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El Gobierno regional y la Generalitat Valenciana firmaron este lunes un protocolo de colaboración sobre Gobierno Abierto que permitirá a ambas administraciones autonómicas intercambiar experiencias y conocimientos para impulsar la participación ciudadana y mejorar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

“Tenemos una Administración profesional y eficaz, pero debemos mejorar y potenciar la transparencia, el Gobierno Abierto y la rendición de cuentas como forma de perfeccionar la democracia”, señaló la consejera de Transparencia, Participación y Portavoz, Noelia Arroyo.

El acuerdo de cooperación suscrito por Arroyo y su homólogo valenciano, el consejero de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación de la Generalitat, Manuel Alcaraz, tiene como objetivo “potenciar la transparencia, el Gobierno Abierto y la rendición de cuentas, como forma de perfeccionar la democracia”, señaló la consejera.

Mediante este protocolo ambas comunidades desarrollarán e intercambiarán herramientas informáticas especializadas que permitan a los ciudadanos un acceso cómodo y seguro desde cualquier dispositivo a toda la información relativa a sus instituciones. Arroyo indicó que ambas comunidades “estamos realizando ya un gran esfuerzo, con mecanismos como el registro de lobbies y el canal de denuncias”, dentro de la lucha contra las malas prácticas políticas y administrativas, que ha sido uno de los ejes centrales del encuentro celebrado hoy en Cartagena.

Máximo acceso a la información

Para Noelia Arroyo, “escuchar no es suficiente, es necesario que los ciudadanos puedan tomar decisiones junto con los responsables políticos, y para ello es imprescindible garantizarles el máximo acceso a la información”.

“No es posible un buen gobierno con personas desinformadas. Encuentros como este y otros que vamos a tener con otras comunidades autónomas nos permitirán poner la mejor información con las mejores herramientas informáticas en manos de todos los ciudadanos de nuestra Región”, explicó Arroyo.

“La Región de Murcia se ha situado a la vanguardia de la participación y la transparencia, pero queremos ir aún más rápido e incorporar lo mejor que se ha hecho en otros lugares de España, a la vez que aportamos a otras comunidades nuestras acciones pioneras, como los Presupuestos Participativos”, explicó la consejera de Transparencia, Participación y Portavoz.

Arroyo resaltó que “es necesario colaborar con todas las administraciones, como ya hacemos con los ayuntamientos de nuestra Región, para mejorar la calidad democrática de nuestros gobiernos” y anunció que a este primer protocolo con la Generalitat Valenciana se unirá próximamente otro con la Comunidad de Madrid.

La consejera de Transparencia y su homólogo valenciano coincidieron en solicitar al Gobierno de España la constitución formal de la Conferencia Sectorial de Gobierno Abierto, para otorgar el máximo rango a estas actuaciones.

“La igualdad entre los españoles también se construye con políticas coordinadas de transparencia y participación ciudadana. Todos los españoles tienen que tener las mismas posibilidades de participar en la vida pública”, defendió Noelia Arroyo.

Mesas de trabajo conjuntas

La jornada de este lunes se ha dividido en dos grupos de trabajo, centrados en cuestiones relativas al acceso a la información, reclamaciones o cuentas abiertas, y en los sistemas de alertas para la detección de malas prácticas en la administración, inspección de servicios o registro de grupos de interés. En ella han participado técnicos y políticos de ambas comunidades.

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La ampliación de la norma de la elite de la Comisión “sin registro no hay encuentro” a funcionarios de más bajo nivel podría mejorar la transparencia de los lobbies y proteger a estos servidores públicos. Sin embargo, según Margarida Silva, la Comisión ha estado evitando activamente la necesidad de hacer frente a este asunto.

Margarida Silva es una defensora de la ética y la transparencia en los lobbies en el Corporate Europe Observatory y forma parte de la coalición Alter-EU, constituida por unos 200 grupos de la sociedad civil preocupados con la influencia de las corporaciones lobbistas en la agenda política europea.

El departamento de la Comisión Europea que regula los mercados financieros de la EU (DG FISMA) es un ejemplo de la mayor laguna en transparencia de la institución: el 80% de las reuniones de lobbies no están cubiertas por las normas de transparencia de estos grupos de presión.

De enero a julio de 2016, DG FISMA ha sido anfitriona de la asombrosa cifra de 519 reuniones de lobbies. Un 16% de estas fueron organizadas por altos funcionarios del departamento, incluyendo al Comisario, miembros del gabinete y al director general. El 81% restante lo organizaron funcionarios de nivel inferior al de director general (el otro 3% involucró a entidades gubernamentales o bancos centrales).

¿Y esto por qué es importante? Desde 2014, los altos funcionarios de la Comisión tienen que hacer públicas sus reuniones con lobbies de forma proactiva, y rechazar encuentros con lobbies que no estén registrados.

Esta norma tenía por objetivo aumentar la trasparencia del lobby, pero también obligar a los lobistas a unirse al Registro de Trasparencia de la UE, que es voluntario. Su lema es simple, “sin registro no hay encuentro”.

Todavía hay problemas con esta iniciativa, como desgraciadamente ha destacado #Oettingair. No obstante, ha funcionado hasta cierto punto. Tomemos por ejemplo a Goldman Sachs, que ha hecho lobby durante años sin estar registrado y que se ha visto forzado a unirse si quería seguir teniendo acceso.

Como efecto colateral, el requisito de estar registrado ha permitido al público observar qué lobbistas disfrutan de la mayoría de las reuniones, al menos con los funcionarios de más alto nivel, lo que expone un patrón de fuerte dominación corporativa a través de diversos departamentos. El llamativo sesgo corporativo del antiguo Comisario de Finanzas, Jonathan Hill, (el 87% de todos sus encuentros con lobbies) constituye uno de muchos historiales pobres.

Las normas de transparencia de la Comisión cubren solo una pequeña parte de las reuniones

Las mejoras en transparencia que resultan de la norma “sin registro no hay encuentro” constituyen sin duda una buena razón para ampliar su aplicación a todas las reuniones con lobbies en la Comisión, pero aquellas que tienen lugar con funcionarios de bajo rango han permanecido exentas. Solamente los 250 empleados más importantes de la Comisión, de unos 30000 en total, están cubiertos.

Esto deja al 99% de la Comisión como objetivos principales de los lobbistas, sobre todo aquellos que desean ejercer su trabajo lejos del escrutinio público. Se trata con mucho de la mayor laguna en los esfuerzos por la transparencia en los lobbies de la Comisión.

No resulta sorprendente que el 13% de las reuniones corporativas con personal de bajo rango del DG FISMA tuviera lugar con lobbistas no registrados. Podemos hallar las mismas tendencias en la Dirección General de Comercio, donde las normas de transparencia ni siquiera cubren a los miembros del personal que negocian acuerdos comerciales como el Acuerdo Económico y Comercial entre la UE y Canadá. A diferencia de otras direcciones generales, estos dos departamentos por lo menos han registrado los detalles de las reuniones de forma interna y los han publicado, lo que ha permitido una evaluación.

El Comisario Timmermans, encargado de los asuntos de transparencia, se ha opuesto repetidas veces a una ampliación de la norma “sin registro no hay encuentro”, y ha alegado que este nivel de rendición de cuentas debería limitarse a los que de verdad toman las decisiones.

No obstante, no se debe subestimar la importancia del lobbying en los niveles inferiores de la Comisión. “¡Métete dentro pronto!” es un conocido mantra de los lobbistas que se enseña en cursos de asuntos públicos, pues el lobbying más eficiente es el que tiene lugar en las primeras fases del proceso de hacer política, incluso lo ideal sería antes de que se empiece a plasmar en el papel.

Por ejemplo, Daniel Guéguen, quien ofrece cursos de lobbying en Buselas, indica que “la situación ideal consiste en hablar al que redacta el borrador antes incluso de que haya escrito la primera palabra de su propuesta. Ese es el momento donde tu capacidad de influencia es mayor.”

A diferencia de Timmermans, Guéguen está muy al tanto de las decisiones que se toman en los distintos niveles de la jerarquía de elaboración de políticas, desde el diseño del marco de referencia a la identificación de potenciales participantes. Estas decisiones son con frecuencia cruciales.

También sabemos que muchas propuestas de políticas de la Comisión se vieron fuertemente influidas por lobbistas corporativos en las primeras fases de su evolución, lo que incluye la Directiva de Secretos Comerciales o el capítulo del TTIP sobre la cooperación regulatoria.

El poder corporativo puede prosperar ahí, ya que una menor transparencia evita el escrutinio público y los grupos de la sociedad civil tienden a carecer de los recursos para hacer frente al lobbying a este nivel. Al mismo tiempo, los medios de comunicación, con frecuencia muestran escaso interés en las políticas “en construcción”, que están todavía lejos de ser votada o puestas en marcha. Los estudios académicos confirman que la influencia de los negocios tiende a ser más alta cuando existe un menor debate público y menos conflicto político abierto. La falta de transparencia proactiva y la ausencia de reglas efectivas empeoran la situación.

La renovación del registro de lobbies en la UE ofrece una oportunidad

El Comisario Timmermans también ha argumentado que la excepción de los funcionarios en la norma “sin registro no hay encuentro” está encaminada a protegerles. Esto no se sostiene.

Los funcionarios con frecuencia hacen frente al difícil trabajo de juntar grandes volúmenes de legislación, la mayoría de las veces bajo presión de tiempo y recursos. En este contexto, normas de transparencia y ética solo les servirán de ayuda y no les perjudicarán. La introducción de la norma “sin registro no hay encuentro” aseguraría que existen claras expectativas por todas las partes, y permitiría al personal en los rangos más bajos de la Comisión que rechazasen intentos agresivos de lobbying, por ejemplo por parte de lobbistas que se nieguen a hacer público  qué cliente representan.

Actualmente, la única razón discernible de la insistencia de la Comisión en excluir a los funcionarios de la norma de transparencia es la falta de voluntad de la institución para progresar en sus propios esfuerzos de transparencia antes de que se hayan puesto a su mismo nivel el Parlamento y el Consejo. Es cierto que las tres instituciones deben aceptar la norma “sin registro no hay reunión” para que esta sea lo más efectiva posible.

No obstante, su implementación de la manera más amplia lo antes posible constituye un claro imperativo para la Comisión, así como liderar la marcha con ella en lugar de usarla como un instrumento de regateo político.

Margarida Silva

Traducción: Fernando Magallanes

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El portavoz de Desarrollo Económico, Guzmán Garmendia, señala que entre las cuestiones que contempla la propuesta está ampliar el ámbito de aplicación, de manera que llegue a partidos, sindicatos, UPNA, Defensor del Pueblo, Cámara de Comptos y empresas que reciben ayudas públicas, entre otros. Pero además, propone crear un registro de lobbies, atajar la brecha digital, que supone desigualdad, y que se conozcan los gastos de los altos cargos, las facturas de la Administración por más de 500 euros, o las actas de las empresas públicas. También contempla mejorar los cauces de participación de la ciudadanía en las políticas públicas y un régimen de sanciones e infracciones.

Garmendia recuerda que el cuatripartito anunció hace 405 días, cuando el PSN-PSOE presentó la primera vez su propuesta de mejora de la Ley de Transparencia, que el Gobierno llevaría una ley al Parlamento antes de que acabara el año 2016. Pero casualmente el anteproyecto ha comenzado a circular hace 48 horas, cuando ya estaba previsto el debate en el Pleno de la modificación de ley socialista.  Y añade que ese anteproyecto del Gobierno es una copia del texto socialista, lo que demuestra que el Ejecutivo solo busca ponerse una medalla cuando lo cierto es que tiene un grave problema de transparencia y así lo señalan los indicadores.

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Oviedo, 22 nov (EFE).- La ponencia encargada de elaborar el dictamen de la Ley de Transparencia que se encuentra en tramitación en la Junta General del Principado ha decidido incluir la regulación de los grupos de presión o ‘lobbies’, que tendrán la obligación de inscribirse en un registro.

La Ley de Transparencia abordará así la relación de la administración con esos grupos de presión y establecerá la obligatoriedad de que los cargos públicos declaren los encuentros que mantengan con éstos y el resultado de sus reuniones.

Ese código de conducta irá acompañado por un régimen de sanciones para quien lo incumpla, tal y como había propuesto el PP en una iniciativa aprobada por el Parlamento regional el pasado mes de mayo, con el respaldo de Foro, Ciudadanos e IU, el voto en contra del PSOE y la abstención de Podemos.

Según ha señalado a EFE el presidente de la ponencia y portavoz de IU, Gaspar Llamazares, aún quedan algunos flecos por cerrar sobre la incorporación de este punto al texto del Gobierno que pretende “introducir más transparencia entre los grupos de interés y la administración”.

La ponencia se ha reunido hoy por última vez este año si bien solicitarán a la Mesa de la Cámara y Junta de Portavoces que se habilite el mes de enero, inhábil en el Parlamento, para seguir trabajando con el objetivo de tener listo el dictamen para febrero.

Llamazares se ha mostrado optimista en que para esa fecha estén finalizados los trabajos “con el máximo consenso” y más aún después de que el Gobierno regional haya dicho que no va a poner obstáculos a la creación de la Unidad Anticorrupción.

El presidente del Principado, Javier Fernández, asumió durante el último debate sobre el Estado de la región su disposición a aceptar la puesta en marcha de esa organismo siempre y cuando tuviese “un buen anclaje legal y un razonable coste presupuestario”.

Desde Podemos e IU también ha establecido como uno de los requisitos para dar su apoyo a los presupuestos, que dicha unidad fuese independiente del Gobierno.

Llamazares se ha mostrado convencido de que el Ejecutivo no pondrá problemas para que la Unidad Anticorrupción pase a depender de la Junta General, si bien esos detalles no se debatirán hasta enero.

Tras recordar que al texto se ha incorporado ya la denuncia anónima y los planes anticorrupción que defendía IU, Llamazares ha considerado que se puede conseguir “una ley muy ambiciosa” que concite el apoyo de la mayoría de las fuerzas políticas.

Aún queda pendiente de ver si se incorpora o no la propuesta de “cuentas abiertas” que ha planteado Podemos y que, según el portavoz de IU, viene a plantear que miles de apuntes sean públicos.

Otro tema pendiente, en este caso planteado desde Ciudadanos, es el relativo a la evaluación de la calidad de los servicios públicos, cuestión que el Gobierno asegura que será objeto de otra ley específica.

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La fallecida presidenta del Consejo de TransparenciaEsther Arizmendi, denuncia la opacidad en España en un testamento que dejó escrito antes de morir y pidió a sus subordinados que difundieran hoy. Arizmendi hizo llegar la semana pasada al organismo estatal que presidía que se estaba agravando su enfermedad y que deseaba que, a su muerte, se publicara su última crítica a la Ley de Transparenciaque aprobó el Gobierno en 2013 y la necesidad de su reforma por insuficiente y falta de utilidad y eficacia. El texto, titulado “Mis últimos deseos” empieza así: “Es necesario modificar la ley de transparencia y hacer de ella un instrumento fuerte, eficaz, útil y valioso. El haber llegado tarde no es excusa para ir con retraso”, asegura sobre esta norma impulsada por primera vez en España en 2013 por la actual vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, pero que, según la ex presidenta, no ha sido adecuada.

En opinión de la fallecida Arizmendi, es necesario “que el derecho de acceso a la información pueda ser ejercido por todos y todas, sin exclusiones ni requisitos y sin extensión de los límites. Hay que tomar conciencia de que estamos ante una nueva política pública que requerirá la complicidad de todos: políticos, ciudadanía, etc”.

Esta veterana funcionaria lanza un último deseo: “Es necesario trabajar en la negociación y el consenso para evitar aquellas palabras de: “La luz es muy cara pero la opacidad más aún”.

Su muerte fue difundida por el Consejo de la Transparencia el pasado domingo, comunicando que había acabado “su larga lucha contra la enfermedad”. «Con la muerte de la presidenta se pierde una de las figuras que más ha luchado por la transparencia pública en nuestro país. Quienes la conocieron saben de su compromiso con el servicio público, su lucha ante las adversidades, su espíritu combativo, su humanidad y la cercanía con la que trataba a todos y todas», afirmó el organismo estatal creado a raíz de la nueva legislación.

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Madrid, 14 nov (EFE).- El primer año de legislatura ha traído modestos avances en materia de género, salarios y medio ambiente, pero están bloqueados la reforma de la LOMCE, la renta mínima o medidas sobre infancia y cooperación al desarrollo, según Polétika, que da al Gobierno y al Parlamento una nota media de “insuficiente”.

Compuesta por más de 500 ONGs y movimientos sociales, esta iniciativa ha analizado la actividad ejecutiva y parlamentaria en once temáticas: infancia, género, conflictos internacionales, sanidad, educación, cooperación al desarrollo, transparencia, cambio climático, fiscalidad y protección social.

Y el resultado ha sido “decepcionante”, porque a pesar de la “intensa actividad política”, el bienestar de las personas “no ha ocupado el protagonismo debido”, subraya en su informe, en el que lamenta el bloqueo “constante” de iniciativas contra la pobreza y la desigualdad por parte del Gobierno y la mesa del Congreso.

Así ha ocurrido con una Iniciativa Legislativa Popular para destinar una prestación a 1,8 millones de familias con bajos ingresos y sin derecho a subsidio por desempleo y que desde hace 21 meses permanece “secuestrada por el Gobierno”.

En Educación se han dado “escasos avances y mucha incertidumbre” cuando, según Polétika, es preciso derogar la LOMCE y abrir un proceso de diálogo “real y abierto” con toda la comunidad educativa y la sociedad civil y revertir los recortes y aumentar la inversión.

Mientras, la infancia “necesita políticas adecuadas que garanticen sus derechos”, y aunque todos los grupos han presentado iniciativas, es necesario concretar medidas, que se avance en legislaciones pendientes y que se definan dotaciones presupuestarias.

También ha sido “insuficiente” la protección de civiles en conflictos internacionales, ya que el Gobierno ha incumplido su compromiso de acogida de refugiados y “sigue sin dar signos de que la agenda humanitaria esté entre sus prioridades”, demostrando su “falta de voluntad política” frente a un Parlamento que, en este caso, ha sido “mucho más activo y exigente”.

Su actividad “necesita mejorar” en lo referente al cambio climático pues, ante un escenario de “urgencia climática” como el actual, con la peor sequía en 20 años y un aumento histórico de las temperaturas, “sorprende la lentitud” en la adopción de medidas.

Igual ocurre con la violencia de género, porque el pacto de Estado aún no ha sido implementado y su ejecución presupuestaria no está garantizada.

Además, la situación actual de la cooperación internacional es “insostenible” y el Gobierno debe mejorar la contribución e influencia global de España para luchar contra la pobreza extrema y la desigualdad.

En lo sanitario, solo destacan algunos anuncios de iniciativas para modificar la práctica de negociación de los precios para nuevos medicamentos y para avanzar en la transparencia del acceso a datos de salud, pero la actual legislatura consolida el “sistema más insolidario e ineficiente” que se emprendió hace cinco años.

Polétika también critica la ausencia de medidas para reforzar la progresividad del sistema fiscal y que las que ha habido de lucha contra el fraude “han sido escasas y de muy corto alcance”; si bien ha detectado “leves mejoras” en la fiscalidad de las empresas, están enfocadas a “garantizar la recaudación en el corto plazo a costa de comprometer los ingresos de años posteriores”.

Aunque celebra el aumento del salario mínimo interprofesional en un 8 %, exige subidas anuales significativas para que alcance los 1.000 euros a finales de legislatura.

Respecto a la brecha salarial de género, tanto Gobierno como el PSOE y Podemos proponen obligar a las empresas a ser transparentes en los sueldos, consenso que “acerca a una posible iniciativa concreta en la desigualdad salarial entre hombre y mujer”.

Por último, ha habido “debates importantes” para avanzar en materia de Transparencia, como son la reforma de la Ley de transparencia y la regulación de la actividad de los lobbies, pero “ninguna de estas iniciativas se ha traducido aún en la aprobación de medidas concretas”. EFE

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Los lobbies deberán estar inscritos en un registro hasta para entrevistarse con funcionarios de cualificación técnica

Los cargos políticos de la Comunidad Autónoma no solo informarán de las actividades que realicen de cara a salir en los medios de comunicación. Sus agendas públicas, con las reuniones más relevantes que mantengan cada día en sus despachos, estarán a disposición de los ciudadanos próximamente en el Portal de la Transparencia. Esa es la intención de la consejería del ramo, según confirmó su secretario general, Enrique Ujaldón, quien señaló que la idea es buscar una aplicación informática para que la agenda de reuniones de cada alto cargo se suba automáticamente a la página web, de manera que se añada a las previsiones actos públicos del día en los que vaya a participar dicho político. Actualmente solo se dan a conocer las ruedas de prensa, inauguraciones y visitas institucionales de interés mediático que llevan a cabo el presidente, consejeros, secretarios y directores generales a lo largo de la semana.

Esta será una de las principales novedades que se contemplarán en el Plan de Gobierno abierto que elabora el Ejecutivo regional, y que actualmente se encuentra en fase de consulta pública. Este plan también contempla la creación de un registro de lobbies, en el que tendrán que estar inscritos los colectivos con algún tipo de interés en las decisiones de la Administración que quieran acceder a un encuentro con algún cargo público de la Comunidad. Enrique Ujaldón trabaja estos días para llevar a la práctica este registro, basándose en las propuestas que, a nivel estatal, ha realizado la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI). «Pronto se aprobará una ley nacional sobre lobbies y lo que queremos en la Región es adelantarnos. Lo que nosotros no queremos es que esta herramienta sea una carga para los posibles grupos de interés ni tampoco para la Administración, que no se convierta en una carga burocrática que acabe limitando la capacidad de acceso. Queremos que sea algo lo más automático posible, y también lo más barato posible, a través de un canal informático», indicó el secretario general de Transparencia y Buen Gobierno.

El documento de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales propone que estar en el registro de lobbies no solo será necesario para reunirse con un alto cargo, sino también «con aquellos empleados públicos que desde su competencia profesional son los que definen elementos de detalle que son claves para la eficacia de las normas». Aquí se incluirían aquellos funcionarios de alta cualificación técnica que asesoran a los políticos a la hora de elaborar sus leyes y decretos. Los famosos ‘técnicos’ en los que se suelen escudar aquellos que tienen que dar explicaciones a la Justicia por su gestión pública. No se estaría hablando de los asesores eventuales, pues en la Comunidad la mayoría de ellos se dedica a labores de prensa y no mantienen reuniones con grupos de interés. Estos funcionarios técnicos también informarán de las reuniones que mantengan y que puedan ser de interés para la ciudadanía de la Región.

El registro de lobbies ya se aplica a escala nacional, según confirmó el secretario general de Transparencia y Buen Gobierno, Enrique Ujaldón. En otras comunidades autónomas como Cataluña, el registro era voluntario y no funcionó, por eso la intención de hacerlo obligatorio.

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El plazo para participar en la consulta pública del Plan regional de Gobierno Abierto se abre mañana lunes. Todos los ciudadanos que lo deseen podrán hacer sus aportaciones al plan a través del Portal de la Transparencia (transparencia.carm.es), que se sumarán a las de expertos en la materia, más de 1.300 entidades y asociaciones y los empleados públicos de la Administración regional.

“El Plan regional de Gobierno Abierto tiene como objetivo mejorar la calidad democrática de las instituciones públicas y profundizar en la cultura de la rendición de cuentas en la Región, y queremos contar con la contribución de todos los sectores sociales para consolidar el notable avance en materia de Gobierno Abierto logrado en los últimos años”, destacó la consejera portavoz, Noelia Arroyo.

La Región de Murcia se convierte en la tercera comunidad en poner en marcha un plan de este tipo “con la singularidad de que este ha sido impulsado bajo la premisa fundamental de que sea el más permeable a todas las propuestas y aportaciones de la sociedad murciana”, apuntó la consejera. Así, la Región de Murcia se sitúa a la vanguardia nacional en materia de participación, colaboración institucional y transparencia y coloca a los ciudadanos en el centro de la toma de decisiones.

El documento inicial del Plan de Gobierno Abierto incluye 90 medidas estructuradas en torno a seis ejes: Transparencia y Derecho de acceso, Participación ciudadana, Colaboración, Datos abiertos, Buen Gobierno, y Evaluación de políticas públicas.

Entre las medidas concretas se encuentran iniciativas como el registro de lobbies, la Ley de Buen Gobierno y el código ético de altos cargos, la guía de datos abiertos, el Consejo Asesor de Participación Ciudadana y la guía del derecho a la información.

Además de la consulta pública destinada a todos los ciudadanos, se incorporarán las aportaciones de las entidades y asociaciones, las que ya realizaron los empleados públicos de la Administración regional, recabadas a través de una consulta realizada el pasado mes de julio, y las de expertos en la materia.

También se incluirán las propuestas de consejerías y centros directivos, la Red Regional de Municipios para la Participación Ciudadana, el Consejo de Transparencia de la Región, colectivos y entidades de todas las áreas. La consulta se mantendrá abierta hasta el 30 de noviembre.

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El lobby empresarial Barcelona Global ha lanzado una advertencia: la reputación de la marca Barcelona está en peligro. Desde esta institución, privada y sin ánimo de lucro, se insta a los responsables de la situación por la que está atravesando la ciudad “que emprendan todas las medidas para que Barcelona recupere su imagen de ciudad global, activa, abierta al talento, la creatividad y la ciencia”.

En representación de las principales empresas que operan en la capital catalana, Barcelona Global ha recordado en un comunicado “que es una ciudad respetada y admirada, y está cerca de formar parte del selecto grupo de ciudades globales”. En este sentido recuerda que “llegar hasta aquí no ha sido fácil. Construir esta reputación, la marca Barcelona, ha sido un trabajo de décadas en el que todos hemos contribuido”.

La entidad, presidida por Gonzalo Rodés, ha hecho un repaso a algunos de los logros obtenidos por la ciudad desde 2012 -año en el que se constituyó Barcelona Global- en una nota que ha titulado “No good news today“. En la misma, menciona desde la llegada de Amazon, la sede del Hub Digital de Nestlé; a éxitos empresariales como Wallapop, Privalia, eDreams, y otras grandes marcas como Apple, Uniqlo o Hotel Mandarin Oriental que desde hace pocos años han elegido Barcelona como la ciudad para abrir el mercado de España.

También valoran el hecho más reciente: “Acabamos de recibir la mejor calificación entre las ciudades candidatas que aspiran a ser sede de la Agencia Europea de Medicamentos”.

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Madrid, 4 de octubre de 2017 – Access Info Europe y Transparencia Internacional España instan a los grupos parlamentarios a que la regulación del lobby en el Congreso de los Diputados garantice la transparencia y la rendición de cuentas en la toma de decisiones, en línea con los estándares internacionales.

Las organizaciones han valorado positivamente la reanudación del debate sobre la regulación de la actividad de los lobbies a través de la Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados presentada por el Grupo Parlamentario Popular.

Sin embargo, consideran que el alcance del actual texto es muy limitado, que se encuentra alejado de los estándares internacionales y que ni siquiera cumple los mínimos transparencia e integridad del lobby que ya contemplan regulaciones de nuestro entorno como en Francia o la Unión Europea.

Ambas organizaciones han hecho llegar sus recomendaciones a los grupos parlamentarios. El documento está disponible aquí: alt

Pedimos que la regulación del lobby garantice el acceso a información básica para saber cómo se toman las decisiones públicas. Para eso la norma debe establecer claramente que el registro vaya a ser público, pero también las agendas de los diputados”, ha declarado Alba Gutiérrez Coordinadora de campañas de Access Info.

“Existe un interés público significativo en asegurar la transparencia e integridad del lobby. Para que la reforma actual no suponga una oportunidad perdida, es fundamental que se amplíe el concepto de qué y quién hace lobby, la información que se proporciona a la hora de registrarse y que el organismo de supervisión se independiente,” añade Jesús Lizcano Álvarez, Presidente de Transparencia Internacional España.

Entre las propuestas de las organizaciones, en línea con los Estándares Internacionales de la Regulación del Lobby, destacan:
» Definir la actividad del lobby de manera clara e inequívoca, como actuación que implique cualquier comunicación directa o indirecta con un cargo público que se realice, gestione o instruya con la finalidad de incidir en decisiones sobre cuestiones públicas.
» Garantizar que la información del registro va a ser detallada y accesible y va a permitir el ejercicio del control por parte de la sociedad civil.
» Publicación de las agendas completas de trabajo de los cargos con responsabilidad en la toma de decisiones, con información sobre las reuniones mantenidas, incluyendo los documentos compartidos.
» Crear un mecanismo independiente de supervisión que disponga del mandato y de los recursos suficientes para velar por el cumplimiento de las obligaciones. El modelo propuesto por el texto para que sea la Presidencia del Congreso con la asistencia de la Secretaría General no cumple estos requisitos.
» Establecer sanciones ante el incumplimiento de las obligaciones tanto a lobistas como a cargos públicos o políticos.

Ambas organizaciones inciden, además, en que, introducir una regulación del lobby únicamente en el Congreso de Los Diputados de forma aislada e independiente, limita el alcance de la misma. Por eso, piden a los grupos parlamentarios que avancen en la regulación del lobby en el poder ejecutivo, a través de la Ley sobre la protección de denunciantes que está actualmente en debate, contemplando un registro común o conectado para los distintos poderes.

Para más información, por favor, contactar con:

Alba Gutiérrez, Investigadora y Coordinadora de campañas | Access Info Europe
Envía un e-mail o llama al +34 913 656 558
o
Daniel Amoedo Barreiro, Coordinador de Proyectos | Transparencia Internacional España
Envía un e-mail o llama al +34 917 004 119

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