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De Proactiva Open Arms a los constructores: 228 inscritos en el registro de ‘lobbies’

Un total de 228 grupos de interés ya se han inscrito en el registro de lobbiesque el Parlament creó a finales de enero de este año. La iniciativa es pionera entre las cámaras legislativas del Estado y se ha puesto en marcha como consecuencia de la ley de transparencia catalana, aprobada en 2014. El vicepresidente primero de la Cámara, Lluís Corominas, hace un balance “positivo” de los primeros meses, y recuerda que el Parlament aprobó también que los diputados hicieran pública su agenda.

El Parlament envió casi 400 cartas a entidades, cámaras, colegios, sindicatos, patronales y asociaciones susceptibles de tener que aparecer en este registro. Salvadas las “dudas iniciales”, dice Corominas, la iniciativa ha sido bien acogida. Esos grupos, por ejemplo, se sorprendían por tener que inscribirse en el Parlament para hablar con diputados cuando no tenían que hacerlo en el Congreso. La cámara autónoma pretende que formar parte del registro sea una especie de “sello de calidad” para las entidades.

El registro de lobbies garantiza derechos (como celebrar actos en la cámara) y obligaciones; por ejemplo, a dar información “fidedigna”. También prevé sanciones por malas prácticas, que van de los 300 a los 12.000 euros, que por ahora no se aplican.

Además de los 228 inscritos, hay cinco solicitudes pendientes de validar, otras seis que no se han admitido y otras 31 que no han finalizado. El registro se estructura en cinco categorías: consultorías profesionales y despachos de abogados; empresas, asociaciones comerciales y sindicatos; fundaciones, plataformas y sin ánimo de lucro; grupos de reflexión y ligados a partidos; y, finalmente, organizaciones que representan a iglesias o comunidades religiosas.

Los grupos registrados van desde la fundación Proactiva Open Arms —que ayuda a los refugiados en las aguas del Mediterráneo— hasta el gremio de constructores de obras de Barcelona, así como entidades energéticas, como la Asociación Española del Gas. Algunos grupos tienen un interés directo con las leyes que tramita la cámara, como la Asociación de Bebidas Refrescantes; recientemente, el Parlament abordó un impuesto sobre bebidas azucaradas. También está registrada la Federación de Asociaciones de Usuarios de Cannabis. En pleno proceso soberanista figuran, también, entidades que lo impulsan como Reinicia Catalunya, el Cercle Català de Negocis, Sobirania i Justícia o el Pacte Nacional pel Referèndum.

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Amazon, Uber y una asociación por las palomas, entre los primeros ‘lobistas’ del Ayuntamiento de Madrid

Los grupos de presión ya han comenzado a inscribirse en el registro de lobbiescreado por el Gobierno de Ahora Madrid, que comenzó a funcionar a primeros de mes. Seis decenas de lobbies entre personas jurídicas, asociaciones y empresas de toda índole han cursado alta en la plataforma de Transparencia de la web municipal a lo largo del primer mes de 2018, aunque según aseguran desde el Área de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, encabezada por el edil Pablo Soto, «todavía ninguno ha solicitado una reunión con algún representante municipal».

Estos encuentros comenzarán a producirse con el paso de los meses. Al menos, ésa es la intención de la Ejecutiva de la alcaldesa, Manuela Carmena, que ha creado este registro con el objetivo de que estas personas o colectivos que pretenden influir en la toma de decisiones municipales dejen constancia de las reuniones y que éstas puedan ser consultadas por la ciudadanía. La inscripción es obligatoria para todo aquel que quiera ejercer de lobista, salvo las asociaciones y entidades que ya estén inscritas en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Madrid.

Entre los primeros lobbies registrados aparecen empresas con importantes intereses económicos en la ciudad. Es el caso de la cadena de supermercados Mercadona, con más de 20 establecimientos en Madrid, que se inscribió el pasado 11 de enero, o de la multinacional de venta online Amazon, que tiene su sede central y otras delegaciones en distintos puntos de la capital y que se registró con el objetivo de «mantener reunión o encuentro», como consta en su ficha abierta al público a través de la web municipal.

Otras de las grandes empresas que no han tardado en posicionarse son Uber y Cabify, que a través de la patronal Unauto VTC (la principal asociación del sector de alquiler de vehículos con conductor profesional) trasladan la denominada«guerra del taxi» también a este ámbito. Del otro lado, la Federación Española del Taxi ha hecho lo propio, registrando no sólo a esta organización, sino también a su secretario técnico, Emilio Domínguez del Valle.

Mucho interés económico podría haber también en el caso del gigante inmobiliario Unibail-Rodamco, que cuenta con 12 grandes superficies comerciales en nuestro país, tres de ellas en Madrid: Equinoccio, Parquesur y La Vaguada. Esta compañía anunciaba recientemente que invertirá más de 800 millones de euros en España durante los próximos cinco años, según publicaba Expansión. Asimismo, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) o la ANFAC-Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones también se han dado de alta durante las últimas semanas.

Pero no solo de grandes nombres vive este registro de lobbies, que ya cuenta con una composición de lo más variopinta. Con unos intereses muy alejados de la lógica del capitalismo se encuentra por ejemplo la organización Mis Amigas Las Palomas, que lleva ya varios años luchando por los derechos de estas aves, tan odiadas por muchos ciudadanos. Ecologistas en Acción completa el listado de organizaciones en defensa de la fauna y el medio ambiente.

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Mercadona y Amazon se adelantan en los primeros días del registro de lobbies de Carmena

Las grandes compañías y organizaciones no pierden el tiempo para solicitar reuniones con el ayuntamiento.

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Transparencia: cinco cosas que hay que saber sobre los lobbies en Francia

Desde el 1 de enero, la justicia puede imponer sanciones contra los lobbies que no se inscriban en el registro de la administración.

La presión aumenta sobre los grupos de presión. Desde el 1 de julio de 2017, los grupos de interés que tienen influencia sobre las autoridades públicas tienen la obligación de registrarse en un directorio puesto a disposición por la Alta autoridad para la Transparencia de la Vida Pública (HATPV por sus siglas en francés). Con motivo de los primeros seis meses de registro, la institución publicó hace unos días un primer informe que pasó inadvertido pero que contiene un análisis profundo de la identidad de los actores que ejercen presión sobre los funcionarios electos y representantes de la nación.

De acuerdo con el recuento hasta el día de hoy, hay unos  858 grupos de interés en el directorio. Una cifra que parece relativamente baja en comparación con otros países como Italia (1.680 registrados) o Canadá (5.731 registrados). Entre los actores registrados, hay multinacionales como LVMH, Google France o Facebook Francia, así como ONG como Greenpeace.

1 – ¿Qué es un lobby?

Para definir un grupo de interés, el HATPV ha utilizado, en el marco de la ley, tres condiciones relativamente precisas que implican ciertas obligaciones:

  • Un grupo de interés puede ser una entidad legal, es decir, una empresa (pública o privada), un bufete de abogados o una empresa de consultoría, un sindicato. “Un grupo de intereses también puede consistir solo en una persona física que ejerce como individuo, por ejemplo, un consultor o un abogado independiente.”
  • También debe realizar una actividad de representación de intereses, “es decir, toma la iniciativa de ponerse en contacto con un funcionario público para tratar de influir en una decisión pública.” Esto a menudo es una ley o regulación.
  • Finalmente, debe realizar esta actividad de manera principal o regular. “Esta es una actividad principal si dedica más de la mitad de su tiempo, durante un período de seis meses, a preparar, organizar y llevar a cabo acciones de representación de intereses. Por otro lado, será una actividad regular si solo ha logrado más de diez acciones de influencia en los últimos 12 meses.”

2 – ¿Cuáles son sus obligaciones?

Además del registro de los grupos de interés en el directorio, se les exige proporcionar información sobre la identidad de su organización y los temas sobre los que ejercen influencia o presión. También deben hacer una declaración anual de actividades ante el HATPV con datos precisos sobre el tipo de acciones que ha realizado, los funcionarios públicos con lo que han contactado (reuniones cara a cara, conversaciones telefónicas o intercambios de correo electrónico).

3 – ¿Qué sanciones se proporcionan?

La ley de 11 de octubre de 2013 sobre la transparencia de la vida pública ha previsto multas de hasta 15 000 euros y un año de prisión si los representantes no han cumplido sus obligaciones de información. También deben respetar otras reglas cuando entran en contacto con funcionarios electos o cuando organizan seminarios a los que invitan a funcionarios públicos. Un lobbista no debe:

  • ofrecer un regalo a un funcionario público;
  • remunerar a un funcionario público para que lo haga partícipe de una conferencia;
  • tratar de obtener información por medios fraudulentos;
  • vender la información o documentos que obtiene de un funcionario público.

4 – ¿A qué sectores concierne?

De acuerdo con la lista de lobbies publicada por la organización a finales de año, el medio ambiente se encuentra en la parte superior de la lista de los temas que los grupos de interés tratan con más frecuencia, seguidos de la economía y el sector laboral. Los representantes pueden, sin embargo, declarar hasta cinco sectores en los que ejercen influencia. Los inscritos en el registro forman parte principalmente de sociedades o de organizaciones profesionales como las que ilustra el siguiente gráfico:

Chart sobre lobbies en Francia

Reparto de lobbistas según el tipo de organización: sociedades, organizaciones profesionales, asociaciones y ONG, gabinetes de consejo y consulta, sindicatos, cámaras consulares y otros

 

5 – Una difícil fase de registro

La creación de este registro ha generado reservas y críticas. Esto se ha visto reflejado en la fase de registro, que ha demostrado ser “difícil”, dice la Alta Autoridad. “Hubo que realizar muchos esfuerzos educativos para informar y sensibilizar a los representantes de interés sobre esta herramienta.” También se ha pospuesto el calendario de registro en vista de todas estas dificultades y ya hay preocupación por su extensión a las autoridades locales a partir del 1 de julio de 2018.

“Debido a las numerosas interacciones que se producen diariamente entre los funcionarios electos locales y los actores de la vida económica y social local, se teme que la complejidad del dispositivo lleve a su eliminación.”

Por otra parte, la falta de recursos humanos del HATPV, que cuenta solo con 50 agentes, podría aumentar las dificultades de control según afirmaciones de Jean-Yves Lucas, referente de la asociación Anticor, especializada en la lucha contra la corrupción política en el diario Libération. “El problema es que el HATVP no tiene suficientes recursos humanos y financieros para hacer frente a todos los controles que se le piden de manera rápida”, hecho que supone una bendición para sus detractores.

 Grégoire Normand

Traducción: Fernando Magallanes

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El Gobierno regulará por ley los lobbies y creará un registro obligatorio

El Gobierno regulará por ley los lobbies en España y para ello creará un registro público donde empresas, consultoras, despachos de abogados, asociaciones y otros grupos de presión, que hasta ahora venían realizando este tipo de actividad,  deberán inscribirse obligatoriamente.

Mariano Rajoy cuenta ya con el apoyo de Ciudadanos y espera que el PSOE se sume a esta iniciativa legislativa ya que necesitaría de la mayoría absoluta para poder salir adelante. Esta nueva ley pretende hacer más transparente una actividad que en España escapa al control del Estado.

El sistema que quiere implantar el Ministerio de Justicia penalizará a aquellas personas que, una vez creado el registro, sean ‘cazadas’ realizando este tipo de actividad y dotará de un alto grado de transparencia esta actividad que en España casi siempre ha sido asociada al tráfico de influencias, la corrupción y los intereses de las grandes corporaciones.

Existen ejemplos legislativos similares en países como Estados Unidos y Reino Unido, además de la propia Unión Europea, donde la Comisión y el Parlamento implantaron en 2011 un registro común denominado ‘Transparency Register’ –Registro de Transparencia, en su traducción al español–.

La regulación de EEUU en materia de lobbies

Los pioneros en este campo han sido los Estados Unidos, donde los lobbies tienen una importante presencia en el mundo de los negocios y la política. En el año 1995, bajo la Administración Clinton, el Congreso de EEUU aprobó el Lobbying Disclosure Act. Esta ley obligaba a las organizaciones dedicadas a hacer lobby a cumplir con unos requisitos de transparencia si no querían quedar fuera del mercado. Debían publicar semestralmente un resumen de sus actividades, sus gastos y las listas de lobbistasque tenían en nómina.

Sin embargo, a pesar de que en un principio esas medidas comenzaron a dar sus primeros frutos, se comprobó que eran demasiado laxas tras salir a la luz pública un escándalo de corrupción y tráfico de influencias que implicó a un conocido lobista estadounidense, Jack Abramoff. En el año 2007, las autoridades norteamericanas decidieron endurecer la ley, aumentaron los controles y obligaron a un cumplimiento más estricto de las directrices de transparencia –se debían presentar informes cuatrimestrales y se tenían que hacer públicas las contribuciones económicas a candidatos, comités y personas de interés-.

El registro de lobbies estadounidense cuenta con una media de entre 12.000 y 14.000 profesionales –la crisis de 2008 provocó una caída masiva de las personas registradas– pero según destacados lobistas la excesiva regulación ha propiciado que el sector se haya reinventado. “Ya no es necesario dirigirse directamente a los congresistas”, decía en una conferencia en Madrid el conocido lobista Tony Podesta. Ahora, la movilización de la gente y las campañas de comunicación “tienen un peso más importante”, aseguraba, por eso muchos profesionales prefieren seguir esta vía y no cumplir con las estrictas obligaciones del registro de lobbies.

El Brexit de los lobbies

El peso de los lobbies ha quedado patente en los últimos meses en la dura negociación para consensuar las medidas y la compensación económica del Brexit. Los diferentes grupos de presión, a uno y otro lado del Canal de la Mancha, han ejercido su influencia sobre los gobernantes de cara a conseguir las mejores condiciones para unos y otros, siempre pensando en sus sectores o negocios.

La City, los agricultores, las empresas dedicadas a la importación y exportación, todos ellos han jugado un papel en mayor o menor medida, susurrando a los negociadores del Brexit el acuerdo más sustancial para sus intereses. Por ejemplo, sobre la mesa estaban las medidas que en materia de aduanas se tendrían que tomar para la ‘desconexión’ definitiva del Reino Unido de la Europa comunitaria. Más del 50% de las importaciones y exportaciones se registran en la UE, con lo que un mal acuerdo podría llegar a arruinar a determinados sectores, como la industria automovilística, la farmacéutica o los servicios financieros, ejemplos de lobbies con un importante peso específico en la economía británica.

Es en esta batalla, lejos de los focos, donde los lobbies han presionado para materializar muchas de las decisiones que han propiciado que al final se haya concretado una cifra y unas medidas para el Brexit que cumplieran con las expectativas de todos los grupos de interés.

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APRI presenta su Propuesta de Regulación del lobby

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La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) presenta una nueva y más amplia propuesta de regulación de la transparencia en la defensa de intereses ante los decisores públicos.

Tras un periodo de debate interno y consultas externas al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y a renombrados expertos jurídicos, APRI aporta una propuesta global con el objetivo de crear un escenario más transparente, que regule las relaciones entre la sociedad civil y la Administración Pública y sea consecuente con el actual entorno social y político español. 

Madrid, 14 de febrero 2017. APRI lleva desde el año 2007 reclamando la regulación del sector en línea con los principales estándares europeos que contemplan la creación de un registro de grupos de interés para hacer más transparentes las relaciones entre la sociedad civil y la Administración Pública. Una herramienta que existe en Bruselas desde el año 2012 y que permite a los ciudadanos conocer las personas y organizaciones que desean influir en las decisiones públicas.

Tras la propuesta realizada por nuestro colectivo en el año 2013 y reflejada en iniciativas parlamentarias, nuestra asociación ha decidido ampliar su propuesta de regulación incluyendo aspectos esenciales para el correcto desarrollo de la actividad. Una actividad que creemos fundamental para cualquier democracia y que hay que llevar a cabo con la máxima transparencia, ya que esta es esencial para mantener la confianza de los ciudadanos en la legitimidad de los procesos legislativos, administrativos y de adopción de políticas públicas.

Para la Presidenta de APRI, María Rosa Rotondo, “la nueva propuesta de APRI intenta ser consecuente con el entorno social y político en España posicionándose en defensa del ejercicio democrático de los profesionales del lobby, y de la demanda de transparencia de los ciudadanos”.

Por ello, APRI propone incorporar las medidas que permitirán garantizar de una manera efectiva el objetivo de transparencia y del derecho a la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos.

La propuesta de APRI -texto completo en el enlace– debe considerarse en su globalidad, acompañada de un conjunto de medidas complementarias para dotar el registro de grupos de interés de la eficacia necesaria. La propuesta desarrolla los siguientes aspectos:

  • Mejor definición de grupo de interés (Art. 2.1)
  • Creación de un Registro Común y su adscripción al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (Art. 3 y 4)
  • Mejor definición del ámbito de aplicación (Art. 7, 8 y disposición final 2)
  • Consecuencias de la inscripción detalladas y Código de Conducta (Art. 9 y 10)
  • Amplia definición de responsable público (Art. 2.3).
  • Mejor definición de derechos y obligaciones (Art. 11 y 12).
  • Agendas públicas (Art. 18 a 21)
  • Huella de la actuación pública (Art. 16)
  • Conflicto de intereses y puertas giratorias (Art. 22 y disposición final segunda)

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Infografía 3

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En primera persona: entrevista al Vicepresidente de APRI, Pedro Fernández

Heraldo de Aragón/Economía, 31 de diciembre 2016

En primera persona

PEDRO FERNÁNDEZ VICEPRESIDENTE DE APRI  

El vicepresidente de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), quien participó en Zaragoza en la jornada ‘La importancia de los asuntos públicos en la gestión empresarial’ organizada por Dircom Aragón, sostiene que la transición de talento entre la administración pública y el sector privado es algo «perfectamente válido, normal y absolutamente necesario».

Hablar de lobby en España tiene una connotación negativa. Se asocia con la corrupción política y empresarial.

De momento sí, pero no es el caso afortunadamente en muchos otros países de nuestro entorno.

En España nadie sabe ni con quién se reúne ni para qué. No hay transparencia.

Todavía hay poco conocimiento de la profesión. La transparencia depende más de las administraciones públicas y de las agendas de los propios lobistas. Por eso se está trabajando desde la propia asociación para que haya más transparencia e integridad en el ejercicio de esta profesión.

De hecho, APRI lleva desde 2007 reivindicando la necesidad de regular el lobby. ¿Ve posible un acuerdo político en esta legislatura?

Eso esperamos. Llevamos trabajando 10 años en divulgar y normalizar la profesión del lobby, que nos parece que es fundamental para el desarrollo y la regeneración democrática. Tenemos bastante confianza de que en esta legislatura pueda progresar algún tipo de desarrollo normativo, más en concreto hacia lo que sería un registro común de lobistas.

¿Cuánto han contribuido las puertas giratorios a tener esa imagen negativa de las relaciones institucionales?

Desgraciadamente mucho, pero creo que es un tema que afecta más a la clase política. Los profesionales del lobby somos muy conscientes de la necesidad de mantener la integridad y de tener un código de conducta muy férreo.

¿Qué opina usted de esa práctica tan habitual en nuestro país? El último intento fallido fue el de colocar al exministro Soria como director ejecutivo del Banco Mundial.

Desde APRI pensamos que el importar el talento de la administración pública y permear el talento del sector privado a la función pública es algo absolutamente necesario y positivo. Sin embargo, cuando se utiliza de forma errónea y se incurren en delitos tipificados en el Código Penal es cuando viene el problema. Lo que denunciamos es un incumplimiento de la ley en algunos casos, pero lo que es la transición de talento entre ambos estamentos es algo perfectamente válido, normal y absolutamente necesario.

¿No le parece mal que un exministro por ejemplo se incorpore a una gran empresa?

Siempre y cuando se trate de la misma actividad, del mismo sector y pase de una manera digamos automática, sin ningún tipo de periodo tal y como prevé la ley, nosotros no podemos estar nunca a favor de eso porque estaríamos incumpliendo la ley. Desde APRI vamos más allá en nuestra propuesta regulatoria, que estamos defendiendo y presentando a todos los grupos parlamentarios. Lo que defendemos en primer lugar es que renuncien a las puertas giratorias todos los representantes públicos, no solo a los altos cargos, y que además se establezcan de forma precisa cuáles son esas áreas de interés para que no pueda haber una migración inmediata en esa área concreta.

¿Son los presidentes de las grandes compañías los verdaderos lobistas en nuestro país?

Yo creo que no. Afortunadamente cada vez hay más profesionales que se dedican a esto, que tienen método, formación específica y que representan los intereses de una manera muy profesional y bastante seria.

¿Y hay lobistas encubiertos en asociaciones y fundaciones creados para otro fin?

Hay gente, asociaciones e instituciones que de facto hacen lobby, pero que probablemente no sean ni conscientes de lo que hacen fruto del desconocimiento que hay sobre el ejercicio de esta profesión.

¿Hasta qué punto pueden influir los profesionales de los asuntos públicos en las decisiones de un gobierno?

Bastante. Sobre todo a la hora de plantear el impacto que pueda tener una regulación, el legislador tiene en cuenta los puntos de vista y a partir de ahí es el que decide.

Ahora tienen más trabajo con la irrupción de nuevos partidos políticos y mayor pluralidad en la toma de decisiones.

Desde luego. Hace nuestro trabajo más interesante y apasionante. En el momento en el que el Parlamento tiene un rol más activo, hay que trabajar a muchos más niveles y estamentos.

¿Cuál es el peso de los asuntos públicos en la gestión empresarial?

Es muy importante porque los asuntos públicos permiten acceder a información sobre lo que pueda acontecer en cuanto a desarrollos normativos que afectan a la estrategia de cualquier empresa. En cuanto a importancia, los representantes de asuntos públicos normalmente están muy cerca de la dirección general de la empresa y se tiene muy en cuenta su punto de vista e incluso el mensaje que pueda trasladarse de cara al exterior.

¿Y es rentable para una empresa contar con lobbies profesionales?

Sí.

¿La profesión goza de buena salud?

Está en auge. Es una profesión de futuro para nuevas generaciones. Estamos viviendo un buen momento, pero sigue siendo muy importante continuar explicando en qué consiste esta profesión, desmitificar el mundo del lobby y normalizarla.

¿Qué hay que tener para ser un buen lobista?

Ser muy inquieto, tener buena capacidad de comunicación, tener una mentalidad estratégica y ser capaz de manejar la ambigüedad o los elementos menos concretos para poder trasladar puntos de vista a veces no sencillos.

 

María Usán

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La patronales empresariales encabezan el registro de ‘lobbies’ de la CNMC

A pocos días de que finalice el año, un total de 338 grupos de interés se han apuntado al registro que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)puso en marcha principios de marzo. El grupo más mayoritario de ‘?lobbies’? registrado hasta ahora lo constituyen las patronales empresariales, con la CEOE o la asociación madrileñaCEIM a la cabeza.

La Asociación Española de la Economia Digital, la Federación Española Empresarial de Transporte de Viajeros (ASINTRA) o la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados son otras de las patronales que se han registrado. También la de banca AEB, la de aerolíneas Aceta, la de bebidas refrescantes (Anfabra) o la Asociación Española del Gas.

Además, se inscribieron en el registro de grupos de interés de la CNMC las patronales de las de constructoras Seopan y CNC, la eléctrica Unesa, la de renovables APPA, la hotelera Cehat, la de seguros Unespa, las de comercio CEC y Anged, la del autobús Fenebus y la de telecomunicaciones Ametic.

También aparecen en el listado empresas en solitario, como Telefónica, Correos, Cellnex o Red Eléctrica, así como la plataforma para compartir coche BlaBlaCar, una de las compañías de consumo colaborativo más destacadas.

Por otro lado, se han inscrito asociaciones de consumidores como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la Confederación Española de cooperativas de Consumidores y Usuarios (Hispaccop), la de Usuarios de la Comunicación (AUC) la Asociación de Internautas y la Asociación de Usuarios de Internet.

Hay además empresas dedicadas a la comunicación (Evercom, Burson-Marsteller, Edelman, Hill and Knowlton o Llorente y Cuenca) y organizaciones sociales (Comité de Representantes de Personas con Discapacidad, la Plataforma de ONG de Acción Social o la Confederación LGTB Española Colegas).

Sin embargo, el ritmo de inscripciones en el registro se ha ralentizado en los últimos meses, ya que a finales de mayo eran ya cerca de 225 los ?lobbies? registrados y a finales de julio había 275. En lo que va de diciembre solo ha habido cuatro inscripciones, como señala Servimedia.

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La patronales empresariales encabezan el registro de ‘lobbies’ de la CNMC

A pocos días de que finalice el año, un total de 338 grupos de interés se han apuntado al registro que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) puso en marcha principios de marzo. El grupo más mayoritario de ‘?lobbies’? registrado hasta ahora lo constituyen las patronales empresariales, con la CEOE o la asociación madrileña CEIM a la cabeza.

La Asociación Española de la Economia Digital, la Federación Española Empresarial de Transporte de Viajeros (ASINTRA) o la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados son otras de las patronales que se han registrado. También la de banca AEB, la de aerolíneas Aceta, la de bebidas refrescantes (Anfabra) o la Asociación Española del Gas.

Además, se inscribieron en el registro de grupos de interés de la CNMC las patronales de las de constructoras Seopan y CNC, la eléctrica Unesa, la de renovables APPA, la hotelera Cehat, la de seguros Unespa, las de comercio CEC y Anged, la del autobús Fenebus y la de telecomunicaciones Ametic.

También aparecen en el listado empresas en solitario, como Telefónica, Correos, Cellnex o Red Eléctrica, así como la plataforma para compartir coche BlaBlaCar, una de las compañías de consumo colaborativo más destacadas.

Por otro lado, se han inscrito asociaciones de consumidores como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la Confederación Española de cooperativas de Consumidores y Usuarios (Hispaccop), la de Usuarios de la Comunicación (AUC) la Asociación de Internautas y la Asociación de Usuarios de Internet.

Hay además empresas dedicadas a la comunicación (Evercom, Burson-Marsteller, Edelman, Hill and Knowlton o Llorente y Cuenca) y organizaciones sociales (Comité de Representantes de Personas con Discapacidad, la Plataforma de ONG de Acción Social o la Confederación LGTB Española Colegas).

Sin embargo, el ritmo de inscripciones en el registro se ha ralentizado en los últimos meses, ya que a finales de mayo eran ya cerca de 225 los ?lobbies? registrados y a finales de julio había 275. En lo que va de diciembre solo ha habido cuatro inscripciones, como señala Servimedia.

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Luz y taquígrafos para el ‘lobby’

Capital. Nr. 194, diciembre 2016

Luz y taquígrafos para el ‘lobby’

Con el objetivo de iluminar un campo que está ‘entre tinieblas’ al confundirse con otras actividades que bordean la ilegalidad, la solución es clara: profesionalizar.

 

En la actual legislatura, más del 60% de los diputados son nuevos. Muchos de ellos no saben de todo, o de un determinado campo. Entonces, ¿qué hacen? Reunirse con quien sí posee los conocimientos. “La herramienta del lobista es proveer de información de manera e caz”, afirma Daniel Ureña, socio y director general de Mas Consulting Group. Porque la esencia del lobby es promover el diálogo entre los diferentes actores sociales y empresariales con los representantes políticos. “Teniendo en cuenta que la legislatura vendrá marcada por la necesidad del consenso, el pacto y el acuerdo, no sólo entre los partidos, sino también con el resto de la sociedad, el Congreso y el Senado volverán a ser el centro de la vida política y, por tanto, el escenario principal para el lobby”, añade Ureña.

¿Significa eso que los políticos se verán atraídos por el lado oscuro? ¿Aumentará la corrupción? ¿Las tentaciones estarán al orden del día? ¿Sobornos y tráfico de influencias volverán a ser portada de los medios de comunicación? Los antecedentes no acompañan. Un dato: el 77% de los españoles cree que la corrupción es parte de la cultura de los negocios en el país, mientras que el 67% estima que la única forma de tener éxito en los negocios son las conexiones políticas. De ahí que a veces se confunda lobby con tráfico de influencias. “Ejemplos de malas prácticas contribuyen a la mala imagen del lobby”, asegura Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional en España y catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid.

Registro voluntario. En la página de transparencia de la UE, hay 422 grupos españoles inscritos. ¿Su fin? Intervenir en la toma de decisiones que allí se discuten. ¿Y en España? Actualmente existe un registro en la CNMC de carácter voluntario, público y gratuito en el que están inscritos organizaciones de consumidores, patronales, multinacionales, movimientos ciudadanos, y despachos de abogados, entre otros (Llorente y Cuenca, Anfac, Fiab, Tecniberia, OCU…). En total, unas 350 entidades. Pero ni están todos los que son, ni son todos los que están. “No tenemos un número claro de personas que se dedican a ello en España”, apunta Andrea Vota, gerente de APRI (Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales). Y añade: “Creemos necesaria la normalización de la actividad a través de un registro de transparencia dándole credibilidad”. ¿Cómo debe ser dicho registro? “Obligatorio, ya que si lo haces voluntario, las reglas del juego se quedan para unos, y los demás siguen jugando a su aire”, matiza Vota. En Cataluña ya lo hay, y en el mismo hay unos 800 inscritos. “Es ingenuo pensar que con ello se acabarían las malas prácticas, como también es equivocado pensar que sin regulación no se hace de forma legal”, matiza Jorge Cachinero, director ejecutivo del Senior Management Program del IE Business School y profesor de Lobby. ¿Quiere eso decir que hay un lobby bueno y otro malo? “No es ni una cosa ni otra. Depende de los intereses que se defiendan siempre que se haga de manera ética”, puntualiza Daniel Ureña. Y Jesús Lizcano lo tiene muy claro: “Es una actividad normal que debería estar regulada”.

No hay un código de conducta oficial para lobistas, y sería bueno que existiera. Tampoco un censo. “Si se hace un registro, que se haga bien. El problema son los atajos, que no se registren, y trabajen”, subraya Daniel Ureña. También sería bueno que hubiera una huella legislativa para que se supiera quiénes y por qué se reúnen: que se tuviera constancia de los pasos que se dan desde el primer borrador hasta la aprobación final de la ley. Incluir agendas abiertas de los decisores públicos. Y si se incumple lo estipulado, que ha- ya castigo. “Hablar de sanciones sin dotar al órgano sancionador sería agua de borrajas”, indica Andrea Vota. En definitiva: transparencia, regulación y registro público.

Día a día. El político piensa en votos, en popularidad, en el impacto mediático y en mejorar la sociedad. En España hay alrededor de 122.000 cargos políticos, más de 50.000 organismos públicos y unos 2.500 parlamentarios. Las empresas, por su parte, en su cuenta de resultados. “Para todos ellos el lobby es útil”, asegura Daniel Ureña. ¿Cómo trabajan? “La idea que tiene todo el mundo es la de sentarse a comer, y no es así”, argumenta el gerente de APRI. Hay un componente de análisis y de estrategia muy importante: reunir información, recabar datos y presentarlos. “Hay que salir del estereotipo del relaciones públicas. Es importante, pero no lo único”, matiza Vota. Se parece bastante al de cualquier directivo: muchas horas de despacho, hacer codos, estudiar, interpretar el entorno, la evolución de la política… Y eso exige tiempo, estudio, sacrificio, dedicación y contacto permanente con su grupo de interés. Tienen que salir a encontrarse con sus interlocutores, ya sean funcionarios, miembros del gobierno o políticos, para tratar de persuadirles de las bondades de sus argumentos. “No pueden plantear una decisión sólo por su interés particular, sino que tienen que mirar el del público. Si no es así, puedes no recolectar lo que quieres”, resalta Andrea Vota.

Quiénes tienen más músculo? Si nos centramos en el ámbito empresarial, aquellas armas que están más reguladas o tienen riesgo de estarlo. Y, claro está, los que tienen más recursos: banca, energía, tabaco, alcohol, salud, alimentación… Ahí estaría el Ibex 35. ¿Y cuáles son los sectores que ahora están on fire? Sobre todo uno: alimentación. El regulador está intentando corregir el consumo de los ciudadanos: azúcar, grasas saturadas… En su mente está ‘premiar’ a aquellos que están en línea con la salud, y ‘castigar’ a los enganchados a consumos menos saludables y que, a largo plazo, pueden ser ‘carne de cañón’ de hospitales, con el consiguiente gasto para el sistema sanitario.

Cuestión de saber. Según el estudio ‘La visión empresarial de los Public Affairs en España’, elaborado por APRI, las acciones en materia de asuntos públicos suponen más del 10% del presupuesto anual de las empresas encuestadas. Un porcentaje que no va a menguar en el futuro. “Es difícil encontrar un sector de actividad que no se juegue su cuenta de resultados en relación con el regulador”, señala Jorge Cachinero. De hecho, los profesionales dedicados a este menester llegan a reportar al director general o al consejero delegado de la compañía de turno, cuando no están de hecho en el propio consejo de administración. “Muchas veces las compañías saben más que los gobiernos y que los parlamentos de lo que están hablando”, recalca Cachinero.

¿Cuáles son los pilares sobre los que deben basar su relación con las autoridades, los parlamentos, o el legislativo? “Que la información sea veraz, no basada en rumores ni en opiniones subjetivas”, indica el representante del IE Business School. En segundo lugar, que sean propuestas proporcionadas, con un objetivo claro a cumplir, y que el camino a desarrollar sea el menos oneroso. Por ejemplo, y para acabar con los fallecimientos de jóvenes en accidentes de tráfico tras haber consumido alcohol, el legislador podría solventar el problema prohibiendo fabricar bebidas alcohólicas o la venta de auto- móviles. Esa solución no sería buena. “Tiene que ser una política pública proporcionada al objetivo perseguido”, indica Jorge Cachinero. Y, por último, los lobistas tienen que buscar que las políticas públicas sean aplicables. La razón es bien sencilla: las leyes que no se pueden cumplir no tienen ningún sentido. ¿Cuáles fueron las dos primeras medidas que tomó Woody Allen en Bananas, la película que satirizaba la revolución cubana? Que el idioma oficial fuese el sueco, y que los ciudadanos tenían que cambiar su ropa interior cada hora. A todas luces, decisiones absurdas. “Las compañías que lleguen al regulador cumpliendo estos tres puntos serán las triunfantes”, resume el profesor de Lobby.

 

Valentín Bustos

Redactor Capital

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