública, aunque, como dijo Lara Contreras, “los ciudadanos tienen derecho a saber quién está influyendo en las tomas de decisiones legales”.

El acto concluyó con las preguntas del público, encaminadas hacia la percepción pública del lobby y la necesidad de crear un buen story telling sobre el lobismo.

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El próximo día 31 de Enero, a las 18 h., se va a celebrar la Mesa Redonda: Valoración de las medidas y contenidos del Proyecto de Ley integral contra la corrupción, cuyo objetivo fundamental es analizar y valorar las novedades y los aspectos más importantes recogidos en el texto de esta próxima Ley (la llamada Ley omnibus contra la corrupción), actualmente en tramitación parlamentaria. El acto se va a celebrar en la Fundación Ortega y Gasset Marañón (c/ Fortuny, 53). Los intervinientes en la Mesa van a ser: D. Manuel Villoria(Catedrático de Ciencia Política/Comité de Dirección TI-España). Dña. Elisa de la Nuez(Secretaria General. Fundación Hay Derecho). D. Rodrigo Tena (Notario/Patrono Fundación Hay Derecho). Dña. Silvina Bacigalupo (Catedrática de Derecho Penal/Comité de Dirección TI-España). Moderador: D. Jesús Lizcano (Presidente de TI-España/Catedrático de la UAM). Después de las intervenciones habrá un interesante Coloquio con los asistentes.

El  Consejo estatal de Transparencia y Buen Gobierno ha presidido una reunión en su sede con los Comisionados y organismos independientes de transparencia de las CCAA. El encuentro se enmarca dentro de las relaciones permanentes que mantiene el Consejo con los presidentes de los órganos autonómicos de garantía.

Desde la fecha de su creación, el Consejo de Transparencia del Estado ha buscado la colaboración y el consenso con los distintos órganos autonómicos con competencias en materia de transparencia para todas las cuestiones de interés común y los temas más relevantes en el ámbito de la información pública.

Para continuar por esta vía y profundizar en sus resultados, en la reunión se ha acordado la implantación de un modelo de colaboración permanente basado en reuniones trimestrales y en creación de grupos de trabajosobre aspectos de interés común.

Ley de contratos del sector público

La nueva Ley de contratos del sector público otorga una nueva competencia al Consejo de Transparencia, concretamente la obligación de emitir un informe sobre la prevalencia o no del derecho de acceso a la información pública frente las decisiones de los órganos públicos de contratación de aplicar cláusulas de confidencialidad a determinados datos de los anuncios de formalización de los contratos.

Esta previsión, según la Disposición final primera de la Ley de contratos del sector público, tiene carácter básico y, en consecuencia, alcanza también a los Comisionados autonómicos en su respectivo ámbito territorial.

En el encuentro se han valorado las consecuencias de esta nueva competencia. Tanto el Consejo de Transparencia estatal como sus homólogos autonómicos han coincidido en la actual falta de medios para poder llevar a cabo esta tarea.

Lucha contra la corrupción y protección del denunciante

En la reunión se han abordado también las modificaciones que propone introducir en la Ley de transparencia la proposición de Ley integral de lucha contra la corrupción y protección de los denunciantes, presentada por el grupo parlamentario de Ciudadanos en el Congreso y que actualmente se encuentra en tramitación.

Entre las modificaciones propuestas se encuentra la creación en el ámbito estatal de un registro electrónico de lobistas y lobbies de carácter público y gratuito, cuya gestión y control encomienda, en el ámbito estatal, al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

La medida, de revestir el carácter de norma “básica”, implicará la creación de un registro paralelo en las CCAA que aún no han legislado en materia de lobbies y la atribución de la gestión del mismo a los organismos garantes de la transparencia.

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El Corte Inglés, Carrefour, FNAC o Ikea no pueden competir en igualdad de condiciones con Amazon. Así lo ha denunciado la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) este martes tras exigir al Gobierno un nuevo marco normativo “moderno y flexible, que responda a la realidad de nuestro mercado”.

Solo así será posible plantar cara a los gigantes del ‘e-commerce’. “Por desgracia, buena parte de la legislación comercial ha quedado anclada en el siglo XX” y solo afecta a las tiendas físicas, argumenta la patronal del gran consumo en un comunicado.

“Mientras una parte del comercio está sujeta a un corsé estricto que afecta a aspectos clave como los horarios, la fiscalidad o la libertad de establecimiento, los grandes operadores ‘online’ quedan al margen, convirtiendo en ventajas competitivas las limitaciones del resto”, sostiene la asociación capitaneada por Javier Millán-Astray.

No es la primera vez que la patronal denuncia esta situación. Millán-Astray ya consideró que limitar el número de domingos y festivos de apertura, por ejemplo, es una medida que no tiene sentido: ese debate “ya está superado por las nuevas tecnologías y la transformación de la sociedad”, dijo, no sin antes lamentar que internet no haya cambiado las pautas de comportamiento de las administraciones públicas.

La revolución digital está cambiando todo, abocando a los ‘retailers’ a entrar en la venta ‘online’ aunque no quieran. Todo sea por no dejarse ‘comer’ por Amazon. “Los clientes han transformado sus estilos de vida y han incorporado la tecnología a sus compras. Los entornos físico y ‘online’ tienden a integrarse y romper todos los convencionalismos“, reflexiona Anged.

El comercio ‘online’ ya representa el 3,1% de la facturación minorista en España, según datos de la patronal. Ahora los retos pasan por abordar la transformación digital en todas las fases de la cadena de valor, reorganizar las tiendas en espacios omnicanal, integrar medios de pago o saber relacionarse con un cliente permanentemente conectado.

Mientras tanto, el temido Amazon abre su primera tienda física sin cajeros ni colas en Estados Unidos. Algunos se refieren a este proyecto como el supermercado del futurocon todo lo que ello implica.

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TOP FIRMS

  1. Akin Gump Strauss Hauer & Feld:$38.8 million (versus $36.4 million in 2016) and $10 million in Q4 2017 (versus $8.6 million in Q4 2016)
  2. Brownstein Hyatt Farber Schreck:$29.2 million (versus $25.6 million in 2016) and $8.4 million in Q4 2017 (versus $5.7 million in Q4 2016)
  3. Squire Patton Boggs: $24.3 million (versus $18.9 million in 2016) and $6 million in Q4 2017 (versus $5.1 million in Q4 2016)
  4. BGR Group: $23.6 million (versus $17.4 million in 2016) and $6.9 million in Q4 2017 (versus $4.5 million in Q4 2016)
  5. Holland & Knight: $22.4 million (versus $19.7 million in 2016) and $6.3 million in Q4 2017 (versus $4.9 million in Q4 2016)
  6. Cornerstone Government Affairs: $19.3 million (versus $16.8 million in 2016) and $5.2 million in Q4 2017 (versus $4.4 million in Q4 2016)
  7. Capitol Counsel: $18.2 million (versus $16.2 million in 2016) and $4.7 million in Q4 2017 (versus $4 million in Q4 2016)
  8. Van Scoyoc Associates: $18.2 million (versus $21.7 million in 2016) and $5 million in Q4 2017 (versus $6 million in Q4 2016)
  9. Podesta Group: $18.1 million* (versus $24.1 million in 2016) and $2.6 million in Q4 2017 (versus $6.1 million in Q4 2016)
  10. Covington & Burling: $17.8 million (versus $12.6 million in 2016) and $4.4 million in Q4 2017 (versus $3 million in Q4 2016)
  11. K&L Gates: $17.5 million (versus $16 million in 2016) and $4.4 million in Q4 2017 (versus $3.5 million in Q4 2016)
  12. Williams & Jensen: $16.6 million (versus $15.7 million* in 2016) and $4.2 million in Q4 2017 (versus $3.6 million* in Q4 2016)
  13. Mehlman Castagnetti Rosen & Thomas: $15.2 million (versus $12.9 million in 2016) and $3.9 million in Q4 2017 (versus $3.3 million in Q4 2016)
  14. Ernst & Young: $15.1 million* (versus $12.6 million* in 2016) and $4.5 million* in Q4 2017 (versus $3.1 million* in Q4 2016)
  15. Capitol Tax Partners: $14.3 million* (versus $12.3 million in 2016) and $3.8 million* in Q4 2017 (versus $3.1 million in Q4 2016)
  16. Cassidy & Associates: $14.3 million (versus $13.2 million in 2016) and $3.8 million in Q4 2017 (versus $3.6 million in Q4 2016)
  17. Peck Madigan Jones: $14.2 million* (versus $13.3 million* in 2016) and $3.7 million* in Q4 2017 (versus $3.3 million* in Q4 2016)
  18. Fierce Government Relations: $13.2 million (versus $12.9 million in 2016) and $3.5 million in Q4 2017 (versus $3.1 million in Q4 2016)
  19. American Continental Group: $12.6 million* (versus $7 million* in 2016) and $3.3 million* in Q4 2017 (versus $1.7 million* in Q4 2016)
  20. Crossroads Strategies: $11.7 million (versus $7.9 million in 2016) and $3.1 million in Q4 2017 (versus $2 million in Q4 2016).

* Estimated based on Senate disclosure filings. All other figures have been verified with the firms.

TOP SPENDERS (FOURTH QUARTER)

  1. National Association of Realtors: $22.2 million
  2. Business Roundtable: $17.4 million
  3. U.S. Chamber of Commerce: $16.8 million
  4. Open Society Policy Center: $10.3 million
  5. U.S. Chamber Institute for Legal Reform: $7 million
  6. Pharmaceutical Research and Manufacturers of America: $5.9 million
  7. American Hospital Association: $4.6 million
  8. Google: $4.4 million
  9. Comcast: $4.3 million
  10. NCTA: $4.3 million
  11. Boeing: $4.2 million
  12. National Association of Broadcasters: $4.1 million
  13. American Medical Association: $4 million
  14. CTIA: $3.8 million
  15. Lockheed Martin: $3.7 milion
  16. Johnson & Johnson: $3.7 million
  17. AT&T: $3.6 million
  18. Amazon: $3.3 million
  19. American Bankers Association: $3.2 million
  20. Southern Company: $3.1 million

BIGGEST CONTRACTS

  1. PricewaterhouseCoopers: Alliance for Competitive Taxation ($950,000)
  2. Covington & Burling: Qualcomm ($880,000)
  3. Akin Gump Strauss Hauer & Feld: Gila River Indian Community ($590,000)
  4. McGuinness & Yager: HR Policy Association ($590,000)
  5. Brownstein Hyatt Farber Schreck: Athene Holding ($530,000)
  6. Federal Policy Group: Altaba ($500,000)
  7. Akin Gump Strauss Hauer & Feld: Pebble Limited Partnership ($410,000)
  8. Venn Strategies: Employee-Owned S Corporations of America ($400,000)
  9. Brownstein Hyatt Farber Schreck: Caesars Enterprise Services ($370,000)
  10. Roberti Global: Nord Stream 2 AG ($360,000) (tie)
  11. Steptoe & Johnson: Assured Guaranty ($360,000) (tie)

OTHER NOTABLE FIRMS

— Ballard Partners: $9.9 million for the full year and $3.6 million in Q4 2017 (The firm didn’t have a Washington presence in 2016.)
— CGCN Group: $8.4 million (versus $6.6 million in 2016) and $2.2 million in Q4 2017 (versus $1.6 million in Q4 2016)
— Forbes Tate Partners: $10.9 million (versus $10 million in 2016) and $2.7 million in Q4 2017 (versus $2.9 million in Q4 2016)
— Hogan Lovells: $11.4 million (versus $10 million in 2016) and $3.2 million in Q4 2017 (versus $2.2 million in Q4 2016)
— Invariant: $11 million (versus $9.9 million in 2016) and $3 million in Q4 2017 (versus $2.9 million in Q4 2016)
— Monument Policy Group: $7.5 million (versus $6 million in 2016) and $1.7 million in Q4 2017 (versus $1.7 million in Q4 2016)
— Ogilvy Government Relations: $11.4 million (versus $10.5 million in 2016) and $2.7 million in Q4 2017 (versus $2.6 million in Q4 2016)
— S-3 Group: $5.9 million (versus $5.6 million in 2016) and $1.8 million in Q4 2017 (versus $1.4 million in Q4 2016)
— Thorn Run Partners: $9.5 million (versus $8.6 million in 2016) and $2.4 million in Q4 2017 (versus $2.2 million in Q4 2016)
— Venable: $9.1 million (versus $10.4 million in 2016) and $2.5 million in Q4 2017 (versus $2.3 million in Q4 2016)

Good afternoon, and welcome to PI. Keep those tips coming: tmeyer@politico.com and mlevine@politico.com. You can also follow us on Twitter: @marianne_levine and @theodoricmeyer.

POSTCARD FROM DAVOS: Key leaders and thinkers from around the world have converged at the World Economic Forum in Davos, Switzerland, and POLITICO is providing up-to-the-minute dispatches through our exclusive Davos Playbook (sign up here) and a pop-up Davos Confidential podcast (sign up here) to help track significant conversations, newsworthy events and the general buzz from the scene at #WEF2018.

WHAT THE NUMBERS MEAN: It’s official: The first year of Donald Trump’s presidency was good for K Street. Eighteen of the top 20 lobbying firms in town saw their revenue rise last year, and many saw significant bumps. Covington & Burling, for instance, brought in $17.8 million in lobbying revenue in 2017 — an increase of more than 40 percent over the $12.6 million the firm billed in 2016. TheAmerican Continental Group, which is home to Dave Urban, who played a critical role in helping Trump win Pennsylvania, saw its revenue spike, too. And Ballard Partners, the Florida lobbying firm run by Brian Ballard, who was a top fundraiser for Trump’s campaign, saw nearly $10 million in lobbying revenue after setting up shop in Washington last year. (One of the firms that saw a falloff in business was the Podesta Group, which imploded after Tony Podesta stepped down as chairman but brought in more lobbying revenue than all but eight other firms in the year overall.)

 Elizabeth Gore, who leads Brownstein Hyatt Farber Schreck’s government relations department, identified three areas that had driven business during Trump’s first year in office: the battles over repealing Obamacare and reforming the tax code, as well as the surge of nervous companies hiring lobbyists that accompanies the first months of most administrations. For all the uncertainty that has accompanied Trump’s first year in office, Gore said, “K Street found that really it wasn’t as different as maybe we thought it would be.”

INSIDE THE FILINGS: The National Association of Realtors shelled out more on lobbying than any other trade group or company in the fourth quarter as it fought back against proposals that would reduce the value of the mortgage interest deduction as part of tax reform. The Realtors spent $22.2 million in the fourth quarter and $54.4 million in 2017 overall. The Business Roundtable’s spending also soared. The trade group spent $17.4 million on lobbying in the fourth quarter — more than four times what it spent in the fourth quarter of 2016 — and $27.4 million over the full year.

NEW BUSINESS: Forbes Tate Partners has signed Deloitte, lobbying on accounting, financial services, tax and appropriations issues. And Raytheon has added Rasky Partners to its stable of Washington lobbying firms. Raytheon also retains more than a dozen other lobbying shops, including BGR GroupCapitol Tax Partners and Holland & Knight.

TECH GIANTS SAY GOODBYE TO OUTSIDE LOBBYING FIRMS: Several tech companies severed ties with outside lobbying firms, according to their fourth quarter disclosures. POLITICO’s Steven Overly reports that “Yelp parted ways with Monument Policy Group at the end of the year, after paying the firm $50,000 last quarter”; “Netflix is no longer working with the Glover Park Group”; “Comcast, Cox Enterprises and NCTA have separated from Palmetto Group”; “TripAdvisor terminated Epplin Strategic Planning”; and “Adobesevered ties with West Front Strategies.” Full story.

SOLAR INDUSTRY TRADE ASSOCIATION BLASTS TARIFF RULING: The Solar Energy Industry Association blasted the Trump administration’s decision Monday to impose new tariffs on imports of solar panels and cells, POLITICO’s Eric Wolff reports. The decision came after two solar companies — Suniva and SolarWorld USA — filed a trade complaint. Abigail Ross Hopper, president and chief executive of SEIA, said in a written statement that the new tariffs “will create a crisis in a part of our economy that has been thriving, which will ultimately cost tens of thousands of hard-working, blue-collar Americans their jobs.” But Suniva praised the decision. “The president is sending a message that American innovation and manufacturing will not be bullied out of existence without a fight,” the company said in a written statement. SolarWorld CEO Jurgen Stein said in a statement that he was “hopeful [the tariffs] will be enough to address the import surge and to rebuild solar manufacturing in the United States.” Mayer Brownrepresented Suniva and ROKK Solutions handled public affairs for the company. Wiley Rein represented SolarWorld. Full story.

JOBS REPORT

— Brooke Sammon has joined Firehouse Strategies as a senior vice president.She was previously media and public relations manager at the American Petroleum Institute.

 David Rudd has joined Alignment Government Strategies as counsel. He was previously a partner at the Palmetto Group.

— Scott Widmeyer is now chief strategy officer for Finn Partners in Washington. He is also a founding managing partner for the marketing and communications firm.

— Josh Black is associate vice president for international advocacy at PhRMA.Prior to that, he was chief of the global issues unit at the U.S. Mission to the United Nations.

 JP Schnapper-Casteras has started his own law firm, focusing on Supreme Court litigation, progressive causes and technology issues. He was previously special counsel for appellate and Supreme Court advocacy at the NAACP Legal Defense and Educational Fund.

— Sue Ansel, president and CEO of Gables Residential, was elected chairwoman of the National Multifamily Housing Council.

SPOTTED: At the Congressional Hispanic Caucus’ BOLD PAC winter retreat in Las Vegas last weekend, according to a PI tipster: David Martin of the Air Line Pilots AssociationKaren Green of Akin GumpZach Pfister of Brownstein Hyatt Farber SchreckNorma Cardenas, a certified hypnotherapist who’s married to Rep. Tony Cárdenas (D-Calif.); Silvia Aldana of PG&E; Steve Fitzer, finance consultant for Rep. Ben Ray Luján (D-N.M.); Andrea Riccio of S-3 Public Affairs; and Dustin Todd of Amazon.

NEW JOINT FUNDRAISERS:

Americans for BBQ 2018 (Reps. Bill FloresRichard Hudson and Kevin Yoder)

NEW PACs:

Alabama New South Alliance (PAC)
Everyday American PAC (Super PAC)
Freedman’s PAC (PAC)
Seeking Justice Committee (Leadership PAC: Sen. Doug Jones)

NEW LOBBYING REGISTRATIONS:

A1.9 Stratgies LLC: Cubic Corporation
Adams andReese, LLP: Offshore Marine Services Association
Arent Fox LL: One Concern, Inc.
Baker & Hosttler LLP: Insmed Incorporated
Baker & Hosteler LLP: Strongbridge Biopharma, PLC
BGR Governmet Affairs: Andrey Borodin
Brownstein Hyat Farber Schreck, LLP: Franklin Loan Center
Brownstein HyattFarber Schreck, LLP: Limoneira Company
Capitol Hill Contusing Group: Blackwater Diving, LLC
Capitol Hill Consulting Group: Gulf County
Capitol Hill Consulting Group: One21 Group, LLC
Cardinal Infrastructure LLC: Valley Metro
Crowell & Moring International, LLC: The American Chamber of Commerce in Hong Kong
Crowell & Moring LLP:Key Safety Systems, Inc.
CTF Global LLC (formerly filing as The Grossman Group, LLC): One Free World International
Forbes-Tate: Deloitte LL
Forbes-Tate: Sarepta Therpeutics
Foresight Law + Policy PLLC National School Boards Association
G2G Consulting: Virginia Bio
Gavel Resources, LLC: Pebble Partnership, LLC
Leavitt Partners, LLC: The Creating Access to Real-Time Information Now Alliance (CARIN)
Lehigh University: Lehigh University
Marla Grossman: Motion Picture Association of America
Marla Grossman: News Corporation
Mehlman Castagnetti Rosen & Thomas, Inc.: General Aviation Manufacturers Association
Morrissey Strategic Partners, LLC: Printing Industries of America
New York Community Bank, Inc.: New York Community Bank, Inc.
Norton Regulatory Strategies: MGM Resorts International
Nossaman LLP (Formerly Nossaman LLP/O’Connor & Hannan): California Water Service
Perry Bayliss Government Relations, LLC: SES SA
Rasky Partners, Inc.: Raytheon Company
Rasky Partners, Inc.: Veolia Siekman and Siekman LLC: City of New Albany
Siekman and Siekman LLC: K & D
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, LLP: Starr International Company, Inc.
SmithBucklin Corporation: Lamaze International
Summit Strategies Government Affairs: City of Lynnwood, Wash.
TCK International, LLC: DLA Piper LLP (US) (for LA 2024 Bid Committee)
The Brightup Group LLC: Morrissey Strategic Partners, LLC
The Cormac Group, LLC: Steiner Leisure Limited
The Cormac Group, LLC: Tier One Solutions
The Estopinan Group, LLC: Roberto Zamora Estrada
The Jackson Laboratory: The Jackson Laboratory
The Livingston Group, L.L.C.: Henry Klein
The O Team LLC: K-Love
The O Team LLC: Kentucky Broadcasters Association
Townsend Public Affairs: Central Unified School District
Townsend Public Affairs: City of Danville
Townsend Public Affairs: City of Dublin
Townsend Public Affairs: City of El Monte
Townsend Public Affairs: City of Livermore
Townsend Public Affairs: City of Pleasanton
Townsend Public Affairs: City of Reedley
Townsend Public Affairs: City of San Ramon
Townsend Public Affairs: City of Sanger
Townsend Public Affairs: City of Tustin
Townsend Public Affairs: Santa Ana Public Works
VNF Solutions LLC: City of Houston
VNF Solutions LLC: Corps Reform Working Group (Informal Coalition)
Washington2 Advocates: Oak View Group
Wynne Health Group: Cambia Health Solutions, Inc.
Wynne Health Group: Greater New York Hospital Association

NEW LOBBYING TERMINATIONS:

Adrienne DerVartanian: Farmworker Justice
Aduston Consulting, LLC: Americans for Limited Government
Alcalde & Fay: Village of Pinecrest, FL
Alston & Bird LLP: American Association Of Nurse Anesthetists
Alston & Bird LLP: Vision Service Plan
American Continental Group: SAP America, Inc.
American Continental Group: Viacom
American Continental Group: Project Right Side
American Defense International, Inc.: Penny Black Technologies
Armory Hill Advocates (formerly known as Rawlson Policy Group): Serendipity Loving Care LLC
Avenue Solutions: Hospice Action Network
Avenue Strategies: 1st American Systems and Services L.L.C.
Avenue Strategies: American Advisors Group
Avenue Strategies: Puerto Rico Federal Affairs Administration
Avenue Strategies: Red Horse Corporation
Baker & McKenzie, LLP: International Council of Shopping Centers, Inc.
Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz: Scripps Networks Interactive
Barnes & Thornburg, LLP: Opportunity Finance Network
Barnett Sivon & Natter, P.C.: American Bankers Insurance Association
Barnett Sivon & Natter, P.C.: Metropolitan Life Insurance Company
Birch, Horton, Bittner & Cherot: Aleut Corporation
Blank Rome Government Relations: China Dawn Garment (Dalian) Co., Ltd.
Blank Rome LLP: China Dawn Garment (Dalian) Co., Ltd.
Bracy Tucker Brown & Valanzano, Inc.: Samsung Electronics America, Inc.
Brownstein Hyatt Farber Schreck, LLP: NexCore Group
Buchanan Ingersoll & Rooney PC: EverPower Wind Holdings, Inc.
Buchanan Ingersoll & Rooney PC: Mission Critical Solutions, LLC
Buchanan Ingersoll & Rooney PC: Kongsberg Defense & Aerospace AS (on behalf of Kongsberg Protech Systems USA)
Buchanan Ingersoll & Rooney PC: U.S. Sugar Corporation
Canfield & Associates, Inc.: Build America Mutual
Canfield & Associates, Inc.: Consumer Mortgage Coalition
Capitol Counsel, LLC: Advanced Medical Technology Association (AdvaMed)
Capitol Counsel, LLC: Financial Services Roundtable
Capitol Counsel, LLC: Judicial Crisis Network
Capitol Counsel, LLC: NextEra Energy, Inc.
Capitol Counsel, LLC: South Carolina Public Service Authority Inc. (Santee Cooper)
Capitol Counsel, LLC: Swift Transportation Company (formerly Coalition Against Bigger Trucks)
Capitol Counsel, LLC: The Invest in America Coalition
Capitol Counsel, LLC: Two Canal Owner LLC
Carliner Strategies LLC: GeoMetWatch Corp.
Cassidy & Associates, Inc.: University of Alabama-Birmingham
Charmaine Torma: Safe Skies For All
CML Consulting Services Inc. (formerly L.A. Skip Bafalis): Alcalde & Fay (City of Lake Worth)
Coffee Group: PDC Energy
Coffee Group: Sidley Austin on behalf of Derive Systems Inc.
Convenience Distribution Association: Convenience Distribution Association
Covidien LP: Covidien LP
Covington & Burling LLP: Merck & Co, Inc
Covington & Burling LLP: Eli Lilly and Company
Cozen O’Connor PC (f/k/a Cozen O’ Connor Public Strategies): Louisiana Oil Marketers & Convenience Store Association
Crowell & Moring LLP: Interstate Battery System of America, Inc.
Crowell & Moring LLP: Interwest Mining Company
Crowell & Moring LLP: STIHL Incorporated, USA
Da Vinci Group: Delta Risk
Da Vinci Group: Lexington National Insurance
Davenport Ventures, LLC: GTECH Corporation
Delta Strategy Group: Eris DGSR LLC: Americans for Limited Government
District Strategies, LLC: Genting Management Services, LLC
DLA Piper LLP (US): National Association of Community Health Centers
Donald Itzkoff: Wabtec Corporation
Empire Consulting Group: Navient Solutions Inc.
Envision Strategy, LLC: Glens Falls Hospital
Eris Group (formerly known as Bartlett & Bendall): Cigna Corporation
Ernst & Young LLP (Washington Council Ernst & Young): Association Of Bermuda Insurers And Reinsurers
Ernst & Young LLP (Washington Council Ernst & Young): Corning Incorporated
Ernst & Young LLP (Washington Council Ernst & Young): Innovage (Formerly Total Community Options Foundation)
Ernst & Young LLP (Washington Council Ernst & Young): International Business Machines Corporation (IBM)
Ernst & Young LLP (Washington Council Ernst & Young): Johnson & Johnson Services Inc (Formerly Johnson & Johnson)
Ernst & Young LLP (Washington Council Ernst & Young): Viacom, Inc.
Ernst & Young LLP (Washington Council Ernst & Young): Edison Electric Institute
Ernst & Young LLP (Washington Council Ernst & Young): Equipment Leasing And Finance Association (Formerly Equipment Leasing Assn )
Federal Policy Group, LLC: Potomac Capital Investment Corporation
Franklin Square Group, LLC: Square, Inc.
FrogueClark, LLC: Kaiser Foundation Health Plan
Gephardt Group Government Affairs: Experience Works
Gephardt Group Government Affairs: Peabody Energy Corporation
GovBiz Advantage, Inc.: Polaris Industries
GovBiz Advantage, Inc.: Biosolid Reduction Technology (Kore Infrastructure)
Greenberg Traurig, LLP: Balance ACO Guide Consulting Services, Inc.: Eating Disorders Coalition (fka Eating Disorders Campaign)
Guide Consulting Services, Inc.: Harvard University T. H. Chan School of Public Healths STRIPED
Guide Consulting Services, Inc.: National Eating Disorders Association
Guide Consulting Services, Inc.: Residential Eating Disorders Consortium
Guide Consulting Services, Inc.: Sandy Hook Promise (SHP)
Hannegan Landau Poersch & Rosenbaum Advocacy, LLC: SenesTech, Inc.
Hannegan Landau Poersch & Rosenbaum Advocacy, LLC: The Village of Glenview, Ill.
Holland & Knight, LLP: Intermedix Corporation
Holland & Knight, LLP: Metropolitan State University of Denver
Holland & Knight, LLP: NextEra Energy Inc
Holland & Knight, LLP: S.C. Johnson & Son
Holland & Knight, LLP: Esri National Government
Holland & Knight, LLP: Grand Traverse Band Of Ottawa & Chippewa Indians
Holland & Knight, LLP: Hendry Marine Industries, Inc.
Holland & Knight, LLP: Lennar Corporation
Hurt, Norton & Associates, Inc.: Zane Benefits, Inc.
Hurt, Norton & Associates, Inc.: Colonial Group, Inc. Hurt, Norton & Associates, Inc.: Consortium On Government Relations For Student Affairs
Hurt, Norton & Associates, Inc.: National Infantry Foundation
Ice Miller Strategies LLC: City of Jackson, MS
Innovative Federal Strategies, LLC: Stratolaunch Systems Incorporated
Invariant LLC: New York Life Insurance Company
Invariant LLC: Collective Health
Invariant LLC: OZ Management LP
Invariant LLC: The Wonderful Company LLC
John T. Doolittle, LLC: Sacramento Regional Builders Exchange
Jones Walker, LLP: JDW Properties III, LLC
Jones Walker, LLP: Mith-ih-kwuh Corporation – On behalf of the Coquille Indian Tribe
Jones Walker, LLP: Online Lenders Alliance
Jones Walker, LLP: TCF Financial Corporation, Inc.
Jones Walker, LLP: Tribal Council Poarch Band of Creek Indians
Jones Walker, LLP: Bridge House Corporation
Jones Walker, LLP: Industrial & Crane Services, Inc.
Jones Walker, LLP: Offshore Marine Service Association
K&L Gates LLP: Maersk Inc
K&L Gates LLP: MGM Resorts International
Kelley Drye & Warren LLP: Assist Wireless, LLC
Kelley Drye & Warren LLP: Prepaid Wireless Group, LLC
Kelley Drye & Warren LLP: Telrite Corporation
Kelley Drye & Warren LLP: Americans for Electricity Choice, Inc.
Kelley Drye & Warren LLP: Criterion Systems, Inc.
Kenneth Brown: City of Rochester, New York
Keys Group, LLC: AdvancePierre Foods
King & Spalding LLP: American Retirement Association
King & Spalding LLP: Shire Pharmaceuticals
King & Spalding LLP: International Franchise Association
King & Spalding LLP: myTomorrows
King & Spalding LLP: ProSeeder Technologies
Lange Thomas & Associates LLP (formerly Luman Lange Thomas & McMullen LLP): Convenience Distribution Association
Law Offices of Kevin G. Curtin: Coalition for Home Fire Safety
Law Offices of Kevin G. Curtin: CSX Corporation
Lincoln Policy Group: Valero
LS2Group: Martin-Wilbourn Partners LLC on behalf of Universal Impression Co. Ltd.
Lugar Hellmann Group: Marathon Petroleum Corporation
M.J. Simon & Company, LLC: Nuo Therapeutics Martin-Wilbourn Partners, LLC: Universal Impression Co. Ltd.
Mayer Brown LLP: Dole Food Company
Mayer Brown LLP: Monday Properties Services LLC
Mayer Brown LLP: Vornado/Charles E. Smith L.P.
McGuireWoods Consulting (A Subsidiary of McGuireWoods LLP): Centurion American Development Group
Mehlman Castagnetti Rosen & Thomas, Inc.: FedEx Corporation
Mehlman Castagnetti Rosen & Thomas, Inc.: Mulberry Health, Inc.
Mehlman Castagnetti Rosen & Thomas, Inc.: Shock Doctor Inc., dba United Sports Brands
Mercury: Navient
Michael Best Strategies LLC: AAR Corp.
MKW Group, LLC: Heritage Health Solutions
Mr. Galen Reser: Aramark Corporation (through FTI Government Affairs) Mr. Galen Reser: Perrigo Inc (Through Fti Government Affairs)
Mr. John Napier: Coalition For Farmers’ Hope
Mr. John Napier: The Charleston School of Law
Mr. Thad Huguley: Belmont University
Mr. Thad Huguley: The Nature Conservancy, Tennessee Chapter
MWW Group LLC: Northeast Ohio Universities Colleges Of Medicine And Pharmacy (NEOMED)
Navigators Global LLC (Formerly DC Navigators, LLC): U.S. Global Leadership Coalition
Nossaman LLP (Formerly Nossaman LLP/O’Connor & Hannan): Shannon Airport Authority
Nossaman LLP (Formerly Nossaman LLP/O’Connor & Hannan): Consumer Data Industry Association
Nossaman LLP (Formerly Nossaman LLP/O’Connor & Hannan): California Sea Urchin Commission
Ogilvy Government Relations: Polyverse Corporation
Olsson, Frank, Weeda, Terman & Matz, PC: National Geospatial Coalition
Olsson, Frank, Weeda, Terman & Matz, PC: Fonterra Co-operative Group LTD
Olsson, Frank, Weeda, Terman & Matz, PC: Hargrove Ranch Insurance
Olsson, Frank, Weeda, Terman & Matz, PC: NSF International LLC
Olsson, Frank, Weeda, Terman & Matz, PC: Texas Alliance of Energy Producers
PACE, LLP (Formerly PACE-CAPSTONE): Jaguar Land Rover North America, LLC
PACE, LLP (Formerly PACE-CAPSTONE): Picayune Rancheria of the Chukchansi Indians
Park Strategies, LLC: Town of Clarkstown
Peck Madigan Jones: Gentle Giant Moving Company
Peck Madigan Jones: Grocery Manufacturers Association
Peck Madigan Jones: Johnson Controls International PLC (Fka Tyco International Management Company) Peck Madigan Jones: Mortgage Bankers Association
Peck Madigan Jones: The Ickes and Enright Group (on behalf of Nuclear Development, LLC)
Peck Madigan Jones: Varsity Brands, LLC Penn Hill Group: United Negro College Fund
Pfister Group LLC: Associated General Contractors of America
Podesta Group, Inc.: 1890 Universities Foundation
Podesta Group, Inc.: Aecom Technology Corporation
Podesta Group, Inc.: Airbnb, Inc.
Podesta Group, Inc.: Alliance for Shared Values
Podesta Group, Inc.: American Health Care Association
Podesta Group, Inc.: American Kidney Fund
Podesta Group, Inc.: amfAR, The Foundation for AIDS Research
Podesta Group, Inc.: BAE Systems
Podesta Group, Inc.: Bechtel National, Inc.
Podesta Group, Inc.: BMO Financial Corporation
Podesta Group, Inc.: BP America Inc
Podesta Group, Inc.: Brooks Development Authority
Podesta Group, Inc.: Burford Capital LLC
Podesta Group, Inc.: Canada Pension Plan Investment Board
Podesta Group, Inc.: Career Education Colleges and Universities
Podesta Group, Inc.: Ceannate Corp
Podesta Group, Inc.: Civitas Capital Management, LLC
Podesta Group, Inc.: Credit Suisse Securities (USA), LLC
Podesta Group, Inc.: CrossFit Inc.
Podesta Group, Inc.: Davita Inc
Podesta Group, Inc.: Debevoise & Plimpton LLP
Podesta Group, Inc.: Deloitte, LLP
Podesta Group, Inc.: Diageo North America, Inc.
Podesta Group, Inc.: EasyDial Inc.
Podesta Group, Inc.: ECMC Group
Podesta Group, Inc.: Enterprise Holdings
Podesta Group, Inc.: General Dynamics
Podesta Group, Inc.: General Electric Company
Podesta Group, Inc.: General Nutrition Corporation
Podesta Group, Inc.: Golden Pass Products LLC
Podesta Group, Inc.: Heineken USA Inc
Podesta Group, Inc.: Hogan Lovells US LLP On Behalf Of Mylan Inc
Podesta Group, Inc.: Independent Film And Television Alliance
Podesta Group, Inc.: Investment Company Institute
Podesta Group, Inc.: Kindred Healthcare Inc
Podesta Group, Inc.: Lockheed Martin Corporation
Podesta Group, Inc.: Lyft, Inc.
Podesta Group, Inc.: Michelin North America Inc.
Podesta Group, Inc.: Navigate Affordable Housing Partners
Podesta Group, Inc.: Novartis Services, Inc.
Podesta Group, Inc.: One Concern, Inc.
Podesta Group, Inc.: Orange County, Florida
Podesta Group, Inc.: Orbis Wheels, Inc.
Podesta Group, Inc.: Pearl Mobile DTV Company LLC
Podesta Group, Inc.: PMI Global Services Inc.
Podesta Group, Inc.: Professional Services Council
Podesta Group, Inc.: Refugee Council USA
Podesta Group, Inc.: RELX Inc
Podesta Group, Inc.: Samsung Electronics America, Inc.
Podesta Group, Inc.: Shaw Industries Group, Inc.
Podesta Group, Inc.: Sotheby’s
Podesta Group, Inc.: South Carolina State Ports Authority
Podesta Group, Inc.: T-Mobile USA, Inc.
Podesta Group, Inc.: Textron Inc
Podesta Group, Inc.: The Buoniconti Fund to Cure Paralysis
Podesta Group, Inc.: The Business Roundtable
Podesta Group, Inc.: Wal-Mart
Podesta Group, Inc.: Wells Fargo
Potomac Policy Group, LLC: OrthoSensor Inc.
Poyner Spruill LLP: North Carolina Academy of Family Physicians, Inc.
Poyner Spruill LLP: Town of Surf City, NC
Rasky Partners, Inc.: Association for Advanced Life Underwriting
Rasky Partners, Inc.: Association of Information Protection
Rasky Partners, Inc.: Catholic Health Services of Long Island
Rasky Partners, Inc.: Eastern Maine Medical Center
Rasky Partners, Inc.: iHeartMedia
Rasky Partners, Inc.: Live Oak Bank Regulatory
Strategies And Solutions Group, LLC: Biotechnology Innovation Organization
Renovate America, Inc.: Renovate America, Inc.
Richard Hohlt: Motion Picture Association of America, Inc.
Robert Lehman: National Election Defense Coalition
Roberti Global (fka Roberti White, LLC): First Data Corporation
Roberti Global (fka Roberti White, LLC): New York State Broadcasters Association
Rock Creek Counsel: Association of Clinical Research Organizations
RR&G, LLC: Investment Company Institute
RR&G, LLC: National Creditors Bar Association Rr&G, LLC: Walter Raheb Consulting
Rubicon Advisors, LLC: State Mutual Insurance Company
Rubin and Rudman LLP: Blink Health LTD (A Bermuda Limited Company)
Rubin and Rudman LLP: CIOX Health
Rubin and Rudman LLP: Novocure Inc.
Rubin and Rudman LLP: Pershing Square Capital Management, L.P.
S-3 Group: Food Safety Net Services
S-3 Group: National Association of Broadcasters
Samuels International Associates, Inc.: Cellular Technology International, Inc.
Samuels International Associates, Inc.: Mitsui Seki (USA) Inc.
Sandler, Travis & Rosenberg, P.A.: Nilit America, Inc (F/K/A) Nilit America Corp.)
Sidley Austin LLP: Auto Parts Manufacturers of America (Informal Coalition)
Sidley Austin LLP: Delphi Automotive PLC
Sidley Austin LLP: Marathon Asset Managment [sic]
Sidley Austin LLP: Medical Information Working Group
Signal Group Consulting, LLC: Block MEMS, LLC
Signal Group Consulting, LLC: Career Education Colleges and Universities
Signal Group Consulting, LLC: General Aviation Manufacturers Association
Signal Group Consulting, LLC: H Squared, Inc (dba Quantico Tactical)
Signal Group Consulting, LLC: Ligado Networks, LLC
Signal Group Consulting, LLC: National Alliance of Forest Owners
Signal Group Consulting, LLC: NRG Energy, Inc.
Signal Group Consulting, LLC: Planet Labs
Signal Group Consulting, LLC: Sidley Austin, LLP (for Cargill DMB Redwood City Saltworks)
Sirona Strategies LLC: Omada Health
SLK Strategies: American Feed Industry Association
Smith Advocacy Group, LLC: IAI North America, Inc.
SmithBucklin Corporation: Regional Airline Association
Spectrum Public Affairs: U.S. Addiction Recovery Centers
Steptoe & Johnson LLP: Kia Motors Corporation
Strategic Federal Affairs: Friendship Circle
Strategic Federal Affairs: Huawei Tech, Investment Co., Ltd.
Strategic Health Care: Bluegrass Family Health Strategic Health Care: Healthfirst Health Plans Inc
Subject Matter (fka Elmendorf Ryan): American Wind Energy Association
Subject Matter (fka Elmendorf Ryan): Watch Hill Light House Keepers Association (WHLKA)
Summit Strategies Government Affairs: Columbia Sportswear Company
Summit Strategies Government Affairs: Chehalem Parks and Recreation District
Summit Strategies Government Affairs: Drive Oregon
The Charles Group, LLC: CSS USa Inc (Formerly Carcoon America LLC)
The Charles Group, LLC: The Real School of Music, LLC
The Estopinan Group, LLC: Washington Strategy Group on behalf of Turkish Opp
The Estopinan Group, LLC: Verdant America
The Gibson Group, LLC: American Airlines Group Inc
The Ickes And Enright Group, Inc.: Nuclear Development, LLC
The Livingston Group, L.L.C.: Industrial and Crane Services Inc.
The Macon Edwards Company: The Wax Company
The Mathis Harple Group: New England Teamsters & Trucking Industry Pension Fund
The OB-C Group. LLC: Complete Pharma Holdings LLC (Cp) Formerly Marathon Pharmaceuticals
The OB-C Group. LLC: Today Foundation
The Policy Agency, LLC, formerly Anne Smith Caparso: T & R Chemicals
The Stutzman Group LLC: Mr. Richard Pfeil
The Stutzman Group LLC: Parkview Health
The Stutzman Group LLC: Union City, Indiana
The Summerill Group LLC: Harvey County Sheriff’s Office
The Summerill Law Firm: Monmouth County Sheriff’s Office
The Summerill Law Firm: Santa Fe County Correctional Facility
Todd Strategy, LLC: CareDx, Inc.
US Policy Strategies: American Continental Group
Van Ness Feldman, LLP: Wilmar Oleo North America
Van Scoyoc Associates: American Clinical Laboratory Association
Van Scoyoc Associates: Association of American Publishers
Van Scoyoc Associates: Begin a Legacy, Inc. dba GVNG
Van Scoyoc Associates: Easterseals
Van Scoyoc Associates: HITRUST Services Corp.
Van Scoyoc Associates: National Committee for Responsive Philanthropy
Van Scoyoc Associates: Natural Products Association
Van Scoyoc Associates: Transparent Business
Van Scoyoc Associates: Wills Eye Health System
Venn Strategies: Ameriprise Financial Inc
Venn Strategies: BioMarin Pharmaceutical, Inc.
West Front Strategies LLC: Adobe Systems Inc.
WHW Consulting LLC: AT&T Services
Williams and Jensen, PLLC: American Automotive Policy Council

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El Parlamento, la Comisión y el Consejo Europeo inician a final de mes las negociaciones para arrojar luz sobre quién presiona a la Unión Europea. El objetivo es controlar la actuación de los lobbies que campan a sus anchas y mueven voluntades en favor de sus intereses. Las eurodiputadas Sylvie Guillaume y Danuta Hübner son las encargadas de llevar el peso de las negociaciones en representación del Parlamento Europeo. Hay quejas de organizaciones de la sociedad civil que se sienten discriminadas por no haber sido invitadas a un debate que se presume caliente en el que se pretende atar corto a los grupos de presión.

En la UE existen diferentes enfoques para regular el lobby, con solo siete países (Francia, Irlanda, Lituania, Austria, Polonia, Eslovenia y Reino Unido) que han aprobado legislación sobre el tema. El mandato del Parlamento Europeo  para las próximas negociaciones con la Comisión y el Consejo, aprobado por el presidente y los líderes del grupo, busca reforzar y mejorar la rendición de cuentas de las instituciones de la UE y garantizar un proceso de toma de decisiones transparente y abierto.

Negociaciones a puerta cerrada

“La primera reunión técnica tendrá lugar el próximo 29 de enero y la primera reunión política en febrero, mes que marcará el comienzo de las negociaciones. La principal novedad será seguramente la participación del Consejo de la Unión Europea en el Acuerdo. Cuando se traten otros asuntos veremos cómo marchan las negociaciones”, explica a La Celosía Michal Matlak, asistente personal de Danuta Huebner.

“Con respecto a las negociaciones sobre el Acuerdo Interinstitucional entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo de la Unión Europea para un registro obligatorio de transparencia, las rondas de debate tendrán lugar a puerta cerrada. Los actores externos, incluidas las ONG como nosotros, no están invitados y los documentos de esas conversaciones no se harán públicos”, explica Theresa Crysmann, encargada de prensa de Corporate Europe Observatory, entidad que fiscaliza con rigor las anomalías cometidas por lobbies y lobistas.

“Los ciudadanos no saben qué intereses están siendo representados a nivel de la UE, quién los representa, en nombre de quién y qué presupuestos se están movilizando para persuadir a nuestros representantes electos a votar a favor o en contra de una política o decisión determinada. Eso es exactamente de lo que se trata la regulación del lobby: exigir la divulgación, a fin de fomentar la confianza en el proceso político. ¿No es eso lo que la UE necesita desesperadamente?” plantea Alberto Alemanno, autor de ‘Lobbying for Change: Encuentra tu voz para crear una sociedad mejor’.

Debate sobre el registro obligatorio

Para remediar esos defectos, la Comisión de la UE ha propuesto un Acuerdo Interinstitucional con el doble objetivo de hacer que el registro sea obligatorio y extenderlo al Consejo de la Unión Europea, donde se sientan los representantes de los Estados miembros, así como otros organismos de la UE. Para lograr estos objetivos, el nuevo régimen no solo impone requisitos a los lobistas, sino también a los propios responsables de la toma de decisiones, que pueden reunirse con las partes interesadas siempre que se hayan registrado.

“Es importante señalar que la propuesta de registro presentada por la Comisión en septiembre de 2016 no es para el registro obligatorio que la sociedad civil y el Parlamento vienen solicitando desde hace tiempo, es decir, un registro legalmente vinculante obligatorio para todos los lobistas. En cambio, el enfoque de la Comisión es que las tres instituciones se unan a un acuerdo interinstitucional sobre el Registro de Lobby de la UE.

Este acuerdo se basa en ofrecer incentivos a los lobistas, como reuniones con tomadores de decisiones o el acceso a las instalaciones, que están condicionadas al registro. El objetivo es hacer que el lobby no registrado sea lo menos atractivo posible. Pero no es un registro ‘obligatorio’”, señalan desde ALTER-EU que califican las próximas reuniones  como “una propuesta decepcionante”.

En opinión de esta organización que vela por la transparencia, el Consejo se une a la mesa de negociaciones en su mayoría con las manos vacías. “Probemos y comencemos con los aspectos positivos del mandato de negociación del Consejo. Antes que nada, es bueno que el Consejo finalmente haya aceptado unirse al Registro, aumentando así la transparencia a nivel de la UE. Concretamente, el Consejo acordó condicionar las siguientes actividades para los lobistas a su registro: participación en reuniones informativas temáticas y como ponentes en eventos públicos organizados por la Secretaría General para representantes de intereses, así como acceso a las instalaciones del Consejo”.

Desde ALTER-EU se hace hincapié en que el lobby no está regulado en España y, a pesar de la entrada en vigencia de la nueva ley de acceso a la información, sigue siendo casi imposible para el público saber quién está influyendo en los responsables de la toma de decisiones, con qué medios y con qué efecto. “Esto a pesar de la irrupción de nuevos partidos políticos, como Podemos y Ciudadanos, que han contribuido a introducir en la agenda política temas de conflictos de intereses causados ​​por el lobby no regulado y el fenómeno de la puerta giratoria”.

Deben publicarse los nombres de los lobistas

La falta de regulación y transparencia en torno al lobby también ha sido destacada por organizaciones de la sociedad civil, como Transparencia  Internacional en su informe Una evaluación institucional del lobby en España: Análisis y Propuestas. Por su parte Access Info Europe señala puntos importantes que deberían incorporarse en la legislación española a fin de garantizar la total transparencia. “El Poder Ejecutivo debe incluirse. Los grupos de presión se dirigen tanto a las ramas legislativa como ejecutiva y en España la mayoría de las leyes adoptadas son presentadas por el Gobierno. Es importante no olvidar que el lobby también puede servir para proponer cambios a la política o para evitar la redacción de legislación”.

Esta organización pide que se defina quién estará obligado a registrarse y qué información se les solicitará que publiquen. “Como mínimo, deben publicarse los nombres de los lobistas, los intereses específicos que representan y el presupuesto empleado en actividades de lobby”. También exige que los funcionarios públicos publiquen su próxima agenda de reuniones y también un registro de las reuniones realizadas con los grupos de presión. Asimismo ve oportuno que se hagan públicos los documentos de posición presentados por grupos de presión durante los procesos de toma de decisiones en curso.

El número de entidades registradas en la UE ha ido creciendo a lo largo de los años. En la actualidad hay más de 11.000 organizaciones con más de 80.000 empleados, incluyendo las no gubernamentales, asociaciones comerciales, compañías, sindicatos y consultorías. Casi una quinta parte tienen su sede en Bélgica.

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El Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) concluye en su último informe que ha habido un progreso limitado en España en el cumplimiento de sus recomendaciones y que el nivel de ejecución del país sigue siendo “globalmente insatisfactorio”.

El informe publicado este 3 de enero de 2018 desprende que España aún no ha implementado por completo ninguna de las 11 recomendacionesque Greco emitió en 2013: siete lo han hecho parcialmente y cuatro no han sido implementadas en absoluto.

Con respecto a los parlamentarios, varias recomendaciones esperan su puesta en marcha, incluida la adopción de un código de conducta en ambas cámaras y una revisión exhaustiva de la información financiera publicada. Por otro lado, el organismo internacional celebra que se hayan dado pasos adelante para la creación de un registro de lobbies, que permitirá mejorar la transparencia sobre cómo los parlamentarios interactúan con los grupos de presión y otras partes.

Greco subraya en su informe la alta calidad del sistema judicial español y celebra el proceso de reflexión que está en curso para aumentar la independencia y la eficiencia del poder judicial, incluidos los cambios en los sistemas de nombramientos. Destaca que se haya adoptado un código de conducta y la creación de una Comisión de Ética Judicial con una función de asesoramiento, aunque todavía no haya comenzado a funcionar.

Con respecto al servicio de fiscalía, Greco lamenta “la falta de una acción más decidida en la redacción de un código de conducta para los fiscales”, que está en curso.

El presidente de Greco, Marin Mrčela, ha enviado una carta a las autoridades españolas solicitando que se tomen medidas concretas con el propósito de lograr un progreso tangible lo antes posible. Las autoridades españolas tendrán que informar de la implementación de las recomendaciones antes del 31 de diciembre de 2018.

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El Gobierno regional y la Generalitat Valenciana firmaron este lunes un protocolo de colaboración sobre Gobierno Abierto que permitirá a ambas administraciones autonómicas intercambiar experiencias y conocimientos para impulsar la participación ciudadana y mejorar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

“Tenemos una Administración profesional y eficaz, pero debemos mejorar y potenciar la transparencia, el Gobierno Abierto y la rendición de cuentas como forma de perfeccionar la democracia”, señaló la consejera de Transparencia, Participación y Portavoz, Noelia Arroyo.

El acuerdo de cooperación suscrito por Arroyo y su homólogo valenciano, el consejero de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación de la Generalitat, Manuel Alcaraz, tiene como objetivo “potenciar la transparencia, el Gobierno Abierto y la rendición de cuentas, como forma de perfeccionar la democracia”, señaló la consejera.

Mediante este protocolo ambas comunidades desarrollarán e intercambiarán herramientas informáticas especializadas que permitan a los ciudadanos un acceso cómodo y seguro desde cualquier dispositivo a toda la información relativa a sus instituciones. Arroyo indicó que ambas comunidades “estamos realizando ya un gran esfuerzo, con mecanismos como el registro de lobbies y el canal de denuncias”, dentro de la lucha contra las malas prácticas políticas y administrativas, que ha sido uno de los ejes centrales del encuentro celebrado hoy en Cartagena.

Máximo acceso a la información

Para Noelia Arroyo, “escuchar no es suficiente, es necesario que los ciudadanos puedan tomar decisiones junto con los responsables políticos, y para ello es imprescindible garantizarles el máximo acceso a la información”.

“No es posible un buen gobierno con personas desinformadas. Encuentros como este y otros que vamos a tener con otras comunidades autónomas nos permitirán poner la mejor información con las mejores herramientas informáticas en manos de todos los ciudadanos de nuestra Región”, explicó Arroyo.

“La Región de Murcia se ha situado a la vanguardia de la participación y la transparencia, pero queremos ir aún más rápido e incorporar lo mejor que se ha hecho en otros lugares de España, a la vez que aportamos a otras comunidades nuestras acciones pioneras, como los Presupuestos Participativos”, explicó la consejera de Transparencia, Participación y Portavoz.

Arroyo resaltó que “es necesario colaborar con todas las administraciones, como ya hacemos con los ayuntamientos de nuestra Región, para mejorar la calidad democrática de nuestros gobiernos” y anunció que a este primer protocolo con la Generalitat Valenciana se unirá próximamente otro con la Comunidad de Madrid.

La consejera de Transparencia y su homólogo valenciano coincidieron en solicitar al Gobierno de España la constitución formal de la Conferencia Sectorial de Gobierno Abierto, para otorgar el máximo rango a estas actuaciones.

“La igualdad entre los españoles también se construye con políticas coordinadas de transparencia y participación ciudadana. Todos los españoles tienen que tener las mismas posibilidades de participar en la vida pública”, defendió Noelia Arroyo.

Mesas de trabajo conjuntas

La jornada de este lunes se ha dividido en dos grupos de trabajo, centrados en cuestiones relativas al acceso a la información, reclamaciones o cuentas abiertas, y en los sistemas de alertas para la detección de malas prácticas en la administración, inspección de servicios o registro de grupos de interés. En ella han participado técnicos y políticos de ambas comunidades.

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Se trata de la primera vez que se aprueba este instrumento desde que se impuso esta obligación al Gobierno por el artículo 25 de la Ley del Gobierno, del 27 de diciembre de 1997, en la redacción dada al mismo por la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, del 1 de octubre de 2015, y una vez aprobado el Real Decreto del 24 de marzo de 2017, por el que se regularon el Plan Anual Normativo y el Informe Anual de Evaluación Normativa de la Administración General del Estado y se creó la Junta de Planificación y Evaluación Normativa.

La conveniencia de la aprobación del Plan deriva de la exigencia de racionalizar la actividad de producción normativa y mejorar la calidad de las normas, así como permitir la evaluación periódica de la aplicación de las que están en vigor. Además, es un reto no exclusivo del ordenamiento español, sino que se ha puesto de manifiesto en el ámbito de la OCDE, del Derecho comparado o de la Unión Europea, a través del Acuerdo Interinstitucional «Legislar mejor» alcanzado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea, que entró en vigor en 2016.

Igualmente, debe ponerse en relación con el proyecto general de mejora de la calidad normativa que inspira todo el informe aprobado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas.

Objetivos

A través del Plan Normativo se persiguen tres objetivos fundamentales:

  • Asegurar, como impone el artículo 25 de la Ley del Gobierno, la congruencia de todas las iniciativas que se tramiten y evitar modificaciones sucesivas del régimen legal de un determinado sector o área de actividad en un corto espacio de tiempo.
  • Dar a conocer a todos los agentes cuáles son las normas previstas para cada año natural, incrementando la transparencia. Por esta razón, el artículo 132 de la Ley 39/2015 impone la publicación del Plan en el Portal de la Transparencia.
  • Racionalizar la actividad normativa, a través de la reflexión que impone la articulación en un calendario del programa legislativo

Además, el Plan Normativo permite coordinar otros instrumentos que afectan a la proyección temporal del ejercicio de la potestad normativa. Por esta razón, en el proceso de elaboración del Plan Anual Normativo se han tenido en cuenta los compromisos asumidos en el Programa Nacional de Reformas, así como las obligaciones de transposición que resultan del Derecho de la Unión Europea.

Las propuestas que se incluyen en el Plan reflejan los objetivos y prioridades políticas de los diferentes ministerios y del Gobierno en su conjunto. En todo caso, la efectiva aprobación de los Proyectos de leyes orgánicas y de leyes ordinarias previstos en el presente Plan hoy aprobado dependerá del Parlamento.

Planificación

Como datos generales del Plan se pueden destacar los siguientes:

  • Se prevé la aprobación de 287 normas, de las cuales 9 tendrán rango de ley orgánica, 38 de ley ordinaria y 240 de real decreto.
  • 44 propuestas normativas derivan de la transposición de Directivas europeas: 4 leyes orgánicas, 17 leyes ordinarias y 23 reales decretos.
  • A lo largo de 2018 se procederá a la transposición de 52 Directivas comunitarias.

El Plan no es un instrumento rígido que impida la aprobación de normas que no estuvieran inicialmente previstas, si bien en estos casos debe justificarse la necesidad en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo. En este sentido, se hace referencia a las iniciativas que se podrán derivar de los trabajos que se están llevando a cabo actualmente en las Comisiones Constitucional, de Justicia, Educación y Deporte, y Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados.

El Plan identifica las normas que han de someterse a un análisis sobre los resultados de su aplicación, con el fin de evaluar su eficacia, eficiencia y sostenibilidad. Las causas principales que motivan esta evaluación son la incidencia en las cargas administrativas y el impacto sobre la economía en su conjunto o sobre determinados sectores.

43 proyectos normativos se someten al procedimiento de evaluación normativa. Se incluyen, entre otros, la Ley de modificación del texto refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios, la Ley sobre seguridad de las redes y sistemas de información, la Ley de cooperativas de crédito o los Reales Decretos sobre reutilización de información del sector público o de aprobación del Reglamento del Registro Mercantil.

NORMAS MÁS RELEVANTES

Las normas más relevantes incluidas en el Plan, a las que deben añadirse las disposiciones cuya aprobación está prevista con carácter anual, como es el caso de la Ley de Presupuestos o el Real Decreto por el que se fija el Salario Mínimo Interprofesional, son las siguientes:

– Asuntos sociales:

  • Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, con el fin de dar cumplimiento a los compromisos internacionales, así como los que se deriven de la suscripción del Pacto de Estado en materia de violencia de género creada en el seno de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados.
  • Ley de menores sin alcohol, con el fin de adoptar medidas preventivas eficaces para evitar la problemática asociada al consumo de alcohol por parte de los menores de edad.
  • Reglamento de desarrollo de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado

– Protección del medio ambiente:

  • Ley de cambio climático y transición energética, que tiene por objeto establecer un marco normativo que recoja los objetivos a medio y largo plazo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y los objetivos en materia de energía.
  • Ley por la que se establecen objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida de los combustibles y de la energía suministrada en el transporte.
  • Ley por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

– Protección de derechos:

  • Reformas previstas en la legislación civil, penal y procesal, donde se prevé la modificación de los cuerpos normativos más importantes: el Código Civil, el Código Mercantil, Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, e incluso la Ley Orgánica del Poder Judicial.
  • Ley Orgánica sobre el Registro de Nombre de los Pasajeros para la Prevención, Investigación y Enjuiciamiento de Delitos de Terrorismo y Delincuencia Grave.
  • Ley de modificación de la Ley 10/2010, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo.
  • Ley reguladora de determinados aspectos de los Servicios Electrónicos de Confianza
  • Reglamentos de desarrollo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria

– Recuperación económica:

  • Ley del sistema institucional de resolución extrajudicial de conflictos en el ámbito financiero.
  • Ley de transposición de la Directiva 2014/65/UE, reguladora del Mercado de Valores.
  • Ley de transposición de la Directiva 2014/50/UE, relativa a los requisitos mínimos para reforzar la movilidad de los trabajadores entre Estados Miembros en materia de derechos de pensión.
  • Ley por la que se modifica la Ley del Impuesto de Sociedades.

– Hacienda y financiación autonómica:

  • Ley de modificación de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía.
  • Ley de reforma del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales.
  • Leyes de Presupuestos Generales del Estado correspondientes a los años 2018 y 2019.

Artículo original

El transporte público de viajeros en vehículos de turismo constituye un servicio estratégico para la sociedad española. Supone una importante contribución para el crecimiento de nuestra economía en términos de Producto Interior Bruto (PIB), es generador de puestos de trabajo, favorece la conectividad de las personas, la vertebración urbana y desarrolla una labor esencial en el día a día de los ciudadanos mejorando, sin lugar a dudas, su calidad de vida.

Y siendo, como somos, conscientes de todos los beneficios que reporta al conjunto del país, es fundamental garantizar la estabilidad del mismo, velar con todos los medios a nuestro alcance por asegurar el cumplimiento de la ley, lograr una convivencia ordenada y equilibrada entre los taxis y los vehículos con conductor (VTC), impulsar los mecanismos de supervisión necesarios y reforzar la lucha contra el fraude, la especulación y el intrusismo en la prestación de este tipo de servicios. Sólo así el sector podrá afrontar con éxito todos los desafíos que las nuevas tecnologías y necesidades de los ciudadanos demanden prestando un servicio fundamental, ágil, seguro y fiable.

Desde el Ministerio de Fomento conocemos la situación que atraviesa en estos momentos el sector y el impacto que han tenido sobre él las sentencias judiciales que recientemente han dictado los jueces, por las que se conceden nuevas licencias VTC, y que son fruto del vacío legal que se produjo tras la aprobación en 2009 de la Ley Ómnibus por parte del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

Con el objetivo de resolver dicho vacío legal, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en 2013 la modificación de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) y su reglamento de desarrollo en 2015. Esta nueva regulación logró poner fin a la inseguridad jurídica que hasta entonces imperaba en materia de arrendamiento de vehículos con conductor, restableciendo la proporción concreta de una autorización de VTC frente a 30 licencias de taxi y evitando que, a partir de ese momento, prosperasen los recursos para obtener licencias VTC por la vía judicial.

Esto explica que las autorizaciones de licencias VTC que se han obtenido por sentencia judicial correspondan, fundamentalmente, a recursos presentados entre 2009 y 2013.

Desde el Ministerio de Fomento estamos obligados a acatar y respetar el contenido de estas sentencias, como no podía ser de otra manera. No obstante, el respeto de cualquier decisión judicial no ha impedido que la Administración General del Estado haya hecho todo lo que estaba en su mano, personándose en los procedimientos judiciales abiertos, con el objetivo de evitar la concesión de nuevas licencias VTC por esta vía y el incumplimiento del límite del 1/30.

Asimismo, me gustaría poner de manifiesto que cuando se ha llegado al límite del criterio del 1/30 las administraciones autonómicas no han otorgado nuevas licencias de VTC, ya que ello iría contra la ley. En estos momentos, de hecho, está prohibido, porque es ilegal, conceder ni una sola nueva licencia VTC en España. La ley aprobada en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy lo impide.

Cabe recordar, asimismo, que Fomento no tiene competencia ni en la regulación del sector del taxi, ni en la gestión y otorgamiento de licencias, ni en los servicios de inspección. Sí nos compete, por ejemplo, la regulación del sector de VTC y su desarrollo normativo, que es en lo que estamos trabajando. El Ministerio de Fomento está ultimando el desarrollo de un proyecto de Real Decreto destinado a mejorar la situación en el sector del taxi y en el del alquiler de vehículos con conductor que pone especial acento en aquellas medidas dirigidas a impedir las prácticas especulativas por parte de quienes pudieran haber solicitado licencias de VTC con la única finalidad de lucrarse con su inmediata reventa.

Este Real Decreto, en el que hemos recogido las principales preocupaciones que nos ha transmitido el sector del taxi en las sucesivas reuniones que hemos mantenido, impide, por tanto, la transmisión de autorizaciones hasta pasados dos años desde su otorgamiento.

Asimismo, la nueva norma recoge la creación de un registro único a nivel estatal en el que deberán inscribirse, con carácter previo a su prestación, los servicios de VTC de manera que se garantice así que existe una contratación precedente -requisito indispensable- y se impide que este tipo de vehículos capten viajeros circulando por las vías públicas o mientras están estacionados en los sitios de mayor demanda. Es el caso de aeropuertos, estaciones de tren, puertos, etc.

El control de la habitualidad, que determina que un VTC pueda realizar como máximo un 20% de los servicios fuera de la comunidad autónoma que le otorgó dicha autorización, constituye otro de los pilares del nuevo texto de medidas urgentes en el que trabaja el Ejecutivo, que reforzará al mismo tiempo el cumplimiento de los requisitos que lleva aparejado una autorización VTC, independientemente de cómo se haya obtenido.

Pero, además, la inspección y el control de los servicios de VTC seguirá siendo un objetivo primordial para Fomento, como también lo es la lucha contra el fraude y el intrusismo. De hecho, cualquier incumplimiento de la norma del que tengamos constancia lo pondremos a disposición de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos para que ellos puedan llevar a cabo sus respectivas tareas de inspección y de control.

Así, en las distintas reuniones que hemos mantenido tanto con representantes del sector, como con comunidades autónomas y ayuntamientos, les hemos trasladado todas aquellas medidas de apoyo que desde el Gobierno se pueden dar, instando a estas administraciones, que son competentes para ello, a que refuercen las inspecciones para facilitar el buen funcionamiento del sector, para lo cual hemos ofrecido nuestra colaboración. Por todo ello, queremos seguir trabajando de la mano con el sector, desde el respeto de la legalidad, para lograr una convivencia armónica, ponderada y ecuánime entre el taxi y el VTC, necesaria para el desarrollo y progreso de una actividad fundamental para la sociedad.

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