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Acertó Juan Rosell, el presidente de la CEOE, cuando nombró a Josep Sánchez Llibre su emisario en el Congreso. No en vano, el expolítico catalán —de las filas democristianas de Duran i Lleida— ha sido diputado en el Congreso durante 22 años. Mucho tiempo y muchas horas en la carrera de San Jerónimo, lo que le llevó, como dicen algunos veteranos periodistas parlamentarios, a convertirse en parte del mobiliario.

Durante ese tiempo, fue el genuino representante de los intereses de Cataluña—en particular, de sus empresarios— en el corazón del Estado. Pero en 2015, tras no repetir como diputado, se quedó fuera del Parlamento. Ahora, ha vuelto por la puerta de atrás (como asesor de CEOE), pero dentro de muy poco volverá por la puerta grande. No en vano, una de las primeras iniciativas presentadas por los diputados de la antigua Convergencia Democrática, ahora en el Grupo Mixto, ha sido que el Estado ‘legalice’ el funcionamiento de los ‘lobbies’.

En concreto, la Mesa de Congreso ya aprobó hace algunas semanas admitir a trámite y trasladar al Gobierno una proposición de reforma del reglamento para la creación del registro de los grupos de interés o ‘lobbies’. La inscripción será obligatoria para los lobistas que deseen reunirse con los diputados o senadores para influir sobre decisiones legislativas, pero también con el personal adscrito a la labor parlamentaria. La afilada pluma de Sánchez Llibre está detrás de esa iniciativa.

El exdiputado nacionalista —del sector no independentista— no es el único que se ha movido para sacar adelante una legislación que se resiste, y que convierte a España en uno de los pocos países de la UE que no tienen regulada esta actividad. Incluso en Bruselas, existe un registro al que se han acogido las grandes empresas españolas.

El grupo parlamentario de Ciudadanos, sin ir más lejos, y en el marco de la lucha contra la corrupción, ha presentado una proposición de ley que pretende regular el régimen y la actividad de los lobistas y de los ‘lobbies’. Esta propuesta saldrá adelante, lo que significa, lisa y llanamente, que Sánchez Llibre volverá a tener ‘escaño’. O, al menos, podrá estar como en casa en el viejo caserón de la carrera de San Jerónimo.

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El Área de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Madrid recibirá en 2017 más de 39,78 millones de euros, según el proyecto de presupuesto para el próximo ejercicio. La implantación del registro de lobbies y dos nuevas consultas ciudadanas son los dos proyectos más relevantes del departamento.

El departamento que lidera Pablo Soto pretende reducir el tiempo medio de respuesta a solicitudes de acceso a la información pública a 20 días e incrementar en un 75 por ciento las consultas en el portal municipal de datos abiertos, incorporando información en tiempo real mediante herramientas que lo permitan. Se fomentará la administración electrónica en la gestión de los servicios municipales mediante el impulso de la firma digital administrativa. Se iniciarán nuevas cartas de servicios y se impulsará el observatorio de la ciudad. Se reducirá el tiempo de respuesta de sugerencias y reclamaciones a 45 días.

En participación ciudadana, se celebrarán dos nuevas consultas en 2017 y se desarrollarán dos nuevos mecanismos para otros formatos de participación e innovación social. Se creará un nuevo portal de Transparencia y una aplicación que permita hacer un registro de lobbies. También se incrementará la información sobre los cargos públicos, poniendo de manifiesto los gastos protocolarios y de viajes, declaraciones de intereses, etcétera. Se incrementarán las visitas a la web de Gobierno abierto y se extenderá el formato madrileño de participación ciudadana a otras diez ciudades y a otros organismos públicos. También se realizarán actuaciones en los distritos destinadas a promover la participación infantil. Se impulsará el programa municipal de voluntariado, promoviendo los voluntarios puntuales y permanentes. También se les dará formación específica. También se trabajará con entidades colaboradoras en proyectos de esta naturaleza. Línea Madrid mantendrá en 2017 su partida de 12,3 millones para la adjudicataria privada de operadores telefónicos del servicio, dentro de la prórroga de dos años que estableció el Consistorio antes de decidir si remunicipaliza el servicio.

Apenas 800.000 irán destinados a inversiones. Las principales irán dedicadas a la reforma y amueblado de oficinas de Línea Madrid.

Un total de 9.938 grupos de presión y organizaciones interesadas en influir en la legislación de la UE se han inscrito hasta ahora en el registro de transparencia que Bruselas creó en 2008 y que tenía carácter voluntario. El pasado miércoles 28/09, la Comisión Europea ha propuesto ir un paso más allá: convertir el registro en obligatorio para todos los lobistas que quieran reunirse con representantes no sólo del Ejecutivo comunitario sino también de la Eurocámara y del Consejo de ministros de la UE.

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Esteban Egea Reunión C'sCon motivo de la presentación de la Ley integral de lucha contra la corrupción y protección de denunciantes el Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha organizado, hoy miércoles, una sesión de trabajo informativa sobre los aspectos más relevantes de esta iniciativa, ya registrada en el Congreso de los Diputados.

En la reunión, presidida por el líder de C’s Albert Rivera, han participado el Vicepresidente primero del Congreso, Nacho Prendes; la portavoz del GPC’s en la Comisión de Justicia, Patricia Reyes; y el presidente de la Comisión para la Auditoría de la Calidad Democrática, la Lucha contra la Corrupción y las Reformas Institucionales y Legales, Toni Cantó. Al encuentro han asistido la Presidenta de APRI, María Rosa Rotondo, y el Secretario, Esteban Egea, junto con representantes de Hay Derecho, Foro por la Transparencia, Civio, Change.org, Politikon, +Democracia y Transparencia Internacional.

En su intervención, María Rosa Rotondo ha hecho hincapié en la necesidad de regular el lobby, objetivo que APRI lleva persiguiendo desde el año 2007. Este aspecto queda recogido en la propuesta de C’s, aunque hay más temas que se podrían profundizar -según subrayó la Presidenta Rotondo- tal como la regulación de las puertas giratorias, las agendas públicas o un código de conducta más detallado y en línea con los estándares europeos.

Asistentes Reunión C'sOtros puntos firmes que desde APRI creemos fundamentales para una buena regulación, y que Rotondo le ha trasladado al grupo de C’s en su intervención, son la obligatoriedad y universalidad del registro ante la proliferación de regulaciones en materia en nuestro país. Así como el concepto más amplio de huella de la actuación pública que se está desarrollando desde la asociación, y que hay de incluir en la regulación del lobby.

Desde APRI aplaudimos y evaluamos positivamente la iniciativa de Ciudadanos, aunque nos gustaría subrayar -como llevamos haciendo desde hace tiempo- que la regulación del lobby responde a una necesidad de transparencia de nuestra sociedad y no para luchar contra la corrupción.

El Registro de Grupo de Interés o ‘lobbies’ creado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha alcanzado, seis meses después de su lanzamiento, los 300 inscritos, aunque solo cuenta con tres empresas del Ibex 35 apuntadas a él.

En concreto, Telefónica, Red Eléctrica de España (REE) y Cellnex Telecom son las únicas de las 35 ‘grandes’ cotizadas que figuran inscritas en el registro, una iniciativa con la que el organismo presidido por José María Marín Quemada pretende identificar y normalizar la actividad de estas organizaciones.

En el registro también figuran el nombre de otras empresas como Bombardier, BlaBlaCar, Correos, British American Tobacco España o EasyJet, entre otras, pero en su gran mayoría el número de registrados corresponde a las patronales empresariales.

Entre ellas, figuran la CEOE, que se adhirió a principios de abril, la patronal de la banca AEB, la de grandes consumidores eléctricos AEGE, la de gasolineras Ceees, la automovilística Anfac, la de constructoras Seopan, la eléctrica Unesa, la de renovables APPA, la de seguros Unespa, la de la industria agroalimentaria FIAB, la farmacéutica Farmaindustria o la de cajas de ahorros CECA.

Además, también se han dado de alta en el registro asociaciones de consumidores como OCU, la Confederación Española de cooperativas de Consumidores y Usuarios (Hispaccop) o la Asociación de Internautas y la Asociación de Usuarios de Internet.

En una entrada en su blog, la CNMC considera que aunque ya son varias las grandes empresas inscritas, deberían ser “un mayor número de estas organizaciones, vertebradoras de la vida económica de este país, las que se sumasen a esta apuesta por una relación transparente con el organismo que supervisa y regula los mercados, garantizando asimismo un saludable nivel de competencia en nuestra economía”.

El Registro de Grupos de Interés creado por la CNMC, de carácter público y gratuito, tiene como objetivo crear un mecanismo institucional que haga transparente, de la forma posible, la contribución externa a la actividad de la Comisión, en cualquiera de sus vertientes.

La adhesión al Registro de Grupos de Interés implica la asunción de un decálogo ético que recoge los principios de actuación en las relaciones con los miembros de la CNMC (presidente, consejeros, directores y técnicos).

Pueden adherirse al registro empresas y grupos de empresas; asociaciones profesionales, empresariales o sindicales; consultorías profesionales; despachos y bufetes colectivos, asociaciones, plataformas y redes; grupos de análisis y reflexión e instituciones académicas, entre otros.

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