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El Parlamento, la Comisión y el Consejo Europeo inician a final de mes las negociaciones para arrojar luz sobre quién presiona a la Unión Europea. El objetivo es controlar la actuación de los lobbies que campan a sus anchas y mueven voluntades en favor de sus intereses. Las eurodiputadas Sylvie Guillaume y Danuta Hübner son las encargadas de llevar el peso de las negociaciones en representación del Parlamento Europeo. Hay quejas de organizaciones de la sociedad civil que se sienten discriminadas por no haber sido invitadas a un debate que se presume caliente en el que se pretende atar corto a los grupos de presión.

En la UE existen diferentes enfoques para regular el lobby, con solo siete países (Francia, Irlanda, Lituania, Austria, Polonia, Eslovenia y Reino Unido) que han aprobado legislación sobre el tema. El mandato del Parlamento Europeo  para las próximas negociaciones con la Comisión y el Consejo, aprobado por el presidente y los líderes del grupo, busca reforzar y mejorar la rendición de cuentas de las instituciones de la UE y garantizar un proceso de toma de decisiones transparente y abierto.

Negociaciones a puerta cerrada

“La primera reunión técnica tendrá lugar el próximo 29 de enero y la primera reunión política en febrero, mes que marcará el comienzo de las negociaciones. La principal novedad será seguramente la participación del Consejo de la Unión Europea en el Acuerdo. Cuando se traten otros asuntos veremos cómo marchan las negociaciones”, explica a La Celosía Michal Matlak, asistente personal de Danuta Huebner.

“Con respecto a las negociaciones sobre el Acuerdo Interinstitucional entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo de la Unión Europea para un registro obligatorio de transparencia, las rondas de debate tendrán lugar a puerta cerrada. Los actores externos, incluidas las ONG como nosotros, no están invitados y los documentos de esas conversaciones no se harán públicos”, explica Theresa Crysmann, encargada de prensa de Corporate Europe Observatory, entidad que fiscaliza con rigor las anomalías cometidas por lobbies y lobistas.

“Los ciudadanos no saben qué intereses están siendo representados a nivel de la UE, quién los representa, en nombre de quién y qué presupuestos se están movilizando para persuadir a nuestros representantes electos a votar a favor o en contra de una política o decisión determinada. Eso es exactamente de lo que se trata la regulación del lobby: exigir la divulgación, a fin de fomentar la confianza en el proceso político. ¿No es eso lo que la UE necesita desesperadamente?” plantea Alberto Alemanno, autor de ‘Lobbying for Change: Encuentra tu voz para crear una sociedad mejor’.

Debate sobre el registro obligatorio

Para remediar esos defectos, la Comisión de la UE ha propuesto un Acuerdo Interinstitucional con el doble objetivo de hacer que el registro sea obligatorio y extenderlo al Consejo de la Unión Europea, donde se sientan los representantes de los Estados miembros, así como otros organismos de la UE. Para lograr estos objetivos, el nuevo régimen no solo impone requisitos a los lobistas, sino también a los propios responsables de la toma de decisiones, que pueden reunirse con las partes interesadas siempre que se hayan registrado.

“Es importante señalar que la propuesta de registro presentada por la Comisión en septiembre de 2016 no es para el registro obligatorio que la sociedad civil y el Parlamento vienen solicitando desde hace tiempo, es decir, un registro legalmente vinculante obligatorio para todos los lobistas. En cambio, el enfoque de la Comisión es que las tres instituciones se unan a un acuerdo interinstitucional sobre el Registro de Lobby de la UE.

Este acuerdo se basa en ofrecer incentivos a los lobistas, como reuniones con tomadores de decisiones o el acceso a las instalaciones, que están condicionadas al registro. El objetivo es hacer que el lobby no registrado sea lo menos atractivo posible. Pero no es un registro ‘obligatorio’”, señalan desde ALTER-EU que califican las próximas reuniones  como “una propuesta decepcionante”.

En opinión de esta organización que vela por la transparencia, el Consejo se une a la mesa de negociaciones en su mayoría con las manos vacías. “Probemos y comencemos con los aspectos positivos del mandato de negociación del Consejo. Antes que nada, es bueno que el Consejo finalmente haya aceptado unirse al Registro, aumentando así la transparencia a nivel de la UE. Concretamente, el Consejo acordó condicionar las siguientes actividades para los lobistas a su registro: participación en reuniones informativas temáticas y como ponentes en eventos públicos organizados por la Secretaría General para representantes de intereses, así como acceso a las instalaciones del Consejo”.

Desde ALTER-EU se hace hincapié en que el lobby no está regulado en España y, a pesar de la entrada en vigencia de la nueva ley de acceso a la información, sigue siendo casi imposible para el público saber quién está influyendo en los responsables de la toma de decisiones, con qué medios y con qué efecto. “Esto a pesar de la irrupción de nuevos partidos políticos, como Podemos y Ciudadanos, que han contribuido a introducir en la agenda política temas de conflictos de intereses causados ​​por el lobby no regulado y el fenómeno de la puerta giratoria”.

Deben publicarse los nombres de los lobistas

La falta de regulación y transparencia en torno al lobby también ha sido destacada por organizaciones de la sociedad civil, como Transparencia  Internacional en su informe Una evaluación institucional del lobby en España: Análisis y Propuestas. Por su parte Access Info Europe señala puntos importantes que deberían incorporarse en la legislación española a fin de garantizar la total transparencia. “El Poder Ejecutivo debe incluirse. Los grupos de presión se dirigen tanto a las ramas legislativa como ejecutiva y en España la mayoría de las leyes adoptadas son presentadas por el Gobierno. Es importante no olvidar que el lobby también puede servir para proponer cambios a la política o para evitar la redacción de legislación”.

Esta organización pide que se defina quién estará obligado a registrarse y qué información se les solicitará que publiquen. “Como mínimo, deben publicarse los nombres de los lobistas, los intereses específicos que representan y el presupuesto empleado en actividades de lobby”. También exige que los funcionarios públicos publiquen su próxima agenda de reuniones y también un registro de las reuniones realizadas con los grupos de presión. Asimismo ve oportuno que se hagan públicos los documentos de posición presentados por grupos de presión durante los procesos de toma de decisiones en curso.

El número de entidades registradas en la UE ha ido creciendo a lo largo de los años. En la actualidad hay más de 11.000 organizaciones con más de 80.000 empleados, incluyendo las no gubernamentales, asociaciones comerciales, compañías, sindicatos y consultorías. Casi una quinta parte tienen su sede en Bélgica.

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Desde el 1 de enero, la justicia puede imponer sanciones contra los lobbies que no se inscriban en el registro de la administración.

La presión aumenta sobre los grupos de presión. Desde el 1 de julio de 2017, los grupos de interés que tienen influencia sobre las autoridades públicas tienen la obligación de registrarse en un directorio puesto a disposición por la Alta autoridad para la Transparencia de la Vida Pública (HATPV por sus siglas en francés). Con motivo de los primeros seis meses de registro, la institución publicó hace unos días un primer informe que pasó inadvertido pero que contiene un análisis profundo de la identidad de los actores que ejercen presión sobre los funcionarios electos y representantes de la nación.

De acuerdo con el recuento hasta el día de hoy, hay unos  858 grupos de interés en el directorio. Una cifra que parece relativamente baja en comparación con otros países como Italia (1.680 registrados) o Canadá (5.731 registrados). Entre los actores registrados, hay multinacionales como LVMH, Google France o Facebook Francia, así como ONG como Greenpeace.

1 – ¿Qué es un lobby?

Para definir un grupo de interés, el HATPV ha utilizado, en el marco de la ley, tres condiciones relativamente precisas que implican ciertas obligaciones:

  • Un grupo de interés puede ser una entidad legal, es decir, una empresa (pública o privada), un bufete de abogados o una empresa de consultoría, un sindicato. “Un grupo de intereses también puede consistir solo en una persona física que ejerce como individuo, por ejemplo, un consultor o un abogado independiente.”
  • También debe realizar una actividad de representación de intereses, “es decir, toma la iniciativa de ponerse en contacto con un funcionario público para tratar de influir en una decisión pública.” Esto a menudo es una ley o regulación.
  • Finalmente, debe realizar esta actividad de manera principal o regular. “Esta es una actividad principal si dedica más de la mitad de su tiempo, durante un período de seis meses, a preparar, organizar y llevar a cabo acciones de representación de intereses. Por otro lado, será una actividad regular si solo ha logrado más de diez acciones de influencia en los últimos 12 meses.”

2 – ¿Cuáles son sus obligaciones?

Además del registro de los grupos de interés en el directorio, se les exige proporcionar información sobre la identidad de su organización y los temas sobre los que ejercen influencia o presión. También deben hacer una declaración anual de actividades ante el HATPV con datos precisos sobre el tipo de acciones que ha realizado, los funcionarios públicos con lo que han contactado (reuniones cara a cara, conversaciones telefónicas o intercambios de correo electrónico).

3 – ¿Qué sanciones se proporcionan?

La ley de 11 de octubre de 2013 sobre la transparencia de la vida pública ha previsto multas de hasta 15 000 euros y un año de prisión si los representantes no han cumplido sus obligaciones de información. También deben respetar otras reglas cuando entran en contacto con funcionarios electos o cuando organizan seminarios a los que invitan a funcionarios públicos. Un lobbista no debe:

  • ofrecer un regalo a un funcionario público;
  • remunerar a un funcionario público para que lo haga partícipe de una conferencia;
  • tratar de obtener información por medios fraudulentos;
  • vender la información o documentos que obtiene de un funcionario público.

4 – ¿A qué sectores concierne?

De acuerdo con la lista de lobbies publicada por la organización a finales de año, el medio ambiente se encuentra en la parte superior de la lista de los temas que los grupos de interés tratan con más frecuencia, seguidos de la economía y el sector laboral. Los representantes pueden, sin embargo, declarar hasta cinco sectores en los que ejercen influencia. Los inscritos en el registro forman parte principalmente de sociedades o de organizaciones profesionales como las que ilustra el siguiente gráfico:

Chart sobre lobbies en Francia

Reparto de lobbistas según el tipo de organización: sociedades, organizaciones profesionales, asociaciones y ONG, gabinetes de consejo y consulta, sindicatos, cámaras consulares y otros

 

5 – Una difícil fase de registro

La creación de este registro ha generado reservas y críticas. Esto se ha visto reflejado en la fase de registro, que ha demostrado ser “difícil”, dice la Alta Autoridad. “Hubo que realizar muchos esfuerzos educativos para informar y sensibilizar a los representantes de interés sobre esta herramienta.” También se ha pospuesto el calendario de registro en vista de todas estas dificultades y ya hay preocupación por su extensión a las autoridades locales a partir del 1 de julio de 2018.

“Debido a las numerosas interacciones que se producen diariamente entre los funcionarios electos locales y los actores de la vida económica y social local, se teme que la complejidad del dispositivo lleve a su eliminación.”

Por otra parte, la falta de recursos humanos del HATPV, que cuenta solo con 50 agentes, podría aumentar las dificultades de control según afirmaciones de Jean-Yves Lucas, referente de la asociación Anticor, especializada en la lucha contra la corrupción política en el diario Libération. “El problema es que el HATVP no tiene suficientes recursos humanos y financieros para hacer frente a todos los controles que se le piden de manera rápida”, hecho que supone una bendición para sus detractores.

 Grégoire Normand

Traducción: Fernando Magallanes

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El Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) concluye en su último informe que ha habido un progreso limitado en España en el cumplimiento de sus recomendaciones y que el nivel de ejecución del país sigue siendo “globalmente insatisfactorio”.

El informe publicado este 3 de enero de 2018 desprende que España aún no ha implementado por completo ninguna de las 11 recomendacionesque Greco emitió en 2013: siete lo han hecho parcialmente y cuatro no han sido implementadas en absoluto.

Con respecto a los parlamentarios, varias recomendaciones esperan su puesta en marcha, incluida la adopción de un código de conducta en ambas cámaras y una revisión exhaustiva de la información financiera publicada. Por otro lado, el organismo internacional celebra que se hayan dado pasos adelante para la creación de un registro de lobbies, que permitirá mejorar la transparencia sobre cómo los parlamentarios interactúan con los grupos de presión y otras partes.

Greco subraya en su informe la alta calidad del sistema judicial español y celebra el proceso de reflexión que está en curso para aumentar la independencia y la eficiencia del poder judicial, incluidos los cambios en los sistemas de nombramientos. Destaca que se haya adoptado un código de conducta y la creación de una Comisión de Ética Judicial con una función de asesoramiento, aunque todavía no haya comenzado a funcionar.

Con respecto al servicio de fiscalía, Greco lamenta “la falta de una acción más decidida en la redacción de un código de conducta para los fiscales”, que está en curso.

El presidente de Greco, Marin Mrčela, ha enviado una carta a las autoridades españolas solicitando que se tomen medidas concretas con el propósito de lograr un progreso tangible lo antes posible. Las autoridades españolas tendrán que informar de la implementación de las recomendaciones antes del 31 de diciembre de 2018.

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Desde el 1 de enero, cualquier persona o entidad que quiera ejercer la actividad de lobby en Madrid -esto es, influir en la redacción de la normativa o en las políticas municipales- debe haberse inscrito previamente en el Registro de lobbies que ha puesto en marcha el Ayuntamiento. La principal novedad de la iniciativa, frente a otras experiencias de este tipo que ya funcionan, es la conexión directa del Registro con las agendas de los ediles y otros cargos madrileños -casi 300- que desde hace tiempo se publican en el portal del consistorio.

“La finalidad es entender quién incide en la toma de decisiones del Ayuntamiento. Si no conectas decisiones y actores esta trazabilidad se hace muy difícil”, explica a elEconomista Pablo Soto, concejal de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto de Madrid.

El Registro, además de ser de inscripción obligatoria, es público, gratuito y de formato abierto. Para acceder a él, las entidades o personas deberán presentar una declaración responsable y suscribir un código de conducta que regula la política de regalos. Una vez dentro, el lobby deberá identificar sus áreas de interés y a sus representantes.

Al recibir la solicitud de reunión a través de la aplicación del Ayuntamiento, el concejal deberá comprobar que la entidad está inscrita. También interrumpir cualquier encuentro en el que se ejerza la actividad de lobby, si éste no ha sido solicitado a través del cauce descrito. El incumplimiento de la normativa expone al edil al régimen sancionador municipal y a la entidad a la expulsión del Registro.

La documentación que se aporte en la reunión se publicará “con el único límite del legítimo interés comercial”, manifiesta Soto; “Nos hemos guiado por las pautas que marca la Ley de Transparencia. El órgano municipal analizará qué documentos no deben ser públicos, pero interpretándolo de modo restrictivo”.

Los incentivos que la aplicación ofrece a los lobbies o grupos de interés, al margen de brindarles un cauce oficial para ejercer su actividad, son tres. En primer lugar, el mecanismo tiene un sistema de alertas que avisará cuando se abran trámites relacionados con las áreas de interés de la entidad. En segundo término, desde la propia app puede cursarse la solicitud de reunión. Y, finalmente, el Ayuntamiento ofrecerá dependencias municipales para que quien quiera ofrecer un producto o servicio pueda realizar en ellas su presentación del proyecto, invitando de forma conjunta a representantes de todas las áreas consistoriales afectadas.

La regulación exime del deber de inscripción a las entidades ciudadanas -como las asociaciones vecinales-, pero no lo prohíbe, dado que inscribirse les da acceso a los beneficios que proporciona el Registro.

Soto confía en que el Registro sirva para aumentar el número de actores escuchados en la elaboración de la normativa. El PP, por su parte, el único partido que votó en contra de la iniciativa, critica la amplitud de la definición que se hace de lobby y la “carga ideológica” de la que adolece la regulación.

Las experiencias europea y catalana

Hasta la fecha, el Parlamento de Cataluña es la única institución española que ha aprobado un Registro de ‘lobbies’, en el que ya hay inscritos, desde comienzos del año pasado, casi 2.500 entidades. Otras comunidades, como Castilla-La Mancha, Navarra, Asturias y la Comunidad Valenciana, trabajan en ello.

También el Congreso de los Diputados, que en marzo admitió a trámite una propuesta del PP para regular la influencia que ejercen los grupos de interés. El Europarlamento también cuenta con un Registro a través del cual se encauza la participación de las más de 11.600 entidades inscritas.

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El Gobierno regulará por ley los lobbies en España y para ello creará un registro público donde empresas, consultoras, despachos de abogados, asociaciones y otros grupos de presión, que hasta ahora venían realizando este tipo de actividad,  deberán inscribirse obligatoriamente.

Mariano Rajoy cuenta ya con el apoyo de Ciudadanos y espera que el PSOE se sume a esta iniciativa legislativa ya que necesitaría de la mayoría absoluta para poder salir adelante. Esta nueva ley pretende hacer más transparente una actividad que en España escapa al control del Estado.

El sistema que quiere implantar el Ministerio de Justicia penalizará a aquellas personas que, una vez creado el registro, sean ‘cazadas’ realizando este tipo de actividad y dotará de un alto grado de transparencia esta actividad que en España casi siempre ha sido asociada al tráfico de influencias, la corrupción y los intereses de las grandes corporaciones.

Existen ejemplos legislativos similares en países como Estados Unidos y Reino Unido, además de la propia Unión Europea, donde la Comisión y el Parlamento implantaron en 2011 un registro común denominado ‘Transparency Register’ –Registro de Transparencia, en su traducción al español–.

La regulación de EEUU en materia de lobbies

Los pioneros en este campo han sido los Estados Unidos, donde los lobbies tienen una importante presencia en el mundo de los negocios y la política. En el año 1995, bajo la Administración Clinton, el Congreso de EEUU aprobó el Lobbying Disclosure Act. Esta ley obligaba a las organizaciones dedicadas a hacer lobby a cumplir con unos requisitos de transparencia si no querían quedar fuera del mercado. Debían publicar semestralmente un resumen de sus actividadessus gastos y las listas de lobbistasque tenían en nómina.

Sin embargo, a pesar de que en un principio esas medidas comenzaron a dar sus primeros frutos, se comprobó que eran demasiado laxas tras salir a la luz pública un escándalo de corrupción y tráfico de influencias que implicó a un conocido lobista estadounidense, Jack Abramoff. En el año 2007, las autoridades norteamericanas decidieron endurecer la ley, aumentaron los controles y obligaron a un cumplimiento más estricto de las directrices de transparencia –se debían presentar informes cuatrimestrales y se tenían que hacer públicas las contribuciones económicas a candidatos, comités y personas de interés-.

El registro de lobbies estadounidense cuenta con una media de entre 12.000 y 14.000 profesionales –la crisis de 2008 provocó una caída masiva de las personas registradas– pero según destacados lobistas la excesiva regulación ha propiciado que el sector se haya reinventado. “Ya no es necesario dirigirse directamente a los congresistas”, decía en una conferencia en Madrid el conocido lobista Tony Podesta. Ahora, la movilización de la gente y las campañas de comunicación “tienen un peso más importante”, aseguraba, por eso muchos profesionales prefieren seguir esta vía y no cumplir con las estrictas obligaciones del registro de lobbies.

El Brexit de los lobbies

El peso de los lobbies ha quedado patente en los últimos meses en la dura negociación para consensuar las medidas y la compensación económica del Brexit. Los diferentes grupos de presión, a uno y otro lado del Canal de la Mancha, han ejercido su influencia sobre los gobernantes de cara a conseguir las mejores condiciones para unos y otros, siempre pensando en sus sectores o negocios.

La City, los agricultores, las empresas dedicadas a la importación y exportación, todos ellos han jugado un papel en mayor o menor medida, susurrando a los negociadores del Brexit el acuerdo más sustancial para sus intereses. Por ejemplo, sobre la mesa estaban las medidas que en materia de aduanas se tendrían que tomar para la ‘desconexión’ definitiva del Reino Unido de la Europa comunitaria. Más del 50% de las importaciones y exportaciones se registran en la UE, con lo que un mal acuerdo podría llegar a arruinar a determinados sectores, como la industria automovilística, la farmacéutica o los servicios financieros, ejemplos de lobbies con un importante peso específico en la economía británica.

Es en esta batalla, lejos de los focos, donde los lobbies han presionado para materializar muchas de las decisiones que han propiciado que al final se haya concretado una cifra y unas medidas para el Brexit que cumplieran con las expectativas de todos los grupos de interés.

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El Gobierno regional y la Generalitat Valenciana firmaron este lunes un protocolo de colaboración sobre Gobierno Abierto que permitirá a ambas administraciones autonómicas intercambiar experiencias y conocimientos para impulsar la participación ciudadana y mejorar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

“Tenemos una Administración profesional y eficaz, pero debemos mejorar y potenciar la transparencia, el Gobierno Abierto y la rendición de cuentas como forma de perfeccionar la democracia”, señaló la consejera de Transparencia, Participación y Portavoz, Noelia Arroyo.

El acuerdo de cooperación suscrito por Arroyo y su homólogo valenciano, el consejero de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación de la Generalitat, Manuel Alcaraz, tiene como objetivo “potenciar la transparencia, el Gobierno Abierto y la rendición de cuentas, como forma de perfeccionar la democracia”, señaló la consejera.

Mediante este protocolo ambas comunidades desarrollarán e intercambiarán herramientas informáticas especializadas que permitan a los ciudadanos un acceso cómodo y seguro desde cualquier dispositivo a toda la información relativa a sus instituciones. Arroyo indicó que ambas comunidades “estamos realizando ya un gran esfuerzo, con mecanismos como el registro de lobbies y el canal de denuncias”, dentro de la lucha contra las malas prácticas políticas y administrativas, que ha sido uno de los ejes centrales del encuentro celebrado hoy en Cartagena.

Máximo acceso a la información

Para Noelia Arroyo, “escuchar no es suficiente, es necesario que los ciudadanos puedan tomar decisiones junto con los responsables políticos, y para ello es imprescindible garantizarles el máximo acceso a la información”.

“No es posible un buen gobierno con personas desinformadas. Encuentros como este y otros que vamos a tener con otras comunidades autónomas nos permitirán poner la mejor información con las mejores herramientas informáticas en manos de todos los ciudadanos de nuestra Región”, explicó Arroyo.

“La Región de Murcia se ha situado a la vanguardia de la participación y la transparencia, pero queremos ir aún más rápido e incorporar lo mejor que se ha hecho en otros lugares de España, a la vez que aportamos a otras comunidades nuestras acciones pioneras, como los Presupuestos Participativos”, explicó la consejera de Transparencia, Participación y Portavoz.

Arroyo resaltó que “es necesario colaborar con todas las administraciones, como ya hacemos con los ayuntamientos de nuestra Región, para mejorar la calidad democrática de nuestros gobiernos” y anunció que a este primer protocolo con la Generalitat Valenciana se unirá próximamente otro con la Comunidad de Madrid.

La consejera de Transparencia y su homólogo valenciano coincidieron en solicitar al Gobierno de España la constitución formal de la Conferencia Sectorial de Gobierno Abierto, para otorgar el máximo rango a estas actuaciones.

“La igualdad entre los españoles también se construye con políticas coordinadas de transparencia y participación ciudadana. Todos los españoles tienen que tener las mismas posibilidades de participar en la vida pública”, defendió Noelia Arroyo.

Mesas de trabajo conjuntas

La jornada de este lunes se ha dividido en dos grupos de trabajo, centrados en cuestiones relativas al acceso a la información, reclamaciones o cuentas abiertas, y en los sistemas de alertas para la detección de malas prácticas en la administración, inspección de servicios o registro de grupos de interés. En ella han participado técnicos y políticos de ambas comunidades.

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La ampliación de la norma de la elite de la Comisión “sin registro no hay encuentro” a funcionarios de más bajo nivel podría mejorar la transparencia de los lobbies y proteger a estos servidores públicos. Sin embargo, según Margarida Silva, la Comisión ha estado evitando activamente la necesidad de hacer frente a este asunto.

Margarida Silva es una defensora de la ética y la transparencia en los lobbies en el Corporate Europe Observatory y forma parte de la coalición Alter-EU, constituida por unos 200 grupos de la sociedad civil preocupados con la influencia de las corporaciones lobbistas en la agenda política europea.

El departamento de la Comisión Europea que regula los mercados financieros de la EU (DG FISMA) es un ejemplo de la mayor laguna en transparencia de la institución: el 80% de las reuniones de lobbies no están cubiertas por las normas de transparencia de estos grupos de presión.

De enero a julio de 2016, DG FISMA ha sido anfitriona de la asombrosa cifra de 519 reuniones de lobbies. Un 16% de estas fueron organizadas por altos funcionarios del departamento, incluyendo al Comisario, miembros del gabinete y al director general. El 81% restante lo organizaron funcionarios de nivel inferior al de director general (el otro 3% involucró a entidades gubernamentales o bancos centrales).

¿Y esto por qué es importante? Desde 2014, los altos funcionarios de la Comisión tienen que hacer públicas sus reuniones con lobbies de forma proactiva, y rechazar encuentros con lobbies que no estén registrados.

Esta norma tenía por objetivo aumentar la trasparencia del lobby, pero también obligar a los lobistas a unirse al Registro de Trasparencia de la UE, que es voluntario. Su lema es simple, “sin registro no hay encuentro”.

Todavía hay problemas con esta iniciativa, como desgraciadamente ha destacado #Oettingair. No obstante, ha funcionado hasta cierto punto. Tomemos por ejemplo a Goldman Sachs, que ha hecho lobby durante años sin estar registrado y que se ha visto forzado a unirse si quería seguir teniendo acceso.

Como efecto colateral, el requisito de estar registrado ha permitido al público observar qué lobbistas disfrutan de la mayoría de las reuniones, al menos con los funcionarios de más alto nivel, lo que expone un patrón de fuerte dominación corporativa a través de diversos departamentos. El llamativo sesgo corporativo del antiguo Comisario de Finanzas, Jonathan Hill, (el 87% de todos sus encuentros con lobbies) constituye uno de muchos historiales pobres.

Las normas de transparencia de la Comisión cubren solo una pequeña parte de las reuniones

Las mejoras en transparencia que resultan de la norma “sin registro no hay encuentro” constituyen sin duda una buena razón para ampliar su aplicación a todas las reuniones con lobbies en la Comisión, pero aquellas que tienen lugar con funcionarios de bajo rango han permanecido exentas. Solamente los 250 empleados más importantes de la Comisión, de unos 30000 en total, están cubiertos.

Esto deja al 99% de la Comisión como objetivos principales de los lobbistas, sobre todo aquellos que desean ejercer su trabajo lejos del escrutinio público. Se trata con mucho de la mayor laguna en los esfuerzos por la transparencia en los lobbies de la Comisión.

No resulta sorprendente que el 13% de las reuniones corporativas con personal de bajo rango del DG FISMA tuviera lugar con lobbistas no registrados. Podemos hallar las mismas tendencias en la Dirección General de Comercio, donde las normas de transparencia ni siquiera cubren a los miembros del personal que negocian acuerdos comerciales como el Acuerdo Económico y Comercial entre la UE y Canadá. A diferencia de otras direcciones generales, estos dos departamentos por lo menos han registrado los detalles de las reuniones de forma interna y los han publicado, lo que ha permitido una evaluación.

El Comisario Timmermans, encargado de los asuntos de transparencia, se ha opuesto repetidas veces a una ampliación de la norma “sin registro no hay encuentro”, y ha alegado que este nivel de rendición de cuentas debería limitarse a los que de verdad toman las decisiones.

No obstante, no se debe subestimar la importancia del lobbying en los niveles inferiores de la Comisión. “¡Métete dentro pronto!” es un conocido mantra de los lobbistas que se enseña en cursos de asuntos públicos, pues el lobbying más eficiente es el que tiene lugar en las primeras fases del proceso de hacer política, incluso lo ideal sería antes de que se empiece a plasmar en el papel.

Por ejemplo, Daniel Guéguen, quien ofrece cursos de lobbying en Buselas, indica que “la situación ideal consiste en hablar al que redacta el borrador antes incluso de que haya escrito la primera palabra de su propuesta. Ese es el momento donde tu capacidad de influencia es mayor.”

A diferencia de Timmermans, Guéguen está muy al tanto de las decisiones que se toman en los distintos niveles de la jerarquía de elaboración de políticas, desde el diseño del marco de referencia a la identificación de potenciales participantes. Estas decisiones son con frecuencia cruciales.

También sabemos que muchas propuestas de políticas de la Comisión se vieron fuertemente influidas por lobbistas corporativos en las primeras fases de su evolución, lo que incluye la Directiva de Secretos Comerciales o el capítulo del TTIP sobre la cooperación regulatoria.

El poder corporativo puede prosperar ahí, ya que una menor transparencia evita el escrutinio público y los grupos de la sociedad civil tienden a carecer de los recursos para hacer frente al lobbying a este nivel. Al mismo tiempo, los medios de comunicación, con frecuencia muestran escaso interés en las políticas “en construcción”, que están todavía lejos de ser votada o puestas en marcha. Los estudios académicos confirman que la influencia de los negocios tiende a ser más alta cuando existe un menor debate público y menos conflicto político abierto. La falta de transparencia proactiva y la ausencia de reglas efectivas empeoran la situación.

La renovación del registro de lobbies en la UE ofrece una oportunidad

El Comisario Timmermans también ha argumentado que la excepción de los funcionarios en la norma “sin registro no hay encuentro” está encaminada a protegerles. Esto no se sostiene.

Los funcionarios con frecuencia hacen frente al difícil trabajo de juntar grandes volúmenes de legislación, la mayoría de las veces bajo presión de tiempo y recursos. En este contexto, normas de transparencia y ética solo les servirán de ayuda y no les perjudicarán. La introducción de la norma “sin registro no hay encuentro” aseguraría que existen claras expectativas por todas las partes, y permitiría al personal en los rangos más bajos de la Comisión que rechazasen intentos agresivos de lobbying, por ejemplo por parte de lobbistas que se nieguen a hacer público  qué cliente representan.

Actualmente, la única razón discernible de la insistencia de la Comisión en excluir a los funcionarios de la norma de transparencia es la falta de voluntad de la institución para progresar en sus propios esfuerzos de transparencia antes de que se hayan puesto a su mismo nivel el Parlamento y el Consejo. Es cierto que las tres instituciones deben aceptar la norma “sin registro no hay reunión” para que esta sea lo más efectiva posible.

No obstante, su implementación de la manera más amplia lo antes posible constituye un claro imperativo para la Comisión, así como liderar la marcha con ella en lugar de usarla como un instrumento de regateo político.

Margarida Silva

Traducción: Fernando Magallanes

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El portavoz de Desarrollo Económico, Guzmán Garmendia, señala que entre las cuestiones que contempla la propuesta está ampliar el ámbito de aplicación, de manera que llegue a partidos, sindicatos, UPNA, Defensor del Pueblo, Cámara de Comptos y empresas que reciben ayudas públicas, entre otros. Pero además, propone crear un registro de lobbies, atajar la brecha digital, que supone desigualdad, y que se conozcan los gastos de los altos cargos, las facturas de la Administración por más de 500 euros, o las actas de las empresas públicas. También contempla mejorar los cauces de participación de la ciudadanía en las políticas públicas y un régimen de sanciones e infracciones.

Garmendia recuerda que el cuatripartito anunció hace 405 días, cuando el PSN-PSOE presentó la primera vez su propuesta de mejora de la Ley de Transparencia, que el Gobierno llevaría una ley al Parlamento antes de que acabara el año 2016. Pero casualmente el anteproyecto ha comenzado a circular hace 48 horas, cuando ya estaba previsto el debate en el Pleno de la modificación de ley socialista.  Y añade que ese anteproyecto del Gobierno es una copia del texto socialista, lo que demuestra que el Ejecutivo solo busca ponerse una medalla cuando lo cierto es que tiene un grave problema de transparencia y así lo señalan los indicadores.

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Oviedo, 22 nov (EFE).- La ponencia encargada de elaborar el dictamen de la Ley de Transparencia que se encuentra en tramitación en la Junta General del Principado ha decidido incluir la regulación de los grupos de presión o ‘lobbies’, que tendrán la obligación de inscribirse en un registro.

La Ley de Transparencia abordará así la relación de la administración con esos grupos de presión y establecerá la obligatoriedad de que los cargos públicos declaren los encuentros que mantengan con éstos y el resultado de sus reuniones.

Ese código de conducta irá acompañado por un régimen de sanciones para quien lo incumpla, tal y como había propuesto el PP en una iniciativa aprobada por el Parlamento regional el pasado mes de mayo, con el respaldo de Foro, Ciudadanos e IU, el voto en contra del PSOE y la abstención de Podemos.

Según ha señalado a EFE el presidente de la ponencia y portavoz de IU, Gaspar Llamazares, aún quedan algunos flecos por cerrar sobre la incorporación de este punto al texto del Gobierno que pretende “introducir más transparencia entre los grupos de interés y la administración”.

La ponencia se ha reunido hoy por última vez este año si bien solicitarán a la Mesa de la Cámara y Junta de Portavoces que se habilite el mes de enero, inhábil en el Parlamento, para seguir trabajando con el objetivo de tener listo el dictamen para febrero.

Llamazares se ha mostrado optimista en que para esa fecha estén finalizados los trabajos “con el máximo consenso” y más aún después de que el Gobierno regional haya dicho que no va a poner obstáculos a la creación de la Unidad Anticorrupción.

El presidente del Principado, Javier Fernández, asumió durante el último debate sobre el Estado de la región su disposición a aceptar la puesta en marcha de esa organismo siempre y cuando tuviese “un buen anclaje legal y un razonable coste presupuestario”.

Desde Podemos e IU también ha establecido como uno de los requisitos para dar su apoyo a los presupuestos, que dicha unidad fuese independiente del Gobierno.

Llamazares se ha mostrado convencido de que el Ejecutivo no pondrá problemas para que la Unidad Anticorrupción pase a depender de la Junta General, si bien esos detalles no se debatirán hasta enero.

Tras recordar que al texto se ha incorporado ya la denuncia anónima y los planes anticorrupción que defendía IU, Llamazares ha considerado que se puede conseguir “una ley muy ambiciosa” que concite el apoyo de la mayoría de las fuerzas políticas.

Aún queda pendiente de ver si se incorpora o no la propuesta de “cuentas abiertas” que ha planteado Podemos y que, según el portavoz de IU, viene a plantear que miles de apuntes sean públicos.

Otro tema pendiente, en este caso planteado desde Ciudadanos, es el relativo a la evaluación de la calidad de los servicios públicos, cuestión que el Gobierno asegura que será objeto de otra ley específica.

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La fallecida presidenta del Consejo de TransparenciaEsther Arizmendi, denuncia la opacidad en España en un testamento que dejó escrito antes de morir y pidió a sus subordinados que difundieran hoy. Arizmendi hizo llegar la semana pasada al organismo estatal que presidía que se estaba agravando su enfermedad y que deseaba que, a su muerte, se publicara su última crítica a la Ley de Transparenciaque aprobó el Gobierno en 2013 y la necesidad de su reforma por insuficiente y falta de utilidad y eficacia. El texto, titulado “Mis últimos deseos” empieza así: “Es necesario modificar la ley de transparencia y hacer de ella un instrumento fuerte, eficaz, útil y valioso. El haber llegado tarde no es excusa para ir con retraso”, asegura sobre esta norma impulsada por primera vez en España en 2013 por la actual vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, pero que, según la ex presidenta, no ha sido adecuada.

En opinión de la fallecida Arizmendi, es necesario “que el derecho de acceso a la información pueda ser ejercido por todos y todas, sin exclusiones ni requisitos y sin extensión de los límites. Hay que tomar conciencia de que estamos ante una nueva política pública que requerirá la complicidad de todos: políticos, ciudadanía, etc”.

Esta veterana funcionaria lanza un último deseo: “Es necesario trabajar en la negociación y el consenso para evitar aquellas palabras de: “La luz es muy cara pero la opacidad más aún”.

Su muerte fue difundida por el Consejo de la Transparencia el pasado domingo, comunicando que había acabado “su larga lucha contra la enfermedad”. «Con la muerte de la presidenta se pierde una de las figuras que más ha luchado por la transparencia pública en nuestro país. Quienes la conocieron saben de su compromiso con el servicio público, su lucha ante las adversidades, su espíritu combativo, su humanidad y la cercanía con la que trataba a todos y todas», afirmó el organismo estatal creado a raíz de la nueva legislación.

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