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La semana pasada, APRI y el Instituto Atlántico de Gobierno (IADG) firmaron un acuerdo de colaboración para fortalecer la colaboración entre las dos organizaciones en materia de asuntos públicos. El acuerdo, firmado por la Presidenta de la asociación, María Rosa Rotondo, y el Gerente de IADG, Jaime Moro, se concretará, entre otras, en las siguientes actividades:

  • acceso a beneficios económicos en forma de descuentos en la matrícula de los programas académicos del IADG, para los miembros de APRI
  • participación activa en los programas académicos desarrollados por el IADG
  • organización conjunta de conferencias, seminarios y demás foros de discusión y debate

 

Desde su fundación en 2008, APRI ha apostado siempre para una mejor formación en materia de asuntos públicos a través de la colaboración con distintas entidades. Según la Presidenta, María Rosa Rotondo, este acuerdo es muy importante porque “favorece el trasvase de conocimientos entre el sector privado y las instituciones académicas sobre relaciones institucionales y asuntos públicos”.

En palabras de Jaime Moro, se trata de “un acuerdo de colaboración entre dos instituciones comprometidas con el fortalecimiento del vínculo entre el sector público y el sector privado”.

La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) y la Asociación Española de Protocolo (AEP) han firmado hoy jueves un convenio de colaboración con el objetivo de promover el desarrollo y la profesionalización de las relaciones institucionales, el protocolo y la organización de eventos.

Este acuerdo da un importante paso para el cumplimiento de uno de los principales fines de las dos organizaciones que es poner en valor y dar visibilidad a los profesionales de ambas asociaciones. Al mismo tiempo, este convenio pretende impulsar y promover proyectos en común con el fin de ofrecer servicios de formación de calidad.

El acuerdo ha sido firmado por la presidenta de APRI, María Rosa Rotondo, y el presidente de la AEP, Juan Ángel Gato, lo que permitirá a las dos asociaciones trabajar conjuntamente y cooperar en el desarrollo de diferentes proyectos de interés común para las dos áreas profesionales.

En palabras de la Presidenta de APRI, “desde la asociación estamos muy ilusionados por la firma de este acuerdo de colaboración. Creemos que el trasvase de conocimientos entre estos dos mundos nos beneficiará mutuamente, acercando a los miembros de nuestras organizaciones hacia un mejor entendimiento de las dos profesiones”.

Actividades y Proyectos

En cuanto al contenido del acuerdo, APRI y AEP:

  • Realizarán cursos, seminarios, conferencias y talleres de formación, así como el intercambio de libros, documentos y demás material bibliográfico por medio del envío mutuo de publicaciones oficiales y documentos originados de investigaciones.
  • Colaborarán activamente para la organización conjunta de actividades formativas y profesionales sobre Lobby y Protocolo.
  • Difundirán y promoverán la participación de las propuestas formativas que desarrollen en los distintos seminarios, jornadas y congresos.
  • Fomentarán la colaboración en eventos de formación, talleres y seminarios.

Miembro de la Junta Directiva de APRI desde el año 2015, Juan Ignacio ha ostentado el cargo de Tesorero de nuestra asociación a partir del año 2016.

Licenciado en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, tiene un Global MBA por EAE, Máster de Dirección, Gestión y Organización de Empresas por UCJC, Global CCO por ESADE, Programa de Asuntos Públicos por la Universidad de Comillas y Mas Consulting Group y Programa de Alta Dirección de Empresas Agroalimentarias (PAG) por el Instituto Internacional San Telmo. Desde hace 14 años es Secretario General y Gerente de Marcas de Restauración, miembro en Serving Europe y vocal en la Asamblea de CEOE. Desde el año 2006 es profesor asociado en la UC3M donde ha impartido asignaturas de Economía Pública, Organización Industrial, Gestión Financiera y Teoría de Juegos. Asimismo, ha sido concejal durante 12 años en el Ayuntamiento de Torrelodones (Madrid).

Juan Ignacio tomará posesión de su cargo el miércoles 27 de junio a las 12h. Al incorporarse como Director de Gabinete de la Ministra Reyes Maroto, deja su cargo como miembro de la Junta Directiva de APRI y también su membresía.

Desde la asociación, felicitamos nuestro amigo Juan Ignacio por el servicio prestado durante estos años en APRI, por su contribución al debate interno en la asociación y por representar nuestra profesión según los valores de transparencia, ética e integridad.

A imagen de la Crypto Valley Association, la entidad suiza que ha convertido el cantón de Zug en el Silicon Valley de la revolución tecnológica de las ‘criptos’, nace en España la Asociación Española de Tokens e ICOs (AETOK). Su objetivo principal será actuar como un ‘lobby’ del sector ante las autoridades y reguladores nacionales y europeos para convertir el país en un entorno pionero en captación de financiación mediante el uso de tecnologías blockchain.

Los promotores de esta entidad sin ánimo de lucro son Icofunding, RDC Abogados y finReg 360, que llevan varios meses trabajando en conjunto con los supervisores españoles, el Banco de España (BdE) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), para generar un entorno seguro para las empresas que están promoviendo proyectos de ICOs en España y en la Unión Europea (UE). Las emisiones iniciales de monedas y tokens criptográficos, a cambio de financiación para startups y empresas, es una de las posibilidades que ofrece la ‘cadena de bloques’ que más rápido se ha acelerado hasta el punto de que 5.000 millones de dólares se han recaudado entre 2017 y lo que llevamos de 2018.

Este sector aboca al mundo empresarial a un claro cambio de paradigma, en el que “la tecnología se está desarrollando mucho más rápido que la regulación”, explica AETOK en un comunicado. “Por lo que se está estrangulando un canal de financiación alternativa para las pequeñas y medianas empresas, lo que está provocando a su vez que este tipo de proyectos se desarrollen en el extranjero, con la consecuente pérdida de talento y riqueza para nuestro país”, denuncia la asociación.

Sin ir más lejos, Nostrum, la marca de Home Meal Replacement -empresa que cotiza en el MAB- está inmersa en la preventa de su ICO, el Meal token, una iniciativa inédita en nuestro país, ya que es la primera empresa productiva española que se embarca en una experiencia de este tipo. Por ahora, se ha adscrito a la regulación de la FIMNA suiza, pero el presidente de la CNMV, Sebastián Albella, se ha mostrado dispuesto a colaborar con Home Meal, para acometer el lanzamiento de su ICO en España.

No obstante, el supervisor de los mercados mantiene su postura de cautela ante los riesgos de la inversión en criptomonedas y señala que hay un componente internacional a la hora de regular estos activos virtuales. No en vano, en la cumbre del G-20, que se desarrolla en Buenos Aires el 19 y 20 de marzo, las criptomonedas centrarán la atención de banqueros centrales y ministros de economía en dos sesiones de trabajo destinadas a alcanzar un acuerdo conjunto sobre este nuevo mercado.

De vuelta al mercado nacional, Albella advierte de aquellas plataformas que comercializan este tipo de activos sin figurar en los registros del supervisor. “Son intermediarios no regulados que permiten invertir incluso con tarjeta de crédito, a mí personalmente me parecen muy peligrosas en términos de riesgos”, apunta.

OBJETIVOS DE AETOK

Pero pese a los avisos, existe una buena disposición de los reguladores para debatir de qué forma debe España abordar las ICOs y los desarrollos en la blockchain, cuentan fuentes del sector a ‘Bolsamanía’. Por este motivo, AETOK quiere proponer un marco de trabajo que ayude a consolidar el país como una potencia en la blockchain.

El plan de AETOK para impulsar el desarrollo del sector se sustenta en cuatro pilares, que pasan, en primer lugar, por el diálogo con instituciones, autoridades y supervisores y reguladores nacionales y comunitarios para desarrollar la regulación del sector ICO. Además, prepararán un libro blanco de ICOs que promueva la creación de un marco normativo que dé seguridad jurídica a las empresas y los inversores en este ámbito. Llevarán a cabo también la creación de una autorregulación y un código de conducta propios y, por último, trabajarán por la divulgación del conocimiento de las ICOs y la tokenización.

AETOK ya cuenta con 35 entidades adheridas. Y entre sus miembros se encuentran compañías que están inmersas en el lanzamiento de sus ICO, despachos de abogados, firmas de consultoría de blockchain y compañías de marketing.

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La Secretaría General del Senado ha emitido un informe, propiciado por una denuncia de Podemos respecto a un viaje a Dublín de senadores del PP y PNV y parlamentarios de Cs invitados por una farmacéutica, en el que recomiendan aprobar un código de conducta de los parlamentarios para regular su relación con los ‘lobbies’. “Se trata de una materia que en cámaras parlamentarias de nuestro entorno se regula, con diverso nivel de intensidad, en los llamados códigos de Conducta, pero que hasta el momento no se han establecido en las Cortes Generales”, explican los letrados.

El escrito incluye las recomendaciones del informe Greco (Grupo de Estados Contra la Corrupción) sobre España, relativo a “la prevención de la corrupción en lo que se refiere a miembros del parlamento, jueces y fiscales”, adoptado en 2013 y que ha sido objeto de sucesivos informes sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en aquel. Entre las recomendaciones “pertinentes”, los letrados destacan que “cada Cámara de las Cortes Generales apruebe un código de conducta de los parlamentarios, que incluya orientaciones, entre otros aspectos, sobre prevención de conflictos de intereses, regalos e invitaciones”.

Por otro lado, el informe de los letrados también recomienda que “se adopten normas sobre el modo en que los parlamentarios se relacionan con los grupos de presión y con otros grupos que aspiran a influir en la función legislativa, que incluyan publicidad de sus contactos”. Con todo, el informe evidencia la ausencia de regulación y concluye que “no resulta posible efectuar una valoración jurídica (…) dado que la cuestión se plantea en términos sumamente genéricos y, como se ha señalado, no hay normativa específica que regule esta materia”.

La senadora de Unidos Podemos por Álava, Kontxi Palencia, que instó a la Mesa del Senado a solicitar dicho informe sobre los viajes, estancias y regalos que empresas privadas (‘lobbies’) sufragan a los representantes de la Cámara Alta, entiende que “existe un grave problema ético cuando las personas encargadas de regular el sector farmacéutico, por ejemplo, disfrutan viajes o reciben regalos de las grandes empresas farmacéuticas”. Desde el grupo confederal remarcan también que el informe de los letrados de la Cámara Alta “reconoce la necesidad de modificar el reglamento del Senado para avanzar en materia de transparencia, garantizando además que los representantes políticos de los españoles y españolas sirvan siempre al bien común y no a intereses particulares”.

La portavoz de Unidos Podemos en la comisión de Sanidad impulsó una moción que se lleva esta semana a pleno sobre la regulación de estas prácticas, después de conocerse que un conjunto de senadores del PP y del PNV y de parlamentarios de Ciudadanos (Cs) viajó a Dublín el 26 de noviembre con todos los gastos pagados para “conocer las instalaciones” de Amgen, multinacional del sector farmacéutico. En concreto, según aseguraron fuentes del PP y del PNV a Europa Press, acudieron a Dublín cuatro senadores populares, una senadora del PNV y tres diputados de Cs en el Parlamento andaluz. Asimismo, desde el PP manifestaron que días antes de ese viaje había tenido lugar “un foro muy similar en Zaragoza al que asistieron miembros de todos los partidos y nadie dijo nada”.

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Los grupos de presión ya han comenzado a inscribirse en el registro de lobbiescreado por el Gobierno de Ahora Madrid, que comenzó a funcionar a primeros de mes. Seis decenas de lobbies entre personas jurídicas, asociaciones y empresas de toda índole han cursado alta en la plataforma de Transparencia de la web municipal a lo largo del primer mes de 2018, aunque según aseguran desde el Área de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, encabezada por el edil Pablo Soto, «todavía ninguno ha solicitado una reunión con algún representante municipal».

Estos encuentros comenzarán a producirse con el paso de los meses. Al menos, ésa es la intención de la Ejecutiva de la alcaldesa, Manuela Carmena, que ha creado este registro con el objetivo de que estas personas o colectivos que pretenden influir en la toma de decisiones municipales dejen constancia de las reuniones y que éstas puedan ser consultadas por la ciudadanía. La inscripción es obligatoria para todo aquel que quiera ejercer de lobista, salvo las asociaciones y entidades que ya estén inscritas en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Madrid.

Entre los primeros lobbies registrados aparecen empresas con importantes intereses económicos en la ciudad. Es el caso de la cadena de supermercados Mercadona, con más de 20 establecimientos en Madrid, que se inscribió el pasado 11 de enero, o de la multinacional de venta online Amazon, que tiene su sede central y otras delegaciones en distintos puntos de la capital y que se registró con el objetivo de «mantener reunión o encuentro», como consta en su ficha abierta al público a través de la web municipal.

Otras de las grandes empresas que no han tardado en posicionarse son Uber y Cabify, que a través de la patronal Unauto VTC (la principal asociación del sector de alquiler de vehículos con conductor profesional) trasladan la denominada«guerra del taxi» también a este ámbito. Del otro lado, la Federación Española del Taxi ha hecho lo propio, registrando no sólo a esta organización, sino también a su secretario técnico, Emilio Domínguez del Valle.

Mucho interés económico podría haber también en el caso del gigante inmobiliario Unibail-Rodamco, que cuenta con 12 grandes superficies comerciales en nuestro país, tres de ellas en Madrid: Equinoccio, Parquesur y La Vaguada. Esta compañía anunciaba recientemente que invertirá más de 800 millones de euros en España durante los próximos cinco años, según publicaba Expansión. Asimismo, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) o la ANFAC-Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones también se han dado de alta durante las últimas semanas.

Pero no solo de grandes nombres vive este registro de lobbies, que ya cuenta con una composición de lo más variopinta. Con unos intereses muy alejados de la lógica del capitalismo se encuentra por ejemplo la organización Mis Amigas Las Palomas, que lleva ya varios años luchando por los derechos de estas aves, tan odiadas por muchos ciudadanos. Ecologistas en Acción completa el listado de organizaciones en defensa de la fauna y el medio ambiente.

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La actividad de los grupos de presión en Estados Unidos es legal, está aceptada y puede conseguir resultados favorables. No son relaciones públicas y tampoco es una herramienta estrictamente jurídica, pero la influencia forma parte del juego del poder en Washington. Google acaba de convertirse en la empresa que más invierte en estas prácticas, hasta ahora copadas por otras industrias o por asociaciones de empresarios.

Las empresas de Silicon Valley se han convertido en los últimos años en las que más dinero emplean en mejorar su imagen y en introducirse en el entramado del poder. Google ha batido su propio récord, con 18 millones de dólares en 2017, y se ha situado por primera vez como la compañía que más se ha gastado en influir en los legisladores. Desbanca así a los sectores que tradicionalmente hacían grandes esfuerzos de presión, como la industria tabaquera o la de alimentación.

El Centro de Política Responsiva ha publicado los datos de las diferentes empresas que ejercen el lobby frente al gobierno federal. El buscador está en la cima. Ejerció presión en temas diversos, desde la emigración, la reforma fiscal, la diversidad, la neutralidad de la red o la publicidad online. Esta cifra está muy por encima de lo que emplearon otros gigantes de las telecomunicaciones.

Amazon y Facebook aparecen también en la lista, pero mucho más abajo, en los puestos 16 y 24 respectivamente. En el ejercicio anterior fue la National Association of Realtors, la unión de corredores de fincas, la que ocupó la primera plaza. Lo habitual es que sean grupos, sindicatos o conglomerados que aúnan industrias los que más gasten, pero no compañías a título particular.

Hace 30 años el Centro de Política Responsiva comenzó a recolectar datos. No hay registros anteriores, pero desde que lo siguen, esta es la primera vez que una empresa concreta lidera la lista. Sarah Bryner, directora de la investigación, ha explicado al portal de tecnología Gizmodo, que los de Mountain View han ido escalando posiciones desde el puesto 15, superado a los grupos que tradicionalmente tenían más intereses en conseguir un marco legal favorable, como AT&T, la mayor empresa de telecomunicaciones del país, y Boeing, involucrada en defensa, electrónica y transporte aéreo.

A Bryner no le sorprende que los nuevos líderes tecnológicos ya no estén en garajes inventando nuevos productos, sino ejerciendo su influencia más allá de la web. “Hay un mito muy arraigado. Se considera que ellos no intervienen en cómo se apuntala políticamente su industria”, explica. Llama la atención el caso de Amazon, que gastó 13 millones de dólares. Facebook se quedó en 11. La investigadora no cree que estas acciones tengan un efecto inmediato, pero sí que consiguen que sus opiniones se escuchen y aporten puntos de vista diferentes. “Google siempre ha mantenido el don’t be evil (“no seas malo”, lema fundacional de la empresa) y no hay nada de malo en gastar dinero en política, pero sí es importante que la opinión pública lo sepa, que lo vigile”, argumenta.

Apple no está entre las corporaciones que más invierten en estas labores. Se queda en siete millones de dólares, pero llama la atención que su partida aumentase un 51% solo en un año. Entre los intereses de los de Cupertino se encuentran el cambio climático, las aplicaciones relacionadas con la salud y los coches autónomos. Apple, Google y Facebook no han explicado esta actividad. Tan solo lo ha hecho Amazon en un comunicado escueto: “Como uno de los grandes creadores de empleo de este país, hemos ampliado nuestro equipo en Washington D.C. para asegurarnos de que podemos estar encima de temas legislativos importantes que afectan a nuestros empleados y nuestros consumidores”. De manera colectiva se han agrupado en The Internet Association para “de forma proactiva vigilar al vigilante en todo lo referido a Internet y los posibles efectos negativos de sesgos raciales o de género, de modo que se identifiquen y minimicen rápidamente”.

En el listado también aparece Uber. Ejerció presión para que se aprobase una normativa de “avances en despegue y aterrizaje vertical”. Un aspecto básico para que su prometido coche volador, más parecido a un helicóptero comunitario, sea una realidad.

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El próximo viernes 26 de enero se inaugura la 8ª edición del Postgrado de Dirección de Asuntos Públicos(PDAP), el primer programa en España especializado en lobby. Este programa ha formado a un gran número de directivos y profesionales del mundo de la empresa, la Administración Pública y el Tercer Sector.

La organización corre a cuenta de Mas Consulting junto con la Universidad Pontificia de Comillas ICAI-ICADE. El pasado 11 de enero celebraron una mesa redonda sobre el futuro del lobby para presentarlo en el Aula de Liderazgo Público.

El acto estuvo conducido por Daniel Ureña, coordinador del Aula de Liderazgo Público, contó con la presencia de Maribel Álvarez, Directora del Departamento de Disciplinas Comunes de la Facultad de Derecho (ICADE), Piluca Núñez, Directora de Comunicación de la Asociación Española de Energía Eólica; y Lara Contreras, Directora de Relaciones Institucionales de Oxfam Intermón.

El punto de partida del debate fue la entrada en vigor del registro de lobistas en el Ayuntamiento de Madrid a comienzos de año, donde la jurista Maribel Álvarez hizo un repaso a las distintas iniciativas que, desde las Cortes Constituyentes -“padres de la Constitución como Solé Turá o Fraga tuvieron interés en legislar sobre el lobby en la Carta Magna”- hasta hoy día se han planteado para establecer un regulación del lobby. ¿Por qué no se ha llevado a cabo esa regulación? Álvarez concluyó: “Porque no se ha sabido cómo hacerla“.

Piluca Núñez explicó cuál era su función como lobista, subrayando la necesidad de alejar el concepto de lobby del de corrupción y enfatizando la necesidad de un registro único que facilite la labor de profesionales, ciudadanos y legisladores. Este registro ha de llevar un código de conducta para todos aquellos que ejercen y reciben el lobby.

Lara Contreras expuso a los asistentes la pregunta ¿quién es lobista?, afirmando que era “Todo aquel que pretende influir lícitamente para conseguir un cambio político acorde a sus intereses”.

La regulación es una cuestión totalmente necesaria, abordándose al respecto las iniciativas legislativas introducidas en el Congreso de los Diputados por los grupos parlamentarios del Partido Popular y Ciudadanos y, aunque todas las ponentes coincidieron en valorar como poco probable que saliera adelante la reforma del reglamento del Congreso propuesta por el PP, también hubo consenso en que se está avanzando en España.

Se citaron referentes internacionales como los casos de Reino Unido, Estados Unidos y Canadá para ejemplificar los límites de la transparencia. Todas las ponentes coincidieron en que no todas las acciones de lobby ni toda la documentación aportada debe hacerse pública, aunque, como dijo Lara Contreras, “los ciudadanos tienen derecho a saber quién está influyendo en las tomas de decisiones legales”.

El acto concluyó con las preguntas del público, encaminadas hacia la percepción pública del lobby y la necesidad de crear un buen story telling sobre el lobismo.

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El próximo día 31 de Enero, a las 18 h., se va a celebrar la Mesa Redonda: Valoración de las medidas y contenidos del Proyecto de Ley integral contra la corrupción, cuyo objetivo fundamental es analizar y valorar las novedades y los aspectos más importantes recogidos en el texto de esta próxima Ley (la llamada Ley omnibus contra la corrupción), actualmente en tramitación parlamentaria. El acto se va a celebrar en la Fundación Ortega y Gasset Marañón (c/ Fortuny, 53). Los intervinientes en la Mesa van a ser: D. Manuel Villoria(Catedrático de Ciencia Política/Comité de Dirección TI-España). Dña. Elisa de la Nuez(Secretaria General. Fundación Hay Derecho). D. Rodrigo Tena (Notario/Patrono Fundación Hay Derecho). Dña. Silvina Bacigalupo (Catedrática de Derecho Penal/Comité de Dirección TI-España). Moderador: D. Jesús Lizcano (Presidente de TI-España/Catedrático de la UAM). Después de las intervenciones habrá un interesante Coloquio con los asistentes.

El  Consejo estatal de Transparencia y Buen Gobierno ha presidido una reunión en su sede con los Comisionados y organismos independientes de transparencia de las CCAA. El encuentro se enmarca dentro de las relaciones permanentes que mantiene el Consejo con los presidentes de los órganos autonómicos de garantía.

Desde la fecha de su creación, el Consejo de Transparencia del Estado ha buscado la colaboración y el consenso con los distintos órganos autonómicos con competencias en materia de transparencia para todas las cuestiones de interés común y los temas más relevantes en el ámbito de la información pública.

Para continuar por esta vía y profundizar en sus resultados, en la reunión se ha acordado la implantación de un modelo de colaboración permanente basado en reuniones trimestrales y en creación de grupos de trabajosobre aspectos de interés común.

Ley de contratos del sector público

La nueva Ley de contratos del sector público otorga una nueva competencia al Consejo de Transparencia, concretamente la obligación de emitir un informe sobre la prevalencia o no del derecho de acceso a la información pública frente las decisiones de los órganos públicos de contratación de aplicar cláusulas de confidencialidad a determinados datos de los anuncios de formalización de los contratos.

Esta previsión, según la Disposición final primera de la Ley de contratos del sector público, tiene carácter básico y, en consecuencia, alcanza también a los Comisionados autonómicos en su respectivo ámbito territorial.

En el encuentro se han valorado las consecuencias de esta nueva competencia. Tanto el Consejo de Transparencia estatal como sus homólogos autonómicos han coincidido en la actual falta de medios para poder llevar a cabo esta tarea.

Lucha contra la corrupción y protección del denunciante

En la reunión se han abordado también las modificaciones que propone introducir en la Ley de transparencia la proposición de Ley integral de lucha contra la corrupción y protección de los denunciantes, presentada por el grupo parlamentario de Ciudadanos en el Congreso y que actualmente se encuentra en tramitación.

Entre las modificaciones propuestas se encuentra la creación en el ámbito estatal de un registro electrónico de lobistas y lobbies de carácter público y gratuito, cuya gestión y control encomienda, en el ámbito estatal, al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

La medida, de revestir el carácter de norma “básica”, implicará la creación de un registro paralelo en las CCAA que aún no han legislado en materia de lobbies y la atribución de la gestión del mismo a los organismos garantes de la transparencia.

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